Tal y como ha comunicado la asociación palentina Chiguitxs LGTB+, un miembro de su asociación fue agredido por tres personas el pasado sábado, mientras este estaba colocando pegatinas de la misma asociación en Palencia. En dicho comunicado, el colectivo LGTB denuncia el incremento de actos homófobos que las personas del colectivo siguen sufriendo por parte de integrantes de la ultraderecha.

Chiguitxs LGTB+ destacó que asisten «con mucha preocupación, el incremento de actos como este, al calor de la normalización de los discursos LGTBIfóbicos, racistas, xenófobos y machistas, de la extrema derecha».

En su página de Facebook muestran un  ejemplo de los mensajes homófobos que reciben habitualmente sus seguidores. En este caso, unido al racismo y la discriminación por condición física. Casi siempre, van unidos a expresiones como “fuera de España”, en un falso patriotismo que sólo admite al igual y expulsa al diferente, además de ir dirigidos a víctimas que suelen ser españolas, y animan a denunciar siempre toda amenaza e insulto.

En este contexto, denunciaron que los derechos de las personas LGTB+ «siguen desprotegidos en Castilla y León, por falta de una ley de igualdad que ayude a desterrar actitudes como la sufrida ayer». Como señalan, los derechos de las personas LGTB de Castilla y León siguen pendiente por la falta de una ley de igualdad, para que sucesos como el ocurrido el pasado sábado no queden impunes ante la ley.

Y afirman que «Los colectivos LGTB+ seguimos luchando por conseguirlo, y nos enfrentamos a las posturas de la Junta de Castilla y León que prefiere prestar oídos a los grupos de extrema derecha y LGTBIfóbicos».

Desde Cristianos Gays queremos dar nuestro apoyo a la asociación Chiguitxs LGTB+ en la defensa de los derechos de todas las personas del colectivo en Castilla y Leon, para frenar el avance de la ultraderecha que no persigue otra cosa que fomentar el odio, la desigualdad y el retroceso de la sociedad.

 Fuente El Norte de Castilla

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Castilla y León, Chiguitxs LGTB+, Homofobia/Transfobia, Palencia

Rayo de esperanza en Castilla y León. La presidenta de las Cortes regionales, la popular Silvia Clemente, decidía esta semana unir sus votos a los de la oposición para desbloquear el avance de la de igualdad LGTB de Castilla y León. La «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», recordemos, fue presentada por todos los grupos de la oposición política castellano-leonesa después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. El Pleno de las Cortes aprobó en junio su toma en consideración, pero la Mesa mantenía bloqueada su tramitación. 

Hagamos un poco de historia. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, que había sido promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses se mostraron incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI.

Los colectivos castellano-leoneses consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios socialista, de Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. El pasado 13 de junio el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una vez tomada en consideración la proposición de ley de la oposición, quedaba pendiente toda la tramitación parlamentaria. Y aquí entra el juego la capacidad de bloqueo de la Mesa de las Cortes, que es la que marca el día a día de la actividad parlamentaria y decide los plazos. En este órgano, el PP cuenta con tres procuradores, incluyendo a la propia Silvia Clemente como presidenta. La oposición cuenta con otros tres (un socialista, uno de Podemos y otro de Ciudadanos). Pues bien, esta semana, Silvia Clemente decidía por fin unir sus votos a los de los representantes de la oposición y no prolongar más el plazo de presentación de enmiendas (un truco parlamentario que, por cierto, que está haciendo mucho daño al avance legislativo de los derechos LGTB en toda España). Lo hacía en contra del criterio del grupo popular, como confirmaba su representante, Raúl de la Hoz, que ha calificado de «irresponsable» que las Cortes tramiten esta ley de ámbito autonómico al tiempo que el Congreso tramita otra ley de igualdad LGTB de ámbito estatal. Como si algo así no sucediese en otras materias y como si otras muchas comunidades no hubiesen ya hecho lo mismo (la última, la Comunidad Valenciana, esta misma semana).

FECyLGTB+ felicita a Silvia Clemente

La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEVyLGTB+, de la que forman parte Iguales, Iguales USAL, Chiguitxs LGTB+, Segoentiende, Lesgávila y AWEN LGTBI+) ha felicitado a SIlvia Clemente por, según asegura en un comunicado, «ser una mujer de palabra, pues ha cumplido el compromiso expresado a los colectivos LGTB+ de facilitar y no bloquear nuestra ley en el trámite parlamentario, incluso en contra de la disciplina de voto de su grupo, el grupo Popular, lo que lo hace particularmente valioso». Para la FECyLGTB+ esta decisión de la mesa es «un rayo de esperanza, de arcoiris que luce más todavía en un momento oscuro de dificultad para nuestros derechos». «Nuestra igualdad no es un asunto ya ni de derechas ni de izquierdas, es un asunto de igualdad, de sentido común y de derechos humanos, donde todas las personas de bien pueden y deben estar», asegura el texto.

La FECyLGTB+ advierte, eso sí, de que el PP aún puede bloquear el avance de la propuesta en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, «posiblemente no convocando la ponencia de la ley». Pese a todo, el presidente de FECyLGTB+, Ignacio Paredero, hace un balance positivo de lo conseguido, y cree que si finalmente el PP tiene éxito en sus maniobras de bloqueo (la legislatura se aproxima a su final) será más fácil conseguir la aprobación con las Cortes que resulten de las elecciones del próximo mes de mayo. «No sabemos si la ley se aprobará al final, pese a toda la lucha y el trabajo que hemos realizado por ella. Pero cuando todos los grupos apoyan nuestra ley y hasta la presidenta de las Cortes vota a favor, rompiendo la disciplina de voto, tenemos claro que hemos ganado el debate donde más importa, en la sociedad. Si esta legislatura el PP insiste en bloquear nuestra ley, en la próxima lo lograremos», ha declarado. Confiemos en que así sea.

Fuente Dosmanzanas

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El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el pasado 13 de junio la toma en consideración de la «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», que todos los grupos de la oposición política acordaron presentar después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. La decisión contó con el voto favorable de la presidenta de la Cortes, la popular Silvia Clemente, que atribuyó su decisión de romper la disciplina de voto de su partido a un impulso del «subconsciente».

Los antecedentes de la proposición de ley son ciertamente complelos. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente: se trataba de conseguir su apoyo. Y así parecía que iba a ser. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses estaban incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero incluso así finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno.

El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. Pero era el pasado 13 de junio cuando el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una buena noticia, sin duda, aunque el PP ya ha anunciado su intención de seguir dificultando la aprobación de una ley muy similar a las que han apoyado en otras comunidades y que contribuiría a mejorar la vida de las personas LGTB en Castilla y León. En este sentido, los populares ya han anunciado que pedirán la prórroga del plazo de enmiendas, decisión que corresponde a la Mesa de las Cortes, que en estos momentos cuenta con tres representantes del PP (incluida su presidenta) y tres de la oposición. La posición de Silvia Clemente, en este sentido, seguirá siendo clave a la hora de permitir o no el avance de su tramintación parlamentaria.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

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Lamentable episodio el ocurrido este miércoles en Aguilar de Campoo, al norte de la provincia de Palencia, cuya alcaldesa (del Partido Popular) ordenó retirar con una grúa una bandera arcoíris que el grupo de Izquierda Unida había colocado en una ventana del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Tanto Chiguitxs LGTB+ Palencia como la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) han condenado lo sucedido, que consideran “un ejercicio de diversexfobia institucional”. Lo cierto es que el gesto ha atraído la atención sobre esta provincia, una de las menos pobladas de España.

La bandera había sido colocada en la ventana del despacho del grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la tarde del martes, con motivo de la celebración, este miércoles 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Un gesto que no gustó a la alcaldesa popular, María José Ortega, que ante la negativa del concejal de IU, Alberto García, a acudir al despacho a retirarla, decidió nada más y nada menos que enviar un camión-grúa a hacerlo desde el exterior. Un momento que fue inmortalizado en una fotografía que el coordinador general de IU en Castilla y León, José Sarrión, difundía en Twitter:

El PP acaba de enviar un camión a retirar la bandera del Orgullo del despacho de IU en Aguilar de Campoo, Palencia. pic.twitter.com/Reb7lHj0yU

— José Sarrión Andaluz (@jsarrionan) 28 de junio de 2017

Un momento bochornoso que ha sido justificado por la alcaldesa con el argumento de que la colocación de la bandera “carecía de autorización”. María José Ortega negaba que se tratase de un gesto homófobo, algo que no comparten ni el colectivo palentino Chiguitxs LGTB+ Palencia ni la FECyLGTB+ que han emitido un comunicado conjunto en el que califican la retirada de la bandera de “un claro ejercicio de homofobia, de diversexfobia institucional, una autentico desprecio a la diversidad sexual y de género, realizada utilizando recursos públicos para ello y vulnerando la autonomía y los espacios de un grupo político”.

Chiguitxs LGTB+ ha querido recordar además que ya el año pasado se solicitó desde el colectivo la colocación de la bandera de la diversidad sexual y la alcaldesa se negó expresamente a hacerlo. “Esta retirada es un retroceso de veinte años, una clara homofobia institucionalizada. Por eso exigimos que la presidenta de la Diputación y presidenta del Partido Popular desautorice este ejercicio de autoritarismo y desprecio a la diversidad sexual por parte de la alcaldesa de Aguilar y diputada provincial”, ha declarado Adolfo Infante, coordinador de Chiguitxs LGTB+. “Es increíble que, a día de hoy, en Castilla y León veamos cómo hay responsables políticos que están dispuestos a todo, incluso a utilizar una grúa municipal para retirar una bandera arcoíris de un espacio de un partido político, para no respetar la diversidad sexual”, ha añadido por su parte Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB+.

Se da por cierto la circunstancia de que el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo lucía sin problemas un cartel alusivo a las fiestas de San Juan y San Pedro. Un detalle que en las redes sociales no pasaba desapercibido:

Alcaldesa del PP de Aguilar de Campoo y diputada provincial #Palencia celebra #Orgullo2017 retirando bandera arcoiris del despacho de IU pic.twitter.com/ldHziaMHdx

— IU Palencia (@IUPalencia) 28 de junio de 2017

El gesto de la alcaldesa de Aguilar de Campoo protagonizaba este jueves, por cierto, el debate del pleno de la Diputación Provincial de Palencia, de la que María José Ortega forma parte, y en la que precisamente se aprobaba por unanimidad de todos los grupos una moción de apoyo al colectivo LGTBI. El portavoz de Ganemos Palencia, Félix Iglesias, hacía entrega a Ortega de una bandera arcoíris:

La alcaldesa de Aguilar, muy educadamente, la ha recibido con un par de besos y ha asegurado que en el futuro se colocará en el Ayuntamiento si así se aprueba, mencionando el hecho de que en otros pueblos de Palencia gobernados por el PP sí ha ondeado la bandera arcoirís. Sorprendente “buenrrollismo” cuando el día anterior había ordenado movilizar un camión-grúa para retirar la bandera que representa los derechos del colectivo que ahora asegura apoyar…

Lo cierto es que el tiro puede haberle salido por la culata a la alcaldesa de Aguilar de Campoo y a los homófobos palentinos. Lo sucedido en este pueblo, con gran eco a nivel nacional, ha puesto aún más en valor el hecho de que en otras localidades de la provincia (como Herrera, Paredes, Venta de Baños o Villamuriel) sí que haya ondeado la bandera arcoíris:

Los Ayto. de Villamuriel, Venta de Baños, Paredes, Herrera lucieron la bandera ArcoIris en este #28J #DiversidadSexual en el medio rural. pic.twitter.com/dlEwa2lDr5

— Chiguitxs Lgtb+ (@chiguitxslgtb) 29 de junio de 2017

En la propia capital provincial, Palencia, el pasado miércoles tenía lugar la primera concentración con motivo del Orgullo LGTBI, con una asistencia más que apreciable para ser la primera vez en una ciudad de su tamaño, como podemos apreciar en las fotos que Chiguitxs LGTB+ ha difundido en redes:

Algunas fotacas del orgullo de Palencia. ArcoIris de la diversidad sexual y de género para combatir la #Diversexfobia #Orgullo2017 pic.twitter.com/cCCRAmf2sH

— Chiguitxs Lgtb+ (@chiguitxslgtb) 29 de junio de 2017

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Transexualidad, Educación, Salud y Seguridad son temas centrales en la Ley.

Está basada en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social, promovida y aprobada por el Partido Popular en Extremadura.

 Todas las capitales de provincia y decenas de otros municipios de la comunidad, han instado a la Junta de Castilla y León a aprobar la ley.

 La Junta de Castilla y León expresó durante el debate del estado de la región su voluntad de aprobarla.

Organizaciones LGTB+ de Castilla y León han presentado en las Cortes regionales, donde además se han reunido con representantes de todos los grupos políticos, su propuesta de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual, sobre cuyo borrador ya informamos hace unas pocas semanas. La propuesta tiene como base una ley muy similar que fue promovida en Extremadura por el Partido Popular y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño.

Tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado en tiempos recientes su voluntad de aprobar un ley de este tipo. El hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley así.

La propuesta de ley que han presentado los colectivos, basada en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social, promovida y aprobada por el Partido Popular en Extremadura, tiene como objetivo “garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y cualquier otra forma de diversidad sexual y de género” y sus principios son, entre otros, la Igualdad y no discriminación, el reconocimiento de la personalidad, y la prevención de la discriminación y la desigualdad.

Para los colectivos castellano-leoneses, “existe una necesidad urgente de trabajar para eliminar la desigualdad social de la diversidad sexual, especialmente en temas como la transexualidad, la educación, la sanidad, la diversidad familiar o la seguridad”, temas centrales en la propuesta presentada este viernes. “Castilla y León es la comunidad del Estado con menor número de matrimonios del mismo sexo por población debido a su alto nivel de envejecimiento y a su ruralidad, dificultando de manera extrema el avance del respeto a la diversidad sexual, lo que hace a juicio de los colectivos que esta ley no sea solo necesaria, sino imprescindible”, expresan estos colectivos en un comunicado. Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo.

Respecto a la transexualidad, por ejemplo, el proyecto apuesta por el reconocimiento del derecho a la identidad sexual libremente manifestada, por una legislación integral para la salud de las personas transexuales así como por el reconocimiento y protección de los menores trans. En el ámbito de salud, persigue garantizar de manera integral las necesidades de las personas transexuales dentro del sistema de salud público, completando el protocolo de atención sanitaria ya existente. “Además, se apostará por eliminar las cirugías de asignación de sexo arbitrarias en bebés de los que no se conoce su identidad sexual, siempre que se garantice la salud del recién nacido. También se garantizará el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas con capacidad gestante y para terminar se avanzará en un protocolo de atención ginecológica que garantice la correcta atención a las mujeres lesbianas y bisexuales”, explica el comunicado.

En el plano educativo, la propuesta apuesta por un plan integral sobre educación y diversidad sexual y de género que proteja de manera especifica a los menores víctimas del odio a la diversidad sexual (diversexfobia), articulando un protocolo para evitar el acoso y proponiendo dos asignaturas optativas, una sobre derechos humanos y otra sobre sexualidad.

Respecto a la seguridad, el proyecto busca reforzar y potenciar las medidas de prevención, detección y sanción de cualquier conducta discriminatoria o cualquier forma de delito de odio, tanto en las empresas, a través de los planes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de la implementación del Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio. La ley, si se aprueba en los términos en los que desean los colectivos, promoverá sanciones administrativas a las personas físicas y jurídicas que vulneren los derechos de las personas LGTB+.

No hay razones políticas para que el proyecto no prospere…

Tal y como está conformada en la actualidad la cámara regional y en la actual coyuntura política no debería haber problemas para que el texto resulte aprobado. En las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés. Y el PP, recordemos, fue el partido que promovió, con el acuerdo de los colectivos LGTB, la ley extremeña en la que se basa este texto. También ha dado su visto bueno a leyes similares aprobadas más recientemente en Baleares y Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Estaremos atentos a la tramitación parlamentaria.

“Esta propuesta de ley es la culminación de muchos años de trabajo en la calle de los colectivos, en una comunidad dura, durísima con la diversidad sexual. Solo venimos a proponer lo que muchas otras comunidades como Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares o Valencia ya han aprobado y lo proponemos aquí, precisamente donde es más necesario. Es hora de que Castilla y León se ponga al día con el respeto de la diversidad sexual. Hace mucha falta”, ha declarado Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB+. “Desde Fundación Triángulo Castilla y León consideramos fundamental apostar claramente por la educación sexual que incluya la diversidad sexual y de género, en un marco que permita el autoconocimiento y el respeto por los derechos humanos de cara a vivir en sociedad atendiendo a la diversidad. Todo ello implica el respeto por la identidad del alumnado y la prevención del acoso escolar por motivo de orientación o identidad sexual”, ha expresado por su parte Yolanda Rodríguez, miembro del patronato de Fundación Triángulo Valladolid.

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Organizaciones LGTB de Castilla y León han elaborado un borrador de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género que tienen previsto presentar a la Junta de Castilla y León para su tramitación. La propuesta está inspirada en la ley que en marzo de 2015 fue aprobada en la vecina Extremadura, con la mirada puesta en lo que allí sucedió: aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos en una cámara en la que el también gobernaba el Partido Popular.

Hay que tener en cuenta que tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo. Parece que el hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley de este tipo.

Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo. El texto, como mencionamos antes, adopta como modelo la Ley de Igualdad Social de Extremadura, promovida en su momento por el gobierno de José Antonio Monago y que aborda también en su articulado la realidad de las personas transexuales. No obstante, incluye mejoras que han sido tomadas de leyes aprobadas más recientemente en Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Recordemos que en las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés.

“Este borrador, este texto valiente, es un paso adelante más hacia conseguir la Ley de Igualdad Social LGTB+ que llevamos pidiendo en la calle varios años. Y ya estamos cerca de lograrlo”, ha señalado Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+. “Es hora de que Castilla y León avance de una vez hacia la igualdad del colectivo LGTB+. Precisamente aquí es donde más falta hace”, ha declarado por su parte Pepa Tascón, su vicepresidenta.

Fuente Dosmanzanas

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