Trevor Wilkinson, de 17 años, está desafiando la política ‘homofóbica’ de su escuela (Instagram / trevormichae1) 

  Un adolescente homosexual al que se le impuso una suspensión por usar esmalte de uñas lanzó una petición en la que denuncia el código de vestimenta “homofóbico y sexista” de su escuela.

Trevor Wilkinson, de 17 años, estudiante de último año en Clyde High School en Texas, fue disciplinado después de regresar de las vacaciones de Acción de Gracias con las uñas pintadas.  A pesar de que a las niñas en la escuela se les permite pintarse las uñas, a Wilkinson se le dijo que era una violación del código de vestimenta que los niños lo hicieran, y el adolescente recibió una suspensión en la escuela indefinida cuando se negó a retroceder.

Los funcionarios escolares le dijeron que había infringido el código de vestimenta que prohíbe el color de las uñas para los estudiantes varones, y solo para estudiantes varones.

“Imagine que su escuela no permite que los niños se pinten las uñas y les da [una suspensión en la escuela] por ello”, tuiteó. “¿Y toda la administración está de acuerdo, homofóbica y sexista? Bienvenido al oeste de Texas “.

A Wilkinson se le dio la oportunidad de quitar la pintura, pero él se negó, argumentando que el castigo es un “doble rasero completo porque las niñas pueden pintar y hacerse las uñas”.

Pero la escuela se negó obstinadamente a retroceder, diciendo que al adolescente no se le permitirá regresar a menos que se quite el esmalte.

Wilkinson destacó la hipocresía en una petición de Change.org que exige que se cambie el código de vestimenta. Ha sido firmado por casi 200.000 personas en menos de una semana, mientras que el adolescente incluso fue invitado a aparecer en Good Morning America para abordar el problema.

“Soy un hombre gay y estoy más que orgulloso. Esto es injusto y no está bien ”, declaró. “Ayúdame a demostrar que está bien expresarse y que la identidad que la sociedad quiere normalizar no está bien. Soy un humano. Yo soy valido. No debería meterme en problemas por hacerme las uñas. Firma y comparte esto para que personas como yo no tengan que lidiar con esto nunca más. Es hora de un cambio y ese momento es ahora. “

Después de que la historia atrajera la atención de todo el país y una ola de solidaridad, la escuela ahora parece estar buscando enmendar las cosas. El Distrito Escolar Independiente de Clyde ha convocado una “reunión especial” programada para el jueves (10 de diciembre) para discutir un posible cambio en el código de vestimenta, informaron los medios locales.

Según el medio local KTAB, Trevor Wilkinson dijo que ha tenido conversaciones con el superintendente y el director donde lo presionaron para que acordara un “compromiso” en el que se quitaría el esmalte de uñas para regresar a sus clases.

Dijo: “Mi superintendente y director trataron de encontrar respetuosamente un término medio para que nos reuniéramos para dejar esto, pero desafortunadamente no pude hacerlo, no pude encontrarme con ellos allí. El término medio que querían era: me quito las uñas y, a cambio, me dejan hablar en la reunión de la junta. Pero no pude hacer eso porque había estado en una reunión de la junta antes y hablé sobre muchas de estas cosas y no pasó nada, así que decidí no tomar un punto medio y defenderme en esto “.

A pesar de su falta de acuerdo, el adolescente dijo que la escuela ahora ha levantado su suspensión, aunque seguirá presionando para que la política cambie oficialmente y promete garantizar que la escuela termine con la política de “doble rasero”.

Trevor Wilkinson agregó: “No se trata solo del código de vestimenta. Esto se trata de algo más que eso. Se trata de discriminación, sexismo, homofobia y racismo y lo malo que es “.

En una publicación en las redes sociales, agregó: “Gracias a todos por su apoyo. ¡No puedo expresar eso lo suficiente y no podría haber llegado tan lejos sin ustedes! Sé que muchos de ustedes han llamado y enviado correos electrónicos a mi junta escolar, inundando sus mensajes de voz y bandejas de entrada. Gracias por estar a mi lado para crear un cambio para que los estudiantes como yo podamos expresarnos de manera auténtica en la escuela y centrarnos en nuestros estudios. Además de acabar con las normas de género que la sociedad nos ha oprimido. Continúe llamando y enviando un correo electrónico, pero para aquellos de ustedes que quieran desafiar los estereotipos de género peligrosos, pueden unirse a mí para pintar sus uñas y sacudirlas por todo Texas y el país. Una vez más, gracias a todos por su apoyo y nuestras voces no pasarán desapercibidas ”.

El distrito escolar de Clyde no quiso comentar sobre el incidente con Wilkinson, pero dijo en un comunicado el viernes 4 de diciembre que “realiza una revisión diligente y reflexiva” de su política de código de vestimenta anualmente. “Ese proceso de revisión da como resultado el desarrollo de un código de vestimenta final que se implementa y hace cumplir consistentemente durante el próximo año escolar. Los padres y estudiantes reciben una copia del código de vestimenta antes del inicio de cada nuevo año escolar ”, dijo el distrito. “Las preguntas o inquietudes con el código de vestimenta se revisan individualmente y el Distrito no puede compartir ninguna información sobre un estudiante específico. El distrito aprecia los comentarios y aportes sobre este tema recibidos de los miembros de la comunidad, y lo tomará en consideración cuando realice su revisión anual a finales de este año escolar”.

Fuente KTAB, vía Pink News

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El cambio en el Ayuntamiento de Madrid se empieza a notar, también por lo que a la esfera LGBTB se refiere. El nuevo gobierno municipal, formado en este momento por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox (seguimos a la espera de conocer qué puestos de responsabilidad tendrá la extrema derecha) ha mutilado la que era última campaña promocional del Orgullo LGTB comprometida por el Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena. En concreto, el Ayuntamiento ha eliminado las banderolas que contenían mensajes referidos al activismo de las personas mayores LGTB, a las que este año está precisamente dedicado el Orgullo.

Lo ha denunciado Más Madrid, la formación que ganó las últimas elecciones municipales, aunque sin posibilidad de formar mayoría absoluta junto al PSOE, lo que permitió que la alianza PP-Ciudadanos-Vox se hiciera con el control del Ayuntamiento. Más Madrid ha hecho públicas las ya clásicas banderolas para colgar de las farolas de las que iba a constar la campaña, que junto al lema principal «Nuestro Mayor Orgullo» colocaba diversas frases que precisamente le daban sentido al lema, como «Quienes guardan recuerdo de la represión», «Quienes de verdad saben lo que nos jugamos», «Quienes levantaron nuestros derechos», «Quienes se mantuvieron firmes» o «Quienes estaban cuando no estábamos»:

Hoy se han puesto las banderolas con la última campaña del Orgullo del gobierno de @ManuelaCarmena.

Todos los carteles de “Nuestro Mayor Orgullo” estaban planeados para ir acompañados de un mensaje de reconocimiento y visibilización.

Parte censurada por el gobierno tripartito👇🏼 pic.twitter.com/SYhdGr0cBy

— Más Madrid (@MasMadrid__) 24 de junio de 2019

Al no acompañarse de estas frases, las banderolas, como resulta obvio, pierden todo su mensaje de reconocimiento al activismo de nuestras personas mayores y se convierten en un mero reclamo publicitario:

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, no tiene dudas en acusar al Ayuntamiento de Madrid de censura. «Me parece que es una indecencia censurar los mensajes que hacen referencia, precisamente, a la trayectoria de esas personas, y a la memoria de esas personas que son las que nos han hecho disfrutar de derechos que hace 30 años eran impensables», ha declarado a la cadena SER.

Según informan diversos medios (no encontramos comunicado de prensa al respecto en la web del Ayuntamiento), el Ayuntamiento de Madrid niega que la campaña haya sufrido «ninguna modificación sustancial» y asegura que el cambio solo afecta a las banderolas, como forma de «unificar el mensaje», pero no al resto del mobiliario urbano. «Me da la sensación que tiene que ver con los tiempos de la gestión, que no han sido capaces de quitarlo en todos los soportes. Y además el de las banderolas es que el que permanece más tiempo fijo», contraargumenta Maestre.

La decisión del Ayuntamiento de mutilar la campaña y eliminar de las banderolas las referencias expresas al activismo tiene lugar, recordemos, tras la polémica generada por la decisión de los organizadores de la Manifestación Estatal del Orgullo 2019 de no permitir la participación oficial ni del PP ni de Ciudadanos al no haber querido suscribir un documento de diez puntos que incluía el rechazo a formar alianzas con la extrema derecha homófoba como condición sine qua non para ser invitados. Y también tras el acuerdo entre PP y Ciudadanos, del que nos hicimos eco en esta página, para definir el Orgullo madrileño como «transversal», en la línea de la intensa campaña que Ciudadanos está llevando a cabo en redes sociales como respuesta a la FELGTB y a COGAM.

De forma mucho más difusa también tiene lugar una campaña de desgaste del activismo LGTB por parte de trolls de derecha, que a la mínima oportunidad utilizan expresiones del tipo «chiringuito subvencionado» y similares para denigrar tanto a colectivos LGTB como a activistas. Poca sorpresa, en cualquier caso: se repite la misma sistemática que ya conocimos en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la aprobación del matrimonio igualitario. Entonces la batalla no se daba en redes sociales, sino en comentarios de páginas como dosmanzanas, pero la estrategia era muy similar. Toca seguir batallando, como entonces.

Por lo pronto, si lo deseas puedes adherirte a la petición puesta en marcha en la plataforma change.org por Maribel Torregrosa, Violeta Assiego y Paco Tomás para que el Ayuntamiento dé marcha atrás e incluya de nuevo en la campaña las banderolas eliminadas, «descafeinando y quitando todo el carácter reivindicativo que tenían las imágenes originales».

Fuente Dosmanzanas

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La Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado su recurso de apelación y ha ratificado de forma íntegra la sentencia emitida en su día por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Sevilla, que condenó a la directora de admisión del colegio Yago School, de Castilleja de la Cuesta, por no admitir en el centro al hijo de una pareja gay.

En febrero de 2017 nos hacíamos eco de la condena. La justicia consideró entonces probado que había existido discriminación, tal y como defendían los padres del pequeño. Se trata de un caso que conocimos en febrero de 2012, cuando la entrada que dedicaron en dosmanzanas a la denuncia de Ricardo Lucas e Iván Vallejo en actuable (antecesora de change.org en España) alcanzó la portada de Menéame y logró gran repercusión mediática.

Como en entradas anteriores dedicadas al tema, reproducimos parte del texto que la pareja escribió entonces, en la que detallaban en primera persona lo sucedido:

«Creíamos que en el año 2012 nuestro hijo no tendría que sufrir la discriminación, la homofobia y el escarnio que durante años tuvimos que sufrir sus padres. Pero nos equivocamos. Sólo uniendo nuestras voces podremos conseguir que se acabe de una vez por todas con la discriminación contra las familias homoparentales. La sociedad no avanza sola, tenemos que empujarla entre todos.

Cuando nos tocó buscar colegio para nuestro hijo de 3 años, en Sevilla, uno de los que más nos gustó fue el Yago School. Un colegio bilingüe, privado, laico y mixto, que destaca en su página web valores con los que nos identificamos y nos gustaría inculcar a nuestro hijo: ‘el respeto a los Derechos Humanos y el diálogo’, ‘animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los demás y respetar otras culturas, religiones y modos de vida’.

Así que les escribimos, dejando claro desde el principio que nuestro hijo tiene dos papás. En ese momento los valores de su web se transformaron en excusas para no admitirlo.

Nos contestaron al correo diciendo que no había plazas. Pero llamamos sin decir quienes éramos y de repente sí las había, incluso nos dieron una cita para visitar el colegio. Cuando nos identificamos, se les cambió la cara. Nos dijeron que había sido un error administrativo y que por supuesto no les importaba que fuésemos una familia homoparental. Sin embargo a los dos días nos llamaron para decirnos de nuevo que no había plazas porque el director había decidido adjudicárselas ‘a sus contactos y compromisos’.

El Yago School pregona la igualdad y la tolerancia. Su reglamento, disponible en su web, reconoce el derecho de sus alumnos ‘a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razones de raza, religión, sexo, características físicas, extracción social o cualesquiera otras’. Pero en nuestro caso esto no ha sido cierto.

Es obvio que no vamos a enviar a nuestro hijo a esa escuela, pero nos parece inaceptable que un colegio utilice la igualdad y tolerancia como herramienta de marketing pero discrimine después a un niño que tiene un padre o dos, o una madre o dos.

(…)».

En mayo de 2012, el servicio de Inspección Educativa de la Junta de Andalucía concluyó que en efecto el colegio había vulnerado la ley y propuso la apertura de un procedimiento sancionador. El expediente quedó en suspenso en diciembre de 2012 al iniciarse la investigación judicial, que después de un año cristalizó al entender el juez que existían motivos suficientes para deducir que se cometió un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y es que además de los testimonios de la pareja, de los correos electrónicos intercambiados con el colegio y del propio expediente de la Junta, hay evidencia de que el centro sí disponía de plazas cuando se comunicó a la pareja que no tenía vacantes. Y en octubre de 2014, por fin, supimos que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la pertinencia de que el director del centro y la responsable de admisión fuesen juzgados al estimar que indiciariamente podía deducirse que «la negativa a la escolarización del menor fue debida a la condición sexual de los padres». Finalmente, la responsable de admisión del centro, M.R.R., fue condenada en 2017 a dos años de inhabilitación especial para la administración o dirección de centros educativos como responsable de un delito contra los derechos fundamentales. El director del centro fue absuelto al estimar entonces el tribunal que no se podía asegurar con certeza que fuera partícipe de la decisión.

La Audiencia Provincial de Sevilla, ante el recurso de apelación de la condenada, ha ratificado ahora de forma íntegra la condena al entender que «el relato fáctico de la sentencia contiene los hechos reveladores del delito por el que la apelante venía acusada», desestimando además el argumento de que la sentencia suponía una interpretación «extensiva» del artículo 512 del Código Penal  que determinaba un «castigo al pensamiento». El tribunal considera, por el contrario, que los hechos probados permiten concluir «la concurrencia del elemento subjetivo del delito por cuanto fue la orientación sexual de los denunciantes la que motivó la denegación a estos de la prestación a que tenían derecho».

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La misma app había sido ya retirada de sus catálogos por el resto de las grandes plataformas, Apple, Amazon y Microsoft. La decisión de la ONG Human Rights Campaign de no calificar a Google en su ranking sobre Equidad Corporativa ha precipitado la decisión de la compañía de Silicon Valley. Además, una campaña ha recogido 140.000 firmas en Change.org para que este programa sea eliminado de cualquier base de descarga.

Google se ha quedado atrás respecto a otras plataformas a la hora de retirar una aplicación de carácter religioso cristiano que incluía consejos y prácticas para «recuperarse de la atracción a personas del mismo sexo». Una condición que los responsables de esta aplicación trataban como «enfermedad mental», en claro anacronismo con nuestros tiempos y que obvia el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ya descatalogó la homosexualidad como enfermedad mental. Una decisión que este 17 de mayo cumplirá 28 años y que multitud de colectivos cristianos se empeñan en negar al proponer diversas «terapias» de conversión, por las que se promete que los individuos son capaces de dejar atrás su homosexualidad.

La decisión del gigante tecnológico se produce tras el gesto de Human Rights Campaign de no calificar el grado de Equidad Corporativa de esta compañía en su ranking anual hasta que esta descatalogase la aplicación. Un hecho que ha empujado finalmente a la compañía a retirar de su catálogo de Play Store esta herramienta «en línea con otras tiendas de aplicaciones», según informa la compañía en un comunicado.

La aplicación de la organización Living Hope Ministries, una organización que busca «proclamar la verdad de Dios entre los que buscan una plenitud afectivo-sexual a través de una relación más estrecha con Cristo», suponía hasta ahora la presencia de esta organización en plataformas digitales. Su contenido y temática se centra (ya que sigue estando presente en otras plataformas más minoritarias) en la «conversión» de personas atraídas hacia personas del mismo sexo. La metodología utilizada son sermones religiosos y experiencias de conversión relatadas por sus protagonistas. Unos testimonios que afirman poder «cambiar» o «ignorar su sexualidad».

La retirada de la aplicación de las plataformas más importantes ha sido principalmente impulsada por Truth Wins Out («La verdad triunfa»), una ONG que combate los estragos que causan las organizaciones religiosas de carácter LGTBfobo. Tras la retirada de la aplicación de Apple en diciembre del año pasado, la organización ultraconservadora defendió a través de una carta abierta de uno de sus miembros publicada en su web que la herramienta no pretendía la discriminación de las personas LGTB o promover terapias de reparación. Algo cuestionable en los términos en los que se expresa el autor, ya que en la misma se citan términos como «curar la homosexualidad» o se diferencia entre «la luz» (una conducta heterosexual de cara al público) y «la oscuridad» (una conducta homosexual llevada a cabo de manera casi clandestina). Además habla de «lucha contra la atracción hacia personas del mismo sexo» para referirse al camino que se emprende tras ingresar en esta comunidad.

La decisión de Google de mantener hasta ahora esta aplicación en su catálogo (en este enlace se puede comprobar que la app ya no está activa) ha contrastado con el tradicional apoyo de esta compañía a las personas LGTB que ha incluido campañas, doodles (interfaces de Google) especiales durante las celebraciones del Orgullo LGTB, la presencia de carrozas de la compañía en el Orgullo de Madrid, o la participación activa de la compañía en otras campañas de concienciación como It Gets Better.

Prohibición de «terapias» de conversión: en Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzans/Cristianos Gays

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El Registro Civil de Calatayud (Zaragoza) ha denegado la solicitud de cambio de nombre de Gabriel, un adolescente trans de 15 años cuya identidad de género es masculina, que cuenta con el respaldo unánime de su familia y amigos, así como de sus compañeros de instituto y profesores, pero al que un auto niega precisamente su derecho a ver reconocido legalmente su nombre por tratarse de un nombre inequívocamente masculino. Lo sucedido con Gabriel pone de manifiesto la cada vez más vergonzosa situación española por lo que al reconocimiento de la identidad de género se refiere, así como la hipocresía de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, a las que se les llena la boca a la hora de hablar de derechos LGTB pero que llevan toda la legislatura impidiendo el avance de diferentes proposiciones de ley que de ser aprobadas impedirían esta y otras situaciones absurdas.

«Ni me planteaba que lo iban a rechazar», explicaba a El Heraldo de Aragón Pilar Suárez, madre de Gabriel, que hasta el momento no había encontrado dificultad a la hora de que su hijo pueda vivir la vida a la que tiene derecho. Gabriel ya tiene, por ejemplo, la tarjeta sanitaria a su nombre, gracias a la avanzada ley de identidad de género que hace unos meses aprobaron las Cortes de Aragón. De la misma forma, ha iniciado el tratamiento hormonal con bloqueadores de la pubertad, lo que por el momento impedirá que desarrolle caracteres sexuales femeninos, no deseados. Y pronto empezará tratamiento hormonal, lo que facilitará que desarrolle caracteres sexuales masculinos.

Pero la normativa autonómica de nada sirve cuando se trata de la rectificación registral de la mención al sexo. En este caso entra en juego la anacrónica normativa estatal, que no contempla la realidad de los menores transexuales o de las personas migrantes, y que incluso para los mayores de edad mantiene como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Todo queda a criterio del juez de turno. Y lo mismo sucede con el mero cambio de nombre, pese a que en este caso los jueces son algo más generosos. No ha sido el caso, por desgracia, de la jueza del Registro Civil de Calatayud, que pese a la abundante documentación aportada por la familia (incluyendo un informe del instituto donde estudia Gabriel que acredita que ese es su nombre habitual y así es tratado en clase por compañeros y profesores) ha denegado el cambio.

La razón que da la jueza, según explica la petición que la familia ha lanzado en la plataforma change.org, es que «el nombre solicitado, Gabriel, remite única e inequívocamente al sexo masculino, y no es un nombre neutro», algo que en su opinión viola la normativa actual sobre cambios de nombre en el Registro Civil, que no admite aquellos que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre) ni los que induzcan a error sobre el sexo. Sin tener en cuenta que en este caso nos encontramos con la realidad de que quien solicita el cambio es un chico con identidad masculina, no una chica ni una persona no binaria. «Gabriel se llama Gabriel. Y queremos ese nombre en su titulo de la ESO que obtendrá en junio y en su DNI. Y así creemos que debe entenderlo la juez encargada del Registro Civil que lleva el caso. Cuanta más gente firmemos esta campaña, mayor será la presión y más fácil se lo pondremos a otros niñes como mi hijo», finaliza la petición.

Responsables, los partidos representados en el Congreso

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ni siquiera el propio grupo parlamentario que la presentó ha querido llevarla más allá (en teoría hasta tener amarrados suficientes apoyos parlamentarios). Ello ha motivado que un grupo de activistas trans (entre los que se encuentra la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) hayan iniciado una huelga de hambre exigiendo a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que proceda a llevarla al pleno.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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Con ello quieren “enviar un mensaje claro y contundente de que la diversidad sexual no entiende de profesiones”. 

La Asociación policial por la Visibilidad de la Diversidad Sexual, de Género y la Igualdad, LGTBIpol, ha comenzado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para poder desfilar el 7 de julio en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid vestidos con el uniforme “de calle”.

“Que los mismos policías y guardias civiles que velan por la seguridad de los ciudadanos, con los mismos uniformes, también pueden participar con orgullo con bandas o brazaletes que visualicen los colores del arcoíris”, justifica LGTBIpol en la plataforma.

Elena Sánchez, miembro de la Junta directiva de LGTBIpol, ha explicado que esta recogida de firmas llega después de enviar un escrito “con tiempo de sobra” al Ministerio del Interior con esta petición, pero que a día de hoy no tienen respuesta. “Hay un silencio que vemos que nos quedamos sin tiempo”, ha lamentado.

Tal y como ha recordado la Asociación en la petición de Change.org, fue el año pasado, coincidiendo con el WorldPride, cuando una treintena de agentes nacionales, municipales y guardias civiles asistieron por primera vez a la en la manifestación del Orgullo.

Con ello quieren “enviar un mensaje claro y contundente de que la diversidad sexual no entiende de profesiones”.

Sin embargo, acudieron a la manifestación del año pasado “de paisano”. Sánchez ha reiterado que quieren que el uniforme con el que desfilen sea “el de calle”, no el de gala, que “no se puede llevar en una maleta, da mucho calor y por logística echaría a muchos hacia atrás”.

“Queremos que si alguien que pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -bien sea cis, heterosexual o LGTBIQ+, quiere participar en la marcha del Orgullo vestido de uniforme, no tenga por qué rellenar un solicitud individual, que ésta sea aprobada a tiempo por sus superiores”, han puntualizado.

Fuente Cáscara Amarga

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María Elósegui no solo se enroca en sus posiciones en una entrevista a El Confidencial, sino que incluso se muestra desafiante y responde con chulería cuando se le recuerda la petición de dimisión. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, ha declarado. Mientras tanto, los colectivos LGTB europeos muestra su preocupación por el nombramiento de Elósegui como magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: peticiones de cese por el falseamiento del currículum, solicitud de explicaciones al Gobierno, petición de dimisión en change.org… Como era previsible, nada de eso ha sucedido. La propia María Elósegui lo deja claro en la entrevista a El Confidencial. “Parte de la polémica se ha centrado en sus ideas. Miembros del colectivo LGTBI han promovido una recogida de firmas para que usted dimita. ¿Cree usted que debe dimitir?”, le preguntan. “He sido votada por una asamblea parlamentaria y me debo a mis electores. Los periódicos, con todos mis respetos, no es el lugar en el que se vota. Se vota con los procedimientos formales, no se hace un juicio en paralelo. Eso no tiene ni pies ni cabeza”, responde. “La petición que le hacen es que dimita porque consideran que usted es homófoba”, insiste la periodista. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, añade Elósegui.

La nueva jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste además en que sus palabras han sido manipuladas. “Niego la mayor. No son mis palabras, se han sacado de contexto y tergiversado, han puesto en boca mía cosas que no he dicho yo. Han hecho una mezcla, un popurrí, con idea de lesionar mi honor y buscando un acoso o discriminación laboral”, asegura.

Afirmaciones, es necesario insistir, que no son ciertas: son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras. Ni tergiversación ni manipulación.

Posicionamiento de ILGA Europe

La alarma por las opiniones de Elósegui, entretanto, ya ha sobrepasado nuestras fronteras. ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, hizo público hace varios días un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que expresa su preocupación y asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo. “Seguimos esperando a el Gobierno dé una respuesta sobre las negligencias que llevaron a que sus declaraciones homófobas y tránsfobas no supusiesen su automático descarte para ese puesto”, añade la FELGTB, en referencia a la exigencia al Gobierno español de explicaciones.

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El Ayuntamiento de Oviedo ha vuelto a pintar con los colores del arcoíris los cinco bancos que unos vándalos habían repintado de rojigualda en la madrugada del pasado jueves, 12 de octubre. Los bancos, situados en la Plaza de la Escandalera, lucían los colores de la diversidad desde el pasado mes de junio, con motivo de la celebración del Orgullo LGTB.

Como gesto simbólico hacia la comunidad LGTB, el Ayuntamiento de Oviedo (gobernado desde las pasadas elecciones por PSOE, Somos Oviedo e Izquierda Unida) pintó el pasado mes de junio los bancos con los colores del arcoirís. Una iniciativa novedosa en una ciudad que en 2015 estrenaba gobierno progresista tras quince años de gobierno del Partido Popular. Y así habían continuado hasta la madrugada del pasado jueves, cuando varios vándalos encapuchados los pintaron de rojigualda (los colores de la bandera de España) utilizando pintura en espray. De hecho, varios chavales presenciaron lo sucedido, y según contaba el diario local La Nueva España, avisaron a la Policía, aunque esta no se personó en el lugar mientras los testigos permanecieron allí. Al parecer el grupo que dio la voz de alarma ya había tenido un altercado previo con uno de los vándalos pocas horas antes.

Se da la circunstancia de que algo más de 6.000 personas habían pedido en change.org que los bancos fueran pintados con los colores de la bandera de España. “Viendo que el día del orgullo gay el ayuntamiento de Oviedo pinto varios bancos con la bandera del orgullo gay que solo representa una minoría de la población de Oviedo propongo que el día de la hispanidad, jueves 12 de octubre de 2017 se pinten los bancos de la ciudad con la bandera de España que es la que nos representa a todos [sic]“, reza la petición, que de hecho considera su objetivo “conseguido”. “¡Victoria! Al final pintaron cinco bancos en la plaza de la escandalera”, asegura una actualización de la petición. Lo cierto es que fueron los vándalos, y no el Ayuntamiento, los que quisieron utilizar la bandera de España, esa que ellos aseguran “representa a todos”, para invisibilizar el arcoíris. El día siguiente, por cierto, uno de los bancos pintandos de rojigualda aparecía a su vez con una pintada en asturiano, “Puxa Asturies”.

Por fortuna el Ayuntamiento de Oviedo, después de valorar la posibilidad de que los bancos volvieran a lucir el color madera previo al Día del Orgullo, decidía repintarlos con los colores de la diversidad. “Está claro es que se escogieron esos bancos para tapar una bandera que representa los derechos del colectivo LGTB”, declaraba el concejal de Izquierda Unida Iván Álvarez, encargado del área de Interior. La noche del sábado, de hecho, recuperaban el arcoíris y este domingo ya estaban de nuevo en uso.

Desde dosmanzanas consideramos muy respetable que haya ciudadanos orgullosos de la bandera de España, como hay otros ciudadanos orgullosos de otras banderas y otros que no lo están de ninguna. Allá cada cual con sus sentimientos de identidad nacional. Lo que no creemos necesario es que para exaltarla sea necesario encubrir la bandera arcoíris. El propio texto de la petición en change.org, de hecho, deja clara la motivación homófoba, y no “patriótica”, de la iniciativa. Flaco favor, de hecho, a los que legítimamente defienden el argumento de que la bandera de España representa a todos sus ciudadanos.

Fuente Dosmanzanas

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El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

Q dice #Zoido no puede iniciar revocación utilidad pública #HazteOir hasta justicia pronuncie, como si Gob no tuviera capacidad.. #amiguitos pic.twitter.com/58hvcDB1FA

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 12 de septiembre de 2017

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

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Es el primer fichaje que no figuraba en las quinielas ni proviene del entorno cercano de Sánchez.

Ocupará el área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación para hacer de España un “paraíso del talento”

La Ejecutiva deberá ser ratificada en el Congreso del PSOE este fin de semana.

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Núria Parlón, actual viceprimera secretaria del PSC, y el diputado vasco Odón Elorza formarán parte de la nueva Ejecutiva Federal del PSOE que prepara Pedro Sánchez, en la que se ha confirmado también el nombre del director de la plataforma de firmas Change.org, el emprendedor y activista de colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, Francisco Polo. La Ejecutiva deberá ser ratificada en el Congreso que el partido va a celebrar el próximo fin de semana.

Los nombramientos, no obstante, tienen que ser ratificados en el congreso federal del próximo fin de semana, al igual que los ya anunciados de Cristina Narbona como presidenta; Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como secretario de Política Institucional y Administraciones Públicas, y Carmen Calvo al frente de Igualdad, y los del resto de miembros de la dirección.

Gracias a ti por aceptar. Es imprescindible hacer del talento la auténtica marca España. https://t.co/WRfepIE7nr

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 14 de junio de 2017

El director de la plataforma de petición de firmas Change.org hasta abril pasado y fundador de Actuable, Francisco Polo, será el responsable de un departamento que el PSOE considera “estratégico” para el crecimiento económico en el país y para hacer de España un “paraíso del talento”.

Licenciado y máster en Derecho por ESADE, posee una larga carrera como emprendedor y activista por la regeneración democrática y la justicia social. Bajo su liderazgo, Change.org alcanzó los 12 millones de usuarios en España, el país con mayor proporción de usuarios de la plataforma y más impacto social en todo el mundo.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI Actuable, Change.org, Francisco Polo, PSOE

Desde hace tiempo te venimos hablando del caso de Joan Cardona, el chico gay condenado en 2014 por abusar sexualmente de una chica en el portal de su casa, que no sólo tenía coartada y pudo demostrar que estaba en otro sitio en el momento del delito; sino que además ha sido condenado únicamente por el testimonio (en ocasiones contradictorio) de la víctima.

Joan ingresó el pasado martes por la tarde en el Centro Penitenciario Lledoners, a 70 kilómetros de Barcelona, donde tendrá que cumplir una pena de tres años después de haber agotado todas las vías posibles para evitarla. A principios de febrero el Gobierno le denegó la petición de indulto parcial (se mantenía la pena pero no tenía que entrar en prisión), petición que no fue de indulto total porque para ello Joan tenía que reconocer estar arrepentido del delito y él siempre ha mantenido su inocencia.

El caso de Joan es bastante esperpéntico y no se comprende que la justicia española pueda enviar a la cárcel a alguien teniendo como única prueba el testimonio de la víctima; algo que, sinceramente da bastante miedo. Como se explica en la petición en Change.org que se creó para exigir que el Tribunal Constitucional valorara detenidamente la sentencia, el 19 de noviembre de 2012 una chica sufrió una agresión sexual en el portal de su casa a manos de un chico que llegó en motó, forcejeó con ella, le realizó tocamientos por encima de la ropa y luego huyó en esa misma moto.

Días más tarde la chica reconoció a su agresor como cliente del supermercado en el que ella trabajaba. El chico al que reconoció fue Joan. Por parte de la acusación las únicas pruebas que se pudieron aportar fueron el testimonio de la víctima y el de un compañero de trabajo que corroboró, únicamente, que Joan era cliente habitual del supermercado. La descripción que la chica realizó de su agresor, además, no sólo no se correspondía con la fisonomía de Joan sino que además aseguraba que el agresor llegó en moto (Joan ni tiene ni sabe conducir una moto), llevaba un casco blanco (Joan no tiene un casco blanco) y cazadora de cuero negra (que tampoco la tiene).

Pero lo más sorprendente es que la defensa de Joan pudo demostrar, con testimonios jurados de su hermana y el novio de ésta, que en el momento de los hechos Joan estaba cenando en casa con ellos. Además aportaron el registro de aparcamiento de una bicicleta municipal cerca de su casa antes de que sucediera la agresión y también se le hizo llegar al juez el registro de una conversación que Joan mantuvo poco después con su novio a través de Facebook con la que demostraban no sólo que Joan no podía estar en dos sitios al mismo tiempo sino que, además, es homosexual.

El juez desestimó todas las pruebas de la defensa y, basándose únicamente en el testimonio de la víctima de la agresión, condenó a Joan a tres años de prisión y le impuso una orden de alejamiento que le obligó a tener que abandonar su casa y su barrio.

Hay que recordar, por cierto, que en la primera sentencia el juez no sólo dijo que le daba igual que Joan hubiera demostrado que no tenía una moto porque “podría haberla tomado prestada” (como señalaron Mafia Rosa en un artículo hace unos meses, el caso de Joan está lleno de “podrías”); sino que además no dudó en mostrar una homofobia galopante al asegurar que la orientación sexual de Joan era irrelevante y pudo perfectamente haber sentido el impulso de abusar de una mujer porque “En el ámbito de las tendencias sexuales las posibilidades son múltiples“. Es decir, como dijo el propio Joan: “cuando eres heterosexual no hay ninguna duda, pero cuando eres homosexual lo tienes que demostrar“.

Lo peor de este caso es que, basándonos en la débil sentencia emitida por el juez, en este caso hay dos víctimas: la agredida, que no sólo fue asaltada y sufrió el intento de violación sino que además no ha recibido justicia porque el sistema judicial no ha hecho bien su trabajo; y Joan, que sin comerlo ni beberlo se ha visto metido en este despropósito. Y no olvidemos que, si Joan es inocente (y, sinceramente, todo apunta a que lo es) el verdadero culpable sigue en libertad y probablemente repitiendo el delito. Cierto es que el caso de Joan ha pasado por varios tribunales y eso podría hacer pensar que hay una parte de la historia que los jueces conocen y nosotros no; pero no podemos descartar que las revisiones que se hayan hecho del caso haya sido superficiales y no se haya ido al detalle para no perjudicar al juez que, con estos datos en la mano, no ha emitido una sentencia justa.

Está claro que en este caso Joan no fue inocente hasta que se demostrara lo contrario, porque a pesar de haber podido acreditar su inocencia el juez decidió que era culpable a pesar de todo.

Fuente | Menorca.info, vía EstoyBailando

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Acusan a la MPAA de transfobia al plantarle una R a una película sobre un adolescente trans, con una historia familiar en la que no hay violencia, sexo ni alcohol.

La GLAAD ha enviado una carta exigiendo que se reconsidere la evaluación de la película.

3 Generations es el título de una película dirigida por Gaby Dellal que cuenta la historia de Ray (Elle Fanning), un adolescente trans que comienza su transición. Esa decisión afectará también a su madre (Naomi Watts), que tendrá que localizar al padre biológico de Ray para conseguir su consentimiento legal, y su abuela (Susan Sarandon) que vive con la familia.

De hecho hace mucho que os hablamos de esta cinta, cuando aún se llamaba About Ray, y su fecha de estreno estaba fijada en septiembre de 2015 en EE.UU. Pero estas cosas pasan y a veces las películas se quedan en las estanterías y finalmente llegará a los cines americanos el próximo 5 de mayo. Y no lo hará exenta de polémica, muchos son los que han criticado la cinta por elegir para el papel del adolescente trans a una actriz cisgénero, Elle Fanning, y no a un chico trans.

Pero ahora hay una polémica más: la Motion Picture Association of America (la MPAA) le ha plantado a la película una R en su tabla de clasificación de edades. Esto significa que los menores de 17 años no podrán ver la película si no van acompañados de un adulto. Cosa bastante irritante teniendo en cuenta que (dejando a un lado la calidad de la película) la cinta va dirigida especialmente a los adolescentes trans.

Una mujer trans de Carolina del Sur, Blair Durkee, ha lanzado una campaña en Change.org para exigir a la MPAA que reconsidere esa clasificación, sobre todo teniendo en cuenta que en la película no hay violencia, ni sexo, ni uso de alcohol o drogas (los motivos por los que se les suele plantar una R): “Vi personajes en los que me veía reflejada, y que provocaron una gran diferencia en mi vida. Me rompe el corazón cuando pienso en la cantidad de chicos y chicas que no podrán ver esta película porque tiene una R. Esta historia es sobre ellos, y se les está negando simplemente porque la MPAA no sabe qué hacer con el tema que trata.”

Desde la GLAAD también se han sumado a las protestas y han enviado una carta a la MPAA exigiendo que cambien la clasificación de la película porque “ponerle una restrictiva R envía un mensaje muy peligroso a una comunidad que ya está siendo marginada“. La presidenta de la GLAAD, Sarah Kate Ellis, recuerda que durante 50 años los personajes trans en Hollywood se han retratado como asesinos psicópatas, como bichos raros o como patéticas víctimas, y recuerda que en 2016 sólo contabilizaron un personaje trans en películas mainstream cuya única razón de existir en el guión era sufrir las burlas de los demás. “El amor incondicional de un progenitor hacia su hijo no es una historia que tenga que ser restringida. Es una historia que puede ayudar a los padres y a la gente joven de todo el país y de todo el mundo.”

Fuente | Gay Star News

, vía EstoyBailando

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El sacerdote Paul Kelly con algunas de las firmas que recogió para acabar con la defensa del pánico gay

El Parlamento estatal aprueba que no se pueda usar como estrategia de defensa en un juicio por asesinato las proposiciones sexuales de una persona del mismo sexo

El doble crimen de Vigo, modelo en EEUU contra el “pánico gay”

El Parlamento de Queensland, en el este de Australia, acaba de eliminar de su código legal la posibilidad de usar el “pánico gay” como estrategia de defensa en las acusaciones de asesinato. Hasta ahora bastaba con declarar en un juicio que habías matado a una persona de tu mismo sexo porque se te había insinuado sexualmente para que lo consideraran un atenuante y rebajaran los cargos de asesinato a homicidio. Ahora sólo queda un estado, Australia Meridional, en el que siguen admitiendo este tipo de atenuantes y en el que de momento se empeñan en demostrar el serio retraso que tienen.

Esta reforma era una promesa electoral de la Primera Ministra Annastasia Palaszczuk y la propuso en el parlamento la Fiscal General Yvette D’Ath hace un año, que quiso dejar claro que Queensland no puede justificar la violencia contra la comunidad LGTB o contra cualquier otra comunidad y que aprobando este cambio quieren dar un mensaje de que no aceptan ningún tipo de discriminación. Todo esto debería ser lo normal, en realidad, pero hay muy pocos lugares (otro de ellos es California) que han dado un paso como el que acaba de dar Queensland.

Para llegar a esta conclusión tan evidente en el parlamento hicieron falta varios años y una petición en Change.org iniciada por un sacerdote católico.

La Fiscal General Yvette D’Ath en el medio, con el padre Paul Kelly anunciando el pasado miércoles la reforma de la ley. Fotografía: change.org

Wayne Rucks, que según su familia no sólo no era homosexual,  sino que estaba en contra del matrimonio igualitario y decía que la  homosexualidad era algo innatural, fue asesinado de una brutal paliza en el patio que rodea la iglesia de Maryborough, en Queensland, en 2008.

En el juicio, los que lo mataron se libraron de ser acusados de asesinato, que se castiga con cadena perpetua porque uno de ellos dijo que Wayne le había tocado los genitales y se le había insinuado, lo que no era cierto tal como se pudo demostrar con las cámaras de seguridad de la iglesia. Oficialmente, esta defensa no se tuvo en cuenta porque no se pudo probar, pero finalmente los asesinos fueron condenados a unos pocos años de cárcel acusados de homicidio y la madre de Wayne asegura que la defensa del “pánico gay” tuvo mucho que ver.  Indigna ver que los asesinos de Wayne, al que todos recuerdan como una persona muy poco amiga del colectivo LGTB, se acabaran beneficiando de una norma homófoba y de los prejuicios del juez y del jurado.

El padre Paul Kelly, de la iglesia de Maryborough, afirma que se sintió asqueado durante el juicio al ver este intento de defensa y que más tarde pensó que ya estaba bien con el cuento del pánico gay cuando vio que se volvía a usar apenas unos meses después en el caso de un autoestopista asesinado. Fue él el que lanzó la petición en Change.org dirigida al gobierno de Queensland y el que empezó a presionar a los políticos para modificar la ley y después años de intensa campaña ha dicho que puede respirar tranquilo ahora que ve que se ha eliminado una norma arcaica y homófobica.

Tenemos que recordar que la defensa del terror insufrible a ser violado por un homosexual es un coladero legal que se sigue usando en muchas partes del mundo. Aquí mismo, en España, fue el argumento que se usó para absolver en un primer juicio a Jacobo Piñeiro asesino de dos chicos gays en Vigo en 2006 (a los que asestó 57 puñaladas, para luego prender fuego a su casa) fuera absuelto por un jurado popular en 2009. Por fortuna la justicia obligó a repetir el juicio con un nuevo jurado, y Piñeiro fue finalmente declarado culpable de doble asesinato y condenado a una pena de 58 años de cárcel, una sentencia que fue luego confirmada por el Tribunal Supremo. El alto tribunal estimó, tal y como ya había resuelto antes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el recurso de Piñeiro se hallaba “completamente huérfano de fundamentación”, tanto por las atenuantes invocadas de “miedo insuperable, trastorno mental transitorio y superación de una situación límite que le hacía temer por su vida” como porque los motivos formulados carecían “de amparo procesal”.

Fuente: SBS, vía EstoyBailando

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Ignacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…

Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:

“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”

El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”

Hazte Oír consigue justo lo contrario y da visibilidad a la transexualidad

(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.

En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.

“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.

Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio“, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.

Éste es el editorial de Alfa y Omega:

Dejemos a los niños en paz

La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.

Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.

Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias). 

La proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.

Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.

Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:

La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.

Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”. 

El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar

El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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La directora de admisión del colegio Yago School, de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), pasará dos meses inhabilitada.

La sentencia considera probado que Maravillas R. R., excluyó al hijo de una pareja homoparental del proceso de selección para entrar en el colegio.

Importante sentencia la que ha emitido por fin el Juzgado de lo Penal nº 3 de Sevilla, que ha condenado a la directora de admisión del colegio Yago School, de Castilleja de la Cuesta, por no admitir en el centro al hijo de una pareja gay. La justicia considera probado que existió discriminación, tal y como defendían los padres del pequeño. El director del centro ha sido absuelto, al no considerar el juzgado que hubiese pruebas de que fue partícipe de la decisión. El Juzgado de lo penal 2 de Sevilla ha condenado a dos meses de inhabilitación a la directora de admisión del colegio Yago School, de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), por dar un trato discriminatorio y no admitir a un niño en el centro debido a que sus padres son una pareja de homosexuales.

Se trata de un caso que conocimos hace ahora cinco años, en febrero de 2012, cuando  la denuncia de Ricardo Lucas e Iván Vallejo en actuable (antecesora de change.org en España) alcanzó la portada de Menéame y logró gran repercusión medíatica. Como en entradas anteriores dedicadas al tema, reproducimos parte del texto que la pareja escribió entonces, en la que detallaban en primera persona lo sucedido:

“Creíamos que en el año 2012 nuestro hijo no tendría que sufrir la discriminación, la homofobia y el escarnio que durante años tuvimos que sufrir sus padres. Pero nos equivocamos. Sólo uniendo nuestras voces podremos conseguir que se acabe de una vez por todas con la discriminación contra las familias homoparentales. La sociedad no avanza sola, tenemos que empujarla entre todos.

Cuando nos tocó buscar colegio para nuestro hijo de 3 años, en Sevilla, uno de los que más nos gustó fue el Yago School. Un colegio bilingüe, privado, laico y mixto, que destaca en su página web valores con los que nos identificamos y nos gustaría inculcar a nuestro hijo: ‘el respeto a los Derechos Humanos y el diálogo’, ‘animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los demás y respetar otras culturas, religiones y modos de vida’.

Así que les escribimos, dejando claro desde el principio que nuestro hijo tiene dos papás. En ese momento los valores de su web se transformaron en excusas para no admitirlo.

Nos contestaron al correo diciendo que no había plazas. Pero llamamos sin decir quienes éramos y de repente sí las había, incluso nos dieron una cita para visitar el colegio. Cuando nos identificamos, se les cambió la cara. Nos dijeron que había sido un error administrativo y que por supuesto no les importaba que fuésemos una familia homoparental. Sin embargo a los dos días nos llamaron para decirnos de nuevo que no había plazas porque el director había decidido adjudicárselas ‘a sus contactos y compromisos’.

El Yago School pregona la igualdad y la tolerancia. Su reglamento, disponible en su web, reconoce el derecho de sus alumnos ‘a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razones de raza, religión, sexo, características físicas, extracción social o cualesquiera otras’. Pero en nuestro caso esto no ha sido cierto.

Es obvio que no vamos a enviar a nuestro hijo a esa escuela, pero nos parece inaceptable que un colegio utilice la igualdad y tolerancia como herramienta de marketing pero discrimine después a un niño que tiene un padre o dos, o una madre o dos.

(…)”.

En mayo de 2012, el servicio de Inspección Educativa de la Junta de Andalucía concluyó que en efecto el colegio había vulnerado la ley y propuso la apertura de un procedimiento sancionador. El expediente quedó en suspenso en diciembre de 2012 al iniciarse la investigación judicial, que después de un año cristalizó al entender el juez que existían motivos suficientes para deducir que se cometió un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y es que además de los testimonios de la pareja, de los correos electrónicos intercambiados con el colegio y del propio expediente de la Junta, hay evidencia de que el centro sí disponía de plazas cuando se comunicó a la pareja que no tenía vacantes. Y en octubre de 2014, por fin, supimos que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la pertinencia de que el director del centro y la responsable de admisión fuesen juzgados al estimar que indiciariamente podía deducirse que “la negativa a la escolarización del menor fue debida a la condición sexual de los padres”. El juicio quedó visto para sentencia el pasado septiembre cuando la Fiscalía mantuvo la acusación al director del centro y la directora de admisión. Los padres del menor, que se casaron el 8 de abril de 2006, denunciaron que el centro educativo privado no les admitía a su hijo porque ellos formaban una familia homoparental.

Finalmente, la responsable de admisión del centro, Maravillas Resa, ha sido condenada a dos años de inhabilitación especial para la administración o dirección de centros educativos como responsable de un delito contra los derechos fundamentales. El director ha quedado absuelto al estimar el tribunal que no se puede afirmar “con la certeza y las garantías necesarias” que fuera partícipe de la decisión.

En una sentencia notificada el pasado viernes, el juzgado condena a la directora de admisión del colegio a dos años de inhabilitación para la administración o dirección de centros educativos o de enseñanza, como responsable de un delito de contra los derechos fundamentales del artículo 512 del Código Penal.

La sentencia considera probado que la directora de admisión, Maravillas R. R., excluyó al hijo de una pareja homoparental del proceso de selección para entrar en el colegio por dicha condición, según la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En la misma sentencia se absuelve al director del colegio, que fue juzgado por el mismo caso, al considerar que no existe ningún elemento de prueba de su participación en la exclusión del menor.

Según se recoge en la sentencia, la directora de admisión negó que hubiera plaza en el colegio Yago School para el hijo de la pareja denunciante al conocer que estos eran homosexuales. Así, “la conducta mantenida por la acusada como directora del departamento de admisiones del centro respecto de los denunciantes determinó una exclusión efectiva dentro del proceso de selección llevado a cabo en su momento”, añade el fallo judicial, que se puede recurrir.

“La conclusión que expresa el informe de la Inspección, y que califica incluso como “hecho irrefutable”, no es sólo que haya existido una desigualdad de trato en el procedimiento de admisión, sino también que el menor de la familia L. no está matriculado en el Centro porque no ha recibido una igualdad de trato con el resto de los niños escolarizados en infantil de 3 años”, añade la sentencia.

Tanto los padres como Yolanda Hervás, su abogada, han mostrado su satisfacción al conocer que la justicia considera probado que se cometió un acto discriminatorio. Hervás ha aplaudido además la actitud perseverante de los padres, que en lugar de dejar pasar lo sucedido hicieron valer los derechos de su hijo, que ahora tiene 7 años (Ricardo e Iván tienen además otros dos hijos). Seguiremos atentos a lo que suceda, en cualquier caso, ya que la sentencia es recurrible.

Fuente Agencias/Cáscara amarga/Dosmanzanas

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Foto blog MoonMamas

La Direccion General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia ha fallado a favor de María José Torres y Brenda Kelleher, el matrimonio de mujeres al que el Registro Civil de Denia negó la inscripción de su tercer hijo por no aportar una proueba documental de cómo se había gestado, algo que jamás se le pide a las parejas de distinto sexo. Así lo han anunciado María José y Brenda en su blog, en el que además adelantan que la resolución, tal y como está redactada, abre las puertas a otros matrimonios de mujeres con hijos, con independencia de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida.

Seguramente ya conocéis la historia: Lennon, tercer hijo del matrimonio, nació en junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron al Ayuntamiento de Benidoleig, donde ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos). Sin embargo, la funcionaria que les atendió las remitió al Registro Civil de Denia.

Allí se encontraron con la negativa del juez encargado, que consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda, que en este caso fue la gestante, se había sometido a inseminación. Como consecuencia de la negativa, la unidad familiar pasó a tener dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con los dos primeros hijos. Otro, solo de Brenda con el tercer hijo, con la consecuente desprotección que ello supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos.

La situación era kafkiana, si se compara con lo sucede con parejas de distinto sexo, a las que cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro no se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre y que la mujer no ha recurrido a otro varón para quedarse embarazada. Es por eso que María José y Brenda pusieron en marcha una petición en change.org que consiguió el respaldo de más de 100.000 firmas y que hace pocos días presentaron ante la propia Dirección General de Registros y Notariado.

Finalmente, la respuesta ha sido positiva, como la propia pareja narra en su blog, MoonMamas. Según explican, la resolución cita el artículo 44 de la Ley del Registro Civil de 2011 (según el cual “También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”). La resolución, en este caso, asegura que “cabe colegir que la intención del legislador ha sido facilitar la determinación de la filiación de los hijos nacidos en el marco de un matrimonio formado por mujeres, independientemente de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida”.

En palabras de María José Torres, “ésto, como me ha dicho uno de los abogados que ha seguido de cerca nuestro caso, es un ladrillo en la historia de la igualdad LGTB en este país. Abre las puertas de otras opciones de embarazo que hasta ahora no eran una opción para las parejas de mujeres en España”. “Esto realmente era uno de nuestros mayores deseos cuando nos lanzamos a mover nuestra reivindicación y realmente nos llena de alegría que no solo se haya arreglado nuestra situación familiar sino que se haya abierto un nuevo camino para muchas otras mujeres y sus bebés“, añade. Si esto es así, se trata sin duda, de una novedad sobre cuyo desarrollo estaremos expectantes.

¡Nuestra enhorabuena a la pareja!

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Más de cien mil firmas, recogidas a través de la plataforma change.org, han sido entregadas este lunes en la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia para pedir que Lennon, el tercer hijo de María José Torres y Brenda Kelleher, pueda ser inscrito como hijo de ambas. Algo que el Registro Civil de Denia se ha negado a hacer si Brenda no demuestra cómo se quedó embarazada. Una petición que jamás se hace a parejas de distinto sexo a la hora de inscribir a sus hijos.

Ya en octubre recogíamos la historia. Lennon, tercer hijo del matrimonio formado por María José y Brenda, nació el 30 de junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron a las oficinas del Ayuntamiento de Benidoleig, la localidad en la que ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos). Sin embargo, la funcionaria que les atendió no quiso hacer el trámite y y las envió al Registro Civil de Denia. Allí se encontraron con la negativa del juez encargado, que consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda, que en este caso fue la gestante, se había sometido a inseminación. Algo que la pareja considera que viola su intimidad, motivo por el cual han recurrido la negativa.

La unidad familiar que conforman María José, Brenda y sus hijos está, en este momento, partida en dos. Tienen dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con sus dos primeros hijos. Otro, de Brenda con el tercer hijo, que por el momento solo tiene reconocida una madre legal, con la consecuente desprotección que ello le supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos. La pareja, por supuesto, se ha negado en redondo a iniciar un proceso de adopción de Lennon por parte de María José, la alternativa que les propusieron si no presentaban la documentación que acredite que Brenda se sometió a reproducción asistida.

La situación es kafkiana, si se compara con lo sucede con parejas de distinto sexo, a las que cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro no se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre y que la mujer no ha recurrido a otro varón para quedarse embarazada. Se trata, pura y simplemente, de un ejercicio de discriminación por razón de orientación sexual. Ejercida en este caso, además, sobre un matrimonio, algo dificil de entender si se tiene en cuenta que el artículo 7.3 de la ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida estipula que “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”.

Es por eso que María José y Brenda pusieron en marcha la petición en change.org, que ya ha conseguido el respaldo de más de 100.000 firmas, que esta mañana han presentado ante la Dirección General de Registros y Notariado junto a representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que las están respaldando en el proceso. Esperamos que se resuelva pronto su caso y se marquen, de una vez por todas, unas directrices claras, no discriminatorias y de obligado cumplimiento para el registro de los hijos de familias homoparentales por parte de jueces y funcionarios, con independencia de sus opiniones o creencias.

Os dejamos con un vídeo, en el que la propia familia de María José y Brenda explica su historia:

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Varias asociaciones firman una propuesta a través de Change

La obra de Richard Cohen mantiene teorías falaces, peligrosas para la salud, insidiosas y alarmistas. Por ello, varias asociaciones LGTB entre las que encontramos al Observatorio Contra la Homofòbia y Roja Directa Andalucía LGTBI han iniciado una campaña para que no se pueda encontrar esta obra en las librerías de nuestro país.

Desde que llegase a las estanterías de nuestro país, el libro ‘Comprender y sanar la homosexualidad’ ha generado polémicas cíclicas.

Y no es de extrañar, Richard Cohen, de 58 años, mantiene un demencial discurso en el que afirma que en los últimos quince años ha “curado” a miles de hombres y mujeres que sentían atracción por personas de su mismo sexo.

Las barbaridades que ha mantenido durante años le han servido a Cohen, que no tiene licencia como terapeuta, para ser expulsado en 2002 de la American Counseling Association (ACA), tras acusado de cometer seis violaciones éticas, entre ellas la de “satisfacer sus necesidades personales a expensas de los clientes”.

Libros Libres es la editorial que ha publicado esta obra en nuestro país. No es casual. Entre su nómina de autores se encuentran María Vallejo-Nágera (hija del Mengele de Franco), el filofranquista Pio Moa o José Luis Olaizola, miembro del Opus Dei… ese es el nivel.

El Observatorio Contra la Homofòbia (OCH) ha puesto en conocimiento de la Generalitat el contenido homófobo del libro ‘Comprender y sanar la homosexualidad’ para que lo retire de las tiendas catalanas. Además, la organización Roja Directa Andalucía LGTBI, ha iniciado una petición en Change para reclamar que el libro no se venda en nuestro país.

En un comunicado enviado a los medios, OCH considera que la obra podría vulnerar la Ley contra la LGTBIfobia que prohíbe los textos con contenido homófobo, por lo que ha pedido que no se ponga a la venta ni se exhiba “en ningún establecimiento del país”.

El colectivo ha exigido una actuación inmediata de la Administración ya que “no es la primera vez” que alertan de la exposición pública de este libro que considera la homosexualidad una enfermedad.

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Dolors Monserrat, ministra de Sanidad

Las personas transexuales viven momentos de gran preocupación. Dos medicamentos fundamentales para ellos, Testex Prolongatum y Meriestra, han dejado de estar presentes en las farmacias españolas. En el caso de Meriestra, de hecho, la comercialización ha quedado suspendida de forma indefinida sin que se hayan hecho públicas las razones, lo que aumenta la sensación de impotencia. Los colectivos LGTB piden respuestas.

El problema sanitario afecta tanto a hombres como a mujeres. En el caso de los varones es el suministro de Testex Prolongatum 250 mg/2 ml, de cuya comercialización en España es titular Desma Laboratorio Farmacéutico, S.L y cuyo principio activo es el cipionato de testosterona, el que está afectado. El problema derivaría, según el laboratorio, de “un aumento de la demanda”. Según una nota hecha pública el 24 de noviembre por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), los problemas en el suministro de este producto “durarán previsiblemente hasta mediados de enero de 2017”. La nota asegura que “se está haciendo una distribución controlada con el fin de que el medicamento llegue a las diferentes entidades de distribución sin generar una rotura de stock”. “Sin embargo, estas unidades son insuficientes por lo que el medicamento puede no encontrarse en todas las oficinas de farmacia”, añade. La AEMPS,que asegura haber iniciado “las gestiones oportunas para intentar importar la presentación de 250 mg/2ml a través del Servicio de Medicamentos en Situaciones Especiales” recomienda mientras tanto como alternativa Testex Prolongatum 100 mg/2 ml (una presentación con una concentración menor, lo que obliga a ajustar el número de inyecciones) o las formas tópicas de testosterona.

Otra posibilidad es recurrir al Reandron, otra forma inyectable de testosterona (undecanoato de testosterona) que en su momento fue retirada por Bayer España después de que el Ministerio rebajara su precio de referencia, al considerar la compañía que ya no le resultaba rentable comercializarlo como medicamento financiado. En estos momentos Reandron sí se encuentra comercializado, pero fuera de la financiación por la sanidad pública y al precio que el laboratorio, ya libre de ataduras, ha fijado. “Esto ya ocurrió con la retirada del Reandron, cuya administración es también intramuscular, y que suponía un tratamiento más efectivo”, ha asegurado Mané Fernández, miembro del equipo coordinador de la FELGTB. “Como hombre transexual, anteriormente tomaba Reandron y ahora mi endocrino me receta Testex. Otros tratamientos alternativos, como los parches hormonales, no son una alternativa viable porque pueden producir alergia, como sucede en mi situación y en la de muchos otros hombres”, ha añadido.

En el caso de las mujeres, el problema deriva de la suspensión de comercialización de Meriestra (valerato de estradiol, comprimidos de 1 y de 2 mg.), de la que es titular en España Novartis Farmacéutica. Una suspensión sobre cuyas razones ni la AEMPS ni el Ministerio de Sanidad (de la que esta al fin y al cabo depende) han hecho pública información al respecto.

“Recibimos todos los días llamadas de personas alarmadas por esta situación y no tenemos respuesta”, ha declarado por ejemplo, Hugo Alonso, responsable del Área Trans de Fundación Triángulo en Extremadura. Una situación que se está produciendo, de hecho, en todo el territorio nacional. “No es posible que en pleno siglo XXI, en Europa, se niegue a una parte de la población el acceso a uno de sus derechos más básicos”, ha declarado el presidente de Triángulo, José María Nuñez. “Por eso, pedimos que el Ministerio actúe de inmediato, garantice un abastecimiento seguro y continuado de Testex y de Meriestra, vuelva a incluir tratamientos hormonales avanzados como el Reandron y ofrezca alternativas cofinanciadas de calidad”, añade, como conclusión, Hugo Alonso.

Los colectivos LGTB se movilizan

El desabastecimiento de estos medicamentos está siendo denunciado por colectivos LGTB de todo el territorio español: las ya mencionadas Triángulo y FELGTB (y las entidades asociadas a esta), la Plataforma por los Derechos Trans… Organizaciones que están planificando diversas acciones de protesta ante el silencio de las autoridades.

Por lo pronto, hay una petición en la plataforma change.org, dirigida a la nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, e iniciada por Marta Corrales, para que estos medicamentos vuelvan ya a las farmacias españolas. Puedes adherirte a la petición aquí.

Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos. Como primera medida, el Ministerio de Sanidad debería explicar qué sucede. Los episodios de desabastecimiento, en muchas ocasiones, no son más que la expresión de un tira y afloja entre los intereses económicos de la industria farmacéutica, por un lado, y las autoridades regulatorias en materia de medicamentos, por otro. Si en este caso es así, el Ministerio debería abandonar su silencio, explicar la situación y tomar todas aquellas medidas que están en su mano para garantizar el correcto abastecimiento y dispensación de medicamentos que son esenciales para un colectivo de ciudadanos por parte de los titulares de su comercialización, tal y como marca la propia legislación española (artículos 2 y 64 de la vigente ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, entre otros).

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Gol por toda la escuadra. No se nos ocurre otra forma de definir lo que El Corte Inglés ha recibido por parte de HazteOír, la organización ultraconservadora que exigió la retirada del spot de la cadena de grandes almacenes que, en el contexto de su campaña de “vuelta al cole”, presentaba a una familia homoparental. El Corte Inglés quiso nadar y guardar la ropa: mantener la campaña hasta el final, pero al finalizar esta retirar definitivamente el spot de su canal de YouTube. Pero posiblemente no contaba con que los ultraconservadores, fieles a su naturaleza venenosa (cual escorpión a hombros de una rana…) no dejarían escapar la oportunidad de vender lo sucedido como un triunfo.

“El Corte Inglés retira su polémico anuncio en el que equiparaba la familia a las uniones homosexuales”, aseguraba el sábado 1 de octubre Actuall, panfleto digital ultraconservador en la órbita de HazteOír.

El texto de la noticia era el siguiente (reproducimos literalmente. Las faltas de concordancia y los errores de redacción no son de nuestra responsabilidad):

Han desaparecido de su canal de Youtube. Los vídeos de la campaña #Vuelta al cole en el que aparecía la polémica publicidad en el que se hacía apología del matrimonio homosexual relegando a las familias, inmensa mayoría de la sociedad ya han sido eliminados por El Corte Inglés.

La campaña ciudadana dirigida por HazteOir.org que recogió más de 21.000 firmas que posteriormente fueron entregadas a la dirección de esta importante empresa ha sido todo un éxito y finalmente han decidido concluir dicha campaña.

Ha sido el propio director de comunicación de El Corte Inglés el que se ha puesto en contacto con HazteOir.org para informar del fin de estos anuncios en el que se atacaba a la familia y que suponía un desprecio a miles de clientes habituales de este centro comercial, muchos de los cuales hicieron notar su malestar a la empresa a través del teléfono.

Bastaba una primera lectura de la noticia para darse cuenta de que básicamente HazteOír aprovechaba para ponerse una medalla que en realidad no merecía. El 1 de octubre, efectivamente, ya no estaba vigente la campaña de la “vuelta al cole”, como por otra parte sucede habitualmente. De hecho, El Corte Inglés acaba de lanzar a lo grande su campaña de “otoño”, que es la que toca en estas fechas. No dudamos de que el director de comunicación se llegara efectivamente a poner en contacto con HazteOír para comunicarles el fin de la campaña. Pero lo que no se desprende del texto es que El Corte Inglés admitiese que retiraba la campaña (de la cual el vídeo de la familia homoparental es solo uno más) antes de que finalizase debido a la presión homófoba.

Los que hacemos dosmanzanas, de hecho, tuvimos durante este domingo una interesante discusión sobre si nos encontrábamos en realidad ante una “no noticia”, y si hacernos eco de ella no era sino servir de altavoz a la campaña de odio de HazteOír. Nuestra decisión fue no publicar nada hasta conocer la versión de El Corte Inglés, de cuyo departamento de Comunicación hemos intentado obtener una respuesta.

Poco a poco, sin embargo, empezábamos a apreciar indicios de que la cadena de grandes almacenes ha querido jugar a la equidistancia. Es un hecho que no retiraron la campaña en su momento, pero también lo es que ninguno de sus vídeos son ya accesibles en su canal de YouTube, en el que sin embargo es posible encontrar muchos otros vídeos anteriores. Algo sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que al menos el vídeo protagonista de la polémica (una entrañable escena de dos padres peleándose por quién forra mejor los libros de su hijo) es una producción publicitaria especialmente destacada y que había conseguido un gran eco mediático…

Y a lo largo del día de hoy, muchos otros medios, con más capacidad de influencia y medios que este humilde blog, sí que conseguían una “explicación” de El Corte Inglés al hecho de que el mencionado vídeo hubiese desaparecido. “La versión oficial que el equipo de prensa de El Corte Inglés ha comunicado a BuzzFeed España aduce la caducidad de los derechos musicales de la campaña como causa de la retirada”, cuenta por ejemplo BuzzFeed España. “No tenemos posición política ni en un sentido ni en otro. No nos pronunciamos porque queremos respetar las sensibilidades de todo el mundo”, asegura BuzzFeed que han respondido desde El Corte Inglés al ser cuestionados sobre su posición ante las quejas de HazteOír.

Una explicación extremadamente curiosa por lo que al vídeo del que hablamos respecta… porque carece enteramente de música:

Enorme torpeza de El Corte Inglés

No estamos en la mente de los gestores del El Corte Inglés. Pero no resulta difícil de imaginar que han querido nadar y guardar la ropa: no ofender de forma evidente a todas las personas que pensaban que retirar el vídeo hubiera sido una cobarde cesión ante la homofobia (la petición en change.org pidiendo a El Corte Inglés que no retirara el spot alcanzó los 71.000 firmantes, frente a los 21.000 de la iniciativa de HazteOír) pero acabar invisibilizando el spot una vez finalizada la campaña para poner fin al acoso.

Pero no les ha salido muy bien que digamos: HazteOír ha maniobrado para conseguir su cuota de repercusión mediática… y lo ha conseguido con creces. Este lunes la noticia de la retirada del vídeo está en todos los medios generalistas del país. Los colectivos LGTB exigen explicaciones. Y la imagen de El Corte Inglés, incapaz hasta este momento de emitir un desmentido oficial o de reponer el vídeo a su canal de YouTube para acallar las críticas, por los suelos, convertido a estas horas en trending topic (no precisamente de forma positiva) y con su imagen seriamente deteriorada. Quizá alguien en el departamento de Comunicación de esa casa aprenda por fin hoy cuál es la verdadera naturaleza de los escorpiones.

Fuente Dosmanzanas

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