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Desautorizan el intento de prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico

Sábado, 2 de abril de 2016
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33677_cesar-miranda-puerto-ricoEl Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico ha asegurado que la reciente órden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan por la que se prohibía la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo carece de validez frente al fallo de la Corte Suprema estadounidense

En junio de 2015, el Tribunal Supremo de EEUU invalidó las prohibiciones estatales que impedían la legalización del matrimonio igualitario a nivel federal, algo que vincula al gobierno de Puerto Rico a iniciar los procedimientos para reconocerlo.

No obstante, desde ese momento se han sucedido varios intentos desde el ámbito judicial de la isla caribeña para limitar los derechos matrimoniales de las parejas homosexuales, en virtud de las demandas de los sectores religiosos y ultrarreacionarios.

29152_firma-pareja-de-hombresA principios de mes, el Gobernador del Estado Libre Asociado Alejandro García Padilla aseguró que el derecho estaba suficientemente garantizado a pesar de los citados intentos para mermar su reconocimiento. No obstante, tras la orden emitida por el juez federal Juan Pérez Giménez el Gobierno ha tenido que volver a garantizarlo de cara a la opinión pública.

El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, aclaró que los entre personas del mismo sexo continúan siendo válidos, a pesar del dictamen emimtido en el Distrito de San Juan. En sus propias palabras:

La orden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan no altera la validez de los matrimonios contraídos en Puerto Rico entre parejas del mismo sexo y tampoco impide darle reconocimiento a aquellos matrimonios contraídos en otras jurisdicciones. La interpretación del DJ es que la decisión no altera el estado de derecho que se estableció en Puerto Rico cuando el Tribunal Supremo Federal decidió el caso de Obergefell v. Hodges en el que se reconoció, como asunto de derecho constitucional federal, que el derecho al matrimonio es un derecho fundamental y que por lo tanto, no se le puede negar ese derecho constitucional a las parejas del mismo sexo”

De esta manera, el derecho a la solicitud de licencias matrimoniales en el Departamento de Salud queda inalterado, ya que como declaró el gobernador García Padilla, el Gobierno del Estado asociado respetará las determinaciones de los tribunales de mayor jerarquía, que en este caso recaen en el Tribunal del Primer Circuito de Boston y la propia Corte Suprema estadounidense.

Fuente justicia.pr.gov / Redacción chueca

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El gobernador de Puerto Rico garantiza el matrimonio igualitario

Lunes, 14 de marzo de 2016
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780x580-television-25165-2016-1-16-174454sen_apadillaEl juez federal Juan M. Pérez-Giménez ha dictaminado sorprendentemente que el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de junio de 2015, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, no es de aplicación en Puerto Rico al no ser un estado integrado, sino un territorio. El juez Pérez-Giménez fue quien en su día dictó la constitucionalidad de la ley puertorriqueña que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, en una sentencia que se distanciaba jurídicamente de la inmensa mayoría de las dictadas por los tribunales federales y cortes de apelación hasta ese momento. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha comunicado que el Gobierno de la isla seguirá acatando las sentencias de los tribunales de superior jerarquía, sin que el fallo del juez Pérez-Giménez elimine ningún derecho a las parejas del mismo sexo puertorriqueñas.

Alejandro García Padilla, máximo mandatario de Puerto Rico, ha anunciado que pese a las presiones por parte de la justicia de la isla caribeña, el estado mantendrá con absoluta rotundidad el matrimonio igualitario en los mismos términos que los respaldados el año pasado por el Tribunal Supremo estadounidense.

Esto se debe a que un magistrado de Puerto Rico dictaminó que el matrimonio igualitario aprobado a nivel nacional por la Corte Suprema, no es aplicable a la isla porque no es un estado sino un territorio estadounidense. Juan Pérez Giménez, juez de Distrito de Puerto Rico, lleva tiempo cabalgando en una cruzada personal contra el matrimonio igualitario.

Una batalla abierta contra la Diversidad que desde hace meses se apoya en la influencia de la Iglesia Católica en la isla y en los sectores más conservadores del estado.

Hace unos meses, el legislador intentaba asestar un golpe de efecto contra los derechos de la comunidad LGTB e intentaba confirmar la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico.

En octubre de 2014, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era plenamente constitucional, tras la demanda impuesta por Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez.  Ambas reclamaban que el matrimonio que habían contraído en el estado de Massachusetts en 2004 fuese reconocido por las autoridades puertorriqueñas. Tras el fallo negativo, las demandantes recurrieron ante la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, radicada en Boston, bajo cuya jurisdicción se encuentra Puerto Rico.

La Corte de Apelaciones de Boston aplazó su decisión hasta que decidiera al respecto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien finalmente declaró inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras la sentencia del alto tribunal, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atentaba contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales. La Corte de Apelaciones también instó al juez Pérez-Giménez, en una orden fechada el 8 de julio de 2015, a que dictase nueva sentencia a la luz de la decisión del Tribunal Supremo.

Tras la histórica sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo de EEUU con la que se declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, Pérez Giménez se enrocaba en su posición inicial y llegaba a afirmar que la decisión del Tribunal Supremo no se podía aplicar a Puerto Rico, ya que no es un estado. El magistrado Juan Pérez Giménez ha provocado la confusión sobre el futuro del matrimonio igualitario en Puerto Rico, debido a un inesperado fallo, emitido el 8 de marzo, en el que afirma que cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos permite el matrimonio igualitario, hace alusión a los estados de la unión, pero no menciona territorios como Puerto Rico, no incorporado como estado. En una decisión que ha sorprendido a propios y extraños, ha dictaminado que la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense es únicamente vinculante para los estados miembros de la unión, pero no para los territorios vinculados como Puerto Rico y que, por lo tanto, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer establecida en el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico sigue vigente. Según el juez, el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo puertorriqueñas requeriría de una orden adicional por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o del Tribunal Supremo de Puerto Rico; o bien de una legislación especial por parte del Congreso de Estados Unidos en el ejercicio de los poderes conferidos bajo la cláusula territorial o de algún estatuto adoptado por la Legislatura de Puerto Rico que enmiende o derogue el artículo 68.

 El fallo también rechaza una moción interpuesta por la organización Lambda Legal y el gobierno del Puerto Rico para levantar la prohibición del matrimonio igualitario en la isla, por lo que no estaba claro si el gobierno de Puerto Rico dejará de emitir licencias matrimoniales. El Departamento de Justicia de la isla ha remitido todas las reclamaciones a la oficina del gobernador, y a pesar de que han nombrado a un portavoz para responder a todas las preguntas, todavía no ha resuelto las numerosas dudas que ha despertado el asunto.

La comunidad LGTB de la isla no ha tardado en manifestarse en contra del magistrado, dado que su fallo va en contra de la decisión del Supremo estadounidense, que en julio del año pasado validó el matrimonio igualitario en todos los estados, incluyendo Puerto Rico, donde se celebró una boda masiva en la que decenas de parejas se juraron amor eterno, legalizando su relación. “Creemos que esta orden es errónea”, afirma Omar González, abogado de Lambda Legal, “es algo que no podemos permitir”, señalando que el fallo no invalida las docenas de matrimonios que se ha efectuado ya en la isla. En la misma línea, el activista por los derechos humanos, Pedro Julio Serrano, proclama que “es una vergüenza que el matrimonio para parejas del mismo sexo haya sido impuesto por la Corte suprema de Estados Unidos y no autorizado por la legislatura de Puerto Rico”.

El presidente del senado, Eduardo Bhatia, ha calificado de insólito el fallo del magistrado por considerar que “constituye una de las ironías más grandes en tiempos recientes (…). Me parece insólito que el propio tribual federal en la isla ignore que en Puerto Rico aplican los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos”.

Tras el revuelo causado por este dictamen , el gobernador de Puerto Rico ha intervenido para detener esta absurda travesía hacia el pasado. De este modo, Alejandro García Padilla, afirmaba en un comunicado que:

El derecho fundamental al matrimonio ha sido ordenado por el Tribunal Supremo de EEUU y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. Por lo tanto, voy a respetar las resoluciones de los tribunales superiores que, afortunadamente, están muy alejadas de las ideas del juez Juan Pérez Giménez.”

Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, precisó que “la orden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan no altera la validez de los matrimonios contraídos en Puerto Rico entre parejas del mismo sexo y tampoco impide darle reconocimiento a aquellos matrimonios contraídos en otras jurisdicciones”.

En opinión del abogado constitucionalista Carlos Ramos, la decisión del juez Pérez-Giménez no afecta al derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, pues “el estado de derecho en Puerto Rico es la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La decisión del juez Pérez Giménez, que a mi juicio es errada, es inconsecuente para el estado de derecho en Puerto Rico. Nadie tiene que preocuparse de que pueda ejercer su derecho fundamental a casarse y que el Código Civil de Puerto Rico no es un impedimento”.

Quienes sí que están afectadas por la inexplicable sentencia del juez Pérez-Giménez son Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que se verán obligadas a recurrirla ante la Corte de Apelaciones de Boston. Según estima Ana Conde Vidal, la decisión de Pérez-Giménez es un “absurdo jurídico” porque la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito “ya le había solicitado que decidiera a tenor con lo que había decidido el Tribunal Supremo”. Ana Conde Vidal, que también es abogada, declaraba que “definitivamente, vamos a apelar la decisión. Entendemos que cuando esto vaya a Boston no va a ser mayor controversia y va a ser una decisión rápida cuando le digan: ‘aténgase a las consecuencias de nuestra orden del 8 de julio de 2015’”.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés), también han criticado que las leyes que prohíben el matrimonio igualitario, como en el caso de Puerto Rico, sigan en los textos y códigos legales, a pesar de no poder ser aplicadas. ACLU se dirige a los legisladores puertorriqueños indicándoles que “si realmente creen en la equidad están obligados a tomar acción para derogar los artículos del Código Civil de Puerto Rico”.

Fuente Agencias/ Redacción Chueca/Dosmanzanas

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Un tribunal de Puerto Rico reconoce por primera vez una adopción homoparental

Miércoles, 16 de diciembre de 2015
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12346558_10153315546533437_6277255026001375459_nÁngeles Acosta y Carmen Milagros Vélez con su hija Juliana, Foto del Facebook de Pedro Julio Serrano

Nuevo avance de los derechos LGTB en Puerto Rico, apenas cinco meses después de que comenzasen las bodas entre personas del mismo sexo en el estado libre asociado, sujeto a la jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (y por tanto a la histórica sentencia que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario). En esta ocasión, una decisión judicial local ha reconocido por primera vez una adopción homoparental. Ya en julio el gobierno de Puerto Rico había ordenado no discriminar a las familias LGTB en el acceso a la adopción, pero es ahora cuando la justicia puertorriqueña falla por fin a favor de una familia cuya lucha se había convertido en todo un símbolo.

Ángeles Acosta y Carmen Milagros Vélez llevaban años intentando que Juliana, hija biológica de Vélez, fuera adoptada por Acosta (su pareja desde hace 25 años) de forma que la adolescente, de 15 años de edad, llevase los apellidos y fuese reconocida como hija de ambas en igualdad de condiciones. En el año 2013, sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico les negó esta posibilidad pese a que el embarazo fue planificado por ambas y logrado mediante inseminación artificial, y que la pareja había contraído matrimonio un año antes en Nueva York (matrimonio que por entonces no era legalmente reconocido en Puerto Rico).

En aquella ocasión el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por una ajustada mayoría de cinco votos a cuatro, consideró que la discriminación por razones de orientación sexual no estaba prohibido en la Constitución local, avalando además el criterio de que la familia tradicional era la que protegía mejor el bienestar de los menores. Una decisión que entonces recogimos en dosmanzanas y que fue considerada un duro golpe a la igualdad por los defensores de los derechos LGTB.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, catalizador del cambio

El contexto jurídico, sin embargo, ha dado un giro de 180 grados tras la decisión del Supremo estadounidense del pasado junio, y que ha generado una cascada de normas para eliminar la discriminación de las personas LGTB. Entre ellas la Orden Administrativa 2016-01, que fue emitida por la secretaria de Familia de Puerto Rico, Idalia Colón, que decretaba que los empleados de su departamento debían mostrar un trato igualitario a las familias LGTB y establecía, entre otras medidas, que “los trabajadores sociales y técnicos de servicios a la familia que de alguna y otra forma atienden a esta población en los programas de Protección de Menores y de Cuidado Sustituto y Adopción, tendrán la responsabilidad de realizar su trabajo de manera imparcial y sin prejuicios. La directriz aplicará de manera inmediata y de igual forma aplicará a todo el personal que procese solicitudes de servicios en el Secretariado, la Acuden (Administración para el Cuidado y Desarrollo integral de la Niñez), Adsef (Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia) y Asume (Administración de Sustento de Menores)”.

Sin embargo no ha sido hasta ahora, varios meses después, cuando un tribunal de primera instancia de San Juan ha concedido por fin la adopción a Ángeles Acosta de la que siempre ha sido su hija. “Es un día maravilloso para nuestra familia, pero pienso que también es maravilloso para todas nuestras familias, todas las familias diversas, para todos a los que nos han hecho sentir que no somos una familia legítima. Esta vista ha sido hermosa”, declaraba Carmen Milagros Vélez, una vez conocida le decisión. Una decisión que ha sido saludada por el propio secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, como “histórica” y como un nuevo logro de los derechos civiles en la isla caribeña.

“¡HISTÓRICO! Se logra la primera adopción por una pareja del mismo sexo en Puerto Rico. El Estado al fin reconoce -lo que siempre ha sido- que Juliana María Acosta Vélez tiene dos mamás: Angeles y Carmen Milagros. El amor siempre vence. #‎AmorEsAmor”, se felicitaba en Facebook el activista puertorriqueño Pedro Julio Serrano.

Sin duda, un gran paso adelante que convierte en realidad lo que hasta ahora era un cambio legal. ¡Nuestra enhorabuena a la feliz familia! Os dejamos con un vídeo de El Nuevo Día con declaraciones de las dos madres:

Fuente Dosmanzanas

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Puerto Rico seguirá el ejemplo de Estados Unidos y legalizará el matrimonio gay

Jueves, 2 de julio de 2015
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114141_gayEl Estado Libre Asociado de Estados Unidos se unirá al resto de los 50 estados en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo después de que el gobernador, Alejandro García Padilla, dijera que Puerto Rico seguirá su ejemplo.

El gobernador reconoció que la mayor oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo proviene del sector católico pero dijo: “Les pido a todos los que son gente de fe como yo que entiendan que nadie está autorizado a imponer sus creencias religiosas sobre los demás.”

Puerto Rico anunció que iba a dejar de defender su prohibición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en marzo, con el gobernador diciendo: “La república no puede responsablemente avanzar ante este tribunal cualquier interés lo suficientemente importante o de peso para justificar el trato diferenciado que ofrece hasta ahora a la parte demandante“.

El secretario de Justicia, César Miranda, dijo que la sentencia del Tribunal Supremo era “un gran paso en la búsqueda de la igualdad de derechos” y afirmó que “no se puede negar a las personas el derecho a amar.”

José Rodríguez del Grupo de Heterosexuales en Favor de la Igualdad, dijo: “Es realmente el momento de hacer de Puerto Rico una sociedad más justa y equitativa, y no depender de las decisiones del exterior para lograr este objetivo”.

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La Corte de Apelaciones no decidirá sobre el matrimonio igualitario en Puerto Rico hasta la sentencia del Tribunal Supremo

Viernes, 17 de abril de 2015
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6a011571da2408970b01b8d0de49e4970cLa Corte de Apelaciones del 1er. Circuito no escuchará los argumentos orales en el caso de la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico hasta el fallo al respecto del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este último se espera que se produzca a finales del próximo mes de junio, fecha a partir de la cual la Corte de Apelaciones fijará el calendario de audiencias.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston paralizó el martes el caso sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico en espera de la decisión que emitiría en junio la Corte Suprema de Estados Unidos en casos similares sometidos a su consideración. “En vista de los casos que se encuentran ante la Corte Suprema, entendemos que en este momento es prematuro fijar una fecha para argumentaciones orales”, señala la determinación. La corte apelativa estableció que 14 días después de la decisión del Supremo, las partes en el caso puertorriqueño deberán acordar una fecha para cualquier procedimiento futuro.

La determinación surge en respuesta a la demanda que varias parejas gay radicaron en Puerto Rico hace poco más de un año impugnando la constitucionalidad de diversas leyes locales, como la que define al matrimonio como el celebrado entre un hombre y una mujer, y las que prohíben los casamientos entre homosexuales y el reconocimiento jurídico de esos enlaces.

En una orden ejecutiva fechada este 14 de abril, la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito ha denegado la solicitud de los demandantes de fijar la fecha de presentación de los argumentos orales en el recurso presentado contra la sentencia del juez Juan M. Pérez-Giménez, que ratificaba la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico. En cambio, la Corte sí ha establecido que en el plazo de 14 días desde la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario dictadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, las partes presenten sus propuestas de calendario para los procedimientos pendientes. Se espera que la decisión del alto tribunal tenga lugar a finales del próximo mes de junio.

Esta decisión ha resultado decepcionante para muchos, toda vez que la composición de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito parece en principio favorable a los derechos LGTB. Sin embargo, este tribunal no ha tenido hasta ahora oportunidad de dirimir sobre la cuestión del matrimonio igualitario, porque en el resto de los estados de su jurisdicción, Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island, ha sido aprobado por decisión de sus Cortes Supremas, sus Parlamentos o mediante referéndum. El Departamento de Justicia puertorriqueño había defendido las leyes antes de que un juez federal las ratificara, pero ese fallo fue apelado ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston

Las esperanzas sobre un fallo positivo se habían avivado aún más después de que la Fiscalía de Puerto Rico comunicase que no defendería ante el tribunal la sentencia del juez Pérez-Giménez. En marzo, en un cambio radical que sorprendió a muchos, el Departamento de Justicia anunció que no defenderá las leyes que prohíben el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El secretario de Justicia, César Miranda, dijo que el gobierno ya no puede continuar discriminando a la comunidad gay. Según el funcionario, el matrimonio debe estar disponible para todas las personas que se aman y se cuidan unas a otras, que trabajan y contribuyen a la sociedad como las demás.

Los expertos, no obstante, no ven en esta decisión una actitud hostil o reacia a los derechos LGTB por parte de la Corte de Apelaciones, sino simplemente un problema de calendario. Fijar audiencias para la presentación de los argumentos orales favorables, las réplicas y contrarréplicas, más la recepción de todo tipo de informes y propuestas por parte de asociaciones y organismos implicados, ajustándose a los plazos establecidos en la normativa judicial, haría que un fallo rápido de la Corte de Apelaciones tuviera lugar, como muy pronto, a mediados de junio. Todo ello sin que se produjeran demoras no previstas. Una fecha demasiado próxima a la prevista para el fallo del Tribunal Supremo como para que la Corte de Apelaciones no la tenga en cuenta. Parecida decisión tomó la Corte de Apelaciones de 11º Circuito en los recursos de Florida y Alabama, aunque en ambos casos las sentencias apeladas eran favorable

Aunque el gobernador Alejandro García Padilla ha dicho reiteradamente que no apoya los casamientos entre personas del mismo sexo, manifestó que no corresponde a ningún político imponer su credo, por lo que está a favor del cambio.

La Corte Suprema federal tiene previsto emitir a finales de junio un fallo sobre diversos casos de matrimonio gay. La decisión también deberá ser acatada en este territorio estadounidense.

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La Justicia despeja el camino para el matrimonio igualitario en Puerto Rico

Lunes, 23 de marzo de 2015
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114141_gayComo ya habíamos adelantado, el Departamento de Justicia (DJ) anunció el pasado viernes que el gobierno de Puerto Rico no defenderá la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, según lo dispuesto en el Artículo 68 del Código Civil, “porque las leyes que defienden el matrimonio tienen que respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

El anuncio, que fue realizado durante una conferencia de prensa en la sede de Justicia, en Miramar, se produjo al vencerse el plazo para que el gobierno de Puerto Rico presentara su argumentación escrita como parte del proceso de apelación de un caso federal interpuesto por cinco parejas homosexuales que solicitan que se validen en la isla sus derechos como matrimonios.

“El día de hoy es importante para el país. Los he convocado para esta conferencia de prensa que a mí entender tiene matices históricos para nuestra ciudadanía y el entorno jurídico del pueblo de Puerto Rico”, comenzó diciendo el secretario de Justicia, César Miranda, al hacer el anuncio ante una sala llena de medios de comunicación. “El Departamento de Justicia, en la presentación que entregará, y por trabajo de la procuradora general del Estado Libre Asociado, Margarita Mercado, hemos concluido que ante el estado de derecho actual no se justifica ni es correcto el defender la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que promulga que el matrimonio será solo entre un hombre y una mujer”, declaró Miranda.

El funcionario agregó que la determinación de Justicia se tomó porque, jurídicamente y éticamente, “no es correcto” que a unos ciudadanos en la isla se les nieguen los derechos que otros disfrutan por “motivos de orientación sexual”. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, que se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a nuestra sociedad igual que los demás”, agregó el funcionario.

Inmediatamente después que se hiciera pública la postura del Departamento de Justicia, el gobernador Alejandro García Padilla emitió unas declaraciones escritas en las que apoyó la determinación de Justicia de no rebatir el reclamo de los demandantes que soliciten se declare inconstitucional la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo y afirmó que su deber como primer ejecutivo es “adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana”. “El pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América. El desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable. Esto es, que nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo”, manifestó el gobernador.

Este caso se remonta a marzo del pasado año, cuando Ada Conde Vidal, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (FDH), presentó una demanda en el Tribunal Federal para que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo el matrimonio que contrajo con su pareja, Ivonne Álvarez Vélez, en el estado de Massachusetts.

En la demanda presentada junto a Álvarez Vélez y otras cuatro parejas en contra de la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, la licenciada Conde Vidal solicitó un interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Posteriormente, en octubre de 2014, el juez federal Juan Pérez Giménez desestimó la demanda, por lo que las demandantes recurrieron al Circuito de Apelaciones de Boston. Desde ese entonces, el secretario de Justicia ya había señalado que el gobierno del Estado Libre Asociado se allanaría a la decisión que se emitiera en Boston.

La determinación del Gobierno hecha pública hoy, había sido adelantada en un escrito del periódico El Nuevo Día el pasado lunes. Ese día, este medio señaló que el Gobierno contemplaba anunciar esta semana su cambio de postura en torno al apoyo al estatuto puertorriqueño, que solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Miranda explicó que el cambio de posición del Gobierno con respecto a la argumentación inicial ante Pérez Giménez fue producto del cambio en el estado de derecho, como el Defense of Marriage Act (DOMA), de 2013. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el Congreso violó la cláusula de igual protección de las leyes al definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre una mujer y un hombre en esa ley. Tras esta decisión, la inmensa mayoría de las cortes federales han concluido que la definición de matrimonio limitada a un hombre y una mujer no es constitucionalmente válida.

A preguntas de la prensa, Miranda reconoció que si el Circuito de Apelaciones de Boston declara inconstitucional el Artículo 68, “es que la prohibición para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en Puerto Rico dejaría de existir”.

“Obviamente, hay que decir que el tribunal podría emitir esa decisión”, indicó Miranda, quien expresó que igualmente podría pedir tiempo en lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve los casos que tiene planteados.

Alegría entre los defensores del matrimonio igualitario

“Puerto Rico finalmente se une a la corriente mundial. Esta Administración sigue haciendo historia en la defensa, expansión y reconocimiento de los derechos humanos”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

“La igualdad en el matrimonio y la libertad de amar y constituir un hogar con quien uno quiera es un derecho fundamental que debe ser respetado”, dijo en línea con los argumentos expresados este viernes por el secretario de Justicia de la isla, César Miranda, al anunciar este cambio de postura del Gobierno.

Quienes sí celebraron esta decisión, como era previsible, fueron las organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGBT, como Lambda Legal, que representa a cuatro de las parejas que presentaron la demanda que ha dado motivo a este pronunciamiento del Gobierno ante el Tribunal de Apelaciones de Boston. Omar González-Pagan, del equipo de Lambda Legal, expresaba su satisfacción porque “al no seguir defendiendo la prohibición discriminatoria del matrimonio para personas LGBTT en la isla, el gobierno de Puerto Rico por fin reconoce que negarle el matrimonio a las personas LGBTT es nocivo y no puede ser justificado. El único objetivo de la prohibición es perpetuar la discriminación y eso es simplemente injusto. Las parejas del mismo sexo, las personas LGBTT y sus familias son parte de la rica cultura y sociedad puertorriqueña. Las acciones tomadas en el día de hoy cumplen las promesas constitucionales de justicia e igualdad para las personas LGBTT en Puerto Rico. Puramente, la discriminación nunca está en los mejores intereses de Puerto Rico”.

Pedro Julio Serrano, presidente de la organización LGTB Puerto Rico Para Tod@s, estimaba que “las luchas no se ganan en un solo día. Son producto del sacrificio de mucha gente. Hoy es un gran día. Es un día histórico. Siempre lo he dicho, la igualdad es inevitable. El gobernador hoy se coloca en el lado correcto de la historia. Por muchos años, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y transexuales hemos sido tan pisoteadas, que cuando se nos afirma, es maravilloso. Y más cuando es el gobierno que al fin te reconoce como el ser humano digno y pleno que eres”. El activista expresaba también su esperanza: “Ahora solo falta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito haga lo correcto, validar la dignidad de todas las parejas reconociendo el derecho al matrimonio a las personas LGBTT. Estamos a un paso de la igualdad matrimonial. Venceremos”.

Igualmente, la presidenta del Caucus LGBT del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, dijo en un escrito que las familias LGBTT puertorriqueñas deben tener los mismos derechos, responsabilidades y respeto que el resto de las familias. “Aplaudimos y agradecemos al gobernador Alejandro García Padilla y su Administración por escoger estar en el lado correcto de la historia en el tema  del matrimonio igualitario. Su cambio de posición es esperanzador”, afirmó.

Desde la presidencia de Freedom to Marry, Evan Wolfson felicitó al Gobierno por sumarse a la “larga lista de funcionarios electos, incluyendo conservadores y representantes latinos de Estados Unidos, que creen que no hay razón legítima para la discriminación del matrimonio a las parejas del mismo sexo”.

Ricky Martin, la estrella puertorriqueña más internacional, ha declarado:

Mi agradecimiento al Gobernador Alejandro García Padilla por demostrar que es un líder que no teme al los retos del presente. Su respaldo a la determinación del Tribunal de Boston sobre el matrimonio igualitario hace justicia a la igualdad. Mi reconocimiento a Senadores y Representantes y a mis hermanas y hermanos que se unieron a esta lucha por la igualdad y los derechos humanos. Hoy es un gran día para mi Isla, el corazón se me sale del pecho. Que orgulloso estoy de vivir en un País de igualdad. Te amo Puerto Rico.

Pero no todas las reacciones han sido positivas. María Milagros Charbonier, representante del opositor Partido Nuevo Progresista, partidario de la anexión completa a los Estados Unidos, describía la decisión de la administración de García Padilla como una “bofetada a la sociedad portorriqueña”. Para la política, “este gobernador ha jugado con el pueblo cristiano. Esto es un abuso de primer orden”, calificando la decisión como “una muestra clara del cinismo que permea a esta administración” y “una afrenta al pueblo cristiano”.mientras que el senador Angel Chayanne Martínez habló de “desilusión con el errático Gobierno de turno” que quiere “dividir y sembrar la discordia”.

La Iglesia de Puerto Rico pide referéndum sobre matrimonio igualitario

275a656be6813081fa5bc56733ea17ff(Muy alegres y contentas sus ilustrísimas: A la izquierda el obispo de Arecibo Daniel Fernández Torres y a la derecha el de San Juan, Roberto González Nieves )

La Iglesia Católica expresó su disconformidad con la determinación de Justicia: “A este tipo de imposición por parte del Estado el papa Francisco la ha llamado colonización ideológica”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, quien en un comunicado calificó la decisión del Gobierno de “muy lamentable y desconcertante”. Además, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, quien ya se ha manifestado contrario a los derechos LGTB , propuso un referéndum para que los ciudadanos expresen su opinión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.

“Exhortamos a nuestro pueblo a iniciar un proceso para que una decisión de esta magnitud y trascendencia histórica se decida mediante un referéndum donde los ciudadanos y ciudadanas se expresen. De no ser así se trataría de una imposición dictatorial par parte del Estado”, dijo González Nieves.

“La postura del gobernador de no defender la legislación actual que solo permite la validez y el reconocimiento del matrimonio hombre y mujer es muy lamentable y desconcertante. Nos llena de tristeza. El deber ministerial del Gobierno debió ser defender la constitucionalidad de la legislación actual como lo hizo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y tal y como resolvió dicho tribunal”, lee el comunicado enviado por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.

“No se puede avanzar en la promoción de derechos humanos cuando se redefine y se debilita la institución familiar que es la célula vital y fundante de toda sociedad desde el comienzo de la historia humana. Hoy, la voz del sentir mayoritario de nuestro pueblo se ha quedado sin oídos que lo escuchen en la más alta esfera de su Gobierno. El deber del Estado es ser fiel a los valores y la cultura de un pueblo y nación, no redefinirlos. Hoy, el Estado envía un mensaje equivocado a nuestra niñez y juventud”, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves

A su juicio “el deber ministerial” del Gobierno es defender, como había hecho hasta ahora, la constitucionalidad de la legislación actual, que en el Artículo 68 del Código Civil -que se rebate estos días ante la Justicia federal- restringe el matrimonio a las uniones entre hombre y mujer. “Queremos una sociedad que acoja, acompañe, ame y proteja los legítimos derechos de sus hijos e hijas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero. Queremos una sociedad que ore por ellos y ellas y que condene y erradique los crímenes de odio. Por eso pedimos igualdad, respeto y tolerancia”, afirmó.  Sin embargo, “esto no justifica que su unión sea análoga al matrimonio hombre y mujer, única unión capaz de transmitir vida y que refleja el designio del creador. El Estado tiene que resolver este reclamo de otra manera”.

El obispo de la localidad de Arecibo, Daniel Fernández Torres, también lamentó esta decisión, porque “la naturaleza no cambia” y “no se puede reclamar trato igual a lo que por naturaleza no es igual“. “No es lo mismo el efecto de las decisiones de las personas sobre su vida privada que el efecto público de llamar matrimonio a lo que por naturaleza no lo es. Es lamentable que se hayan traicionado de este modo lo valores fundamentales de nuestro pueblo y el futuro de nuestro país”, dijo en un comunicado.

wanda rolon yo le-500x500La conocida pastora Wanda Rolón, apóstol de la iglesia Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua, dijo igualmente que es “un día nefasto para la historia de Puerto Rico. (Desde el Gobierno) se revelaron contra el mismo Dios, pero Jehová no ha perdido una sola batalla. Sigamos orando”.

A estos comentarios de crítica y censura, el propio secretario de Justicia, César Miranda, se adelantó el viernes cuando durante la conferencia de prensa en la que anunció el cambio de actitud del Gobierno dijo profesar “todos mis respetos”. Miranda insistió en que respeta “absolutamente” la opinión de todos respecto a este asunto, pero incidió en que “todos los puertorriqueños y puertorriqueñas somos iguales ante la ley”. “Por motivos de orientación sexual en Puerto Rico a unas personas se les niega lo que a otros se les concede, y eso no es correcto ni jurídica ni éticamente”, defendió, “particularmente cuando jurídicamente no tienen otra alternativa”. Añadió que las parejas heterosexuales se transmiten entre sí múltiples derechos y protecciones por virtud del matrimonio. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a esta sociedad igual que los demás”, dijo.

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El Gobierno de Puerto Rico se replantea cambiar su rechazo contra el matrimonio igualitario en la isla

Jueves, 19 de marzo de 2015
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puerto_rico_gay_marriageActivistas se manifiestas durante la celebración del Orgullo LGTB en San Juan de Puerto Rico (2013)

Tradicionalmente el Gobierno se ha opuesto a reconocer ese derecho y el gobernante Partido Popular Democrático (PPD) se ha posicionado en contra, pero el actual secretario de Justicia ha reconocido en una entrevista que se está barajando un cambio de postura.

El Gobierno de Puerto Rico se está replanteando su tradicional oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, un asunto muy polémico en la isla y que se dirime estos meses en los tribunales de la Justicia federal.

En una entrevista, el secretario de Justicia, César Miranda, explicó que antes del viernes el Gobierno tiene que pronunciarse al respecto ante el Tribunal de Apelaciones de Boston (EE.UU.). Esa instancia judicial estudia el recurso interpuesto por cinco parejas homosexuales que reclaman a la Justicia que sus matrimonios contraídos en otros estados de EE.UU. sean reconocidos en Puerto Rico.

El pasado octubre la Justicia federal rechazó la demanda que estas parejas, encabezadas por la activista Ada Conde y su esposa, Ivonne Álvarez, buscando que se declarara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, que establece el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.

“De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el Estado Libre Asociado (de Puerto Rico) no está obligado a reconocer tales uniones”, dijo el juez federal Juan Pérez Giménez para argumentar su decisión. En su opinión, la política puertorriqueña en esta materia no deben decidirla los jueces, sino el poder legislativo de la isla, tras el debate entre la ciudadanía y sus representantes electos.

Dentro de este mismo partido, el legislador Luis Vega Ramos celebró que se “dé el paso de avanzada de reconocer la legitimidad de los matrimonios válidamente contraídos sin tomar en cuenta la identidad de género de sus partes”. “Con esa posición, Puerto Rico se pondría a la vanguardia en la defensa y afirmación de los derechos humanos”, afirmó en un comunicado el también presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

Incluso el presidente del Senado de Puerto Rico y miembro también del partido gobernante, Eduardo Bhatia, aplaudió la idea, después de haber anunciado la semana pasada junto a otros senadores que se uniría al pleito impulsado por Ana Conde y su esposa: “Yo estoy claro de cuál es la posición mía, firme y sólida desde hace tiempo: La Constitución de Puerto Rico reconoce que la ley está hecha para todos y todos somos iguales ante la ley y eso significa que no importa la orientación sexual“, dijo en declaraciones a la prensa.

La propia Ada Conde, que se casó con Ivonne Álvarez en el estado de Massachusetts hace más de una década, dijo a la emisora local Radio Isla que es “increíble” que Puerto Rico, que tiene “tantas disposiciones contra el ‘discrimen'” y una “Constitución tan avanzada”, aún no reconozca este tipo de enlaces.

El exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU. Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral. Además, incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

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La Justicia de Puerto Rico pide a la federal que desestime la demanda presentada por varias parejas homosexuales

Jueves, 4 de septiembre de 2014
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ADA CONDEAda Conde e Ivonne Álvarez

Reclaman que sus matrimonios contraídos en otros estados sean reconocidos en la isla, algo que han criticado las organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT.

La Justicia de Puerto Rico ha pedido a la federal que desestime la demanda presentada por varias parejas homosexuales que reclaman que sus matrimonios contraídos en otros estados sean reconocidos en la isla, algo que criticaron hoy organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTT.

 “La solicitud que presentó el Estado Libre Asociado se concentra en la alegación de que los demandantes fallaron en demostrar un daño específico y por ende carecen de legitimidad para solicitar la inconstitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico“, ha aclarado el director ejecutivo de Populares LGBTT y Aliados, Ricardo Ramos. Sin embargo, defendió en un comunicado que “al escudarse en cuestiones procesales, el Estado perdió una oportunidad para posicionarse en el lado correcto de la historia”.

La demanda fue originalmente interpuesta por Ada Conde e Ivonne Álvarez en marzo pasado, reclamando que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo su matrimonio, contraído en el estado de Massachusetts hace más de una década.

Luego se sumaron más parejas y Ramos instó ayer a que sean más las que se unan a este reclamo y lleven sus casos ante los tribunales, para seguir retando “la constitucionalidad de un artículo retrógrado y discriminatorio”.

El exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU.

Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral e incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

“Esperamos que en un futuro, si se subsanan las alegadas carencias del presente caso o en el supuesto que se desestimara y otros casos llegaran al foro judicial, el Gobierno decida no defender lo indefendible”, defendió Ramos.

El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) hizo también hoy un llamado público al secretario de Justicia, César Miranda, para que cumpla con el deber que le impone la Constitución y defienda los derechos humanos de las comunidades LGBTT.

“El matrimonio es una figura jurídica desde la cual se construyen un sinnúmero de derechos y beneficios a los cuales al día de hoy no tienen acceso las parejas del mismo sexo. En ese sentido, la legislación puertorriqueña es discriminatoria”, dijo su portavoz, Osvaldo Burgos Pérez.

A juicio de esta organización, “ya es hora de que el Gobierno asuma con valentía la defensa de la equidad y resista las presiones indebidas de sectores religiosos que por años se han opuesto a los derechos humanos de comunidades vulnerables como la LGBTT“. “Pedir la desestimación de la demanda sin entrar en los méritos legales para complacer a sectores fundamentalistas y, a la vez, evitar reconocer que el Estado discrimina a las comunidades LGBTT” es, para esta organización, “inaceptable y ofensivo”.

La pareja que inició esta demanda sostiene que a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. establece libertad para contraer matrimonio, Puerto Rico impone trabas que impiden casarse a personas del mismo sexo.

Fuente La Información

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El activista Pedro Julio Serrano pide que se respete el matrimonio de dos lesbianas de Puerto Rico.

Martes, 1 de abril de 2014
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lEl conocido activista puertorriqueño Pedro Julio Serrano pidió hoy que se respete el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en la isla y reclamó apoyo para la pareja de mujeres que ha demandado a Puerto Rico por no reconocer su matrimonio.

Serrano, uno de los principales defensores de los derechos de los homosexuales en la isla, se dirigió en un comunicado al Ejecutivo y a la Procuraduría locales para pedir que se respete el matrimonio reconocido en EE.UU. de Ada Conde y Ivonne Álvarez, que se casaron hace una década en el estado de Massachusetts.

 “En primer lugar, quiero felicitar a las valientes amigas y activistas Ada Conde e Ivonne Alvarez por dar este histórico paso. Hace mucho sentido que siendo la primera pareja puertorriqueña en casarse en Massachusetts -el primer estado donde se legalizó ese derecho- el primer pleito de esta clase lo radiquen ellas”, dijo Serrano.

El portavoz de la organización Puerto Rico Para Tod@s hizo un llamado al gobernador Alejandro García Padilla, su secretario de Justicia, César Miranda, y a la procuradora general, Margarita Mercado, para que no defiendan el que denominó “injusto estado de Derecho que impide a parejas del mismo sexo casadas en otras jurisdicciones gozar de los beneficios en la isla que trae consigo el matrimonio”. “Invito al gobernador y su Gabinete a aprovechar esta demanda para estar en el lado correcto de la historia. Tengan presente que, en poco tiempo, los tribunales federales de Texas, Utah, Kentucky, Virginia y Michigan han resuelto a favor de la igualdad de las parejas del mismo sexo”, indicó. El activista subrayó que la igualdad matrimonial es inevitable y que sucederá tarde o temprano en puerto Rico, por lo que, dijo, “el gobernador no debe defender lo indefendible en este pleito legal”.

39578_482917329953_4984299_nSerrano invitó a otras parejas del mismo sexo que no se han casado aún a que radiquen pleitos similares en el Tribunal Federal de San Juan para que se reconozca también el derecho al matrimonio en Puerto Rico. “Es hora de que en esta patria podamos tener el mismo derecho que tienen las parejas heterosexuales de casarse y acceder a todos los beneficios, derechos y protecciones que el Estado confiere. Ya es hora de la igualdad”, destacó Serrano.

La pareja sostiene en la demanda que a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. establece la libertad para contraer matrimonio Puerto Rico impone trabas que impiden a homosexuales y lesbianas casarse legalmente. Además, indica que la ley puertorriqueña no reconoce matrimonios contraído de forma legal entre personas del mismo sexo contraído en otras jurisdicciones de EE.UU., el caso de estas dos mujeres.

Las dos mujeres piden que se declare inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que estable el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.
El exgobernador Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohíbe en Puerto Rico el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo obtenido en otras jurisdicciones de EE.UU.

El pasado mes de mayo fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que conceden derechos a los miembros de la comunidad homosexual.

El proyecto 238 prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral, mientras que el 488 enmienda la Ley 54 de violencia doméstica para cobijar a cualquier persona indistintamente de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

Fuente Caracol Radio

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