El gobierno de Estados Unidos cree que Gilead ha infringido su patente y que deberían estar recibiendo parte del dinero que está ganando la farmacéutica gracias a la pastilla

El Departamento de Salud de los Estados Unidos acaba de demandar a la farmacéutica Gilead, fabricante de la Truvada y la Descovy oba, que  son las dos pastillas que en EE.UU. se administran como tratamiento de la PrEP, la profilaxis pre-exposición.  .

Según el gobierno estadounidense, Gilead ha infringido de forma “consciente y deliberada” las patentes que el gobierno norteamericano tiene sobre el tratamiento. Según la demanda, el tratamiento PrEP fue desarrollado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense (CDC) y de ahí surgieron cuatro patentes “que protegen el trabajo del CDC y la inversión de los contribuyentes”.

Es por ello que el Departamento de Salud de EE.UU. entienda que lo que ha hecho Gilead al comercializar las pastillas para su uso como PrEP ha sido aprovecharse de la investigación financiada con dinero público para “cosechar miles de millones” vendiendo las pastillas: “Estas patentes dan derecho al Departamento de Salud a licenciar la PrEP del CDC y recibir una cantidad de rotyalties razonable por su uso”. Añaden, además, que “dos otras compañías que fabrican los equivalentes genéricos a la Truvada para PrEP en países extranjeros ya han accedido a pagar esa licencia del Departamento de Salud.”

El tratamiento PrEP anual de una persona a base de Truvada cuesta unos 20.000 dólares al año, lo que hizo que la compañía, a la que se ha criticado duramente por especular con el precio de los medicamentos, ganara unos tres mil millones de dólares vendiendo Truvada en 2018.

James Krellenstein, el co-fundador de la organización PrEP4All, fue uno de los primeros en denunciar que Gilead no solo estaba especulando con el precio de la Truvada sino que además debía pagar esas patentes puesto que la PrEP fue una investigación pública del CDC y no una invención de la compañía. Krellenstein ha explicado a la revista Out que “una de las cosas que siempre hemos resaltado desde que fundamos la organización es que si Gilead devolviera todo el dinero que debe al gobierno, o si dejara de inflar el precio del tratamiento, podríamos redirigir todo ese dinero a un programa de PrEP universal y asegurar que cada persona que necesite la PrEP en este país la consiga gratis”.

El problema, como apunta Krellenstein, es que nadie asegura que de salirse con la suya el gobierno de Trump vaya a usar ese dinero para lo que debería usarse: “Necesitamos un compromiso por parte del Departamento de Salud de que incluirá a todas las comunidades en las discusiones sobre cómo debería utilizarse todo ese dinero”.

Según el Financial Times, la cifra que Gilead debe al gobierno estadounidense es de, al menos, mil millones de dólares.

General CDC, EE.UU., Gilead, James Krellenstein, PreP, PrEP4All, Truvada

Aunque muchos de los datos ya habían sido adelantados, es ahora cuando el estudio como tal ha sido publicado en la revista The Lancet HIV. Dirigido por investigadores del Instituto Kirby (Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia), el estudio confirma que la personas con VIH en tratamiento con antirretrovirales y carga viral indetectable no transmiten la infección a sus parejas sexuales a pesar de mantener con ellas relaciones sexuales no protegidas.

El estudio, denominado Opposites Attract («Los opuestos se atraen») es un estudio de los denominados «de cohortes», en los cuales se hace seguimiento de un grupo expuesto a un determinado factor durante un tiempo determinado. En este caso, el estudio dio comienzo en 2012 y concluyó en 2016. Durante ese tiempo se hizo un seguimiento de 343 parejas de varones homosexuales en Australia, Brasil y Tailandia. Un miembro de cada pareja era seropositivo y el otro era seronegativo (lo que se conoce como «parejas serodiscordantes»). Todas las parejas mantenían relaciones sexuales que incluían penetración anal (con una frecuencia mínima de una vez al mes), con o preservativo. El que el miembro seronegativo de la pareja recurriese a profilaxis preexposición (PrEP) no fue criterio de exclusión (y de hecho un 34% de las parejas recurrieron a ella en algún momento).

Todos los datos de las parejas participantes (incluyendo tratamientos, estado analítico, hábitos sexuales, uso o no de preservativo, uso o no de PrEP e infecciones de transmisión sexual adquiridas durante ese periodo) fueron analizados minuciosamente. Entre otros resultados, el estudio mostró que no se produjo ninguna transmisión del VIH entre aquellas parejas serodiscordantes en las que:

1. la persona con VIH se encontraba en situación de supresión viral (definida esta como carga viral inferior a 200 copias/ml) gracias al tratamiento,
2. la persona seronegativa no usó PrEP,
3. ambos mantuvieron relaciones sexuales en las que hubo penetración anal sin preservativo (cabe destacar, en este sentido, que el estudio arrojó un total de 16.88 relaciones de este tipo).

De hecho, aunque en el total de parejas del estudio se produjeron 3 casos de infección por VIH, en ninguno había correspondencia filogenética con el virus de la pareja, lo que descarta que la transmisión se produjera en el seno de esta.

Los resultados del estudio Opposite Attract, por tanto, se mantienen en la misma línea que los del estudio PARTNER, publicados en 2016 en la revista JAMA. Entonces se sometieron a seguimiento 1166 parejas serodiscordantes de 14 países europeos (en este caso homosexuales y heterosexuales) entre 2010 y 2014, identificándose 22.000 penetraciones no protegidas en las parejas del mismo sexo y 36.000 en las parejas heterosexuales, y no produciéndose tampoco ninguna transmisión cuando los miembros seropositivos se encontraban en situación de supresión viral.

Consenso científico

En definitiva, los datos definitivos del estudio Opposites Attract refuerzan el consenso que expertos en VIH ya habían establecido sobre el nulo riesgo de transmisión cuando una persona con VIH se encuentra en tratamiento y tiene una carga viral indetectable, y al que ya se han sumado tanto ONUSIDA (el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/sida) como, en septiembre del año pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, posiblemente la entidad nacional más importante del mundo por lo que a prevención de enfermedades infecciosas se refiere).

De ahí la importancia de que todavía haya hombres gais y bisexuales con VIH que no siguen el correspondiente tratamiento antirretroviral o lo hacen de forma inadecuada. En España, por fortuna, la mayoría de personas ya diagnosticadas se encuentran en tratamiento, pero persisten importantes problemas. Desde los problemas de acceso al tratamiento de residentes en situación irregular (a los que las restricciones impuestas por el anterior Gobierno del PP han dificultado enormemente el acceso a la atención sanitaria) a la muy elevada proporción de nuevos diagnósticos tardios (de ahí la importancia de «hacerse la prueba»). Además, ya son varias las entidades que trabajan para dar a conocer este mensaje: «indetectable» equivale a «no transmisible». Una verdad científica cuyo conocimiento juega a favor de un mejor control de la pandemia pero que además tiene implicaciones más allá del ámbito sanitario.

En definitiva, hay que seguir trabajando, pese a los recortes de los últimos años en materia de prevención. Sigue siendo urgente el pacto de Estado por el VIH que las entidades que trabajan en VIH/sida vienen reclamando desde hace años. Mientras tanto, una correcta divulgación de la evidencia científica más actual sobre la transmisión es más que necesaria.

General Australia, Brasil, CDC, Estudio PARTNER, Instituto Kirby, JAMA, ONUSIDA, Opposites Attract, PreP, Profilaxis preexposición, Tailandia, The Lancet, The Lancet HIV, Universidad de Nueva Gales del Sur, VIH

El pleno de Parlamento Europeo ha aprobado este martes, con el voto a favor de 364 eurodiputados, el informe sobre igualdad de género en salud mental e investigación clínica elaborado por la eurodiputada española Beatriz Becerra (en la fotografía). Si lo mencionamos aquí es porque el informe contiene importantes recomendaciones en lo referido al bienestar y salud mental de las personas LGTBI que han merecido el aplauso de ILGA Europe.

El Parlamento Europeo, de esta forma, reconoce expresamente, entre otros muhcos considerandos:

• que las mujeres lesbianas y bisexuales y las personas trans e intersexuales se enfrentan a problemas de salud mental derivados del estrés de las minorías, que se define como los altos niveles de ansiedad y estrés causados por prejuicios, estigmatización y experiencias de discriminación, así como por medicalización y patologización;
• que las personas LGBTI pueden enfrentarse a problemas de salud mental y bienestar específicos que deben tenerse en cuenta en cualquier estrategia de salud mental;
• que las identidades trans no son patológicas pero lamentablemente todavía se consideran trastornos de salud mental, y que la mayoría de los Estados miembros requieren diagnósticos para tener acceso al reconocimiento de género legal o a la asistencia sanitaria relacionada con las personas trans, a pesar de que las investigaciones han demostrado que el diagnóstico de ‘trastorno de identidad de género’ es una fuente de gran angustia para las personas trans;
• que los niños prepúberes con variantes de género siguen sometidos a prácticas de diagnóstico perjudiciales e innecesarias, a pesar de que todos los niños deben poder explorar de forma segura su identidad y expresión de género;
• que las personas trans muestran niveles significativamente altos de ideación suicida e intentos de suicidio;
• que la educación en materia de sexual y relacional es fundamental para superar los estereotipos de género, afrontar la violencia de género y mejorar la salud mental y el bienestar para las niñas y los niños y las mujeres y los hombres;
• que existe una falta de datos comparables, disponibles, accesibles y de calidad sobre la asistencia sanitaria específica para personas trans y que los productos utilizados en las terapias hormonales sustitutivas no se han probado ni autorizado debidamente;
• que las personas intersexuales sujetas a mutilación genital sufren consecuencias en su salud física, psicológica y sexual y reproductiva;
• que las personas trans todavía están expuestas a una esterilización forzada en los procedimientos de reconocimiento de género en 13 Estados miembros.

Hay muchos más considerandos, pero hemos seleccionado aquellos que más directamente tienen que ver con la realidad LGTBI en la Unión Europea. A partir de ellos, y entre otras muchas recomendaciones, el informe:

• pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen que sus estrategias en materia de salud mental aborden los retos de salud mental a los que podrían enfrentarse las personas LGBTI;
• anima a los Estados miembros a que apliquen las recomendaciones que figuran en el documento CM/Rec(2010)5 del Consejo de Europa y tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas lesbianas, bisexuales y trans en el desarrollo de las políticas, programas y protocolos sanitarios;
• pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que desarrollen políticas adaptadas específicas con el fin de prestar servicios de salud mental a los grupos de mujeres vulnerables en comunidades marginales, y a aquellos que se enfrentan a discriminación interseccional, como las mujeres refugiadas y migrantes, las mujeres que se enfrentan a la pobreza y la exclusión social, las personas trans e intersexuales, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores y las mujeres de las zonas rurales;
• pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las estrategias de prevención se destinan específicamente a las mujeres que corren riesgo de discriminación interseccional, como las mujeres romaníes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas y bisexuales, las migrantes y las refugiadas, las mujeres que viven en situación de pobreza y las personas trans e intersexuales;
• pide a los Estados miembros que prevengan, prohíban y condenen la esterilización forzosa de mujeres, un fenómeno que afecta en particular a las mujeres con discapacidad, a las personas trans e intersexuales y a las mujeres romaníes.

En definitiva, una serie de recomendaciones que han sido específicamente bienvenidas por ILGA Europe, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente. “Gracias a la ponente Beatriz Becerra Basterrechea y a los eurodiputados que han votado a favor, ahora disponemos de un informe detallado sobre las necesidades de las personas LGTBI [en materia de salud mental y bienestar], y que en particular recoge las experiencias de vida de las personas trans e intersex. El lenguaje interseccional e inclusivo que Becerra ha utilizado en su informe es especialmente bienvenido”, ha declarado su directora ejecutiva, Evelyne Paradis.

El voto español

Como siempre intentamos hacer en dosmanzanas cuando nos referimos a una votación en el Parlamento Europeo, listamos a continunación el voto de los eurodiputados españoles (tal y como refleja el acta de votaciones):

Han votado a favor:

• por ALDE (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa): la propia Beatriz Becerra (ahora independiente, fue elegida en las listas de UPyD), Izaskun Bilbao (PNV), Enrique Calvet (ahora independiente, elegido en las listas de UPyD), Maite Pagazaurtundúa (UPyD) y Ramón Tremosa (elegido en las listas de la entonces Convergència).
• Por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Javier Couso (IU), Tania González (Podemos), Josu Juaristi (EH Bildu), Paloma López Bermejo (IU), Lola Sánchez Caldentey (Podemos); Maria Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda), Estefanía Torres (Podemos) y Miguel Urbán (Podemos).
• Por S&D (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas): Clara Eugenia Aguilera (PSOE), Inés Ayala (PSOE), José Blanco (PSOE), Soledad Cabezón (PSOE), Jonás Fernández (PSOE), Eider Gardiazábal (PSOE), Enrique Guerrero (PSOE), Sergio Gutiérrez (PSOE), Ramón Jáuregui (PSOE), Javier López (PSC), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE).
• Por Los Verdes/Alianza Libre Europea: Florent Marcellesi (Equo), Jordi Solé (ERC),  Josep-Maria Terricabras (ERC) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verts).

Han votado en contra: ninguno.

Se han abstenido:

• Por ALDE: María Teresa Giménez Barbat (elegida en las listas de UPyD, ahora en Ciudadanos) y Javier Nart (Ciudadanos).
• Por el grupo popular europeo: Pilar Ayuso (PP), Pilar del Castillo (PP), Agustín Díaz de Mera (PP), Rosa Estarás (PP), Santiago Fisas (PP),  Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes (PP), Esther Herranz (PP), Carlos Iturgaiz (PP), Teresa Jiménez-Becerril (PP), Verónica Lope (PP), Antonio López-Istúriz (PP), Gabriel Mato (PP), Francisco José Millán (PP), Ignacio Salafranca (PP) y Ramón Luis Valcárcel (PP).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Agustín Díaz de Mera, ALDE, Alternativa Galega de Esquerda, Antonio López-Istúriz, Beatriz Becerra, Carlos Iturgaiz, CDC, Ciudadanos, Clara Eugenia Aguilera, Discriminación, EH Bildu, Eider Gardiazábal, Enrique Calvet, Enrique Guerrero, Equo, ERC, Ernest Urtasun, Esteban González Pons, Estefanía Torres, Esther Herranz, Florent Marcellesi, Francisco José Millán, Gabriel Mato, ICV, Inés Ayala, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Intersexualidad, IU, Izaskun Bilbao, Javier Couso, Javier López, Javier Nart, Jonás Fernández, Jordi Solé, José Blanco, José Ignacio Salafranca, Josep Maria Terricabras, Josu Juaristi, Juan Fernándo López Aguilar, Lola Sánchez Caldentey, Luis de Grandes, Maite Pagazaurtundúa, Maria Lidia Senra, María Teresa Giménez Barbat, Marina Albiol, Miguel Urbán, Paloma López Bermejo, Parlamento Europeo, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo, Podemos, PP, PSC, PSOE, Ramón Jáuregui, Rámón Luis Valcárcel, Ramón Tremosa, Rosa Estarás, S&D, Santiago Fisas, Sergio Gutiérrez, Soledad Cabezón, Tania González, Teresa Jiménez-Becerril, Transexualidad, UPyD, Verdes/Alianza Libre Europea, Verónica Lope, Xavier Benito

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Acoso, Ángela Vallina, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, CDC, Ciudadanos, Daniele Viotti, Discriminación, Equo, Florent Marcellesi, ICV, Intersexualidad, IU, Izaskun Bilbao, Javier Couso, Josep Maria Terricabras, Juan Fernándo López Aguilar, LGTBfobia, Lidia Senra, Marina Albiol, Paloma López Bermejo, Parlamento Europeo, PNV, Podemos, PP, PSOE, Ramón Tremosa, Refugiados, Transexualidad, Ulrike Lunacek, Unión Europea, UPyD

Un universitario denunció a su universidad por discriminación cuando lo expulsaron poco después de que supieran que era VIH positivo. Los tribunales han dado la razón a la universidad, que alega mal comportamiento para su expulsión, pero han sido multada en base a una ley que protege a los enfermos de VIH y Sida.

Los Centers for Disease Control (Centros para el Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés) han multado a la National Defense University (Universidad Nacional de Defensa, NDU por sus siglas en inglés) con un millón de nuevos dólares taiwaneses por expulsar en 2013 a un estudiante que era VIH positivo. El lunes, 15 de agosto, se producía la notificación, en la que es la primera vez que una institución educativa en Taiwan es multada de esta manera por haber discriminado a uno de sus alumnos, además de que constituye la multa más grande emitida antes por los CDC.

El alumno, cuya identidad permanece en el anonimato por su deseo expreso, había dado positivo en una prueba rutinaria de VIH, en 2012. En el momento en que tienen conocimiento de su condición de seropositivo, la Universidad le prohibe tomar clases de natación y requiere que su comida, sus platos y ropa sean lavados por separado de los de los demás estudiantes. Expulsado seis meses antes de su graduación, r epresentantes de la NDU alegan que no lo expulsan por ser VIH positivo, sino por sus «acciones irrespetuosas contra la escuela».

El universiario demanda a la institución educativa por discriminación y por privarle de su derecho fundamental a la educación ante el Ministerio de Salud y Bienestar Social en 2014, que llega a las cortes en julio de ese mismo año. Pero el Alto Tribunal Administrativo de Taipei falla a favor de la decisión de la Universidad. Contradictoriamente, ese mismo tribunal advierte que el Ministerio de Salud y Bienestar está autorizado a multar a la universidad por el incumplimiento de la Ley de Protección de los Derechos del Paciente y el Control de la Infección por VIH.

Según Chou Jij-haw, director general de los CDC, la NDU hizo un uso abusivo de sus poderes, erigiéndose como un mal ejemplo para la nación a la hora de erradicar el estigma y la discriminación en pacientes de VIH y Sida. Asimismo, advierte de que los CDC pueden multar varias veces a la NDU si no cumplen la ley que protege a los pacientes con VIH, teniendo igualmente la potestad de dejar sin efecto la multa si deciden cumplir con la ley readmitiendo al alumno.

«Cuantos más pacientes con SIDA son puestos en vergüenza y tratados injustamente, es menos probable que los pacientes potencialmente infectados puedan dar un paso adelante para hacer chequeos sanitarios y tratamientos médicos, y más difícil será combatir la enfermedad», explica el director general de los CDC, desde donde continuarán apelando a los tribunales para que el alumno sea readmitido.

El programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (UNAIDS por sus siglas en inglés, ONUSIDA en español) ha expresado su preocupación por este caso. Por el momento, ha proporcionado al CDC todo tipo de información sobre juicios similares en otros países que puedan ayudarles en su lucha por los derechos del estudiante en los tribunales. Alrededor de 31.000 pacientes con VIH están protegidos bajo la Ley de Protección de los Derechos del Paciente y el Control de la Infección por VIH, así como por las directrices internacionales sobre VIH y Sida y Derechos Humanos.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. CDC, Chou Jij-haw, Homofobia/ Transfobia, NDU, ONUSIDA, Serofobia, Taipéi, Taiwan, VIH/SIDA

Este 26 de junio se celebraron elecciones generales en España. El resultado, conocido por todos. Hoy, y después de un periodo en el que el debate sobre las políticas LGTB ha quedado invisibilizado por la compleja coyuntura política, volvemos la vista a los resultados en clave LGTB…

El pasado 20 de diciembre, PP y PSOE bajaban en representación, y hacían su entrada en el Parlamento dos fuerzas hasta entonces ausentes: Podemos y Ciudadanos. Un PP desprovisto de aliados ni siquiera intentó la investidura como presidente del Gobierno de su líder, Mariano Rajoy. Fue el líder socialista, Pedro Sánchez, el que dio el paso, tras cerrar un acuerdo de investidura con Ciudadanos.

Un acuerdo que no contaba sin embargo con votos suficientes para salir adelante y que contaba con el deseo de  Pablo Iglesias de sobrepasar al PSOE en votos y escaños… cosa que se ha demostrado como un error mayúsculo que ha llevado a darle al PP una segunda oportunidad… La investidura fracasó. Las conversaciones posteriores no permitieron superar el bloqueo, y se convocaron nuevas elecciones.

Las nuevas elecciones tuvieron lugar el pasado domingo. El PP, pese a los innumerables casos de corrupción, a la precariedad laboral que se ha instalado en la sociedad española y al cercenamiento de derechos que han caracterizado su gestión, veía aumentado su apoyo electoral, recuperando 14 escaños aunque lejísimos todavía de la mayoría absoluta: la campaña del miedo a Podemos caló fuerte en el electorado más derechista. El PSOE aguantó mejor de lo esperado, y pese a perder apoyos mantuvo su segunda posición tanto en votos como en escaños. Unidos Podemos (coalición de Podemos e IU) y las 20 confluencias, pese a mantener el mismo número de escaños que ya tenían por separado, fueron los “perdedores morales” de la noche, al quedar por debajo de las expectativas: ni siquiera en número de votos totales lograron superar al PSOE, tal y como preveían las encuestas. Un millón y medio de votos menos de los que lograron por separado Podemos e IU (posiblemente muchos de ellos anteriores votantes de IU que rechazaron dar su apoyo a Pablo Iglesias) han hecho mella en una formación que con el mismo número de escaños gracias a la Ley D’Hondt que tanto critican, queda sin embargo en una situación más delicada que la que tenía. Ciudadanos, por su parte, sufría también una fuerte sangría de votos, posiblemente de antiguos electores populares que prefirieron votar ahora de nuevo al PP.

El PP cuenta, finalmente, con 137 diputados, a 39 de la mayoría absoluta. El PSOE, con 85. Unidos Podemos y las confuencias, con 71. Ciudadanos, con 32. A mayor distancia quedan ERC con 9, CDC con 8, PNV con 5, Bildu con 2 y Coalición Canaria con 1. A día de hoy, se desconoce quién será el próximo presidente del Gobierno, aunque la mayoría de los analistas dan por hecho que bajo una fórmula u otra será el PP de Mariano Rajoy el que lo encabece.

 Pero ¿qué va a suceder con las políticas LGTB? Sea quien sea quien forme nuevo gobierno, y ante la evidente falta de interés del PP en ahondar en este terreno (como recordábamos en una entrada que publicamos poco antes del 20 de diciembre, y esto no ha cambiado) lo cierto es que todo dependerá de la voluntad política de las otras tres grandes formaciones: PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos reúnen 188 diputados, muy por encima de la mayoría absoluta. Disponen por tanto de la capacidad conjunta de aprobar leyes pese a la eventual oposición del PP, incluso aunque este cuente con la mayoría absoluta en el Senado. Hay antecedentes: como recordábamos la pasada semana. En 2005, Un Senado también controlado por el PP vetó la ley de matrimonio igualitario. Días después el Congreso levantaba el veto. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero aprobó todas sus leyes con un Senado controlado por el PP.

En materia LGTB, además, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos coinciden en numerosos puntos. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) publicaba antes de las elecciones del pasado domingo una tabla comparativa tras reunirse con las tres formaciones (el PP no quiso) en la que de hecho las equiparan:

Una tabla discutible para muchos: basta leer los programas políticos de las tres formaciones para ver que el peso que cada una de ellas da a los compromisos en materia LGTB es desigual. Sin embargo, no deja de ser un punto de partida prometedor. También lo es, por ejemplo, que las tres formaciones hayan mostrado ante la Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, su disposición a un compromiso en materia de VIH, especialmente necesario.

El antecedente de la ley integral de transexualidad en Madrid

No sería, por otra parte, la primera vez que las tres formaciones deciden colaborar conjuntamente y sacar adelante una ley, pese a no estar el en el Gobierno. Sucedió hace pocos meses en la Comunidad de Madrid, donde PSOE, Podemos y Ciudadanos consiguieron la aprobación de una muy avanzada ley integral de transexualidad, a cuyo proceso de elaboración el PP, que defendía su propio proyecto, prefirió no sumarse (acabó por abstenerse en la votación final). Y hace ya años, en 2009, sucedió lo mismo en Navarra, comunidad que aprobó la primera ley autonómica de transexualidad pese a la oposición de UPN, el partido entonces gobernante en Navarra.

Y es que, aunque en España no estemos acostumbrados, en un sistema parlamentario en el que ningún partido dispone de mayoría absoluta es posible que varios partidos sin responsabilidades de gobierno se unan y aprueben leyes.

¿Acaso no homenajean los tres líderes al Orgullo?

Con motivo del 28 de junio, los líderes de las tres formaciones de las que precisamente hablamos han querido homenajear al Orgullo LGTB. Insertamos debajo los tuits de los tres (Mariano Rajoy no hizo mención alguna).

Bienvenido sea. Pero entendemos que la mejor forma de hacer efectivo este apoyo a la causa LGTB es pactando en el nuevo Parlamento una hoja de ruta que permita al menos aprobar varias iniciativas fundamentales en las que las tres formaciones podrían coincidir: una nueva ley de identidad de género desprovista de anacronismos (sin enfoque patologizante y que incluya a los menores trans), una ley de igualdad de trato y no discriminación, un compromiso contra el VIH y medidas educativas contra la LGTBfobia. No debería ser complicado… El trabajo, en este sentido, de los colectivos LGTB va a ser más importante que nunca a la hora de muñir acuerdos. Confíemos en que estén a la altura.

Desde la tolerancia y el respeto, seguiremos empeñados en construir un mundo mejor. Feliz día del #OrgulloLGBT pic.twitter.com/tXKYsTax4e

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de junio de 2016

La lucha LGBTI ha sido, es y será siempre el mejor ejemplo de dignidad. #OrgulloLGBT pic.twitter.com/iQkaeckyTM — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 28 de junio de 2016

Viva la igualdad y viva la libertad, Feliz día del #OrgulloLGTB. pic.twitter.com/YPrNiEGuqJ

— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 28 de junio de 2016

Fuente Dosmanzanas

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Interesante radiografía de un político que se va y que podría llevarse a otros de su estilo…

Políticos de diverso signo y opinadores lloran la dimisión como presidente de Unió Democràtica de Catalunya de Josep Antoni Duran i Lleida. Un político generalmente alabado como un nacionalista “moderado y con sentido de estado”, adalid del entendimiento entre Cataluña y Madrid… Les dejamos a ellos los lloriqueos. Desde dosmanzanas no podemos sino alegrarnos de perder de vista a uno de los políticos que con más ahínco han trabajado en contra de los derechos LGTB.

Contrario al matrimonio igualitario

Duran i Lleida no solo votó en 2005 contra la ley que hizo posible el matrimonio igualitario en España. En el año 2011 (ya habían pasado seis años), Duran seguía defendiendo activamente su derogación y sustitución por una ley de uniones civiles. Lo hacía en declaraciones a RAC 1, en una entrevista en la que como cabeza de lista de la aún existente CiU confirmaba que si el PP (que ya se adivinaba como ganador de las elecciones con mayoría absoluta) llevaba el tema a votación en el Congreso los diputados de la formación nacionalista dispondrían de libertad de voto sobre el asunto (CiU era por entonces una federación que agrupaba a Convergència Democràtica de Catalunya, de carácter liberal y favorable al matrimonio igualitario, y a Unió Democràtica de Catalunya, su partido, de carácter democristiano y contraria al mismo).

Es más, Duran no dudó en utilizar por entonces argumentos falsos para justificar sus tesis, al defender que como él piensan“el 90% de los países europeos”. “Igual que yo piensan los socialistas franceses, alemanes, austríacos y de otros muchos países”, expresaba. Lo hacía en un momento en el que el matrimonio igualitario era ya legal en Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Islandia y Portugal y se discutía ya en Luxemburgo, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Escocia y Finlandia (todos ellos acabaron aprobándolo). Por lo que se refiere a los socialistas franceses, a los que citó expresamente, ya por entonces el Partido Socialista francés había prometido la apertura del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo en caso de ganar las elecciones presidenciales y legislativas de 2012, como efectivamente sucedió.

Defensor de las “terapias reparadoras”

Más infame aún resulta la posición de Duran i Lleida sobre las “terapias reparadoras” de la homosexualidad. “Estoy en contra de represaliar la asistencia médica a las personas que intentan modificar su homosexualidad o controlarla”, proclamaba en junio de 2010, días después de que la entonces consejera de Salud catalana, Marina Geli, anunciara una investigación tras conocerse que en una clínica de Barcelona se llevaban a cabo este tipo de procedimientos. Lo hacía en una entrada en su propio blog, en la que arremetía contra la política de la Generalitat (cuando esta era gobernada por un tripartito de izquierda) a la que reprochó ser “el único gobierno que pertenece a la internacional gay y lésbica”. Ya en en su momento, cuando la Generalitat catalana fue admitida en ILGA, dosmanzanas recogió la reacción airada de Duran, que exigió la salida de dicha organización.

Año y medio después, Duran i Lleida ratificaba su opinión en una entrevista a Vanity Fair. “Si hay un homosexual o un heterosexual que libremente acude a un psicólogo solicitándole ayuda porque cree que necesita un cambio en su sexualidad, tiene todo el derecho”, opinó entonces el político catalán, inmune a las críticas recibidas un año antes. En esta segunda ocasión las palabras de Duran fueron aún más fuertemente cuestionadas, especialmente desde los que aún eran sus socios de Convergència, lo que llevó al político a asegurar que sus palabras habían sido “sacadas de contexto”.

Contrario a la ley catalana contra la homofobia y la transfobia

Pero la mala baba homófoba de Duran i Lleida acabó por desplegarse en todo su esplendor días antes de que el Parlamento catalán aprobase su histórica ley contra la homofobia y la transfobia. Fue en una carta a los simpatizantes de su partido, supuestamente dirigida a ensalzar a CiU como “la única fuerza que compromete a independentistas y no independentistas en la defensa del derecho a decidir”, pero que acabó convertida básicamente en un compendio de los peores argumentos homófobos y tránsfobos al insistir en el carácter diferencial de Unió. “Y hablando de las especificidades de Unió: la próxima semana tendrá lugar el debate de la proposición de ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Creo que la iniciativa legislativa tiene más de promoción que de no discriminación”, argumentaba. El texto añadía otras perlas como “hay colectivos mucho más discriminados y que no merecen la atención del legislativo”, “la parte sancionadora debe ser eliminada por completo”, “la proposición de ley introduce también contenidos inaceptables para nosotros en el ámbito educativo a partir del respeto al ideario de los centros escolares, como lo hace respecto a la familia, por no hablar de lo que yo llamo ‘chiringuitos’ y que la propuesta define como principio orientador de los poderes públicos: el de ‘establecer medidas de fomento de las entidades que trabajan para hacer efectivos los derechos y la no discriminación de las personas’. ¿Acaso hay una ley que diga que se deben fomentar entidades como SOS Racismo o cualquier entidad que defienda la dignidad del pueblo gitano?”.

En el texto, en definitiva, Duran expresaba su rabia por el hecho, no solo de que el Parlamento catalán aprobase una ley contra la LGTBfobia, sino sobre todo porque contemplase un apartado sancionador que en buena parte es el que le da valor. Y más allá de su tono faltón hacia las organizaciones de defensa de los derechos LGTB (“chiringuitos”, los llamó), lo que resultaba además especialmente despreciable es el empeño de Duran en escudarse en otros colectivos discriminados y su alusión a organizaciones tan respetables como SOS Racismo, como si ello invalidara la necesidad de una protección específica a las personas LGTB.

Hasta nunca, señor Duran

Motivos más que suficientes para saludar la renuncia de Duran i Lleida, al que después de conducir a su partido a la irrelevancia (fuera de los parlamentos catalán y español) adivinamos poco futuro político. Atrás quedan por cierto otros episodios poco edificantes: el caso Pallerols (escándalo de corrupción ligado a la financiación ilegal de su partido), sus declaraciones ofensivas hacia los trabajadores del campo andaluces, la polémica por la exhibición de sus estancias en el lujoso Hotel Palace… aunque esto ya queda fuera del ámbito estrictamente LGTB. Por lo que a nosotros respecta, lo que celebramos es la desaparición de la escena política española de un declarado enemigo de nuestros derechos.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras, Caso Pallerols, Cataluña, CDC, CiU, Duran i Lleida, Generalitat de Catalunya, Homofobia, Hotel Palace, Matrimonio, UDC

Cataluña dio un paso adelante aprobando la primera Ley contra la Homofobia en España el pasado 2 de octubre de 2014 por 128 votos a favor, los de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s y CUP y en contra del PP mientras que UDC apoyaba solo una parte de una norma que está beneficiando a un millón de personas, ya que se calcula que entre un 10% y un 15% de la población catalana pertenece al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Se trataba de garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia, para lo que contempla medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

Ahora, la portavoz de Igualdad de Convergència en el Congreso, Lourdes Ciuró, cree que esta normativa es insuficiente y, por ello, ha presentado una proposición no de ley para la defensa de los derechos de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales en la que solicita al Gobierno partidas presupuestarias para políticas de erradicación de cualquier tipo de discriminación y fomento de valores de igualdad, respeto, tolerancia. “Instamos al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar la no discriminación de este colectivo”, exige Ciuró, coincidiendo con la celebración estos días en Barcelona del Circuit Festival.

Ciuró lamenta que en los últimos años las estadísticas ofrecen “claros indicios” de que la discriminación, o incluso agresiones por motivo de orientación sexual, “en ningún caso han dejado de producirse”.

Según denuncia la diputada de CDC, el número de casos reales es “muy superior” a lo que muestran las estadísticas. “Muchas víctimas no denuncian por temor a represalias, sensación de vulnerabilidad, desconfianza en las fuerzas de seguridad o situación de irregularidad”, destaca. “Nos hacemos eco de la demanda del colectivo LGTB y creemos necesario tomar medidas para garantizar sus derechos y facilitar su participación en todos los ámbitos de la vida social”, dice Ciuró.

CDC también exige al Ejecutivo que garantice el reconocimiento de la heterogeneidad de las familias con hijos y a tal efecto, “abordar la modificación de la denominación de los permisos de maternidad por nacimiento, adopción o acogimiento, a fin de evitar la discriminación en las familias con progenitores del mismo sexo“.

Foto de portada: Genoveva Seydoux Fotografía

Fuente Ragap

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El Parlamento Europeo ha pedido a Kirguizistán la retirada del proyecto de ley homófobo que tramita el Parlamento de ese país. El texto, que fue aprobado en primera lectura en octubre, es aun más duro que el vigente en Rusia, y establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre homosexualidad.

En su resolución (que puedes leer en castellano pinchando aquí) el Parlamento Europeo “lamenta profundamente la presentación de este proyecto de ley y todas las acciones que puedan conducir a un trato cruel, inhumano y degradante, y pide a todos los países que pongan fin inmediato a la penalización de la homosexualidad” y “reitera que la orientación sexual y la identidad de género son cuestiones que se enmarcan en el ámbito del derecho individual a la intimidad garantizado por el Derecho internacional en materia de derechos humanos, según el cual deben protegerse la igualdad y la no discriminación y salvaguardarse asimismo la libertad de expresión”.

La resolución recuerda también al Parlamento kirguís “sus obligaciones internacionales y las derivadas del acuerdo de colaboración y cooperación con la Unión Europea, que incluye el pleno respeto de los derechos humanos como elemento esencial de esta cooperación” y pide expresamente la retirada del proyecto de ley “sobre la difusión de información sobre relaciones sexuales no tradicionales”.

El Parlamento Europeo pide a las autoridades kirguisas “que reafirmen públicamente que todas las personas de Kirguizistán tienen derecho a vivir libres de discriminación y violencia basadas en su orientación sexual e identidad de género, y que todo acto contrario a este derecho es ilegal y será sancionado” y recuerda que la Constitución de la República Kirguisa prohíbe adoptar leyes “que nieguen o deroguen derechos y libertades humanos y civiles” y afirma “la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de reunión”.

El europarlamento se muestra además “profundamente preocupado por las consecuencias negativas del debate sobre este proyecto de ley y su posible adopción, que no hacen más que aumentar la estigmatización, la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI” y en este sentido pide a los políticos y los líderes religiosos “que eviten la retórica contra la comunidad LGBTI, incluidos el lenguaje del odio y la incitación al odio”. Entre otros puntos, la resolución recuerda a Kirguizistán que la posible adopción de este proyecto de ley “podría afectar a las relaciones con la Unión Europea”.

Varios eurodiputados españoles, entre los promotores

La resolución fue presentada por eurodiputados de varios grupos políticos, entre los cuales se encuentran ocho españoles: Elena Valenciano (PSOE), Beatriz Becerra, Fernando Maura y Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Javier Nart y Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Ramón Tremosa (Convergència Democràtica de Catalunya) y Lola Sánchez (Podemos).

Un proyecto profundamente homófobo

Ya en abril informábamos del comienzo de la tramitación por parte del Gobierno de la república centroasiática de un proyecto que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto, que tiene que pasar dos lecturas más en el Parlamento y ser firmado por el presidente, prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de una ley, en definitiva, en la línea de la ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más dura, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedará vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 72 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (86 euros). La participación en reuniones o asambleas en las que se trate de forma positiva la realidad LGTB se penará con multas de hasta 1.600 som (23 euros).

Antes de ser rechazado por el Parlamento Europeo, de hecho, el proyecto de ley ha recibido la condena del gobierno de los Estados Unidos y de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La dura realidad del colectivo LGTB en Kirguizistán

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, aun en el supuesto de que el proyecto no vea finalmente la luz, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos hace un año. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte.

Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gais, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Fuente Dosmanzanas

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La norma prevé desarrollar y garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia.

Se contemplan medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

FELGTB: Felicitamos a Catalunya por la aprobación de una ley innovadora contra la LGTBfobia

La FALGBT celebra la sanción de la ley catalana contra la discriminación hacia el colectivo LGBT

El Parlament ha aprobado este jueves la Ley contra la homofobia y para garantizar los derechos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), una norma que ha prosperado con los votos a favor de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s y CUP y en contra del PP, mientras que UDC ha apoyado solo una parte de la norma.

El régimen sancionador ha sido uno de los puntos más polémicos de la norma, que prevé entre las infracciones el uso de expresiones vejatorias que inciten a la violencia, discriminar el acceso de personas LGTBI a un servicio público, asediarles y convocar actos que inciten al odio contra este colectivo.

Las sanciones por estas infracciones varían en función de si se trata de leves, graves o muy graves y van desde una multa equivalente al indicador de la renta de suficiencia –569,12 euros en 2014– a la prohibición de recibir ayudas públicas o subvenciones durante un máximo de cinco años.

CDC y UDC han votado separados la ley ya que los 15 diputados democristianos han explicado que rechazan aquellos aspectos de la norma vinculados con el régimen sancionador, la educación y la inversión de la carga de la prueba, que implica que quien sea acusado de discriminación debe demostrar que no ha sido así.

Violant Cervera (CDC) ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la norma y ha negado que las sanciones vayan contra la libertad de expresión sino contra la violencia, mientras que Mercè Jou (UDC) ha explicado que los democristianos se oponen a cualquier tipo de discriminación pero no comparte algunos de los aspectos de la ley aprobada.

La tramitación de esta norma ha causado un intenso debate en el seno de la federación, coronado este viernes cuando el líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, lamentó que su partido no presentase una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la ley porque “tiene más de promoción que de no discriminación”.

Críticas a Duran

Las palabras del dirigente democristiano han estado muy presentes a lo largo del pleno, ya que han despertado las críticas tanto de los defensores de la norma como del PP, que ha asegurado que “algunos dirigentes de UDC tenían mucho interés en que el PP presentase una enmienda a la totalidad, seguramente porque ellos no se atrevían”.

Los grupos favorables a la norma han cargado también contra Duran, que la semana pasada cargó contra la aprobación de esta ley, y han lamentado que definiese como “chiringuitos” las entidades que luchan contra la discriminación: “Chiringuito es lo que algunos tienen montado desde hace 40 años en el Palace a costa de los recursos de los ciudadanos”, ha replicado David Fernández (CUP).

El secretario cuarto de la Mesa del Parlament, David Companyon, ha considerado radicalmente falso que esta ley suponga un privilegio para el colectivo LGTB, y ha agradecido a Duran sus palabras porque han ayudado a poner el foco mediático sobre la ley.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha cargado contra los que han tachado de innecesaria esta ley y han considerado que promueve la homosexualiduad, y ha explicado que él, al ser un homosexual con proyección pública, ha escuchado relatos aterradores de LGTBI: “¿Cómo se atreven a negar una realidad de discriminación y sufrimiento?“.

La vicepresidenta primera del Parlament, Anna Simó (ERC) –una de las principales valedoras de la norma desde el inicio de su tramitación–, ha negado que esta norma esté dando más derechos a determinadas personas si no que garantiza los que en la práctica siguen sin estar garantizados: “Vamos haciendo camino, pero no hemos llegado ni por asomo al final”.

La diputada de C’s Inés Arrimadas ha celebrado que durante el trámite parlamentario la ley se haya mejorado lo suficiente como para poder ser aprobada, y ha aplaudido que el debate sirva también para evidenciar que todavía existe discriminación contra este colectivo y que se debe luchar contra ella.

El PP catalán la caligica de ley “intervencionista”

La diputada del PP Dolors López ha reclamado que no se aprobase la ley porque es intervencionista y promueve la discriminación positiva: “Esta ley concede al colectivo LGTB un sistema de protección extraordinario del que no gozan otros colectivos ¿Por qué no hay una ley de no discriminación a los inmigrantes o a determinadas etnias?“.

“No podemos hacer una ley para cada colectivo susceptible”, ha continuado López, que ha reivindicado que la condición sexual forma parte de la intimidad de las personas y ha sostenido que el Código Penal ya contempla como agravante que los delitos respondan a motivaciones homófobas.

Fuente La Vanguardia, El País, Público,

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Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia y portavoz del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya). GUILLEM SANS

El Parlament aprobará el jueves 2 de octubre la Ley de los Derechos de las Personas Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofobia. Así lo ha resuelto esta misma mañana la mesa de la cámara catalana y su vicepresidenta primera, Anna Simó. La norma, pionera en todo el Estado -en Galicia ya existe una pero no es punitiva- es fruto de una lucha de siete años y quiere proteger el colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), que en Catalunya representa casi un millón de personas.

La resolución ha sido impulsada conjuntamente por el PSC, ERC, ICV-EUiA y la CUP, contará con el respaldo de CDC y el rechazo frontal del PP y Unió. En este sentido, según Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia y portavoz del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya), los diputados del PP y de UDC han recibido fuertes presiones del Bisbat de Barcelona. “Es terrible la campaña de intoxicación que han hecho las jerarquías católicas para evitar que se aprobara. Me ha decepcionado mucho que haya gente que se considere cristiana y esté en contra de la existencia de derechos para el colectivo LGTB, es lamentable. Han llegado a coger el teléfono y llamar a diputados del PP y de Unió para que voten en contra de la ley y les han enviado cartas diciendo que la ley va en contra de la moral“.

Rodríguez remarca que la ley ha pasado todos los filtros legales posibles, incluido el Consell de Garanties Estatutàries, que dictaminó que ninguno de sus artículos va en contra de la Carta Magna. Pese a eso, vaticina que la iglesia pedirá a Rajoy que presente recurso de inconstitucionalidad. “Puede hacerlo pero no la paralizarán, seguro que saldrá adelante”. El camino ha sido espinoso, lleno de obstáculos y reticencias: “Ha habido momentos de todo: hemos tenido que dar puñetazos encima de la mesa de algunos diputados, enfados, lloros… ha sido muy duro llegar hasta aquí, hemos hecho casi un trabajo de vigilancia”.

Todos los ámbitos

Formada por 34 capítulos, es una especie de hoja de ruta exhaustiva que incluye el ciclo vital de una persona del colectivo LGTB desde todos los ámbitos: educación, universidad, sanidad, medios de comunicación, prisión, la identidad de género o la inseminación/reproducción asistida de las lesbianas. “Es la ley más completa del mundo y es muy valiente“, proclama el portavoz del FAGC. En virtud de la normativa y de las competencias de la Generalitat, la persona, institución o funcionario que la vulnere se enfrentará a un castigo administrativo, que puede ir desde multas a inhabilitaciones. Más que convertirse en una solución, la ley “apunta a la existencia de un problema” y Rodríguez espera que provoque un efecto dominó en otros parlamentos autonómicos.

Hasta ahora, los diferentes códigos penales españoles limitaban las agresiones a los ataques físicos y establecían las penas en función de los puntos de sutura o los días de permanencia en el hospital. “Las palabras pueden herir más que un puñetazo porque psíquicamente te pueden dejar fatal”. Rodríguez también se queja de otras discriminaciones más sutiles, como por ejemplo “que la comunidad de vecinos te prohíba poner una bandera y dejen poner otras, o que llegues a un hotel, pidas una cama doble de matrimonio y te digan que no te la dan porque sólo es para un hombre y una mujer”.

El portavoz de la FAGC advierte del riesgo de convertir la homofobia “en un problema pequeño” y acusa los políticos y a la sociedad de falta de valentía para atajar un tema “que siempre ha estado encima de la mesa: la libertad sexual, un valor universal y un bien de todos que está en retroceso, y el derecho al propio cuerpo”. En este sentido, elogia el feminismo por su lucha para situar este derecho en el centro del debate. “Las personas tenemos dos caminos: el del placer, visto como una opción buena y saludable, y el de la reproducción, que ya no es el clásico, porque hay muchas fórmulas y variadas, empezando por la adopción. El problema es la frivolización y que estamos construyendo una sociedad más conservadora“.

Una media de una agresión diaria

Después de la aprobación de la ley, el Parc de la Ciutadella, concretamente la glorieta de la transexual Sonia, será el escenario de una fiesta con música y discursos. “Ya tenemos ganas de celebrar cosas después de un 2013 terrible en el que han sucedido cosas muy graves”.

Y es que l’Observatori contra l’Homofòbia presentó recientemente la Memoria Antidiscriminatoria 2013. El informe detalla las 384 denuncias recibidas el año pasado en Catalunya contra agresiones y discriminaciones por opción sexual y identidad género. El perfil del agresor es el de un hombre joven (de entre 18 y 30 años), de clase obrera. Entre ellas la más grave, la del empresario Juan Andrés Benítez, socio de una entidad de LGTB que murió en la calle después de una intervención de los Mossos. El próximo 5 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, el colectivo organizará una manifestación en Ciutat Vella.

De casos extremos hay muchos, desde la paliza que dos chicos recibieron el pasado sábado cuando salían de una discoteca del barrio madrileño de la Moncloa a los episodios escalofriantes de otros países. Por ejemplo en Irán, donde las personas del colectivo LGTB son colgadas y decapitadas o en Sudamérica donde, a pesar de no existir “homofobia de Estado”, existen escuadrones de la muerte contra este sector en Honduras o México (llevan 24 muertos en el 2014) o en Brasil, donde los padres llegan a asesinar a sus propios hijos si se enteran que son gays, en palabras de Rodríguez.

Rodríguez ayudó a construir el movimiento LGTB en Chile, en el primer año de la transición, donde los códigos penales se inspiraban en los españoles. “Allí se castigaba la sodomía pero se penalizaba sólo quién recibía la penetración anal, todavía hoy no se ha aprobado el matrimonio gay. Ha heredado lo peor de España: la moral”. También dio su respaldo a los procesos de Colombia y Portugal, que  actualmente tiene uno de los movimientos más fuertes a nivel de Europa en la lucha a favor del colectivo.

Zapatero, “un héroe”

El paradigma en la lucha por la igualdad, el respeto y la tolerancia es Islandia, donde la presidenta acude a los actos oficiales acompañada por su mujer. Este país nórdico, junto a Portugal, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Argentina, Sudáfrica y España, son los únicos del mundo que han reconocido por ley los matrimonios homosexuales. En algunos casos, como en México DF, sí se pueden casar pero no adoptar.

En el caso de España, Eugeni Rodríguez no tiene reparos en loar el trabajo de Zapatero. “A pesar de que estuvo muy desafortunado en otras cuestiones, siempre lo consideraré el presidente del Estado español más valiente que ha habido por su extraordinario compromiso con los derechos humanos. Para el colectivo LGTB es un héroe”. El presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia explica que en el Congreso algunos le llamaban “maricón de mierda” y que los informes de la asociación internacional gay llegaron a situar España en el primer país en la defensa de los derechos del colectivo. “Aunque no se correspondían del todo con la realidad, él hizo el tejado. Su casa no tenía cimientos ni paredes“, una obra que ha terminado esta ley catalana.

Fuente Público

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Excelente noticia: el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dado luz verde a la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento catalán (puedes descargar aquí su dictamen completo). El Partido Popular la había impugnado ante este organismo autonómico para así retrasar su aprobación, prevista para julio, al considerar que suponía un “exceso de discriminación positiva”. Cuando se apruebe, la ley catalana será la primera ley contra la LGTBfobia aprobada en España que cuente con un régimen sancionador.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto, incluyendo las enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se opusieron al dictamen final en comisión. Hace un año, recordemos, todos los grupos rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

Se trata de un muy avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarrollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. El texto se acomoda así a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Un texto que sí contempla sanciones

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación. La propuesta catalana incluye además -de forma limitada- el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar la pertinencia de las medidas adoptadas.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y decidió recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Sin embargo, el dictamen ha sido unánime: los contenidos recurridos por el PP son acordes a la Constitución.

El Consejo de Garantías Estatutarias recuerda a este respecto que “nuestro ordenamiento constitucional se caracteriza por admitir una dualidad de sistemas sancionadores (penal y administrativo)”, y que respetando los condicionantes jurídicos de cada sistema Cataluña tiene potestad para legislar un régimen administrativo sancionador en esta materia. Respecto a la inversión de la carga de la prueba, el Consejo determina que“esta técnica probatoria encuentra amparo en la jurisprudencia constitucional, que la ha admitido como mecanismo de tutela ante la dificultad probatoria de los motivos contrarios a los derechos fundamentales y a la igualdad” y recuerda que la propia proposición de ley establece que no puede usarse en procedimientos penales o administrativos sancionadores.

Con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias, la proposición de ley queda ya solo pendiente de su aprobación final a la vuelta de las vacaciones de verano. Confiemos en que la apretada agenda política catalana no impida este último trámite, que supondrá un paso de gigante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

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Ya habíamos hablado acerca de este asunto, pero volemos a él porque nos parece que amplía muy bien el tema:

El Partido Popular catalán llevará ante el Consejo de Garantías Estatutarias la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento de Cataluña, impidiendo así que se apruebe antes del periodo vacacional. El PP argumenta que el proyecto, que contempla además un régimen sancionador para las conductas discriminatorias, supone un “exceso de discriminación positiva”.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto original puedes descargar aquí, y cuyas enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se han opuesto al dictamen final en comisión. Hace ahora un año, recordemos, todos los grupos del Parlamento catalán rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

La proposición de ley es un avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. En este sentido el texto se acomoda a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Una ley que contempla sanciones, a diferencia de la gallega

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado hace pocas semanas por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. Incluye además el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar su inocencia, y no al revés. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y ha decidido recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Ello supondrá, en el mejor de los casos, que el proyecto no se vote la semana próxima, como estaba previsto, retrasándose la aprobación final a la vuelta de las vacaciones. Para Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d’Alliberament Gay de Catalunya (uno de los colectivos impulsores de la iniciativa) la decisión del PP no responde más que “a una estrategia obstruccionista y de no querer erradicar la violencia homófoba”. Rodríguez ha dejado claro además que los colectivos LGTB catalanes nunca aceptarán una ley que no incluya un régimen sancionador.

Confiemos en que la maniobra no le salga bien al PP y la apretada agenda política catalana no impida la aprobación de un proyecto que supone  un gigantesco paso adelante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Cataluña, CDC, CiU, Discriminación, ERC, Eugeni Rodríguez, EUiA, FAGC, Galicia, ICV, Parlament de Catalunya, PP, PSC, UDC

Parece que poco a poco los políticos abiertamente gays van conquistando en España posiciones de mayor relevancia. Dos de ellos han sido noticia estos últimos días. Antonio Maíllo, elegido hace un año coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, ha resultado el ganador indiscutible de las primarias que dicha formación ha celebrado para elegir a su candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas (que deberían celebrarse en marzo de 2016). Mientras, en Cataluña, Miquel Iceta se perfila como nuevo primer secretario del PSC, al ser el único candidato que ha obtenido los avales necesarios para optar al liderazgo de los socialistas catalanes.

Iceta, que ya fue durante más de una década viceprimer secretario del Partit del Socialistes de Catalunya y portavoz de grupo socialista en el Parlamento catalán, recupera así protagonismo en un momento especialmente delicado para su partido. Los socialistas catalanes, de hecho, se han convertido en pocos meses en una fuerza con gran peso de políticos abiertamente gays: en abril era el exdiputado en el Parlamento catalán y portavoz del PSC Jaume Collboni (del cual en 2011 recogíamos la noticia de su boda) el ganador de las primarias abiertas para elegir al candidato de ese partido a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo de 2015.

Collboni, Iceta o Maíllo forman parte de una lista de políticos que muy poco a poco va haciéndose más extensa, y de la que también forman parte el convergente Santi Vila, miembro del Gobierno catalán, el popular Iñaki Oyarzábal, secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, o Víctor Casco, diputado de IU en el Parlamento de Extremadura.

Otros destacados políticos gays que por ejemplo han ocupado en el pasado posiciones destacadas a nivel autonómico han sido Jerónimo Saavedra, presidente de Canarias en los años ochenta (luego sería ministro y alcalde de Las Palmas), aunque en su caso su salida pública del armario no se produjo hasta el año 2000, o Ernesto Gasco, que tras ser concejal en San Sebastián y diputado, fue viceconsejero en el Gobierno de Patxi López. En ambos casos se trata de políticos socialistas. Caso aparte merece el de los que ya siendo conocidos como activistas LGTB dieron el paso a la política, como el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo o el diputado de Compromís de las Cortes valencianas Fran Ferri.

Mucho más difícil, por desgracia, resulta encontrar nombres de mujeres abiertamente LGTB en la política española. Destacamos dos: los de las socialistas Carla Antonelli, diputada en la Asamblea de Madrid y activista transexual, y Ángeles Álvarez, en nuestro conocimiento la única diputada abiertamente lesbiana del Congreso (está claro que mientras cada vez más políticos gays se atreven a dar el paso y visibilizarse, el armario y la vergüenza sigue siendo la tónica general de las lesbianas que se dedican a la actividad pública).

Santi Vila se casa en presencia de Ana Pastor…

Precisamente este fin de semana el conseller de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, Santi Vila, contraía matrimonio en el castillo de Peralada con su novio, Rafa Vertamatti.  Vila, que antes de incorporarse al ejecutivo catalán fue alcalde de Figueres, es uno de los principales representantes del sector más progresista de Convergència Democràtica de Catalunya y un firme defensor del proyecto soberanista.

A la ceremonia asistieron casi todos sus compañeros del Gobierno catalán así como la ministra de Fomento, Ana Pastor.

… que en su día se manifestó contra el matrimonio igualitario

No deja de resultarnos curiosa la presencia de Ana Pastor en una ceremonia en la que habrá tenido que tragar mucha bilis. La ahora ministra de Fomento, recordemos, fue una de las políticas del PP que avalaron con su presencia la infame manifestación homófoba de junio de 2005 contra el matrimonio igualitario convocada por organizaciones ultraconservadoras. Y en 2008 manifestó, al ser preguntada sobre el tema en una entrevista radiofónica, que el matrimonio entre personas del mismo sexo sería “un paréntesis en la historia de nuestro país“.

Fuente Dosmanzanas

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Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado domingo han dejado un panorama preocupante por el ascenso, en varios países, de fuerzas populistas y de extrema derecha. En clave LGTB, es hora de hacer un repaso a los diputados que han firmado su compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB promovido por ILGA Europa a través de la campaña Come Out.

En total, de los 751 parlamentarios electos, 187 (un 25%) se han comprometido con la igualdad LGTB. Los países que más firmantes han enviado al Parlamento Europeo son, por orden:

• Alemania: 30 (31% de una delegación de 96 diputados).
• España e Italia: 25 cada una (46% y 34% de sus delegaciones, respectivamente).
• Reino Unido: 21 (29%).
• Bélgica y Francia: 14 (67% y 19%, respectivamente).
• Países Bajos: 11 (42%).
• Austria y Suecia: 8 (44% y 40% de cada delegación).
• Finlandia, Irlanda y Luxemburgo: 5 (38%, 45% y 83%, respectivamente).
• Malta y Portugal: 4 (67% y 19%).
• Chipre y Dinamarca: 2 (33% y 15%).
• Croacia, Eslovenia, Hungría y Rumanía: 1 (9%, 13%, 5% y 3%).

El resto de los países (Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Eslovaquia) no enviarán a Bruselas y Estrasburgo a ningún representante que haya firmado el compromiso de ILGA Europa. De los datos se deduce que España, que lideraba la lista de candidatos, es también el país, entre los “grandes”, con una proporción más elevada de los mismos. La afiliación política de las fuerzas triunfadoras en cada país juega un papel fundamental, como reflejan los bajos porcentajes de Francia y Dinamarca, donde ha triunfado la derecha populista o extrema, o el relativamente elevado de Italia, debido a la victoria del Partido Democrático, seguido por el Movimiento Cinco Estrellas. Es interesante, por tanto, saber el desglose de los firmantes por grupos parlamentarios europeos:

• Socialistas y Demócratas: 83 (43% de 191 miembros del grupo).
• Verdes / Alianza Libre Europea: 32 (62%).
• Alianza de Liberales y Demócratas: 18 (28%).
• Izquierda Unitaria Europea: 17 (38%).
• Partido Popular Europeo: 14 (7%).
• Otros partidos y sin afiliación: 23.

Reino Unido: los “tories” no firman

En el Reino Unido, donde el eurófobo y populista UKIP se alzó con la victoria, no se han adherido al compromiso ninguno de sus diputados electos. Más sorprendente es la ausencia de representantes del partido conservador, cuyo líder y primer ministro David Cameron promovió la actual ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. El grupo LGBTory justificó la decisión de su formación argumentando que los conservadores prefieren que los derechos LGTB sean una competencia exclusiva de cada Estado miembro.

¿Y en España?

De los 54 diputados elegidos por España, 25 han firmado el compromiso de ILGA Europa: los 14 que ha obtenido el Partido Socialista (encabezados por Elena Valenciano), tres de los seis de Izquierda Plural (Marina Albiol, Willy Meyer y Ernest Urtasun), tres de los cinco de Podemos (Pablo Echenique, Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez), Josep Maria Terricabras de ERC, Ramon Tremosa de Convergència, Izaskun Bilbao del PNV, Jordi Sebastià de Compromís-Equo y Gabriel Mato del PP, el único de los 16 europarlamentarios electos por su partido. En la lista no hay ningún representante de UPyD (4 escaños), Ciudadanos (2 escaños) ni Los Pueblos Deciden (1 escaño).

Fuente Dosmanzanas

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Las elecciones al Parlamento Europeo están cada vez más cerca. Con el objetivo de facilitar un criterio más para decidir el voto, ILGA Europa ha analizado cómo se han posicionado, en siete votaciones clave sobre derechos LGTB, cada uno de los 752 diputados que han ocupado un escaño en Estrasburgo durante la legislatura que ahora acaba.

Los europarlamentarios reciben una calificación entre 0 y 100 según el sentido de su voto en siete resoluciones fundamentales que afectan a los ciudadanos LGTB de los últimos cinco años:

• El Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (que recogimos en 2012).
• La Resolución sobre la lucha contra la homofobia en Europa (2012).
• El Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto (2013).
• La Resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas (2011).
• El Informe sobre la ciudadanía de la UE y eliminación de obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE (2012).
• El Informe sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (también conocido como Informe Lunacek por su impulsora, del que nos hicimos eco a principios de este año).
• El Informe sobre salud sexual y reproductiva y derechos afines (2013).

Cada voto en línea con las recomendaciones de la ILGA suma 14 puntos, mientras que las abstenciones y las ausencias suman 7 y los votos en dirección contraria a los derechos LGTB suman 0. El criterio de contabilizar de igual manera la abstención y la no asistencia a la votación puede producir resultados engañosos: Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del Partido Popular en 2009 y convencido opositor a la igualdad LGTB, obtiene una puntuación de 21 sobre 100, a pesar de haber votado contra los derechos de gays y lesbianas en las cuatro votaciones sobre el tema en las que ha participado. Mayor Oreja ha renunciado a presentarse de nuevo como candidato.

Sin salirnos de los 54 representantes españoles, destacan positivamente (puntuación de 100 sobre 100) nueve de los 23 socialistas, entre ellos el cabeza de lista en 2009 Juan Fernando López Aguilar; así como el representante de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia, la del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Izaskun Bilbao y el de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Francisco Sosa Wagner. Este parlamentario se situó en el punto de mira en 2009 al abstenerse en una votación de condena de la legislación homófoba en Lituania; Sosa lo achacó a un “error técnico” y manifestó su intención de rectificar el voto unos días más tarde.

También obtienen puntuaciones por encima del 75 los dos diputados de IU-ICV (Willy Meyer y Raül Romeva) y el de Convergència Democràtica de Catalunya, Ramón Tremosa. Por el contrario, la media de calificaciones del PP se queda en 38 (siendo la más baja la del mencionado Mayor Oreja y la más elevada las de Pilar Ayuso, Agustín Díaz de Mera y Rosa Estaràs, con 57). El parlamentario de Unió Salvador Sedó consigue solo un 41.

ILGA ha calculado también las notas medias de cada partido político con presencia en el Parlamento Eeuropeo, y de cada país. Las formaciones paneuropeas más homófobas son el Partido Popular Europeo (35) y los euroescépticos de Europa de la Libertad y la Democracia (EFD, 36); mientras que los más favorables a la igualdad LGTB son Los Verdes (95) seguidos de los Socialistas y Demócratas (90). Por países, el único que queda por debajo del 50 es Polonia (32), mientras que la puntuación más alta la obtiene Suecia, con un 90. España, con 68 puntos, supera ligeramente la media de 62.

Información sin duda de gran interés para orientar el voto en las elecciones del próximo domingo, y que complementa a la lista de candidatos que han firmado ya el compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB incluido en la iniciativa Come Out, de la que hemos venido informando periódicamente (en próximos días haremos una última actualización).

Fuente Dosmanzanas

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La UE aprueba el informe Lunacek sobre derechos LGTB con los votos del PP español, excepto Mayor Oreja y Vidal-Quadras

Celebramos la aprobación del Informe Lunacek contra la discriminación sexual y de género en el Parlamento Europeo

Medidas por la igualdad en la educación, la atención sanitaria, el acceso a bienes y servicios y acciones específicas en favor de las personas trans e intersexuales. Estas son algunas de las medidas que contempla el Informe Lunacek, que fue aprobado ayer por el Parlamento Europeo con los votos del PP Europeo (11 a favor, 4 en contra, entre ellos los de Mayor Oreja y Vidal-Quadras y 2 abstenciones).

El informe Lunacek ha sido aprobado esta mañana con 394 votos a favor y 176 votos en contra en el Parlamento Europeo. Este informe hace una recomendación no vinculante a la UE para que desarrolle una hoja de ruta con medidas contra la homofobia, bifobia y transfobia, siguiendo la misma línea que las que se establecen para combatir discriminaciones por razón de género, discapacidad o etnia.

El informe insta a una estrategia por la igualdad en campos como el empleo, la educación, la salud, el libre movimiento, los crímenes de odio o las relaciones internacionales.

El Parlamento Europeo ha sufrido una fuerte presión por parte de grupos extremistas y conservadores con argumentos falsos respecto al informe, que si bien es una buena noticia, está lejos de promover una igualdad legal o real en los países que componen la Unión Europea. Desde la FELGTB se ha trabajado para dar a conocer este informe y pedir la colaboración ciudadana para que las y los representantes del Parlamento Europeo vieran el apoyo de la ciudadanía a medidas que impulsen la igualdad.

Gabriel Aranda, coordinador del Área Internacional de la Federación, ha remarcado que “es intolerable que haya representantes españoles en el Parlamento Europeo incapaces de establecer un marco común contra la discriminación. Vivir libre de discriminación o amenazas es un derecho fundamental básico que eurodiputados como Mayor Oreja, Vidal Quadras y otros del PP han querido negar a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Este 2014 lo dedicamos precisamente a hacer pedagogía al respecto: los derechos LGTB son Derechos Humanos”.

“La aprobación del informe Lunacek es una buena noticia porque da un mínimo de seguridad jurídica a las personas LGTB en la Unión Europea, pero la igualdad es un camino aún largo. Trabajamos para que el Gobierno abra los ojos y entienda que es necesario promover en España una Ley de Igualdad de Trato que profundice esa lucha contra la discriminación también por motivo de orientación sexual e identidad de género”, ha recordado Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB

Más sobre el informe:

El informe, del que ha sido ponente la eurodiputada verde austriaca (y copresidenta del Intergrupo LGBT del Parlamento Europeo) Ulrike Lunacek, condena enérgicamente toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y “deplora profundamente” que los derechos fundamentales de las personas LGTBI no se respeten siempre en la Unión Europea. Además pide a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a las agencias comunitarias que trabajen juntos por una hoja de ruta similar a las que ya cuenta la Unión para combatir la discriminación por motivos de género, discapacidad o etnia.

“El estudio sobre las personas LGBT publicado por la Agencia de los Derechos Fundamentales en 2013 indica que un 47 % de las personas LGBT fue objeto de discriminación o acoso en el último año, dándose los índices más elevados de discriminación entre las lesbianas (55 %), los jóvenes (57 %) y las personas LGBT más pobres (52 %); un 26 % fue objeto de agresiones o amenazas violentas debido a su orientación sexual o identidad de género (un 35 % entre las personas trans); únicamente un 10 % se sintió con suficiente seguridad para denunciar la discriminación a la policía, y solo un 22 % denunció casos de violencia o acoso; un 32 % fue objeto de discriminación en el acceso a la vivienda, en el ámbito educativo o en el acceso a la atención sanitaria, los bienes o los servicios; y un 20 % fue objeto de discriminación en el empleo o el trabajo (un 29 % entre las personas trans)”, asegura el informe.

El texto menciona las áreas en las que debe incidir la hoja de ruta, siempre respetando las competencias de los Estados miembros. En materia de familias y libre circulación, por ejemplo, establece que la Comisión debe elaborar directrices para garantizar la aplicación a las personas LGTBI de las directivas sobre el derecho de los ciudadanos europeos y de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de la Unión, “con el fin de asegurar el respeto de todas las formas de familia legalmente reconocidas en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros”. En materia de juventud y educación, se hace un llamamiento a la Comisión para que promueva la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en todos sus programas específicos.

En materia de transexualidad, el texto reclama a los estados miembros que establezcan o revisen los procedimientos jurídicos de reconocimiento del género con el fin de respetar el derecho a la dignidad y la integridad física de las personas transexuales. También pide a la Comisión y a la Organización Mundial de la Salud que sigan trabajando para suprimir los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y del comportamiento. En materia de incitación al odio, el texto pide que el marco actual de la Unión Europea sobre la “lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal” sea reformulado para incluir otras formas de delitos motivados por prejuicios e incitación al odio, entre ellos por razón de orientación sexual e identidad de género.

Aunque el “informe Lunacek” establece solo recomendaciones y no se trata de una directiva de obligado cumplimiento, su aprobación supone un hito importante en la lucha por los derechos LGTB en Europa y una derrota importante para los grupos ultraconservadores que en las últimas semanas se habían movilizado muy activamente para impedirla. “No podemos seguir tolerando la homofobia en Europa. Tantos de nosotros, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales hemos vivido con miedo demasiado tiempo. Miedo a darnos la mano por la calle, miedo a que nos insultaran, miedo a que nos echaran de nuestras casas, colegios o trabajos. Mi informe deja claro que la Unión Europea debe actuar para que nosotros también podamos disfrutar de los derechos garantizados a todos los ciudadanos”, ha declarado al respecto su autora, Ulrike Lunacek.

“La Comisión debe proponer una refundición de la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, de forma que se incluyan otras formas de delitos motivados por prejuicios y de incitación al odio, entre otros, por motivos de orientación sexual e identidad de género”, incluye también.

 El voto español:

Por lo que se refiere al sentido del voto de los eurodiputados españoles, los eurodiputados de Aralar (Verdes/Alianza Libre Europea), Convergència Democràtica De Catalunya (ALDE), IU (Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica), Iniciativa per Catalunya Verds (Verdes/Alianza Libre Europea) , PSOE (S&D), PNV (ALDE), Unió Democràtica de Catalunya (Grupo Popular Europeo) y UPyD (no integrada en ningún grupo) votaron a favor.

 Por lo que se refiere a los 24 eurodiputados populares, cabe felicitarse de que diez de ellos decidieran votar a favor. Son Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Salvador Garriga, Esther Herranz, Teresa Jiménez-Becerril, Verónica Lope, Francisco José Millán, Eva Ortiz y Pablo Zalba. Votaron en contra cuatro: Cristina Gutiérrez-Cortines, Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Salafranca, Aleix Vidal-Quadras (si bien este eurodiputado ya no pertenece al PP). Se abstuvieron dos: Carmen Fraga y Luis de Grandes. Ocho eurodiputados populares no votaron (tampoco lo hicieron tres socialistas).

 Por una vez, y nos congratulamos por ello, el PP español ha votado en un sentido más progresista que la media de su grupo: 10 han votado a favor, 4 en contra, 2 se han abstenido y 8 no han votado, mientras que de los 274 eurodiputados del Grupo Popular Europeo 69 han votado a favor, 130 en contra, 25 se han abstenido y 50 no han votado.

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