Un juez de Dakota del Norte aprobó una moción para detener temporalmente la aplicación de las normas federales contra la discriminación como parte de una demanda en curso presentada por la Diócesis de Bismarck y la Catholic Benefits Association (CBA)-Asociación Católica de Beneficios (CBA) contra la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), según Inforum.

A principios de esta primavera, la Comisión actualizó sus directrices sobre el acoso en el lugar de trabajo para incluir el uso correcto de los pronombres, el acceso al baño y la cobertura médica para la atención de afirmación de género como protecciones obligatorias para los empleados transgénero. La Comisión publicó su norma de implementación para la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas, promulgada por el presidente Biden en 2022, que exige protecciones para las empleadas que buscan abortos y tratamientos de fertilidad.

La Diócesis de Bismarck y la CBA presentaron una denuncia en el verano, alegando que las nuevas directrices sobre el acoso en el lugar de trabajo violaban sus derechos como organizaciones religiosas, y argumentaron que el empleador religioso debería estar exento. Charlotte Burrows, directora de la EEOC, respondió a la denuncia reafirmando que las exenciones religiosas para los empleadores siguen estando protegidas por el Título VII y se consideran caso por caso. Burrows también afirmó que la diócesis no tenía motivos para la exención, ya que estaba reaccionando a “escenarios especulativos” y no podía demostrar “daño o confusión resultante de las reglas“, informó Inforum.

En cuanto a la regla de implementación de la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas, los demandantes dijeron que los requisitos de la EEOC con respecto a los abortos y los tratamientos de fertilidad exceden con creces la intención original de la legislación y, por lo tanto, violan el estatuto federal. Se alega que estos mandatos también violan la libertad religiosa del demandante.

El  juez Daniel Traynor, juez de distrito de EE. UU. que aprobó la moción, es un designado de Trump en 2020 y ex miembro de la junta directiva de la Conferencia Católica de Dakota del Norte. En su fallo, Traynor estuvo de acuerdo con los demandantes en que las regulaciones de la EEOC obligan a los empleadores religiosos a abandonar sus creencias o enfrentar sanciones, lo que posiciona el tema directamente como uno de libertad religiosa.

“Uno podría pensar que después de todo este litigio, el gobierno respetaría los límites de la libertad religiosa”, escribió Traynor. “En cambio, parece que el objetivo puede ser encontrar nuevas formas de infringir los derechos fundamentales de los creyentes religiosos al ejercicio de sus religiones”.

Refiriéndose específicamente a las disposiciones transgénero, Traynor agregó que el gobierno no está constitucionalmente facultado para “actuar como policía del lenguaje”, y afirmó el importante papel de la Primera Enmienda en el establecimiento de una “zona segura para que los creyentes hablen y piensen sin temor a que el gobierno los cuestione por ‘identificar mal’ a una persona y manifestar sus creencias”.

La CBA, una empresa que “aboga y litiga en defensa de” sus empleadores miembros, que incluyen 87 diócesis católicas, presenta un gran cartel en la página de inicio de su sitio web que anuncia la concesión de su medida cautelar por parte de Traynor. La copia dice “CBA gana una medida cautelar contra la EEOC para sus miembros actuales y futuros” y contiene un botón que enlaza a un PDF de la decisión de Traynor.

Como resultado de la decisión del juez, ni la Diócesis de Bismarck ni ninguna de las entidades miembro de la CBA estarán obligadas a pagar las multas federales por su incumplimiento de las pautas de la EEOC hasta que se resuelva el litigio.

—Jeromiah Taylor (él), 31 de octubre de 2024

Fuente New Ways Ministry

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Algunos católicos americanos se quejan de que una ley de Obama obliga a los médicos religiosos a realizar abortos y reasignaciones de sexo, pero las organizaciones LGTB responden que no.

Antes de salir de la Casa Blanca, el presidente Obama está  firmando leyes y órdenes ejecutivas con la intención de proteger todo su trabajo antes de que llegue Donald Trump e intente cargárselo. Probablemente no sirva de mucho porque en enero los republicanos controlarán todo lo que pueden controlar, pero la clave es no ponérselo fácil, que sus votantes se cansen de que se gasten dinero en cosas que no les afectan realmente y que en cuatro años los manden a  a casa.

Todos sabemos que el nuevo enemigo a batir por parte de los grupos religiosos en Estados Unidos es el colectivo  trans, porque desde que el Tribunal Supremo aprobó el matrimonio igualitario no está muy bien visto ser homófobo. Así que se han pasado a la transfobia, que eso aún sale gratis. En plena guerra por las leyes de “libertad religiosa” y las “leyes de los lavabos“, Obama firmó una orden ejecutiva que obligaba a la administración a permitir que las personas trans utilicen el baño del género con el que se identifican.

Pero además Obama firmó en julio una ley que afectaba al Acta de Cuidado de Salud Asequible para aclarar una parte del texto que podía ser propensa a la discriminación. En realidad la intención no era proteger únicamente a la comunidad trans sino a cualquiera que pudiera ser discriminado, pero estos católicos dicen que no, que en realidad todo es un intento de Obama para obligar a los médicos católicos a hacer cosas que su religión no les permite.

La Catholic Benefits Association ha presentado en un juzgado del Distrito de Dakota del Norte una demanda contra Obama alegando que la ley es “un intento del gobierno de redefinir el término ‘sexo’ en las leyes anti-discriminación federales“. Y añaden que esa ley forzará a los médicos católicos a realizar cirugías de reasignación de sexo o abortos, algo que la Biblia no les permite hacer.

Desde las organizaciones LGTB reconocen que la ley que firmó Obama ofrece una protección importantísima a las personas trans, pero aclaran que no es una ley que fuerce a nadie y que los católicos integristas están haciendo lo que mejor saben hacer: tergiversar las cosas. Según Sarah Warbelow, la directora legal de la Human Rights Campaign, lo que dice la ley es que “si provees un servicio concreto a una persona, no puedes negarte a proveérselo a otra“.

Es decir: que un médico que no realiza reasignaciones de sexo o abortos no estará obligado a hacerlo, pero uno que sí los hace no puede negarse a hacerlo en base a un criterio discriminatorio.

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