Por Pilar Salazar

Ilustración: Florencia Capella

Esta semana se presentó en el Congreso de Guatemala un proyecto de ley para sancionar los crímenes por prejuicio. Establece penalizar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Es el segundo intento de reformar el artículo 202bis del Código Penal en un país donde en el año ya se contabilizan 18 crímenes de odio.

Esta vez la ruta estratégica es distinta y la iniciativa, presentada por les diputades Karina Paz, Sandra Morán y Carlos Barreda, “pretende tipificar la conducta de discriminación en cualquier ámbito de la vida de la comunidad LGBTIQ+, entiéndase lo laboral, educativo, salud, justicia, entre otros”.

Paz expresó que es importante impulsar esta reforma para que la comunidad LGBTIQ+ tenga un respaldo legal, pues aunque en la Constitución Política de la República se establezca el derecho al trabajo, la salud y la educación, en la realidad este sector de la población es discriminado. La diputada concluyó con un mensaje a la sociedad guatemalteca: “Que seamos un país más tolerante, incluyente, donde encontremos paz y podamos soñar con que todos gocemos de los mismos derechos”.

Marisa Batres, abogada feminista parte del colectivo Visibles, explicó a este medio la importancia de esta reforma para los derechos humanos:“esta reforma atiende a compromisos internacionales, porque nuestro Estado en el ejercicio de su soberanía forma parte de un sistema internacional de derechos humanos. Este sistema está conformado por varios comités que se han ido especializando en diferentes temáticas, a los que el Guatemala se ha adherido. Constantemente, Guatemala debe presentar sus avances, sin embargo, según el estudio de los Comités, se ha desprendido la necesidad de plasmar expresamente «la orientación e identidad sexual» como una forma de discriminación, ya que Guatemala ha demostrado que no ha garantizado efectivamente el derecho de igualdad y respeto por toda la población”.

Batres piensa que la población LGBTIQ+ no es protegida por el Estado, por ejemplo por los prejuicios de les funcionaries de las entidades estatales.

Allanamiento ilegal

En la madrugada del jueves fue allanado de manera ilegal el local de la “Asociación Somos”, una organización que tiene en su base comunitaria a hombres gays, representada por Marco Loarca, quien estuvo en la presentación de la iniciativa. Loarca contó a Presentes que le robaron un equipo informático y un portafolio que contenía documentos respaldatorios para el proyecto de ley como denuncias, cartas, recortes de periódicos y documentos legales de la asociación.

Henry España, de la Defensoría de la Diversidad Sexual, dijo que la Policía Nacional Civil, Udefegua (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala) y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para establecer lo sucedido.

Fuente Agencia Presentes

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