El Tribunal durante la lectura del veredicto, en marzo de 2024, La Plata.

La Justicia reconoció en marzo que los delitos contra travestis y trans fueron parte del Terrorismo de Estado. Ahora se conocieron los fundamentos de un fallo “único e inédito en el mundo”. Ana Oberlin, auxiliar de fiscal, explica su relevancia.

Fuente Agencia Presentes

10 de julio de 2024

Agustina Ramos
Archivo Agencia Presentes Archivo de la Memoria Trans
Edición: María Eugenia Ludueña

 BUENOS AIRES, Argentina. “Es un fallo único, inédito en el mundo”, expresó a Presentes la auxiliar de fiscal Ana Oberlin tras conocer los fundamentos del juicio Brigadas. En él, por primera vez se reconoció judicialmente a ocho mujeres trans y travestis como víctimas del terrorismo de Estado. El 5 de julio el Tribunal dio a conocer los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata que el 26 de marzo condenó a 11 acusados por delitos de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado. Diez de ellos a prisión perpetua.

“Las detenciones arbitrarias e ilegales, la violencia sexual, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la reducción de servidumbre” sufridas por estas ocho mujeres trans y travestis “en manos del personal policial y militar, se encuadra en el ataque que sufrió la población civil en la Argentina durante el periodo investigado, y en consecuencia, corresponde calificar tales sucesos como delitos de lesa humanidad”, concluye la parte de los fundamentos dedicada a los delitos contra ell colectivo trans. La sentencia fue dictada por los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers.

Las víctimas trans y travestis de este juicio, el más grande en la región, fueron Valeria del Mar Ramírez, Julieta Alejandra González, Claudia, Judith Lagarde, Analía Velázquez, Paola Leonor Alagastino, Carla Fabiana Gutiérrez y Marcela Viegas Pedro. Se investigaron delitos contra 610 víctimas. Entre ellas, 23 mujeres embarazadas, 10 nietes apropiades -7 recuperaron su identidad-, militantes, estudiantes de La Noche de los Lápices y una madre secuestrada junto a su hijo.

Los delitos juzgados fueron cometidos durante la última dictadura militar en los centros clandestinos Pozo de Banfield; Pozo de Quilmes; El Infierno (Lanús, Avellaneda); y en la Brigada de Investigaciones San Justo, en la provincia de Buenos Aires. En el caso de las ocho víctimas travestis y trans, los delitos fueron en el Pozo de Banfield.

«Nos decían puto, maricón, ustedes tienen que morirse, los vamos a matar, los vamos a tirar por ahí y quién los va a buscar», contó Paola Alagastino. A la derecha, Ana Oberlin, auxiliar de fiscal. . 

“Esta fue la primera vez que un juicio por crímenes de lesa humanidad analizó lo sucedido con las mujeres trans en esos años. Además, estos casos fueron presentados por la fiscalía no como hechos aislados, individuales, sino como parte de la violencia estatal sistemática hacia ellas, que se agudizó en la dictadura”, explicó la auxiliar de fiscal Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides.

Delitos contra travestis y trans fueron parte del Terrorismo de Estado

Julieta Alejandra González, el día de su declaración ante el Tribunal. Archivo de la Memoria Trans.

“Ya fue un hito el hecho de que cinco de ellas, sobrevivientes, hayan brindado testimonio en la audiencia del 18 de abril. También que lo hiciera Valeria del Mar (primera querellante trans en juicio de lesa humanidad) y que Marlene (Wayar) fuera convocada en su calidad de testiga experta, como otras personas que aportaron en el mismo sentido”, compartió Oberlin a Presentes. El Tribunal consideró en su veredicto y fundamentos “algo fundamental: que estos delitos también fueron de lesa humanidad, formaron parte del Terrorismo de Estado”, explicó Oberlin.

Desde hace años, la Fiscalía insiste en que si bien existían códigos contravencionales por los que personas travestis y trans eran detenidas, no fueron detenciones legales. “Las violencias a las que fueron sometidas son exactamente las mismas a las que fueron sometidas todas las personas en centros clandesrtinos durante el Terrorismo de Estado”, argumentó.

En esta línea, el doctor en Comunicación y militante por los derechos LGBT+ Flavio Rapisardi subrayó durante el juicio: “Estas comunidades estaban marcadas con anterioridad y posterioridad, pero durante el golpe de Estado sufrieron una persecución sistemática”.

La identidad de género, enemiga de la dictadura

Marcela Viegas Pedro declaró en abril de 2023, acompañada por el equipo de Acompañamiento de Testigxs de la Secretaría de DDHH de la provincia.

Los fundamentos del Tribunal retoman el alegato formulado por Oberlin. Para la Fiscalía y los jueces, la identidad de género de estas víctimas quedó incluida “en el esquema binario que eliminaba todo lo que se presentase como disidente para la concepción del opresor”. Oberlin fundamentó que las mujeres trans formaron parte de las personas consideradas enemigas por el Terrorismo de Estado ya que no se ajustaban al modelo sexo-genérico “occidental y cristiano” que la dictadura buscó garantizar. En este sentido fueron consideradas subversivas en razón de su identidad de género y formaron parte del plan de aniquilamiento.

A esto se suma que fueron utilizadas instrumentalmente, a través de actividades de inteligencia, con el objetivo de conseguir información de ellas.  Lo que “refuerza que eran parte de los objetivos a perseguir”, dice el fallo.

Los fundamentos de los jueces cumplen una función pedagógica al explicar qué son los conceptos “cisnormatividad” y “heteronormatividad”, al tiempo que argumentan por qué la dictadura se apoyó en ellos en el modelo social y cultural que buscó reforzar e implantar.

Una sentencia que habla de cisnormatividad y heteronormatividad

Fabiana Gutiérrez, una de las víctimas que declaró en el juicio. Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes

Para el Tribunal quedó verificado “de manera clara y contundente” que “el Terrorismo de Estado fue garante de un modelo sexo genérico hegemónico, en el cual, los roles de mujeres (cis) y varones (cis) estaban asignados, respectivamente, a los ámbitos doméstico y público, en una cultura netamente patriarcal-occidental”, según se sostiene en el documento.

Se apoyaron en el concepto de “cisnormatividad” que reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la expectativa de que todas las personas son cisexuales [o cisgénero], que aquellas personas a las que se les asignó masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquéllas a las que se les asignó femenino al nacer, siempre crecen para ser mujeres”. Al mismo tiempo explicaron que la “heteronormatividad” se refiere al “sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, conforme al cual dichas relaciones son consideradas ‘normales, naturales e ideales’ y son preferidas sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género”.

Además, consideraron que quedó demostrado que “las mujeres -cis y trans- sufrieron en mucha mayor medida que los varones, violaciones y abusos en sus cautiverios, y otras violencias específicas”, retomando las palabras de Oberlin.

Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides, junto a una sobreviviente trans, en una charla sobre el juicio en el Bachillerato Popular Trans No Binarie Mocha Celis

Delitos de violencia sexual

Los delitos cometidos contra este colectivo fueron privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados, abusos sexuales agravados y reducción a la servidumbre. Los jueces detallaron que fueron en su mayoría delitos de violencia sexual.Y explicaron que estos “configuran delitos de lesa humanidad como el resto de los delitos evaluados en este juicio (privación ilegal de la libertad, sometimiento a tormentos, reducción a la servidumbre, homicidios), y, por ende, son imprescriptibles”. 

Los fundamentos de las sentencia enumeran jurisprudencia internacional como el Estatuto de Roma y el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia “Vicky Hernández vs Honduras” que declaró al Estado de Honduras responsable por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual y defensora. También cita jurisprudencia nacional, entre ella, el fallo “Martel” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de mayo de 2022, el cual revocó una sentencia que excluyó los delitos de violación y abuso deshonesto a condenados por delitos de lesa humanidad. Y consideró que el juzgamiento de estos hechos debe realizarse con perspectiva de género.

“He pasado todo tipo de torturas, también psicológicas. Me han violado. Continuamente se sentía la muerte», contó Analía Velázquez

El Tribunal consideró especialmente los testimonios brindados en debate por las víctimas. “En diversos pasajes han señalado el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas, que como se ha verificado en este juicio, alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época en que acaecieron los sucesos”, explicaron.

Los jueces reconocieron finalmente que el análisis sobre los delitos contra el colectivo trans en este juicio “dio cuenta de la notoria discriminación. Hasta la fecha, no ha sido cristalizada en el marco de un juicio oral por los crímenes de lesa humanidad”. Además, subrayaron que tales crímenes “no resultan aislados sino que corresponde enmarcarlos dentro de un contexto de discriminación histórica y estructural”.

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El gobierno bonaerense las reconoció como presas políticas

Julieta González relata a Página/12 cómo fueron los días en los que estuvo secuestrada en el Pozo de Banfield: los abusos, las humillaciones, los Falcon manchados con sangre y el llanto de un bebé nacido en ese campo de concentración.

“Te llena saber que después de 40 y pico de años diciendo nuestra verdad finalmente nos escucharon”, dice con emoción Julieta González, una mujer trans que el martes fue reconocida como presa política por el gobierno bonaerense después de haber estado detenida en el centro clandestino de detención conocido como el “Pozo de Banfield”.

Julieta vivió toda su vida en Tigre. Una noche fue secuestrada mientras estaba con otras dos compañeras ejerciendo el trabajo sexual en la Avenida del Libertador, a la altura del Club Atlético San Isidro (CASI). No recuerda si fue en 1977 o en 1978 porque entonces las violencias eran muchas, cotidianas y asfixiantes. Pero sí recuerda cómo –con sus 20 años a cuestas– fue llevada desde la Brigada de Martínez al lugar que conocía como el “Área Metropolitana” de Banfield.

“Nos trataban como si fuéramos un extraterrestre. Te miraban de arriba a abajo. Como si fueras un marciano”, cuenta. Primero las llevaron a buscar un calabozo donde meterlas. “Vi una persona en una celda, sentada en el piso. Toda flaquita y con el pelo largo enredado. Cuando abren la puerta, mira hacia donde estábamos y después vuelve a agachar la cabeza”.

Como ese lugar estaba ocupado, las empujaron a buscar otro calabozo. Las instalaron en uno que tenía una letrina. “Nos trajeron dos colchones que estaban llenos de sangre –como con coágulos de sangre– y pelos. Ahí comenzó el martirio”, relata. Para las mujeres trans que estaban alojadas ahí dentro lo común eran los abusos sexuales y los cachetazos ante cualquier mínima resistencia.

A ellas también las usaban como mano de obra esclava en el centro clandestino: tenían que cocinar en unas ollas grandes, limpiar, lustrar botas e incluso picar cascotes. “Párense como hombres”, les gritaban. Si osaban responder, lo que venían eran los golpes.

Las tareas de limpieza incluían lavar los autos que se usaban para secuestrar. Era común que se encontraran ropas rotas y ensangrentadas, pero hay un recuerdo de un Falcon amarillo que, más de 40 años después, aún la estremece. El auto estaba lleno de sangre en los asientos y en el baúl. “A veces me miro las manos y pienso que están manchadas con sangre porque nos hacían lavar esos coches”, cuenta.

Durante el día, el Pozo de Banfield funcionaba casi como una dependencia policial más –con sus violencias y arbitrariedades– pero los movimientos se escuchaban particularmente de noche. A Julieta y a sus compañeras les habían prohibido subir hacia los pisos superiores. Un día escucharon que, desde arriba, les preguntaban dónde estaban. “En el Área Metropolitana de Banfield”, se animaron a responder ellas.

El sonido de los motores de los autos son todavía un recuerdo vívido para ella, que hacen que durante las noches esté atenta al menor ruido. Hay otro sonido que no puede olvidar. Los gritos de una mujer y después el llanto de un bebé en el Pozo de Banfield, un lugar usado como una maternidad clandestina dentro de lo que se conoce como el Circuito Camps. “¿Quién será ese bebé? A mí me gustaría decirle: ‘Yo estuve en tu nacimiento. Yo te escuché llorar’. Ojalá Dios haya iluminado a esa criatura”, dice.

Algo parecido a la justicia

Julieta, de 65 años, estuvo el martes en La Plata para recibir el certificado que la reconoce como una presa política y la hace beneficiaria de una pensión graciable a partir de la ley 14042. La acompañó su mamá de 90 años. “Qué emoción ver que hoy te reconocen cuando tantas veces vi que te humillaban”, le dijo.

En medio de los abrazos y las fotos, se acercó un hombre joven para saludarla. “Los presento. Él es el juez Ernesto Kreplak”, les dijo una funcionaria que participaba del acto. Kreplak es el juez que procesó a los represores que tuvieron bajo su órbita al Pozo de Banfield por lo que padecieron Julieta y otras siete personas trans que fueron llevadas a ese lugar. En su resolución de abril de este año, el juez reconoció que estas personas fueron víctimas de una violencia diferencial en razón de su orientación sexual e identidad de género.

La investigación sobre lo sucedido con Julieta se hizo conjuntamente con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, con el especial impulso de la auxiliar fiscal Ana Oberlin, quien venía trabajando desde hace unos años en casos que nunca habían tenido respuesta judicial. Contó con la ayuda del Archivo de la Memoria Trans, que acercó a otras personas que habían estado secuestradas y nunca habían contado su historia en los tribunales –vistos como un escenario más asociado a la violencia y al maltrato que como una instancia de justicia y reparación–.

“Se escucharon sus testimonios y se generaron distintas imputaciones. Eso habilitó que se las considerara presas políticas en manos del terrorismo de Estado. En ese momento fue cuando se intensificaron las violencias, lo que incluyó haber estado en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Esa persecución se dio en el marco del modelo que quería imponer la dictadura en lo que hace también a lo sexo-genérico: haber transgredido la cis-heteronormatividad iba a ser castigado con mayor saña entonces”, explica Oberlin, que resalta que siguen escuchando testimonios y que quienes quieran acercarse para contar sus historias van a ser recibidas.

Algo parecido a la reparación

El martes, el gobierno provincial no solo reconoció –en el marco del día del detenido-desaparecido– a Julieta sino también a Carla Fabiana Gutiérrez, una mujer trans que se exilió en Europa. Ella fue secuestrada en el verano de 1976-1977, cuando tenía catorce años y sometida a todo tipo de abusos y humillaciones. No pudo viajar pero mandó un video desde Italia, donde vive.

“Fue un acto con características distintas por todo lo que representa este grupo tan vulnerado y se percibió esa sensación de reparación y justicia”, afirma Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense. “Si en el imaginario de la dictadura no entraban las disidencias políticas, gremiales o estudiantiles, tampoco entraban las disidencias sexuales”, añade.

A Julieta todavía le cuesta creer que el reconocimiento sea cierto. Será posiblemente otro hito en su historia, como lo fue recibir en 2012 el documento con el nombre que ella había elegido como propio a los catorce años. “El gobierno de Cristina no solo me dio mi identidad, sino que me devolvió la dignidad”, dice. “La vida también recompensa”.

Hace un tiempo, Julieta volvió una vez al Pozo de Banfield con un equipo de periodistas de Brasil. Sintió la conmoción de estar nuevamente cerca de esas paredes llenas de humedad. Sintió la presencia de quienes no pudieron salir de ese infierno. En las últimas horas recibió una invitación para ir al sitio de memoria que allí funciona, sacarse una foto y que su historia se cuente allí. “Es la historia y tiene que saberse para que no pase nunca más. Ojalá que la reparación sea para todas las chicas mayores de 60 que pasaron por este proceso”, pide.

Por Luciana Bertoia

2 de septiembre de 2022

Fuente Página12

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