Para las personas trans en América Latina tener más de 40 años es ser una sobreviviente. Desde hace una décadas, adultas mayores travestis y trans de Argentina se organizaron para reclamar por una ley de reparación histórica que contemple las violencias estatales que han sufrido a lo largo de los años, además de tejer redes en las que construyen memoria y resistencias cotidianas.

Fuente Agencia Presentes
17 de febrero de 2025<
Lucas Gutiérrez
Muriel BruschiEuge AzarAriel Gutraich
Alejo Sol
Edición: Ana Fornaro

– Ustedes nos pegaron, violaron y asesinaron, ¿qué más quieren?– le grita Patricia Rivas a unos cien policías acorazados detrás de cascos y escudos.

Es 24 de mayo de 2024, la tarde está helada y la Plaza de Mayo, donde está la Casa de Gobierno, está rodeada de uniformados para impedir que la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Trans y Travesti circule por la calle hasta el Congreso de la Nación, donde espera un escenario. El Ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei publicó un protocolo que sólo permite manifestarse por la vereda, sin cortar el tránsito, además de habilitar varios mecanismos para criminalizar la protesta.

Patricia tiene el pelo rubio platinado vaporoso y avanza con tacos plateados, cubierta de un saco negro por el que asoma un gran escote. Tiene 58 años, es alta y robusta, parece fuerte pero guarda en el cuerpo  y la memoria las cicatrices del odio y la violencia de las fuerzas de seguridad. Ella forma parte de Históricas Argentinas, una organización de trans adultas mayores que se reconocen como víctimas del terrorismo de Estado y de múltiples violencias institucionales en democracia. Son sobrevivientes y exigen ser oídas.

Patricia enfrenta a policías acorazados en la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Trans y Travesti Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes

A las trans mayores las acompañan activistas de derechos humanos y de la diversidad. Hay infancias y adolescencias trans, personas no binarias, lesbianas, maricas y mucha familia elegida. Frente al despliegue policial desproporcionado con armas largas y motos que rugen, el grito fue uno solo:

– ¡No tenemos miedo!

La violencia institucional es una herida histórica en los colectivos travestis y trans. Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), las personas de la diversidad sexual, y con especial saña las travestis y trans, fueron perseguidas y encarceladas por su identidad. Pero para ellas los calabozos continuaron bien entrada la democracia, por la criminalización presente en los edictos policiales de varias provincias que habilitaba la caza de “los travestidos” en las calles. Estos edictos estuvieron vigentes hasta 1998 en Ciudad de Buenos Aires y hasta una década después en Provincia de Buenos Aires y otras provincias. Las personas trans y travestis suelen decir que para ellas la democracia comenzó recién 2012, con la aprobación de la Ley de Identidad de Género. 

Hace una década comenzó la militancia por una ley de reparación histórica para las trans y travestis sobrevivientes y también el pedido de una pensión graciable. 

Para eso se formaron distintos grupos: Además de Las Históricas Argentinas, existe el el Archivo de la Memoria Trans Argentina, un proyecto artístico y político de recuperación histórica que dio la vuelta al mundo y ha sido replicado en varios países. 

Además de la reparación históricas, estos colectivos exigen que se cumpla el derecho a recibir salud integral para una vejez digna. Pero los proyectos de ley siguen durmiendo en los cajones del Congreso mientras van perdiendo estado parlamentario.

Marlene Wayar es activista, escritora, psicóloga social, egresada de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y comunicadora. En un programa de radio, ella explica:

Marlene Wayar y Patricia Rivas enfrentan a policias que reprimen la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Trans y Travesti

– Lo que queremos es que esta sociedad se sienta a discutir y reconozca que tenemos un promedio de vida de 32 años mientras, el de las personas cis es de 76 y subiendo y que esto constituye un genocidio. Después podemos ver los puntos de la ley, pero esto es mucho más complejo que una una mísera jubilación. Como dice Wanda, el Estado en algún momento tiene que reconocer todo lo que nos ha sacado, nos ha sacado la vida.

Actualmente en Argentina solo la provincia de Santa Fe tiene una Ley de Reparación. Es un logro y un antecedente, pero las voluntades políticas actuales no abren diálogos nuevos. Este 1 de noviembre organizaciones como Futuro Trans y el Archivo, en compañía del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un amparo para que el Estado les reconozca su derecho a la seguridad social. “Buscamos también que se reconozca y repare la violencia institucional que sufrió la población travesti y trans desde la recuperación de la democracia hasta el presente”, explica Marlene.

Las marcas de la dictadura

“La reparación histórica consta de dos pasos: uno es que el Gobierno salga el balcón y reconozca todo el maltrato que hubo hacia las personas trans, y lo segundo es un resarcimiento económico que no sea una jubilación mínima, a nosotras nos tienen que resarcir por la vida que nos hicieron pasar”, dice Patricia un domingo por tarde, meses después de aquella Marcha por la Reparación donde la policía amenazó y reprimió.

Estamos en la terraza de su amiga Eugenia, en el partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, cerca de su casa. Su voz es el relato que entre carcajadas y angustias recompone esa memoria histórica que desde hace un tiempo decidió recuperar para seguir reclamando.

Patricia en su casa. Foto: Euge Azar

– En un tiempo me puse en pareja, fui peluquera y todo ese pasado lo sepulté. Al volver a hacer activismo volví a padecer y a tener las pesadillas de las persecuciones, de cuando corría con mis amigas escapando de la policía y que una caiga muerta atropellada por los autos. Es horrible vivir todo eso de vuelta.

Patricia también recuerda los ruidos, las voces, y estar detenida y vendada en la Comisaría de Tigre, provincia de Buenos Aires. “Esa que ahora tiene una placa conmemorativa que dice que ahí hubo un centro de detención durante la dictadura”, agrega.

En 1981, cuando tenía 14 años, estuvo secuestrada allí.

– Fueron cinco días pero para mí fue una eternidad. Estuve vendada y lo que se escuchaba eran las puertas, los ruidos de una puerta pesada que abrían y te agarraban. Me llevaban a otro lugar y me hacían la tortura en la que me metían la cabeza bajo el agua. A veces te apuntaban y gatillaban. Otras veces era violarte mientras me decían: ‘¿te gusta ser puto?’. Siempre eran dos y cuando el primero terminaba de violarme yo caía desvanecida al piso, y ahí me daba el otro.

En abril de 2023, por primera vez en la historia, un juicio de lesa humanidad tuvo como voces fundamentales a un grupo de mujeres trans víctimas de la dictadura.

Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra González, Analia Velázquez y Marcela contaron lo que vivieron en el Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante el terrorismo de Estado.

Marcela Viegas declaró con un collar de cadenas gruesas, pulseras y una boina. Frente a ella la mesa estaba cubierta por la bandera del Archivo de la Memoria Travesti Trans Argentina. Allí contó que cuando estaba por cumplir 15 años fue secuestrada en Camino de Cintura, provincia de Buenos Aires y torturada sistemáticamente.

Me ponían una capucha. No sé adónde iba. Teníamos una venda y yo podía espiar por abajo. Me tiraban en una cama. Me ataban. Y me ponían 220 (volts de electricidad)” contó en su declaración.

Y agregó: “Es una hijaputez que nos pongan prostitución y vagancia. Yo iba a trabajar todas las noches porque por ser travesti no me iba a dar trabajo nadie” .

En marzo de 2024 los jueces condenaron a los represores a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio. Por primera vez en la historia argentina personal militar fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, abuso sexual y reducción a la servidumbre a personas del colectivo travesti trans.

De las sobrevivientes no todas pudieron tener acceso a los documentos que registran esas detenciones. A veces ni siquiera las anotaban, o las ponían con nombres distintos. Para ellas también era muy difícil acercarse a una comisaría a preguntar por alguna compañera, primero porque podían quedar detenidas ellas y después porque, ¿por quién preguntaban? La astucia travesti y el humor como músculo que ayuda a sobrevivir hicieron que en “la zona” estén todas con sus nombres elegidos, los de fantasía y los apodos que eran mezcla de amor y picanteada.

Pero nada de eso las detenía, si una estaba presa, las demás encontraban la manera de hacerle llegar “el bagayo”, así le decían al envío de cosas fundamentales para los días que faltasen.

Patricia sabía que al ser detenida no tenía que firmar lo que le daban sino que debía encontrar las maneras de negociar. A la hora de firmar, tenía que poner: “apelo señor juez”. “Me das asco, me haces perder el tiempo, no quiero verte más acá o nunca más vas a ver la sol“, le dijo el juez en esos años.

Memoria trans

Pasaron cuatro meses de la Segunda Marcha por la Reparación y sobre Avenida de Mayo la puerta de un edificio de estilo francés conduce al Archivo de la Memoria Trans. En este lugar, además del trabajo de archivo y edición hay un espacio de serigrafía, una librería con títulos LGBT+ y una sala de estar dónde las chicas tienen reuniones, hacen terapia y ahora entre facturas, café y mates dan entrevistas. A veces acá o en otros espacios invitan a más sobrevivientes adultas para compartir recuerdos, charlas y ver las necesidades de cada una.

En el Archivo, unas 20 adultas mayores buscan y reúnen fotos, cartas y artículos de prensa que arman la memoria travesti trans de un país que las quiso y quiere invisibilizar. Con todo esto arman muestras, souvenirs, libros y crónicas que luego venden para vivir y hacer sobrevivir esa memoria travesti colectiva. Ellas espantan las miradas de condescendencia y traen a la luz las vidas trans con todos sus matices, colores, injusticias, amores, celebraciones y vínculos.

Michelle, Carola, Sonia, Marcela y Teté, del Archivo Argentino de la Memoria Trans Foto: Muriel Bruschi

Sus vidas y biografías recorren muchos espacios contando lo que han vivido.

A sus 59 años, Wanda Sánchez comparte las violencias estructurales de muchas personas travestis y trans de su generación.

– Vi morir a tantas compañeras, recordar el montón que éramos. Yo sobreviví a todas ellas, a todo lo que nos pasó. Me tuve que ir de mi casa a los 13 años para empezar a ser yo, ahí no podía.

En ese deambular comenzó a ser detenida por la policía y un periplo por juzgados de menores, institutos y hasta una clínica psiquiátrica. “Allí una mujer santa, una médica me dijo que no estaba mal ser homosexual, que quien necesitaba cambiar era mi madre”. Allí se tendió un puente entre ella y su madre, aunque duró poco porque a los meses su mamá falleció.

En la clínica cumplió 18 y cuando salió ya era democracia en Argentina pero su calvario no se terminó.

– Me han llevado presa por existir. Me han ido a buscar a mi casa para llevarme detenida. A vece terminaba en la comisaría con las bolsas del mercado porque recién había salido de comprar y me detenían.

Es su voz pero es la historia de muchas, de tantas.

En una mesa, bolsas de tela y remeras con imágenes sacadas de fotos, frases que alguna compañera gritó en una marcha o en una persecución y ahora se convirtieron en proclama conviven con libros de editoriales amigas y los de producción propia. El primer libro editado por el Archivo de la Memoria Trans está agotado pero otros siguen disponibles y se pueden comprar en su página web: ‘Nuestros Códigos’; “Si te viera tu madre”, sobre la vida de la activista trans y una de las fundadoras del espacio, Claudia Pía Baudracco; y el más reciente: ‘Kumas’, una palabra que significa “amigas, compañeras, hermanas” proveniente del carrilche, ese lenguaje travesti que en la década del ‘40 nació para permitirles comunicarse entre ellas y sobrevivir a la policía y los ataques.

Mónica tiene 71 años Foto: Muriel Bruschi

Mónica, de 71 años, cuenta que a ella la ayuda mucho tener casa propia. La construyó con el dinero que le daba la prostitución. “Yo no derrochaba nada”, dice.  A diferencia de la mayoría, tiene una familia que la apoya, pero este lugar compartido es el que la “saca del pozo de depresión, por estar con todas y no pensar tanto”.

A ella también le decían “la gringa”. Su relato en el libro “Kumas” está atravesado por historias familiares, de amistades pero también de detención y tortura. Pero además de los relatos de violencias sobreviven las noches de brillos y diversión: los carnavales, los shows en bares.

Conocer a estas mujeres permite hilvanar la historia argentina completa.

Teté tiene 60 años, luce su delantal blanco impecable con el que cumple tareas de archivista. Tiene el pelo corto y canoso y una voz firme que no oculta la tristeza. No se quiebra, transmite la seguridad de saber quién es y fue.

– Era una situación fea, porque a mí con 13, 14 años me gustaba salir porque siempre fue muy independiente, y que te llevaran presa, que te sienten en un patrullero y te paseen para que todo el pueblo te vea, que vos era maricón.

Teté lee un fragmento del libro Kumas:

Nació en un pueblo del norte de la provincia de Santa Fe y en sus palabras se difuminan los límites entre la dictadura y la democracia. En ese momento ella se juntaba con amigos más grandes, pero a ellos también los perseguía la justicia.

– Un juez llamó al tribunal a ese chico gay y le dijo que si se seguía juntando conmigo lo iban a detener porque por corrupción de menores. Así perdí amistades.

Todo ese contexto de discriminación hizo que tampoco pudiera terminar sus estudios: “Fue muy difícil terminar el colegio primario. El último año fue séptimo grado y fue una cuestión de supervivencia”.

Teté Foto: Muriel Bruschi

Recién en 2013 pudo retomar sus estudios secundarios para culminarlos en 2016. Y siguió. Logró hacer dos años de la carrera de Psicología Social en la escuela de Psicología Social de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Luché mucho para conseguir trabajo”, explica.

En el año 2000 se acercó a militar en la organización política Movimiento Evita y desde 2008 trabaja en el Hospital Público Provincial Magdalena V. de Martínez, en Pacheco. Comenzó haciendo limpiezas y ahora se desempeña en el área administrativa.

Desde 1992 está en pareja y desde 2018 trabaja en el Archivo.

– Este es mi espacio, es mi lugar, el que elegiría siempre. Más allá de que yo tengo a mi familia que me acompaña y a mi pareja, esto es otra cosa. Acá estamos entre pares. Podemos tener diferencias, nos divertimos, la pasamos bien, levanta el ánimo. A mí me llena el alma, la verdad es un espacio que yo elegiría siempre para estar es este lugar.

Lo dice en voz alta pero también lo cuenta con cada gesto de complicidad y cada risa. Están en la mesa y las reúne el contar anécdotas, alegrías, carnavales y un adn travesti trans infinito. Una cadena de palabras, herramientas, referentes, conceptos y orgullos que trascienden las décadas y geografías.

“Nunca pensé que a la edad que tengo algún día iba a poder contar mi historia”, dice Carola.

El 29 de septiembre Carolina “Carola” Figueredo cumplió 62 años, casi el doble del promedio de edad que vive una persona trans. Ahora ella está sentada junto a su compañera del Archivo de la Memoria Trans, Marcela Navarro, en la biblioteca de la Alianza Francesa de Buenos Aires. El espacio es inmenso, está lleno de libros, es la biblioteca francófona más grande de Latinoamérica pero lo que no está ahí es lo que ellas van a presentar en este encuentro: los libros del Archivo con sus historias, contadas por ellas mismas, con sus vidas y las de quienes ya no están.

Carola Figueredo Foto: Muriel Bruschi

“Yo lo único que escuchaba eran siempre reproches. Nos juzgaba todo el mundo, nos condenaban, pero nunca nos daban la oportunidad de expresar quiénes realmente éramos. Nunca se nos entendió”, explica Carola, y en sus palabras la curva deriva en orgullo al explicar cómo el Archivo se instaló como ese proyecto de redención dónde pudieron tomar la palabra y visibilizarse.

– Este espacio fue una segunda oportunidad. Acá nos volvimos a encontrar todas pero en un momento y una situación diferente, ahora éramos libres porque a partir del 2012 obtuvimos la Ley de Identidad de Género. Nunca pensé que iba a tener esa libertad de poder contar mi historia, que todo el mundo te escuche, que te presten atención, y eso te hace sentir importante”, va decir frente a una audiencia que escucha, pregunta, lagrimea y sonríe. Su cuerpo parece frágil, a veces parece tímida, y en un momento, de repente, se le suelta la biografía y empieza a tejer en el aire relatos que deberían estar en todos los libros de educación nacional, su historia también es la historia de un colectivo.

A su lado Marcela irradia la presencia de una directora de escuela. Su pelo negro hacia con una cola hacia arriba parece coronarla como el casquete de una vedette. Ella hablará de todos los procesos que se realizan en el Archivo, le va pedir más testimonios a Carola y trata de manera maternal.

‘Ésta se fue, a ésta la mataron, ésta murió’ se llamó la primera muestra del Archivo realizada en 2017 que se pudo ver en el Centro Cultural Haroldo Conti de Buenos Aires, dentro del predio de la Ex Esma. En este ex centro de detención clandestina ellas lograron hacer de sus recuerdos un manifiesto. Esa vez no entraron forzadas sino siendo ellas la fuerza y resistencia. Tiene una voz pausada y muy presente, con ella explica: “recibo el material y lo voy separando: vida cotidiana, trabajo sexual, carnavales”, y cuenta cómo va uniendo las conversaciones y reconstruyendo las historias. Además de fotos hay cartas, documentos, tarjetas, volantes y “muchos tickets de avión y viajes”, y no es que ellas se daban la gran vida, esos vuelos se traducen en exilios, escapar para sobrevivir.

– Completo las planillas y anoto el año y nombre de las compañeras de las fotos. Si está fallecida tratamos de buscar a otra que pueda ayudarnos a armar su historia; después de eso me encargo yo misma de escribir su propia biografía. Cuando la compañera aún vive trato de ubicarla para que nos cuente su propia historia”, sigue Marcela. Del otro lado de la gente hay una mesa con algunos de los libros y objetos que producen.

Necesitamos traVajo

“Tenemos vida para tirar, pero necesitamos un trabajo. Necesitamos algo para poder vivir, para poder seguirla”, explican las integrantes del Archivo. Sonia Torrese comparte su historia y explica que estuvo “rodando por todos lados, donde pude, como una golondrina”.  Ella también es una de esas hijas expulsadas del hogar familiar por ser trans. Hoy a sus 64 años volvió a esa casa pero para cuidar a sus padres. “Mi hermana y mi hermano no me aceptaban. Tenían mucha vergüenza de mí”.

Los rulos rubios de Sonia le enmarcan las palabras que con timidez aparecen para retratarla. Cuando dice que antes era “muy cerrada, muy burra”, las compañeras la frenan y le recuerdan que ella es la que mejor memoria tiene. Si alguien ve un rostro en una foto y no se acuerda quién es la respuesta seguro la tiene Sonia.

Como es enfermera explica que un vecino le pidió que fuera al geriátrico dónde estaba su madre para hacerle curaciones. Las primeras veces no hubo problema, pero luego las enfermeras le contaron al dueño del lugar que ella era una persona trans: “Automáticamente me cerraron las puertas, me echaron”. Esto pasó hace aproximadamente siete años, en un país con Ley de Identidad de Género y sin edictos policiales.

Actualmente algunas cobran una jubilación o pensión, muy pocas. Y como eso tampoco alcanza tienen otros trabajos y buscan ayuda en los espacios disponibles. Wanda cuenta que tiene una pensión, a eso le suma el Archivo, los sábados trabaja en la Biblioteca Claudia Pía Baudracco y retira mercadería donde le den. La mayoría comenta situaciones similares. En ese momento todas se largan a hablar al mismo tiempo pero todas dicen lo mismo, nombran alguna compañera y cuentan su desesperación por no tener ingresos.

“Sandra tiene casi 70 años y sigue ejerciendo la prostitución. Es una pena que a su edad tenga que estar parada en una esquina”, dicen sobre otra compañera que tampoco tiene ningún tipo de reconocimiento del Estado.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INDEC), el 80% de las personas travestis y trans está vinculada a la prostitución. Y sólo el 32% terminó estudios secundarios, según una investigación de las organización ATTTA y Fundación Huesped.

Para paliar esta brecha, en Argentina se aprobó en 2021 la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans Lohana Berkis – Diana Sacayán. Esta norma establece la contratación de personas trans en el Estado Nacional a través de un cupo mínimo del 1 %, además de medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral tanto en el sector público como en el privado. Pero la llegada del nuevo gobierno frenó los avances de esta ley incluso sumando personas trans a las cifras del desempleo.

Manifestación frente al Congreso argentino por una ley de Cupo Laboral Travesti Trans Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes

La Ley de Cupo Laboral Travesti Trans lleva el nombre de las dos activistas históricas que la impulsaron y es sólo un primer paso. Hoy no se aplica, además de que corre peligro la ley.

 El cupo laboral trans lamentablemente no es para las compañeras de cincuenta años”, explica Teté. “Con esta edad no te quieren para nada, y menos a nosotras”, dice haciendo intersección entre ser adulta mayor y trans.

El cielo bonaerense de la tarde tiene de estrella a Patricia. Toma mate y comparte un bizcochuelo con amigas.

– Tengo una pensión por discapacidad, que actualmente es mi única entrada porque yo tengo problemas con la silicona que me aplique hace años. Me debilitó los huesos, la cadera, por ejemplo, me comió el cartílago que une el fémur con la cabeza de la cadera y ahí se metió la silicona, también en la columna. Siento un ardor constante en la espalda y en la altura de los riñones”, cuenta.

La aplicación de silicona industrial es una práctica bastante frecuente entre las personas trans que no pueden recurrir a implantes. Esta no es una cuestión de vanidad sino una construcción identitaria, es parecerse más a quien una es. Pero al estar excluidas de los ámbitos laborales y de salud terminan recurriendo a estas opciones nada seguras y con grandes consecuencias a largo plazo.

 En Argentina, el informe “Condiciones Sociosanitarias de Personas Trans” publicado en 2019 por Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el 83% de las feminidades trans modificó su cuerpo para adecuarlo a su identidad de género autopercibida. La mitad de ellas se inyectaron materiales en el cuerpo: 66% silicona líquida y 17%, de aceite de avión.

“Hace poquito este año murió una amiga mía, como Silvina Luna, porque la silicona te estropea los riñones”, continúa Patricia, citando el caso de la modelo y conductora que trajo a los medios el debate del metacrilato y la silicona líquida.  La diferencia es que a las compañeras travestis y trans no las debate ni recuerdan de esta manera, solo entre ellas lo hacen.

Madres, Abuelas y Tías

En las marchas muchas veces hay un cartel que dice: “Madres de la Plaza, las travas las abrazan”. Esa frase también es grito cuando marchan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, esas mujeres que aún hoy con sus más de 80 y hasta 90 años, siguen activando por los Derechos Humanos reclamando por sus hijos desaparecidos y nietos apropiados de la última dictadura militar. Las personas travestis y trans saben lo que es marchar para exigir que se cumplan estos y por el derecho a la identidad.

“Memoria, verdad y justicia”, es la frase que reclama por las violaciones de derechos humanos en la dictadura argentina.  Las travestis arman memoria al encontrarse, buscar las fotos y vidas de compañeras, y hacerlas circular. Pero también verdad al poner las historias en su propia voz. Entonces, ¿qué pasa con la justicia? El tiempo en que la justicia, el Estado y la sociedad se demoran en responder y accionar no alcanza para cuidar a las personas trans adultas mayores que han sobrevivido. Ellas recorren programas de radio, televisión, podcast, libros, revistas y encuentros. Lo hacen para encontrarse, mantener viva esta voz, pero también para que toda la sociedad acompañe su reclamo.

Michelle se vino a Buenos Aires desde Rosario, provincia de Santa Fe, porque en su casa de allá estaba sola, acá encontró una familia. “Yo pensaba que iba a morirme a los 52”, dice y todas la preguntan por qué, “porque a esa edad murió mi mamá”. Y al hablar sus uñas largas parecen dirigir la batuta de sus palabras. Cuesta imaginarla triste, porque ahora sonríe y es parte de esta mesa de compañeras travestis y trans.

“En la quiniela el 52 es la madre”, dice una de las chicas, y todo tiene un aire de revelación y charla de café. La de los 52 años era la madre de nacimiento de Michelle, porque en la vida LGBT+ cuando dicen que hay una familia elegida los títulos ganados son reales. Marcela tiene mucho aire de madre. “Le digo vení a casa y trae las fotos que tengas, después vino al archivo, empezó a trabajar y se ganó su lugar”, explica con orgullo. Ahora viven juntas pero separadas, ¿cómo es eso? y “es que vive en la casa de un amigo gay que esta enfrente de mi casa, pero también en la mía”, y el tema del orden y hacer la cama y todos esos cotidianos que crean la vida en familia.

“Las tías”, como muches les dicen, son muy queridas. Sea en un evento o juntada, si una de ellas se pone a contar algo, las juventudes se calman y se dejan llevar por sus voces. “A mí en lo personal lo que me llama es el afecto, el respeto, que te brindan. Es lo que menos teníamos antes. Hay respeto y amor, yo soy muy sensible. A mí me mostrás, cariño y yo te voy a dar cariño, me mostrás agresión y es lo que viví toda mi vida”, cuenta Carola con los ojos siempre emocionados y agradecidos. Pero al amor que las rodea lo debe acompañar un Estado presente.

Mucho más que un nombre

Esa segunda marcha por el pedido de reparación, la de mayo, luego de recorrer toda la Avenida de Mayo, terminó con un festival de música y discursos frente al Congreso Nacional. Al look escotado de taco plateado quebrado por los empujones policiales Patricia ahora le sumó unas antiparras de natación por si en la represión decidían arrojar gases. Las juventudes LGBTNBQ+ que están ahí también se llevan una lección de lucha y resistencia, de lo que ellas gritan: ¡Furia travesti!. En organizaciones, archivos, familias elegidas y más espacios de adultas siempre hay juventudes de la diversidad trabajando en temas urgentes que van desde la logística y el registro, hasta acompañar a algunas de las “tías”. A veces es escucharlas, otras ayudarla a hacer un trámite, pero el entretejido generacional confecciona una red amorosa que de nuevo desafía todo terror. Antes que termine la marcha Patricia les va dejar una postal de lucha, mira a le fotógrafe Valen Iricibar y le muestra las tremendas tetas cargadas de historia. Lo hace con el cordón policial detrás suyo.

Activistas leen discursos frente al Congreso al final de la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Trans y Travesti Foto: Ariel Gutraich Agencia Presentes

Un par de meses después, cuando la entrevista parece haber terminado y en esa terraza de San Fernando mientras todo se está acomodando para cerrar el día Patricia, Pato, la tía Pato increpa:

–  ¿No me preguntas el nombre completo?

En ese momento todas las maneras de llamarla dan paso a lo que hoy, 12 años después de aprobada la Ley de Identidad de Género: “Patricia Alexandra Rivas”. El pecho se le infla de orgullo, los ojos le brillan más fuerte, y el dije de corazón que tiene alrededor del cuello le parece latir. No es solo un nombre, es parte fundamental de la biografía de un colectivo.

Para las personas trans en América Latina tener más de 40 años es ser una sobreviviente. Desde hace una décadas, adultas mayores travestis y trans de Argentina se organizaron para reclamar por una ley de reparación histórica que contemple las violencias estatales que han sufrido a lo largo de los años, además de tejer redes en las que construyen memoria y resistencias cotidianas.

*Este trabajo periodístico se realizó y publicó originalmente en la tercera edición de #CambiaLaHistoria, proyecto colaborativo de DW Akademie y Alharaca, promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. El periodista Cristhian Matamoros del staff de Criterio.hn formó parte de este proyecto.

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El Tribunal durante la lectura del veredicto, en marzo de 2024, La Plata.

La Justicia reconoció en marzo que los delitos contra travestis y trans fueron parte del Terrorismo de Estado. Ahora se conocieron los fundamentos de un fallo “único e inédito en el mundo”. Ana Oberlin, auxiliar de fiscal, explica su relevancia.

Fuente Agencia Presentes

10 de julio de 2024

Agustina Ramos
Archivo Agencia Presentes Archivo de la Memoria Trans
Edición: María Eugenia Ludueña

 BUENOS AIRES, Argentina. “Es un fallo único, inédito en el mundo”, expresó a Presentes la auxiliar de fiscal Ana Oberlin tras conocer los fundamentos del juicio Brigadas. En él, por primera vez se reconoció judicialmente a ocho mujeres trans y travestis como víctimas del terrorismo de Estado. El 5 de julio el Tribunal dio a conocer los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata que el 26 de marzo condenó a 11 acusados por delitos de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado. Diez de ellos a prisión perpetua.

“Las detenciones arbitrarias e ilegales, la violencia sexual, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la reducción de servidumbre” sufridas por estas ocho mujeres trans y travestis “en manos del personal policial y militar, se encuadra en el ataque que sufrió la población civil en la Argentina durante el periodo investigado, y en consecuencia, corresponde calificar tales sucesos como delitos de lesa humanidad”, concluye la parte de los fundamentos dedicada a los delitos contra ell colectivo trans. La sentencia fue dictada por los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers.

Las víctimas trans y travestis de este juicio, el más grande en la región, fueron Valeria del Mar Ramírez, Julieta Alejandra González, Claudia, Judith Lagarde, Analía Velázquez, Paola Leonor Alagastino, Carla Fabiana Gutiérrez y Marcela Viegas Pedro. Se investigaron delitos contra 610 víctimas. Entre ellas, 23 mujeres embarazadas, 10 nietes apropiades -7 recuperaron su identidad-, militantes, estudiantes de La Noche de los Lápices y una madre secuestrada junto a su hijo.

Los delitos juzgados fueron cometidos durante la última dictadura militar en los centros clandestinos Pozo de Banfield; Pozo de Quilmes; El Infierno (Lanús, Avellaneda); y en la Brigada de Investigaciones San Justo, en la provincia de Buenos Aires. En el caso de las ocho víctimas travestis y trans, los delitos fueron en el Pozo de Banfield.

«Nos decían puto, maricón, ustedes tienen que morirse, los vamos a matar, los vamos a tirar por ahí y quién los va a buscar», contó Paola Alagastino. A la derecha, Ana Oberlin, auxiliar de fiscal. . 

“Esta fue la primera vez que un juicio por crímenes de lesa humanidad analizó lo sucedido con las mujeres trans en esos años. Además, estos casos fueron presentados por la fiscalía no como hechos aislados, individuales, sino como parte de la violencia estatal sistemática hacia ellas, que se agudizó en la dictadura”, explicó la auxiliar de fiscal Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides.

Delitos contra travestis y trans fueron parte del Terrorismo de Estado

Julieta Alejandra González, el día de su declaración ante el Tribunal. Archivo de la Memoria Trans.

“Ya fue un hito el hecho de que cinco de ellas, sobrevivientes, hayan brindado testimonio en la audiencia del 18 de abril. También que lo hiciera Valeria del Mar (primera querellante trans en juicio de lesa humanidad) y que Marlene (Wayar) fuera convocada en su calidad de testiga experta, como otras personas que aportaron en el mismo sentido”, compartió Oberlin a Presentes. El Tribunal consideró en su veredicto y fundamentos “algo fundamental: que estos delitos también fueron de lesa humanidad, formaron parte del Terrorismo de Estado”, explicó Oberlin.

Desde hace años, la Fiscalía insiste en que si bien existían códigos contravencionales por los que personas travestis y trans eran detenidas, no fueron detenciones legales. “Las violencias a las que fueron sometidas son exactamente las mismas a las que fueron sometidas todas las personas en centros clandesrtinos durante el Terrorismo de Estado”, argumentó.

En esta línea, el doctor en Comunicación y militante por los derechos LGBT+ Flavio Rapisardi subrayó durante el juicio: “Estas comunidades estaban marcadas con anterioridad y posterioridad, pero durante el golpe de Estado sufrieron una persecución sistemática”.

La identidad de género, enemiga de la dictadura

Marcela Viegas Pedro declaró en abril de 2023, acompañada por el equipo de Acompañamiento de Testigxs de la Secretaría de DDHH de la provincia.

Los fundamentos del Tribunal retoman el alegato formulado por Oberlin. Para la Fiscalía y los jueces, la identidad de género de estas víctimas quedó incluida “en el esquema binario que eliminaba todo lo que se presentase como disidente para la concepción del opresor”. Oberlin fundamentó que las mujeres trans formaron parte de las personas consideradas enemigas por el Terrorismo de Estado ya que no se ajustaban al modelo sexo-genérico “occidental y cristiano” que la dictadura buscó garantizar. En este sentido fueron consideradas subversivas en razón de su identidad de género y formaron parte del plan de aniquilamiento.

A esto se suma que fueron utilizadas instrumentalmente, a través de actividades de inteligencia, con el objetivo de conseguir información de ellas.  Lo que “refuerza que eran parte de los objetivos a perseguir”, dice el fallo.

Los fundamentos de los jueces cumplen una función pedagógica al explicar qué son los conceptos “cisnormatividad” y “heteronormatividad”, al tiempo que argumentan por qué la dictadura se apoyó en ellos en el modelo social y cultural que buscó reforzar e implantar.

Una sentencia que habla de cisnormatividad y heteronormatividad

Fabiana Gutiérrez, una de las víctimas que declaró en el juicio. Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes

Para el Tribunal quedó verificado “de manera clara y contundente” que “el Terrorismo de Estado fue garante de un modelo sexo genérico hegemónico, en el cual, los roles de mujeres (cis) y varones (cis) estaban asignados, respectivamente, a los ámbitos doméstico y público, en una cultura netamente patriarcal-occidental”, según se sostiene en el documento.

Se apoyaron en el concepto de “cisnormatividad” que reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la expectativa de que todas las personas son cisexuales [o cisgénero], que aquellas personas a las que se les asignó masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquéllas a las que se les asignó femenino al nacer, siempre crecen para ser mujeres”. Al mismo tiempo explicaron que la “heteronormatividad” se refiere al “sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, conforme al cual dichas relaciones son consideradas ‘normales, naturales e ideales’ y son preferidas sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género”.

Además, consideraron que quedó demostrado que “las mujeres -cis y trans- sufrieron en mucha mayor medida que los varones, violaciones y abusos en sus cautiverios, y otras violencias específicas”, retomando las palabras de Oberlin.

Ana Oberlin, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y familiar de desaparecides, junto a una sobreviviente trans, en una charla sobre el juicio en el Bachillerato Popular Trans No Binarie Mocha Celis

Delitos de violencia sexual

Los delitos cometidos contra este colectivo fueron privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados, abusos sexuales agravados y reducción a la servidumbre. Los jueces detallaron que fueron en su mayoría delitos de violencia sexual.Y explicaron que estos “configuran delitos de lesa humanidad como el resto de los delitos evaluados en este juicio (privación ilegal de la libertad, sometimiento a tormentos, reducción a la servidumbre, homicidios), y, por ende, son imprescriptibles”. 

Los fundamentos de las sentencia enumeran jurisprudencia internacional como el Estatuto de Roma y el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia “Vicky Hernández vs Honduras” que declaró al Estado de Honduras responsable por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual y defensora. También cita jurisprudencia nacional, entre ella, el fallo “Martel” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de mayo de 2022, el cual revocó una sentencia que excluyó los delitos de violación y abuso deshonesto a condenados por delitos de lesa humanidad. Y consideró que el juzgamiento de estos hechos debe realizarse con perspectiva de género.

“He pasado todo tipo de torturas, también psicológicas. Me han violado. Continuamente se sentía la muerte», contó Analía Velázquez

El Tribunal consideró especialmente los testimonios brindados en debate por las víctimas. “En diversos pasajes han señalado el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas, que como se ha verificado en este juicio, alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época en que acaecieron los sucesos”, explicaron.

Los jueces reconocieron finalmente que el análisis sobre los delitos contra el colectivo trans en este juicio “dio cuenta de la notoria discriminación. Hasta la fecha, no ha sido cristalizada en el marco de un juicio oral por los crímenes de lesa humanidad”. Además, subrayaron que tales crímenes “no resultan aislados sino que corresponde enmarcarlos dentro de un contexto de discriminación histórica y estructural”.

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El gobierno bonaerense las reconoció como presas políticas

Julieta González relata a Página/12 cómo fueron los días en los que estuvo secuestrada en el Pozo de Banfield: los abusos, las humillaciones, los Falcon manchados con sangre y el llanto de un bebé nacido en ese campo de concentración.

“Te llena saber que después de 40 y pico de años diciendo nuestra verdad finalmente nos escucharon”, dice con emoción Julieta González, una mujer trans que el martes fue reconocida como presa política por el gobierno bonaerense después de haber estado detenida en el centro clandestino de detención conocido como el “Pozo de Banfield”.

Julieta vivió toda su vida en Tigre. Una noche fue secuestrada mientras estaba con otras dos compañeras ejerciendo el trabajo sexual en la Avenida del Libertador, a la altura del Club Atlético San Isidro (CASI). No recuerda si fue en 1977 o en 1978 porque entonces las violencias eran muchas, cotidianas y asfixiantes. Pero sí recuerda cómo –con sus 20 años a cuestas– fue llevada desde la Brigada de Martínez al lugar que conocía como el “Área Metropolitana” de Banfield.

“Nos trataban como si fuéramos un extraterrestre. Te miraban de arriba a abajo. Como si fueras un marciano”, cuenta. Primero las llevaron a buscar un calabozo donde meterlas. “Vi una persona en una celda, sentada en el piso. Toda flaquita y con el pelo largo enredado. Cuando abren la puerta, mira hacia donde estábamos y después vuelve a agachar la cabeza”.

Como ese lugar estaba ocupado, las empujaron a buscar otro calabozo. Las instalaron en uno que tenía una letrina. “Nos trajeron dos colchones que estaban llenos de sangre –como con coágulos de sangre– y pelos. Ahí comenzó el martirio”, relata. Para las mujeres trans que estaban alojadas ahí dentro lo común eran los abusos sexuales y los cachetazos ante cualquier mínima resistencia.

A ellas también las usaban como mano de obra esclava en el centro clandestino: tenían que cocinar en unas ollas grandes, limpiar, lustrar botas e incluso picar cascotes. “Párense como hombres”, les gritaban. Si osaban responder, lo que venían eran los golpes.

Las tareas de limpieza incluían lavar los autos que se usaban para secuestrar. Era común que se encontraran ropas rotas y ensangrentadas, pero hay un recuerdo de un Falcon amarillo que, más de 40 años después, aún la estremece. El auto estaba lleno de sangre en los asientos y en el baúl. “A veces me miro las manos y pienso que están manchadas con sangre porque nos hacían lavar esos coches”, cuenta.

Durante el día, el Pozo de Banfield funcionaba casi como una dependencia policial más –con sus violencias y arbitrariedades– pero los movimientos se escuchaban particularmente de noche. A Julieta y a sus compañeras les habían prohibido subir hacia los pisos superiores. Un día escucharon que, desde arriba, les preguntaban dónde estaban. “En el Área Metropolitana de Banfield”, se animaron a responder ellas.

El sonido de los motores de los autos son todavía un recuerdo vívido para ella, que hacen que durante las noches esté atenta al menor ruido. Hay otro sonido que no puede olvidar. Los gritos de una mujer y después el llanto de un bebé en el Pozo de Banfield, un lugar usado como una maternidad clandestina dentro de lo que se conoce como el Circuito Camps. “¿Quién será ese bebé? A mí me gustaría decirle: ‘Yo estuve en tu nacimiento. Yo te escuché llorar’. Ojalá Dios haya iluminado a esa criatura”, dice.

Algo parecido a la justicia

Julieta, de 65 años, estuvo el martes en La Plata para recibir el certificado que la reconoce como una presa política y la hace beneficiaria de una pensión graciable a partir de la ley 14042. La acompañó su mamá de 90 años. “Qué emoción ver que hoy te reconocen cuando tantas veces vi que te humillaban”, le dijo.

En medio de los abrazos y las fotos, se acercó un hombre joven para saludarla. “Los presento. Él es el juez Ernesto Kreplak”, les dijo una funcionaria que participaba del acto. Kreplak es el juez que procesó a los represores que tuvieron bajo su órbita al Pozo de Banfield por lo que padecieron Julieta y otras siete personas trans que fueron llevadas a ese lugar. En su resolución de abril de este año, el juez reconoció que estas personas fueron víctimas de una violencia diferencial en razón de su orientación sexual e identidad de género.

La investigación sobre lo sucedido con Julieta se hizo conjuntamente con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, con el especial impulso de la auxiliar fiscal Ana Oberlin, quien venía trabajando desde hace unos años en casos que nunca habían tenido respuesta judicial. Contó con la ayuda del Archivo de la Memoria Trans, que acercó a otras personas que habían estado secuestradas y nunca habían contado su historia en los tribunales –vistos como un escenario más asociado a la violencia y al maltrato que como una instancia de justicia y reparación–.

“Se escucharon sus testimonios y se generaron distintas imputaciones. Eso habilitó que se las considerara presas políticas en manos del terrorismo de Estado. En ese momento fue cuando se intensificaron las violencias, lo que incluyó haber estado en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Esa persecución se dio en el marco del modelo que quería imponer la dictadura en lo que hace también a lo sexo-genérico: haber transgredido la cis-heteronormatividad iba a ser castigado con mayor saña entonces”, explica Oberlin, que resalta que siguen escuchando testimonios y que quienes quieran acercarse para contar sus historias van a ser recibidas.

Algo parecido a la reparación

El martes, el gobierno provincial no solo reconoció –en el marco del día del detenido-desaparecido– a Julieta sino también a Carla Fabiana Gutiérrez, una mujer trans que se exilió en Europa. Ella fue secuestrada en el verano de 1976-1977, cuando tenía catorce años y sometida a todo tipo de abusos y humillaciones. No pudo viajar pero mandó un video desde Italia, donde vive.

“Fue un acto con características distintas por todo lo que representa este grupo tan vulnerado y se percibió esa sensación de reparación y justicia”, afirma Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense. “Si en el imaginario de la dictadura no entraban las disidencias políticas, gremiales o estudiantiles, tampoco entraban las disidencias sexuales”, añade.

A Julieta todavía le cuesta creer que el reconocimiento sea cierto. Será posiblemente otro hito en su historia, como lo fue recibir en 2012 el documento con el nombre que ella había elegido como propio a los catorce años. “El gobierno de Cristina no solo me dio mi identidad, sino que me devolvió la dignidad”, dice. “La vida también recompensa”.

Hace un tiempo, Julieta volvió una vez al Pozo de Banfield con un equipo de periodistas de Brasil. Sintió la conmoción de estar nuevamente cerca de esas paredes llenas de humedad. Sintió la presencia de quienes no pudieron salir de ese infierno. En las últimas horas recibió una invitación para ir al sitio de memoria que allí funciona, sacarse una foto y que su historia se cuente allí. “Es la historia y tiene que saberse para que no pase nunca más. Ojalá que la reparación sea para todas las chicas mayores de 60 que pasaron por este proceso”, pide.

Por Luciana Bertoia

2 de septiembre de 2022

Fuente Página12

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