Más de 30 organizaciones debatieron sobre la vulneración de los derechos de personas LGBT migrantes. Por qué es necesario visibilizar una migración cis-no heterosexual.

Fuente Agencia Presentes

6 de noviembre de 2024
Geo González
Edición: Maby Sosa

El incremento de la xenofobia, vulneraciones a los derechos de las personas LGBTIQ+ y la urgencia de que los Estados intervengan con acciones claras, son algunos de los puntos que se debatió en el IV encuentro de la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas.

Más de 30 organizaciones en Cartagena de Indias intercambiaron saberes, buenas prácticas, la situación de vulneración de derechos humanos para estas poblaciones en sus territorios, las deudas de los Estados y las oportunidades que desde la Red construyen para que las personas LGBTIQ+ en movilidad estén informadas y reciban apoyo comunitario, institucional y protección internacional con enfoque diferenciado.

La Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas nació en 2019. Su origen está vinculado a los desafíos que las personas LGBTIQ+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo enfrentan en la región. Sobre todo, en consecuencia, a la discriminación, violencia generalizada, y falta de enfoques y perspectivas por parte de actores clave sobre las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+ en su derecho a recibir asilo debido a la violencia y persecución por su orientación sexual, expresión e identidad de género.

Este cuarto encuentro de la Red tiene vigencia por tres aspectos, según lo explicó a Presentes, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. La organización colombiana que da acompañamiento jurídico y psicosocial a personas LGBT en situación de movilidad humana.

“Las crisis humanitarias en la región ha aumentado el nivel de personas LGBTIQ+ en movilidad humana que están transitando buscando mejor calidad de vida. Las organizaciones sociales tenemos que transformar nuestras estrategias para dar una respuesta. El incremento de la xenofobia que, unido a prácticas de prejuicio por orientación sexual, identidad y expresión de género está agudizando la vida de las personas LGBTIQ+ y debemos exigirle a los Estados acciones contundentes para que en la atención humanitaria y la atención migratoria existan enfoques diferenciales que garanticen una atención adecuada a las personas LGBTIQ+ en procesos de movilidad humana”.

Los desafíos que enfrentan las personas LGBTI+ en situación de movilidad

Durante los tres días del encuentro (23 al 25 de octubre) las distintas organizaciones compartieron la situación que enfrentan las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas en distintos territorios de la región. Las rutas que toman, las formas cómo se informan sobre cómo migrar y solicitar refugio y las vulneraciones a sus derechos humanos que enfrentan en sus países y el de tránsito.

De manera generalizada durante las discusiones se pudieron identificar algunos elementos compartidos por la mayoría de las organizaciones. Ellos son la falta de acceso a servicios de salud incluyendo atención a personas que viven con VIH; falta de políticas públicas y acciones afirmativas que validen certificados educativos y así garantizar el derecho a la educación y el trabajo y su integración social. Además de la dificultad para acceder a documentación en los procesos de regularización, sobre todo a personas trans, en la que se respete su nombre elegido, su expresión e identidad de género.

Otro factor es que algunos países de la región siguen sin reconocer los derechos y las vulneraciones de las personas LGBTI+. Ello es motivo de persecución y salida de sus países, tampoco hay protección a la discriminación como en Guatemala, El Salvador y Honduras.

“No se reconoce la vulneración a su orientación sexual o identidad de género, lo cual es motivo de persecución. Son, por lo tanto, víctimas de discriminación, de redes de trata y violencia estructural de las instituciones de su Estado. No hay seguimiento al acceso a la justicia, salud y otras garantías de derechos humanos. En Guatemala tampoco son reconocidas como vulneración todas esas violaciones en su ruta o en el país como tal. Y hay abuso de las autoridades que hacen cobros no permitidos y con eso les limitan el acceso o el tránsito”, explicó a este medio Ale Morales, integrante de la Asociación Lambda.

Falta de enfoques diferenciados

Esta misma falta de reconocimiento de esas vulnerabilidades es ejercida por las autoridades migratorias. La falta de capacitación y sensibilización limita la garantía al derecho al asilo y refugio de las personas LGBTI+.

“La violencia generalizada, los crímenes de odio, procesos de discriminación de manera más acotada en entornos familiares y comunitarios son otros factores que podrían elevar los riesgos y necesidades de desplazarse a otros países en búsqueda de protección internacional. De ahí la importancia de tener atenciones diferenciadas a través del tránsito, en las casas de acogida. Pero también en los procesos de asilo identificando estas necesidades y contextos sobre los que estas poblaciones podrían verse afectadas. Al mismo tiempo identificando que no es un grupo homogéneo, y que, por ejemplo, las personas trans podrían estar en mayor riesgo”, comentó en entrevista Cristina Sousa. Ella trabaja como asociada de protección comunitaria en la oficina regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las políticas migratorias con sesgos racistas y xenófobas. La militarización y el control de las fronteras por parte del crimen organizado son otros obstáculos que compartieron las organizaciones. Incluso la repartición de la ayuda humanitaria y los espacios de alojamiento que en su gran mayoría no trabajan con un enfoque de diversidad sexual y de géneros, y han documentado que son espacios en donde aumenta el riesgo de las personas LGBTI+ a vivir discriminación y violencias.

“Las pocas ayudas que hay no tienen perspectiva de diversidad. Las personas son alojadas en lugares donde hay agresores hacia la orientación sexual e identidad de género. Las ayudas que entrega ACNUR son en lugares religiosos donde son revictimizadas y en Argentina en particular, en este contexto político, sabemos que ya está habiendo y va a haber más retrocesos en materia de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Así que estamos alertas”, dijo a Presentes, María Rachid, integrante de la Federación Argentina LGBT.

“Visibilizar una migración no cis-heterosexual”

Las organizaciones dedicadas a acompañar personas LGBTI+ migrantes y refugiadas insistieron en que trabajar en red ayuda también a fortalecerse de manera interna. Mejorar y adoptar buenas prácticas, crear y mantener albergues para personas LGBTI+, migrantes y refugiadas. Y, además, crear acciones locales y regionales para dar respuesta a las necesidades de estas poblaciones y en la incidencia política con organizaciones humanitarias y los Estados.

“Es muy importante reconocer la importancia de esta red para visibilizar que hay una migración no cis-heterosexual. Estamos construyendo acciones poco a poco y en ese sentido estamos ganando un territorio que garantiza derechos y permite que las personas LGBTIQ+ que salen de sus países tengan espacios de cuidado a los países donde llegan. Y principalmente, reconocer la participación política y la agencia política que tienen las personas migrantes y refugiadas LGBTIQ+. Hacemos una acción política, tenemos trayectorias de vida y una agencia que tenemos que seguir fortaleciendo comunitariamente en términos de derechos”, dijo a Presentes, María Botero, parte de la Rede Milbi y de la secretaría técnica de la Red.

Al finalizar el encuentro se rescató el valor de estos espacios para la generación de conocimiento, información, datos y producción de informes, que ayuden a conocer estas realidades. Y, en consecuencia, incidir en las instituciones migratorias de los Estados que tienen por responsabilidad brindar apoyo y asegurar la protección de los derechos de las personas LGBTI+ en movilidad.

Las organizaciones participantes son de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. También se juntaron con un objetivo: llevar acciones comunitarias que incorporen enfoques de diversidad sexual y de géneros para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas LGBTI+ hacia la próxima revisión de la Declaración de Cartagena 1984 que sucederá este diciembre en Santiago de Chile.

La Declaración de Cartagena 1984 es un documento amplio de cooperación y responsabilidad entre países de la región que abarca la protección y tratamiento que ha de brindarse a las personas migrantes y refugiadas.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ale Morales, Argentina, Asociación Lambda, Brasil, Caribe Afirmativo, Cartagena de Indias, Chile, Colombia, Costa Rica, Cristina Sousa, Declaración de Cartagena 1984, Ecuador, Federación Argentina LGBT, Guatemala, Honduras, IV encuentro, LAMBDA, María Botero, María Rachid, México, Paraguay, Personas LGTBIQ, Perú, Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes. Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas, Rede Milbi, Venezuela, Wilson Castañeda

Entrevista al activista por los derechos humanos colombiano Wilson Castañeda, experto en procesos de paz y diversidad sexual, y director de la organización Caribe Afirmativo.

Fuente Agencia Presentes

29 de julio de 2024
Agustina Ramos
Edición: Ana Fornaro

El experto de la subcomisión de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, Wilson Castañeda, trazó, en su paso por la Argentina, un diálogo entre lo que fue el Terrorismo de Estado y el conflicto armado colombiano. Para el politólogo y activista, ambos procesos “tienen en común que hicieron más difícil la vida de los grupos históricamente más marginados, como la de las personas LGBTIQ+”.

En el proceso de Paz que enfrenta Colombia desde 2016, para Castañeda “es muy importante leernos frente a un proceso de dictadura: qué significa construir un proceso de reparación integral, garantizando vida digna a las personas LGBT”.

Castañeda es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana y doctorando de esa misma universidad. También es director de la Corporación Caribe Afirmativo, una organización de defensa de los derechos LGBTI, y fue consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Compartimos dos realidades que, si bien son diferentes, tienen la misma estructura. La dictadura argentina y el conflicto armado colombiano tienen en común que hicieron más difícil la vida de los grupos históricamente más marginados. Tanto en Argentina como en Colombia, las personas LGBTIQ+ fueron victimizadas por la dictadura y el conflicto armado. Hicieron más difícil sus proyectos. Las sanciones morales que impuso tanto la dictadura como el conflicto armado terminaron generando sanción social a la diversidad sexual y de género”, analizó Castañeda.

En esta línea, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata reconoció en marzo de este año por primera vez en la historia que ocho mujeres trans y travestis fueron víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). En los fundamentos de este fallo histórico, el Poder Judicial consideró que “el Terrorismo de Estado fue garante de un modelo sexo genérico hegemónico (…) en una cultura netamente patriarcal-occidental”. Las identidades trans y travestis fueron consideradas “subversivas” del modelo “occidental y cristiano” por lo que fueron perseguidas y violentadas especialmente.

Durante su paso por la Argentina, Presentes conversó con él sobre los puentes que se pueden tender entre ambos momentos históricos, los tipos de reparaciones necesarias para garantizar la no repetición y la avanzada de ultra derechas a nivel global.

– ¿Cómo empeoraron la vida de las personas LGBTIQ+, tanto la dictadura argentina como el conflicto armado colombiano?

– Las democracias están hechas para garantizar derechos. Una dictadura y un conflicto armado rompen la democracia, es decir ponen en jaque los derechos, y adicionalmente tienen un componente moral. Esto termina generando una afectación a los grupos poblacionales más invisibilizados. En el caso de las personas LGBTIQ+ esa calidad de vida, en un ejercicio comparado entre Argentina y Colombia, se puede ver en tres factores. En primer lugar, el aumento de violencia: asesinatos, feminicidios, travesticidios, amenazas, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual. Lo usan para desaparecer, controlar o eliminar las vidas de las personas LGBTIQ+.

El segundo asunto es que genera unas cadenas jerárquicas de acceso a recursos y allí no hay cabida para las personas LGBTIQ+. Entonces la pobreza, la habitabilidad de calle, el no participar en las políticas de distribución de bienes y servicios empieza a hacer que los renglones de pobreza y marginalidad sean ocupados por estos grupos. Y en tercer lugar, tanto las dictaduras como los conflictos armados ponen en jaque la vida digna de las personas LGBTIQ+ porque cierran espacios de participación. La dictadura en la última fase y el conflicto en su decadencia -cuando ya hay una sanción social-, reducen el tema de la eliminación de personas pero acuden al tema de la invisibilización. Entonces se cierran espacios de participación, se empieza a tener control social y político sobre los cuerpos. Por eso, reconstruir la democracia después de un conflicto armado o dictadura tiene su principal apuesta en darle visibilidad a los grupos poblacionales que históricamente fueron invisibilizados.

– ¿Cómo se piensa en Colombia el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado?

– Nuestro proyecto de paz y nuestra ley de víctimas considera como los cuatro valores fundamentales de la justicia transicional a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, entendiendo que hay un vínculo entre uno y otros. En materia de reparación apelamos tanto a la reparación individual como a la reparación colectiva, la monetaria y la simbólica. La individual porque cada vida tiene que ser reparada en su mismidad. La colectiva porque el conflicto armado rompió procesos organizativos que deben recuperarse. La monetaria porque empobreció a la gente y hay que darle recursos para que acceda a servicios que mejoren su calidad de vida. Y la simbólica porque el conflicto armado impuso un proyecto moral y político homofóbico, transfóbico, misógino, patriarcal y machista.

Pero el mayor reto de la reparación en Colombia tiene que ver con proponer una reparación transformativa. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta que el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBTIQ+. Entonces, el gran reto de la reparación es hacer cambios estructurales. Ir a la raíz de esas prácticas que son sociales, anteriores al conflicto armado. Y erradicar de raíz esas prácticas para que no vuelvan a ocurrir. De lo contrario, podemos firmar la paz, superar el conflicto, garantizar que los actores armados vuelvan a la civilidad, pero se va a seguir victimizando a las personas LGBT.

– ¿Cómo observás la avanzada de proyectos políticos de ultraderecha a nivel global y su impacto en América Latina?

– En los últimos años la derecha y el neoliberalismo han dejado constancia de que quieren desmantelar derechos, quieren reducir el Estado a su mínima expresión. Hoy es notorio en el mundo que las empresas y el capital están controlando la democracia. La agenda social pone en jaque sus proyectos de expansión. Hay una claridad que es que América Latina es hoy por hoy un escenario en el cual los grupos antiderechos están haciendo de él un laboratorio. Se trata de reducir el Estado social a la más mínima expresión y permitir que la empresa privada avance.

Les activistas Darío Aries, de Conurbanes por la Diversidad, Flor Guimaraes, de la organización La Casa de Lohana y Diana, Wilson Castañeda y la activista Greta Pena, de 100% Diversidad y Derechos, en la Facultad de Derecho

– ¿Cómo analizás la relación entre esta avanzada reaccionaria con la promoción de una agenda anti derechos?

Tenemos quienes están buscando que ese desmonte de derechos tenga el apoyo del pueblo. Crean discursos de odio para hacerle creer a la gente que el avance de nuestros derechos causa la crisis económica y material. Hoy la agenda antiderechos es agenda política. Se ha instalado el discurso anti derechos como una forma de gobernar, que eso no pasaba antes. Había gobiernos muy conservadores pero jamás usaban el discurso anti derechos para gobernar.

Se trata de una estrategia multinacional que escapa a los países. Los grupos antiderechos son grupos de estrategia regional. Tienen gente en Argentina, Brasil, Colombia, México, actúan en bloque y tienen grandes financiamientos que vienen del norte.Lo que está pasando hoy en Argentina tiene apoyos y redes de grupos antiderechos de otros países. que terminan jalonando inclusive en términos mediáticos. América Latina es la región más fácil donde los grupos antiderechos pueden desmantelar el estado social de derecho. Porque tenemos unas prácticas culturales y religiosas que nos unen. Los grupos antiderechos dicen que no se puede avanzar en derechos LGBT porque eso va a destruir la familia y la familia es un valor que nos une. 

– ¿Cuáles son las estrategias que puede tener el activismo LGBT y la ciudadanía frente a este panorama?

Yo creo que las estrategias de la ciudadanía deben ser, primero, construir proyectos políticos que superen los gobiernos. El movimiento LGBT en Argentina actúa por el día a día. Creo que nos toca construir proyectos políticos de largo plazo que nos permitan consolidar las conquistas. También es necesario sumar cada vez más aliados. Nos hace mucho daño cuando actuamos en gueto. 

Según el PNUD, Colombia es uno de los países que más garantiza los derechos de las personas LGBTIQ+ por la normativa que tiene. Sin embargo, también es uno de los países más violentos. Es algo muy frustrante. En este sentido, creo que las normas necesitan de cultura ciudadana para poder implementarlas. Nosotros en Colombia nos hemos dedicado a hacer incidencia en quien crea la norma. Pero no lo hemos hecho en quien finalmente materializa la norma, que es el señor de la tienda, del colegio, el vigilante, la inspectora, el policía de la calle.

Por otra parte creo que tenemos que ser más creativos en el lenguaje. A veces somos muy aburridos, muy racionales; tenemos que crear unos mecanismos que nos acerquen más a la gente. Los grupos anti derechos en eso nos han llevado ventaja porque son muy creativos: apelan a las emociones. Además, tenemos que exigir que la sociedad deje de ver lo nuestro como privilegios. Lo nuestro son derechos y los derechos no se ponen en jaque. Por último, no perder el optimismo, la alegría. Que no se nos olvide que resistimos a gobiernos horribles.

General, Homofobia/ Transfobia. América Latina, Argentina, Caribe Afirmativo, Colombia, Conflicto armado colombiano, Derechos LGTBIQ+, Extrema derecha, FARC, Personas LGTBIQ, Proceso de Paz, Terrorismo, Terrorismo de Estado, Wilson Castañeda

General, Homofobia/ Transfobia. Caribe Afirmativo, Colombia, Medellin, Personas LGTBIQ, Personas trans, Verónica Dantes

El cónclave fue convocado por Equa, un espacio internacional integrado por organizaciones LGBTIQA+ de diversos países, entre esos el Movilh de Chile.

Un encuentro internacional sobre los discursos de odio que afectan a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y otras (LGBTIQA+) convocó la semana pasada en Lima a  activistas de la diversidad sexual y de género, a autoridades y a académicos/as de diversos países.

Denominado “Por una defensa activa frente a los discursos de odio por orientación sexual o identidad de género”, el cónclave fue convocado por Equa, un equipo iberoamericano de análisis y respuesta a los grupos anti derecho  que integran Promsex de Perú; Caribe Afirmativo de Colombia; Fundación Triángulo de España y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) de Chile.

“Actualmente, el odio está aumentando en todo el mundo con discursos que incitan a la violencia, socavan la cohesión social y la tolerancia, y causan daños psicológicos, emocionales y físicos a las personas afectadas. Sin embargo, este discurso de odio no solo afecta a los individuos y grupos específicos a los que se dirige, sino también a las sociedades en general”, señaló Equa.

“Lamentablemente, su efecto devastador no es nada nuevo, pero su escala e impacto son mayores que nunca por el mal uso de las nuevas tecnologías, convirtiendo el discurso de odio en uno de los métodos más frecuentes para difundir retóricas e ideologías divisorias a escala global. El anonimato que proporcionan las redes sociales ofrece a quienes fomentan el rechazo a la diversidad LGTBIQ+ un espacio idóneo para publicar y expandir su discurso homofóbico y transfóbico”, añadió Equa

Durante el encuentro, apoyado por el Ayuntamiento de Sevilla, expusieron activistas, académicos y/o autoridades de Bolivia, Colombia, Chile,  España, Perú, Paraguay, México, quienes analizaron el estado presente y pasado de los discursos de odio y ahondaron en estrategias y medidas para hacer frente a la discriminación

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Ayuntamiento de Sevilla, Bolivia, Caribe Afirmativo, Chile, Colombia Fundación Triángulo, Encuentro Internacional LGBTIQA+, Equa, España, Lima, México, MOVILH, Paraguay, Perú, Promsex

Luna Ramírez Soto,

El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo aseguró que se trata del caso número 14 de 2023

Por Joaquin Palacio

Los vecinos del barrio aseguran que era una mujer tranquila, que no tenía amenazas en su contra y se ganaba la vida gracias a labores de reciclaje.

Mientras dormía en un andén del barrio Rosalpi, de Bello, fue degollada Luna Ramírez Soto, una mujer trans. Con este homicidio, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo contabiliza 14 asesinatos de personas LGBTIQ+ durante los primeros 82 días del año en el país, cinco de ellos en el departamento de Antioquia.

El crimen sucedió en la carrera 56 con calle 54, de Bello, en la madrugada del 23 de marzo del 2023. Los vecinos del barrio aseguran que era una mujer tranquila, que no tenía amenazas en su contra y se ganaba la vida gracias a labores de reciclaje. Luna, también era conocida como Chachy, tenía solo 29 años.

Los primeros testimonios afirmaron que el victimario le dio tres puñaladas, en el cuello y pecho, para luego darse a la fuga por las calles del barrio la Mesa. Su cadáver se mantuvo en la acera mientras funcionarios de la Sijin llegaron a la escena del crimen, según la información suministrada por El Colombiano.

Este mismo medio explicó que la identidad de la víctima solo pudo ser confirmada por funcionarios de Medicina Legal del Valle de Aburra, aunque los vecinos del barrio ya habían referenciado su nombre identitario.

Aunque las investigaciones sobre el crimen están en etapa inicial, los testimonios de la comunidad señalan que el móvil podría ser la intolerancia, ya que habían visto a Luna buscando refugio en los antejardines de las casas del barrio.

Caribe Afirmativo pidió a la Policía y Fiscalía que en la investigación se aplique la guía de buenas prácticas, construida para estos casos, pues debe clarificarse el rol que jugaron los prejuicios contra las personas con experiencias de vida trans.

https://twitter.com/caribeafirmativ/status/1639385675291062272?s=61&t=PhM9t26SNJxL6iMdivG3PQ

El observatorio de derechos humanos de la organización Caribe Afirmativo registró 145 homicidios, 3.527 amenazas, 104 casos de abuso policial y 1.725 reportes de discriminación u hostigamiento para el 2022. @Caribeafirmativ/Twitter

Justamente, el 24 de marzo, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la crítica situación de derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ en el Magdalena medio, este organismo aseguró que la violencia de género se ha recrudecido.

“En los últimos años, el Magdalena Medio ha reportado un recrudecimiento en las violencias basadas en género y de las violaciones a los derechos humanos con ocasión de la disputa territorial de actores armados ilegales, que deviene en una grave afectación a la vida, integridad y seguridad de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas OSIGD-LGBTI, con un particular agravante en lideresas y defensoras de derechos humanos ambientales y comunales”, aseguró el defensor del Pueblo.
En promedio, la Defensoría atiende 13 casos mensuales de violencia por prejuicio, en el marco del conflicto armado. En los tres primeros meses del año reportan 31 hechos de violencia, compuestos por: 13 casos de violencia psicológica, 12 casos de amenaza, cuatro casos de violencia física, un caso de violencia sexual y un caso de homicidio.

Entre las víctimas, el registro se corresponden a: gais (46%), mujeres trans (39%) y lesbianas (15%). Mientras que en el caso de amenazas, la Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento de 11 casos de lideresas sociales amenazadas por medio de panfletos; mientras que una líder LGBTI fue víctima de hostigamiento y cinco mujeres asesinadas.

“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos de manera urgente unas recomendaciones concretas y unas acciones de seguimiento a las autoridades del orden nacional y territorial responsables de garantizar los derechos de la población civil, particularmente de las mujeres y personas OSIGD-LGBTI. Recuerde que, si es víctima o conoce un caso de violencia basada en género, puede escribirnos al correo casosmujerygenero@defensoria.gov.co, donde brindaremos atención jurídica y psicosocial”, puntualizó Carlos Camargo Assis.

Fuente Infobae

Budismo, General, Homofobia/ Transfobia. Bello, Caribe Afirmativo, Colombia, Homofobia/Transfobia, Luna Ramírez Soto, Personas trans

Captura del vídeo en el que se ve a una mujer trans en el suelo tras ser agredida por tres hombres en Medellín, Colombia.

Colectivos LGTBI y el alcalde de la ciudad colombiana han condenado los hechos y piden una investigación para llevar a los responsables ante la Justicia. Al menos 11 personas trans han sido asesinadas en el país en los que va de año.

El ataque a una mujer trans con cadenas y con una correa en una calle del centro de Medellín causó indignación en Colombia, donde los ciudadanos piden a las autoridades esclarecer los hechos y llevar ante la Justicia a los responsables.

La denuncia fue hecha por la Red Comunitaria Trans, que publicó en sus redes sociales el vídeo del brutal ataque cometido por tres hombres que golpearon a la mujer con las cadenas y la correa.

“¿Hasta cuándo las personas trans tenemos que vivir con miedo? Este año han asesinado 11 mujeres trans en Colombia“, aseguró la ONG en Twitter.

Ante lo ocurrido, la Red Comunitaria Trans pidió a la Fiscalía y a la Alcaldía de Medellín “el esclarecimiento de los hechos, la identificación y judicialización de los responsables”.

Hace unos minutos en #PradoCentro (Medellin) tres hombres atacaron a una mujer trans con cadenas y correa.

¿Hasta cuando las personas trans tenemos que vivir con miedo? Este año han asesinado 11 mujeres trans en Colombia. @patriciallanoo @QuinteroCalle @diamaov @alejandromattah pic.twitter.com/fR8vcUCZA7

— Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) June 25, 2022

El alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, manifestó que sentía “dolor en el alma” porque “sigan ocurriendo hechos de violencia contra nuestra población LGBTIQ+”.

“Medellín debe ser la capital de la No Violencia y de la inclusión. Desde la Alcaldía ya estamos atendiendo el caso. Los agresores deberían estar tras las rejas“, añadió el gobernante local en Twitter.

Al menos 25 asesinatos a personas LGTBIQA+

Al menos 25 personas LGBTIQA+ fueron asesinadas en Colombia entre enero y abril de 2022, según el Observatorio de DD.HH. de la ONG Caribe Afirmativo, que mostró su preocupación por “el aumento de las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”.

La situación más preocupante la vivió el departamento de Antioquia, donde se registraron 10 crímenes, de los cuales 9 ocurrieron en la capital regional, Medellín, según el Informe de Derechos Humanos de Personas LGBT (enero-abril de 2022).

El resto de homicidios sucedieron en Atlántico, Magdalena y Valle del Cauca (2), y en Bogotá, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Quindío, San Andrés, Santander y Tolima.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Caribe Afirmativo, Colombia, Delitos de Odio, Medellin, Personas trans, Red Comunitaria Trans

De acuerdo con el informe diario de homicidios de la Gobernación de Antioquía y la Policía Nacional desde el primero de enero hasta el 15 de febrero del presente año se han presentado 222 homicidios en el departamento.

El pasado 16 de febrero de 2022 sobre las diez de la noche en el barrio Las Acacias en Medellín fue encontrado el cuerpo de Sahmir González, un joven migrante de ciudadanía venezolana de 23 años. Él era un hombre gay que se dedicaba al trabajo sexual.

Su compañero sentimental se percató de que no se había comunicado con él en más de 12 horas y pidió ayuda a las autoridades, que lo encontraron sin vida. Su cuerpo se encontró atado de ambas extremidades y con dos heridas profundas, al parecer hechas con un arma cortopunzante. Se presume que los victimarios son dos personas que ingresaron a la vivienda donde Sahmir se encontraba y hurtaron sus pertenencias, además, según información de las autoridades éstos serían los autores de un caso similar que ocurrió el pasado 14 de febrero, donde resultó lesionado un hombre extranjero.

Sin embargo, este no es el único caso que ocurrió en Medellín con un modus operandi parecido. De acuerdo con la emisora, en un hotel en el barrio San Joaquín, un ciudadano australiano pidió ayuda a la policía y fue encontrado amarrado de manos y pies y con una sábana y cordones en el cuello. Además, según la información de las autoridades, habría sido víctima de abuso sexual con un palo y fue llevado a un centro de atención médica, donde se encuentra bajo pronóstico reservado.

El subcomandante de la Policía de Medellín, el coronel Rolfy Jiménez, aseguró que tanto el venezolano como el australiano habrían contactado a sus victimarios en plataformas digitales de servicios sexuales y que se trata de una práctica particular que se lleva a cabo en Medellín y de la que todo el mundo tiene conocimiento.

Además, el coronel afirmó que están tras la pista de los victimarios gracias a las cámaras de seguridad de donde se encontraron los cuerpos, y pudieron determinar que salieron hombres de las respectivas habitaciones de las víctimas. “Esa es una de las particularidades que se dan, se ven, en los dos casos, a dos hombres ingresar y salir de los lugares. Y pues, sobre esta evidencia, de cámaras de seguridad y administradores de los negocios, estamos encaminando la investigación”, dijo el coronel.

De acuerdo con el informe diario de homicidios de la Gobernación de Antioquía y la Policía Nacional desde el primero de enero hasta el 15 de febrero del presente año se han presentado 222 homicidios en el departamento, de los cuales 59 corresponden al Valle de Aburrá, 21 al Bajo Cauca, 12 en el Magdalena Medio, 43 en el Nordeste, 16 en el Norte, 28 en el Oriente, 18 en el Suroeste, 6 en Occidente y 19 en Urabá. El año pasado para esta fecha se presentaron 304 homicidios en las diferentes zonas mencionadas anteriormente.

En materia de derechos humanos de personas LGBTI durante el año 2021 Caribe Afirmativo conoció de 28 homicidios y feminicidios de personas LGBTI migrantes y refugiadas venezolanas, 7 de ellos ocurridos en el área metropolitana de Medellín: 4 mujeres trans, dos hombres gais y una mujer Lesbiana. Ante esto se evidencia la vulnerabilidad de las personas LGBTI en condición de movilidad humana de sufrir todo tipo de violencia en razón de su orientación sexual, expresión e identidad de género diversa.

Desde Caribe Afirmativo exigimos a las autoridades correspondientes esclarecer estos hechos y determinar si se trata de un crimen por prejuicio motivado por la orientación sexual de la víctima. De igual manera exigimos que se judicialicen los responsables y se brinden garantías para la seguridad de la ciudadanía migrante LGBTI que se enfrentan a una doble discriminación por su nacionalidad y OSIGEG diversa.

Fuente Caribe Afirmativo/Semana

General, Homofobia/ Transfobia. Caribe Afirmativo, Colombia, Homofobia/Transfobia, Migrantes LGTBI+, Sahmir González, Venezuela

Por: Pompilio Peña Montoya/Hacemos Memoria*

Luis Álvarez Campuzano, un joven de 17 años, fue víctima de un ataque con machete por parte de un vecino, un año menor que él. Luego de increparlo por su orientación homosexual, le cercenó su brazo izquierdo por encima del codo. El ataque homoodiante se perpetró el 31 de julio a las 2:45 de la tarde en el municipio de Sincelejo, región Caribe de Colombia, cuando Luis le pidió respeto a su agresor y este lo atacó con el arma.

Luis fue trasladado al hospital de Sincelejo y allí permaneció internado durante nueve días. Al regresar a su casa, se encontró con la sorpresa de hallar allí a familiares, amigos y vecinos que lo rodearon con frases cariñosas de apoyo y solidaridad.

Según Oneida Campuzano, madre del joven, desde hace varios años su hijo ha sido objeto de agresiones y burlas por su inclinación sexual. No sólo en el barrio sino también en el colegio, donde cursa grado noveno. Dicen queLuis se ha caracterizado por no prestarle atención a las ofensas, ser un excelente estudiante y tener una personalidad divertida, mostrando interés en aprender sobre cocina y belleza. De hecho, Luis siempre tuvo una buena relación con la madre del joven que lo agredió, a quien en ocasiones acompañaba a hacer compras.

Amigxs de Luis le escribieron algunos mensajes para sorprenderlo cuando regresara a su casa tras su recuperación en el hospital.

“Gracias a Dios mi hijo está bien. Lo que queremos es que esta clase de cosas no se vuelvan a repetir con nadie. Agradecemos profundamente el apoyo que hemos recibido”, afirmó Oneida Campuzano, madre y cabeza de hogar, quien con esfuerzo ha criado a Luis y a dos hijos más en una humilde vivienda de Altos del Rosario, un barrio habitado principalmente por personas desplazadas por la violencia, en donde el agua es escasa y la electricidad llega por horas.

En cuanto al agresor, las autoridades de Sincelejo comunicaron que el joven de 16 años fue detenido unas horas y dejado en libertad debido a un mal procedimiento de la Policía al momento de su detención, pues ésta no se realizó con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Policía de Infancia y Adolescencia. Hoy, el adolescente se encuentra en casa de un familiar a la espera de ser solicitado por las autoridades. Frente a ello, el subintendente Carlos Mejía, de la oficina de Derechos Humanos de la Policía de Sucre, manifestó que permanentemente se ha hecho el acompañamiento del caso con el fin de que sean respetados los derechos tanto del menor agredido como del victimario.

“Abrazo a Luis y a todos los luises”

El caso de Luis ha tenido tanto despliegue en Colombia, que la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, integrante de la comunidad LGBTI, envió al joven un mensaje de apoyo a través de su cuenta de Twitter: “Abrazo a Luis y a todos los luises de Bogotá y Colombia”. Y rechazó toda expresión de homoodio.

También varias organizaciones iniciaron acciones de apoyo a Luis. Colombia Diversa, Pink Consultores y Sucre Diversa comenzaron una campaña con el fin de recoger fondos y acomopañar al joven en un proceso de recuperación integral. Así lo afirmó Hugo Ramos Hernández, presidente de la Fundación Sucre Diversa. Hasta el momento se han recolectado poco más de 79 millones de pesos, cerca de 20 mil dólares, a través de una plataforma digital.

Calle en el barrio Altos del Rosario en donde se perpetró la agresión contra de Luis.

Una prótesis y solidaridad para Luis

“Nuestra meta era recolectar 30 millones para una prótesis, con el fin de que Luis pueda viajar ya sea a Medellín o Bogotá para sus tratamientos. Estamos en el proceso de localizar a los mejores médicos especialistas en estos temas. La idea también es realizar mejoras en su hogar, ya que Luis, dos jóvenes más y su madre, viven en condiciones muy precarias; de hecho, no tienen electrodomésticos. Estamos profundamente agradecidos con todas las personas que han puesto su granito de arena”, comentó Hugo Ramos Hernández.

Cecilia Tejada Silva, de la Oficina de Gestión y Equidad Social de la gobernación del departamento de Sucre, manifestó que “con la ayuda de la Secretaría de Salud se le ha brindado acompañamiento psicosocial a Luis y su familia. Desde que nos enteramos de los hechos, le entregamos, primero que todo, elementos de bioseguridad. También le entregamos a su madre un mercado. Nuestro acompañamiento será integral”. La funcionaria añadió que está en proceso la entrega de una Tablet con acceso a internet, para que Luis reanude sus estudios, ya que por cuenta de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno nacional todas las instituciones educativas están cerradas.

El camino de la recuperación

Hoy Luis permanece en su casa recuperándose de la herida de su brazo amputado, cuidándose de no contraer la COVID -19, recobrando fuerzas para retomar sus clases. Si bien, como afirma su madre, en ocasiones Luis expresa sentirse “destrozado”, puede adivinar en su actitud fortaleza y deseos de seguir persiguiendo sus sueños.

Creen que algunos de ellos podrá hacerlos realidad, dijo Hugo Ramos, integrante de Sucre Diversa, no solo porque gracias a los fondos recolectados se podrá conseguir una prótesis y adquirir para la familia de Luis algunos enseres y electrodomésticos, sino también se está buscando un apoyo para que una vez cumpla la mayoría de edad y termine su escuela secundaria, pueda formarse en cursos de cocina y estética.

Frente a este hecho, Hugo Ramos afirmó que en Sucre no existe una ruta clara para atender estas agresiones en contra de personas de las personas LGBTI, por lo que le hizo un llamado al gobierno nacional para que, por medio del Ministerio del Interior, “active una mesa de casos urgentes para que la gobernación de Sucre y todos sus municipios sepan atender este tipo de agresiones en contra de los niños, niñas y adolescentes con orientación sexual diversa”.

Según un informe de Caribe Afirmativo, asociación que vela por la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI, entre el 1 y el 18 de julio del 2020, se han presentado 40 casos de agresiones a lo largo de la costa caribe colombiana, aunque se estima que existe un gran subregistro por falta de denuncia.

*Este artículo fue escrito en el marco de una alianza informativa para la Red de Periodismo y Memoria, entre Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Agencia Presentes.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Caribe Afirmativo, Colombia, Delitos de Odio, Fundación Sucre Diversa, Homofobia/Transfobia, Luis Álvarez Campuzano, Sucre

Jhony Menco

Esta semana (la última de julio), la lista de víctimas LGBT+ en la costa caribe de Colombia siguió en aumento con la muerte de una migrante trans venezolana de 29 años y la de un varón gay hipoacúsico asesinado a tiros.

Por Pompilio Peña Montoya – Hacemos Memoria*

La luz en el interior de una vivienda llamó la atención de un vigilante barrial en Soledad, en la costa Caribe de Colombia, en el departamento del Atlántico. Faltaban dos horas para el amanecer del miércoles 22 de julio y las calles estaban desiertas. A través de la ventana, el hombre pasó su mirada por las paredes hasta que sus ojos, de golpe, chocaron con el cuerpo sin vida de Gabriela, una mujer trans, migrante venezolana de 29 años. Todavía no está del todo claro qué ocurrió y existen versiones cruzadas. Algunxs creen que había decidido quitarse la vida utilizando una sábana para ahorcarse. Otros desconfían, se preguntan si no fue inducida a hacerlo y exigen investigación judicial en una zona que documenta discriminación y violencias hacia las personas LGBTI+.

Gaby, como le decían sus amigos, era estilista de profesión. Sus vecinos la describen como una persona reservada y de trato amable. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo –corporación que vela por los Derechos Humanos de la comunidad de Lesbianas Gays Bisexuales Transexuales e Intersexuales (LGBTI)– no cree que se trate de un simple suicidio. Por eso pidió a las autoridades judiciales indagar qué ocurrió detrás de este caso, ya que cabe la posibilidad de que haya sido inducida a quitarse la vida o que se trate de un homicidio.

Lo que se conoce de los hechos previos a la muerte de Gabriela, según Castañeda, es que ella habría discutido con un hombre que la visitó en su casa. Y que, al parecer, también la habría amenazado.

Días antes de la muerte de Gabriela, en otro lugar de la costa caribe, Jhony Menco Galvis, un varón gay, fue asesinado por sicarios. Ingresaron a su vivienda, ubicada en el municipio vecino  de Magangué, en el departamento de Bolívar, y le dispararon en tres oportunidades según informó la policía. El crimen ocurrió el pasado 18 de julio a las 11:00 de la noche cuando Jhony compartía con algunos vecinos, pese al toque de queda decretado por las autoridades para prevenir el contagio del coronavirus.

Edwin Castañeda, amigo de la víctima, manifestó a Hacemos Memoria que Jhony, sordomudo de nacimiento, era muy querido en la comunidad. Participaba de las actividades barriales, prestaba servicios de limpieza en viviendas y era solicitado en fiestas para ser ayudante de cocina.

“Él tenía poco más de 40 años y nunca le conocimos amenazas. Era muy alegre y activo. Vivía con su madre muy humildemente en el barrio Santa Rita, conocido en Magangué como uno de los más peligrosos. Lo que nos dijeron sus amigos es que el atentado no iba en contra de él, lo que quiere decir que los sicarios se habrían equivocado de persona”, afirmó Edwin Castañeda, líder LGBTI.

Como en el caso de Gaby, al cierre de este artículo, el homicidio de Jhony representa otro crimen sin esclarecer, del cual no se tenían capturas ni sospechosos. De hecho, según Wilson Castañeda, la impunidad sobre los asesinatos de miembros LGBTI ronda el 80 por ciento.

Crímenes en aumento

Este año han aumentado los asesinatos de miembros de la  población LGBTI en el Caribe colombiano, especialmente entre la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, y el departamento de La Guajira. Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, entre el primero de enero y el 23 de julio de 2020 han sido asesinados en esta región 19 personas LGBT+. La cifra supera en dos casos al total de víctimas reportadas en 2019 cuando la organización registró 17 asesinatos.

“De los 19 asesinatos registrados en 2020, 13 ocurrieron en el marco del aislamiento social decretado por el Gobierno para combatir la pandemia de la COVID-19. Y diez de ellos se cometieron en el domicilio de las víctimas”, afirmó Castañeda.

El defensor de la población LGBTI, añadió que aunque “históricamente este tipo de violencia homicida ha afectado mayoritariamente a los hombres gay y a las mujeres trans, este año, en la región Caribe, hemos tenido un incremento de la violencia en contra de mujeres lesbianas, algo antes nada común”.

Los municipios con el mayor número de casos, según Castañeda, son Barranquilla con siete asesinatos y Valledupar con cuatro.

*Este artículo fue escrito en el marco de una alianza informativa para la Red de Periodismo y Memoria, entre Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Agencia Presentes.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Caribe Afirmativo, Colombia, Costa Caribe, COVID-19, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Jhony Menco Galvis

La Corporación Caribe Afirmativo saluda esta decisión en el marco del Sistema de Protección de Derechos Humanos Interamericano, frente a el primer caso que la CIDH somete a la Corte Interamericana en materia de violencia policial, detención ilegal y tortura sexual en contra de las personas LGBT.

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sometido un caso de violencia en contra de las personas LGBT a la Corte Interamericana (Corte IDH). El caso es sobre la detención ilegal y arbitraria a Azul Rojas Marín, mujer trans quien al inicio del caso se autorreconocía como hombre gay, el 25 de febrero de 2008 en el distrito de Casa Grande (Trujillo) por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), supuestamente con la finalidad de realizar un control de identidad cuando caminaba hacia su casa.

Mientras duró la detención injustificada de Azul, los policías ejercieron violencia física en su contra y la agredieron verbalmente con expresiones denigrantes referidas a su orientación sexual (en ese entonces, la víctima se identificaba como un hombre gay). Sumada a la violencia física y psicológica, Azul también fue víctima de violencia sexual.

A pesar de la grave de los hechos, los responsables no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú, pues el Estado incumplió su deber de debida diligencia en las investigaciones que se iniciaron. A lo largo de la investigación, Azul fue descalificada y su credibilidad fue puesta en duda, siendo revictimizada tanto por los operadores de justicia en la actuación probatoria, como en el marco de las decisiones que dieron lugar al archivo de la denuncia por el delito de tortura (por la supuesta falta de elementos que acrediten la violencia ejercida contra Azul).

Ante esta situación, con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de REDRESS (Organización británica que lucha contra la tortura), Azul presentó su caso a la CIDH. Así las cosas, la Comisión consideró que el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBTI.

Al analizar los hechos del caso, la Comisión encontró suficientes elementos para considerar que por la naturaleza y forma en la que se ejerció la violencia, existió un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín, en ese momento, como un hombre gay. A su vez, la Comisión consideró que lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio, además de los elementos constitutivos de tortura.

Para la CIDH, el caso permitirá que la Corte Interamericana fije estándares respecto a casos de violencia física, psicológica y sexual, y la tortura, por parte de agentes de seguridad del Estado cometidas contra personas LGBTI, así como profundizar su jurisprudencia sobre el deber de debida diligencia en la investigación penal, materia probatoria y sanción de los responsables en casos de violencia por perjuicio cometidas contra personas LGBTI.

La CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 22 de agosto de 2018[1] porque el Estado peruano no presentó propuesta alguna de reparación integral a favor de Azul Rojas Marín y su madre, a pesar de la gravedad de la tortura de la que fue víctima.

Desde Caribe Afirmativo acompañamos estas exigencias de justicia, reparación y garantías de no repetición que logren avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBT+ en la región; asimismo, instamos a los gobiernos en las Américas a respetar, acatar y ejecutar las decisiones del sistema interamericano como la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH, en la cual se instó a “impulsar reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos internos para garantizar que personas del mismo sexo tengan el derecho a contraer matrimonio y respetar las identidades de género de sus ciudadan[x]s”.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CIDH presenta caso sobre Perú ante la Corte IDH.

 Recuperado de [http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/189.asp].

Fuente Caribe Afirmativo

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Azul Rojas Marín, Caribe Afirmativo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corte Interamericana (Corte IDH), Homofobia/Transfobia, Perú

36 líderes LGBT venezolanos se reunieron en Barranquilla con el apoyo de Caribe Afirmativo y la Friedrich Ebert Stiftung.

En un trabajo publicado por el diario colombiano El Espectador, la organización Caribe Afirmativo informa que ha contabilizado 23 casos de violencia contra lesbianas, gays y trans venezolanos en la zona de los departamentos caribeños de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y Bolívar. En el trabajo periodístico se indica que podría tratarse de una oleada violenta de la mal llamada “limpieza social” —que según denuncias incluye muchas veces a las fuerzas policiales—, desatada contra la población venezolana trans.

En lo que va de 2018  en la región caribe, una mujer trans venezolana ha sido asesinada, cinco han muerto en etapa SIDA por falta de acceso a medicamentos; tres panfletos han amenazado directamente a personas venezolanas en la región y se han instaurado más de 29 tutelas exigiendo atención inmediata en materia de salud con enfoque diferencial hacia las personas LGBT;  se han denunciado dos hechos colectivos de violencia policial hacia mujeres trans venezolanas en espacios públicos de la región y 42 quejas se han interpuesto por discriminación y xenofobia hacia ellos y ellos sumando a el rechazo a su nacionalidad su pertenencia a la población LGBT.

Caribe Afirmativo, realizó en la ciudad de Barranquilla un encuentro con líderes LGBT venezolanos que tuvieron que migrar del vecino país por presiones o amenazas a su activismo o por la insostenibilidad de sus proyectos sociales por la crisis económica.  Asistieron 36 personas que hoy residen en Guajira (Maicao y Riohacha), Magdalena (Santa Marta y Ciénaga), Atlántico (Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia) y Bolívar (Cartagena y Turbaco).

En lo que va del año, Caribe Afirmativo ha registrado 23 casos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y trans del vecino país, que han llegado al Caribe colombiano huyéndole a la crisis de Venezuela.  29 ciudadanos LGBT viviendo con VIH han tenido que interponer tutelas para acceder a medicamentos y en lo que va del año, ya 4 han muerto en etapa SIDA por falta de acceso a ellos. En relación con las mujeres trans, muchas de ellas, están en las ciudades de la región en trabajo sexual, y han sido víctimas de riñas internas con trabajadoras sexuales colombianas, de presión y control por parte de grupos ilegales y de amenazas de muerte, en Valledupar, Santa marta y Cartagena han circulado panfletos amenazándolas y en Valledupar fue asesinada en días pasados una mujer trans de nombre Lily, oriunda de Venezuela y quien se dedicaba al trabajo sexual. En relación con la violencia policial, se han presentado dos casos de agresiones masivas, uno en Maicao, en el mes de abril donde resultaron gravemente heridas seis mujeres trans y otro más en Santa Marta, donde dos mujeres trans venezolanas denunciaron ser víctimas de abuso de autoridad; en términos generales las personas LGBT venezolanas, aseguran que han sufrido agresiones por parte de funcionarios de Migración Colombia.  La mayoría de estos ciudadanos residen en Barranquilla, Cartagena, Maicao y Riohacha. Estos dos últimos en La Guajira.

“Constantemente, en la calle donde trabajamos han pasado hombres en camionetas y motos y nos han agredido tanto verbal como físicamente, obligándonos en varias ocasiones a desplazarnos de nuestro sitio de trabajo”, señala Ángeles Cardozo, una mujer trans que reside en Maicao (La Guajira).

Por su parte, el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, indicó que se ha registrado un ingreso significativo de venezolanos LGBT en la zona de Maicao (La Guajira), frontera con el estado petrolero de Zulia, en Venezuela.

Muchas de estas personas no se encuentran en óptimas condiciones de salud y recurren al trabajo sexual como una vía para sostenerse económicamente, advierte Castañeda. Los registros de Caribe Afirmativo dan cuenta de la presencia de, por lo menos, 150 personas abiertamente LGBT procedentes de Venezuela que residen en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Maicao, Riohacha, Santa Marta y Valledupar.

Con el propósito de establecer un diagnóstico sobre la situación real que viven las personas LGBT venezolanas que han migrado al Caribe colombiano, la organización alemana Friedrich Ebert Stiftung en conjunto con Caribe Afirmativo, sostuvieron un encuentro con 36 líderes LGBT venezolanos que residen en esta zona del país y de donde salieron las denuncias que prendieron las alarmas sobre la realidad que viven.

Las personas  LGBT venezolanas refugiadas en  Colombia, pertenecen a seis tipos de  perfiles migratorios: Colombianos retornados con sus familias; nacionales venezolanos en condición regular; inmigrantes con Permiso Especial de Permanencia-PEP, nacionales Venezolanos en tránsito; miembros de pueblos Indígenas en territorios de frontera con Venezuela
y migrantes Irregulares.

El abordaje de esta última población es uno de los grandes retos en salud y migración. Por ejemplo, en relación a la atención en salud, se asegura la atención inicial de urgencias en los términos que define la norma; así como también pueden ser beneficiarias de las intervenciones colectivas gestionadas desde las entidades territoriales y las acciones de gestión de la salud pública que cobijan a toda la población del territorio.

La mayor emergencia y desafío en el trabajo con las personas LGBT venezolanas en el caribe es la atención en VIH; dado la situación migratoria, y de su situación social y en salud, en especial la atención medica recibida en nuestro país para las personas diagnosticas con VIH/Sida, para ello se vio necesario instalar de inmediato una campaña que:

1. Indague y documente información que dé cuenta de situaciones relacionadas con el acceso, atención y tratamiento de VIH que enfrentan los ciudadanos venezolanos LGBT en Colombia.
2. Esta información permite contar con evidencia de la situación humanitaria y en salud de las personas con VIH ó Sida venezolanas inmigrantes en Colombia, para el dialogo y exigibilidad de derechos ante el sistema de salud y gobierno colombiano.

Con el Decreto 1288 de 2018 se adoptaron medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan medidas sobre el retorno de colombianos. El Decreto establece la regularización temporal de los 442.462 venezolanos que realizaron el Registro y que habían ingresado a Colombia, quienes tendrán un permiso de permanencia temporal de dos años y acceso a servicios básicos de salud, educación y trabajo.

Caribe Afirmativo ha hecho uso de este decreto para incidir con las autoridades locales y lograr que los y las personas LGBT venezolanas tengan acceso a la atención de urgencias, puedan afiliarse al Sistema de Seguridad Social en salud a través de la encuesta Sisben para ubicarlos en el régimen contributivo o subsidiado, 442.462 venezolanos realizaron hasta el día 8 de agosto de 2018 el Registro. En total, hasta esa fecha, existían 894 mil venezolanos en todo el país y de ellos el 27,9 % en el caribe colombiano

Recomendaciones

1. Para las alcaldías y gobernaciones del Caribe diseñar e implementar planes de acciones afirmativas para atender integralmente y con enfoque diferencial a las personas LGBT, recogiendo particularmente las recomendaciones del Ministerio de Salud de adelantar seis acciones para prevenir problemas de salud y atender a la población migrante.
2. Las acciones prioritarias son la coordinación intersectorial, particularmente con las autoridades migratorias y del sector social; el desarrollo de capacidades en problemas de salud habituales de inmigrantes; la afiliación al sistema de salud para quienes cumplan los requisitos; el control de alimentos y bebidas que ingresan al país; la vigilancia de brotes y epidemias; y las intervenciones colectivas, entre las que se incluyen la denuncia de situaciones de violencia y el fortalecimiento de espacios de convivencia.
3. Garantizar que en los programas que se implementan con personas LGBT en específico y con la ciudadanía en general se incluya con igualdad de derechos a las personas procedentes de Venezuela.
4. Hacer modificaciones a las rutas y protocolos de atención para que tengan en cuenta la atención diferenciada e integral a personas LGBT venezolanas.

Fuente Caribe Afirmativo/ El Espectador

General, Homofobia/ Transfobia. Ángeles Cardozo, Caribe Afirmativo, Colombia, Friedrich Ebert Stiftung, Migrantes Venezolanos, Refugiados LGTBI, Venezuela, Wilson Castañeda

Caribe Afirmativo lamenta profundamente el homicidio de Jairo Madera Contreras por hechos que son materia de investigación por parte de la SIJIN de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

El señor Madera Conteras, hombre gay de 40 años y cocinero de profesión, quien residía en el corregimiento de San José de Pileta, jurisdicción del municipio de Corozal y laboraba en un restaurante en el casco urbano del municipio sucreño. Las circunstancias que rodean el homicidio del señor Madera, están en investigación por las autoridades competentes en el municipio y desde Caribe Afirmativo acompañamos todo esfuerzo de las autoridades por esclarecer los móviles, circunstancias y personas que cometieron el hecho en donde pierde la vida Jairo Madera, asimismo, exigir inmediatez y celeridad en la investigación, adelantada por la Fiscalía, que logre dar con los responsables.

En comunicación con el Teniente Mina de la Estación de Policía de Corozal, al momento del suceso, “el señor Jairo Madera, se movilizaba pasada la media noche en una motocicleta como parrillero, para dirigirse a su residencia en el corregimiento de Pileta”. Este hecho ha causado dolor entre la comunidad del corregimiento y el municipio de Corozal, en donde el señor Madera era conocido por su labor, ser una persona trabajadora y muy colaboradora.

De acuerdo con un testigo, “la victima iba como parrillero de una motocicleta cuando fue impactado por un sicario que le disparó desde otra moto cuando el conductor desobedeciera la orden de que se detuviera”. Según el mismo testigo “les contó a las autoridades, el señor Madera Contreras le informó al conductor de la motocicleta que había sido impactado y que se sentía mal”.

Este lo trasladó hasta la ESE Cartagena de Indias, en Corozal, para que fuera atendido. Sin embargo, los médicos informaron que llegó sin signos vitales.

Los habitantes de la zona manifestaron su preocupación ante la inseguridad en esta vía y solicitaron a la Policía Nacional aumentar la presencia para evitar que casos como este se repitan. El homicidio del señor Madera Contreras es el cuarto que ocurre en Corozal en una semana lo que motivó que el alcalde Andrés Vivero León, a través de un video que hizo circular por redes sociales, rechazara la ola de homicidios en su municipio y en un consejo de seguridad se plantea una recompensa por cinco millones de pesos por cualquier tipo de información que clarifique los hechos en el marco de la investigación.

Sumadas a las exigencias que hacemos como organización defensora de Derechos Humanos, en especial de las personas LGBT+ en Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, mayor firmeza y compromiso frente a las investigaciones de homicidios a personas LGBT+ que en 2018 se presenta el triste saldo de 9 personas, víctimas fatales en hechos que aún siguen en investigación. Asimismo, un llamado a las autoridades civiles, locales y departamentales, de la necesidad de políticas públicas claras de prevención y garantías de no repetición frente a todo tipo de violencias, acceso a salud, educación, acompañamiento psicosocial y el desarrollo pleno de ciudadanías diversas.

Fuente Caribe Afirmativo

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinato, Caribe Afirmativo, Colombia, Corozal, Homofobia/Transfobia, Jairo Madera Contreras, San José de Pileta

Carlos Augusto Paneso

En este municipio han asesinado en una semana a dos hombres gais. Carlos Augusto Paneso es el nombre del activista que murió esta madrugada.

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“Ya no gritemos en silencio”

Justo después de que en Colombia y en todo el mundo se conmemorara el Día Contra la Homofobia y la Transfobia, asesinan a dos hombres gais en Tumaco, Nariño. Carlos Augusto Paneso es el nombre de un activista gay que murió esta madrugada, luego de que recibiera varios impactos de arma de fuego. Salía de su casa cuando fue asesinado. Era víctima de desplazamiento forzado y pertenecía a la Fundación Colombiana Arco Iris LGBTI,  organización de Tumaco que ha trabajado mancomunadamente con Caribe Afirmativo.

Alex Aguiño es la otra víctima. El cuerpo de este joven abiertamente gay fue encontrado el pasado 18 de mayo en la vereda Piñal Salado, con señales de haber sido empalado. Falleció después de que lo apuñalaran.

En Tumaco, 12 personas LGBTI han sido asesinadas entre 2011 y lo que va de este año, y ninguna de las investigaciones ha avanzado, según la Fundación Colombiana Arco Iris LGBTI. Lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, han sido víctimas de amenazas por parte de grupos armados ilegales, que los han obligado a vivir en un estado de zozobra. La organización tumaqueña ha denunciado estos delitos ante las autoridades. Sin embargo, todo está impune.

Caribe Afirmativo y la Fundación Colombiana Arco Iris LGBTI envían un mensaje de alerta al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes, para que se garanticen los derechos de esta población. En pleno proceso de implementación del Acuerdo de Paz y de la construcción de una paz estable y duradera, el Gobierno no puede permitir que se presenten casos como los de Tumaco, en los que grupos poblacionales que habitan en las zonas periféricas del país, son victimizados o revictimizados por grupos armados ilegales. Este tipo de hechos no sólo ponen en riesgo la vida de las personas LGBTI de este municipio, sino también el proceso de construcción de paz, porque no es posible hablar de Paz si persisten actos como estos, llenos de violencia y discriminación.

Fuente Caribe Informativo

General, Homofobia/ Transfobia. Caribe Afirmativo, Carlos Augusto Paneso, Colombia, Fundación Colombiana Arco Iris LGBTI, Homofobia/Transfobia, Nariño, Tumaco

Estafany Stefanell Pérez es una lesbiana que, tras ser asesinada por unos motoristas, los mismos vecinos que tratan de socorrerla, terminan por ultrajar su cuerpo al desnudarla para saber si es hombre o mujer. 

Fuente Caribe Afirmativo, vía Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Caribe Afirmativo, Colombia, Estafany Stefanell Pérez, Homofobia/Transfobia, Lesbofobia, Wilson Castañeda

El colectivo LGTBI siendo estando reconocido en el nuevo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC. Un acuerdo que tuvo que ser reformulado después de que el acuerdo original fuese rechazado en un plebiscito (por la mínima y con una baja participación) celebrado el pasado 2 de octubre. Un resultado que en parte fue debido a la intensa movilización de los sectores conservadores más abiertamente homófobos, que criticaron con fiereza el hecho de que el acuerdo incorporase el enfoque de género y reconociese de forma específica a las víctimas LGTBI.

Como explicamos días antes del plebiscito, por primera vez en un proceso de este tipo los acuerdos incorporaron de forma expresa el enfoque de género y diversidad sexual, algo que fue celebrado por los colectivos LGTB colombianos, como Colombia Diversa o Caribe Afirmativo. El acuerdo reconocía como víctimas a las personas LGTBI, les permitía exigir justicia individual y colectiva por los daños motivados por la LGTBfobia y les reconocía el derecho a una atención diferencial y a una reparación integral. Permitía, asimismo, que las personas LGTBI se involucrasen en la construcción de la paz, asegurándoles que los derechos adquiridos serían realidad en todos los territorios de Colombia.

Es por todo ello que los colectivos LGTB apoyaron de forma rotunda el “sí”, pero también que por ejemplo muchas iglesias evangélicas utilizaron el argumento de que Colombia sería entregada a la “dictadura homosexual” (también al “ateísmo” y al “castrochavismo”) para movilizar a sus feligreses. El argumento de que los acuerdos de paz suponían la aceptación oficial de la “ideología de género” fue de hecho uno de los más utilizados por los partidarios del “no”. Y no solo por las pujantes iglesias evangélicas: también líderes políticos católicos utilizaron este argumento, y ello a pesar de que el papa Francisco había mostrado expresamente su satisfacción por el acuerdo de paz (aunque por lo que se refiere al plebiscito la Iglesia católica mantuvo la “neutralidad oficial”). Un ejemplo es el de Alejandro Ordóñez, que recientemente ha dejado su cargo como procurador general, desde el cual ha liderado múltiples batallas contra los avances en materia LGTB que se han ido produciendo en Colombia en los últimos años. Ordoñez, cuya reelección como procurador el Consejo de Estado declaró nulo en septiembre, se convirtió en otro de los rostros del “no”. “La Colombia creyente tiene la obligación de votar ‘no’”, llegó a asegurar. “Aunque lo quieren negar, en más de 144 apartes del acuerdo hablan del enfoque de género, y en muchas de las utilizaciones de esa expresión está implícita la ideología de género”, fue una de las razones que argumentó.

Fuertes presiones de los líderes homófobos

Como recogíamos tras conocer el resultado del plebiscito, el peligro más inmediato era que una renegociación del acuerdo excluyese al colectivo LGTBI colombiano, que ya se enfrenta de hecho a numerosos desafíos (como la iniciativa de referéndum contra la adopción por parejas del mismo sexo y personas solteras que promueve la senadora liberal Viviane Morales). De hecho, las presiones de los homófobos, como recopilaba hace días Colombia Diversa. Alejandro Ordoñez se llegó a reunir con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y aseguró a la salida del encuentro que el acuerdo iba a ser “purgado” de la “ideología de género”. Líderes evangélicos (de distintas sensibilidades) también se reunieron con Santos, transmitiéndole la preocupación que el tema suscitaba entre varias de sus iglesias. Tras la reunión, los líderes evangélicos destacaron “el espíritu de grandeza y el gran pragmatismo político con que el presidente Santos recibió el resultado” del plebiscito.

Incluso la mencionada senadora Morales llegó a viajar a Cuba para acordar con las FARC un documento de compromiso que asegurase que el enfoque de género recogido en el acuerdo se refería “a la reivindicación y protección especial de los derechos de la mujer como víctima principal del conflicto y como protagonista esencial en la construcción de la paz” y no a otros colectivos, así como que este no daba pie al reconocimiento expreso de los diferentes modelos de familia y respetaba “el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores”.

El reconocimiento del colectivo LGTBI se mantiene

Por fortuna, una vez conocida la nueva versión del acuerdo, no parece que el daño haya sido grave, y los colectivos LGTB colombianos siguen considerándolo muy positivo. Es cierto que las iglesias han ganado peso en el proceso de implementación de los acuerdos, pero los derechos de las personas LGTBI se mantienen (de hecho, el afán por definirlos mejor y no dar lugar a interpretaciones que pudieran ser utilizadas en contra del acuerdo han llevado a que sean citadas aún más veces que en el anterior acuerdo). Por lo que se refiere a la familia, el texto se deja claro que se protege a esta y a sus integrantes como núcleo de la sociedad, pero no la define ni en un sentido ni en otro, aunque se mantiene una referencia al pluralismo y la no discriminación.

Algo que satisface suficientemente, por ejemplo, a Caribe Afirmativo, un colectivo que tras hacer un primer análisis del texto considera que sigue siendo positivo. “Caribe Afirmativo celebra que en el nuevo acuerdo (…) no solamente se haya mantenido el reconocimiento a la afectación que el conflicto armado hizo en relación a la orientación sexual o la identidad de género de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, sino que también se continúa sosteniendo que, tal como se ha reflejado en el día a día en los territorios del país, son actores clave de la construcción de paz”, asegura su director, Wilson Castañeda. “Seguiremos estos días estudiando con mucho detenimiento el acuerdo y leeremos allí la competencia que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en la construcción de paz. Desde ya asumimos un compromiso de rodear el acuerdo, cooperar en su implementación y hacer pedagogía en la región, saludando y agradeciendo el esfuerzo del equipo de negociación entre el gobierno y las FARC, los movimientos sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía para construir una paz estable y duradera”, ha añadido.

Desde dosmanzanas nos felicitamos que así sea, y esperamos que pese a los tropiezos el proceso de paz en Colombia siga su camino.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas Alejandro Ordoñez, Caribe Afirmativo, Colombia, Colombia Diversa, Discriminación, FARC, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas, Juan Manuel Santos, LGTBIfobia, Viviane Morales, Wilson Castañeda

El informe, titulado “Cuerpos excluidos, rostros de impunidad”, recoge los datos de violencia hacia la población LGTB de cada año.

En 2015 se han registrado 110 crímenes mortales, la cifra más alta desde 2012, cuando se registraron un total de 119 casos.

Colombia ha registrado el último año su cifra más alta de asesinatos de homosexuales, bisexuales y transexuales desde 2011, con 110 casos, según un informe publicado este jueves por las ONG Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación.

Colombia registró en 2015 la cifra más alta de asesinatos de LGTB desde 2012. En 2014, la cifra de asesinados no alcanzó el centenar, quedándose en 97. No obstante, de enero a diciembre del año pasado 52 gays, 33 transexuales, 11 lesbianas, siete bisexuales y otras siete personas que no han sido identificadas fueron asesinadas en el país.

Casi la mitad de ellos estuvieron motivados por prejuicios, razón que también está detrás de casi un cuarto del centenar de casos de violencia ejercida por agentes de las fuerzas de seguridad contra miembros de esta comunidad.

Fuente Colombia Diversa, vía Cáscara Amarga

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Muy mala noticia para el colectivo LGTB el resultado del plebiscito sobre el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC celebrado el pasado domingo. Con una participación del 34,7% del censo, el “no” se impuso con un 50,2% frente al 49,8% del “sí”. Todo apunta a que la movilización por el “sí”, que según las encuestas previas era la opción preferida de forma muy mayoritaria por el pueblo colombiano, fue menor que la del “no”. Aunque sin duda las causas del resultado son diversas, no conviene pasar por alto que detrás del rechazo al acuerdo de paz, que por primera vez incorporaba el enfoque de género y reconocía de forma específica a las víctimas LGTB, se encontraban los sectores conservadores más abiertamente homófobos, que de hecho no han dudado en utilizar este aspecto para hacer campaña.  

Como explicamos días antes del plebiscito, por primera vez en un proceso de este tipo los acuerdos incorporan de forma expresa el enfoque de género y diversidad sexual, algo que fue especialmente celebrado por los colectivos LGTB colombianos, como Colombia Diversa o Caribe Afirmativo. Se reconoce como víctimas a las personas LGTB, se les permite exigir justicia individual y colectiva por los daños motivados por la LGTBfobia y se les reconoce el derecho a una atención diferencial y a una reparación integral. El acuerdo permite, asimismo, que las personas LGTB se involucren en la construcción de la paz, asegurándoles que los derechos adquiridos serán realidad en todos los territorios de Colombia.

Es por todo ello que los colectivos LGTB apoyaron de forma rotunda el “sí”, pero también que por ejemplo muchas iglesias evangélicas utilizaron el argumento de que Colombia sería entregada a la “dictadura homosexual” (también al “ateísmo” y al “castrochavismo”…) para movilizar a sus feligreses. El argumento de que los acuerdos de paz suponían la aceptación oficial de la “ideología de género” fue de hecho uno de los más utilizados por los partidarios del “no”. Es el caso, por mencionar solo un ejemplo, de la megaiglesia Misión Carismática Internacional, a la que ya hemos hecho alusión en alguna ocasión anterior, y que constituye uno de los principales apoyos del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, líder principal de la oposición al acuerdo de paz. Otro de los que han defendido ardorosamente el “no” es el pastor evangélico y concejal bogotano Marco Fidel Ramírez, que tras conocer el resultado celebró el, a su juicio, fracaso de la “agenda homosexual”:

Colombia dijo NO a la agenda homosexual. #SantosDebesRenunciar

— MARCO FIDEL RAMÍREZ (@7MarcoFidelR) 2 de octubre de 2016

Pero también líderes políticos católicos utilizaron este argumento, y ello a pesar de que el papa Francisco había mostrado expresamente su satisfacción por el acuerdo de paz (por lo que se refiere al plebiscito, la Iglesia católica mantuvo sin embargo la “neutralidad oficial”). Un ejemplo es el de Alejandro Ordóñez, que acaba de abandonar su cargo como procurador general, desde el cual ha liderado múltiples batallas contra los avances en materia LGTB que se han ido produciendo en Colombia en los últimos años. Ordoñez, cuya reelección como procurador el Consejo de Estado declaró nulo en septiembre, se convirtió en otro de los rostros del “no”. “La Colombia creyente tiene la obligación de votar ‘no’”, llegó a asegurar. “Aunque lo quieren negar, en más de 144 apartes del acuerdo hablan del enfoque de género, y en muchas de las utilizaciones de esa expresión está implícita la ideología de género”, fue una de las razones que argumentó.

El peligro: que una renegociación del acuerdo excluya al colectivo LGTB

Nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá a partir de ahora. Tanto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos (que este mismo viernes recibía un importante espaldarazo con la concesión del Premio Nobel de la Paz) como las FARC han anunciado su disposición a seguir avanzando en los acuerdos, pese al revés del plebiscito. Pero los opositores al proceso se sienten ahora legitimados y exigen una renegociación. En este contexto, pocos dudan de que uno de los puntos que peligran es precisamente su aspecto inclusivo.

De ahí que más de de 50 líderes LGTB colombianos hayan pedido expresamente a Juan Manuel Santos una cita para trasladarle la preocupación del colectivo por lo que puede suceder. “Rechazamos que las luchas sociales de los movimientos de mujeres y de sectores sociales LGBT sean estigmatizadas como ideologías foráneas o contrarias al bienestar social. No compartimos que los derechos de ningún sector social excluido o marginalizado como el nuestro y otros más, sean sometidos a las decisiones de mayorías, incluyendo los derechos de minorías políticas, sociales, étnicas o religiosas”, han expresado, de forma colectiva, los activistas, que exigen “que no se nos excluya de la posibilidad de vivir y participar en la construcción de una sociedad democrática y plural, manteniendo el enfoque de género y diversidad sexual en los acuerdos”.

No es un momento fácil para Colombia, y menos aún para sus ciudadanos LGTB, que además se enfrentan a serias amenazas (como la iniciativa de referéndum contra la adopción por parejas del mismo sexo y personas solteras que promueve la senadora Viviane Morales). En este contexto, lo sucedido el pasado domingo no es una buena señal. Como bien expresa Ferney Yesyd Rodríguez, colaborador de dosmanzanas desde Colombia, “en nuestro país, los defensores de derechos LGBTI, organizaciones feministas y derechos individuales en general saben que este saboteo al proceso de paz fue organizado por las iglesias para pedir los derechos alcanzados por las mujeres y la población LGBT en bandeja de plata”. Estaremos atentos a lo que sucede.

Fuente Dosmanzanas

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Desde España, que tanto ha sufrido por el terrorismo de ETA y el yihadista, no podemos sino felicitarnos del logro de la Paz…

Gran noticia de la que nos felicitamos los que hacemos Cristianos Gays, que tantas muestras de aprecio recibimos de las personas que nos seguís desde América Latina. La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC ya se ha producido. Queda aún por solventar un importante escollo, el plebiscito convocado el próximo domingo. Pero será luego cuando llegue lo difícil: llevarlo a la realidad. Pero desde la perspectiva LGTB, que es la que a nosotros nos interesa, un dato nos hace ser optimistas: por primera vez un acuerdo de este tipo incorpora el enfoque de género, de forma que “se garantice la inclusión y el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones para toda la sociedad y específicamente para las mujeres y la población LGBTI”. Un aspecto que ha sido saludado por los colectivos colombianos.

Más de 260.000 personas asesinadas entre 1985 y 2015. Casi 50.000 desaparecidas. Más de 37.000 secuestros. Más de 11.000 víctimas de minas antipersona. Más de 12.000 víctimas de violencia sexual. Casi 10.000 personas torturadas. Mas de seis millones y medio de desplazados. Son algunas de las cifras que ilustran la magnitud de la tragedia que ha asolado Colombia durante años de enfrentamiento entre Gobierno colombiano, guerrrilla de las FARC y fuerzas paramilitares. Un doloroso conflicto al que por fin se vislumbra una salida real tras varios años de diálogo entre el gobierno de Juan Manuel Santos, que ha sido capaz de resistir los embates del uribismo, y las FARC, materializados en los acuerdos de paz refrendados en Cartagena de Indias este lunes, 26 de septiembre, y que aún debe recibir el visto bueno de los colombianos en el plebiscito convocado el próximo 2 de octubre y autorizado el pasado julio por la Corte Constitucional.

Unos acuerdos que por primera vez en un proceso de paz de este tipo incorporan de forma expresa el enfoque de género y diversidad sexual, como bien ha celebrado el colectivo Colombia Diversa, que no ha dudado en lanzar en redes sociales la campaña #PazEsDiversidad en apoyo al “sí” en el plebiscito. Unos acuerdos que por primera vez en un proceso de paz de este tipo incorporan de forma expresa el enfoque de género y diversidad sexual, como bien ha celebrado el colectivo Colombia Diversa, que no ha dudado en lanzar en redes sociales la campaña #PazEsDiversidad en apoyo al “sí” en el plebiscito.

Y es que, según ha expresado este colectivo, “los prejuicios sociales con respecto a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, la exclusión estructural y la pobreza hacen a las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans vulnerables a los crímenes perpetrados por parte de los grupos guerrilleros, paramilitares y la Fuerza Pública en un conflicto armado. A su vez el conflicto armado agrava y profundiza ciertas formas de violencia y exclusión social contra la población LGBT”. “Bajo ningún mecanismo la construcción de una Colombia en paz puede implicar el retroceso en la garantía de los derechos que han sido reconocidos a gays, lesbianas, bisexuales y trans. Colombia Diversa está convencida de que la paz incluye la posibilidad de desarrollar una vida en condiciones dignas en la que prevalezca el respeto por la singularidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social”, ha añadido.

Colombia Diversa defiende el “sí” en el plebiscito del próximo domingo porque los acuerdos reconocen como víctimas a las personas LGTB, les permite exigir justicia individual y colectiva por los daños motivados por la LGTBfobia y les reconoce el derecho a una atención diferencial y a una reparación integral como víctimas del conflicto. Permite, asimismo, que las personas LGTB se involucren el la construcción de la paz, asegurándoles que los derechos adquiridos serán realidad en todos los territorios de Colombia:

También el colectivo Caribe Afirmativo defiende con ahínco los acuerdos de paz y se muestra firmemente partidario del “sí”. Las razones las explica bien el siguiente vídeo, realizado por Caribe Afirmativo con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

Caribe Afirmativo, de hecho, ha organizado a lo largo de este mes de septiembre diversos talleres con personas LGTB sobre el acuerdo y ha anunciado la apertura de cuatro “casas de paz” en localidades del Caribe colombiano en las que víctimas LGTB del conflicto armado puedan superar los estragos de la guerra.

El líder de las FARC recuerda al colectivo LGTB

Una buena señal, sin duda, es que durante el acto de firma de los acuerdos de paz el líder de las FARC, Rodrigo Londoño (conocido también por su apodo, “Timochenko”), haya incluido expresamente al colectivo LGTBI en sus agradecimientos por apoyar el proceso de paz, junto a “artistas, campesinos, comunidades religiosas, niños del país y partidos políticos”.

Esperamos y deseamos que el camino que ahora empieza, y que será largo y difícil de transitar, acabe desembocando en una paz verdadera en la que las personas LGTB en Colombia se sientan cómodas. Y que al mismo tiempo que la situación jurídica del colectivo mejora en ese país (aún con serias amenazas, como la iniciativa de referéndum contra la adopción por parejas del mismo sexo y personas solteras que promueve la senadora Viviane Morales) lo haga la situación social.

Fuente Dosmanzanas

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Oriana Nicoll Martínez,

Una mujer trans que se había desplazado a Medellín luego de que un grupo de paramilitares la persiguiera en Sincelejo, Sucre, fue asesinada en un hotel de La Guajira.  Apenas hace dos meses había denunciado su caso ante la Defensoría del Pueblo.

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Barranquilla, 18 de agosto de 2016. Es ilógico, pero mientras en Colombia la Corte Constitucional ha reconocido los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, todavía se conocen historias de odio, que develan cuán hace falta trabajar para acabar con la homofobia y la transfobia.  Oriana Nicoll Martínez, lideresa trans de 32 años, que fue asesinada ayer en un hotel de Riohacha, es el más reciente caso que tristemente nos toca sumar a la cifra de víctimas LGBT de este año.

Martínez es una conocida activista LGBT de Sincelejo, Sucre, de donde es oriunda, que fue víctima del conflicto armado cuando un grupo paramilitar se ensañó con varias mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual en la vía El Maizal, donde las golpeaban y amenazaban.  Ella, que apenas hace dos meses interpuso una denuncia formal sobre este caso ante la Defensoría del Pueblo seccional Sucre, tuvo que desplazarse a Medellín, Antioquia, para proteger su vida. Esta lideresa también fue víctima de una agresión policial el año pasado, cuando un agente le disparó a ella y otras mujeres trans en Sincelejo, situación que fue puesta en conocimiento ante la Fiscalía.

Oriana fue encontrada sin vida con dos heridas con arma blanca: una en el cuello y otra en el brazo derecho. De los dos hombres que supuestamente estaban con ella en el hotel, no se ha sabido nada. CARIBE AFIRMATIVO pudo constatar que el cuerpo de esta mujer fue encontrado con señales de tortura y violencia sexual.

Como Martínez era víctima del conflicto armado, es importante que la Unidad de Víctimas resuelva la inclusión de su hecho ‘victimizante’, se apropie de este caso y solicite a las autoridades competentes que pronto se conozca que pasó en ese hotel, quiénes estarían detrás del asesinato de esta líder trans y por qué la asesinaron.

Con la muerte de Oriana ya van 10 personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, asesinadas en la región Caribe este año: seis son hombres y mujeres transgénero, y dos de estos casos han ocurrido en La Guajira.

La corporación CARIBE  AFIRMATIVO hace un llamado a la Fiscalía  para  que avance con celeridad en esta investigación, y se determinen las  causas  de este homicidio, que –casualmente- ocurre dos mes después de que Oriana denunciara  que fue víctima del conflicto armado; y que también se esclarezcan otros casos de personas LGBT, y se establezca si estos guardan relación con la orientación sexual e identidad de género de cada una de estas personas.

“También solicitamos a las entidades competentes que ofrezcan otras alternativas laborales a las personas trans, para que se desempeñen en otras actividades diferentes al trabajo sexual. La mayoría de las mujeres transgénero denuncian que se dedican a este oficio, porque no tienen otras opciones”, afirma el director de CARIBE AFIRMATIVO, Wilson Castañeda.

Fuente Caribe Afirmativo

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Como ya habiamos publicado todo este acoso empujó a la alcaldía colombiana de Bucaramanga al izado de la bandera arco iris en su frontis para apoyar a colectivo y mostrar su rechazo a la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual.

Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia.

En el año 2014 Sergio Urrego, un joven de 16 años, se suicidó tras sufrir un implacable acoso por parte de la dirección del colegio en el que estudiaba debido a su condición de homosexual, ateo y anarquista. El acto de presión mayor fue la notificación de que los padres de su pareja, un compañero de colegio, le habían demandado penalmente por acoso sexual (se llegaron a imputar, de hecho, cargos criminales a tres directivas del centro, entre ellas la rectora Azucena Castillo).

De esto ya han pasado dos años. En este intervalo de tiempo, la acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“. El Ministerio alegó no tener la capacidad de hacer tal revisión, pero traspasó la tarea a las Secretarías de Educación locales, con el apoyo de entidades como la ONG Colombia Diversa o Unicef, entre otras.

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