Por Verónica Stewart

En la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires, las trans y travestis privadas de su libertad tienen seis máquinas de coser. En estos días se dedican a fabricar barbijos para el personal de la penitenciaria a cambio de unas horas de sol en el patio.

Esta es una de las tantas vulnerabilidades a las que la población trans en situación de encierro se ve expuesta ante la crisis del Covid-19. De por sí, y según datos arrojados por un informe realizado por Otrans en 2019, el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas no tenía antecedentes previo a su condena. La mayoría de las mujeres trans privadas de su libertad son migrantes (principalmente de Perú y Ecuador), con un porcentaje cada vez mayor sostenido, en gran parte, por detenciones arbitrarias. En este contexto, el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad.

“Desde antes de esta pandemia, nosotras venimos denunciando la falta de acceso a la salud y a la alimentación, y cómo se complejiza con gente con enfermedades crónicas,” explicó Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans, a Presentes. “El miedo de ellas es qué pasaba con los alimentos con la visita restringida. Ahí lo que hicieron fue generar un mecanismo de cuidado: no recibimos visitas, priorizamos la salud.” Sin embargo, continúa Vásquez Haro, tanto la comida como el acceso a la salud siguen siendo un problema, que se ve agravado por la imposibilidad de las visitas que suelen contrarrestarlos.

Por su parte, César Bisutti, integrante del programa “Género, sociedad y universidad” de la Universidad Nacional del Litoral y trabajador del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, hace hincapié en la complejidad de cumplir con las indicaciones de salubridad durante el período de cuarentena viviendo en una penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, donde el hacinamiento es un problema hace años. “En una celda pensada para 2 personas donde hay 16 y para dormir hay que hacer tetris, imaginate pensar distancias,” dijo Bisutti a Presentes. “El aislamiento social es una utopía, y la posibilidad de discutir sobre salud integral en estos espacios es un oxímoron, una contradicción en sí misma.”

Lo que deja en evidencia el virus

Bisutti explica que esta situación nos permite “recuperar cómo es el encierro de mujeres y de compañeras travestis y trans, y cómo el aislamiento y la precariedad pueden repercutir en eso.” Las condiciones en las que se encuentran no solo son precarias en términos de salud y alimentación, sino que el trato que reciben también se ve fuertemente atravesado por la discriminación por su identidad de género. Tanto es así que en mayo de 2019, la Comisión  Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una cautelar denunciando las pésimas condiciones sanitarias a las que era expuesto el colectivo trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El ejemplo más claro de las consecuencias de este maltrato es el de Mónica Mego, quien quedó parapléjica luego de que se le negara acceso a la salud durante seis meses.

“El Covid-19 vino a interpelar toda la estructura sanitaria y a dar cuenta de la importancia del rol del Estado gestando y coordinando la política pública en materia de asistencia, prevención y abordaje de la pandemia,” explicó Bisutti a Presentes.

Reclamos a provincia de Buenos Aires

Vásquez Haro, por su parte, expresó una preocupación similar por la necesidad de un Estado presente no solo dentro del sistema penitenciario, sino también por fuera. “El 95% de las travestis y trans en La Plata se encuentran en situación de prostitución, y si no pueden salir a la calle, no comen,” comentó. “El Estado tiene que aparecer.” El aumento en el encarcelamiento de mujeres trans y travestis se debe, en palabras de Bisutti, debido a “procesos como la criminalización del trabajo sexual y de la economía informal, la falta de perspectiva de género en las decisiones judiciales y la feminización de la pobreza.” Así, situaciones críticas como la pandemia que hoy afecta al mundo entero no hacen más que poner en evidencia las carencias y violencias que diariamente ejerce el servicio penitenciario sobre su población más vulnerable.

Por ahora, un comunicado publicado el 25 de marzo por la Procuración Penitenciaria de la Nación aseguró que se establecieron guardias domiciliarias con el fin de atender a “pedidos de arrestos domiciliarios y libertades, con prioridad a las personas que se encuentren en los grupos de riesgo. Ello a los fines de garantizar el cuidado de la salud, promoviendo además la descongestión de los espacios carcelarios y el seguimiento de aquellos casos más urgentes.” Allí se listan números de contacto para realizar dichas demandas.

Campaña solidaria

En vistas del cuidado no solo a las compañeras en la población carcelaria sino también a la sociedad en su conjunto, desde Otrans lanzaron una campaña solidaria titulada “Nos cuidamos entre todes”, en las que piden donaciones de alimentos no perecederos, para compensar por aquellos que suelen recibir de sus visitas, y tela de tipo friselina hidrófuga o quirúrgica, para que puedan confeccionar barbijos para ellas y para sus compañeras. Como explicó Vázquez Haro a Presentes, se trata de “poner en valor nuestras redes de contención y políticas del cuidado”. Todxs aquellxs interesadxs en donar, pueden comunicarse con contactootrans@gmail.com

Fuente Agencia Presentes

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Gendarmería había rechazado que las mujeres trans fueran revisadas por  personal femenino, alegando que ello era ilegal. La Corte Suprema desestimó la la apelación, dando un tremendo triunfo a la dignidad de las personas trans privadas de libertad.

La Tercera Sala de la Corte Suprema emitió su más contundente fallo a favor de las personas trans privadas de libertad al concluir que las medidas de seguridad deben ser adoptadas por personal de enfermería del mismo género, lo cual destacó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificando como “histórica” la resolución.

De esa manera los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval y Carlos Cerda, rechazaron la impugnación de Gendarmería contra un fallo dictado en diciembre pasado por la Corte de Apelaciones de Iquique, que había ordenado respetar en todo momento y lugar la identidad de género de la mujer trans M.L,B, ahora recluida en La Serena.

En su apelación, Gendamería había alegado que los uniformados cargo de las medidas de seguridad sobre M.L.B debían ser hombres y que no había posibilidad de que ello fuese realizado por personal de enfermería, en tanto ello era ilegal.

“Felizmente , y gracias a la labor del defensor púbico Javier Araya, en su sentencia la Corte Suprema falló que Gendarmería debe tratar a las personas trans según su identidad y expresión de género y que las medidas de seguridad debe realizarla personal femenino. Además estableció que el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio deberá capacitar a sus funcionarios en materias relacionadas con identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género”, informó el Movilh.

En el fallo, la Corte Suprema expuso que el hecho de que M.L.B fuese revisada por personal masculino “implicaba un menoscabo al género expresado por quien recurre, toda vez que su cuerpo era desnudado y expuesto frente a otros reclusos (…) procediéndose a una exhibición no sólo de sus pechos aumentados por el tratamiento hormonal sino que existía una “exhibición anal”.

Se “debe precisar que no es efectivo que las revisiones corporales deban ser realizadas únicamente por personal de Gendarmería excluyendo al personal de enfermería”, añadió el fallo.

Apuntó que el “personal del Gendarmería a cargo de los procedimientos de seguridad deberá limitarse a una inspección táctil superficial y, si lo estiman pertinente, ante sospechas fundadas, deberá la interna ser trasladada a la enfermería para que se le realice la revisión corporal más intensa”.

“Este es un fallo histórico, en tanto proviene del máximo tribunal, y marca un precedente para los derechos de todos los internos e interns trans, pues en toda cárcel del país deberá respetarse completamente su identidad de género. Valoramos la valentía de la victima para hacer justicia, así como el profesionalismo y compromiso del abogado Araya”, apuntó el Movilh

El organismo puntualizó que “sin suda esta es la antesala, para avanzar a un nuevo momento, donde las mujeres trans pueden ser internadas en cárceles para mujeres y los hombres en cárceles para hombres. Falta para eso, pero este fallo dota de un gran argumento para comenzar esta lucha a favor de la igualdad plena en las cárceles”.

Fuente MOVILH

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Los atropellos van desde la negación de medicamentos, hasta golpizas. Pese a existir fallos de tribunales contra los  abusos,  la Dirección Regional de Gendarmería del Biobío faltó en forma grave a la verdad al indicar que “no hay denuncias”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó a la Dirección Nacional de Gendarmería su preocupación por brutales atropellos contra la dignidad de las personas transexuales y de quienes viven con VIH al interior de los recintos carcelarios de Iquique y Concepción.

“Se trata de negación de medicamentos a personas viviendo con VIH y de golpizas tan graves, que los tribunales han llamado a Gendarmería a respetar la Convención Internacional contra la Tortura”.

En ese contexto, el viernes pasado el Movilh envió una carta al director nacional de Gendarmería Jaime Rojas Flores, solicitando “medidas inmediatas para acatar los fallos y para implementar medidas que cesen los atropellos”.

El Movilh, que desde hace años trabaja con Gendarmería en medidas anti-discriminatorias, se mostró “alarmado y decepcionado por estos atropellos , que han ocurrido principalmente en regiones. Ello demuestra la necesidad de más, mejores y, en especial, descentralizados procesos de sensibilización”.

El organismo recordó que el pasado 29 de julio la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de protección de una interna trans afectada por el VIH que acusó a Gendarmería de negarle en forma sistemática la triterapia para su tratamiento.

El fallo de la magistrada Mónica Adriana Olivares, enfatizó que “lo cierto es que Gendarmería de Chile, correspondiéndole hacerlo, no ha adoptado ninguna acción de forma diligente para resolver los padecimientos de salud que pudiera estar enfrentando la amparada como sería el haber obtenido una muestra de sangre en el mismo hospital del penal al momento de su ingreso parta determinar si padece VIH y consecuencialmente los pasos a seguir”.

Se ordenó así a Gendarmería a “trasladar de inmediato” a la interna al “Policlínico UNACSESS del Hospital” de Iquique “para recibir el tratamiento respectivo”.

Sin embargo, explicó el Movilh, “la situación es aún más grave al considerar que el coronel de Gendarmería y Director Regional, Sergio Castillo, negó en todo momento los hechos, sin asumir responsabilidades, mientras que la afectada permanece en las mismas condiciones a las anteriores al fallo”.

En tanto, el 8 de marzo pasado la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción acogió una denuncia de una persona trans y de otra viviendo con VIH, las cuales acusaron a funcionarios de Gendarmería de propinarles golpes con un bastón en las manos, espalda y rostro, de obligarlas a desnudarse, de impedirles constatar lesiones bajo amenazas, y de aislarlas por excesivo tiempo, hechos ocurridos en el marco de allanamientos a las celdas.

Al respecto, los jueces César Gerardo Panés Ramírez, Jaime Solís Pino y Valentina Salvo Oviedo, dieron por ocurridos los graves hechos y fallaron que “la situación vivida por los indicados internos atenta contra su seguridad individual (…) razón por la cual habrá de otorgársele la protección impetrada”.

Se ordenó así al Director Regional de Gendarmería de Chile, Coronel Pablo Toro Fernández, a “arbitrar las medidas efectivas que correspondan para que el personal de su dependencia cautele la integridad física de los internos garantizándoles un trato digno, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las leyes, la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales y, en forma especial, a lo dispuesto en la Convención contra la Tortura”.

El fallo apuntó que Gendarmería debe adoptar las medidas “compatibles con el servicio en orden a instruir al personal de su dependencia acerca del trato adecuado que debe dársele a las internas, en consideración a su particular situación de transgénero”.

Repudiable reacción de la Dirección Gendarmería en el Biobío

En el marco de una “grotesca falta a la verdad”, lamentó el Movilh, la Dirección Regional de Gendarmería del Biobío negó el fallo y las denuncias al ser consultada por la prensa.

En efecto, el alcaide Subrogante, Andrés Muñoz, rechazó  la existencia de denuncias, y alegó que sólo se conocía de un abuso al respecto, pero cometido entre internos del Centro Penitenciario El Manzano.

El Movilh replicó que “con esta declaración, la Dirección Regional de Gendarmería ha cometido una doble falta, ocultar la verdad, lo que resulta intolerable y repudiable. Nos asombra y molesta profundamente que se recurra a una estrategia tan baja, como faltar a la verdad, para desviar responsabilidades”.

El organismo precisó que “la prueba contundente y que desnuda la falsedad en la que ha incurrido la Dirección Regional de Gendarmería y el alcaide Muñoz, es un fallo de la justicia que acogió el reclamo de dos internos y que exigió al centro penitenciario, nada más, ni nada menos, que respetar la Convención Internacional contra la Tortura, justamente porque no lo estaban haciendo”.

El Movilh puntualizó que “si la Dirección Regional del Biobío está desmintiendo un fallo de la justicia, ha incurrido en una falta gravísima, por lo que exploraremos las acciones administrativas o legales que sean necesarias para impedir estos grotescos encubrimientos”.

Fuente MOVILH

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La Secretaría de Gobierno de México DF ha sido condenada indemnizar a ocho reclusas y a proporcionarles tratamiento médico y psicológico especializado después de someterlas a un “uso indebido de la fuerza y a tratos crueles, inhumanos y degradantes” en el desalojo de sus celdas por un incencio.

reclusorio norteTras un año y cuatro meses de investigaciones, la Comisión de Derechos Humanos de México DF ha concluido que las autoridades penitenciarias capitalinas torturaron a ocho internas del Reclusorio Norte, en un momento en el que supuestamente las víctimas estaban siendo resguardadas de un incendio.

La Comisión determinó que, durante la madrugada del 12 mayo de 2014, las internas que dormían en la Zona 1 del Anexo 8 de dicho centro penitenciario fueron desalojadas de sus celdas para evitar que se intoxicaran por humo generado durante un incendio en el edificio, contraviniendo los protocolos establecidos al emplear insultos para desalojarlas. Estas actitudes provocaron las quejas de las internas, por lo cual “elementos de seguridad respondieron con mayores insultos y agresiones” físicas.

Durante la agresión, una de las ocho víctimas fue golpeada a patadas por cinco empleados “hasta dejarla inconsciente”; luego, el personal “derribó, lesionó, sometió y arrastró de los cabellos” a otras seis internas, quienes recibieron “patadas, bastonazos, puñetazos en diversas partes del cuerpo”, particularmente en sus “implantes mamarios”, así como en los implantes en glúteos. Dos de estas internas fueron golpeados tumultuariamente, aun cuando estaban esposadas y derribadas en el piso. En total, al menos tres de las reclusas agredidas quedaron inconscientes a causa de las palizas.

Como colofón, ese mismo día, estas ocho reclusas fueron enviadas a celdas de aislamiento como forma de castigo, después de que denunciaran la agresión ante el Consejo Técnico Interdisciplinario del penal, estando aún convalecientes de la agresión sufrida. Una de las víctimas, además, fue enviada a una estancia de castigo junto con otros internos, “exponiéndola a situaciones de riesgo”.

Después de entrevistar a las reclusas torturadas, y tras revisar su condición de salud, la Comisión de Derechos Humanos del DF determinó que la Secretaría de Gobierno violó el “derecho a la integridad personal” de las reclusas, al someterlas a “uso indebido de la fuerza y a tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Asimismo, determinó que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del gobierno capitalino violó el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las víctimas, contra quienes actuó basándose en su “orientación sexual y en la identidad de género”.

Según la CDHDF, las agresiones físicas perpetradas por el personal de custodia se caracterizaron por lesiones dirigidas a la cara, piernas, glúteos, así como a “implantes mamarios”, los cuales son “representan un valor y aprecio especiales para las personas agraviadas, al estar relacionadas con parte de su identidad e imagen”. Además, las agredidas fueron privadas de atención médica inmediata, aun cuando presentaban “traumatismo craneoencefálico, contusión craneal y lesiones en implantes mamarios”.

Fuente Cáscara Amarga

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Evangélicos en la cárcel

En algunos países los protestantes tienen módulos aparte

Con parquet y televisión de plasma, financiados por la Iglesia

“Cuando alguno de los “hermanos” no sigue las normas, es expulsado del pabellón evangélico y vuelve con los demás reos“

Mario Ibáñez cumple su condena de traje, corbata y Biblia en mano. Es uno de los reos evangélicos que están revolucionando las cárceles chilenas, donde obtienen seguridad y comodidades a cambio de disciplina y devoción.

El fenómeno comenzó en Brasil y siguió en Argentina, que incluso cuenta con una cárcel -la Unidad 25- exclusiva para evangélicos. Éste es el próximo objetivo de los religiosos chilenos, que ya han pedido a Gendarmería que les ceda un penal.

En la exPenitenciaría de Santiago, los portones con rejas chorrean líquidos oscuros. Un vaho de humedad reina en el ambiente y la pintura descascarada evidencia la dejadez del sitio, maltratado por los propios internos, según Gendarmería.

Pero en la denominada Calle 4 se aprecia un mundo aparte: 252 reos de pie y ordenados en filas rezan y cantan con las manos alzadas en un largo corredor con celdas a cada lado. Se han levantado a las 06H00 locales, aseado y lavado su ropa por turnos; luego han trabajado en talleres en el mismo pasillo con olor a desodorante ambiental durante toda la mañana. Las paredes están recién pintadas, los baños nuevos y el suelo es de cerámica o parqué flotante. Son todas reformas hechas por ellos mismos.

“Aquí hay principios, buenas costumbres. En los módulos que no son de ‘hermanos’, es una vida donde se baten a muerte día a día“, explica a la AFP Mario Ibáñez, un reo evangélico con 15 años de condena por robo con intimidación proveniente de la cárcel Colina, donde también existe una torre exclusiva para evangélicos.

Para los gendarmes, sobrepasados por la presión de su trabajo en un sistema que sufre un hacinamiento del 70%, los evangélicos son una solución para la convivencia interna. Para el resto de los reos, son los “que se esconden detrás de la Biblia”.

Los pastores que llegan a evangelizarlos son en su mayoría exreos como ellos, como Guillermo Cáceres: media vida perdida en la cárcel por asesinar a un joven, y hoy capellán de la exPenitenciaría, respetado y aclamado en el patio.

“Sé lo que es estar aquí, pasar hambre“, explica. “La población penal que nos conoció a nosotros en la vida pasada, y nos ve cómo estamos ahora, creen. Y se van sumando cada día más”, agrega.

En su corredor los religiosos cuentan con equipos de música de alta fidelidad, un televisor de 52 pulgadas y lavadoras. Todo es propiedad de la Iglesia Evangélica, financiado con donaciones de sus fieles.

Cuando alguno de ellos no sigue las normas, es expulsado del pabellón evangélico por el pastor y los reos.

La misma Gendarmería ha pedido el traslado de pequeños grupos de reos evangélicos a otras cárceles del sur para crear otras comunidades. “Son los más pacíficos y sirven como neutralizador de problemas en el penal”, explica el obispo de la Catedral Evangélica de Chile, Eduardo Durán.

Según Clemir Fernandes, sociólogo del Instituto de Estudios de la Religión (ISER) brasileño, “con las actividades y el lenguaje que usan (los evangélicos), parece que atendieran más la realidad del preso“.

Para el obispo, “el Estado ha fracasado en muchas de estas áreas“, mientras la iglesia evangélica ofrece recursos, atención y reinserción social.

El seguimiento a los reos sigue fuera de la cárcel, con una red de empresarios practicantes que les dan trabajo y ayudan a limpiar sus antecedentes, siempre que exista voluntad de su parte.

Ocho de cada diez reclusos evangélicos no vuelve a delinquir según datos de la iglesia, que no han sido confirmados de forma oficial.

Un reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) alaba la labor y logros de los evangélicos, pero se pregunta por el riesgo de coerción y la necesidad de que todos los presos aspiren a esas condiciones de bienestar, no únicamente por ser fieles.

En las cárceles chilenas esos fieles representan un 39% de los internos, según el INDH, en un país de tradición católica con creciente secularización, donde los evangélicos suman una décima parte de la población.

En los últimos diez años, los evangélicos se han triplicado en América Latina.

¿Pero cómo logran convivir con los “gentiles”, como llaman a los no creyentes? “Es complicadísimo, pero hay estrategias. Como atenderlos cuando llueve o hace frío, abrirles las puertas de la Iglesia”, explica Hernán Romero, un reo evangélico que se puso la primera corbata de su vida en la cárcel.

“La comunidad es un refugio. No todos queríamos llegar aquí, pero cuando uno llega termina por caer vencido“, sonríe. (RD/Agencias)

Fuente Religión Digital:

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