Importante victoria para la comunidad trans en Estados Unidos. Un juez federal decretó el pasado mes de diciembre que la prohibición de modificar el sexo legal en las partidas de nacimiento, vigente en el estado de Ohio, es inconstitucional. La política discriminatoria, impuesta por el departamento de Salud y la oficina de Estadísticas Vitales, contradecía las normas que sí permiten el cambio de los documentos de identidad y los permisos de conducción en este estado del Medio Oeste. En agosto del año pasado, otra jueza federal paralizó la aplicación de la ley de Idaho que también prohibía la modificación registral del sexo asignado al nacer, con lo que Tennessee ha quedado como el único estado de los Estados Unidos que sigue negando a las personas trans el derecho al reconocimiento de su identidad de género.

La prohibición de modificar el registro del sexo legal en las partidas de nacimiento en Ohio se basa en una sentencia del año 1987. En 2016, las autoridades del estado revisaron el asunto y decidieron seguir aplicando la política discriminatoria para, según su versión, prevenir el fraude y mantener la exactitud de los registros históricos. En 2018, cuatro personas trans (tres mujeres y un hombre) demandaron al departamento de Salud y a la oficina de Estadísticas Vitales por la imposibilidad de adaptar sus partidas de nacimiento a sus identidades de género. Los demandantes sufrieron amenazas y humillación en sus trabajos cuando, por culpa de la incongruencia en estos documentos, quedó al descubierto su condición de personas trans.

Dos años después, el juez federal Michael Watson ha sentenciado que la práctica de las autoridades de Ohio es inconstitucional. El magistrado asegura que no hay motivos fundados para denegar el derecho al reconocimiento de la identidad de género. Señala que, a pesar del fallo de 1987, tiene constancia de al menos diez casos anteriores a 2016 en los que sí se autorizó la modificación registral del sexo. Por último, añade que el estado ya autoriza la adaptación de las partidas de nacimiento en el caso de adopciones y de cambios de nombre. Además, las personas trans sí que pueden actualizar sin problemas sus documentos de identidad y sus permisos de conducción.

Con la anulación de la política discriminatoria en Ohio, Tennessee queda como el único estado de los Estados Unidos que niega a las personas trans el derecho a su identidad. El año pasado, ambas cámaras de Idaho aprobaron una ley que eliminaba la posibilidad de modificar el sexo asignado al nacer en las partidas de nacimiento. Tan solo un mes después de entrar en vigor, la jueza federal Candy Dale decretó su paralización. En Europa, recordemos, el Gobierno húngaro de Viktor Orbán prohibió en mayo del año pasado la modificación registral del sexo asignado en el nacimiento, en lo que se considera uno de los mayores ataques a la comunidad LGTBI ocurrido en un país de la Unión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones del 9º Circuito ha suspendido provisionalmente la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Idaho, impidiendo así que el viernes se empezaran a celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. Por su parte, la Corte Suprema de Arkansas también ha dictado la suspensión de la sentencia del mismo tipo que resolvió un tribunal de ese estado hasta que se decida sobre su apelación. En el caso de Arkansas, sin embargo, se han celebrado ya más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo antes de la suspensión.

La juez federal Candy Dale denegó la petición de suspensión de la sentencia que ella misma había dictado el pasado 13 de mayo, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en las leyes de Idaho. La juez estimaba que la continuidad de dicha prohibición causaría un daño irreparable tanto a las parejas del mismo sexo demandantes como al resto de las que habitan en Idaho. Tampoco encontraba de interés público mantener una situación legislativa que privaba de sus derechos constitucionales a los ciudadanos, por lo que desestimó la solicitud de suspensión presentada por el gobernador Butch Otter.

Ante el temor de que las bodas entre personas el mismo sexo comenzaran el pasado viernes, fecha de entrada en vigor de la sentencia de la juez Dale, el fiscal general de Idaho, Lawrence Wasden, presentó una petición de suspensión provisional de urgencia ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito. El tribunal de apelaciones, en este caso, estimó el pasado jueves 15 de mayo la petición de la Fiscalía, dictando la suspensión provisional de la sentencia hasta que se considere la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación. No se ha indicado la duración del periodo de suspensión provisional.

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito sigue así el criterio habitual tras la disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que suspendió hasta que se decida su apelación la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Utah, a pesar de que su Corte de Apelaciones correspondiente había dictaminado en contra del receso. Desde entonces, algunos de los jueces que han dictado sentencias contra la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo han resuelto ellos mismos la suspensión hasta la apelación, como en los casos de Oklahoma, Virginia y Texas. Cuando así no ha ocurrido, han sido las Cortes de Apelaciones quienes han efectuado la suspensión, como en el caso de Michigan.

“Culebrón” legal en Arkansas

En Arkansas todo este proceso ha tenido sus peculiaridades. En este caso, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario no se presentó ante la justicia federal, sino ante un tribunal del circuito estatal. El juez Chris Piazza resolvía a favor de los demandantes y declaraba que las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas contravenían tanto la Constitución de ese estado como la Constitución de los Estados Unidos.

Algunos de los registros civiles de Arkansas comenzaron a emitir licencias de matrimonio y las primeras bodas entre personas del mismo sexo se llevaron a cabo, pero otros no lo hicieron abogando poca claridad en la sentencia del juez Piazza. La Fiscalía General, por su parte, presentó una solicitud de suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema de Arkansas, tribunal competente al no ser un caso federal.

La Corte Suprema dictó una enrevesada resolución en la que denegaba la suspensión de la sentencia, pero en este caso por razones puramente formales. El alto tribunal estimaba que la sentencia del juez Piazza era incompleta, pues no derogaba algunas de las leyes estatales que aún impedían el matrimonio igualitario, como la que obligaba a los registros civiles a emitir únicamente licencias de matrimonio a parejas de distinto sexo. Aunque la sentencia no quedaba suspendida, esta aclaración impedía a los secretarios de los condados seguir emitiendo licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Corte Suprema recordaba también a la Fiscalía que la petición de suspensión debía presentarse en primer lugar ante el mismo tribunal que había dictaminado, en este caso el del juez Piazza.

Así lo hizo el fiscal general Dustin McDaniel, presentando la correspondiente solicitud. Pero también presentaron la suya los defensores de las parejas que habían demandado al estado de Arkansas, solicitando la derogación de todas las leyes que pudieran impedir el matrimonio de sus representados. El juez Piazza enmendó su sentencia el pasado 15 de mayo, derogando todas las disposiciones contrarias a los derechos constitucionales de las parejas demandantes, ordenando a los registros civiles la emisión de licencias de matrimonio a las parejas de distinto sexo y resolviendo en contra de la solicitud de suspensión de la Fiscalía, pues “las violaciones constitucionales son reconocidas habitualmente como causantes de daños irreparables a menos que se subsanen de inmediato”.

Mientras los registros civiles cumplían la orden del juez Piazza y durante la mañana del viernes 16 de mayo emitían licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, la Fiscalía solicitó de nuevo la suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema. Esa misma tarde, el alto tribunal dictó a favor de la solicitud y suspendió la sentencia del juez Piazza hasta que se resuelva la apelación.

Sin embargo, durante todo este complicado proceso, más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo se han celebrado legalmente en Arkansas. Se espera que el gobierno federal los reconozca, como hizo en los casos de Utah y Michigan, y estas parejas, mientras se decida la apelación, puedan aplicarse el grueso de prestaciones y beneficios que la administración federal ofrece a los matrimonios.

Sentencias en apelación

En la actualidad, son siete las sentencias que permitirían el matrimonio igualitario en sus estados que permanecen en suspenso hasta que se decida sobre su apelación. Seis de ellas deberán ser resueltas por las Cortes de Apelaciones del circuito federal, sin que en ningún caso se pueda prever la fecha de resolución:

La Corte de Apelaciones del 10º Circuito deberá resolver sobre las sentencias de Utah y Oklahoma. Las audiencias para escuchar los argumentos orales tuvieron lugar el pasado 10 de abril el caso de Utah, y el 17 de abril en el caso de Oklahoma.

La Corte de Apelaciones del 4º Circuito también escuchó este 13 de mayo los argumentos orales correspondientes a la sentencia de Virginia, única de su jurisdicción.

No han tenido lugar más audiencias en el resto de los casos. La sentencia de Texas deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, la de Michigan por la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito y la de Idaho por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.

Como ya señalábamos, el caso de Arkansas es diferente al no entrar en consideración de la justicia federal, por lo que corresponde a la Corte Suprema del estado resolver sobre la apelación, aunque también es imprevisible saber en qué fechas podrá dictaminar.

Recordemos que, precisamente, este 17 de mayo se ha cumplido el décimo aniversario de la entrada en vigor de la sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts que permitió el matrimonio igualitario en ese estado, el primero en hacerlo en los Estados Unidos. También han resuelto a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo las Cortes Supremas de California (en 2008, siendo efectiva en 2013 tras todo el proceso de referéndum y apelación), Connecticut (2008), Iowa (2009), Nueva Jersey (2013) y Nuevo México (2013).

Fuente Dosmanzanas

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La juez federal Candy Dale ha fallado a favor de las parejas del mismo sexo que demandaron al estado de Idaho por impedirles contraer matrimonio, dictaminando que la prohibición del matrimonio igualitario en ese estado es inconstitucional. La juez no ha dictado orden de suspensión de la sentencia, aunque sí ha fijado su entrada en vigor para el próximo viernes 16 de mayo. Por su parte, el gobernador de Idaho, Butch Otter, ya ha presentado una petición preliminar de suspensión.

La demanda fue interpuesta por cuatro parejas de Idaho, que denunciaban a ese estado por vulnerar sus derechos a la igual y protección y al debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ya que se les impedía contraer matrimonio basándose únicamente en el hecho de ser parejas del mismo sexo.

La Fiscalía del estado de Idaho, por su parte, defendía el respeto a la voluntad de los votantes del estado, que en 2006, por una mayoría del 63 %, aprobaron una enmienda a la Constitución de Idaho que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y prohibía las uniones civiles de cualquier tipo. También arguía que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo vulneraría el derecho a la libertad religiosa, pues las religiones mayoritarias lo rechazan, argumento calificado en la sentencia como “miope”.

La juez Dale, quizás para despejar cualquier duda desde el principio, encabeza su sentencia con una cita del voto discrepante del juez Harry Blackmun a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Bowers versus Hardwick, que en 1986 respaldó las leyes que prohibían las prácticas sexuales entre homosexuales (decisión revocada por otra sentencia del Tribunal Supremo en 2003). La cita es la siguiente: “Es precisamente debido a que la cuestión planteada por este caso toca el corazón de lo que hace a las personas lo que son, que debemos ser especialmente sensibles a los derechos de aquellos cuyas elecciones trastornan a la mayoría”.

La juez prosigue planteándose si efectivamente se han vulnerado los derechos constitucionales de las parejas demandantes, resolviendo favorablemente a sus demandas y desestimando uno a uno los argumentos de la Fiscalía. La sentencia hace referencia a otras recientes del mismo signo dictadas tanto por tribunales federales como estatales, así como a los casos Estados Unidos versus Windsor, que forzó el reconocimiento por la autoridad federal de los matrimonios del mismo sexo, y a Loving versus Virginia que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio interracial.

Finalmente, la sentencia concluye que “las parejas demandantes tienen derecho a un recurso extraordinario a causa de un perjuicio extraordinario. Las leyes de matrimonio de Idaho les impiden adoptar una opción profunda y personal, una de las que más deberían estar garantizadas. Al hacerlo, las leyes matrimoniales de Idaho niegan a las parejas del mismo sexo los beneficios económicos, prácticos, emocionales y espirituales del matrimonio, relegando a estas parejas a un estigmatizado estatus de segunda clase. Los demandantes sufren este perjuicio no porque no estén capacitados para casarse, formar una familia, o envejecer juntos, sino por ser lo que son y amar a quien aman“.

Por último, la juez Dale establece que la sentencia entrará en vigor a las nueve de la mañana del próximo viernes 16 de mayo, sin dictar, como en otros casos, una orden de suspensión temporal en espera de la resolución de la posible apelación. Aunque esto permitiría celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en Idaho desde esa fecha y esa hora, también da plazo suficiente para que se resuelva la petición de suspensión ya presentada por el gobernador Butch Otter, en la que solicita que la sentencia sea suspendida hasta una posible apelación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Reacciones

El gobernador Otter, del Partido Republicano, ya ha expresado su total disconformidad con la decisión de la juez Dale por medio del siguiente comunicado: “En 2006, el pueblo de Idaho ejerció su derecho fundamental, reafirmando que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. La decisión de hoy, aunque decepcionante, es un pequeño contratiempo en una batalla a largo plazo que terminará en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Estoy firmemente comprometido con la defensa de la voluntad del pueblo y la defensa de nuestra Constitución”.

Por su parte, Evan Wolfson, fundador de la organización en defensa del matrimonio igualitario Freedom to Marry, declaraba con satisfacción que “la decisión de hoy del tribunal federal de Idaho es la última de más de una docena de resoluciones que unánimemente han declarado inconstitucional la discriminación en el matrimonio. Desde Idaho a Arkansas, de Utah a Michigan, los tribunales están confirmando que no hay ninguna buena razón para que el gobierno niegue el matrimonio a parejas comprometidas. A medida que las parejas homosexuales y sus familias comienzan a compartir la alegría y la seguridad de la libertad de casarse, los corazones y las mentes se abren, las barreras de la discriminación caen, y hacemos avanzar a nuestro país por el lado correcto de la historia”.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Idaho se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan y Arkansas. En todos ellos, sin embargo, las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones, salvo en Arkansas, donde a fecha de hoy no se dictaminado ninguna suspensión y se siguen celebrando matrimonios entre personas del mismo sexo.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 17 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

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