La sensibilidad del Partido Popular frente a la transfobia va por barrios, o mejor dicho por comunidades autónomas… Mientras en Madrid el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid se sumaba al resto de grupos para condenar la campaña contra los niños y niñas transexuales del colectivo HazteOír, sus compañeros catalanes han rechazado hacer lo mismo en el Parlament de Catalunya.

El pasado jueves, antes incluso de que cundiera la alarma social tras las últimas agresiones homófobas ocurridas en Cataluña estos últimos días, el Parlamento catalán votaba una moción del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) que exigía el despliegue efectivo de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ante la campaña del colectivo ultraconservador HazteOír negando la existencia de la realidad transexual infantil, que había sido noticia los días anteriores, la moción incluyó un último punto. “El Parlamento condena la campaña de la entidad ultracatólica HazteOír con mensajes transfóbicos y se compromete a condenar explícitamente los actos contra las personas LGTBI que puedan tener lugar en el futuro”, rezaba literalmente el punto 13º de la moción.

La condena fue aprobada por 122 votos a favor (de Junts Pel Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la Candidatura d’Unitat Popular) y 9 abstenciones (de 9 de los 11 diputados con los que cuenta el Partido Popular en el Parlamento catalán).

Una posición, la de los populares catalanes, que contrasta con la que ese mismo día mantenían sus compañeros madrileños, que sí se sumaban al resto de grupos de la Asamblea de Madrid para condenar la campaña de HazteOír y pedir que se le retire la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades. Parece que los populares catalanes, en este sentido, han preferido alinearse con las voces que desde ese partido han surgido a favor de “respetar todas las posiciones”, como la de la presidenta del partido en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig.

El PP catalán, poco amigo de las medidas contra la LGTBfobia

Lo cierto es que pese a lo decepcionante de la postura popular, esta no nos parece especialmente sorprendente. Los populares catalanes nunca han destacado precisamente por su entusiasmo en favor de las medidas contra la LGTBfobia. Hace solo unas semanas los populares catalanes eran también los únicos que no quisieron estampar su firma en un escrito de los portavoces de todos los grupos políticos en la Comisión de Igualdad de la cámara catalana que mostraba el rechazo a la organización de una charla homófoba por parte del arzobispado de Barcelona.

El PP catalán también rechazó en 2014 la ley contra la LGTBfobia, a cuyo proceso de aprobación se opuso con uñas y dientes (llegando a retrasarla más de dos meses al recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, que finalmente le dio su visto bueno).

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A lo largo de este martes 28 de febrero las reacciones políticas e institucionales a la campaña de odio tránsfobo de HazteOír no han dejado de sucederse. Recogemos algunas de las más significativas. Seguimos sin tener noticia, en cualquier caso, de intervención alguna por parte de la Fiscalía. Nos permitimos destacar, en primer lugar, la reacción de la Generalitat de Cataluña, que ha abierto expediente a HazteOír por posible vulneración de la ley autonómica contra la LGTBfobia y que desde un principio ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un posible delito de odio.También destacamos la reacción del Ayuntamiento de Madrid, que según conocíamos poco después de publicar esta entrada ha inmovilizado el autobús de la campaña.

Desde el ámbito de la política, prácticamente todos los partidos han expresado de una u otra forma su malestar. Muy activo en este sentido ha sido el PSOE, cuya diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli era una de las primeras en denunciar la campaña y que ha pedido directamente la inervención de la Fiscalía. Ha sido a través de su diputada Ángeles Álvarez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Con su autobús, HazteOír está dirigiendo mensajes contra un colectivo motivado por sus prejuicios en materia de identidad sexual y pretende alentar odio y discriminación hacia ese colectivo”, ha declarado. El PSOE también se está moviendo en la Asamblea de Madrid, donde ha registrado ya una petición para que sancione la campaña de HazteOír, además de otras 45 preguntas relacionadas con el incumplimiento de la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid.

Las instituciones madrileñas, de hecho, se han sumado a la condena. Desde el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid) se daban instrucciones a la Policía Municipal para que proceda a paralizar el autobús con los mensajes tránsfobos. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado la campaña por su transfondo tránsfobo, pero ha asegurado que en cualquier caso viola dos ordenanzas municipales, la de circulación y la de publicidad exterior, lo que ya de por sí es razón para impedir que transite por las calles de Madrid. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha pedido de hecho al equipo de Gobierno que reforme la ordenanza de publicidad y se dote de herramientas que le permitan prohibir campañas que atenten a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha calificado la campaña de “impresentable” y aseguraba a primera hora que había puesto en caso en manos de la abogacía para que valorase si incumple la ley madrileña contra la LGTBfobia. Cifuentes, en su cuenta de Twitter personal, ha lanzado además un mensaje a HazteOír, organización que ya ha lanzado en el pasado ataques contra ella. “Los de HazteOír sois muy plomicos”, escribía en un tuit adornado con caracteres gráficos. Más tarde los medios se hacían eco de que Cifuentes había remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para que pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Se da precisamente la circunstancia de que el colectivo Arcópoli ha interpuesto esta misma mañana una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En opinión del gabinete jurídico de Arcópoli, la campaña de HazteOír promueve un mensaje negacionista contra un sector de la población, el de las personas transexuales y transgénero. “Invisibilizar su realidad y negar su identidad puede provocar aislamiento, estigmatización y malestar en especial a niñas, niños y adolescentes trans, que ya sufren a menudo acoso escolar tránsfobo y que esta campaña es otra muestra más de rechazo de una parte de la sociedad a su dignidad”, argumenta Arcópoli. “Este negacionismo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 de la Constitución Española y contra Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Por ello como colectivo de defensa de las personas transexuales nos vemos obligadas a presentar un escrito de denuncia para que esta campaña sea sancionada administrativamente de acuerdo con la ley aprobada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid, que representan a la ciudadanía autonómica madrileña”, explica esta organización en su comunicado.

Arcópoli no es el único colectivo que ha expresado su indignación por lo que está sucediendo. La Plataforma por los Derechos Trans, por ejemplo, ha mostrado su enfado por la actitud de la Fiscalía, que hasta la fecha no ha llevado a cabo acción alguna contra la anterior campaña de HazteOír, consistente en el envío de un folleto LGTBfobo a colegios de todas España. “Los esfuerzos que muchas comunidades autonónomas están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género en sus legislaciones, protocolos de educación y atención sanitaria no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas trans”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por su parte, ha exigido que se apruebe con urgencia una ley estatal de igualdad “que equipare los derechos y proteja a los sectores más vulnerables del colectivo LGTBI de ataques tales como la campaña transfóbica de HazteOír”. La FELGTB ha dado su apoyo a Arcópoli en su denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y considera además que la campaña de HazteOír supone un claro desafío a los artículos 14, 18 y 20.4 de la Constitución Española, “en los que se contemplan los principios de igualdad, derecho al honor y dignidad de la persona como límite a la libertad de expresión”. El equipo de juristas de la FELGTB considera además que el mensaje negacionista sobre las personas trans vulnera su derecho a la dignidad y puede considerarse publicidad ilícita según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.

Concentración este miércoles en Valencia

Pero no solo en Madrid se han producido reacciones. En Valencia, supuestamente el próximo destino del autobús tránsfobo, la diputada en el Congreso por Podemos, Àngela Ballester, aseguraba esta mañana en Twitter que ya ha pedido al delegado del Gobierno que lo impida. Y Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (la rama valenciana de Izquierda Unida) pedía también en el Congreso que actuase la Fiscalía.

Los colectivos LGTB valencianos, de hecho, ya han convocado una concentración urgente mañana miércoles 1 de marzo a las 19:00 horas frente a las Cortes Valencianas. Los colectivos consideran “intolerable” la campaña de odio tránsfobo, que “en ningún caso puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión”. “En esta ocasión la agresión es valorada como más grave, por dirigirse específicamente contra los derechos básicos de las niñas y niños trans”, explican en su comunicado. “Nos encontramos ante un claro ataque contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans, la situación personal, social y laboral de las cuales es de las peores de toda la sociedad española”, ha declarado Fani Boronat, coordinadora general del colectivo Lambda. La concentración ha recibido por cierto el apoyo expreso en Twitter de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís).

Demà, us esperem a totes i tots davant les Corts a partir de les 19 hores. #ConLaVozBienAlta #Transfobia pic.twitter.com/CJne8dKstk

— Lambda (@lambdavalencia) 28 de febrero de 2017

Y en Cataluña, la Generalitat se moviliza activamente

En Cataluña, otro de los destinos de la campaña homófoba (que tiene previsto recalar en Barcelona, Hospitalet y Sant Cugat), la Generalitat le ha abierto el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ya desde el principio, además, la Generalitat ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio, al considerar que puede haber una vulneración del artículo 510 del Código Penal español, que castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

La Generalitat de Catalunya también se ha puesto en contacto con los Ayuntamientos afectados para pedirles que hagan valer sus ordenanzas municipales de civismo contra la campaña. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya ha anunciado que en caso de aparecer por sus calles paralizará la circulación del autobús y lo multará. “El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido”, ha declarado Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI, que ha asegurado que el consistorio barcelonés “no se quedará de brazos cruzados” y aprovechará todo el margen legal del que dispone para sancionar su actividad. Diferentes fuerzas políticas catalanas, como el PSC, Esquerra Republicana o la Candidatura d’Unitat Popular han exigido que no se permita al autobús circular.

ACTUALIZACIÓN (20:45 horas): El Ayuntamiento de Madrid inmoviliza el autobús

A los pocos minutos de publicar esta entrada saltaba la noticia: El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido la promesa que horas antes hacía su portavoz, Rita Maestre. La Policía Municipal madrileña ha inmovilizado en la tarde de hoy el autobús con mensajes tránsfobos de HazteOír. Así lo ha anunciado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, que ha informado de que el vehículo incumplía las ordenanzas municipales en materia de publicidad.

Desconocemos por el momento bajo qué condiciones y por cuánto tiempo el vehículo ha sido inmovilizado. Una buena noticia, en cualquier caso, que servirá de poco si no se acompaña de una actuación sancionadora decidida por parte de las autoridades autonómicas y sobre todo de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

Fuente Dosmanzanas

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Los portavoces de (casi) todos los grupos políticos en la Comisión de Igualdad del Parlamento catalán han firmado un documento en el que muestan su rechazo a la organización de una charla homófoba este fin de semana por parte del arzobispado de Barcelona. Solo ha faltado uno, el del grupo popular.

El escrito, dirigido formalmente al arzobispado por los portavoces en la Comisión de Igualdad del Parlament de Catalunya, hace mención a la ley catalana 11/2014 contra la LGTBIfobia, muestra el rechazo a cualquier tipo de discriminación y recuerda que los poderes públicos deben velar porque las manifestaciones públicas eviten conculcar el derecho a la no discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, entre otras. A continuación, solicita expresamente a los organizadores de la charla que no cedan sus espacios a este tipo de planteamientos.

El texto ha recibido el apoyo de los portavoces en la Comisión de Igualdad de Junts Pel Sí (Natàlia Figueras), Ciutadans (Noemí de la Calle), PSC (Marta Moreta), Catalunya Sí que es Pot (Gemma Lienas) y la Candidatura d’Unitat Popular (Anna Gabriel). El Partido Popular catalán no ha querido estampar su firma en el texto argumentando que pese a estar de acuerdo con el principio de no discriminación se opone a dar instrucciones a nadie sobre el contenido de las charlas que organiza.

El arzobispado da voz a un homosexual que defiende posturas homófobas

Como ya contamos hace unos días, la delegación de pastoral juvenil del arzobispado de Barcelona ha invitado a Philippe Ariño a dar una charla el próximo domingo. Ariño, autor de un libro que el propio arzobispo Juan José Omella prologó, asegura que su propia orientación homosexual es “dolorosa”, que la homosexualidad “es un mundo de mentiras”, propone que las personas homosexuales resistan sus “pulsiones” y defiende para ellas la castidad como forma de vida. En definitiva, una persona que sufre homofobia internalizada, cuya charla ha provocado la protesta de colectivos LGTB católicos y del Observatori contra l’Homofòbia, así como la apertura de un expediente informativo por parte de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat para analizar si podría ser sancionable en aplicación de la ley contra la LGTBIfobia.

El presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, se felicitaba por cierto en Twitter por el texto que los portavoces de los grupos parlamentarios han remitido al arzobispado:

Molt satisfet del manifest de suport del Parlament contra la conferència organitzada per l’Arquebisbat. no ha estat fàcil però es inmens. pic.twitter.com/2k81VP7svI

— eugeni rodriguezLGTB (@eugenirodriguez) 9 de febrero de 2017

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Por otra parte, publicamos el comunicado de la Comunidad de Cristianas y Cristianos LGTB de la comunidad de Madrid

Comunicado CRISMHOM sobre charla en defensa de que los homosexuales no deben practicar sexo

Crismhom, Comunidad de Cristianas y Cristianos LGTB de la comunidad de Madrid, nos planteamos que la charla convocada para el próximo 11 de febrero a cargo de Philippe Ariño y auspiciada por la Delegación de Juventud del Arzobispado de Barcelona no muestra la realidad de los hombres homosexuales. Tememos que la charla esté sesgada hacia determinada ideología y prejuicios que sabemos que aún poseen determinadas jerarquías de la Iglesia Católica.

Por experiencia propia sabemos que experiencias de no aceptación de la homosexualidad vienen dadas por el ambiente en el que crecen los gays y lesbianas, no porque la orientación sexual hacia personas del mismo sexo sea un problema. Si las personas, independientemente de su identidad sexual o de género, crecen y se desarrollan en ambientes de igualdad y de aceptación de la diversidad, el desarrollo psicológico será de autoaceptación y felicidad con uno mismo. Intuímos que por las premisas con las que parte el señor Ariño vienen dadas porque creció en un ambiente que rechazaba su orientación sexual. Ello probablemente le hizo crecer con una homofobia interiorizada que es producto del miedo a autoaceptarse porque su alrededor le rechazó.

Creemos que una charla sobre este tema, y más hacia jóvenes que pueden estar en un proceso de autoconocimiento de su sexualidad, van a asistir a un testimonio sesgado de una persona que no ha vivido su sexualidad de manera sana y a la que se ha educado con prejuicios. Nosotras y nosotros, como personas LGTB cristianas, tenemos una experiencia positiva de nuestra orientación sexual e identidad de género que vivimos con alegría a la luz del Evangelio. Nuestro testimonio arroja una visión positiva que ha ayudado a muchas hermanas y muchos hermanos a reconciliar estas dimensiones personales (orientación e identidad afectivo-sexual y de género, haciéndoles partícipes del Amor de Dios.

Somos conscientes de que el mundo LGTB puede tener sectores hostiles incluso para sus mismos integrantes, y que en determinados ámbitos anidan prejuicios que discriminan (al igual que sucede en el mundo heterosexual, sobre todo hacia las mujeres que no cumplen determinados cánones). No obstante, muchas y muchos trabajamos para crear espacios de inclusión y de igualdad.

Desde aquí hacemos un llamamiento al Arzobispado de Barcelona para que se replantee esa charla y que, si de verdad quiere dar una imagen precisa del mundo LGTB, busque ponentes que den la visión positiva y testimonio del Amor que tiene Dios a las personas LTGB.

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Y en una pirueta con voltereta final que roza ya el ridículo, el Arzobispo pide un diálogo y comprensión de la que carecen él y la jerarquía de la Iglesia Católica… ¿Que no va contra nadie el llevar a una persona inmersa en una homofobia interiorizada en la que nos quieren recluir? ¿Y por que no llevan a un homosexual cristiano que defienda la bondad de su vida en pareja? Sr. arzobispo, me ofrezco yo mismo, como cristiano, gay casado y con 27 años de sana relación con mi marido …

El arzobispo envía una carta a la Comisión de Igualdad del Parlament

Omella pide “diálogo y comprensión” ante los que quieren vetar la charla de un homosexual que defiende la castidad

“No está programada para ir en contra de nadie”, asegura el prelado de Barcelona

(J.B./Agencias).- “La Iglesia respeta a todas las personas, aunque no esté de acuerdo con todas las propuestas éticas o sociales, y está abierta al diálogo y a la comprension“. Ante la polémica suscitada por la conferencia que este domingo impartirá un un católico homosexual que defiende la castidad, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha enviado una carta a la Comisión de Igualdad del Parlament.

La respuesta de Omella lega después de la aprobación de un texto parlamentario en contra de la charla que mañana dará Philippe Ariño en la parroquia de Santa Anna, y que contó con el apoyo de todos los grupos salvo el PPC y algunos diputados de Junts pel Sí (JxSí).

En la carta, que entró ayer en el registro del Parlament, Omella asegura que la conferencia de mañana “no está programada para ir en contra de nadie”, sino para explicar la opción de vida de Ariño que, después de años de vivir en pareja, optó por la castidad.

“Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del Papa Francisco, respetamos a todas las personas, aunque eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con todas las propuestas que se hacen desde las diferentes opciones sociales o éticas, lo que, no obstante, no impide estar abiertos al diálogo y a la comprensión”, señala el arzobispo de Barcelona en la carta.

Omella concluye expresando que “ojalá podamos seguir trabajando para respetar plenamente la democracia, la libertad de expresión, la justicia y el respeto a los derechos humanos, y ojalá que desde las diferentes instancias políticas, sociales y eclesiásticas podamos trabajar juntos para el bien común de los ciudadanos“.

La conferencia de Ariño, autor de libro “La Homosexualidad en verdad“ (Desclée),  tendrá lugar a las 18.00 horas de mañana en la iglesia de Santa Anna de Barcelona, y asociaciones de homosexuales han convocado para la misma hora una concentración ante el templo para mostrar su rechazo a las tesis de Ariño.

Fuente Dosmanzanas/CRISMHOM/Religión Digital

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Justo tres años después de la muerte de Juan Andrés Benítez, la Generalitat de Catalunya ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) con objeto de expulsar de los Mossos d’Esquadra a los agentes responsables. Una nueva sombra que se cierne sobre un proceso ya muy oscurecido tanto por el archivo de la denuncia contra el sindicato policial que desveló la condición de seropositivo de Benítez como por el acuerdo alcanzado por los agentes implicados que les permitió evitar la prisión.

Los detalles de la muerte de Juan Andrés Benítez, ocurrida en octubre de 2013, siguen produciendo estupor y rabia. Lo sucedido supuso de hecho un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB. Dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, Benítez era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gais y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Benítez fue brutalmente reducido tras verse envuelto en una discusión en el barrio del Raval, donde vivía. Cuando los mossos interpelaban a los implicados en la discusión (ya finalizada) Benítez hizo ademán de intentar alejarse. En ese momento una agente le golpeó, iniciándose entonces la agresión policial. Benítez sufrió una primera parada cardíaca, que la asistencia sanitaria pudo revertir, pero acabó falleciendo en el Hospital Clínic de Barcelona. La autopsia reveló que tenía rotos un diente, un pómulo, la nariz y una ceja y presentaba heridas en los labios, un golpe en la cabeza y en la parte frontal derecha de la cara, así como una fractura del metacarpiano derecho. Presentaba además lesiones en brazos, piernas, rodillas y zona lumbar. Los forenses concluyeron que los múltiples traumatismos sobre la región craneo-facial dieron lugar a un fallo cardíaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa) y calificaron la muerte como de naturaleza “homicida”. Los agentes implicados negaron inicialmente haber actuado de forma irregular, pero la difusión de unas imágenes grabadas en vídeo por los vecinos confirmaron la brutal violencia que sufrió Juan Andrés Benítez antes de morir.

Se archivó la denuncia por revelar su condición de seropositivo

La muerte de Benítez se continuó, además, de una desagradable muestra de serofobia por parte del Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Benítez. Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados y añadía que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”. Pese a la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que denunciaron la nota ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales, la denuncia fue archivada.

Los agentes implicados evitaron la cárcel

Llegado el juicio, el acuerdo alcanzado entre la acusación popular (ejercida por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, ACDDH), la fiscalía y las defensas permitió a los seis mossos implicados evitar la cárcel, gracias a que la condena quedó limitada a dos años. A cambio, se declararon culpables de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la integridad moral. Los agentes quedaron suspendidos de empleo y sueldo durante esos dos años, y luego, durante cinco años más, tendrán algunas restricciones (como el no poder patrullar las calles ni acercarse al barrio del Raval). Se les impuso también asistir a un curso de derechos humanos. A otros dos agentes se les impuso además tres meses de arresto por obstrucción a la justicia. Se acordó también una indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima a cargo de la Generalitat como responsable subsidiaria.

Según explicó en su momento el diario El País, la ACDH optó por asegurar una pena mínima ante la posibilidad de que un jurado popular exculpara a los agentes. El acuerdo, sin embargo, fue recibido con desagrado por los amigos de Benítez, que consideraron que los causantes de su muerte quedaban en buena parte impunes. Por su parte, la CUP, a través de sus diputados en el Parlamento catalán, exigió al director general de Policía de la Generalitat, Albert Batlle, que reabriese el expediente sancionador que en su momento fue interrumpido e interpuso la correspondiente denuncia para que, de acuerdo al artículo 10 del reglamento disciplinario de los Mossos d’Esquadra, los condenados fuesen expulsados del cuerpo por falta muy grave.

Y ahora la Generalitat archiva la denuncia de la CUP

Expulsión que parece que no se producirá, dado que el Departamento de Interior de la Generalitat ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP. Una decisión que ya se veía venir: ya tras el acuerdo que libró de la cárcel a los agentes Albert Batlle declaró que las responsabilidades habían quedado depuradas en la vía penal.

La CUP no ha descartado todavía recurrir la decisión de Interior por vía judicial. Por otra parte, además de esta primera denuncia, la propia ACDDH ha formulado otra petición a la dirección general de la Policía catalana para que garantice la correcta aplicación del reglamento disciplinario de los Mossos. Según explica eldiario.es, según el artículo 24 del reglamento, Interior debe actuar en base “a los hechos que se declaren probados” en la sentencia, y estos son claros e irrefutables, por más que el acuerdo alcanzado en el juicio permitiese a los agentes evitar la cárcel. Y a juicio de la ACDDH, los hechos probados se corresponden con varias faltas muy graves por parte de los condenados: torturas, vulneración de derechos de los custodiados y ocultación de pruebas, además de la propia condena. En este sentido, la dirección general de la Policía catalana podría, según el ya mencionado artículo 10 del reglamento, expulsar a los condenados o suspenderles de empleo y sueldo de uno a seis años.

Veremos qué sucede finalmente, pero lo cierto es ya cerrado el capítulo judicial, el administrativo tampoco apunta a que los agentes responsables de la muerte de Benítez saldrán muy malparados. Mala, muy mala señal la que se transmite a la ciudadanía…

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Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia y portavoz del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya). GUILLEM SANS

El Parlament aprobará el jueves 2 de octubre la Ley de los Derechos de las Personas Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofobia. Así lo ha resuelto esta misma mañana la mesa de la cámara catalana y su vicepresidenta primera, Anna Simó. La norma, pionera en todo el Estado -en Galicia ya existe una pero no es punitiva- es fruto de una lucha de siete años y quiere proteger el colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), que en Catalunya representa casi un millón de personas.

La resolución ha sido impulsada conjuntamente por el PSC, ERC, ICV-EUiA y la CUP, contará con el respaldo de CDC y el rechazo frontal del PP y Unió. En este sentido, según Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia y portavoz del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya), los diputados del PP y de UDC han recibido fuertes presiones del Bisbat de Barcelona. “Es terrible la campaña de intoxicación que han hecho las jerarquías católicas para evitar que se aprobara. Me ha decepcionado mucho que haya gente que se considere cristiana y esté en contra de la existencia de derechos para el colectivo LGTB, es lamentable. Han llegado a coger el teléfono y llamar a diputados del PP y de Unió para que voten en contra de la ley y les han enviado cartas diciendo que la ley va en contra de la moral“.

Rodríguez remarca que la ley ha pasado todos los filtros legales posibles, incluido el Consell de Garanties Estatutàries, que dictaminó que ninguno de sus artículos va en contra de la Carta Magna. Pese a eso, vaticina que la iglesia pedirá a Rajoy que presente recurso de inconstitucionalidad. “Puede hacerlo pero no la paralizarán, seguro que saldrá adelante”. El camino ha sido espinoso, lleno de obstáculos y reticencias: “Ha habido momentos de todo: hemos tenido que dar puñetazos encima de la mesa de algunos diputados, enfados, lloros… ha sido muy duro llegar hasta aquí, hemos hecho casi un trabajo de vigilancia”.

Todos los ámbitos

Formada por 34 capítulos, es una especie de hoja de ruta exhaustiva que incluye el ciclo vital de una persona del colectivo LGTB desde todos los ámbitos: educación, universidad, sanidad, medios de comunicación, prisión, la identidad de género o la inseminación/reproducción asistida de las lesbianas. “Es la ley más completa del mundo y es muy valiente“, proclama el portavoz del FAGC. En virtud de la normativa y de las competencias de la Generalitat, la persona, institución o funcionario que la vulnere se enfrentará a un castigo administrativo, que puede ir desde multas a inhabilitaciones. Más que convertirse en una solución, la ley “apunta a la existencia de un problema” y Rodríguez espera que provoque un efecto dominó en otros parlamentos autonómicos.

Hasta ahora, los diferentes códigos penales españoles limitaban las agresiones a los ataques físicos y establecían las penas en función de los puntos de sutura o los días de permanencia en el hospital. “Las palabras pueden herir más que un puñetazo porque psíquicamente te pueden dejar fatal”. Rodríguez también se queja de otras discriminaciones más sutiles, como por ejemplo “que la comunidad de vecinos te prohíba poner una bandera y dejen poner otras, o que llegues a un hotel, pidas una cama doble de matrimonio y te digan que no te la dan porque sólo es para un hombre y una mujer”.

El portavoz de la FAGC advierte del riesgo de convertir la homofobia “en un problema pequeño” y acusa los políticos y a la sociedad de falta de valentía para atajar un tema “que siempre ha estado encima de la mesa: la libertad sexual, un valor universal y un bien de todos que está en retroceso, y el derecho al propio cuerpo”. En este sentido, elogia el feminismo por su lucha para situar este derecho en el centro del debate. “Las personas tenemos dos caminos: el del placer, visto como una opción buena y saludable, y el de la reproducción, que ya no es el clásico, porque hay muchas fórmulas y variadas, empezando por la adopción. El problema es la frivolización y que estamos construyendo una sociedad más conservadora“.

Una media de una agresión diaria

Después de la aprobación de la ley, el Parc de la Ciutadella, concretamente la glorieta de la transexual Sonia, será el escenario de una fiesta con música y discursos. “Ya tenemos ganas de celebrar cosas después de un 2013 terrible en el que han sucedido cosas muy graves”.

Y es que l’Observatori contra l’Homofòbia presentó recientemente la Memoria Antidiscriminatoria 2013. El informe detalla las 384 denuncias recibidas el año pasado en Catalunya contra agresiones y discriminaciones por opción sexual y identidad género. El perfil del agresor es el de un hombre joven (de entre 18 y 30 años), de clase obrera. Entre ellas la más grave, la del empresario Juan Andrés Benítez, socio de una entidad de LGTB que murió en la calle después de una intervención de los Mossos. El próximo 5 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, el colectivo organizará una manifestación en Ciutat Vella.

De casos extremos hay muchos, desde la paliza que dos chicos recibieron el pasado sábado cuando salían de una discoteca del barrio madrileño de la Moncloa a los episodios escalofriantes de otros países. Por ejemplo en Irán, donde las personas del colectivo LGTB son colgadas y decapitadas o en Sudamérica donde, a pesar de no existir “homofobia de Estado”, existen escuadrones de la muerte contra este sector en Honduras o México (llevan 24 muertos en el 2014) o en Brasil, donde los padres llegan a asesinar a sus propios hijos si se enteran que son gays, en palabras de Rodríguez.

Rodríguez ayudó a construir el movimiento LGTB en Chile, en el primer año de la transición, donde los códigos penales se inspiraban en los españoles. “Allí se castigaba la sodomía pero se penalizaba sólo quién recibía la penetración anal, todavía hoy no se ha aprobado el matrimonio gay. Ha heredado lo peor de España: la moral”. También dio su respaldo a los procesos de Colombia y Portugal, que  actualmente tiene uno de los movimientos más fuertes a nivel de Europa en la lucha a favor del colectivo.

Zapatero, “un héroe”

El paradigma en la lucha por la igualdad, el respeto y la tolerancia es Islandia, donde la presidenta acude a los actos oficiales acompañada por su mujer. Este país nórdico, junto a Portugal, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Argentina, Sudáfrica y España, son los únicos del mundo que han reconocido por ley los matrimonios homosexuales. En algunos casos, como en México DF, sí se pueden casar pero no adoptar.

En el caso de España, Eugeni Rodríguez no tiene reparos en loar el trabajo de Zapatero. “A pesar de que estuvo muy desafortunado en otras cuestiones, siempre lo consideraré el presidente del Estado español más valiente que ha habido por su extraordinario compromiso con los derechos humanos. Para el colectivo LGTB es un héroe”. El presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia explica que en el Congreso algunos le llamaban “maricón de mierda” y que los informes de la asociación internacional gay llegaron a situar España en el primer país en la defensa de los derechos del colectivo. “Aunque no se correspondían del todo con la realidad, él hizo el tejado. Su casa no tenía cimientos ni paredes“, una obra que ha terminado esta ley catalana.

Fuente Público

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Excelente noticia: el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dado luz verde a la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento catalán (puedes descargar aquí su dictamen completo). El Partido Popular la había impugnado ante este organismo autonómico para así retrasar su aprobación, prevista para julio, al considerar que suponía un “exceso de discriminación positiva”. Cuando se apruebe, la ley catalana será la primera ley contra la LGTBfobia aprobada en España que cuente con un régimen sancionador.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto, incluyendo las enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se opusieron al dictamen final en comisión. Hace un año, recordemos, todos los grupos rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

Se trata de un muy avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarrollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. El texto se acomoda así a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Un texto que sí contempla sanciones

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación. La propuesta catalana incluye además -de forma limitada- el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar la pertinencia de las medidas adoptadas.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y decidió recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Sin embargo, el dictamen ha sido unánime: los contenidos recurridos por el PP son acordes a la Constitución.

El Consejo de Garantías Estatutarias recuerda a este respecto que “nuestro ordenamiento constitucional se caracteriza por admitir una dualidad de sistemas sancionadores (penal y administrativo)”, y que respetando los condicionantes jurídicos de cada sistema Cataluña tiene potestad para legislar un régimen administrativo sancionador en esta materia. Respecto a la inversión de la carga de la prueba, el Consejo determina que“esta técnica probatoria encuentra amparo en la jurisprudencia constitucional, que la ha admitido como mecanismo de tutela ante la dificultad probatoria de los motivos contrarios a los derechos fundamentales y a la igualdad” y recuerda que la propia proposición de ley establece que no puede usarse en procedimientos penales o administrativos sancionadores.

Con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias, la proposición de ley queda ya solo pendiente de su aprobación final a la vuelta de las vacaciones de verano. Confiemos en que la apretada agenda política catalana no impida este último trámite, que supondrá un paso de gigante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Cataluña, CDC, CiU, Ciutadans, Discriminación, ERC, EUiA, Galicia, Generalitat de Catalunya, ICV, Parlament de Catalunya, PP, PSC, UDC

Ya habíamos hablado acerca de este asunto, pero volemos a él porque nos parece que amplía muy bien el tema:

El Partido Popular catalán llevará ante el Consejo de Garantías Estatutarias la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento de Cataluña, impidiendo así que se apruebe antes del periodo vacacional. El PP argumenta que el proyecto, que contempla además un régimen sancionador para las conductas discriminatorias, supone un “exceso de discriminación positiva”.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto original puedes descargar aquí, y cuyas enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se han opuesto al dictamen final en comisión. Hace ahora un año, recordemos, todos los grupos del Parlamento catalán rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

La proposición de ley es un avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. En este sentido el texto se acomoda a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Una ley que contempla sanciones, a diferencia de la gallega

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado hace pocas semanas por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. Incluye además el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar su inocencia, y no al revés. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y ha decidido recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Ello supondrá, en el mejor de los casos, que el proyecto no se vote la semana próxima, como estaba previsto, retrasándose la aprobación final a la vuelta de las vacaciones. Para Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d’Alliberament Gay de Catalunya (uno de los colectivos impulsores de la iniciativa) la decisión del PP no responde más que “a una estrategia obstruccionista y de no querer erradicar la violencia homófoba”. Rodríguez ha dejado claro además que los colectivos LGTB catalanes nunca aceptarán una ley que no incluya un régimen sancionador.

Confiemos en que la maniobra no le salga bien al PP y la apretada agenda política catalana no impida la aprobación de un proyecto que supone  un gigantesco paso adelante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Cataluña, CDC, CiU, Discriminación, ERC, Eugeni Rodríguez, EUiA, FAGC, Galicia, ICV, Parlament de Catalunya, PP, PSC, UDC