El juez federal Carlton W. Reeves ha emitido un mandato a los funcionarios de Mississippi, por el que les impide objetar la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por razones religiosas.  La orden es de inmediata aplicación e impide que la Ley de Garantías de la Libertad Religiosa promulgada por el gobernador del estado el pasado mes de abril, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, sea utilizada con ese propósito. Tanto el gobernador como el fiscal general de Mississippi han expresado su intención de apelar la decisión del juez Reeves.

Carlton W. Reeves fue el juez federal que en noviembre de 2014 dictaminó que las leyes que impedían el matrimonio igualitario en Mississippi violaban el derecho a la igual protección recogido en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En aquella ocasión, también emitió un mandato a los funcionarios del estado sureño para que dejasen de aplicar dichas leyes y facilitasen el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Su mandato, sin embargo, fue suspendido por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito mientras se decidía la apelación presentada por el gobernador Phil Bryant y el fiscal general Jim Hood. La Corte de Apelaciones del 5º Circuito, no obstante, nunca llegó a decidir al respecto, pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes que prohibían el matrimonio igualitario en todo el país antes de que tomara decisión alguna.

El pasado mes de abril, el gobernador Bryant promulgó la Ley de Garantías de la Libertad Religiosa, aprobada por ambas cámaras legislativas del estado, que permite a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no esté en consonancia con sus creencias religiosas. En concreto, se protege que se puedan denegar servicios si el proveedor o funcionario estima que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considera que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si cree que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley es permitir la discriminación de las personas LGTB. En cuando a los funcionarios, tan solo establece la salvedad, obligatoria por otro lado, de que el servicio a prestar (como la expedición de una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo) debe ser garantizado por otro empleado público.

La ley tomará efectos el próximo 1 de julio, y ya ha sido recurrida por organizaciones de defensa de los derechos civiles como Campaign for Southern Equality. El juez encargado del recurso no es otro que el propio Carlton W. Reeves, que aún debe decidir si todas las medidas que establece la ley se ajustan o no a derecho. Pero antes de que prosiga el proceso del recurso y emita su dictamen, el juez Reeves ha tomado la decisión de emitir un mandato que impide a los funcionarios de Mississippi que objeten la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por razones religiosas. Y lo ha hecho porque entiende que este nuevo mandato no es más que una prolongación del que emitió en noviembre de 2014, cuando dictaminó a favor del matrimonio igualitario, dictamen respaldado por el propio Tribunal Supremo. Es decir, esa parte de la ley aprobada por las cámaras de Mississippi contraviene su sentencia anterior y por lo tanto no puede ser aplicada.

En su mandato, el juez Reeves aclara que “los funcionarios electos de Mississippi pueden estar en desacuerdo con Obergefell [el nombre con que es conocida la sentencia del Tribunal Supremo favorable al matrimonio igualitario], por supuesto, y pueden expresar ese desacuerdo como mejor les parezca —por ejemplo, abogando por una enmienda constitucional para revocar la decisión—, pero la cuestión de las licencias de matrimonio no va a ser considerada de nuevo después de cada sesión legislativa”.

Roberta Kaplan, abogada contratada por Campaign for Southern Equality, bien conocida por su exitosa labor en el precursor caso Windsor (el que dio fin a la discriminación federal de los matrimonios del mismo sexo), emitió el siguiente comunicado elogiando la decisión de juez Reeves: “Un año después de que el Tribunal Supremo garantizase el matrimonio igualitario en el caso Obergefell, estamos encantados de que el juez Reeves reafirme el poder de los tribunales federales para aclarar definitivamente lo que significa la Constitución de los Estados Unidos”.

Por su parte, la portavocía del gobernador Bryant y la del fiscal general Hood han comunicado que se encuentran estudiando el mandato del juez Reeves, y que se plantean presentar el correspondiente recurso ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito.

Fuente Dosmanzanas

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El  juez federal Daniel Jordan ha emitido una orden que considera inconstitucional la ley que prohíbe la adopción por parejas del mismo sexo en Mississippi. La noticia tiene una especial importancia simbólica, si se tiene en cuenta que ocurre en medio de la ola de propuestas de ley homófobas y tránsfobas que los contrarios a los derechos LGTB están promoviendo en diferentes estados norteamericanos, entre ellos el propio Mississippi.

La norma que prohíbe adoptar a las personas del mismo sexo –sección 93-17-3(5) del Código Civil de Mississippi- fue aprobada en el año 2000. Recibió el beneplácito del gobernador, por aquel entonces un político demócrata, Ronni Musgrove. Un buen ejemplo de hasta qué punto ha cambiado la sensibilidad hacia los derechos LGTB: hoy día sería impensable que un gobernador demócrata diera su visto bueno a una ley así (el propio Musgrove escribía en 2013 un artículo en The Huffington Post en el que expresaba su arrepentimiento y contando como su punto de vista había evolucionado a lo largo de los años).

La prohibición de Mississippi, sin embargo, era la última que quedaba por ser desafiada en los tribunales. Leyes similares en otros estados han ido siendo invalidadas, una tras otra. Es por eso que cuatro parejas de mujeres (dos de ellas queriendo adoptar conjuntamente a través del sistema de adopciones del estado y otras dos queriendo que una de las miembros de la pareja pudiera adoptar a los hijos de su compañera), acompañadas de dos organizaciones de defensa de los derechos civiles LGTB (Campaign for Southern Equality y Family Equality Council) decidieron acudir a los tribunales.

Ahora la justicia federal les ha dado la razón. En una orden preliminar, el juez federal Daniel Jordan considera que a la vista de los argumentos del Tribunal Supremo para extender el derecho al matrimonio igualitario y los beneficios que ello conlleva a todo el país, la prohibición a las parejas del mismo sexo de adoptar viola su derecho a la igual protección que garantiza la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, y por ello ordena que de forma inmediata deje de ser aplicada (puedes descargar la sentencia completa aquí).

El fallo del juez Jordan tiene una especial importancia simbólica. Por un lado, Mississippi era el último de los estados en los que una ley prohibiendo expresamente adoptar a parejas del mismo sexo seguía incólume. En este momento, no existe ya ningún estado que mantenga dicha prohibición formal. Ello no significa que no queden numerosos flecos legales ni que no existan obstáculos a las diferentes formas de ejercer ese derecho (hace menos de un mes recogíamos precisamente como el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocaba una sentencia de la Corte Suprema de Alabama que denegaba los derechos de adopción que ya habían sido reconocidos en el estado vecino de Georgia a una de las integrantes de una pareja de mujeres). Pero el armazón jurídico que sustenta la discriminación en estos casos es cada vez más endeble.

Sin embargo, el gobernador de Mississippi, el republicano Phil Bryant, ha promulgado una ley, aprobada por ambas cámaras legislativas del estado, que permite a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no esté en consonancia con sus creencias religiosas. En la práctica, significa que tienen derecho a discriminar a las personas LGBT sin que puedan ser demandados por ello. El gobernador Bryant apenas ha tardado unas horas en validar con su firma la ley desde que le fue enviada desde la Cámara de Representantes del estado, negándose a recibir tanto a las asociaciones de defensa de los derechos LGTB como a los empresarios, que se plantean boicotear a Mississippi como lugar de negocios.

El proyecto de ley 1523 fue introducido en la Cámara de Representantes de Mississippi, en manos republicanas, el pasado mes de febrero, siendo sometido a votación y aprobado el 29 de ese mismo mes, por un amplio margen de 80 votos favorables, 30 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente pasó a consideración del Senado estatal, también en poder de los republicanos, donde fue aprobado este 1 de abril por 69 votos a favor, 44 en contra y 7 abstenciones. Finalmente, el gobernador Phil Bryant lo promulgó como ley el pasado 5 de abril, para que entre en vigor el próximo 1 de julio.

El proyecto de ley estaba considerado como una de los más regresivos los casi 200 diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos. En todos ellos, bajo la excusa de la protección de la libertad religiosa, ya amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se trata de formalizar el derecho a discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género si se arguyen “sinceros sentimientos religiosos”.

La ley impide que se puedan plantear demandas contra funcionarios, comerciantes, empresarios u organizaciones que se nieguen a prestar sus servicios a determinados colectivos si estiman que contravienen sus creencias religiosas. En concreto, se protege que se puedan denegar servicios si el proveedor estima que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considera que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si cree que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley es permitir la discriminación de las personas LGTB.

En cuando a los funcionarios, tan solo establece la salvedad, obligatoria por otro lado, de que el servicio a prestar (como la expedición de una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo) debe ser garantizado por otro empleado público.

Las asociaciones LGTB y las corporaciones y empresas expresaron su indignación por una ley tan regresiva, y solicitaron al gobernador Bryant que interpusiese su veto. Los representantes del Partido Demócrata incluso retrasaron la aprobación definitiva del proyecto de ley con una petición plenaria de rechazo, que sabían que perderían, con el objetivo de que el gobernador se reuniera con los activistas y empresarios opuestos a ley. Pero Bryant se negó a recibirles, y validó el proyecto de ley tan solo unas horas después de que llegara a sus manos, con la excusa de que trata de “impedir que el gobierno interfiera en la vida de las personas”, en referencia a las leyes de protección contra la discriminación vigentes en muchos estados y municipios.

Mississippi se une así a Carolina del Norte en la aplicación de una legislación que vulnera derechos fundamentales por razón de la orientación sexual e identidad de género de sus ciudadanos. En otros estados, como Indiana, Dakota del Sur, Georgia o Virginia, sus gobernadores, sin embargo, han considerado el perjuicio que conllevaría un texto legislativo semejante y han interpuesto su veto.

La ACLU (la mayor asociación de defensa de los derechos civiles de los Estados Unidos) ha emitido el siguiente, y elocuente, comunicado:

Este es un día triste para el estado de Mississippi y para los miles de habitantes de Mississippi que ahora pueden ser rechazados en los comercios, o a quienes pueden negarse licencias de matrimonio, una vivienda, servicios esenciales y necesidades básicas por ser lo que son. Este proyecto de ley va en contra de los principios básicos estadounidenses de equidad, justicia e igualdad y no protege la libertad religiosa de nadie. Lejos de proteger a cualquier persona de “la discriminación del gobierno”, como pretende el proyecto de ley, es un ataque a los ciudadanos de nuestro estado, y servirá como un emblema de la vergüenza para el estado de la magnolia.

La organización GLAAD pide al gobernador Phil Bryant que vetase la delirante propuesta de ley HB 1523, que autoriza legalmente la discriminación en el estado de Mississippi y que van más allá del colectivo LGTB,

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo ACLU, Adopción, Alabama, Americans United for Separate of Church and State, Bahía de St. Louis, Campaign for Southern Equality, Daniel Jordan, Discriminación, EE.UU., Estados Unidos, Family Equality Council, Georgia, Greenville, Hattiesburg, Homofobia, Homoparentalidad, Jackson, Ley HB 1523, Magnolia, Mississippi, Oxford, Phyl Bryant, Protect Thy Neighbor, Ronni Musgrove, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Waveland

Los funcionarios y jueces del estado de Carolina del Norte podrán rehusar la celebración de un matrimonio si contraviene sus creencias religiosas. La ley ha debido superar el veto del gobernador Pat McCrory, quien se negó a promulgarla dada su evidente inconstitucionalidad. Sin embargo, tras su inmediata entrada en vigor, las parejas del mismo sexo de Carolina del Norte podrán ver conculcado su derecho a contraer matrimonio dependiendo de las creencias religiosas que profese el funcionario o juez que ocupe el mostrador o estrado.

En octubre del 2014, un juez federal dictaminó que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación de Carolina del Norte violaba la Constitución de los Estados Unidos. El gobernador republicano Pat McCrory comunicó inmediatamente su intención de acatar y defender la sentencia, pues consideraba que esa era su obligación como funcionario público. Sin embargo, algunos jueces estatales encontraron que cumplir con la legislación ahora vigente entraba en conflicto con sus creencias religiosas, y decidieron presentar su dimisión antes de ser suspendidos por rehusar la celebración de estos matrimonios.

Con la intención de evitar este tipo de dimisiones, y con el pretexto de supuestamente proteger la libertad religiosa, los correligionarios del gobernador McCrory en el Senado estatal, que gozan de una amplia mayoría en ambas cámaras, decidieron presentar el proyecto de ley SB 2, que permitiría a funcionarios y jueces rehusar la celebración de un matrimonio en base a “una sincera objeción religiosa”. De esta manera, las creencias personales de un funcionario público estarían por encima de los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución.

El proyecto de ley no hacía alusión específica a los matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque su intención era evidente. No obstante, con su redacción, nada impediría que un juez o funcionario invocara sus creencias para rechazar la celebración del matrimonio de un divorciado o una pareja interracial. Aun así, la ley fue aprobada por la mayoría del Senado estatal y de la Cámara de Representantes.

McCrory estimó que la ley sobrepasaba los límites constitucionales y decidió ejercer su derecho al veto con el siguiente comunicado:

Reconozco que para muchos ciudadanos de Carolina del Norte, incluido yo mismo, la opinión acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo procede de la sincera creencia religiosa de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sin embargo, somos una nación y un estado de leyes. Ya sea presidente, gobernador, alcalde, oficial de la ley o magistrado, ningún funcionario público que voluntariamente haya jurado apoyar y defender la Constitución y desempeñar todos los deberes de su cargo debe estar exento de respetar ese juramento. Por lo tanto, voy a vetar la medida SB 2.

Los ponentes del proyecto de ley prosiguieron en su empeño discriminatorio y se dispusieron a intentar superar el veto del gobernador, para lo que necesitaban una mayoría de tres quintos de los presentes tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. En el Senado, el veto del gobernador fue superado por 32 votos a favor y 16 en contra. En la Cámara de Representantes, que contaba con una mayoría más ajustada, el veto también fue sobrepasado por 69 votos a favor y 41 en contra. El proyecto se convirtió inmediatamente en ley, y los funcionarios y jueces del estado de Carolina del Norte podrán discriminar a las parejas que deseen con tan solo invocar sus creencias privadas.

El gobernador McCrory expresaba su malestar por medio de un comunicado, en el que estimaba que “este es un día decepcionante para el estado de derecho y el proceso de aprobación de leyes en Carolina del Norte”. Para la asociación de defensa de los derechos LGTB Campaign For Southern Equality, “la medida SB 2 es inconstitucional, y sin duda va a ser impugnada en los tribunales. Este proyecto, que ahora se ha convertido en ley, es discriminatorio y trata a las parejas de gais y lesbianas como ciudadanos de segunda clase. Estamos más decididos que nunca a lograr la plena igualdad de las personas LGBT en Carolina del Norte y a asegurarnos de que los jóvenes LGBT sepan que no están solos. Esta ley no es más que discriminación sancionada por el estado. Es un intento terriblemente equivocado de reescribir lo que significa la igual protección ante la ley. La igualdad y la equidad no son principios que se decidan caso por caso, dependiendo de quién esté en el mostrador un día en particular. Ni la Constitución de los Estados Unidos ni la Constitución de Carolina del Norte permiten tal cosa. Es tremendamente lamentable que tantos cargos electos no entiendan esto”.

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