Texas ha eliminado la posibilidad de que las personas transgénero alteren el marcador de sexo en sus actas de nacimiento. El nuevo cambio de política, que se realizó sin previo aviso ni anuncio, pondrá a las personas trans en riesgo de discriminación.

Anteriormente, las personas trans podían cambiar el marcador de sexo en sus certificados de nacimiento presentando una prueba de cirugía de afirmación de género, una orden judicial que indicara que habían “transicionado completamente” y declaraciones de respaldo de profesionales médicos. Estos ya no son suficientes, dijo un portavoz del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS) a The Texas Newsroom. Actualmente, los certificados de nacimiento solo se pueden cambiar en el caso de niños debido a un error u omisión del hospital.

Además, el sitio web del DSHS anteriormente incluía instrucciones sobre cómo cambiar el sexo asignado al nacer en el certificado de nacimiento; las instrucciones desde entonces han sido eliminadas.

“Recientes informes públicos han resaltado inquietudes sobre la validez de las órdenes judiciales que pretenden modificar el sexo a los efectos de los documentos emitidos por el estado. El DSHS está buscando la asistencia de la Oficina del Fiscal General para determinar la aplicabilidad de estas inquietudes a las modificaciones de los registros vitales”, dijo el portavoz del DSHS Chris Van Deusen. Van Deusen probablemente se refería a los continuos esfuerzos del Fiscal General del estado Ken Paxton para oponerse al reconocimiento legal de las personas trans en Texas.

La semana pasada, Paxton impidió que las personas trans pudieran cambiar el indicador de sexo en su licencia de conducir. Esto forma parte de su amplia política de oponerse a la atención médica que reafirme el género para las personas trans, en particular los menores trans, que han denunciado angustia mental y emocional por las leyes que afectan sus derechos educativos y de atención médica.

La cruzada de Paxton también forma parte de una serie de políticas que se están aplicando en todo el país para negar cualquier reconocimiento legal a las personas transgénero. Otros cinco estados están implementando políticas que restringen los certificados de nacimiento, según el Movement Advancement Project.

La Red de Educación Transgénero de Texas (TENT) escribió sobre los nuevos cambios de política en Instagram, afirmando: “Estamos comprometidos a mantener a la comunidad segura y haremos todo lo posible para asegurar que los tejanos trans puedan obtener la información más precisa posible a través de estos cambios continuos”.

“Las personas trans han existido y siempre existirán. Continuaremos el legado de nuestros antepasados trans luchando, creando espacios para la alegría y viviendo nuestras vidas lo mejor que podamos. Nuestra condición de trans no está determinada por un trozo de papel y no puede ser arrebatada por políticas de odio. Superaremos la intolerancia transfóbica”, agregó la publicación de TENT.

“El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha presionado a las agencias estatales para que nieguen los tipos específicos de actualizaciones que necesitan los texanos transgénero”, escribió Johnathon Gooch, director de comunicaciones de Equality Texas. “Irónicamente, eso significa que el principal funcionario jurídico del estado ha ordenado a las agencias estatales que nieguen las órdenes judiciales de los jueces estatales. Por lo tanto, lo que debería ser una tarea administrativa sencilla ahora se ha convertido en una pesadilla”.

Dado que los certificados de nacimiento se utilizan para corregir los marcadores de género en las licencias de conducir y otros documentos de identidad emitidos por el gobierno de las personas trans, si estos documentos de uso común no coinciden con su identidad de género, se revela que una persona es trans. Esta revelación puede generar dificultades para acceder a diversos servicios, así como acoso y violencia.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Cambio de nombre, Chris Van Deusen, Equality Texas, Homofobia/Transfobia, Identidad de género, Johnathon Gooch, Ken Paxton, Movement Advancement Project, Personas LGBTIQ+, Personas trans, Texas

Vanessa Joy y Tex Fischer/X

No reveló un cambio de nombre en un estado con una ley extraña sobre ese tema.

Por John Russell. Martes 27 de agosto de 2024

Un republicano cisgénero de Ohio que se postula para conservar su escaño en la Cámara de Representantes del estado podría ser descalificado bajo la misma ley de 1995 utilizada a principios de este año para desafiar las candidaturas de tres demócratas transgénero.

El representante estatal Tex Fischer (republicano), un ex consultor político de 28 años, fue designado para representar al distrito 58 de Ohio en junio, llenando una vacante que quedó después de que el ex representante del distrito, Alessandro Cutrona (republicano), fuera designado para el Senado de Ohio. Fischer actualmente se postula para conservar su escaño.

Pero como informó Cleveland.com, a principios de este mes, el presidente del Partido Demócrata del condado de Mahoning, Chris Anderson, presentó una queja ante los funcionarios electorales locales el 13 de agosto, argumentando que Fischer debería ser descalificado debido a una oscura ley estatal que requiere que los candidatos revelen cualquier cambio de nombre que haya tenido lugar en los últimos cinco años.

Según Cleveland.com, Fischer cambió legalmente su nombre de Austin James Fischer a Austin James Texford Fischer en 2020. El presidente de la Junta Electoral de Mahoning, David Betras, dijo al medio que Fischer había “puesto su nombre cambiado en todo”, pero no incluyó su nombre anterior en la documentación que certificaba su candidatura.

“Si van a usar la ley para penalizar a los candidatos trans, entonces debe aplicarse de manera equitativa”, dijo Anderson.

En enero, la fotógrafa inmobiliaria Vanessa Joy, que se postulaba como demócrata en el Distrito 50 de la Cámara de Representantes de Ohio, firmemente republicano, fue descalificada de la carrera por la Junta Electoral del Condado de Stark en virtud de la ley de 1995. Joy, que es transgénero y cambió su nombre en 2022, ha dicho que no conocía la ley, que no se mencionó en la guía de candidatos de 2024 del secretario de estado de Ohio y no se ha incluido en guías de candidatos anteriores en los últimos años. Los formularios de petición de candidatura que completó Joy tampoco incluían ninguna mención de la ley o espacio para enumerar cualquier cambio de nombre.

Otras dos demócratas transgénero también vieron impugnadas sus candidaturas a escaños en la Cámara de Representantes del estado de Ohio en virtud de la misma ley. Pero tanto Bobbie Arnold como Arienne Childrey han sido autorizadas desde entonces a que sus nombres aparezcan en la boleta electoral de noviembre.

El 15 de agosto, la Junta Electoral bipartidista de Mahoning celebró una audiencia sobre la denuncia de Anderson, que resultó en un empate de 2 a 2. La denuncia se envió al secretario de estado republicano de Ohio, Frank LaRose, para una votación de desempate. Según WOUB,un portavoz de LaRose no dijo la semana pasada cuándo emitiría una decisión el secretario de estado de Ohio.

Anderson dijo a WOUB que cree que es poco probable que LaRose descalifique a Fischer; “Es un republicano que está tratando de recuperar el favor de su propio partido”.

Fischer ha calificado el desafío a su propia candidatura como “infantil” y “una mezquina tontería política. Es fundamentalmente antidemocrático intentar privar a los votantes de una opción en noviembre por un tecnicismo”, dijo.

Al mismo tiempo, Fischer ha dicho poco sobre las impugnaciones a las candidaturas de Arnold y Childrey o la descalificación de Joy, y ha declarado a varios medios que no conoce los detalles de esos casos. Sin embargo, según WOUB, parece estar de acuerdo con Anderson en que la ley en cuestión debería aclararse. “No creo que esos individuos estuvieran necesariamente tratando de engañar a los votantes”, dijo Fischer sobre Arnold, Childrey y Joy.

A fines de mayo, las representantes estatales demócratas Michele Grim y Beryl Brown Piccolantonio presentaron un proyecto de ley que impediría que futuros candidatos fueran descalificados en virtud de la ley de 1995. La H.B. 467 modificaría la ley vigente para que los candidatos no tuvieran que revelar sus cambios de nombre legales recientes si el cambio de nombre fuera aprobado por un tribunal de Ohio. El proyecto de ley también exigiría que los formularios de los candidatos incluyan un espacio para enumerar los nombres anteriores utilizados en los últimos cinco años y exigiría que el secretario de estado de Ohio incluya información sobre los requisitos de cambio de nombre en las guías de los candidatos.

“Si alguien ha pasado por el proceso de cambiar legalmente su nombre, no hay absolutamente ninguna razón para que se le pida que revele sus nombres anteriores”, dijo Piccolantonio sobre el caso de Fischer. “La situación con mi colega no es diferente a las situaciones que ocurrieron a fines del año pasado o principios de este año con los candidatos”.

Por supuesto, la ley vigente no se ha aplicado de manera igualitaria: Joy fue descalificada, mientras que Arnold y Childrey fueron autorizados a aparecer en la boleta electoral de noviembre, y Piccolantonio no pudo explicar por qué Fisher debía permanecer en la boleta mientras que la candidatura de Joy estaba bloqueada. “Supongo que simplemente no tengo una respuesta a esa pregunta”, dijo. La situación, dijo, ilustra por qué su ley necesita ser aprobada.

Fuente LGBTQNation

General Arienne Childrey, Austin James Fischer, Austin James Texford Fischer, Beryl Brown Piccolantonio, Bobbie Arnold, Cámara de Representantes, Cambio de nombre, Chris Anderson, Condado de Mahoning, EE.UU., Frank LaRose, HB 467, Homofobia/Transfobia, Michele Grim, Ohio, Partido Demócrata, Partido Republicano, Personas LGTBIQ, Personas trans, Vanessa Joy

Campaña social #TRANS_LT de la organización nacional de derechos LGBT* LGL. Crédito de la foto: LGL

Las personas trans en Lituania finalmente podrán cambiar su nombre legal sin someterse a una cirugía de reasignación de género.

La ministra de Justicia, Evelina Dobrovolska, firmó la orden que permite los cambios de nombre legal el 31 de diciembre.

Sin embargo, las personas trans que deseen cambiar su nombre en los documentos oficiales aún deberán obtener un certificado de un establecimiento de salud lituano o de la UE de “transgenerismo diagnosticado”.

El nuevo reglamento entra en vigor el 2 de febrero y será “un paso importante que ayudará a Lituania a garantizar la implementación parcial de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitida hace más de una década, así como la consolidación de derechos humanos. estándares de derechos humanos”, dijo el Ministerio de Justicia, según el medio de comunicación lituano Delfi.

Derechos trans en Lituania

En 2007, un hombre trans de 28 años ganó su caso contra Lituania en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a que el estado no le proporcionó documentos legales en su género correcto.

Los siete jueces dictaminaron que Lituania tenía que implementar una nueva legislación sobre reasignación de género dentro de los tres meses o pagar daños y perjuicios.

Durante el caso de 2007, el Tribunal observó que la ley lituana había reconocido el derecho de las personas trans a cambiar no solo de género sino también de estado civil. Sin embargo, existe una laguna en la legislación pertinente: la ley que regula la cirugía de reasignación de género, aunque está redactada, aún no se ha aprobado.

Mientras tanto, no había instalaciones médicas adecuadas razonablemente accesibles en Lituania.

Lituania aún no ha introducido el matrimonio igualitario

Según la ley de la UE, todos los estados miembros deben “facilitar” a los ciudadanos LGBT+, lo que significa que deben mantenerse libres de discriminación.

La homosexualidad solo se despenalizó en el país de mayoría católica en 1993, y la constitución todavía define el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Gitanas Nausėda, presidente de Lituania, ha expresado abiertamente su creencia en lo que él llama valores familiares tradicionales.

Se ha manifestado en contra de lo que denominó “propaganda de género “ y ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

“Como presidente de la República de Lituania, usaré mis poderes para asegurarme de que así sea”, dijo en un mitin en mayo de 2021, mientras los ciudadanos protestaban contra un proyecto de ley que permitiría las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Luces y sombras de la realidad LGTB en Lituania

La realidad LGTBI de Lituania en la última década ha estado marcada por los altibajos. En octubre de 2010 entró en vigor una reforma para prohibir la «manifestación y promoción» de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de «de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública» con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra la Liga Gay Lituana, a la que acusaba de «jugar con fuego» con «provocaciones» que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de «excéntrica» la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

En noviembre de 2015 recogíamos una noticia con un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada «propaganda homosexual» similar a la vigente en Rusia. En 2017, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual. En febrero de 2016, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. Una situación corregida en enero de 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo, en aplicación de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida meses antes.

En noviembre de 2020, el recién elegido Gobierno de coalición de Lituania acuerdó promover un proyecto de ley de uniones civiles para las parejas del mismo o de distinto sexo, al que se opone el Presidente de la República Gitanas Nausėda,

General, Historia LGTBI Cambio de nombre, Evelina Dobrovolska, Gitanas Nausėda, Lituania, Personas trans

Jóvenes que participan en la Fundación Daniela / Twitter: @Danieldafund

No existe una legislación que autorice la modificación del nombre y del género de los menores trans. La decisión depende del juez titular del Registro Civil

Solo 20 menores han conseguido cambiarse el nombre. “El 90% de las peticiones se deniegan”, apuntan desde la Fundación Daniela

Sara -antes Hugo- tiene 9 años y ha logrado cambiar su nombre. “Una de los peores momentos es cuando la llamaban en la consulta del médico”, dice su madre a eldiario.es

Sara ya enseña su DNI orgullosa. El verano pasado comenzó su tránsito social. Desde que era un bebé, en casa se identificaba como una niña pero en el colegio seguía siendo Hugo. Al irse de vacaciones a Oporto el año pasado sus padres aprovecharon que no conocían a nadie para ver cómo se sentía al salir a la calle vestida como una chica. “Enseguida nos dijo que cuando llegásemos a Lugo siguiésemos así. Que nunca más volvería a ser Hugo, que esa persona no tenía nada que ver con ella”, relata Cristina Palacios, madre de esta niña gallega de 9 años.

Después del verano, volvía a clase por primera vez siendo Sara. Comenzaba cuarto de primaria reafirmando su identidad sexual, en el colegio no hubo ningún problema y tanto sus compañeros como sus profesores no pusieron obstáculos a su decisión. “Los niños le dicen que ya no les sale el nombre anterior porque ven físicamente a una chica”, continúa su madre.

 Sin embargo fuera de su entorno de confianza la comprensión no ha sido la misma. Por ejemplo, en su documentación oficial Sara seguía siendo Hugo. “Se crean situaciones humillantes, una y otra vez se está mostrando esa condición de persona transexual”. Las madres de estos menores coinciden en señalar que la consulta del médico es uno de los momentos más incómodos para estos jóvenes: “Estás esperando y, de repente, te llaman por un nombre que no está asociado a tu género. Las miradas del resto de niños son inevitables”.

Pancarta de la Fundación Daniela en el Orgullo 2015 / Twitter: @Danielafund

Para evitar esas incomodidades, la madre de Sara solicitó oficialmente el cambio de nombre, en febrero presentó un  requerimiento en el Registro Civil y un mes después se lo confirmaron. Así se convertía en el primer caso autorizado en Galicia. Por ahora, según han confirmado a eldiario.es, la Dirección General del Registro no tiene datos oficiales del número de jóvenes trans que han podido modificar su nombre.

Según Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Transexuales) en España solo hay 20 jóvenes que lo han conseguido, señalan que la mayor parte de las respuestas de las que tienen constancia son positivas. Sin embargo desde la Fundación Daniela platean cifras diferentes. “La mayor parte de las solicitudes -entre 90 y 95%- se resuelven de forma negativa. Que la respuesta sea positiva es una excepción”, comenta Isidro García, trabajador social de esta entidad que informa y aconseja a los padres de estos jóvenes.

En España no existe una legislación que ampare a los menores trans que quieren cambiarse el nombre. A partir de los 18 años lo podrán solicitar gracias a la  Ley de Identidad de Género –que se aprobó en el 2007–, que permite modificar la referencia de nombre y de sexo sin necesidad de someterse a una operación genital.

Hasta entonces, las familias tienen que aferrarse a la Ley del Registro Civil de 1957, deben de presentar documentación que demuestra que son personas transexuales – informes psicológicos – y que el nombre que solicitan es el que utilizan normalmente. En la argumentación que entregan explican que si no se les autoriza se vulnera el artículo 54 de esta normativa, que establece que quedarán prohibidas las denominaciones que “perjudiquen a la persona”. Aunque, en este caso la legislación es contradictoria porque también recoge que no se autorizarán los nombres que “induzcan a error en cuanto al sexo”.

Por eso, la decisión final depende de la interpretación que realice de esta ley el juez titular del Registro Civil. “Hay magistrados que entienden que no es admisible que haya personas que se tengan que llamar con un nombre que no se corresponde con su identidad sexual”, explica Javier Maldonado, abogado de la asociación Chrysallis. En estos casos sólo se cambia el nombre, la referencia del género sigue siendo la misma que se le asignó al nacer.

El último cambio de nombre aprobado ha sido el de Daniel, un madrileño de 11 años, que comenzó hace tres su tránsito social. A su madre se lo comunicaron la semana pasada, y cuando le leyeron el auto que lo confirmaba se echó a llorar: “Mi hijo ha sufrido mucho cuando le han llamado por el nombre que le pusimos al nacer, se enfada y es una situación horrorosa”, apunta. Sin embargo, hay otros jueces que argumentan que el cambio de nombre “induce a error” y no aprueban el requerimiento. Este es el caso del magistrado titular del Registro Civil de Sevilla, según explica María Orellana, vicepresidenta de Chrysallis en Andalucía, “ha denegado todas las solicitudes”.

Para evitar estas desigualdades, las asociaciones solicitan al gobierno un cambio de legislación que equipare los criterios y que ampare a todos estos menores. Desde la Fundación Daniela apuntan a dos soluciones: o que “no sea obligatoria la inscripción del sexo de los bebés cuando nazcan” o que los niños y adolescentes trans, que están realizando el tránsito de cambio de género en el colegio, “puedan acceder a cambiar la documentación”.

Que les denieguen la modificación del nombre marca el carácter de estos jóvenes. “Hasta que consiguen la autorización están cargando con un peso. Intentan que no se note y que no se sepa. Viven una doble vida. Algo muy duro y doloroso para un menor”, apunta la madre de Sara. Este verano será especial para Sara y Daniel, han conseguido desprenderse de esa carga. Por primera vez podrán irse de vacaciones, viajar en avión y enseñar su documentación como cualquier otro niño, sin tener que dar explicaciones sobre su identidad sexual.

Fuente El Diario.es

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación Chrysallis, Cambio de nombre, Cristina Palacios, Fundación Daniela, Javier Maldonado, María Orellana, Menores trans, Registro civil, Transexualidad infantil

El Tribunal basa su sentencia en que “el Derecho no puede abandonar la realidad científica de que el sexo de la persona es su sexo biológico”.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por P.E.M.M. contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en la que solicitaba el cambio de sexo legal en su DNI y partida de nacimiento.

Decepcionante decisión del Tribunal Constitucional del Perú, que ha declarado infundada la demanda de amparo interpuesta por una mujer transexual contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de ese país (RENIEC). La mujer, que en el pasado se sometió a cirugía de reasignación y a la que otro tribunal ya concedió el cambio de nombre, solicitaba que le fuera reconocido además el cambio de sexo en su Documento Nacional de Identidad y en su partida de nacimiento. El alto tribunal peruano niega el cambio entre otros motivos porque ello supondría “admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

El Tribunal Constitucional de Perú afirma que la demandante “no presenta un caso de intersexualidad o hermafroditismo que, al momento de registrar su sexo, haya ocasionado un error que deba ser rectificado. Se trata de una persona transexual, es decir, de alguien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a su sexo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica dentro de los trastornos de la personalidad y del comportamiento”.

Según el Constitucional peruano, el hecho de que una mujer transexual solicite el cambio de sexo en los documentos oficiales “puede identificarse con aquellas tendencias que intentan romper con el modelo que afirma que el Derecho debe proteger jurídicamente lo que viene dado por la naturaleza humana, para ir hacia un modelo conforme al cual el género es siempre construido culturalmente y no debe respetar necesariamente la naturaleza. Se trata, pues, de una discusión filosófica-jurídica sobre los modelos que adopte el ordenamiento jurídico en las relaciones entre naturaleza y cultura, biología y Derecho, que no está cerrada”. Según afirma el tribunal, “mientras no haya certeza científica de que la cirugía transexual es el tratamiento más eficaz para el transexualismo y que, realizada ella, debe prevalecer legalmente el sexo psicológico sobre el biológico, el Derecho no puede abandonar la realidad científica de que el sexo de la persona es su sexo biológico”.

“Supondría admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo”

El Constitucional peruano va incluso más allá de la mera reducción de la realidad transexual a una condición patológica, al considerar que admitir el cambio de sexo “acarrearía, entre otras importantes consecuencias, admitir el matrimonio de personas del mismo sexo, pues P.E.M.M. [la demandante] podría reclamar cuanto sea inherente a la condición legal de mujer, y un transexual operado, a pesar del cambio externo, sigue teniendo el mismo sexo cromosómico. De esta forma, el TC estaría introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio entre personas del mismo sexo, incurriendo en un activismo judicial que contravendría los principios de separación de poderes”.

El Constitucional peruano, afortunadamente, sí ratifica la posibilidad de que las personas transexuales puedan cambiar su nombre como una forma de proteger ”el derecho a la identidad”: “este TC es del criterio, sostenido ya en la STC 2273-2005-PHC/TC, que en tutela del derecho a la identidad puede admitirse el cambio de prenombre, pero mantenerse intangible un elemento de identidad como el sexo de la persona”.

Dos magistrados se oponen a la opinión mayoritaria

La decisión del Tribunal Constitucional peruano no fue unánime, sino que fue adoptada por mayoría de cuatro magistrados contra dos. Estos últimos consideran que en el derecho internacional ya existen “diversas fuentes normativas que efectúan el reconocimiento de otros elementos distintos al biológico en la conformación de la identidad sexual (entre otros, el CEDAW [Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la que está adherida Perú], el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), es decir, reconocen a la ‘identidad de género’ como una identidad conformada por elementos distintos al biológico (psicológicos, sociales y culturales)”.

Los dos magistrados disidentes argumentaron que el derecho fundamental a la identidad posee una faceta estática (que no cambia con el devenir del tiempo) pero también una faceta dinámica, que cambia de acuerdo a la evolución y maduración de la persona; y que, en tal perspectiva, “la autonomía moral del sujeto solo puede ser respetada si el ordenamiento jurídico admite el reconocimiento de su identidad tal y como ésta es experimentada y vivida por el sujeto, y no conforme es impuesta por la sociedad”.

La demandante señalaba en su demanda que, mediante un proceso judicial de cambio de nombre, obtuvo que este fuera cambiado de un prenombre masculino (J. L.) a uno femenino (P. E).

En la demanda de amparo correspondiente, P.E. sostuvo que la “teoría del sexo psicosocial” considera la “subjetividad” del sexo al mismo nivel que el sexo biológico por lo que si el sexo morfológico no coincide con el psicológico, debe prevalecer este último.

Sin embargo, el Colegiado respondió que P.E.M.M. no presenta un caso de intersexualidad o hermafroditismo que, al momento de registrar su sexo, haya ocasionado un error que deba ser rectificado.

“Se trata de una persona transexual, es decir, de alguien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a su sexo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica dentro de los trastornos de la personalidad y del comportamiento”, indica el fallo del Tribunal Constitucional.

En este sentido, el fallo señala también que “mientras no haya certeza científica de que la cirugía transexual es el tratamiento más eficaz para el transexualismo y que, realizada ella, debe prevalecer legalmente el sexo psicológico sobre el biológico, el Derecho no puede abandonar la realidad científica de que el sexo de la persona es su sexo biológico”.

El Tribunal advirtió asimismo que declarar fundado el pedido de la parte demandante “acarrearía, entre otras importantes consecuencias, admitir el matrimonio de personas del mismo sexo”.

Agrega que en ese contexto P.E.M.M. podría reclamar cuanto sea inherente a la condición legal de mujer, “y un transexual operado, a pesar del cambio externo, sigue teniendo el mismo sexo cromosómico”.

Apenas conocida la decisión del TC, esta fue debatida y ampliamente comentada en las redes sociales de Facebook y Twitter.

Fuente Dosmanzanas y  Cáscara Amarga

Homofobia/ Transfobia. Cambio de nombre, CEDAW, Cirugía de reasignación, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Discriminación, Identidad de género, Naciones Unidas, Perú, RENIEC, Transexual, Transexualidad, Transfobia, Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de Perú