El Ministerio del Interior ha hecho público, por segundo año consecutivo, su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, referido a 2014 (que puedes descargar aquí). Los datos no son tranquilizadores: en 2014 se contabilizaron 1.285 delitos de odio, de los cuales el grupo más numeroso (513, un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Las cifras son peores que las de 2013 (aunque el Ministerio advierte que ello no significa necesariamente que haya habido más delitos), y se si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es inquietante.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha presentado este martes un informe referido a los crímenes de odio en España durante el pasado 2014, en los que se cometieron un total de 1.285. Del total, los delitos racistas se cifraban en 475 casos, los dirigidos contra los discapacitados en 199, por creencias religiosas en 63 casos, y actitudes antisemitas 24 casos -diferenciados de los religiosos ya que están tipificadas como tal en el Código Penal-, y un 0,9 de delitos de aporofobia, acciones contra mendigos. Sin embargo, la lista la encabeza y por goleada los delitos de homofobia y transfobia: 513 casos registrados.

Los delitos de odio se distribuyen en estas seis categorías siguiendo una clasificación internacional establecida por la Agencia Europea de Derechos Humanos, según ha explicado Fernández Díaz, y apuntó que pese a que en el informe se las llame delito alguna de las algunas de las conductas registradas en este informe tan sólo son consideradas faltas administrativas en las leyes españolas. Para el año que viene se contabilizarán también los delitos relacionados con violencia de género y los delitos de motivación ideológica. Tras esta afirmación, desde RAGAP nos preguntamos si dentro de esta violencia de género se incluirá también la violencia intragénero, la que se produce dentro de parejas del mismo sexo.

En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repiten son las agresiones de tipo sexual, un total de 308 repartidas en 157 abusos sexuales, 77 agresiones sexuales y 74 agresiones sexuales con penetración. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407). Los datos presentados en este informe reflejan un incremento del 9,6 por ciento de delitos de odio registrados durante el año 2013, algo que se justifica explicado que por primera vez se han integrado los resultados de todas las policías autonómicas.

Por distribución territorial, en lo que a los delitos LGTBfobos se refiere, las comunidades autónomas con mayor número de denuncias fueron Andalucía (188), Cataluña y Galicia (ambas con 43) y Baleares (41). Por provincias, una distribución más afinada, destaca muy singularmente Cádiz, provincia en la que se contabilizaron 115 incidentes, seguida de Sevilla (63), A Coruña y Baleares (41), Zaragoza (35), Barcelona (29), Madrid (26) y Valencia (20). Por el contrario, no se registraron incidentes en las provincias de Álava, Burgos, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel. No necesariamente esto último nos parece una buena noticia. Ello puede significar más bien que en estas provincias -al menos en algunas- hay una deficiencia en el reconocimiento de los incidentes. Resulta poco coherente, por mencionar un ejemplo llamativo, que Cádiz y Sevilla encabecen la clasificación provincial mientras que en las vecinas Córdoba, Huelva y Jaén no se haya contabilizado un solo delito…

Especial interés tiene ver el sexo de víctimas y agresores. En contra de lo algunos pudieran pensar, la mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denuncian fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas en el estudio, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Las cifras, como ya adelantábamos en el encabezamiento, suponen un empeoramiento respecto a las de 2013 (puedes descargar aquí el informe correspondiente a ese año), pero según el Ministerio del Interior no por ello debe deducirse necesariamente que haya habido más delitos, al haberse desarrollado en este tiempo programas de formación y sensibilización a los distintos cuerpos policiales, haberse establecido procedimientos operativos más eficaces (como la implementación de un protocolo de delitos de odio) y haberse hecho un mayor esfuerzo de acercamiento a las víctimas para que estas sean conscientes de la necesidad de denunciar lo sucedido.

Todo ello, según el Ministerio, puede explicar el que haya existido un mayor número de contabilizaciones sin que necesariamente haya un crecimiento real de las agresiones respecto al año anterior.

La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) ha hecho público un comunicado en el que celebra la continuidad en la recogida de datos por parte del Ministerio del Interior, pero recuerda que según sus propios datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La FELGTB ha pedido también al gobierno español que promueva una ley de protección integral contra los delitos de odio que regule las denuncias, su tratamiento y  el apoyo a las víctimas y ha aprovechado para insistir en su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. “Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley”, ha destacado su presidente, Jesús Generelo.

También la confederación COLEGAS ha reaccionado ante la publicación del informe. Esta organización considera ”muy positivo” que España se integre en la lista de los principales países de la Unión Europea “que recogen tan exhaustivamente los datos de incidentes sobre delitos de odio” pero recurre al mismo símil de iceberg para explicar que en esos otros países el número de incidentes registrados es mayor. “La infradenuncia es el principal caballo de batalla de las organizaciones LGBT y las fuerzas de seguridad (…) por lo que es crucial la plena colaboración entre sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad para aumentar la confianza mediante campañas específicas destinadas a la población LGBT. Desde COLEGAS animamos a la población LGBT a que denuncie cualquier tipo de incidente del que sea víctima por nimio que parezca, ya que es la única forma de que se luche contra la LGBTfobia social que aún permanece en la sociedad española a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad en los últimos años. También pedimos colaboración al resto de la población a que denuncie cualquier incidente del que sea testigo o tenga conocimiento”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

En el informe del Ministerio del Interior revela que en la Comunidad de Madrid se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013.

De los 102 delitos de odio registrados en la Comunidad de Madrid, 26 lo han sido por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Es un incremento de más del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. Desde la asociacíon madrileña Arcópoli afirman que “es necesario poner en perspectiva este dato con la situación de que, aproximadamente, el 90% de las agresiones por LGTBfobia que se producen no se denuncian, como pudo atestiguar esta entidad con los testimonios de las víctimas a las que ayuda“.

Igualmente destacan la importancia de tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.

Arcópoli ha exigido, como viene haciendo desde el pasado mes octubre, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones que han llegado hasta ellos. A este respecto, la asociación se ha reunido con la Directora General de Asuntos Sociales, con la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid. También han solicitado en numerosas ocasiones una reunión con RTVAM que no ha tenido respuesta.

“Sin embargo, el resultado continúa siendo infructuoso y, salvo Metro de Madrid, ninguna otra institución ha aprobado ninguna medida urgente para atajar este alarmante aumento de agresiones”, denuncian.

Además, desde Arcópoli han reclamado para la próxima legislatura una Ley Contra la LGTBfobia que dote a las entidades de herramientas para combatir las agresiones que, lejos de remitir, van en aumento en toda España, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Asimismo, han solicitado la implantación del protocolo policial Contra los Delitos de Odio y formación a la policía en este tema, para que conozcan las particularidades y sensibilidades de este colectivo, el más agredido en España.

El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que “una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.

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Manifestación Leemos en Andaluces.es:

Las organizaciones de transexuales lamentan el “precedente” marcado por el colegio San Patricio de Málaga, sobre el que la Fiscalía archivó la investigación y la Consejería de Educación no ha tomado por el momento ninguna medida

 Francisco Artacho / Sevilla / 26 feb 2014 1

 Nuevo caso de discriminación a una menor transexual en un colegio de Andalucía. En esta ocasión en la provincia de Cádiz, donde desde la dirección de un centro concertado de la congregación de las Hermanas de la Caridad se niegan a tratar a una alumna de seis años con la identidad sexual con la que se siente identificada, la femenina. La niña fue inscrita al nacer como niño. La denuncia ha sido realizada a andalucesdiario.es por la Asociación Nacional de Familias de Menores Transexuales Crhysallis, presidida por la cordobesa Eva Witt, que para mantener el anonimato de la menor y evitar el acoso mediático pide encarecidamente que no trascienda ni el nombre del centro ni la localidad.

 Desde esta organización aseguran que fue el pasado 10 de diciembre cuando la familia de esta menor comunicó al centro la intención de que la niña hiciera la transición, de niño a niña. El gabinete jurídico del centro, siempre según la versión de Crhysallis, informó a los tutores de la alumna de que el centro accedería a tal extremo solo en caso de que el fiscal de Menores así lo solicitara. Aseguran también que las peticiones ante la delegación de Educación en Cádiz han sido desatendidas. Sobre este nuevo caso la consejería de Educación no ha respondido todavía a este periódico.

 Este nuevo caso se conoce pocos días después de que otra menor, en la ciudad de Málaga, se haya visto obligada a abandonar el colegio concertado San Patricio, dependiente del Obispado malagueño, que se negó de forma desafiante a seguir las recomendaciones de la consejería de Educación para el tratamiento de alumnado transexual y darle un tratamiento digno. Estas recomendaciones básicamente consisten en permitir al alumno vestir el uniforme que desee (falda o pantalón), utilizar los baños que se correspondan al género con el que se sienten identificados y utilizar el nombre con el que el alumno se sienta representado.

 El AMPA del San Patricio ya ha dicho a los padres que el concierto no corre peligro y que el expediente está cerrado.

 Este nuevo centro se habría negado a seguir las pautas recomendadas después de conocer que la Fiscalía archivó el caso del San Patricio de Málaga y después de que la Junta no haya tomado, por el momento, medida alguna ante tal desacato. Witt afirmó que desde el gabinete jurídico de las Hermanas de la Caridad han llegado a afirmar que las recomendaciones de la consejería de Educación han quedado “invalidadas”. La presidenta de esta organización denuncia el “precedente” que se ha creado por el caso del San Patricio. “Han consentido que se discrimine a una menor, han dado vía libre a que se machaquen los derechos humanos sin que pase absolutamente nada”, sostiene Witt, que siente que los padres de niños transexuales han sido abandonados por la justicia y por la administración.

 ”ESTÁN HACIENDO UN PARIPÉ”

 Pero, ¿qué ha hecho hasta el momento la consejería de Educación para evitar estos episodios de transfobia en centros que reciben dinero público? Cuando al inicio del curso escolar la Fiscalía antidiscriminación de Málaga abrió diligencias para determinar si había discriminación en el trato a tres menores en tres colegios, la consejería envió las recomendaciones anteriormente mencionadas. Todos las siguieron sin problema, exceptuando el San Patricio y, ahora, el de las Hermanas de la Caridad.

 Ante la negativa del colegio malagueño a seguir las indicaciones de Educación el propio consejero, Luciano Alonso, anunció a mediados del pasado mes de diciembre que el Gobierno andaluz iniciaría “rápidamente” el expediente para quitar el concierto al colegio San Patricio, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria. Hace dos días, el pasado lunes, la delegada provincial de Educación, ante el propio consejero, anunció que a principios de marzo se iniciará la comisión para determinar si se retira o no el concierto.

 Desde los colectivos, Asociación de Transexuales de Andalucía, ATA, y Chrysallis, denuncian que la amenaza del concierto es solo eso, una amenaza que no llegará a más. “Todo está vendido y lo que hacen es el paripé”, denuncia Witt, que incluso da una fecha del día que la consejería y el San Patricio acordaron que este tema no iría a más: el pasado 27 de enero.

 La directora general de Educación fue desmentida por las asociaciones de transexuales.

 Ese día, según una circular del AMPA (Asociación de madres y padres) del San Patricio, a la que ha tenido acceso este periódico, se reunieron el secretario técnico de la fundación diocesana, Francisco José González, y el jefe de Servicio de Planificación de la delegación de Educación en Málaga, Marcelo Gaitán, “que actuaba en nombre y representación de la Delegada de Educación Patricia Alba”, según dicho documento. En esa reunión se habría alcanzado “un acuerdo de consenso” por el que dicho expediente habría quedado enterrado. “El expediente que iba a abrirse contra el colegio ya no existe y la previsible pérdida del concierto educativo no se llevará a cabo. Podemos quedar tranquilos pues el colegio seguirá teniendo concertados todos los niveles”, según se puede leer en este documento.

 SIN PROTOCOLOS EDUCATIVOS

 ATA denunció ayer que desde el pasado mes de octubre están esperando que la consejería ponga en marcha protocolos de actuación educativos para menores transexuales, como ya existen en Canarias. “Se los entregamos ya elaborados y ni nos han contestado”, explicó Mar Cambrollé, presidenta de esta organización. Sin embargo la directora general de la Junta de Andalucía, Elia Maldonado, al ser preguntada ayer por esta cuestión, no tuvo ningún tipo de reparo en afirmar que “se está trabajando con todas las asociaciones y la comunidad educativa” para que Andalucía también tenga un protocolo. Las asociaciones consultadas por este periódico desmintieron las palabras de Maldonado.

 LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN PIDE NO LLAMAR TRANSEXUALES A LOS NIÑOS TRANSEXUALES

 Preguntada sobre el caso del colegio San Patricio y las medidas a tomar por la Consejería, Maldonado pidió no llamar transexuales a los niños transexuales. “Les querría hacer un ruego (a los periodistas) ustedes si pueden no llamen niña transexual. Nadie se nos llama (sic) niño hetero, niño homo ni nada. Es un niño, que, una niña, que tiene un conflicto en un centro y ya está. Yo creo que estaría bien no demonizar y estigmatizar más a los niños”, dijo literalmente la directora general de Educación de la Junta de Andalucía.

 Según un estudio del Children´s Hospital de Boston, uno de los pocos centros del mundo que cuenta con una unidad especializada en atender a niños y adolescentes trans, éstos sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que niños y adolescentes de su misma edad no transexuales. Las cifras son mayores en aquellos casos en los que no se da un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyan en su proceso transexualizador, según informó el portal especializado Dos Manzanas.

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Me gustaría saber si miran con tanto escrúpulo otras donaciones… ¿No habrán recibido nunca dinero de fuentes oscuras? ¿Se niegan a recibir dinero de quienes recortan y recortan subvenciones y dependencias?…  ¿Se sienten cómodos en una Iglesia diocesana con tanto patrimonio? A esto se le llama HIPOCRESÍA. Leemos en Religión Digital:

La Asociación Andaluza para las Artes Escénicas y Audiovisuales (Escenopán) ha denunciado hoy la decisión de Cáritas Cádiz de romper el convenio firmado con ellos alegando “coherencia con los principios que rigen en la Iglesia”, en relación a una obra de teatro en la que un joven se enamora de un sacerdote.

Según ha señalado Escenopán en un comunicado, esta decisión, que hace alusión a la comedia musical “Diluvium”, supone romper un convenio por el que Cáritas iba a recibir los beneficios de esta obra y sus sucesivas representaciones para ayudar a combatir la pobreza, un objetivo que persiguen ambos colectivos desde distintos ámbitos.

La nota indica que el convenio ya suspendido tenía un carácter anual por el que Cáritas recibiría el 70% de los beneficios de las producciones generadas por el colectivo teatral durante todo el año.

La comedia musical “Diluvium”, la primera producción de Escenopán, es una adaptación libre del musical italiano “Aggiungí un Posto a Tavola” -que en los años 70 se puso en escena en España con el nombre ‘El diluvio que viene’-, escrita y dirigida por el sanroqueño Juan Carlos Galiana, en la que un joven se enamora del cura del pueblo (en la versión original es una chica la que se enamora del sacerdote), y éste se debate entre amar al chico o seguir con su tarea en la comunidad, mientras Dios le encarga la salvación de su parroquia ante un segundo diluvio.

La obra se estrenó el 31 de enero en el teatro Florida de Algeciras (Cádiz) con dos llenos absolutos, y las próximas funciones se desarrollarán en San Roque (Cádiz) el 22 y el 23 de febrero.

Cáritas ha decidido romper el convenio, firmado el 31 de diciembre, tras tener conocimiento del contenido de la obra.

En la carta remitida el 5 de febrero a Escenopán, en la que comunican la decisión, el colectivo afirma que “hace referencia expresa y única a la obligación que les vincula de velar por la coherencia entre las acciones de obtención de recursos y los propios fines institucionales que conforman a Cáritas como organismo oficial de la Iglesia“.

Escenopán se ha mostrado, sin embargo, crítico con esta decisión, ya que el colectivo apela a “la plena identidad entre el fin de lucha contra la pobreza y marginación social que desde un principio rige todas sus actividades, según recogen expresamente los Estatutos fundacionales, y los fines que siempre han determinado y determinan la acción y trayectoria de Cáritas en nuestro entorno social”.

El colectivo teatral, no obstante, “tiende la mano a futuras colaboraciones a Cáritas ya que siguen unidos por los mismos objetivos: la lucha contra la marginación social“, bajo la idea de “convertirnos en una fábrica de cultura para combatir la pobreza”. (RD/Agencias)

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