“Eso es lo que se merecen”, dijo a los periodistas en la empobrecida nación de África Oriental.

El presidente de Burundi alient la violencia homófoba. Évariste Ndayishimiye, en una intervención televisada, hizo a finales de año un llamamiento a la lapidación de las personas LGTBI, en una nueva escalada de la retórica de odio homófobo. Las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas desde 2009 en el país africano, y la situación de la comunidad LGTBI no ha hecho más que empeorar desde entonces. Un reciente informe de Amnistía Internacional denuncia el «entorno hostil» en el que tienen que desarrollar sus vidas.

El presidente de Burundi se unió el viernes al coro de sentimientos anti-LGBTQ+ entre los líderes del África subsahariana al pedir la persecución de los homosexuales en sus países. “Si queréis atraer una maldición al país, aceptad la homosexualidad”, dijo a los periodistas el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, según Reuters.

En un evento en la pequeña nación sin salida al mar al sur de Uganda en la provincia oriental de Cankuzo del país, donde respondió preguntas de periodistas y del público, Ndayishimiye comentó que los homosexuales en su país deberían ser detenidos y llevados a un estadio donde serían apedreados.  La diatriba homófoba se retransmitió por radio y televisión. Ante una pregunta sobre las parejas del mismo sexo, Ndayishimiye tachó la existencia de estas como una «práctica abominable». «Os digo la verdad», prosiguió, «si queréis traer la maldición a un país, hay que dejar casarse a las personas del mismo sexo», apelando a continuación a la leyenda bíblica de Sodoma y Gomorra. «Personalmente, pienso que si se ven ese tipo de individuos en Burundi, habría que ponerlos en un estadio y lapidarlos con piedras. ¡Y eso no sería un pecado para los que lo hicieran!», sentenció Ndayishimiye durante el evento: “Eso es lo que se merecen”, añadió.

Si bien los comentarios del presidente no tienen fuerza de ley, son una indicación de las crecientes actitudes anti-LGBTQ+ entre funcionarios gubernamentales y ciudadanos públicos que se han ido extendiendo en general por toda la región.

La presidencia de Ndayishimiye, que lleva en el poder desde 2020, se ha caracterizado en materia de derechos por la virulencia contra las personas LGTBI. En su discurso de inauguración calificó el matrimonio entre personas del mismo sexo como una «desviación social» y poco después sugirió que los países más afectados por la pandemia de la covid-19 eran los que apoyaban a la comunidad LGTBI. A comienzos del año pasado, hizo un llamamiento a «echar una maldición a las personas que se entregan a la homosexualidad» porque «Dios no puede soportarlo» y «Dios nunca tuvo la intención de [permitir los] matrimonios del mismo sexo».

Burundi, pequeño país africano densamente poblado de mayoría católica (el propio Ndayishimiye es descrito como un «católico ferviente»), sufre desde hace años una preocupante deriva hacia la violencia y la estigmatización de las personas LGTBI. Las relaciones entre personas del mismo sexo, tanto hombres como mujeres, están penadas desde 2009 con multas y hasta dos años de cárcel. Desde entonces se han documentado numerosos casos de arrestos y hostigamiento, que con frecuencia incluyen extorsiones por parte de la policía para conseguir sobornos de sus víctimas. En 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la detención de dos menores de edad por subir a Facebook un vídeo en el que aparecían bailando juntos.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe, con el contundente título de Nos enfrentamos a la extinción, en el que analiza la situación de la comunidad LGTBI en doce países africanos. Entre ellos Burundi, sobre el que alerta del clima de hostigamiento creciente y los arrestos arbitrarios. «El marco legal ha creado un entorno hostil para las personas LGTBI en el país, dejándolas vulnerables a la discriminación, el acoso y la persecución», reza el informe, que añade que «los comentarios incendiarios del presidente Ndayishimiye solo han servido para marginalizar y estigmatizar más aún a las personas LGTBI en Burundi».

Al igual que los líderes de las vecinas Uganda y Kenia, Ndayishimiye acusó a las naciones occidentales de imponer los derechos de los homosexuales en África a cambio de ayuda. “Que se lo queden”, dijo.

Los comentarios de Ndayishimiye se producen  tras la aprobación en Uganda de la segunda “Matar a los gays” en marzo, firmada con entusiasmo por el presidente de ese país, Yoweri Museveni, en mayo del año pasado. La ley, oficialmente titulada Ley contra la Homosexualidad, establece la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”, definida como actos entre personas del mismo sexo realizados por cualquier persona infectada con VIH o cualquier acto entre personas del mismo sexo que involucre a niños, discapacitados o una víctima coaccionada.

Quienes “promuevan” la homosexualidad en Uganda por cualquier medio, como proporcionar servicios o alquilar espacios a personas u organizaciones homosexuales conocidas, están sujetos a multas y penas de prisión.

Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Actualmente la ley está siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional del país.

 Tras la firma de Museveni, Estados Unidos anunció restricciones de visas y la expulsión de Uganda de un pacto comercial liderado por Estados Unidos por las “graves violaciones” de los derechos humanos y otros requisitos de elegibilidad del país.

El año pasado, los legisladores de Kenia, introdujeron una copia de la ley “Matar a los gays” que se abrió camino en el parlamento. La ley propuesta incluye la “expulsión de refugiados y solicitantes de asilo que violen la ley” y exigiría “psicoterapia y rehabilitación de delincuentes”, planteando la perspectiva de campos de reeducación y terapias de conversión forzada para personas queer.

La presentación del Proyecto de Ley de Protección Familiar de Kenia se produjo tras una cumbre de legisladores activistas anti-LGBTQ+ en Uganda en marzo organizada por Family Watch International, una organización con sede en Arizona comprometida con la difusión de la ideología anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. El grupo jugó un papel decisivo en la elaboración del proyecto de ley Kill the Gays original de Uganda en 2009.

A raíz de Uganda y Kenia, la legislación y los procesamientos anti-LGBTQ+ se han extendido a otras naciones africanas, incluidas Ghana, Zambia y Tanzania, donde las autoridades han prometido procesar a cualquiera que sea sorprendido compartiendo contenido LGBTQ+ en línea

Fuente LGBTQNation/Tetû

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Informe ILGA: En 2023 aumentaron en el mundo detenciones y persecución a personas LGBT

En 2023 aumentaron las detenciones y procesamientos a personas LGBT. Así lo demuestra “Identidades bajo arresto”, el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Las cifras reales son aún mayores.

Un nuevo informe de ILGA ha descubierto un aumento alarmante en el número de arrestos y procesamientos de personas LBTQ+ por participar en relaciones consensuales entre personas del mismo sexo y expresar diversidad de género.

En comparación con años anteriores, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) ha descubierto que en 2023 se ha registrado un aumento en los arrestos de personas LGBTQ+ por vivir como ellos mismos.

No solo eso, sino que el estudio determinó que el abuso y el maltrato policial a los detenidos ocurrieron en casi todos los arrestos LGBTQ+ documentados.

De acuerdo con la Our Identities Under Arrest (Nuestras identidades bajo arresto) Según el informe, a noviembre de 2023, 63 estados miembros de la ONU penalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. También señala que Uganda, en particular, ha sido dura con los ciudadanos LGBTQ+ con la introducción de su Ley contra la Homosexualidad.

Aunque el número de estados que penalizan los actos entre personas del mismo sexo ha disminuido constantemente durante la última década (Singapur, las Islas Cook y Mauricio despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo este año), el número de arrestos LGBTQ+ relacionados con la expresión de género o actos sexuales consensuales ha experimentado un “grave ” espiga.

ILGA sí señaló, sin embargo, que el número real de casos podría ser mucho mayor, ya que los registros formales a menudo son “inaccesibles o inexistentes” y, en muchos casos, estos arrestos o procesamientos nunca se registran o “se informan de manera poco clara y sesgada”. modales.”

En su investigación, ILGA revisó más de 1.000 casos de arrestos y enjuiciamientos LGBTQ+ a lo largo de dos décadas.

“Los países considerados ampliamente como ‘seguros’ o ‘tranquilos’ han experimentado cambios repentinos y con relativa poca antelación”, dijo la consultora de investigación Kellyn Botha.

“El creciente discurso de odio contra la diversidad sexual y de género –ya sea por parte de figuras políticas, líderes religiosos y comunitarios, también con la complicidad de los medios de comunicación– se convierte regularmente en represión o campañas organizadas, cuya duración, alcance y violencia no se pueden prever”.

Mientras tanto, países como Burkina Faso, Burundi, Comoras, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Jordania, Libia, Maldivas y Papua Nueva Guinea han visto muy pocos arrestos LGBTQ+ en los últimos años, pero ha habido un repentino aumento desde 2021.

Mientras que países como Kenia, Tanzania, Nigeria y Senegal han intentado “agravar la legislación existente”, otros como Irak, Níger y Malí han hecho nuevos esfuerzos para criminalizar oficialmente a las comunidades LGBTQ+ donde antes no existía ninguna ley anti-LGBTQ+.

El director de investigación de ILGA, Lucas Ramón Mendos, también señaló que, aunque la mayoría de las leyes anti-LGBTQ+ se centran en penalizar los actos consensuales entre personas del mismo sexo, en muchas jurisdicciones, “la forma en que una persona se viste, actúa o habla” a menudo la convierte en un blanco aún más fácil para la policía.

Mendos explicó que la policía suele considerar estos rasgos como “prueba” de “homosexualidad” y pueden ser suficientes para “justificar un arresto”, sin importar la identidad sexual o de género real del individuo.

“Es mucho más probable que alguien sea atacado por su apariencia o gestos disconformes que por cualquier acto sexual ‘ilícito’ verificable”, añadió.

Estos hallazgos demuestran que, en muchas partes del mundo, las comunidades LGBTQ+ viven “bajo una amenaza constante”, afirma el director de programas Guchaten Sandhu.

También demuestra aún más la gran importancia de ofrecer asilo a personas LGBTQ+, a pesar de lo que los exsecretarios del Interior puedan hacernos creer.

Sandhu comenta que la grave amenaza para las personas LGBTQ+ no sólo es real para “las poblaciones de base afectadas por oleadas repentinas de hostilidad, sino también para los solicitantes de asilo que, basándose en evaluaciones fallidas de seguridad, corren el riesgo de ser enviados de regreso a países donde serán perseguidos”.

⚠️ Nuevo informe de ILGA MUndo destaca fuertes aumentos en detenciones y procesamientos de personas LGBT y de género diverso. Los casos documentados muestran la naturaleza impredecible de estas detenciones y procesamientos judiciales. Lee más ➤ https://t.co/xrxwI1oUdk pic.twitter.com/K1FzPTtc57

— ILGA World (@ILGAWORLD) November 30, 2023

Para entender mejor cómo impactan estas leyes y estos datos a nivel político global y para nuestra región, planteamos algunas preguntas a Mendos.

–¿Qué análisis hacés sobre la situación política de los países que analizaron y las violencias que se desplegaron?

Lucas Mendos: Un patrón que se repite es la combinación de referentes políticos, líderes religiosos y medios de comunicación alineados en discursos anti-diversidad que muchas veces generan escalofríos. Desde los liderazgos políticos, religiosos y comunitarios, hay una instrumentalización sistemática de la diversidad como chivo expiatorio casi constante. Se utiliza para movilizar y escandalizar la opinión pública y muchas veces como estrategia de distracción de otros temas de la agenda política. En muchos de estos países, la diversidad sexual y de género termina siendo víctima de una manipulación que genera un caldo de cultivo para la proliferación de niveles altísimos de hostilidad, magnificados en el debate público, en las redes sociales, en las iglesias —que poseen un enorme poder de influencia— y en las calles. Si bien no forma parte del objeto principal del informe, el fenómeno de la desinformación y su potencial impacto en la percepción pública y las dinámicas políticas se deja ver en varios países.

-¿Cómo puede influir la recopilación de estos datos?

Es necesaria para demostrar que las leyes que criminalizan están muy lejos de ser leyes inactivas que “duermen” en los códigos penales, lo que muchos Estados aún sostienen cuando en la ONU se les pide que rindan cuentas al respecto. Y, por otro lado, en los países de recepción de personas refugiadas, los tribunales suelen tener estándares muy altos para reconocer que una persona LGBT está en peligro de sufrir persecución. El solo hecho de que haya una ley que criminalice no es considerado como una razón suficiente para dar asilo. Suelen demandar información sobre cómo se aplican en la práctica. Y es tan difícil conseguir esa información que muchas veces las solicitudes terminan siendo rechazadas. Porque las personas refugiadas no pueden demostrar que corren peligro de ser detenidas, procesadas y condenadas por su identidad. Con este informe ILGA pretende contribuir para que estos faltantes de información sean cada vez menos.

Cómo pueden contribuir los medios

-¿Qué recomendaciones hacen desde ILGA hacia los Estados, las sociedades y los medios de comunicación frente a las persecuciones a LGBTIQ+?

-Es imperativo que los Estados dejen de aplicar estas normas de manera inmediata. La urgencia radica en proteger los derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQ+ y poner fin a prácticas persecutorias. Como consecuencia necesaria, los ciento (si acaso no miles) de personas que hoy en día están privadas de libertad por estos “delitos” deben ser liberadas. Estas recomendaciones se han hecho a nivel del Examen Periódico Universal de la ONU, pero los países que criminalizan, hasta la fecha, las vienen rechazando sin excepción.

Como medida intermedia, hay quienes sostienen que los países podrían considerar la implementación de moratorias hasta que se logre la derogación efectiva de estas normativas. Esto proporcionaría un espacio temporal para la revisión y eliminación de leyes discriminatorias.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la aplicación de estas normativas en muchos países. Es esencial redefinir su rol para evitar contribuir a prácticas represivas, dejando de identificar posibles víctimas de persecución y desistiendo de la divulgación de información que pueda estigmatizar o desenmascarar a individuos por su orientación sexual. Al mismo tiempo, los medios pueden contribuir con narrativas inclusivas y respetuosas hacia la diversidad sexual y de género.

Violencia institucional en América Latina

–Si bien no está presente en el informe, ¿tienen conocimiento de cómo es la situación en otros países de América Latina?

-Lo que concurre en América Latina es que existen altos niveles documentados de violencia institucional que se siguen dando en países con leyes que ya no criminalizan, al menos de forma explícita. El informe se concentra en los países donde sí existen estas leyes opresivas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y las expresiones de género diversas, y esa es la primordial razón por la cual no hay países de América Latina en el informe. Si contáramos con más recursos nos gustaría en un futuro ampliar el ámbito del informe para cubrir todos los países.

La situación de Argentina

-¿Qué pensás sobre el avance de la ultraderecha en distintos países como en la Argentina y cómo puede impactar esto en la población LGBTIQ+?

-Viéndolo desde una perspectiva a nivel global, una de las preocupaciones más inmediatas es la legitimación del discurso de odio. Esto lo hemos observado en muchos países del mundo donde estos espacios políticos han ganado poder. Podría ser muy nocivo que personas que promueven mensajes discriminatorios ocupen posiciones de liderazgo porque esto tiene el potencial de normalizar y legitimar este tipo de discursos. En lo concreto, un punto crítico está en cómo esto puede permear a las fuerzas de seguridad donde ya cunde fuertemente el prejuicio contra la diversidad, y esto puede fácil y rápidamente traducirse en niveles aún mayores de violencia y discriminación institucional contra nuestras comunidades.

El poder ejecutivo define la política exterior del país. Esto puede tener un impacto palpable en la posición de Argentina como actor clave en temas de derechos humanos y diversidad a nivel internacional, tanto a nivel de la ONU como a nivel de la OEA, dos foros clave donde los temas de diversidad necesitan más que nunca de apoyo constante dada la enorme oposición cada vez más fuerte a estos temas. Argentina hoy en día no solo acompaña sino que muchas veces lidera estas iniciativas a nivel internacional y que deje de hacerlo sería sumamente preocupante.

Fuente PinkNews/Agencia Presentes

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 Un nuevo artículo de un medio de comunicación católico ha destacado la difícil situación de los refugiados LGBTQ+, para quienes cada día es “difícil y lleno de desafíos”. En un campo de refugiados, la mayoría de estos refugiados LGBTQ+ son católicos.

Doreen Ajiambo, corresponsal en África/Oriente Medio de Global Sisters Report, una publicación de National Catholic Reporter, detalló la experiencia de estos refugiados que viven en el campamento de refugiados de Kakuma, un campamento en el noroeste de Kenia que alberga a más de 200.000 refugiados de Etiopía, Sudán del Sur, Sudán, Somalia, Burundi, la República Democrática del Congo y Uganda.

Cientos de residentes LGBTQ+ en el campamento enfrentan discriminación y violencia persistentes. Para Nardi Niyongabo, un refugiado gay de Burundi, existe un “miedo constante” en torno a su identidad sexual. Niyongabo huyó a Uganda en 2013 después de que familiares y amigos lo atacaran físicamente por tener intimidad con su pareja. En 2017, se mudó al campo de refugiados de Kakuma en Kenia después de que el gobierno de Uganda intensificó su campaña contra los derechos LGBTQ+.

Según Niyongabo, muchos de los refugiados LGBTQ+ se identifican como católicos, pero la mayoría de los residentes cristianos del campamento no toleran a las personas LGBTQ+. A principios de año, un grupo de refugiados atacó físicamente a Niyongabo durante las oraciones vespertinas, dejándolo inconsciente y con una pierna rota. El ataque ocurrió después de que el catequista predicara sobre la naturaleza “demoníaca” de la homosexualidad. Niyongabo describió la experiencia:

“‘Pensé que este sería mi lugar más seguro, pero esas esperanzas se han desvanecido después de que los cristianos me atacaron recientemente en una iglesia’. Los refugiados LGBTQ viven con el temor constante de ser atacados o incluso asesinados. Muchas personas nos insultan; se burlan de nosotros y dicen que nos posee un demonio y un espíritu maligno de homosexualidad.’

“‘Tenemos miedo de ir a la iglesia o reunirnos con algunos líderes religiosos aquí, ya que la mayoría anima a la gente a atacarnos. Dicen que no estamos viviendo de la forma normal en que Dios nos hizo; lo que somos es pecado’”.

La historia de Niyongabo es solo una de muchas de las personas LGBTQ+ en el campamento. Una refugiada lesbiana que permaneció en el anonimato declaró:

“‘Nos enfrentamos a más problemas que otros refugiados. Somos discriminados e incluso a veces se nos niega la comida. Somos atacados constantemente, y si informamos a la policía oa los funcionarios del ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados], somos ignorados. Algunas lesbianas han sido violadas, pero cuando lo denunciaron, la policía les dijo que fueran a buscar a los perpetradores ellos mismos’”.

Actualmente, 32 de las 54 naciones de África criminalizan la homosexualidad. Ayer, Bondings 2.0 informó sobre las duras acciones tomadas por los obispos en Malawi y Costa de Marfil. En África Oriental se encuentran leyes particularmente duras y discriminatorias. Por ejemplo, aquellos que “practiquen o promuevan la homosexualidad” en Kenia pueden ser encarcelados hasta 14 años. En Uganda, una nueva ley permite que los condenados por “homosexualidad agravada” se enfrenten a la pena de muerte.

Si bien muchos en África apoyan estas leyes discriminatorias, el Papa Francisco ha apoyado abiertamente a la comunidad LGBTQ+, incluso afirmando que “ser homosexual no es un delito” a principios de este año. El P. José Padinjareparampil, director de Don Bosco Kakuma, una agencia de servicios sociales salesianos, ha estado trabajando para difundir la misión del Papa Francisco en todo el campamento, diciendo:

“‘Damos la bienvenida a todos a la iglesia sin importar cómo se identifiquen. Estoy hablando con otros líderes para asegurarme de que no discriminen a las personas LGBTQ. Siempre alentamos a todos a abrazarse y vivir en unidad porque la iglesia es la unidad en el cuerpo de Cristo’”.

El trabajo del Padre Padinjareparampil debe ser un modelo para todos los líderes católicos en esa área. Ningún individuo debería vivir una vida de “miedo constante”, ya que todos los católicos tienen el deber de oponerse a los abusos de los derechos humanos dondequiera que estén, especialmente en una situación como la de un campo de refugiados.

—Sarah Cassidy (ella/ella), New Ways Ministry, 17 de agosto de 2023

Fuente New Ways Ministry

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Margaret Court con la primera dama de Burundi Denise Bucumi en la apertura del consulado. (Centro de la vida de la victoria / Facebook

La homófoba y campeona de tenis Margaret Court es ahora la cónsul honoraria de la república africana de Burundi, donde las personas LGBT+ han sido torturadas y los niños homosexuales son expulsados.

Coqueta ha calificado anteriormente la homosexualidad como una “práctica sexual abominable”, ha comparado a los gays con Hitler, ha afirmado que las tenistas lesbianas “reclutan” a atletas más jóvenes y ha sugerido que los niños transexuales son “del diablo“. Fue nombrada Homófoba del Año en 2018 por GLORIAs por su dedicación a la homofobia.

Ahora se ha revelado que ella y su iglesia pentecostal han abierto un consulado en Australia para Burundi, que ha sido acusado de crímenes contra la humanidad, e incluso la oficina ha sido aprobada por el gobierno federal australiano. Fue inaugurado formalmente en julio de 2019 por Denise Bucumi, la primera dama de Burundi. El presidente del país, Pierre Nkurunziza, no pudo asistir porque si sale de Burundi, corre el riesgo de ser detenido por la Corte Penal Internacional.

Court, por supuesto, dirigió una oración en el evento en el que pidió “la unión de dos naciones“. Su marido Barry, que es el segundo cónsul honorario, insistió: “El lugar ha cambiado mucho”.

Según Yahoo, un portavoz de Supervivientes y Víctimas de la Dictadura de Burundi dijo: “Es muy preocupante que una famosa dama australiana acoja y apoye un régimen que mata a personas, discrimina a las personas LGBTI y utiliza la violación como arma”. Margaret Court es ahora cónsul honorario de un país acusado de “crímenes contra la humanidad“. El gobierno de Burundi hizo ilegal el sexo gay consensual en 2009, cuando firmó en secreto una prohibición. La homosexualidad sigue siendo punible en el país con hasta dos años de prisión.

Las víctimas están en prisión y se les pide que paguen grandes sobornos por su libertad, que muchos de ellos no pueden permitirse. El país africano fue uno de los 13 -incluyendo los Estados Unidos- que votaron en contra de una moción de la ONU en 2017 que proponía condenar la pena de muerte por homosexualidad. A partir de junio de 2011, los estudiantes pueden ser expulsados de la escuela si se sospecha que son LGBT+ y un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2012 encontró que un adolescente fue “atado a un poste” durante horas como castigo por ser gay.

Según Human Rights Watch, el presidente Nkurunziza y su régimen se han dirigido a todos los que perciben que se les oponen con “numerosos asesinatos, desapariciones, secuestros, actos de tortura, violaciones y detenciones arbitrarias“. En septiembre de 2017, una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas dijo que tenía “motivos razonables para creer que en Burundi se han cometido crímenes de lesa humanidad desde abril de 2015“.

Fuente Pink News

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Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

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Estalla la polémica en los Estados Unidos al alinearse con países como Iraq, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos al votar en contra de una resolución de la ONU que condena la pena de muerte a personas homosexuales, entre otros casos.

Presentada por ocho países: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza, el pasado 28 de septiembre se votaba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una resolución llamada The question of the death penalty (La cuestión de la pena de muerte, en español), en Ginebra, que era aprobada con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 13 votos en contra. Se trata de una resolución que condena la imposición de la medida capital cuando «se aplica de manera arbitraria o discriminatoria», condenando específicamente «la imposición de la pena de muerte como una sanción para formas específicas de conducta, como apostasía, blasfemia, adulterio y relaciones consensuadas con personas del mismo sexo». China, Iraq, Qatar, Japón, India, Egipto, Burundi, Botswana, Etiopía, Bangladesh, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a los que se ha unido igualmente los Estados Unidos, suscitando la polémica entre activistas y grupos en defensa de los derechos del colectivo LGBT.

«Los titulares, informes y comunicados de prensa sobre este tema son engañosos. Como nuestro representante ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra dijo el viernes, los Estados Unidos están decepcionados de tener un voto en contra en esta resolución. Esperábamos una resolución equilibrada e inclusiva que reflejara mejor las posiciones de los estados que continúan aplicando la pena de muerte legalmente, como lo hace Estados Unidos», explica el martes, 3 de octubre, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se veía obligada a explicar los motivos que les habían llevado a votar «no» contra esta resolución tras las protestas de numerosas asociaciones LGBT.

«Votamos en contra de esa resolución debido a preocupaciones más amplias con respecto al enfoque de la resolución para condenar la pena de muerte en todas las circunstancias (…). Los Estados Unidos condenan inequívocamente la aplicación de la pena de muerte por conductas como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio y la apostasía. No consideramos que dicha conducta sea apropiada para la criminalización», explica la portavoz.

Uno de los primeros en condenar este voto era Human Rights Campain, desde donde han agradecido las explicaciones de Nauert, lo que no impide que sigan preocupados «por el compromiso de Gobierno de Trump/Pence sobre los derechos humanos de las personas LGBTQ en el extranjero (…). Es preocupante que el liderazgo en esta administración no haya discutido esta posición en su explicación original para el voto ‘no’». Por su parte, Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA, afirma que «es inconcebible pensar que hay cientos de millones de personas que viven en estados donde alguien puede ser ejecutado simplemente por según a quien ama. Este es un momento monumental en el que la comunidad internacional ha destacado públicamente que estas horrendas leyes simplemente deben terminar».

Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, una organización global de derechos humanos LGBTQ, reconoce que el voto de los Estados Unidos sobre la resolución de los Estados Unidos puede haber sido malinterpretado, dado que según afirma «los Estados Unidos siempre se oponen a esta resolución sobre la pena de muerte, porque hace referencia a una moratoria global de la pena de muerte. Tanto Obama como Trump, siempre que la pena de muerte sea legal en los Estados Unidos, han tomado esta posición (…). OutRight reclamará a la administración de Trump por sus numerosas violaciones de derechos, sus muchos abusos de poder desde violaciones a LGBTI hasta la xenofobia, pero esta instancia en particular no es un ejemplo de una contracción del apoyo a los derechos LGBTI (…). Sería un error interpretar su oposición a una resolución de pena de muerte a un cambio en la política»

Ante la polémica suscitada por el voto negativo contra esta resolución, la propia embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikky Haley, defendía al día siguiente, 4 de octubre, a través de su cuenta de Twitter que «no hubo un voto por parte de los representantes de los Estados Unidos en la Naciones Unidas que apoyara la pena de muerte para los homosexuales. Siempre hemos luchado por la justicia para la comunidad LGBT». En un segundo tuit recordaba que «la votación que tuvo lugar en Ginebra es la misma votación que tuvo lugar en la administración de Obama. No fue un voto en contra del colectivo LGBT», añadiendo el hashtag Fact (Hecho, en español). Solo una semana después, este martes, 9 de octubre, Haley anuncia su intención de abandonar el cargo que ocupará solamente hasta final de año.

Fuente Universogay

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Burundi ha comenzado a detener a activistas y a personas LGTB en el marco de una persecución organizada de Estado. Dos de las víctimas son menores de edad y su “delito” fue subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. La policía de este país africano de mayoría católica identificó el lugar, en la comuna de Kamenge (provincia de Bujumbura Mairie), y arrestó a los jóvenes, entre otras personas acusadas de “homosexualidad” y de atacar la cultura y las tradiciones burundianas. Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica, ha condenado estas detenciones y señala que el objetivo de algunas de ellas es extorsionar a los arrestados para obtener un beneficio económico, mientras la policía los somete a todo tipo de abusos y vejaciones. La decisión del presidente Pierre Nkurunziza de intensificar la represión contra la comunidad LGTB coincide con la salida de Burundi de la Corte Penal Internacional, que será efectiva dentro de unos días.

Inspirado por las violaciones que otros Estados están llevando a cabo recientemente contra los derechos del colectivo LGTB en diversos países como Egipto, Acerbaiyán o Indonesia, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, se ha propuesto hacer cumplir el Código Penal del país, que desde 2009 criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y, por extensión, cualquier visibilización de la diversidad sexual o de orientación de género. En estos años se han cerrado asociaciones LGTB y organizaciones favorables a la igualdad de derechos y ahora se anuncia el comienzo de una etapa todavía más oscura para los derechos humanos de este pequeño país africano, durante el tercer mandato de Nkurunziza.

El periodista burundiano Bakari Ubena se hacía eco de las primeras detenciones de personas LGTB por su orientación sexual o identidad de género el pasado 6 de octubre, a través de su cuenta de Twitter. Ubena recogía las declaraciones de la policía en este sentido a varios medios locales.

Polisi ya #Burundi yatangaza kuwasaka na kupambana na watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja.Tayari watu kadhaa wamekamatwa.#LGBT pic.twitter.com/VFNSv9KFw0

— BAKARI Ubena (@BakariUbena) 6 de octubre de 2017

Entre las nuevas víctimas de la LGTBfobia de Estado hay dos menores de edad, detenidos tras subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. “Los conozco muy bien porque fui su director de proyecto de 2010 a 2013”, ha lamentado Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica. “Afortunadamente, pude dejar mi país debido a mi orientación sexual, ya que estaba en peligro debido a mi activismo”, ha declarado este letrado y activista. Los arrestados, según denuncian distintas fuentes, son sometidos toda clase de vejaciones con la finalidad de que paguen sobornos a la policía a cambio de su liberación.

Burundi: camino a una autocracia contraria a los derechos humanos

Human Rights Watch considera que la tercera legislatura de Pierre Nkurunziza “ha sumido al país en una espiral de violencia política y abusos generalizados de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad y los miembros del ala juvenil del partido gobernante, los Imbonerakure, atacan a los opositores”. También denuncian que “matan, violan, torturan, desaparecen forzosamente o maltratan” a civiles por motivos ideológicos o económicos.

Esta organización internacional define el sistema de justicia como “profundamente manipulado por el partido gobernante”, por lo que “la impunidad es generalizada”. En este clima, Burundi está a punto de dar portazo definitivo a la Corte Penal Internacional de la Haya, de la que solicitó en octubre del año pasado dejar de ser parte y que el próximo día 27 será efectiva. Esta retirada se produce por las graves acusaciones contra el Gobierno de Pierre Nkurunziza en materia de derechos humanos.

De hecho, el presidente de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Burundi, Fatsah Ouguergouz, lo acusa de “crímenes de lesa humanidad”. Se habla de más de 500 personas fallecidas como consecuencia de la violencia promovida por plataformas y personas afines al Gobierno y de, al menos, 300.000 refugiadas en otros países. Desgraciadamente, el colectivo LGTB es el siguiente en la lista negra del presidente Nkurunziza y sus secuaces. Burundi fue uno de los 13 países que votaron recientemente en contra de la prohibición de las Naciones Unidas de aplicar la pena de muerte a personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Estados Unidos único país occidental que ha votado en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pide acabar con la pena de muerte en los casos en que “sea discriminatoria”.

La resolución fue finalmente aprobada con el voto a favor de 27 países y 13 en contra.

Actualmente ser homosexual sigue siendo castigado con pena de muerte en Irán, Arabia Saudita, Sudán, Yemen, en los territorios de Irak y Siria ocupados por el Daesh y en algunos territorios de Somalia y Nigeria.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha votado para condenar la pena de muerte dictada sobre la base de la orientación sexual de las personas. Aunque la resolución se aprobó con 27 países votando a favor de la medida, 13 países, incluyendo a Estados Unidos, votaron en contra.

Sin embargo, esta resolución no pide el fin de la muerte como castigo, si no que pide a los países que tienen la pena de muerte que no la utilicen de manera “discriminatoria”. Concretamente, la medida solicita poner fin a la pena capital a personas con discapacidad intelectual, a menores de 18 años en el momento del crimen, a mujeres embarazadas, a causa de apostasía, blasfemia o adulterio y a las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo.

Aunque ya sabemos que estas resoluciones no sirven para casi nada, es muy grave que EEUU (y Japón, que también tiene lo suyo) hayan votado a favor de que las cosas sigan como están.  Como dijo Renato Sababadini, el director ejecutivo de la ILGA, después de la votación, “es inadmisible pensar que haya cientos de millones de personas que viven en Estados donde alguien puede ser ejecutado por el simple hecho de amar. Este momento es un hito en el que la comunidad internacional ha señalado públicamente que simplemente se debe terminar con estas horribles leyes“.

Hace más de una década, la ahora desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución similar. Sin embargo, esta resolución es la primera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Bangladesh, Botswana, Burundi, China, Egipto, Etiopía, India, Irak, Japón, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Estados Unidos fueron los países que votaron contra la resolución aprobada. Por su parte, el también previsible voto en contra de Rusia no pudo llevarse a cabo debido a que su papel en el bombardeo de ciudades sirias llevó a que al país le fuera negado un lugar en el Consejo en 2016.

Todos ellos, salvo Burundi que la despenalizó hace poco,  son países en los que se aplica (y en la mayoría con entusiasmo) la pena de muerte. Además en casi todos ellos  ser homosexual y las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales. En Egipto técnicamente no es un delito, aunque como estamos viendo estos días las autoridades se sacan de la manga cualquier tontería para perseguirte igual.  Esto se lo recordamos a toda esa gente que estos días nos está sorprendiendo cuando dicen, como en las mejores dictaduras, que si no quieres que la policía te pegue o te detenga lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no hacer nada ilegal.

André du Plessis, responsable del Programa de las Naciones Unidas y Defensa en ILGA, mostró su agradecimiento al “liderazgo de los ocho países que presentaron esta resolución: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza“. Por encima de todo, “se mantuvieron firmes en principio a través de una difícil negociación y período de votación“.

Ahora es tenemos que recordar, una vez más, que Estados Unidos ha votado en contra de pedir que se deje de castigar el ser homosexual con la pena de muerte, y  podemos estar seguros de que esto con Obama (o con Hillary, esa que según algunos era igual de mala o incluso peor) no hubiera pasado. A algunos les cuesta admitirlo, pero Trump no es amigo nuestro y ya se encarga de poner en los puestos adecuados a gente que lo demuestra con sus políticas, como por ejemplo Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Aunque no es la más reaccionaria entre las personas que rodean a Trump,  fue una de las que más virulentamente lucho contra el matrimonio igualitario en Carolina del Sur, de donde era gobernadora entonces.

Fuente | Gay Star News, vía Cáscara Amarga/EstoyBaliando

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Tras la derogación de las leyes homófobas de Nauru, Belice y Seychelles, las relaciones homosexuales siguen castigadas en 72 países y 4 territorios del mundo. Atendiendo a la religión mayoritaria en cada uno de ellos, la homosexualidad estaría penada en 38 de mayoría musulmana (el 50 %), en 33 países o territorios de mayoría cristiana (el 43 % del total) y en 5 cuya población profesa otras religiones (el 7 % restante). El número de habitantes que viven bajo regímenes que condenan la homosexualidad asciende a 2.326.265.000, un 31,5 % de la población mundial (estimada en 7.386.010.000 personas). De ellos, 488.045.000 lo hacen en países de mayoría cristiana (el 21 %), 434.987.000 en países de mayoría musulmana (el 19 %) y 1.404.039.000 en países que profesan otras religiones (el 60 %, un elevado porcentaje debido a la enorme población de la India). Sin embargo, los 13 países que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son de mayoría musulmana, o bien solo se aplica en los territorios donde rige la ley islámica. No hay ningún país que castigue la homosexualidad entre aquellos en los que su población mayoritariamente se declara no creyente o poco interesada en la religión.

Los datos de los países que penalizan las relaciones homosexuales se han recogido del último informe de ILGA, restando a Nuaru, Belice y Seychelles, que han despenalizado las relaciones homosexuales recientemente. Por otra parte, se han sumado territorios como Palestina/Franja de Gaza, no reconocido internacionalmente o el Estado Islámico; también provincias autónomas como las Islas Cook o los territorios con legislación homófoba de Indonesia. Para el dato de la población de cada país se ha tomado una proyección estimatoria de la población mundial al 01/07/2016. Podéis comprobar gráficamente estos datos en el siguiente mapa (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

Países de mayoría cristiana

Los 33 países y territorios de mayoría cristiana que penalizan las relaciones homosexuales representan el 43 % del total. Los 488.045.000 habitantes que albergan suponen el 21 % del total de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Hay que hacer la salvedad de que el presidente de Dominica aseguró en 2014 que no aplicaría las leyes homófobas, aunque aún persisten en su Código Penal. Muchas de estas legislaciones son herencia de las leyes coloniales británicas o francesas, pero la fuerte presión social (sobre todo proveniente de las organizaciones religiosas) hace que aún se mantengan.

Países de mayoría musulmana

Los 38 países y territorios de mayoría musulmana que penalizan las relaciones homosexuales representan el 50 % del total. Los 434.987.000 de habitantes que albergan suponen el 19 % del total de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Hay que tener en cuenta que en el Líbano existe una sentencia de un tribunal superior que considera que la legislación que castiga la indecencia no es aplicable a las personas homosexuales. En Irak no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual. Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra las personas LGTB como arma propagandística, si bien la población afectada está enmarcada en la de cada país ocupado. En Palestina/Franja de Gaza está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Indonesia no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en las provincias de Aceh y Sumatra Meridional.

Sin embargo, los 13 países o territorios que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son todos de mayoría musulmana: Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Mauritania, Pakistán, Somalia (en algunos estados del sur), Sudán, y Yemen. También Nigeria, pues aunque aparece en el listado de países de mayoría cristiana, la pena de muerte solo se aplica en los estados del norte donde rige la ley islámica.

Libia 6.330.000

Otras religiones

Aunque los cinco países que profesan otras religiones cuya legislación castiga las relaciones homosexuales solo representan el 7 % del total, la enorme población de la India hace que supongan el 60 % de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Se hace evidente así la dimensión extraordinaria de la decisión de la Corte Suprema india, que en 2013 ordenó que volvieran a considerarse delito las relaciones homosexuales, un dictamen que afecta a un país de más de mil millones de habitantes.

Fuente Dosmanzanas

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Islam, Judaísmo Aceh, África, América, Arabia Saudí, Argelia, Asia, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Comoras, Cristianismo, Discriminación, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estado Islámico, Etiopía, Europa, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Homofobia, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Islam, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Naciones Unidas, Namibia, Nauru, Nigeria, Oceanía, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina/Franja de Gaza, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Religión, República Turca del Norte de Chipre, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé, senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del sur, Sumatra Meridional, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabue

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasado jueves, por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género.

La creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Su aprobación no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

La votación en este caso fue la siguiente:

• A favor: Albania, Alemania, Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Francia, Georgia, Holanda, Letonia, Macedonia, México, Mongolia, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, Suiza, Venezuela y Vietnam.
• En contra: Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo.
• Abstenciones: Botswana, Ghana, India, Namibia, Filipinas y Sudáfrica.

El experto independiente cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El experto independiente deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

América Latina, su gran impulsora

Como hemos dicho más arriba, la creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Recibió además el apoyo de Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Venezuela, los cinco miembros latinoamericanos presentes en este momento en el Consejo. Resulta evidente que sin el impulso de América Latina la medida hubiera tenido mucho más complicado salir adelante.

Es obligado destacar también la contribución de organizaciones LGTB que bajo el paraguas de ILGA han trabajado codo con codo con los estados proponentes, como las chilenas Organizando Trans Diversidades y MOVILH, por mencionar a dos que han trasladado directamente a dosmanzanas su satisfacción por el logro. En la web de ILGALAC, la división latinoamericana de ILGA, puedes acceder al listado de todas ellas.

Sin duda, una razón más para estar orgullosos de nuestros compañeros de América Latina.

Fuente Dosmanzanas

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Como acostumbra desde el año 2006, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado este mes de mayo el informe anual que recoge la situación legal de las personas LGTBI en cada uno de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. 74 de esos países aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A ellos habría que sumar otros 4 territorios donde se persigue igualmente a la población LGTBI, aunque no sean reconocidos por la ONU o la legislación opresora no sea de ámbito nacional. En 13 países, bien sea en todo su territorio o en parte de él, la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales, en todos los casos por la aplicación de la sharia o ley islámica.

El primer informe titulado “Homofobia de Estado” elaborado por ILGA data del año 2006. En él se contaban 92 países y territorios en los que se perseguía legalmente a las personas LGTBI. En el memorándum de 2016 se cuentan 74, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas, o donde la persecución no es de ámbito nacional, pero sí lo suficientemente relevante en cuanto a la población afectada, por lo que la cifra asciende a 78 países y territorios.

El único país que ha despenalizado las relaciones homosexuales en este 2016 son las Seychelles, aunque la ley aprobada por su Asamblea Nacional aún no ha sido promulgada.

Las relaciones sexuales entre varones están penadas en los 78 países y territorios, mientras que las relaciones entre mujeres se castigan en 45 de ellos.

Los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo

A continuación os detallamos el listado de los países con homofobia de Estado institucionalizada, a los que se añaden algunos territorios no reconocidos por las Naciones Unidas, como Palestina/Franja de Gaza u otros donde la violencia contra las personas LGTBI está extendida, aunque se cometa por grupos insurgentes, como en el caso de Iraq o las zonas ocupadas por el Estado Islámico. También se incluye a Indonesia, que, aunque no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, sí que la mantiene en provincias de considerable población.

Añadimos por cada continente el dato más estremecedor, el de los 13 estados o territorios que establecen en sus leyes la pena de muerte para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

También mostramos los 17 países que, al margen de tener o no una legislación penalizadora de las relaciones homosexuales, castigan la difusión de información positiva sobre la homosexualidad (conocidas en Europa como “leyes contra la propaganda homosexual”), o que mantienen normativas “de moralidad” cuyo objetivo es coartar la libertad de expresión en lo que respecta a la información sobre orientación sexual.

Este es el mapa de los países del mundo en los que están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo, tomando como referencia la traducción al español del incluido en el informe de ILGA, con la actualización referente a las Seychelles (y una corrección, pues en el mapa original traducido al español han rotulado Letonia en vez de Lituania). Podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño:

África

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 33 países)

Las Seychelles aparecen en el informe de ILGA, pues su redacción es anterior al pleno de la Asamblea Nacional del pasado 18 de mayo, en el que mayoritariamente se votó por la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad. Si bien aún es preciso que esta decisión sea promulgada por el presidente, hemos eliminado al país insular de la lista.

ILGA en realidad no incluye a Egipto en su listado (aunque sí detalla la realidad legal egipcia en su informe), debido a una cuestión puramente formal, pues sus leyes no penalizan específicamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sin embargo, se utilizan los ambiguos términos “indecencia o libertinaje”, “conducta inmoral” u “ofensa a los sentimientos religiosos” para efectivamente castigar las relaciones homosexuales. En el último caso dado a conocer, once varones fueron condenados a 12 años de prisión por estos delitos. Las repetidas redadas contra homosexuales que se han difundido internacionalmente en los últimos tiempos, y de las que se ha dado cumplida cuenta, parecen motivo suficiente para que Egipto engrose la lista.

• Pena de muerte (en 4 países)

Mauritania, Nigeria (en los estados del norte), Somalia (en algunos estados del sur) y Sudán.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 7 países)

Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Túnez.

Asia

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 22 países y 4 territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Brunéi, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico, India, Indonesia (provincias de Aceh y Sumatra Meridional), Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina/Franja de Gaza, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

En los 26 países o territorios se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 13 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En Iraq no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual, incluso con la connivencia de sus fuerzas del orden. También se han denunciado casos de aplicación de la sharia por conducta homosexual por parte de los autoproclamados jueces islámicos.

Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra la población LGTB como arma propagandística.

En la Franja de Gaza y los territorios bajo dominio de Palestina, está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Desde que Hamas llegó al Gobierno en 2007, se han introducido en el cuerpo legislativo diversas propuestas para adaptar esas ordenanzas a la ley islámica, aunque ninguna ha sido aún aprobada. De llegar a convertirse en ley, los castigos y penas establecidos serían mucho más severos que los actuales.

Indonesia, como comentábamos anteriormente, no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en la provincias de Aceh y Sumatra Meridional, ambas de considerable población.

• Pena de muerte (en 9 países o territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Pakistán y Yemen.

La reforma del Código Penal de Brunéi de 2014, que se aplica por fases, establecía que en 2016 se castigarían con la pena de muerte por lapidación las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, según las fuentes de ILGA, todo parece indicar que el jefe de estado aún no ha promulgado la implementación de esta fase.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 8 países)

Arabia Saudí, Catar, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano y Siria.

Kirguizistán comenzó a debatir una ley que prohibía dar información positiva sobre la homosexualidad en 2014, aunque aún está en trámite. Sin embargo, tras el inicio de su debate, la situación de violencia social y policial contra el colectivo LGTBI adquiere tintes dramáticos.

América

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 11 países)

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

En los 11 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 6 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En los Estados Unidos, las leyes contra la sodomía fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo en 2003 (Lawrence vs. Texas), pero todavía aparecen en los textos legales de 13 estados: Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Kansas, Luisiana, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia. Los legisladores conservadores se niegan a derogar estas leyes y, en algunos casos, la Policía todavía intenta hacerlas cumplir. En los últimos años, más de una docena de personas LGTBI han sido detenidas por violar esas leyes, aunque los cargos fueron retirados por las fiscalías por ser legalmente inaplicables.

Oceanía

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 7 países)

Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu.

En los 7 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 2 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

Europa

Con la derogación de las leyes discriminadoras en la República Turca del Norte de Chipre en 2014, no existe ningún territorio europeo en el que las relaciones entre personas del mismo sexo estén penadas.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 2 países)

Lituania y Rusia.

Las leyes homófobas como la aprobada en Rusia, aunque teóricamente no penalizan las relaciones homosexuales o bisexuales, en la práctica están siendo utilizadas para estigmatizarlas y que queden reducidas a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad. A ello hay que sumar las continuadas agresiones hacia homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de grupos homófobos, cada vez más organizados.

En Lituania, sus leyes prohíben la manifestación y promoción de contenidos publicitarios que hagan referencia a la orientación sexual. Como en el caso ruso, sirven para impedir que se ofrezca información positiva sobre homosexualidad o bisexualidad, con el estigma social consecuente.

Otros países que han intentado promulgar leyes semejantes han sido Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, aunque finalmente han sido aplazadas, desestimadas o derogadas.

Fuente dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Aceh, África, América, Arabia Saudí, Argelia, Asia, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Comoras, Discriminación, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estado Islámico, Etiopía, Europa, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Homofobia, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Naciones Unidas, Namibia, Nauru, Nigeria, Oceanía, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina/Franja de Gaza, Papúa Nueva Guinea, Qatar, República Turca del Norte de Chipre, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé, senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del sur, Sumatra Meridional, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabue

ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado este mes de mayo su informe anual que recoge la situación legal de las personas LGTB en cada uno de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. Destaca la abrumadora lista de 75 países que aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A ellos habría que sumar otros 4 territorios donde se persigue igualmente a la población LGTB, aunque no sean reconocidos por la ONU o la legislación opresora no sea de carácter nacional. En 8 de estos países la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales.

El primer informe titulado “Homofobia de Estado” elaborado por ILGA data del año 2006. En él se contaban 92 países y territorios en los que se perseguía legalmente a las personas LGTB. En el memorándum de 2015 se cuentan 75, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas, o donde la persecución no es de ámbito nacional, pero sí lo suficientemente relevante, hasta alcanzar la cifra de 79 países y territorios.

Entre las bajas de la lista de países discriminadores que se han producido en el último año, destacan la de la República Turca del Norte de Chipre, que en 2014 despenalizó las relaciones homosexuales, siendo el último territorio europeo en hacerlo; también lo hizo Mozambique en su nuevo Código Penal, aunque la discriminación social de las personas LGTB persiste; Lesoto y Santo Tomé fueron otros dos territorios africanos que también eliminaron el pasado año el delito de homosexualidad en sus reformas legislativas; lo mismo sucedió en Palaos, el archipiélago situado en el Pacífico Occidental.

La lista más estremecedora es la de los países que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte: Mauritania, Sudán, Irán, Arabia Saudí y Yemen. A ellos habría que sumar algunas de las provincias de Nigeria y Somalia donde se aplica la sharia (o ley islámica), y los territorios de Iraq y Siria ocupados por el Estado Islámico. A todos ellos se unirá Brunéi en el año 2016, al entrar en vigor la tercera fase de su reforma del Código Penal, que establece la pena de muerte por lapidación para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

Los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo

A continuación os detallamos el listado de los países con homofobia de Estado institucionalizada, a los que se añaden algunos territorios no reconocidos por las Naciones Unidas, como Palestina/Franja de Gaza u otros donde la violencia contra las personas LGTB está extendida, aunque se cometa por grupos insurgentes, como el caso de Iraq o las zonas ocupadas por el Estado Islámico. También se incluye a Indonesia, que, aunque no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, sí que la mantiene en provincias de considerable población.

África

Angola, Argelia, Botsuana, Burundi, Camerún, Comoras, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libia, Malawi, Mauritania, Marruecos, Mauricio, Namibia, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Hay que hacer la salvedad de que el Gobierno de Malawi decretó en 2012 una moratoria en la aplicación de las leyes que penalizan la homosexualidad.

Asia

Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico, India, Iraq, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina/Franja de Gaza, Qatar, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

En Iraq no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual, incluso con la connivencia de sus fuerzas del orden. También se han denunciado casos de aplicación de la sharia por conducta homosexual por parte de los autoproclamados jueces islámicos. Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra la población LGTB como arma propagandística.

América

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

Oceanía

Indonesia (provincias de Aceh y Sumatra Meridional), Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu.

Europa

Con la derogación de las leyes discriminadores en la República Turca del Norte de Chipre, no existe ningún territorio europeo en el que las relaciones entre personas del mismo sexo estén penadas.

Sin embargo, leyes homófobas aprobadas en Rusia, aunque teóricamente no penalizan las relaciones homosexuales o bisexuales, en la práctica están siendo utilizadas para estigmatizarlas y que queden reducidas a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad. A ello hay que sumar las continuadas agresiones hacia homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de grupos homófobos, cada vez más organizados.

Otro país con legislación discriminadora es Lituania, cuyas leyes prohíben la manifestación y promoción de contenidos publicitarios que hagan referencia a la orientación sexual. Como en el caso ruso, la ley sirve para impedir que se ofrezca información positiva sobre homosexualidad o bisexualidad, con el estigma social consecuente.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Aceh, África, América, Arabia Saudí, Argelia, Asia, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Comoras, Discriminación, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estado Islámico, Etiopía, Europa, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, ILGA, Indonesia, Irán, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Naciones Unidas, Namibia, Nauru, Nigeria, Oceanía, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina/Franja de Gaza, Papúa Nueva Guinea, Qatar, República Turca del Norte de Chipre, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé, senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del sur, Sumatra Meridional, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabue