El pequeño estado de Rhode Island, en Nueva Inglaterra, se ha incorporado esta semana a la lista de territorios estadounidenses que ya prohíben las peligrosas e inútiles “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad. Este año 2017, de hecho, son ya cuatro los estados que han aprobado leyes en ese sentido: Nuevo México, Connecticut y Nevada lo han hecho en los meses previos. Una medida de la que en Europa Malta ha sido pionera. 

California fue el primer estado del país que en 2012, no sin controversia, aprobó la prohibición de las “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad hace un año) y los estados de Oregón e Illinois en 2015 y Vermont, el año pasado.

Este año, Nuevo México fue el primer estado en sumarse a la lista. Lo hacía en abril, después de que Susana Martinez, gobernadora republicana, decidiese finalmente sancionar la ley, aprobada por una legislatura de mayoría demócrata. Exactamente el mismo escenario que en Nevada, gobernada por otro republicano hispano de perfil moderado, Brian Sandoval, que el pasado 17 de mayo sancionaba la ley aprobada por una legislatura de mayoría demócrata. Días antes, el 10 de mayo, el demócrata Dannel Malloy, gobernador de Connecticut, rubricaba un texto similar, previamente aprobado por la legislatura de su estado (también de mayoría demócrata).

Ahora es el estado de Rhode Island el que ha decidido sumarse a la lista, con una ley que ha recibido el visto bueno de la Asamblea de forma unánime (69 votos a favor y ninguno en contra) y del Senado, también de forma casi unánime (31 votos a favor y solo 1 en contra). El texto prohíbe el uso de las llamadas “terapias” reparadoras o de conversión en menores, de forma que cualquier profesional sanitario que lleve a cabo estas prácticas o las publicite como efectivas se enfrentará a multas y a la posible pérdida de su licencia.

Algunas fuentes incluyen al estado de Nueva York entre los que prohíben también este tipo de intervenciones, pero conviene aclarar que en este caso la prohibición deriva de una orden ejecutiva de su gobernador, Andrew Cuomo, ya que el Senado de estado, controlado por los republicanos, no permitió la aprobación de una ley en ese sentido, que sí había recibido el visto bueno de la Asamblea. Es un grado de protección menor, ya que un futuro gobernador conservador podría suspender la prohibición de forma inmediata.

En Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera ha sido Malta, que aprobó una ley en este sentido el pasado diciembre. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la futura ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que esperemos finalmente se apruebe en la presente legislatura.

En cualquier caso, merece la pena recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de todo el país, emitía hace unos meses un comunicado en el que recuerda que las intervenciones que prometen “curar” la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo, las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras

A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

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Informa Dosmanzanas de que la fiscal general de Nevada (Estados Unidos) ha comunicado que no defenderá la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la Constitución del estado ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que deberá decidir acerca de la demanda interpuesta por ocho parejas del mismo sexo contra el estado de Nevada por prohibirles el derecho a contraer matrimonio.

Catherine Cortez Masto, la fiscal general de Nevada, ha experimentado un cambio radical en su postura sobre la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario. En enero causó gran polémica el informe que hizo llegar a la Corte de Apelaciones en defensa de la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la Constitución de Nevada desde 2002 mediante referéndum. La fiscal general argumentaba que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo era comparable a la prohibición de la poligamia o del incesto, argumento muy criticado por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB.

Sin embargo, pocos días después se dio a conocer una sentencia de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, en la que se dictaba que no se puede rechazar a un miembro de un jurado por razones de su orientación sexual. La sentencia otorgaba el mismo grado de protección a la orientación sexual que la establecida para el sexo o la raza, el más alto. Este grado de protección otorgado por la Corte de Apelaciones a la orientación sexual sirvió para que la fiscal general de Nevada reflexionara sobre sus argumentos acerca de la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario. “La reciente decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito parece afectar a los argumentos sobre el derecho a la igual protección y debido proceso realizados en nombre del Estado”, comunicaba Cortez Masto, añadiendo que evaluaría cuál sería la nueva posición de la Fiscalía General del estado de Nevada respecto al matrimonio igualitario.

Finalmente, el pasado 10 de febrero la Fiscalía General de Nevada comunicó la retirada de todos los informes presentados ante la Corte de Apelaciones y su renuncia a defender la prohibición del matrimonio igualitario. El gobernador de Nevada, el republicano Brian Sandoval, apoyaba la decisión de la fiscal general, declarando que le parecía evidente que los argumentos a favor de la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo no eran defendibles ante los tribunales.

La fiscal general de Nevada se equipara así a los fiscales de Virginia y Pensilvania, que también han rehusado defender ante los tribunales la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en sus estados. En el caso de Pensilvania, sin embargo, el gobernador Tom Corbett decidió contratar los servicios de un bufete privado para defender la prohibición estatal del matrimonio igualitario ante la justicia federal.

El matrimonio igualitario en Nevada

Con la renuncia de la Fiscalía de Nevada ha crecido el optimismo respecto a la derogación de la prohibición del matrimonio igualitario en el estado, sin dejar de ser prudentes acerca de la decisión de la Corte de Apelaciones, que es imprevisible.

Un dictamen favorable acortaría un proceso, el de la igualdad matrimonial de las parejas del mismo sexo en Nevada, que en todo caso parece inevitable. A principios de 2013, tanto el Senado como la Asamblea de Nevada aprobaron iniciar el proceso para eliminar la prohibición constitucional del matrimonio igualitario. Se trata sin embargo de un proceso de largo recorrido, ya que debe ser aprobado en dos periodos legislativos consecutivos antes de ir a referéndum en noviembre de 2016.

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