El Movilh lamentó lo ocurrido a la docente, quien  está a la espera de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que decidirá si condenar o no al Estado de Chile por impedirle hacer clases de religión en un colegio laico

La docente Sandra Pavez se jubiló sin que nunca más, desde el 2007, pudiese haber  ingresado a un aula a hacer clases de religión, luego de que la Corte Suprema y la Iglesia Católica le prohibieran ejercer solo por ser lesbiana, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que “Sandra terminó su vida laboral con un desenlace triste. Finalmente nunca más pudo ejercer la docencia pues la justicia aún no llega mientras este año ella jubiló. Nunca más pudo ejercer la profesión que tanto amó y que tanta satisfacciones le trajo. Sandra ha vivido uno de los casos de lesbofobia más graves e injustos conocidos por nuestra organización en 30 años de trayectoria. Un atropello inédito donde el Estado y la Iglesia actuaron como un solo poder para negarles sus derechos más básicos solo por amar a otra mujer”

“Esperamos que la Corte Interamericana de DDHH (Corte INH), que analizó el caso el 12 y 13 de mayo del 2021, dicte lo antes posible su sentencia, condenado al Estado de Chile, reparando el daño causado y exigiendo a los responsables de este brutal abuso a la dignidad humana que le pidan disculpas a Sandra”, añadió Zúñiga.

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía  sin ningún problema desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual.

“A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual”, recordó el dirigente del Movilh, Rolando  Jiménez.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación al prohibirle a una persona ejercer su profesión solo por ser lesbiana.

Más de una década  después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso aún en curso y donde la docente ha sido representada por los abogados pro bono Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH

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El Movilh, que se manifestó en el frontis de la Corte Interamericana de DDHH, lamentó la “fuerte arremetida del Estado y de los principales de Chile contra la docente”, sin embargo, consideró que “antes de finalizar el 2021 Pavez, con su fuerza y valentía, triunfará, haciendo historia para los derechos LGBTIQ+”

Entre ayer y hoy se desarrolló en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el juicio contra el Estado de Chile por impedir desde el 2007 a la docente Sandra Pavez hacer clases en razón de su orientación sexual, tras una decisión de la Iglesia Católica que fue amparada por diversos fallos en nuestro país.

El juicio se extendió por cinco horas, divididas entre ayer y hoy, siendo encabezado por la presidenta la Corte INH, Elizabeth Odio Benito. En la ocasión intervino Pavez y, a favor de ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los abogados Ciro Colombara y Branislav Marelic. En tanto, el Estado justificó que a la docente se le siga negando el derecho a hacer clases, argumentando que ella siguió recibiendo un sueldo, pues se mantuvo como inspectora general de un establecimiento educacional.

Fue justamente este último punto, uno de los más dolió Pavez. “El Estado se limitó a consultarme si había recibido o no sueldos desde el 2007 a la fecha, como si eso fuera lo relevante. Lo grave es el daño psicológico que he sufrido luego de me negaran el derecho a hacer clases y me impidieran ingresar a las aulas para educar”.

Con todo, Sandra se declaró satisfecha con las dos jornadas del juicio.  “Tengo confianza en la Corte Interamericana de DDHH. Creo que ellos fallarán por la no discriminación. Espero que la sentencia tenga un impacto positivo en las y los docentes LGBTIQ+ de Chile y América”.

En tanto, el dirigente del Movih, Rolando Jiménez, señaló que “la valentía y la perseverancia de Sandra; acompañada de un trabajo jurídico de excelencia desarrollado por los abogados Colombara y Marelic y por una contundente denuncia de la CIDH; hará historia para los derechos LGBTIQ+. Ella, optó por enseñar con la verdad, pero el Estado y las iglesias la condenaron por eso”

En tal sentido, Jiménez lamentó que “hasta hoy persista una fuerte arremetida contra los derechos de Sandra Pavez, pues no solo el Estado se ha movilizado a nivel internacional para que se le siga impidiendo hacer clases en Chile exclusivamente en razón de su orientación sexual. Lo mismo hicieron los principales credos de Chile y ONG´ ultraconservadoras de diferentes países que en los últimos meses presentaron diversos Amicus Curiae justificando que las religiones tienen el derecho e impedir que docentes hagan clases en Estado laicos solo por ser LGBTIQ+”.

“Igual de lamentable ha sido la indolencia del Estado chileno, que se ha limitado a reducir este juicio a aspectos económicos, importándole nada la dignidad humana. A tanto llegó su falta la delicadeza, que invitó a peritos que ni siquiera habían leído los fallos judiciales contra Sandra y, peor aún, que en sus presentaciones trataron al dictador Pinochet como “presidente”, para validar el Decreto 924 que este genocida dictó en 1984 para negar el derecho de docentes a hacer clases de religión si es que eran LGBTIQ+”, finalizó.

En paralelo al juicio, ayer y hoy activistas LGBTIQ+ se manifestaron en el frontis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, acusando a Chile de “lesbofóbico” y de “estar en deuda con Sandra Pavez”

Se espera que la Corte IDH dicte sentencia entre agosto y noviembre próximo.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Augusto Pinochet Ugarte, Branislav Marelic, Chile, Ciro Colombara, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Elizabeth Odio Benito, Movih, Rolando Jiménez, San José de Costa Rica

Corte Interamericana

Arranca hoy miércoles a las 10:00 A.M y continuará el jueves. El Movilh dio a conocer el programa. Los abogados colaboradores del Movilh y representantes la docente, Ciro Colombara y Branislav Marelic, explicaron el juicio y su transcendencia para la población LGBTIQ+.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) dio hoy a conocer el programa del juicio por lesbofobia contra Chile que tendrá lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los próximos miércoles y jueves, al tiempo que los abogados colaboradores de la organización y representantes de la docente Sandra Pavez ; los juristas Ciro Colombara y Branislav Marelic; explicaron los alcances del inédito proceso donde Estado e Iglesias se unirán por primera vez para negar derechos en razón de la orientación sexual de las personas.

El juicio será abierto a las 10:00 horas de este miércoles 12 de mayo por la presidente de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito; tras lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispondrá de 20 minutos para presentar el caso de Pavez, a quien un fallo de la Corte Suprema le impide desde el 2007 hacer clases en Chile solo por ser lesbiana.

Luego se procederá al interrogatorio de Pavez, contando con 20 minutos el Estado de Chile y otros 20 los representantes de la docente. En tanto, durante la declaración pericial de Rodrigo Uprimny Yepes se contará con 10 minutos para la presentación, 10 minutos para la CIDH, 15 minutos para los representantes de Pavez y 15 minutos para el Estado. Además, durante la declaración pericial de José Luis Lara Arroyo, habrá 10 minutos para la presentación; 15 para el Estado y 15 para los representantes de Pavez.

El juicio continuará el jueves 13 de mayo a las 10:00 horas, siendo abierta nuevamente por la presidenta de la Corte IDH. Luego se dará paso  a la declaración de  pericial de Estefanía Esparza Reyes, con 10 minutos de presentación, 15 para la CIDH, 15 para el Estado de Chile y 15 para los representantes de Pavez.

Finalmente, los representantes de Pavez dispondrán de 30 minutos para los alegatos,  al igual que el Estado de Chile, con 5 minutos adicionales de derecho a réplica para ambas partes. A esto seguirán 20 minutos para las observaciones de la CIDH y el cierre de la audiencia por parte de la presidenta de la Corte INDH.

El juicio tendrá lugar en un contexto donde todas las iglesias de Chile se han movilizado de forma inédita con unidad para que la Corte IDH falle contra Pavez, desenlace que también busca el Estado. “Nunca antes Estados e iglesias se habían unido motivados para legalizar la homofobia en un juicio internacional. Es un hecho tan impactante, como doloroso, que revictimiza a Sandra”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

El abogado colaborador del Movilh, Branislav Marelic, precisó que “el Caso de Sandra Pavez es muy importante para Chile porque aborda la discriminación por orientación sexual de una funcionaria pública; que es una profesora que no pudo ejercer su cargo de docente de religión por su orientación sexual”

Añadió que “esto se debe al Decreto 924 del Mineduc, vigente hasta la época, que faculta a las iglesias para quitar la idoneidad de los profesores de religión en el sistema público. Y a la víctima, en este caso, se le quitó la idoneidad solamente por ser lesbiana y nunca más pudo ejercer su trabajo de profesora de religión. Es una discriminación por donde se le mire. Por eso, este caso es muy importante y se va a resolver en la Corte Interamericana en Costa Rica”.

En tanto el abogado de Pavez, Ciro Colombara, apuntó que “durante décadas el  Movilh ha luchado por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Chile y también a nivel internacional. Durante toda su vida la profesora de religión Sandra Pavez luchó porque se respetase su dignidad y su orientación sexual como una persona lesbiana”

Añadió que  “los derechos de Sandra Pavez, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, fueron violados  el Estado de Chile hace mucho años atrás al discriminarla en su calidad de profesora de religión. El caso llegó hace 13 años al sistema interamericano de derechos humanos y hoy finalmente llega al tribunal más alto de derechos humanos la corte Interamericana, que va a dictar un fallo que va a reparar la dignidad de Sandra Pavez y va a reconocer los derechos de la Comunidad LGBTIQ+, como ha luchado el Movilh durante décadas”.

Fuente MOVILH

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El Movilh comunicó que tras un proceso de 14 años el juicio final tendrá lugar la próxima semana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “De ganar, Sandra vencerá a la lesbofobia del Estado y triunfará sobre la homofobia de las iglesias, un hecho inédito”, sostuvo el activista Rolando Jiménez.

Tras un proceso que se ha extendido por 14 largos años, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) comunicó hoy que los próximos 12 y 13 de mayo a las 10:00 horas el Estado de Chile será sometido a juicio por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) por prohibir desde el 2007 a la docente y ex monja Sandra Pavez ejercer clases de religión en nuestro país solo por ser lesbiana.

De esa manera, el juicio tendrá lugar en el Mes contra la Homofobia y la Transfobia que se conmemora en todo el mundo. En la ocasión Sandra será acompañada por Ciro Colombara, Branislav Marelic;  abogados pro bono que apoyan diversas causas del Movilh, y el histórico activista gay Rolando Jiménez.

Jiménez sostuvo que “estamos llegando al final de una larga lucha. Han sido 14 años de sufrimientos y discriminación para Sandra, quien pese a ser una profesora intachable fue impedida en 2007 de ejercer solo porque a juicio de  la Iglesia Católica su orientación sexual es incompatible con la docencia, apreciación que luego compartieron los tribunales de primera instancia y la Corte Suprema al fallar que por ser lesbiana nunca más podría ingresar a las aulas”.

Pavez, añadió Jiménez, “sufrió este abuso luego de ejercer durante más de dos décadas su profesión, ganándose el cariño y el respeto de toda la comunidad educativa, incluidos colegas, estudiantes, apoderados y directivos que hace más de una década se movilizaron junto a nosotros para revertir la determinación de la Iglesia. Ello no fue posible, y el resultado ha sido desastroso: Sandra nunca más ingresó a las aulas, su estado de salud se ha visto severamente empeorado con el correr de los años y, como si poco fuera poco, se encuentra a punto de jubilar. El daño causado por el Estado de Chile, en alianza con la Iglesia Católica, es brutal e inhumano”.

“Esperamos que este  gigantesco acto de lesbofobia sea reparado por la Corte IDH sancionando a Chile por discriminación, invasión a la vida privada y negación de los derechos al trabajo y a la protección judicial” apuntó el dirigente.

Jiménez puntualizó que “de ganar, Sandra vencerá a la lesbofobia del Estado y triunfará sobre la homofobia de las iglesias, un hecho inédito a nivel mundial. De perder, lo cual esperamos no ocurra, estaremos en presencia del acto lesbofóbico más cruel e injusto ocurrido en el sistema internacional de derechos humanos”.

El caso

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual. “A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual”, recordó Jiménez.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. Más de una década  después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso donde la docente ha sido representada por los abogados pro bono Ciro Colombara y Branislav Marelic, lo cuales han representdo diversas causas del Movilh.

Fuente MOVILH

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Santiago de Chile ha acogido este fin de semana una multitudinaria marcha por el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), bajo el lema «Basta de bla-bla». «Cuando las encuestas dicen que la mayoría los chilenos y chilenas respalda la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, las más de 80 mil personas asistentes hoy a la marcha demuestran ello. El país en su mayoría no tolera que existan familias de primera y segunda categoría», ha defendido la portavoz del MOVILH Daniela Andrade. Según un reciente estudio, el 64,5% de los congresistas está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% de la adopción homoparental, a pesar de que el presidente Piñera se niega a cumplir el acuerdo sobre matrimonio igualitario firmado en 2016 entre el Estado chileno y el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con la marcha, argumenta el activista chileno Rolando Jiménez, «también recordamos que el Estado de Chile firmó una acuerdo con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impulsar el matrimonio igualitario. Pese a que el Acuerdo es legal y vinculante, según lo señalado por la propia Contraloría General de la República, el Estado aún no cumple su promesa, lo cual es gravísimo, pues deja a Chile como un país que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos».

Según un reciente estudio del Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 183 de los 198 congresistas, es decir al 92,4% del total,  el 64,5% está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.

«Estas cifras coinciden con cálculos de nuestra organización y demuestran que aquí se debe pasar del discurso a la práctica. Si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto de ley no se discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla-ba», señala el responsable del MOVILH Oscar Rementería.

El conservador Piñera no quiere avances igualitarios

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género era aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Audiencia sobre matrimonio igualitario de la CIDH

Se la la circunstancia de que la CIDH ha convocado su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario. La histórica audiencia tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el marco de su 170 período de sesiones, que se desarrollará en Washington. La petición, a demanda de varios movimientos LGTB latinoamericanos, ha sido  coordinada precisamente por los abogados que representaron al MOVILH en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter, Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La audiencia fue solicitada por colectivos LGBTI de diversos países y por los abogados que representan al Movilh en su demanda internacional contra Chile por la prohibición del matrimonio igualitario.

En un hecho sin precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado a su primera Audiencia Temática sobre el Matrimonio Igualitario, tras una petición de colectivos LGBTI de distintos países, entre esos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La histórica audiencia tendrá lugar el 5 de diciembre del 2018 en el marco del 170 Período de Sesiones de la CIDH que se desarrollará en Washington, tras la petición de los movimientos LGBTI que fue coordinada por los abogados que representaron al Movilh en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter y Ciro Colombara y Branislav Marelic.

De esa manera, se analizará la CIDH analizará situación actual del matrimonio igualitario en las américas, así como los deberes de los Estados al respecto.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, declaró que “estamos muy felices y emocionados de que el matrimonio igualitario sea una temática de la máxima relevancia para la promoción de los derechos humanos al interior CIDH, como queda de manifiesto con la futura realización de esta audiencia”

Añadió que “sin duda la CIDH hará historia con esta audiencia que contribuirá a impulsar el matrimonio igualitario, lo cual es de especial relevancia para Chile luego de que el Gobierno se negara a cumplir un compromiso del Estado en estas materia, tras un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado con nuestra organización. Sin duda, el rechazo del Gobierno de Sebastián Piñera a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como ha ocurrido con su oposición a puntos claves del ASA, será uno de los temas relevantes de esta audiencia”.

Además del Movilh, la petición de audiencia sobre matrimonio igualitario fue solicitada por la Fundación Igualitxs de El Salvador, HDuarte Legal de El Salvador, Fundación Iguales de Panamá, Asociación Ciudadana Acceder de Costa Rica, Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, Visibles de Guatemala, Asociación Cozumel Trans de Honduras y AMA, de Estados Unidos.

Esta es la segunda vez que la CIDH accede favorablemente a una petición de audiencia temática sobre parejas del mismo sexo. La primera vez fue en 2009, cuando la CIDH celebró, tras una petición del Movilh, una histórica audiencia sobre las uniones civiles, dando paso a importantes medidas a favor de este tipo de legislaciones en América.

Fuente MOVILH

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Insultos fueron propinados por una representante de la Codepu.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) condenó hoy los insultos homofóbicos que una representante de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu, lanzó en una reunión contra dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En una carta dirigida al presidente del Movilh, Ramón Gómez, la directora del INDH, Consuelo Contreras, enfatizó que “repudiamos y condenamos cualquier forma de agresión en todos sus tipos y manifestaciones, especialmente las que sufrieron los señores Rolando Jiménez y Diego Ríos del Movilh por dichos homofóbicos el pasado 29 de enero en el Hotel Gran Palace”.

En relación a la propuesta del Movimiento LGBTI de generar un protocolo contra la homofobia o la transfobia, Contreras añadió que “agradecemos como INDH y tomamos en consideración la idea de Movilh para trabajar en la elaboración de una manual y protocolo cuya finalidad sea erradicar cualquier forma de violencia en toda su expresión que empañe la sana convivencia que como agrupaciones, organizaciones y corporaciones de derechos humanos tenemos el deber moral de dar el ejemplo”.

La reacción, que tuvo lugar luego de que Movilh solicitara un pronunciamiento, fue valorada por Gómez, “en tanto da la relevancia que amerita a un hecho tan grave como es que personas que se dicen defensoras de los derechos humanos desacrediten o insulten a otras en razón de su orientación sexual”. “Exigimos a la Codepu que esté a la altura de las circunstancias y sancione a la responsable de estos abusos, en vez de silenciarlos o ser cómplice de los mismos”, finalizó Gómez.

El pasado 29 de enero una representante de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo señaló en referencia a los dirigentes del Movilh, Rolando Jiménez y Diego Ríos, que “con estos maricones no se puede”, en el marco de una discusión por la destitución del abogado Branislav Marelic como director del INDH.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Branislav Marelic, Codepu, Consuelo Contreras, Diego Ríos, Homofobia/Transfobia, Instituto Nacional Derechos Humanos (INDH), MOVILH, Ramón Gómez, Rolando Jiménez

Luego de que activistas del Movilh  fueran tratados de “maricones” en una reunión convocada por el INDH.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), solicitó hoy a la directora del Instituto Nacional Derechos Humanos (INDH) medidas para prevenir y erradicar de la homofobia de las reuniones a la cual convoca la entidad.

Esto, luego de el pasado 29 de enero una representante de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu, señalara en referencia a los dirigentes del Movilh, Rolando Jiménez y Diego Ríos, que “con estos maricones no se puede”.

Los hechos ocurrieron en una reunión convocada en el Hotel Gran Palace por la directora del INDH, Consuelo Contreras, con el fin de abordar la destitución como cabeza de la entidad del abogado Branislav Marelic.

“Es alarmante que un espacio convocado por el INDH sea escenario de insultos, más aún cuando las ofensas tienen una connotación homofóbica. Es un deber ético y legal del INDH garantizar que los espacios a los cuales cita estén libres de cualquier tipo de violencia”, sostuvo el presidente del Movilh, Ramón Gómez.

En carta dirigida a Contreras, el Movilh expresó que “doble es nuestro malestar pues al denunciar en la misma reunión estos hechos el señor Jiménez, usted no tomó postura al respecto, ni tampoco llamó a erradicar este tipo de agresiones, lo cual es preocupante”. “Ningún conflicto, debate, discusión o diferencia, cualquiera sea la naturaleza de ésta, justifica recurrir a ofensas, menos a calificativos abiertamente homofóbicos que dañan la dignidad de las personas en razón de su orientación sexual”, añadió.

En ese sentido, el Movilh pidió a la directora del INDH “una condena clara y por escrito a este abuso” y “la generación de una circular, protocolo o carta donde se establezca que la discriminación no será tolerada en ningún espacio convocado por el INDH, haciendo clara referencia a todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio”

También el Movilh pidió a Contreras “que nos haga llegar en breve el nombre de la representante de Codepu responsable de este discurso de odio, para enviar nuestro reclamo formal a tal institución”, y que entregue el “acta completa de la reunión del 29 de enero, y en caso de existir, el audio con la grabación de esa cita”.

Con tales antecedentes en mano, el Movilh evaluará que otro tipo de acciones tomar.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Branislav Marelic, Codepu, Consuelo Contreras, Diego Ríos, Homofobia/Transfobia, Instituto Nacional Derechos Humanos (INDH), MOVILH, Ramón Gómez, Rolando Jiménez

Gays y trans fueron tratados de “caballos”, “perras”, “maricones” y “sidosos”, luego de que ganaran en tribunales distintos recursos por similares abusos. El Movilh concluyó que “Gendarmería es en extremo peligrosa para los derechos humanos de las personas LGBTI”

Nuevos abusos en razón de la orientación sexual e identidad de género propinados por gendarmes sufrieron personas privadas libertad, esta vez del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Los últimos atropellos afectaron a la interna trans Vicky Rosas Mendéz y a Cristofer Fidel Carrasco Galvez, en represalias por denuncias previas contra abusos homo/transfóbicos que fueron confirmados por tribunales.

Los hechos ocurrieron en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, donde los/as internos/as fueron tratados/as de “caballos”, “culiaos sidosos”, “perras” y “maricones” (Sic). Además, Vicky fue golpeada con un palo, y luego lanzada al suelo, recibiendo patadas por parte de al menos un funcionario de Gendarmería, mientras otros eran testigos pasivos de los abusos.

Los responsable de estos atropellos serían un sub-oficial identificado como Jorge González Roa y los capitanes de apellidos Mosalve y Valenzuela, quienes al presenciar los abusos nada hicieron para detenerlos.

Sólo en el 2017 se conoció de 13 casos de discriminación y torturas contra interno/as LGBTI en diversos penales del país, “todos los cuales fueron confirmados por tribunales. Hubo un total de cinco fallos, dos de la corte Suprema, que dieron la razón a los internos. Esto se suma a otros tres fallos del 2016”, indicó el Movilh.

“Contra todo lo deseable, los abusos han continuado, lo cual refleja que Gendarmería es una institución en extremo peligrosa para los derechos humanos de las personas LGBTI”, indicó el Movilh.

En ese sentido, el Movilh envió hoy una carta al director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas Flores, expresando repudio por lo ocurrido y exigiendo medidas inmediatas.

En paralelo, el Movilh solicitó al director del Instituto Nacional de Derechos (INDH), Branislav Marelic, que encomiende a sus representantes en Bíobío la intervención de la entidad para sancionar y prevenir nuevos abusos.

“Recibimos una rápida respuesta del señor Marelic, quien al instante designó a la abogada de la Unidad Jurídica Nacional, Marlenne Velásquez, para hacerse cargo de la denuncia y dar respuestas a las víctimas. Valoramos profundamente ello”, dijo Guzmán

Muy distinto es lo ocurrido “de Gendarmería, la cual ni siquiera acusa recibo de las denuncias, lo cual incrementa la gravedad de los permanentes daños causados por esta institución”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Biobío, Branislav Marelic, Centro de Cumplimiento Penitenciario, Cristofer Fidel Carrasco Galvez, Esteban Guzmán, Gendarmería, Instituto Nacional de Derechos (INDH), Jaime Rojas Flores, Jorge González Roa, Marlenne Velásquez, Unidad Jurídica Nacional, Vicky Rosas Mendéz

El Movilh reportó los hechos al Ministerio de Justicia y al INDH. Una de las mujeres trans afectadas ha sufrido 4 episodios de violencia en distintos penales del país en el plazo de un año y en todos los casos tribunales ha sancionado a Gendarmería de Chile.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunió ayer con el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, para denunciar violentos abusos y torturas propinados por gendarmes del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta contra internos/as gays y transexuales, hechos que han sido confirmados por el Tribunal de Garantía de la ciudad.

Los abusos afectaron el pasado 21 de diciembre a la pareja del mismo sexo R.O.O y C.C.G, así como a las mujeres trans V.R.M y M.P.B, está última especialmente afectada, pues desde hace un año viene padeciendo periódicas torturas en diversos penales del país, tras traslados decretados por tres tribunales a raíz de los atropellos.

Los abusos en el módulo 88 de la cárcel de Antofagasta “se tradujeron en golpes con pie, puño y luma propinados por funcionarios de Gendarmería, así como lanzamiento de agua con una manguera de bomberos y rociamiento de gas pimienta. Además los/as internos/as fueron obligados/as a desnudarse, junto con recibir continuos insultos en razón de la identidad de género y la orientación sexual, lo cual afectó especialmente la dignidad de las mujeres trans”, indicó el Movilh

Por esta razón, el magistrado del Juzgado de Garantía de Antofagasta, Marco Antonio Rojas, se vio en la obligación de ordenar el pasado 25 de enero el traslado de los internos/as a un penal de Arica, lo cual debería ocurrir en los próximos días.

“Expresamos nuestra extrema preocupación por estos hechos al subsecretario Mena. Se trata de atropellos que ya se han transformado en un lamentable y deleznable constante y que convierten a Gendarmería en un lugar peligroso para los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)”, sostuvo el Movilh.

El organismo añadió que “especial preocupación expresamos a Mena por la calidad de vida de la mujer trans M.P.B, pues ella ha sido previamente torturada y ofendida por su identidad de género en dos oportunidades en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio y en una en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bío-Bío, siendo esa la razón por la que fue trasladada a Antofagasta”.

“Aquí nos encontramos en un círculo vicioso, pues los jueces hacen lo que pueden ordenando los traslados a otros recintos penitenciarios, pensando que esa medida será para mejor, pero los atropellos continúan donde sean derivados los/as internos/as, quizás por represalias, por lo que hace falta una política más integral”, añadió el Movilh.

En efecto, el pasado 15 de enero del 2017, M.P.L.B, C.C.G, R.O.O y V.R.M, fueron además agredidos/as verbalmente por su orientación sexual e identidad de género por parte de un cabo de apellido Pezoa, quien los/as roció con gas pimienta y los/as amenazó con nuevos abusos si es que persistían con sus denuncias.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que en ese sentido, “el subsecretario Mena comprometió una investigación, ahora gubernamental, sobre los hechos, así como un reforzamiento de los convenios que nuestra organización tiene con Gendarmería y del trabajo conjunto que veníamos desarrollando con éxito hasta el 2015 con el Departamento de Derechos Humanos de esa entidad”.

Jiménez añadió que “todos abusos también los reportamos al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, a quien solicitamos que envié a sus funcionarios a fiscalizar lo que está ocurriendo en Antofagasta. Esperamos noticias sobre este punto en los próximos días”.

En uno de los atropellos, el de C.C.G ya había intervenido el INDH, que el inspeccionar la cárcel de Antofagasta, dio con cámaras de video, logrando acceder al registro audiovisual de los abusos.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Antofagasta, Branislav Marelic, Chile, Homofobia/Transfobia, INDH, Marco Antonio Rojas, MOVILH, Nicolás Mena, Rolando Jiménez

El Gobierno de Chile presentará una ley para aprobar el matrimonio igualitario en 2017

Así quedó establecido en un histórico acuerdo entre el Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Movilh.

El Gobierno y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual han llegado a un acuerdo para presentar una ley que incluya todos y cada uno de los derechos de los que disfrutan los matrimonios heterosexuales, incluidas la filiación y la adopción.

Con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acordaron ayer una histórica solución amistosa en torno a la demanda internacional por el matrimonio igualitario que abarca variadas medidas a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBTI)

El acercamiento se alcanzó en una cita encabezada por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Enrique Gil Botero, y que contó con la participación del director del Departamento de DDHH de la Cancillería, Hernán Quezada, de representantes de la Segegog y de Justicia y del Movilh.

El acuerdo de 6 páginas se conocerá en los próximos 20 días y es resultado de 29 meses de trabajo con 7 ministerios que se vieron intensificados en la última semana con la destacada participación de la Cancillería y del Ministerio Secretaría General de Gobierno que encabeza el vocero Marcelo Díaz.

En la cita Botero calificó “de histórico” el avance, destacando que la iniciativa garantiza la plena igualdad legal para las parejas del mismo sexo, con todos los derechos y deberes, pues eso es el “matrimonio igualitario. Sino, no sería igualitario”, dijo.

Junto con adelantar la fecha de presentación del proyecto de ley, la iniciativa contempla medidas en torno a otras propuestas legislativas y de políticas públicas de la población LGBTI.

“Valoramos profundamente la voluntad del Gobierno, de la presidenta Michelle Bachelet, de Díaz, de Quezada y de cada una de las autoridades que movidas sólo por la necesidad de erradicar la discriminación permiten este acuerdo. Damos especial agradecimiento a la CIDH que intermedió con éxito, demostrando una vez más que su labor es imprescindible en América”, indicó el activista del Movilh, Rolando Jiménez.

Tras varios meses de lucha legal coordinados por el Movilh y por los abogados Jaime Silva y Fernando Muñoz, el 4 de abril del 2012 la Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por tres parejas gays a las que el 25 de septiembre del 2010 el Registro Civil les había negado su derecho a contraer matrimonio en Chile

El 15 de mayo del 2012 el Movilh denunció al Estado de Chile ante la CIDH por estos hechos, contando con la representación legal de los abogados Ciro Colombara, Hunter Carter y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH

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