17 de abril de 2024. La situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en la región Caribe se ha complicado, desde el mes de febrero a la fecha en varios departamentos se registran una serie de amenazas y panfletos que ponen en riesgo la vida e integridad personal. En muchos de estos panfletos, las personas LGBTIQ+ fueron puestas como objetivos militares.

Esta ola de violencia plantea varios riesgos debido a la expansión de grupos armados al margen de la ley, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), hacia diversas regiones del Caribe y del país. En muchos de estos departamentos, se han establecido conductas que incluyen extorsiones con fines tanto de control social como de financiamiento, además de controlar el microtráfico. Esto se logra a través de la subordinación de una variedad de grupos delictivos, ya sea por medio de seducción o mediante el uso ejemplarizante de la violencia.

Estos grupos proponen una estrategia de eliminación social mediante una serie de homicidios selectivos, ejemplares y aleccionadores, dirigidos principalmente hacia individuos socialmente estigmatizados debido a su presunta participación en actividades ilícitas. Sin embargo, esta táctica podría expandirse para incluir a otros sectores poblacionales que, debido a su liderazgo social y comunitario, representen una amenaza para su dominio territorial.

Los homicidios selectivos llevados a cabo por actores en la región, dentro de un marco de exterminio social, se han complementado con acciones que podrían ser descritas como una “guerra psicológica”. Esto ha generado una atmósfera tensa que provoca incertidumbre y temor entre la población. Estas acciones incluyen la difusión deliberadamente caótica de panfletos amenazantes dirigidos a diversos sectores sociales, incluyendo a personas socialmente estigmatizadas.

A continuación, una descripción de hechos donde se han vinculado personas LGBTIQ+:

Cesar

En el departamento de Cesar, desde febrero hasta la fecha actual, se han registrado tres (03) panfletos amenazantes. El primero de ellos fue difundido el 28 de febrero de 2024, y se atribuye a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes declaran llevar a cabo una “limpieza social” en el municipio de La Loma (Cesar), empleando términos despectivos como “maricas y lesbianas” para referirse a personas LGBTIQ+.

Posteriormente, el 03 de marzo, se distribuyó el segundo panfleto, presumiblemente emitido por el Frente 41 Resistencia de Perijá del Estado Mayor Central. En este panfleto se incluyen amenazas dirigidas a líderes sociales y defensores de derechos humanos de los municipios de Becerril, La Jagua, Chiriguana, El Paso, Curumani y sus alrededores. Se establece que estos individuos están vinculados con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia como objetivos militares.

El tercer panfleto fue distribuido el 22 de marzo de 2024, nuevamente atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En este panfleto se menciona a varias personas, incluyendo al líder social Rafael Jiménez, a quienes se les otorga un plazo de 24 horas para abandonar el pueblo. Se les denigra utilizando términos como “maricas, machorras, travestis, engendros raros, enfermos”.

La Guajira

El 31 de marzo, en La Guajira, se difundió un panfleto atribuido presuntamente a los Conquistadores de La Guajira – Bloque Renacer, una facción de las Autodefensas Gaitanistas (AGC), quienes anunciaron un “exterminio social” dirigido a personas vinculadas con el Tren de Aragua, así como a individuos percibidos como LGBTIQ+.

En dicho panfleto, se utilizan términos despectivos y estigmatizantes para referirse a personas con diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Se califica a las personas LGBTIQ+ como “depredadores sexuales”, “violadores” y “propagadores de enfermedades de transmisión sexual”, revelando claros prejuicios arraigados.

El área de operaciones del grupo Conquistadores de La Guajira – Bloque Renacer se ha delimitado en las comunas 1, 4, 9 y 10 de Riohacha, La Guajira, así como en los municipios de Albania, Maicao y Uribía. Entre las personas amenazadas se encuentra Mary Cruz, una líder trans y pionera en la defensa de los derechos de las personas trans en La Guajira.

Bolívar

El fin de semana del 06 de abril, individuos adscritos a un grupo armado conocido como “Los Ángeles Negros“ en el municipio de El Carmen de Bolívar amenazaron, violentaron e intentaron raptar a mujeres trans trabajadoras sexuales. Estos intentaron subir a varias mujeres trans en una camioneta blanca, ante la resistencia les sacaron armas y dijeron palabras amenazantes.

Estas amenazas indican que las mujeres trans trabajadoras sexuales están siendo particularmente vulnerables a estas amenazas, poniéndolas en una situación de riesgo extremo. Estas mujeres, ya enfrentadas a la discriminación y la estigmatización, ahora se enfrentan a la amenaza adicional de la violencia por parte de este grupo armado.

El miércoles 10 de abril, un miembro del Sujeto de Reparación Colectiva fue interceptada por personas miembro de “Los Angeles Negros”. Estos le abordaron en motocicleta con armas de fuego, quienes le abordaron y le manifestaron que debía callarse y quedarse quieto, so pena de asesinarlo. Posteriormente, el fin de semana del 13 de abril, amenazaron a las personas LGBTIQ+ a otra lideresa trans en el municipio, a la cual le mencionaron que por sapa seria asesinada,

Vale destacar que hace aproximadamente un año, panfletos y amenazas directas también circularon en el mismo municipio, dando lugar al asesinato de la líderesa trans, Dania Sharit Polo Solorzano, quien también hacía parte del ‘Colectivo LGBTI de El Carmen de Bolívar’, tercer sujeto de reparación colectiva reconocido en el país por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), tras el reconocimiento de los impactos diferenciados que vivieron las personas LGBTIQ+ en este municipio en el marco del conflicto armado.

El 14 de abril otro panfleto amenazante en Turbana (Bolívar), presuntamente por las Autodefensas Gaitanista de Colombia, donde se realizan las intimidaciones van dirigidas a consumidores de estupefacientes, jíbaros, líderes comunitarios, personas LGBTI e incluso señalan con nombre propio a algunos habitantes de este grupo poblacional.

Magdalena

Desde febrero 08 de 2024, el municipio de Zona Bananera y Ciénaga, el comunicado es atribuido al Clan del Golfo y aparece membreteado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Como era de esperarse, la preocupación y la zozobra invadieron a los habitantes del municipio quienes se preparaban las festividades que se aproximan.

Con posterioridad, para la semana del 26 de febrero, circuló un panfleto intimidante en el municipio de Ciénaga, Magdalena, en el que se aseguraba que se iba a acabar con la vida de varias personas de esta población. En este municipio, se acaba con la vida de violadores, ladrones, jíbaros, consumidores, atracadores, se enuncian a personas LGBTIQ+, etc.

El 14 de abril, UN panfleto intimidante firmado, al parecer, por el Ejército Gaitanista de Colombia del Bloque Arístides Mesa Páez se encuentra circulando desde la mañana de ayer en el municipio de El Banco, Magdalena.

Fuente Caribe Afirmativo

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La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar sancionó al Juez Décimo Civil (Ramiro Flórez Torres) con inhabilidad de 15 años para el ejercicio de la función pública.

11 de abril de 2024. Después de cerca de cuatro años, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar sancionó al Juez Décimo Civil (Ramiro Flórez Torres) con inhabilidad de 15 años para el ejercicio de la función pública. Esta sanción se debe a que este juez, en agosto de 2020, se negó a celebrar un matrimonio civil entre dos mujeres en Cartagena. Además, responde a la solicitud de la Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar de investigar el comportamiento del funcionario.

Días después de que la pareja acudiera al juzgado décimo civil municipal de Cartagena con la intención de llevar a cabo su unión civil, el mencionado juez respondió: “Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano. (…) No es discriminación, es comprensión de las normas que nos rigen. Hay que conocer a Dios para saber la dimensión del juramento que se hace al momento de la posesión como servidor público, y esto se logra por el conocimiento de la Palabra de Dios, la biblia”.

Tras lo ocurrido, en su momento manifestamos nuestra indignación y completo rechazo hacia la situación, pues la respuesta del juez Flórez Torres sí estuvo fundamentada en prejuicios y estuvo totalmente alejada de fundamentos constitucionales, respetuosos y garantes de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Del mismo modo, brindamos acompañamiento jurídico a la pareja afectada, de la mano del Centro de Conciliación de la Fundación Universitaria Colombo Internacional (Unicolombo), en Cartagena, logrando su unión civil en 2021.

La reciente sanción está también apoyada por la respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, donde reconoce que el juez Flórez Torres se negó de forma arbitraria a realizar el procedimiento, a pesar de que la Corte Constitucional ha reiterado la protección sobre la autonomía y la unión marital de parejas del mismo sexo.”Los servidores de la Rama Judicial desempeñan funciones públicas, no pueden excusarse en razones de conciencia para abstenerse de cumplir con sus deberes constitucionales y legales”, detalló el magistrado Luis Guillermo Ramos en la decisión, hablando en nombre de la Comisión.

Caribe afirmativo reconoce como favorable esta sanción, pues el mencionado juez no solo negó el derecho a la igualdad a una pareja del mismo sexo, sino que su decisión también puedo haber contribuido a prácticas prácticas de discriminación y alimento prejuicios sociales. Es pertinente que esta decisión deje lecciones aprendidas y no se siga poniendo en riesgo los derechos adquiridos y reconocidos en Colombia para las personas LGBTIQ+, tanto al matrimonio igualitario, como a gozar de una ciudadanía plena.

Fuente Caribe Afirmativo 

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La zona más crítica es la Costa Caribe. / Andrés Torres

Organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país amenazan y desplazan a líderes de esa comunidad. Sectores del gobierno y las ONG trabajan para visibilizar los casos y atacar la discriminación.

“Teniendo presente la difícil situación de conflicto armado interno por la que pasa el país, en la cual hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley, los sectores sociales LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado”. Así lo revela un reciente informe elaborado por el Ministerio del Interior, en el que se evidencia la preocupante situación de seguridad que vive esta población en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia las Farc y las bandas criminales.

Según el ministerio, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los que se les conmina a desplazarse de sus lugares de residencia so pena de ser asesinados. Aunque las amenazas se han presentado en ciudades como Bogotá y Barrancabermeja, la zona más golpeada por este fenómeno es la Costa Caribe, donde se han recibido 19 panfletos desde 2012 firmados por los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena.

Justamente, el pasado 9 de julio los Comandos Urbanos de los Rastrojos le enviaron un panfleto a varios defensores de derechos humanos del departamento del Atlántico, en el que los declararon “objetivo militar”. Entre ellos se encuentra Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo, una organización que defiende los derechos de la población LGBTI. En el documento se lee que esas personas serían asesinadas por “no apoyar la avanzada de la seguridad democrática y por defender los derechos humanos de los campesinos, desplazados, maricas, lesbianas y mujeres violadas por las extintas Auc”. En otro panfleto sin fecha, recibido este año, la misma organización armada ilegal amenazó con “dar muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que además de las amenazas “hay mucha presión por parte de las Farc y de grupos paramilitares en los Montes de María, en el Golfo de Morrosquillo y en La Guajira. En Cartagena y Barranquilla las bandas criminales amenazan, prohíben el uso del espacio público y utilizan a las personas LGBTI en el marco de la guerra por el tráfico de drogas”, lo cual ha generado desplazamientos forzados y temor en la región. Además, “se han presentado seis muertes violentas en lo corrido de este año en el Caribe, casos de abuso policial y agresiones de particulares en Barranquilla, en zona bananera del Magdalena y en Montería”.

El informe del Ministerio también reporta casos de discriminación en los que personas LGBTI fueron expulsadas de centros comerciales, retiradas de parques, iglesias, plazas y zonas de prostitución, y otros en las que fueron objeto de “burlas y expresiones agresivas” en escenarios de participación política. Respecto a los homicidios, “el mayor número se presenta contra mujeres trans, que son abordadas en la calle o en sus sitios de trabajo, como peluquerías o salones de belleza”. Igualmente, se han presentado casos de tortura ejercidos “a través de violaciones a mujeres lesbianas por parte de victimarios presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares”.

La sistematicidad de la violencia contra esa población ha hecho que la Fiscalía incorpore un enfoque diferencial en sus investigaciones, lo cual permitió la priorización de los homicidios de mujeres trans en Sincelejo y Maicao. Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes, teniendo en cuenta que de los 202 hechos que conoce el ente acusador, tan sólo siete se encuentran en etapa de juicio y ocho han recibido sentencia condenatoria. Al respecto, Wilson Castañeda opina que “esto es muy contraproducente, porque se manda un mensaje a la sociedad civil de que no son relevantes las violencias contra la población LGBTI y un mensaje de tranquilidad a los victimarios, de que no les va a pasar nada si afectan a esa población”.

A ello se suman las dificultades de las entidades estatales para atender de manera diferenciada los casos en que se ven involucradas personas de esa comunidad. Según Natalia Sorzano, coordinadora del Grupo de Minorías del Ministerio del Interior, “no ha habido el primer caso que tenga un agravante punitivo en el que se diga ‘esto fue por odio’. Se viene trabajando con la Fiscalía en identificar si por el hecho de que la víctima sea una persona LGBTI el presunto victimario debe demostrar que el crimen no fue por homofobia, con el fin de que no se le genere un agravante punitivo. Estas particularidades deben incidir en los protocolos de investigación; son vacíos que existen en la institucionalidad, en las leyes y en toda la construcción jurídica del país”.

Según el informe, otra de las preocupaciones son las denuncias sobre “abuso de autoridad, fuerza desmedida, burlas y agresiones” por parte de la Policía contra mujeres trans y hombres gais. Al respecto, el teniente coronel Alexánder Collazos, coordinador del área de Derechos Humanos de la institución, asegura que “se siguen implementando acciones de prevención en el interior de la Policía y diagnósticos regionales para proteger a esta población”. Se espera que el 21 de diciembre el Ministerio del Interior presente un proyecto de política pública nacional que dé respuesta a las necesidades en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos de la población LGBTI, duramente victimizada y excluida.

Via EL ESPECTADOR

mflorez@elespectador.com

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