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Colegios católicos de Colombia expulsan a sus alumnos por ‘conducta homosexual’

Lunes, 22 de septiembre de 2014
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colegio_hijas_cristo_rey_homofobiaCómo es posible que sigan existiendo este tipo de códigos

Varios colegios de Bogotá estipulan en sus códigos de conducta que las personas LGTB pueden ser castigadas con “la expulsión” o la “terminación del contrato de matrícula” si muestran su orientación sexual tanto dentro como fuera de las instalaciones del colegio.

Pedro M. Bravo

La prensa colombiana se está haciendo eco estos días de los estrambóticos códigos de conducta que aún hoy ostentan, y cumplen, los colegios Corazonista, Hijas de Cristo Rey y Margarita Bosco, en Bogotá, así como en los del María Auxiliadora y el Gimnasio Británico, de Chía, donde la homosexualidad provoca que se castigue al niño o adolescente con la expulsión del colegio y el término de la matrícula.

Para estos colegios, que los menores sean personas LGTB son “faltas muy graves o de especial gravedad”, por lo que, bajo estas premisas, están en pleno derecho de no permitir que las víctimas continúen con su formación en esos centros.

Estos insólitos códigos han tomado relevancia debido a que, hace unas semanas, un adolescente homosexual se suicidó como consecuencia de los abusos a los que había sido sometido por el propio centro escolar en el que estudiaba.

Desde los periódicos colombianos se preguntan cómo es posible que sigan existiendo este tipo de códigos, máxime cuando las leyes prohíben que se discriminen a las personas LGTB.

Así, ponen de ejemplo que una ley de 2013 pide que esos manuales de conducta “identifiquen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”, así como abogar por “respetar la diversidad”.

Por otro lado, la ‘ley antidiscriminación’, como es conocida, de 2011, indica que quien “impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual” será condenado a entre 1 y 3 años de cárcel, máxime si el ataque es contra menores. Pese a todos, estos colegios actúan con total impunidad.

Fuente Cáscara Amarga

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Un adolescente gay se suicida tras el infierno que la dirección de su colegio le hizo sufrir

Miércoles, 10 de septiembre de 2014
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sergio-urregoUn nuevo suicidio de un adolescente LGTB, esta vez en Colombia. Sergio David Urrego, un joven gay de 16 años, se quitó la vida el 4 de agosto tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno a raíz de que el colegio católico en el que estudiaba descubriera una foto de ambos besándose. Su historia ha salido a la luz tras la entrevista concedida a El Espectador por sus padres, Alba Reyes y Robert Urrego. El joven, se lanzó al vacío desde una terraza de un centro comercial.

Sergio estudiaba bachillerato en el Gimnasio Castillo Campestre, un colegio privado de orientación católica de Bogotá cuyo lema es “Aquí le ayudamos a alcanzar sus sueños”. En mayo, un profesor le decomisó un teléfono móvil con una foto en la que se besaba con su novio, un chico de su mismo curso de nombre Danilo. El centro les acusó de cometer una falta grave. La psicóloga los citó el 12 de junio, junto a la coordinadora de turno y cuatro docentes más, para que explicaran su relación y les contaran a sus padres que estaban citados para hablar del tema. Una amiga de clase recuerda que estaban  temerosos de su reacción. Sergio lo contó primero a su padre y luego a su madre. Ninguno de ellos lo juzgó o discriminó. Muy diferente fue la reacción de los padres del otro chico, al que retiraron de las clases.

El 20 de junio, Sergio y su madre acudieron a la cita acordada. La rectora Amanda Azucena Castillo les preguntó por el padre. Alba Reyes le explicó que no había podido asistir, a lo que la rectora le respondió que entonces Sergio no podía volver a clase. “¿Está violando mi derecho a la educación?”, le llegó a preguntar Sergio a la rectora. Ella le respondió desafiante que sí. El 1 de julio, su madre interpuso de hecho una queja contra el colegio ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, denunciando la discriminación sufrida por su hijo y la negativa a entregar sus calificaciones.

La última reunión entre el colegio y los padres de Sergio tuvo lugar el 12 de julio. A ella asistieron la rectora, el director, la psicóloga y una profesora. La madre les reprochó que no se tuviera la misma actitud frente a las parejas heterosexuales del colegio que también se toman fotos en sus celulares. La rectora afirmó que este caso era distinto porque constituía un caso de acoso sexual. Sergio lo negó, sorprendido. Sus padres pidieron pruebas de dicha acusación. La rectora Castillo les respondió que no las tenía en ese momento y les advirtió que la única forma de que el joven volviera a clase era que presentara un certificado de acompañamiento psicológico todos los meses hasta el día de su grado.

El 14 de julio, ya después del receso escolar de mitad de año, el padre de Sergio llevó el certificado al colegio para que su hijo por fin reanudara sus clases. Pero al día siguiente, mientras Sergio esperaba que lo recogiera el bus, la psicóloga lo llamó y le dijo que el documento no cumplía con los parámetros requeridos y que no podría volver al colegio. “Llamé desesperada al psicólogo para decirle que me ayudara a corregir los certificados porque no querían dejarlo entrar. Yo ya veía muy angustiado a Sergio por todo esto”, cuenta su madre.

Finalmente, los padres de la pareja de Sergio interpusieron una demanda contra él por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven. Sus padres decidieron entonces cambiarlo al colegio en el que había estudiado primaria. Su directora, Olga Milena Jankovich, recuerda a Sergio como el mejor estudiante que ha tenido y relata como él le contó la situación y le pidió consejo, porque “lo único” que quería era terminar el bachillerato.

Sergio se quitó la vida tras dejar pruebas de su inocencia

El 4 de agosto, tras regresar de un viaje, la madre de Sergio encontró en su casa varias notas que su hijo había dejado preparadas. “Esta carta se ha escrito con el fin de esclarecer ciertos datos acerca de la denuncia de acoso sexual que han puesto los padres de mi expareja. Lo hago de manera escrita debido al suicidio que he cometido y porque no quiero que los 16 años de vida que tuve se hallen con una oscura mancha llena de mentiras”, comenzaba una de ellas. Sergio había decidido acabar con su vida lanzándose de la terraza de un centro comercial.

En sus notas Sergio rechazaba de plano la acusación de acoso. “En la memoria de mi celular y en el escritorio de la pc quedan dos pantallazos de nuestras conversaciones en Whatsapp que demuestran que él no se sintió acosado en ningún momento, pues respondía con naturalidad a los mensajes. También hay pantallazos de la conversación que él tuvo con un amigo después de que les contara a sus padres sobre su orientación sexual, en los que escribió que estaba vuelto mierda debido a la posición que tomó su madre después de recibir la noticia (…) Él puede confirmar la veracidad de toda esta información, así como los testigos de nuestros actos (cuando había). Nunca en mi vida he acosado sexualmente a nadie, me parece un acto reprochable”, dejó escrito.

“Hoy espero lean las palabras de un muerto que siempre estuvo muerto, que caminando al lado de hombres y mujeres imbéciles que aparentaban vitalidad, deseaba suicidarse, me lamento de no haber leído tantos libros como hubiese deseado, de no haber escuchado tanta música como otros y otras, de no haber observado tantas pinturas, fotografías, dibujos, ilustraciones y trazos como hubiese querido, pero supongo que ya puedo observar a la infinita nada”, escribió en otra de las notas, luego de pedir que donaran sus órganos y que no lo enterraran con curas ni oraciones. También quiso disculparse con su abuela: “Nunca deseé morir antes que ella, pero esto ya no da más. En realidad pido unas muy sinceras disculpas por esto”.

El viernes 8 de agosto fue el funeral. Una de sus compañeras recuerda que ese día acudieron 40 de los 42 estudiantes de 11 grado del colegio. Días después el colegió reunió a los estudiantes. La psicóloga les pidió que fueran discretos con lo sucedido. La rectora les dijo incluso que como no habían pedido permiso para ir al velorio tendrían que reponer el día de clases perdidas un sábado. Al parecer la rectora no lamentó en ningún momento la muerte de Sergio, al que se refirió como anarquista, homosexual y ateo (condiciones todas ellas que el joven expresaba públicamente).

Diferentes sectores realizarán un plantón el próximo viernes frente al colegio para denunciar, entre otras cosas, el acoso del centro al joven. Sus padres aseguran además que no descansarán hasta limpiar su nombre, motivo por el cual presentarán una tutela con el apoyo jurídico de la organización Colombia Diversa.

“Mi sexualidad no es mi pecado, es mi propio paraíso”, puede leerse aún en el Facebook de Sergio.

En este enlace puede escucharse una entrevista radiofónica a una de sus compañeras de Sergio en la que cuenta lo sucedido.

La ministra de Educación, Gina Parody, se refirió hoy al caso del estudiante Sergio Urrego, cuyo suicidio ocurrió el pasado 4 de agosto, pero sólo trascendió este domingo por revelaciones de la prensa. “Es un doloroso ejemplo de lo que no puede ocurrir en Colombia, las escuelas se deben convertir en un territorio de paz. Los colegios pueden ser autónomos pero sus manuales de convivencia no pueden violar los derechos de la Constitución” dijo Parody a los periodistas.  Parody dijo que el Ministerio de Educación acompañará a las autoridades en la investigación y advirtió que, de ser necesario, se impondrán las sanciones “que pueden ir desde una amonestación hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento” del colegio, según un comunicado de su despacho.

El colegio se manifestó por primera vez sobre el caso en un mensaje en su cuenta de Twitter este domingo, cuando la noticia salió en la prensa. “Lamentamos lo sucedido con Sergio Urrego, estamos esperando la solvencia del caso en manos de las autoridades”, indicó la institución en el mensaje.  La rectora del colegio, Amanda Castillo, dijo este lunes a La W Radio que en esa institución se respeta “la intimidad de los seres humanos” y aseguró que “nunca hubo presión ni discriminación por ser homosexual”.

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Población LGBTI tendrá política pública

Lunes, 8 de septiembre de 2014
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5c1f12b0811a09dc558f01ab5bb02ce7Anuncia el ministro del Interior

Juan Fernando Cristo asegura que antes de finalizar el año Colombia protegerá los derechos de esta comunidad.

“Una política pública para los LGBTI no se va a dar porque el ministro lo haya dicho”: Juan Florián, director de la Fundación Procrear.

El Gobierno de Colombia respaldó a la comunidad LGBTI al anunciar ayer que este año tendrán una política pública.

Ante una comisión legislativa de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reiteró que el Gobierno expedirá medidas para prevenir, proteger y sancionar la violencia contra esta población. El ministro reconoció que la intervención del Gobierno frente a este tema ha sido demorada. Sin embargo, aclaró que sí existe “un compromiso de comenzar a trabajar de inmediato”.

Cristo dejó clara la posición del Gobierno ante el tema y confirmó la necesidad de mejorar la seguridad y reducir los ataques a la comunidad LGBTI que para el año 2012, según el último estudio de Colombia Diversa, fue de 87 homicidios y 28 hechos de violencia policial.

La postura de Juan Florián, director general de la Fundación Procrear, que trabaja con poblaciones en alta vulnerabilidad como la LGBTI, señaló que “el tema de la política pública para esta población no se va a dar porque el ministro lo haya dicho. La comunidad viene buscando su espacio para hacerse visible desde hace más de cuatro años”.

Florián comentó que en el país se han abierto espacios de discusión con mesas de trabajo, en donde la comunidad ha planteado los temas centrales que debe incluir esta política pública. Algunos de los más importantes son la salud, que implica mejorar la atención en los hospitales y la capacitación del personal, la participación e inclusión de este grupo en las distintas esferas de la sociedad, y la protección de los derechos fundamentales que requiere atender los altos índices de homicidio a los que están sujetos en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.

“El país está crudo en entender las dificultades que atraviesa esta comunidad”. Así lo expresó el experto, y remató al decir que “más que de admirar y de felicitar los anuncios del ministro, esto es una obligación del Estado”.

En la última década el debate sobre los derechos de las parejas del mismo sexo ha estado en la agenda pública y en las últimas semanas ha estado marcada por la orden de la Corte Constitucional al ICBF, para tramitar una solicitud de adopción de un menor por una pareja de lesbianas, y por la demanda de pérdida de investidura contra las congresistas de la Alianza Verde, Angélica Lozano y Claudia López, ante una supuesta unión de hecho que las inhabilitaría para desempeñar sus cargos.

Fuente El Espectador

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Colombia: Comunidad LGBTI es víctima de las bacrim

Viernes, 1 de agosto de 2014
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6e1d5bba1200b487a30a5d32ee63490eLa zona más crítica es la Costa Caribe. / Andrés Torres

Organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país amenazan y desplazan a líderes de esa comunidad. Sectores del gobierno y las ONG trabajan para visibilizar los casos y atacar la discriminación.

“Teniendo presente la difícil situación de conflicto armado interno por la que pasa el país, en la cual hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley, los sectores sociales LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado”. Así lo revela un reciente informe elaborado por el Ministerio del Interior, en el que se evidencia la preocupante situación de seguridad que vive esta población en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia las Farc y las bandas criminales.

Según el ministerio, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los que se les conmina a desplazarse de sus lugares de residencia so pena de ser asesinados. Aunque las amenazas se han presentado en ciudades como Bogotá y Barrancabermeja, la zona más golpeada por este fenómeno es la Costa Caribe, donde se han recibido 19 panfletos desde 2012 firmados por los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena.

Justamente, el pasado 9 de julio los Comandos Urbanos de los Rastrojos le enviaron un panfleto a varios defensores de derechos humanos del departamento del Atlántico, en el que los declararon “objetivo militar”. Entre ellos se encuentra Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo, una organización que defiende los derechos de la población LGBTI. En el documento se lee que esas personas serían asesinadas por “no apoyar la avanzada de la seguridad democrática y por defender los derechos humanos de los campesinos, desplazados, maricas, lesbianas y mujeres violadas por las extintas Auc”. En otro panfleto sin fecha, recibido este año, la misma organización armada ilegal amenazó con “dar muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que además de las amenazas “hay mucha presión por parte de las Farc y de grupos paramilitares en los Montes de María, en el Golfo de Morrosquillo y en La Guajira. En Cartagena y Barranquilla las bandas criminales amenazan, prohíben el uso del espacio público y utilizan a las personas LGBTI en el marco de la guerra por el tráfico de drogas”, lo cual ha generado desplazamientos forzados y temor en la región. Además, “se han presentado seis muertes violentas en lo corrido de este año en el Caribe, casos de abuso policial y agresiones de particulares en Barranquilla, en zona bananera del Magdalena y en Montería”.

El informe del Ministerio también reporta casos de discriminación en los que personas LGBTI fueron expulsadas de centros comerciales, retiradas de parques, iglesias, plazas y zonas de prostitución, y otros en las que fueron objeto de “burlas y expresiones agresivas” en escenarios de participación política. Respecto a los homicidios, “el mayor número se presenta contra mujeres trans, que son abordadas en la calle o en sus sitios de trabajo, como peluquerías o salones de belleza”. Igualmente, se han presentado casos de tortura ejercidos “a través de violaciones a mujeres lesbianas por parte de victimarios presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares”.

La sistematicidad de la violencia contra esa población ha hecho que la Fiscalía incorpore un enfoque diferencial en sus investigaciones, lo cual permitió la priorización de los homicidios de mujeres trans en Sincelejo y Maicao. Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes, teniendo en cuenta que de los 202 hechos que conoce el ente acusador, tan sólo siete se encuentran en etapa de juicio y ocho han recibido sentencia condenatoria. Al respecto, Wilson Castañeda opina que “esto es muy contraproducente, porque se manda un mensaje a la sociedad civil de que no son relevantes las violencias contra la población LGBTI y un mensaje de tranquilidad a los victimarios, de que no les va a pasar nada si afectan a esa población”.

A ello se suman las dificultades de las entidades estatales para atender de manera diferenciada los casos en que se ven involucradas personas de esa comunidad. Según Natalia Sorzano, coordinadora del Grupo de Minorías del Ministerio del Interior, “no ha habido el primer caso que tenga un agravante punitivo en el que se diga ‘esto fue por odio’. Se viene trabajando con la Fiscalía en identificar si por el hecho de que la víctima sea una persona LGBTI el presunto victimario debe demostrar que el crimen no fue por homofobia, con el fin de que no se le genere un agravante punitivo. Estas particularidades deben incidir en los protocolos de investigación; son vacíos que existen en la institucionalidad, en las leyes y en toda la construcción jurídica del país”.

Según el informe, otra de las preocupaciones son las denuncias sobre “abuso de autoridad, fuerza desmedida, burlas y agresiones” por parte de la Policía contra mujeres trans y hombres gais. Al respecto, el teniente coronel Alexánder Collazos, coordinador del área de Derechos Humanos de la institución, asegura que “se siguen implementando acciones de prevención en el interior de la Policía y diagnósticos regionales para proteger a esta población”. Se espera que el 21 de diciembre el Ministerio del Interior presente un proyecto de política pública nacional que dé respuesta a las necesidades en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos de la población LGBTI, duramente victimizada y excluida.

Via EL ESPECTADOR

mflorez@elespectador.com

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Un centro comercial colombiano que obligó a una pareja gay a abandonar el local se disculpa públicamente

Martes, 24 de junio de 2014
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pareja-gay-centro-comercial-Bogotá-150x150Otro insólito caso de discriminación homófoba ocurrido en Bogotá (Colombia). Una pareja homosexual fue obligada a abandonar el centro comercial en el que se encontraban por dos vigilantes de seguridad que los encontraron dándose muestras de afecto, el pasado mes de febrero. Ahora, y por orden judicial, tanto los responsables del centro comercial como los de su empresa de seguridad privada se han visto obligados a pedir disculpas. 

El episodio tuvo lugar el pasado día 19 de febrero. Alejandro Aristizábal y David Ricardo se encontraban abrazándose y besándose en el interior del Centro Comercial Avenida Chile de Bogotá cuando dos guardias de la empresa Segurcol se acercaron a ellos y comenzaron a increparles. “Tengo órdenes de sacarlos, ustedes no pueden hacer semejante espectáculo, poniendo en vergüenza el centro comercial. A la gente como ustedes lo único que les gusta es vitrinear y hacer show. Para eso hay lugares donde va la gente como ustedes. Tienen que irse”, les dijo uno de los vigilantes privados poco antes de obligarlos a abandonar el lugar. Según Aristizábal, lo ocurrido no fue un hecho aislado. Así, otras tres personas homosexuales que el joven conoce habrían sido también expulsadas de este centro comercial por haber dado muestras de cariño a sus parejas en ocasiones anteriores.

Alejandro y David decidieron iniciar una batalla de denuncia social y jurídica por lo que consideraban un caso de discriminación flagrante. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido y, con el apoyo de la comunidad LGTB, se logró convocar una “besatón” o besada colectiva para mostrar el rechazo hacia este tipo de actos discriminatorios. En ese acto, celebrado el día 27 de febrero, una veintena de parejas del mismo sexo se abrazaron y besaron en el centro comercial antes mencionado, recordando a los visitantes, transeúntes y porteros, con toques de tambor, banderas arcoíris y pancartas, que “los besos son afecto, no delito”.

353bc100c23f83000050cbd16a69050eAsimismo, y con el apoyo de la organización Colombia Diversa, la pareja discriminada interpuso una acción de tutela, consiguiendo que el juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá determinase sus derechos fundamentales a la igualdad, la no discriminación y la intimidad de la pareja. Por este motivo, tanto el Centro Comercial Avenida Chile como la empresa de seguridad Segurcol se vieron obligados a pedir disculpas a la pareja en un acto público celebrado el pasado día 18 de junio.

Para Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, el acto de excusas fue importante, porque también obliga, tanto al centro comercial como a la compañía de seguridad, a realizar cursos sobre dignidad humana y derechos a la libre opción sexual y el desarrollo de la personalidad, dirigidos a los empleados y vigilantes. En efecto, el fallo de tutela de la jueza María Isabela Córdoba, encargada de llevar este caso, determinó que el centro comercial deberá capacitar a sus empleados, tanto directos como indirectos, así como a los representantes de sus contratistas y a los de dueños o arrendatarios de los locales, en el respeto hacia los derechos de las personas LGTB.

De la misma forma, la empresa de seguridad deberá capacitar a sus vigilantes. Elkin Valencia, director de operaciones de Segurcol, reconoció que lo ocurrido fue un error y aseguró que de ninguna forma es una política de su compañía. También confirmó el compromiso de su empresa a capacitar a sus empleados para que algo así no vuelva a ocurrir.

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El cardenal Salazar pide al Constitucional colombiano que no avale la adopción por parte de una pareja de lesbianas.

Jueves, 8 de mayo de 2014
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IMAGEN-13937495-2Ana y Verónica son pareja desde el 2004. Una de ellas es madre biológica de dos niños.

Que afirme este señor que no tiene nada dontra los homosexuales… Por cierto, las únicas “posibles consecuencias negativas para el sano desarrollo psicológico y afectivo de los menores”, son las derivadas de los abusos sexuales cometidos por algunos sacerdotes y obispos…

El fallo que la Corte Constitucional debe emitir sobre una tutela interpuesta en el 2009 por una pareja de lesbianas que pidió la adopción de la hija biológica de una de ellas tiene preocupada a la Iglesia católica en Colombia. El Episcopado obtuvo información que indica que se fallaría a favor de las dos mujeres en los próximos días, y por eso envió un oficio a los magistrados, pidiéndoles que rechacen dicha solicitud.

Aunque la decisión tendría implicaciones específicas en este caso en particular y no sobre la adopción en general para parejas del mismo sexo, los obispos consideran que sería una puerta que permitiría crear jurisprudencia al respecto. «La Conferencia Episcopal de Colombia ha tenido conocimiento del proyecto de sentencia, redactado por el magistrado Luis Guillermo Guerrero, sobre la acción de tutela instaurada por las señoras Turandot y Fedora contra el Defensor Segundo de Familia de Rionegro (Antioquia)», dice la carta, firmada por el cardenal Rubén Salazar.

«Más allá del caso singularísimo de la menor, el mencionado proyecto allana el camino jurisprudencial para que otros menores de edad puedan ser adoptados legalmente por parejas homosexuales, vulnerando así el derecho fundamental y superior de los niños y niñas colombianos a crecer en el seno de una familia conformada –según afirma el vigente artículo 42 de nuestra Constitución– por la unión de un hombre y de una mujer», sigue la misiva, a la que se le adjuntaron varios estudios «avalados por la comunidad científica internacional que ponen en evidencia posibles consecuencias negativas para el sano desarrollo psicológico y afectivo de los menores adoptados por parejas homosexuales».

Sin embargo, el arzobispo de Bogotá y presidente del Episcopado reconoció que, en general, «no existe la suficiente evidencia científica para sacar conclusiones definitivas sobre los efectos de la adopción por parte de parejas del mismo sexo». «En ese sentido, ante las dudas de la comunidad científica, el proyecto de sentencia no salvaguarda suficientemente el interés prevalente de los menores de edad a crecer en un ambiente que facilite su armónico e integral crecimiento», añadió el prelado, quien les hizo un llamado a los magistrados para que para que «examinen, a consciencia y con mayor detenimiento, el contenido del mencionado proyecto de sentencia así como sus eventuales consecuencias jurisprudenciales y sociales».

Monseñor-Rubén-Salazar-GómezSin embargo, el cardenal colombiano aclaró que la Iglesia no tiene nada en contra de las personas homosexuales. «Creemos en una sociedad abierta e incluyente y condenamos por ello todo eventual acto de injusta discriminación, maltrato o de violencia contra las personas homosexuales. Con amor de madre, la Iglesia acoge a todos los hombres y mujeres, sea cual sea su condición, consciente de que, con independencia de la orientación o incluso del comportamiento sexual de cada uno, toda persona humana tiene la misma fundamental dignidad ante Dios y ante el Estado».

‘Es un ataque de la Iglesia’: Colombia Diversa

El abogado Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, afirmó que este pronunciamiento de la Iglesia ataca injustamente a la familia conformada por las dos mujeres y sus hijos. Además de la niña en mención (una de las dos mujeres quedó embarazada mediante la vía de la inseminación artificial), tuvieron otro hijo. (Vea la historia de Ana y Verónica) 

“El papa Francisco dijo: “¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales?”. Y yo le pregunto al cardenal: ¿quién es usted para juzgar una familia que se ama? Es lamentable que el cardenal dedique sus esfuerzos a perseguir a los niños y a sus padres y contribuya a crear un ambiente discriminatorio contrario a la paz”, afirmó Albarracín.

La Corte tiene el deber de garantizar los derechos de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo y estos deben prevalecer sobre los prejuicios. El cardenal no puede pretender imponer su opinión a las autoridades judiciales porque afecta la separación entre la Iglesia y el Estado, en particular, la independencia judicial”, añadió.

En mayo del 2012 Colombia Diversa reveló un informe de cuatro universidades que señalaban que la adopción gay no afecta a los menores de edad.

Los conceptos fueron elaborados por las facultades de psicología de los Andes, la Javeriana, la Nacional y la del Valle entre el 2009 y el 2010. “Revisando los estudios al respecto se encuentra que la mayoría muestra que no hay diferencias entre los niños criados por padres homosexuales (frente a los criados por parejas heterosexuales), lo cual es un indicador de que no existe una razón científica para oponerse a priori a la adopción por parte de las parejas homosexuales”, dijo la Javeriana entonces.

EL TIEMPO conoció una carta enviada en diciembre pasado por el padre Joaquín Sánchez, entonces rector de la Javeriana, al secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor José Daniel Falla, en la que afirma que los resultados de los estudios divulgados no eran concluyentes frente a la adopción de parejas del mismo sexo.

Se trata de cuatro estudios reducidos a un panorama necesariamente estrecho de referencia por la baja cantidad de casos posibles propuestos para el estudio ya que este tipo de adopción es excepcional, y el escaso tiempo de referencia del fenómeno es puntual porque no se presentan análisis de un periodo extenso en la vida de los niños. De esta clase de estudios evidentemente es imposible concluir que se trata de una verdad científica comprobada”, dice el documento.

La carta añadía que el grupo de psicología clínica que se encargó del estudio se limitó a revisar literatura sobre el tema, que provenía de entornos ajenos al contexto cultural colombiano.

Ante esto, el padre Joaquín reiteraba finalmente que “la Universidad Javeriana acoge el concepto de familia propuesto por el magisterio de la Iglesia y que coincide con el que propone la Constitución de Colombia“.

Fuente El Tiempo

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Pareja gay denuncia expulsión de centro comercial de Bogotá.

Lunes, 3 de marzo de 2014
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2104181_n_vir1La pareja discriminada en el centro comercial de Bogotá, organizó una “besatón” frente al establecimiento como modo de protesta.

Fuente: RCN La Radio,  vía SentidoG:

Una pareja homosexual denunció tratos discriminatorios en el interior de un reconocido centro de comercial del norte de Bogotá por parte de los miembros de seguridad del lugar, esto luego de que la pareja mostrara expresiones de cariño en público.

Alejandro Aristizábal, uno de los afectados, relató que junto a su pareja fue sacado por parte de la vigilancia del lugar con la excusa de que estaban “poniendo en vergüenza” al lugar.

Ocurrió en Avenida Chile (centro comercial ubicado en la carrera 11 con calle 72), el martes 19 de este mes al frente de los baños del costado occidental. Salí del baño abracé a mi novio, le di un beso y mientras seguíamos abrazados dos guardias de seguridad vinieron y nos pidieron que nos retiráramos, dijo.

Agregó que el argumento que les dio la vigilancia para retirarlos del lugar fue indignante.

Dijo que “no entendían por qué debíamos estar poniendo en vergüenza al centro comercial si para eso tenemos las esquinas y los bares y la clase de lugares a los cuales nosotros vamos supuestamente”, relató el hombre.

La pareja advirtió que con dicha orden les violaron sus derechos y que, según varios de sus amigos, la situación se ha presentado en otras oportunidades.

“A varias de mis amigas ya les ha pasado y conozco por lo menos a seis parejas de chicas con sus novias a las que han sacado del centro comercial. Mi abogado también me dijo que esto es algo que viene pasando hace mucho”, dijo.

Por su parte, los directivos del centro comercial respondieron a los argumentos de la pareja asegurando que el establecimiento no tiene ninguna orden establecida para restringir comportamientos de parte de las personas LGBT.

Andrea Toro Jaime, directora de mercadeo de Avenida Chile aseguró que “del caso que se menciona en las redes sociales, nosotros también nos enteramos por ese medio. No tenemos ninguna minuta donde se haya reportado por parte de la seguridad algo anómalo y tampoco tenemos una queja a propósito del caso”.

La funcionaria agregó que el centro comercial rechaza todo tipo de discriminación. Nosotros acá no tenemos ningún tipo de discriminación por raza o por género, nos damos a todos y nunca ha existido que permitamos que se restrinja tal cosa”.

La idea de la pareja es interponer una acción de tutela por habérsele vulnerado aparentemente el libre desarrollo de la personalidad.

Además, como modo de protesta, organizaron una “besatón” que se llevó a cabo frente al centro comercial el pasado día miércoles de la que participaron alrededor de 80 personas.

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La Corte Constitucional de Colombia, obligada a despejar la incertidumbre jurídica sobre el matrimonio igualitario

Jueves, 27 de febrero de 2014
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corte-constitucional-colombiaCasi tres años después de la histórica sentencia que le entreabrió la puerta en Colombia, la Corte Constitucional de ese país debatirá de nuevo sobre el matrimonio igualitario. Dos acciones de tutela, una referida a una pareja del mismo sexo a la que un notario se negó a casar y otra a una pareja que ya está legalmente casada, forzarán a la alta corte colombiana a pronunciarse sobre un tema sobre el que sigue existiendo gran incertidumbre jurídica.

En su sentencia de 2011, la Corte Constitucional de Colombia ratificó que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. Un plazo que venció el 20 de junio de 2013, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara en el Congreso, creando la actual situación de incertidumbre jurídica. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró, para intentar responder a la exigencia del alto tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, institución inexistente en las leyes de Colombia y que los colectivos LGTB rechazaron de plano. Los jueces pasaron entonces a ser la clave.

Ya en julio de 2013 se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como ”matrimonio”. Otro juez ordenaba también en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo, Julio Albeyro Cantor Borbón y William Alberto Castro. Matrimonio que fue luego anulado, pero cuya validez fue restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá.

No se trata del único matrimonio celebrado y confirmado por la justicia colombiana. Adriana González y Marcela Rojas se casaron el 4 de octubre, y al igual que en el caso anterior vieron su matrimonio anulado y luego restaurado por el mismo Tribunal. En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la “Fundación Marido y Mujer”, una organización contraria al matrimonio igualitario cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las de la Procuradoría General de la Nación. Dicha fundación está presidida por Javier Suárez, del que ha trascendido que sería en realidad un homosexual armarizado y que es en este momento candidato conservador al Senado de Colombia. Un tercer matrimonio es el formado por Elizabeth Castillo y Claudia Zea, que ya vieron su matrimonio confirmado en primera instancia y a las que el Tribunal Superior de Cundinamarca dio la razón frente al recurso interpuesto por la citada Fundación.

Dos casos ante la Corte

Decisiones judiciales contrarias a la estrategia de los homófobos pero que no han puesto final a la batalla jurídica, que a estas alturas parece que solo la Corte Constitucional puede dirimir. Por lo pronto, el alto tribunal ha aceptado discutir dos casos que parecen en sí mismos paradigmáticos. Uno es el de una pareja del mismo sexo a la que un notario se negó a casar bajo el argumento de que el Congreso no ha legislado esa materia y que la Corte Constitucional solo les otorgó competencia para establecer un vínculo contractual. La pareja ha recurrido argumenta que la negativa viola el derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, al impedirles el cambio de su estado civil de soltero a casado; el derecho a conformar una familia y protegerla, así como el derecho a la dignidad humana.

En el segundo caso, la acción de tutela se produce en sentido contrario: es la Procuraduría General de la Nación (al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez, un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra el matrimonio igualitario uno de los ejes de su acción) la que pide la nulidad del matrimonio celebrado entre Julio Albeyro Borbón y William Alberto Castro.

Una institución acosada

Conviene precisar que las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia reconociendo derechos a las parejas del mismo sexo (o fallando a favor del aborto en determinados casos) le han generado la hostilidad de los sectores conservadores. La Corte ya se vio obligada a salir al paso de las acusaciones de Alejandro Ordoñez. La mencionada Fundación Marido y Mujer, de hecho, denunció a los miembros de la Corte ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por “usurpación de funciones”.

Hasta ahora la Corte Constitucional la resistido los embates, pero habrá que ver qué sucede finalmente. En noviembre, por ejemplo, recogíamos la noticia de que el alto tribunal preparaba una sentencia a favor de la adopción homoparental, y han pasado ya más de tres meses sin que esta se haya materializado. Nos mantendremos expectantes.

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Una casa refugio en Bogotá protege a la comunidad LGBT.

Miércoles, 12 de febrero de 2014
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image_previewFuente: Telesur, vía SentidoG:

Proyecto de Bogotá es similar a las casas refugios de Washington, Nueva York y Nepal. (Foto: elespectador.com)

La dirección de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, capital de Colombia, puso a funcionar la primera casa refugio para la población LGBTI que ha sido víctima de la violencia.

Esta casa refugio comenzó a funcionar el pasado 27 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), y aunque ya han pasado dos meses y los pasillos todavía se ven desolados, dos personas decidieron refugiarse en ese lugar.

Fui golpeada, agredida, aguanté hambre. Fui golpeada por mi hermano, por mi mamá, maltratada por la rectora del colegio (…) El rechazo siempre reaparecía y con eso llegaba el rebusque y empezaba a sentirme vulnerable“, expresó Daniela, una mujer transgénero que se esconde de sus agresores. Cuando tomó la decisión de ser una mujer transgénero nadie la aceptó. “Tenía 16 años y entonces conocí las condiciones infrahumanas: dormir en la calle, rodearme de enfermos y sentirme sola. Porque estaba sola. Mi familia me apartó y al día de hoy no sabe en dónde estoy”, actualmente tiene 19 años de edad.

Daniela fue la primera mujer transgénero que llegó a la casa refugio. “Llegué en diciembre, llorando, destrozada. Pero estoy mejor acá, fue como encontrar un salvavidas”, comentó. “De mi casa me echaron. Mi mamá me sacó por mi orientación sexual y en los demás lugares me humillaron por lo que soy, porque me gustan los hombres, comentó por su parte Jhonattan, a quien, en menos de un mes, las funcionarias de este hogar consiguieron un trabajo para él.

Que sólo dos personas vivan en la casa refugio se debe, en parte, a que la sociedad no es tan consciente del dolor de las personas LGBTI, señaló Sandra Montealegre, coordinadora de este hogar.

La diferencia de esta casa con las que están abiertas para las mujeres víctimas de la violencia está en que, en muchos casos, la violencia contra la población LGBTI no es percibida por las autoridades. “Si una mujer acude a una comisaría de familia, la remiten a la casa refugio sin problema. En el caso de la población LGBTI, la violencia está naturalizada, es silenciada, agregó.

Hasta el momento, las funcionarias de la casa refugio han encontrado que la violencia de la que han sido víctimas estas personas está relacionada con violencia intrafamiliar y desplazamiento.

Son conscientes, sin embargo, de que aquí los márgenes de agresión son más amplios. “A raíz del maltrato han perdido el contacto con las redes de afecto más cercanas: no cuentan con la familia, ni con amigos”, explica Angélica Badillo, trabajadora social en la casa refugio.

En los casos de Daniela y Jhonattan, el concepto de familia parece perder validez: “El problema psicológico viene desde mi casa, porque mis padres me humillaron”, dice él. “Cuando mi familia empezó a golpearme, no pude pensar en mayores oportunidades, dice ella.

Refugios en el mundo

Este reto fue asumido por tres mujeres: Sandra Montealegre, Angélica Badillo y Laura Sofía Céspedes (psicóloga). Ellas encontraron tres proyectos en diferentes ciudades que se asimilaban a la casa refugio que tenían en mente: los centros de protección en Washington, Nueva York (Estados Unidos) y Nepal.

El centro casa Ruby, en Washington, no es sólo un alojamiento para la población LGBTI. Ofrece oportunidades de empleo, asistencias para vivienda, pruebas de VIH, consejería y servicios sociales (como asesoría legal, clases de arte y computación y programas de salud mental).

En septiembre de 2013 fue inaugurado el centro Casa de Rosa del Himalaya, en Nepal, catalogado como el primer santuario en el sur de Asia para los miembros perseguidos de la comunidad LGBTI”.

La historia del centro Ali Forney, de Nueva York, se remite a la trayectoria de vida de algunas personas LGBTI. En 1997, Ali Forney, un joven de 22 años que había deambulado por las calles de Harlem desde que tenía 13, fue asesinado a tiros mientras dormía sobre el asfalto. Su madre lo abandonó cuando él le confesó su orientación sexual.

Seis años más tarde fue creado el centro refugio que lleva su nombre, en el barrio Chelsea, que hoy recibe a cerca de 100 personas al día.

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