Multitudinaria manifestación convocada por la Conferencia Episcopal de Colombia

“¡Hombres y mujeres, así nos hizo Dios!”, “¡A mis hijos los educo yo, no el Estado!”

Como publicábamos hace unos días, un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia. Y a ello se ha sumado la Conferencia Episcopal colombiana quien, basándose en las últimas declaraciones del papa Francisco no han dudado en azuzar a sus “fieles” con la mentira y la homofobia… En España ya salieron a la calle y perdieron la batalla.

Una revisión que ha generado toda una serie de protestas y reclamos por parte de grupos religiosos, que no han dudado en exagerar y desinformar sobre su alcance, argumentando por ejemplo que Gina Parody, ministra de Educación de Colombia y abiertamente lesbiana, desea “homosexualizar a la juventud”, o que el requerimiento de no discriminar a los menores transexuales en el acceso a los aseos de los colegios supone acabar con las distinciones entre sexos. La escalada de LGTBfobia ha llegado al punto que la diputada por el departamento de Santander, Ángela Hernández, miembro de la Iglesia Cuadrangular (una iglesia evangélica), citó a un debate de control calificando la norma de “colonización gay”, ha llegado a afirmar ante los medios de comunicación que los gais tienen privilegios en lugar de derechos (en referencia al matrimonio igualitario) así como que lo ideal es que los niños LGTB estudien en colegios separados.

Esta estrategia de desinformación no conoce límites. Los grupos conservadores han llegado a decir que se pretende obligar a que los baños de los centros sean mixtos o que los estudiantes podrán vestir el uniforme que deseen en cada momento. Al respecto, Mauricio Albarracín, activista LGTB e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), ha declarado a Vanguardia Liberal que“se ha formado una tormenta en un vaso de agua. No se puede obligar a un niño trans que se identifica como niño a ponerse un uniforme de niña. Esto es inconstitucional. No significa que ahora todos los niños van a ponerse el uniforme de la niña: esto es una banalización del tema”.  Y agrega que “este debate es un escándalo que oculta un problema muy grave: los estudiantes son discriminados por su orientación sexual e identidad de género. Los mismos profesores y rectores que se quejan por la modificación del manual han hecho afirmaciones homofóbicas. Hay que hacer pedagogía sobre lo que se está haciendo y se deben establecer nuevas preguntas orientadoras se pueden proponer. Ese trabajo es de los colegios”.

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Pues bien, centenares de padres de familia y profesores, entre otros, hicieron un plantón frente al Ministerio de Educación para protestar contra la implementación de lo que llaman “ideología de género” en los manuales de convivencia de los colegios, lo que ha desatado una polémica en el país.

Estas manifestaciones, llamadas “Marcha por la familia“, fueron convocadas por la Iglesia católica con el apoyo de confesiones evangélicas y partidos de derecha y se llevaron a cabo en al menos 14 ciudades del país, aunque la principal se realizó llevó una multitud a las puertas del Ministerio de Educación en Bogotá.

En ese lugar los padres de familia gritaban “¡No a la ideología de género!”, “¡Hombres y mujeres, así nos hizo Dios!”, “¡A mis hijos los educo yo, no el Estado!” y “¡Familia con Cristo jamás será vencida!”, ideas que también expresaban en carteles en los que defendían el derecho a la educación integral de los niños.

Otros pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Gina Parody, a quien atribuyen los cambios en el modelo de educación sexual en los colegios.

En respuesta a la manifestación, varios funcionarios del Ministerio salieron con camisas blancas con el mensaje “La inclusión y no discriminación también es educación” y con una pancarta que rezaba: “Los recibimos con amor, paz y reconciliación”. Asimismo, los funcionarios que se encontraban en el techo del edificio lanzaron varios globos blancos al cielo y dentro de las oficinas.

“Lo que estamos defendiendo es que nos respeten el derecho a la familia y que el Estado no le enseñe a nuestros hijos la ideología de género. Respetamos a las personas, pero no queremos que se metan con nuestros hijos”, dijo Leonardo Arteaga, uno de los asistentes del encuentro.

La polémica comenzó el pasado fin de semana por la difusión de unas cartillas con educación sexual para niños, supuestamente del Ministerio de Educación que, según padres de familia, tergiversan la sexualidad al afirmar por ejemplo que no se nace con un sexo determinado sino que eso se decide a lo largo de la vida.

Algunas de esa publicaciones tienen contenido homosexual explícito, ante lo cual la ministra Parody, afirmó que ese material no fue elaborado por esa el Ministerio y que todo es una “manipulación”.

Todo comenzó con un fallo de la Corte Constitucional que ordenó al Ministerio hacer una “revisión extensiva e integral” de los manuales de convivencia elaborados por los colegios, bajo orientaciones de ese despacho, para establecer las normas de conductas y directrices de funcionamiento en general.

En su decisión, la Corte pidió determinar que los manuales “sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género”, después de que el estudiante Sergio Urrego se suicidara en 2014 tras ser presuntamente discriminado en su colegio por su orientación sexual.

En las protestas de hoy participó la senadora Viviane Morales, del Partido Liberal, una de las activistas más importantes en contra de la adopción por parejas del mismo sexo.

“Nosotros tenemos el derecho de elegir cómo es la educación de nuestros hijos y bajo qué principios estarán orientados”, afirmó Fernanda Galvis, otra asistente a la manifestación.

Otra manifestación multitudinaria fue la de Barranquilla, donde miles de personas, entre ellos profesores y rectores de colegios, se congregaron en la Plaza de la Paz y caminaron hasta la Gobernación del Atlántico para pedir la renuncia de la ministra.

La Iglesia felicita a las familias por su implicación en la lucha por “una educación sexual integral” en Colombia

“Lamentamos que la Corte Constitucional y el Ministerio de Educación estén abusando del Derecho para promover la ‘ideología de género’ en la revisión de los manuales de convivencia, tergiversando así la definición constitucional de la familia”, aseguró el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar Urbina, en una rueda de prensa el día antes de la llamada “Marcha por la familia”.

Monseñor Urbina manifestó, asimismo, que ese “arreglo legal no permite que los niños gocen de la libertad de recibir una educación acorde a la ética de sus padres”.

“Nosotros tenemos que defender la libre discusión de las ideas basadas en la verdad, no queremos que se tergiverse la información. Sólo decimos públicamente que rechazamos la implementación de la ideología de género en la educación en Colombia porque destruye al ser humano”, puntualizó el cardenal Rubén Salazar en la misma rueda de prensa.

Frente a la polémica, los padres de familia se unieron a la iniciativa de la Iglesia Católica para protagonizar la marcha que tiene como fin “abrir un debate para que exista una educación sexual integral en Colombia”, agregó el prelado.

“Felicitamos a los padres de familia y organizaciones civiles de diferentes credos que durante los últimos días han manifestado su molestia por la implementación de la ideología de género en la revisión de los manuales de convivencia de los colegios que está haciendo el Ministerio de Educación”, agregó.

Comunicado sobre las orientaciones del Ministerio de Educación respecto a los manuales de convivencia de los colegios

(Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia)

Los obispos católicos de Colombia reconocemos como un valor fundamental para la sana convivencia el respeto por todo ser humano independientemente de su raza, sexo, orientación sexual, origen nacional o familiar, lengua, religión u opinión política.

Basados en este principio, saludamos y felicitamos a los padres de familia y organizaciones civiles de diferentes credos que durante los últimos días han manifestado públicamente su preocupación por la implantación de la ideología de género en la revisión de los Manuales de Convivencia y de los Proyectos de Educación Institucional (PEI) de los colegios por parte del Ministerio de Educación de la República.

La ideología de género afirma que no se nace hombre o mujer sino que la identidad sexual es el fruto de una construcción cultural. Por eso, establece que se debe “(“.) empezar por deconstruir la idea de que sólo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado”. De esta manera, la ideología de género, con el pretexto del derecho a la inclusión, pretende imponerse como la única forma válida deconvivencia.

En esta coyuntura no podemos menos que recordar las enseñanzas del Papa Francisco, según las cuales la ideología de género “niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Ésta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer” (Exhortación Apostólica Postsinodal “La alegría del
amor”).

Lamentamos que la Corte Constitucional y ahora el Ministerio de Educación estén abusando del Derecho para promover la ideología de género en los más variados ámbitos de nuestra sociedad. Aún tenemos presente cómo se tergiversó la definición constitucional de la familia para imponer un modelo que no estaba previsto en nuestro ordenamiento superior. Ahora, el Ministerio, en el proceso de revisión de los manuales de convivencia de los colegios en Colombia, ejerce facultades que no están consagradas en la ley para imponer criterios extraídos de la ideología de género.

Este desarreglo legal atenta contra la familia como institución esencial de la sociedad, contra la autonomía educativa, la libertad religiosa, el derecho de los padres de escoger la educación de sus hijos, la libertad de conciencia, la libertad de asociación y el derecho de los niños de recibir una educación acorde a la ética y a la moral de sus padres. Sin duda es necesario promover el respeto de todas las personas en todos los ambientes de la vida social -comenzando por la
familia, la comunidad educativa y la comunidad en general- pero esto no puede implicar la imposición de la ideología de género como norma para que el respeto debido se garantice.

Hacemos un llamado a las instituciones del gobierno colombiano para que oigan la voz de millones de personas, sin distinción de credo, que se están manifestando públicamente por todo el país, rechazando la imposición de una ideología. La Colombia que queremos construir debe acogernos a todos en armonía. No se debe permitir que una ideología en particular resulte determinando las reglas de convivencia de toda una sociedad.

Los Obispos de Colombia hacemos un llamado especial a los sacerdotes de todo el país para que, en su calidad de pastores de la Iglesia, acompañen la formación de la conciencia de los fieles sobre estos aspectos y apoyen las expresiones públicas en favor de la autonomía educativa de los padres y de la familia como núcleo esencial de la sociedad. En el mismo sentido, instamos a los padres de familia a formar a sus hijos en los valores cristianos y a acompañarlos muy de cerca en su proceso de desarrollo integral.

Por último, exhortamos a los padres de familia y a los colombianos en general a unirse a las marchas que se han programado para el 10 de agosto en diversas regiones del país para defender públicamente la familia y preservar en nuestra sociedad el derecho a educar a los más pequeños en un ambiente libre de ideologías.
Dios bendiga a nuestro país

+Óscar Urbina Ortega
Arzobispo de Villavicencio
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal
Bogotá, 8 de agosto de 2016

Fuente Religión Digital

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Como ya habiamos publicado todo este acoso empujó a la alcaldía colombiana de Bucaramanga al izado de la bandera arco iris en su frontis para apoyar a colectivo y mostrar su rechazo a la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual.

Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia.

En el año 2014 Sergio Urrego, un joven de 16 años, se suicidó tras sufrir un implacable acoso por parte de la dirección del colegio en el que estudiaba debido a su condición de homosexual, ateo y anarquista. El acto de presión mayor fue la notificación de que los padres de su pareja, un compañero de colegio, le habían demandado penalmente por acoso sexual (se llegaron a imputar, de hecho, cargos criminales a tres directivas del centro, entre ellas la rectora Azucena Castillo).

De esto ya han pasado dos años. En este intervalo de tiempo, la acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“. El Ministerio alegó no tener la capacidad de hacer tal revisión, pero traspasó la tarea a las Secretarías de Educación locales, con el apoyo de entidades como la ONG Colombia Diversa o Unicef, entre otras.

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Según Integración Social, una entidad de la Alcaldía de la capital colombiana, al menos 7 de cada 10 integrantes de la comunidad LGBT de Bogotá han sido víctimas de discriminación o vulneración de sus derechos.

Cientos de personas marcharon este sábado por las céntricas calles de Bogotá para celebrar el Orgullo en una jornada en la que reivindicaron sus derechos, apoyaron la paz y el fin del conflicto armado en el país y protestaron contra la discriminación sexual.

Los participantes entonaron consignas contra el expresidente colombiano y actual senador, Álvaro Uribe. También, y en medio de la lluvia que los acompañó en los primeros metros de la marcha, los participantes entonaron cánticos a favor de la paz y del proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y las FARC en Cuba.

Después de casi cuatro años de negociaciones, el pasado 23 de junio, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunciaron en La Habana un acuerdo sobre el punto del “Fin del conflicto” que recoge entre otras cosas el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

Fuente Agencias

General Bogotá, Colombia, FARC, Integración Social, Orgullo Gay, Paz

La decisión judicial de la Corte Constitucional ha conseguido pintar todos los rincones del país cafetero con los colores de la Diversidad. Un gran paso para el colectivo LGTB, y para el resto de la sociedad colombiana que llevaba tiempo reclamando una legislación más equitativa. En un histórico fallo, los magistrados avalaron por seis votos a tres una demanda que exigía dotar a las uniones civiles homosexuales de los mismos derechos que el matrimonio. Desde este viernes ningún juez ni notario podrá legalmente rechazar la petición de matrimonio de una pareja según su orientación sexual.. Anteriormente las parejas homosexuales en Colombia podían registrarse ante un notario bajo la fórmula de “uniones de hecho” o “uniones civiles” pero sin que constituyera un matrimonio. Colombia se suma al pequeño grupo de países en América Latina que han aprobado el matrimonio igualitario con igualdad de derechos que el contraído por una pareja heterosexual y entre los que está Argentina y Brasil.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, la Corte Constitucional de Colombia ha dictaminado este 7 de abril que ningún juez ni notario puede negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. La esperada sentencia cierra un proceso iniciado en 2011, cuando el alto tribunal reconoció la condición de familia de las parejas del mismo sexo y dio un plazo de dos años para que se legislara al respecto. Sin embargo, la inoperancia del poder legislativo al respecto demoró su resolución hasta agotar el plazo, teniendo que ser de nuevo el poder judicial quien haya tenido que dictar sobre la igualdad de derechos de los ciudadanos LGTB colombianos. Colombia amplía de esta manera a 21 el número de los países que permiten el matrimonio igualitario en todo el mundo.

El proceso legal del matrimonio igualitario en Colombia se remonta a 2011, cuando en una histórica sentencia la Corte Constitucional ratificó que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. El plazo venció en junio de 2013, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró entonces, para intentar responder a la exigencia del tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, institución inexistente en las leyes del país y que los colectivos LGTB rechazaron de plano.

Los jueces pasaron entonces a ser la clave. Ya en julio de 2013 se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como matrimonio. Otro juez ordenaba en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre de 2013 cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo. Matrimonio que fue luego anulado, pero cuya validez fue luego restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá.

En octubre de ese año otra pareja celebró su matrimonio, y al igual que en el caso anterior fue anulado y luego restaurado. En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la mencionada “Fundación Marido y Mujer”, organización contraria al matrimonio igualitario cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las del procurador general Alejandro Ordoñez. Un tercer matrimonio, sin embargo, vio su enlace confirmado en primera y segunda instancia. La batalla judicial quedaba de esa forma pendiente de que la Corte Constitucional despejase de una vez la incertidumbre jurídica, resolviese las acciones de tutela interpuestas y se pronunciase de forma clara.

Una decisión que llevaba demorándose cerca de dos años, y que finalmente se ha resuelto favorablemente. Y eso que la decisión de la Corte era imprevisible, pues la ponencia que llevaba varios meses sobre la mesa, elaborada por el magistrado conservador Jorge Pretelt (envuelto, por cierto, en varios escándalos de corrupción) era negativa. La propuesta de Pretelt rechazaba autorizar el matrimonio igualitario por considerar que ello es competencia del Congreso, máximo órgano legislativo. Pero ello no significaba que necesariamente esa fuera a ser la posición final de la Corte (no sería ni mucho menos la primera vez que una ponencia es rechazada por una mayoría de la Corte). La vuelta a la Corte Constitucional del magistrado progresista Alberto Rojas (cuya designación había sido anulada un año antes por supuestos vicios de procedimiento, y que finalmente recuperó dicha posición por decisión del Consejo de Estado) permitía de hecho ser optimista respecto a la posibilidad de que la Corte otorgase el sí al matrimonio igualitario.

Y así ha ocurrido efectivamente. Rechazada por el pleno de la Corte Constitucional la ponencia de Jorge Pretelt, quien ha defendido ante la Sala Plena de la Corte que la figura del matrimonio debería seguir aplicándose solamente a los casos en los que se hable de la unión entre un hombre y una mujer, fue Alberto Rojas (en la fotografía) el designado para elaborar el texto de la sentencia definitiva, aprobada por seis de los nueve magistrados, cuya integridad será dada a conocer en los próximos días. Como anticipo, se ha dado a conocer el siguiente fragmento:

Hombres y mujeres forman parte de la especie humana, la igualdad implica dar trato igual a los que son iguales (…) Todo ser humano, por el hecho de serlo, le asiste el derecho fundamental a contraer matrimonio sin ninguna clase de discriminación (…) La propuesta de fallo es una oportunidad perdida para remediar una situación de discriminación secular contra una minoría sexual en Colombia, en términos de dignidad humana, libertad e igualdad para contraer matrimonio en las mismas condiciones que usualmente lo celebran las parejas heterosexuales.

El magistrado estimaba que Colombia no puede seguir perpetuando la discriminación de las personas LGTB, además de hacer un recuento de los países que han aprobado el matrimonio igualitario en todo el mundo, de quienes ya forma parte Colombia. La lista, por orden cronológico de su entrada en vigor, es la siguiente:

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Brasil (2013), Francia (2013), Uruguay (2013), Nueva Zelanda (2013), Reino Unido, a excepción de Irlanda del Norte (2014), Luxemburgo (2015), Estados Unidos (2015), Irlanda (2015), Colombia (2016) y Finlandia (entrará en vigor en 2017).

Según declaraciones del abogado Germán Rincón Perfetti, la sentencia de la Corte Constitucional blinda a los notarios y jueces que celebren matrimonios entre parejas del mismo sexo, llenando las lagunas de la sentencia del 2011, por lo que se trata de “una decisión trascendental porque la Corte garantiza la democracia en Colombia. Eso le va a permitir cumlir a los notarios su función constitucional frente al miedo de la hoguera disciplinaria del Procurador General, que no les había permitido realizar la labor que ellos tenían y a unas interpretaciones acomodadas que nos permitían seguir siguendo personas de tercera y cuarta categoria”. Para el abogado “la Corte Constitucional hoy despeja el panorama y le cumple a los derechos humanos a una poblacion excluída y discriminada hoy”.

La Corte Constitucional ha actuado, a lo largo de los últimos años, como gran impulsora de los derechos LGTB en Colombia. La sentencia a favor del matrimonio igualitario es la más destacada, pero ya antes ha fallado a favor de reconocer derechos a las parejas del mismo sexo (2009), a favor de reconocer a estas como familia (2011, como mencionamos arriba) y más recientemente a favor de la adopción homoparental, que precisamente se enfrenta ahora a la amenaza de un posible referéndum de reforma constitucional promovido por los contrarios a los derechos LGTB. Que en Colombia son muy activos y que seguirán, sin duda, dando la batalla. Pero hoy han sufrido una importante derrota…

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Chueca

General, Historia LGTBI Alberto Rojas, Alejandro Ordoñez, Angélica Lozano, Bogotá, Colombia, Corte Constitucional (Colombia), David Alonso, Discriminación, Fundación Marido y Mujer, Germán Rincón Perfetti, Jorge Pretelt, Matrimonio igualitario, Registraduría Nacional (Colombia)

En una notaría de Bogotá fue inscripta una menor de edad, hija de una pareja del mismo sexo.

Este miércoles se dio otro logro para la comunidad LGTBI de Colombia. Una niña de siete meses y medio de nacida es la primera bebé colombiana que obtiene un registro civil en el que figuran dos mujeres como sus mamás.

La situación de los derechos de las familias LGTB en Colombia sigue dando pasos en la buena dirección. Pocas semanas después de que la Corte Constitucional rechazase, en primer lugar, que se pueda negar a un menor su derecho a ser adoptado por el hecho de ser los adoptantes una pareja del mismo sexo, y de que pocos días después fallase a favor de una pareja de hombres que en su momento no pudo registrar a sus dos hijos nacidos en California mediante gestación subrogada, ahora dos mujeres han podido registrar como madres a su hija, esta sí nacida en Colombia. Y lo han hecho acogiéndose precisamente a los derechos que esta última sentencia reconocía.

Además de dar vía libre a la inscripción de hijos nacidos por gestación subrogada, en esta última sentencia la Corte Constitucional ordenaba adecuar el formato de los registros de nacimiento y que estos admitiesen a los hijos de parejas del mismo sexo. El más alto tribunal colombiano consideró que los argumentos contrarios a estas inscripciones “se basan en una interpretación tradicional y heterosexual de la familia que aunque se encuentra plenamente protegida por la Constitución, no es la única unión familiar amparada por la Carta”. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que ya en 2011, en otra histórica sentencia, la Corte Constitucional de Colombia determinó que las parejas del mismo sexo están protegidas por el derecho constitucional a“conformar una familia”.

El caso de Juliana y Carla es especialmente simbólico porque, aunque cubierto por esta última sentencia de la Corte Constitucional, no ha sido examinado directamente por esta. Tras diez años de convivencia y con registro de una unión marital de hecho, la pareja quiso registrar a Luciana, una bebita concebida por inseminación artificial en la propia Colombia, sin tener que recurrir a la adopción en el seno de la misma pareja (posibilidad a la que también la Corte Constitucional ya dio vía libre en 2014). En su momento presentaron una acción de tutela que les fue denegada, pero esta última sentencia de la Corte les abrió las puertas.

La organización Colombia Diversa acompañó el caso. “Este es el primer caso de una niña nacida en Colombia porque ya teníamos los casos de niños nacidos en el extranjero que fue precisamente la tutela que dio paso a la sentencia de presunción de legitimidad”, ha expresado su directora, Marcela Sánchez. Sánchez ha explicado que ha habido ciertas dificultades y que el trámite se alargó durante dos semanas, al ser el primer caso de estas características que se acogía a la sentencia, pero “después hasta los mismos funcionarios de la registraduría lloraron de emoción”.

Insertamos a continuación un breve reportaje de CM& la noticia con declaraciones de las madres y de Marcela Sánchez:

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, señaló que “estas dos madres presentaron una acción de tutela en el pasado, pero se las negaron. Sin embargo, hoy (este miércoles) la Registraduría autorizó el trámite a través de la sentencia de presunción de legitimidad”.

Según la activista, esto se logró a raíz de la sentencia SU- 696 de la Corte Constitucional de noviembre pasado. En esa providencia, de autoría de la magistrada Gloria Stella Ortiz, se analizó el caso de dos colombianos que son pareja y residen en Estados Unidos, y a quienes dos notarías de Medellín y dos de Itagüí les negaron la inscripción de sus hijos en el registro civil de nacimiento.

“Las notarías violaron los derechos fundamentales de los menores de edad a la dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, al reconocimiento a la personalidad jurídica y la cláusula de la prevalencia de los derechos de los menores de edad”, dice uno de los apartes del fallo.

La decisión adoptada le ordena a la Registraduría que implemente un nuevo formato en el que “claramente se señale que en las casillas destinadas a identificar al ‘padre’ y ‘madre’ del menor de edad es admisible incorporar el nombre de dos hombres o dos mujeres, en el orden que voluntariamente señale la pareja para efectos de los apellidos legales de su hijo”.

Juliana González, una de las mamás de la pequeña, asegura que llevaban nueve meses y medio luchando para que les dejaran registrar a su hija en Colombia. “Es un logro para los niños, un reconocimiento a nuestra comunidad, un importante avance social y un mensaje de respeto”, dijo. La pareja lleva 10 años junta. Juliana es de Bucaramanga y es abogada.

A su vez, Carla, quien tuvo a Luciana, nació en Bogotá, es ingeniera química y trabaja para una multinacional. Su hija fue concebida por asistencia artificial de un donante que no conocen.

Luego de una sentencia emitida por la Corte Constitucional, en la cual se ordena modificar el formato del registro civil de nacimiento, la Registraduría Nacional del Estado Civil elaboró uno nuevo. Según Marcela Sánchez, en la entidad electoral “hay un formulario en el que se registra el nombre de los padres o de las madres, y son ellos quienes deciden el orden de los apellidos que tendrá el hijo”.

Fuente: El Tiempo/Dosmanzanas

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Se trata de una iniciativa regional que se llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo en Argentina y toda Latinoamérica. Las conclusiones del estudio serán presentadas a las autoridades educativas de cada país y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

100% Diversidad y Derechos lanza Encuesta Nacional sobre ambiente escolar dirigida a jóvenes LGBT. El relevamiento se hará a través de internet y permitirá contar con datos sobre violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género en instituciones educativas de nivel medio y reclamar el diseño de políticas públicas para erradicar el acoso.

La encuesta está dirigida a jóvenes de entre 13 y 20 años y se puede acceder al formulario online ingresando a: 100porciento.wordpress.com. Se trata de una iniciativa regional que se llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo en Argentina y toda Latinoamérica. Las conclusiones del estudio serán presentadas a las autoridades educativas de cada país y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

El objetivo de la encuesta es construir un diagnóstico sobre el ambiente escolar de los jóvenes LGBT y hacer visible una realidad por todos conocida pero aún invisible para los Estados, dándole voz a la juventud LGBT en el ámbito público.

La encuesta indaga sobre situaciones cotidianas de violencia simbólica, verbal y física contra estudiantes LGBT en los colegios y su impacto en la asistencia y permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas. También pregunta sobre la respuesta de docentes y autoridades frente a situaciones de discriminación y sobre la existencia de mecanismos para abordarlos, entre otros aspectos.

Ricardo Vallarino, Vicepresidente de 100% Diversidad y Derechos, sostuvo que la encuesta “nos permitirá disponer de datos precisos sobre las experiencias de violencia y discriminación en los colegios de nuestro país y a partir de allí discutir las políticas públicas necesarias para erradicar el acoso y el ataque en los ámbitos escolares”.

Por su parte el Secretario de 100% Diversidad y Derechos, Martín Canevaro, explicó que “la pedagogía del insulto es la experiencia común por la que atraviesan las y los jóvenes LGBT en las instituciones educativas. El proceso de aprendizaje está atravesado por situaciones de violencia verbal, física y simbólica que esta encuesta contribuirá enormemente a visibilizar”.

En octubre de 2014 UNESCO invitó a 100% Diversidad y Derechos a la Consulta Regional sobre homo-transfobia en ámbitos educativos, llevada a cabo en Bogotá, Colombia. Una de las conclusiones del encuentro fue la falta de datos a nivel regional que puedan servir de insumo para el diseño de políticas públicas específicas.

El estudio cuenta con el apoyo de GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Education Network de EE.UU.) y es llevado a cabo en Argentina por 100% Diversidad y Derechos, en Chile por la Fundación Todo Mejora, en Colombia por Colombia Diversa y la Fundación Sentiido, en Perú por Promsex, en Brasil por Asociación Brasileira de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y Transexuales (ABGLT), en México por la Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual (COJESS) y en Uruguay por el Colectivo Ovejas Negras.

Invitamos a participar de la encuesta a jóvenes de entre 13 y 20 años y a contribuir con su difusión a docentes, familias y adultos comprometidos con la erradicación de la violencia escolar. Desde 100% Diversidad y Derechos emprendemos esta iniciativa con la convicción de que la violencia contra jóvenes LGBT es la punta del iceberg del maltrato por sexismo, racismo y de la presión por reforzar estigmas sociales.

Para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos y todas la UNESCO promueve una respuesta integral que enfrente los distintos tipos de violencia que se expresan en el ambiente educativo; inclusive las motivadas por género, orientación sexual o identidad de género. En ese sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, declaró en 2011 que el bulling homofóbico es “un ultraje moral, una grave violación a los derechos humanos y una crisis de salud pública”.

Link de acceso directo a la encuesta: https://glsen.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6mu1UEUhn3KTzEx

Fuente: 100% Diversidad y Derechos

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El concejal Marco Fidel Ramírez considera que la decisión viola la Constitución y los derechos fundamentales de los niños.

Una senadora, Viviane Morales, ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra la sentencia.

La Corte Constitucional de Colombia avaló la adopción para parejas homosexuales la semana pasada pero esta decisión no ha estado exenta de polémica. Una de las más graves es la protagonizada por Marco Fidel Ramírez, un concejal de Bogotá que ha solicitado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que los magistrados que tomaron la decisión sean investigados porque considera que emitieron un veredicto contrario a la Ley.

El concejal Ramírez entiende que los magistrados violaron el artículo 42 de la Constitución de Colombia que establece a la familia como núcleo fundamental de la sociedad “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

Ramírez, de posiciones claramente conservadores y religiosas, piensa que la decisión del alto tribunal colombiano también viola los derechos fundamentales de los niños. El texto legal que aprobó el Constitucional es el Código de Infancia y Adolescencia, la norma que regula las adopciones en Colombia y que, por primera vez, incluía la posibilidad de la adopción para parejas del mismo sexo. Para el alto tribunal la identidad sexual del solicitante no puede ser un criterio para definir si una persona puede adoptar o no.

Defender los derechos del niño es la principal excusa de quienes se oponen a la decisión del alto tribunal. También en contra de esta decisión se ha mostrado el colegio Guillermo Carey que aprovechó una circular interna en la que se explicaban las actividades del final del año para pedir a los padres que firmen en contra de la sentencia del alto tribunal. La noticia causó gran revuelo entre la comunidad LGBT colombiana y entre la sociedad en general.

Noemí Janson, la portavoz del colegio, ha declarado que “como institución debemos defender los derechos de los niños. A diario vemos que cuando se fractura la estructura de la familia, los mayores afectados son los menores”. Sin embargo, asegura, la firma por parte de los padres es opcional y se engloba dentro de la iniciativa de la senadora Viviane Morales, que también se opone a la decisión de la Corte Constitucional.

Fuente Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Adopción Homoparental, Bogotá, Código de Infancia y Adolescencia, Colegio Guillermo Carey, Colombia, Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Corte Constitucional, Marco Fidel Ramírez, Noemí Janson, Viviane Morales

La lucha a favor de los derechos LGTB en Colombia vive momentos históricos. Tras años de batallas políticas y judiciales, la Corte Constitucional de ese país parece más próxima que nunca a pronunciarse de forma clara sobre el tema. Este jueves tuvo lugar una serie de audiencias ante la Corte en la que diferentes agentes sociales y políticos, a favor y en contra, defendieron sus posiciones, y el fallo parece próximo. Merece la pena destacar, por encima de otras, la posición del propio Gobierno colombiano, abiertamente favorable al matrimonio igualitario. Tanto los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, como de Justicia, Yesid Reyes, testimoniaron a favor.

Después de una audiencia pública promovida por la Corte Constitucional en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado que “no existe ningún motivo” que justifique un trato diferenciado entre parejas heterosexuales y homosexuales.

La Corte Constitucional colombiana realizó este jueves una audiencia pública para debatir el matrimonio del mismo sexo en el que se escuchó a integrantes de la comunidad LGBTI y a representantes de la Procuraduría, la Defensoría de Pueblo y el Gobierno nacional.

La audiencia sobre unión civil de las parejas del mismo sexo se realizó públicamente por solicitud de la asociación Colombia Diversa y estudió una ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt.

El debate tuvo como marco la acción de tutela (recurso de amparo) que presentó el activista Luis Felipe Rodríguez Rodas contra una notaría de la ciudad de Cali (suroeste) que en 2013 negó la formalización de la unión de una pareja del mismo sexo que pidió hacerlo bajo la figura del matrimonio.

Los representantes del Gobierno de Colombia dejaron claro ante la Corte Constitucional que a su juicio no hay razones para impedir que las parejas del mismo sexo se unan en matrimonio. “Negarles el acceso a esta figura solo agravaría el déficit de protección que sufre esta comunidad”, expresó el ministro de Justicia. Para el Gobierno colombiano no hay en estos momentos otra manera de resolver la ambigua situación jurídica en que se encuentran las parejas del mismo sexo que mediante el reconocimiento expreso de su derecho a contraer matrimonio. Cualquier otra institución, a su juicio, no pondría fin a la desigualdad en lo que a derechos de pareja se refiere. El Gobierno de Colombia considera además que la Corte Constitucional puede poner fin a la controversia sin necesidad de que el Congreso legisle. Según el ministro del Interior, el alto tribunal cuenta con todas las competencias para “resolver situaciones en las cuales se encuentran comprometidos los derechos de los ciudadanos”. Lo contrario, según el criterio del Gobierno, sería dejar estos derechos al vaivén de la coyuntura política.

En dicha audiencia, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, dijo: “Solicitamos a la Corte que permita una figura transitoria mientras el Congreso legisla”. La solicitud, expuso Rivera, “trata de dar continuidad a una decisión anterior de la Corte Constitucional, que dijo que había un déficit de derechos para las parejas del mismo sexo” y que en tal sentido instó al Congreso de la República a corregirlo. De aprobarse la propuesta, explicó, “cuando un juez o notario resuelva casar a una pareja homosexual, tendría los mismos derechos que hoy tiene una pareja heterosexual“.

Por su parte el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales “constituyen familia en cuanto tienen un proyecto de vida común”. Por lo anterior, sostuvo Reyes, ambas uniones “deben contar con los mismos instrumentos jurídicos para dotar de consecuencias legales a esa realidad social”.

No fueron, por supuesto, los únicos testimonios que se escucharon. Otras voces a favor fueron las de algunas de las parejas cuyas acciones de tutela han desembocado en este proceso, así como las de Marcela Sánchez, directora del colectivo Colombia Diversa; Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia; Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, o Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, entre otras. Voces en contra del matrimonio igualitario fueron por ejemplo la de Javier Suárez, presidente de la “Fundación Marido y Mujer”, o la de la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, fiel a los postulados del procurador general Alejandro Ordóñez, rabiosamente contrario a la igualdad LGTB y principal bastión de la homofobia en Colombia.

Entretanto, en el Congreso colombiano, el partido de La U en cabeza del presidente de esa colectividad, Roy Barreras, el senador Armando Benedetti y el presidente de la Cámara, Alfredo Deluque, presentaron ante el Legislativo tres proyectos de ley. El primer proyecto busca que en Colombia se permita la Unión Solemne o matrimonio para parejas del mismo sexo; el segundo, garantiza que un menor de edad pueda ser adoptado por una pareja homosexual, y el tercero, reglamenta la práctica de la eutanasia activa o pasiva.

“Es hora de que todos entendamos que no estamos peleando por los derechos LGBTI, sino que estamos buscando es demostrar que todos somos iguales ante la ley. Y que todos tengamos derechos de casarnos, buscar la felicidad, con el matrimonio. Todos tenemos los mismos derechos”, aseguró el senador Benedetti.

Por su parte el presidente de la U, Roy Barreras afirmó que el paquete de proyecto, llamado ‘Nuevos Derechos’, pretende dejar claridad jurídica frente al matrimonio homosexual o Contrato de Unión Civil Solemne.

Sobre este tema se presentaron dos proyectos con el mismo objetivo, el del senador Benedetti utiliza la palabra ‘Matrimonio’ y el del senador Barreras ‘Contrato de Unión Civil Solemne’. “En la comisión primera del senado se unificarán ambos proyectos que tienen el mismo objetivo”, explicó Roy Barreras.

Insertamos a continuación un vídeo la revista Semana con fragmentos de algunas de sus intervenciones:

Una largo proceso detrás

La decisión, imprevisible

A día de hoy la decisión de la Corte es imprevisible. La ponencia que lleva varios meses sobre la mesa, elaborada por el magistrado conservador Jorge Pretelt (envuelto, por cierto, en varios escándalos de corrupción) es negativa. La propuesta de Pretelt rechaza autorizar el matrimonio igualitario por considerar que ello es competencia del Congreso, máximo órgano legislativo.

Pero ello no significa que necesariamente esa vaya a ser la posición final de la Corte (no sería ni mucho menos la primera vez que una ponencia es rechazada por una mayoría de la Corte). La reciente vuelta a la Corte Constitucional del magistrado progresista Alberto Rojas (cuya designación había sido anulada un año antes por supuestos vicios de procedimiento, y que finalmente ha recuperado dicha posición por decisión del Consejo de Estado) permite de hecho ser optimista respecto a la posibilidad de que la Corte otorgue el sí al matrimonio igualitario por mayoría de los votos de los nueve magistrados.

Un gobierno más favorable que nunca a los derechos LGTB

El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera

Hace un año Colombia reelegía presidente a Juan Manuel Santos, tras una muy ajustada contienda electoral contra Óscar Iván Zuluaga. Santos, pese a que durante su primer mandato no se caracterizó precisamente por el apoyo expreso a sus derechos, contó en la segunda vuelta con el favor de la comunidad LGTB, que se movilizó para evitar la victoria del candidato uribista. Es justo reconocer que Santos está devolviendo aquel apoyo con una política mucho más proactiva. La posición de su gobierno ante el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, o el reciente decreto que permitirá a las personas trans rectificar sus documentos de identidad con una simple declaración ante notario, son dos buenas muestras.

Ello no basta, desde luego, para que la Corte Constitucional se pronuncie a favor del matrimonio igualitario, pero no cabe duda de que el caldo de cultivo es diferente. No pocos analistas consideran además que el reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, podría pesar también en en ánimo de los magistrados colombianos. Estaremos a la espera de lo que sucede finalmente.

Fuente LimaGay.net y Dosmanzanas

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La ola despatologizadora de la transexualidad avanza con fuerza inusitada. Ahora es el gobierno de Colombia el que ha emitido un decreto (que puedes descargar aquí) que simplifica sobremanera el procedimiento para proceder a la rectificación del sexo en los documentos oficiales, para la que a partir de ahora bastará un mero trámite notarial similar al que se sigue cuando cualquier persona desea modificar su nombre. El decreto se alinea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en el mismo sentido.

Lo explica muy bien el ministro de Justicia, Yesid Reyes, en una entrevista al diario El Espectador. “Antes, las personas que querían corregir el género que figura en sus documentos debían someterse a un proceso lento y engorroso que vulneraba sus derechos a la de dignidad humana y libertad de identidad sexual. Ahora podrán materializar sus solicitudes, de manera ágil y rápida, mediante una sencilla escritura pública”, ha declarado. Esta escritura pública consiste en un documento expedido por un notario que simplemente da fe de la voluntad de una persona de querer modificar el sexo que figura en su cédula de identidad y en otros documentos oficiales. Una vez hecho ese trámite las personas interesadas podrán acudir a la Registraduría para que les expidan una nueva cédula de acuerdo con lo consignado en la escritura pública.

Se elimina así la obligatoriedad de someterse a un proceso judicial, en el que los jueces podían solicitar desde exámenes físicos para determinar si las personas solicitantes se habían sometido a un proceso de reasignación hasta evaluaciones psiquiátricas. En palabras del ministro de Justicia, “ambas pruebas eran profundamente invasivas del derecho de intimidad y partían de un prejuicio inadmisible. La construcción de la identidad sexual y de género es un asunto que no depende de la biología: va mucho más allá y es lo que estamos reconociendo en el Decreto 1227 de 2015″. Pero no solo se suprime el proceso judicial: ni siquiera será necesario aportar documentos médicos o psicológicos que certifiquen un diagnóstico de “disforia de género”. “Lo que hace este decreto es, precisamente, reconocer que la identidad de género es algo que cada persona construye. Y, por tanto, no puede ser certificada por un tercero. Debe quedar claro: la única prueba que se puede exigir en estos casos es una declaración juramentada y punto”, asegura el ministro Reyes.

La decisión del gobierno de Colombia está en línea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de ese país (la T-063/2015) sobre el caso de Sara Valentina López, una mujer transgénero a la que se negó la posibilidad de rectificar su sexo registral sin contar con el visto buen de un juez. El alto tribunal determinó que exigir trámites judiciales para modificar la variable “sexo” en los documentos de identidad atenta contra los derechos fundamentales de identidad y libertad sexuales, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, intimidad e igualdad. La Corte Constitucional consideró además que suponía un trato desigual con relación a la población cisgénero, en tanto esta sí podía acudir al trámite notarial cuando se consignaba un error en sus documentos registrales.

Sobre la posibilidad de que un notario se niegue a expedir la correspondiente escritura arguyendo motivos religiosos o de conciencia, el ministro de Justicia es contundente. “Colombia es, constitucionalmente, un Estado laico. En consecuencia, las personas que ejerzan la función pública tienen el deber de actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Cada persona es libre de abrazar sus propias convicciones religiosas y de ordenar su vida privada conforme a ellas pero cuando ejerce funciones públicas está obligada a comportarse según las normas legales y constitucionales. Por eso confío en que los notarios, conscientes de estos parámetros, cumplirán con su deber de respetar lo que se dispone en este decreto. Sin embargo, si llegare a presentarse algún caso, el afectado puede recurrir a la acción de tutela”, ha declarado Reyes.

El propio ministro de Justicia solemnizaba este martes 9 de junio la entrada en vigor del decreto recordando una cita del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez: “Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella”.  En el mismo acto, celebrado en la notaría 65 de Bogotá, cinco hombres y cinco mujeres eran los primeros en hacer uso de la nueva norma. “Hoy, por primera vez, cinco mujeres y cinco hombres trans podrán modificar su componente sexo con un trámite ágil y expedito. Hoy, por primera vez, un notario expedirá una escritura pública para modificar el género de los documentos de identidad de estas valerosas personas. Hoy, por primera vez, las normas que regulan el Estado Civil se aplicarán para garantizar la justicia material a la población transgénero. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se les cumple la promesa a diez ciudadanos a vivir legalmente de acuerdo con su proceso de transformación y construcción personal, como diría nuestro Nobel”, expresaba el ministro (puedes leer su discurso íntegro en la web del colectivo Colombia Diversa).

Colombia se suma a la ola despatologizadora

Precisamente esta semana recogíamos como el gobierno de Irlanda proponía una reforma legal en un sentido similar al del decreto colombiano. Una senda que ya han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta, que no abordan el cambio de identidad de género como una patología.  Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007 al suprimir el proceso judicial, todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo.

Y aunque es cierto que otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. La actualización de la norma estatal no puede retrasarse y los colectivos LGTB deben asumirla como reivindicación prioritaria.

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Finalmente la Fiscalía de Colombia ha imputado a tres directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre por el acoso homofóbico sufrido por Sergio Urrego, el adolescente que se quitó la vida en 2014. El calvario de Urrego, falsamente acusado de acosar a un compañero, comenzó después de que un profesor descubriera en el teléfono móvil del chico una fotografía en la que se besaba con su novio. En una decisión histórica, la justicia ha decretado prisión para dos de las imputadas.

En Cristianos Gays hemos seguido de cerca el caso de Sergio Urrego, adolescente gay, ateo y anarquista, además de brillante estudiante, que cursaba bachillerato en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, un centro privado y de orientación católica de Bogotá. El 4 de agosto de 2014 Sergio decidió quitarse la vida lanzándose desde la terraza de un centro comercial tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno después de que un profesor descubriera en su móvil una foto en la que ambos aparecían besándose. En ese momento, el centro acusó a los dos jóvenes de haber cometido una falta grave, porque el manual de convivencia decía que estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y que estas relaciones debían ser autorizadas por los padres. Por ello, la psicóloga del centro obligó a ambos adolescentes a contar lo sucedido a sus progenitores.

Los padres de Sergio reaccionaron positivamente, pero los del otro joven aislaron a su hijo y le impidieron seguir acudiendo a clase. La madre de Sergio mantuvo entonces una reunión con la rectora Amanda Azucena Castillo, quien le dijo que su hijo no podía volver. Alba Reyes decidió presentar una queja por la discriminación a la que su hijo se estaba viendo sometido. Poco después, la dirección del centro se defendía alegando que el motivo por el cual Sergio no podía volver era porque existía una queja por acoso sexual contra él, algo que el joven negó sorprendido y ante lo que el centro nunca presentó prueba alguna. La familia de Sergio llegó a aportar además, a requerimiento del centro, un certificado de acompañamiento psicológico según el cual el joven no tenía problema alguno, pese a lo cual se le negó el poder reanudar sus clases y terminar el curso. Finalmente, los padres del novio de Sergio interpusieron una demanda por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven, que se quitó la vida después de dejar varias notas que probaban su inocencia.

Durante todo este tiempo se han sucedido las noticias relacionadas con el caso, como la sorprendente revocación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación sufrida por Urrego o la sanción impuesta al colegio por las autoridades educativas. Pero en paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía ha investigado lo ocurrido. No ha sido sin embargo hasta la semana pasada, después de varios intentos fallidos por dilaciones de las acusadas -ya en noviembre pasado se adelantaba la imputación de Amanda Azucena Castillo, rectora del centro, y a Ivón Andrea Cheque, la psicóloga- que ha tenido lugar la audiencia en la que la Fiscalía ha imputado a Castillo, a Cheque y a Rosalía Ramírez, veedora del colegio, por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia.

Y es que el que fuera novio de Sergio apareció además para declararse víctima en el proceso y denunciar que hubo presión a su familia por parte de la rectora para denunciar a Urrego. También varios compañeros de clase dieron versión a la Fiscalía en la que se evidencia que las directivas del colegio denigraron a Urrego por su condición de homosexual y de ateo, llegando incluso a prohibirles faltar a clase para acudir a su funeral. La Fiscalía afirma de hecho contar con más de 43 pruebas que indicarían que hubo manipulación por parte de Castillo al pedir a varios menores cambiar su versión de los hechos. Estaremos atentos a cómo se desarrolla el juicio…

Fuente Dosmanzanas

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¿Quién es aquí el “desordenado”?…

“Se puede ser santo siendo homosexual, que no es pecado”

Monseñor Córdoba pide perdón por sus “lamentables expresiones“

Ahora incide en que “el homosexualismo es una tendencia objetivamente desordenada”

El obispo de la localidad colombiana de Fontibón, Juan Vicente Córdoba, sorprendió a algunos con un leve giro en su posición en torno a la homosexualidad y al matrimonio entre personas del mismo sexo, durante su participación hace unos días en un foro organizado por la Fundación Buen Gobierno en la Universidad de los Andes (Bogotá), en la que estaban presentes representantes de la comunidad LGTB. El prelado reiteró no obstante la posición de la Iglesia en contra de la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Pese a lo tibio de sus palabras, estas causaron tanta polémica que se vio obligado a matizarlas mediante un comunicado.

El obispo de la localidad bogotana de Fontibón, monseñor Juan Vicente Córdoba, encendió hoy una gran polémica en Colombia al defender abiertamente la homosexualidad y asegurar: “no sabemos si alguno de los discípulos (de Cristo) era ‘mariconcito’“. Esta declaración, acompañada de otras similares, todas ellas en defensa de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), las ofreció durante un foro celebrado en la Universidad de los Andes, en Bogotá, sobre la adopción y matrimonio entre parejas del mismo sexo, y que posteriormente fueron replicadas por televisiones y emisoras de radio colombianas.

“Estas no son batallas de penes o vaginas” y “no sabemos si alguno de los discípulos era “mariconcito” o si Magdalena era lesbiana, pero parece que no porque bastantes pasaron por sus piernas“, son algunas de las frase que pronunció el obispo. “Jesús nunca les dijo (a las mujeres): ‘¡brutas, qué impresión!’, tampoco (a los hombres): ‘¡machitos, los quiero!“, expresó en tono jocoso el religioso, quien preside la Comisión de Promoción y Defensa de la Vida, una de las que integran la Conferencia Episcopal. Córdoba señaló que en la Biblia no se recogen ninguno de los argumentos esgrimidos por ciertos sectores homófobos para defender sus ataques hacia las personas LGTBI y que las conductas discriminatorias no son una práctica de los católicos. “Jesús nunca les dijo: oye, Juan, tú estás como muy así o como muy asá, no se puede caminar así, no se vistan así […] No sabemos si alguno de los discípulos era ‘mariconcito’, no sabemos… ¡averígüelo Vargas!, o si María Magdalena era lesbiana, pero parece que no porque bastantes pasaron por sus piernas”, añadió. El obispo aseguró que la homosexualidad no es un pecado y que “un homosexual puede ser santo, un heterosexual puede ser santo o no santo”.

Defendió que las conductas discriminatorias no son propias de la religión católica porque, recordó, en la Biblia no se recogen frases que en Colombia usualmente se usan para atacar a personas homosexuales. El obispo dejó claro que la homosexualidad “no es pecado” y remarcó: “un homosexual puede ser santo, un heterosexual puede ser santo o no santo“.

Frente a estas opiniones, un portavoz de la Conferencia Episcopal reconoció que están “extrañados” por lo sucedido y que, por ahora, no habían logrado ponerse en contacto con monseñor Córdoba. La misma fuente agregó que una vez se aclaren los hechos esperan emitir un comunicado oficial, en el que también prevén incluir la posición de la Conferencia Episcopal frente a la adopción y el matrimonio homosexual.

A pesar de su lenguaje directo y con un cierto toque de humor, Córdoba se mantuvo inamovible en su decisión de rechazar la adopción por parte de parejas del mismo sexo, como ha venido haciendo la Iglesia católica colombiana desde hace bastante tiempo. “Estas no son batallas de penes o vaginas. Esto no es de ganar batallas por genitalidad, por penes o vaginas. Estas no son batallas de ese estilo. Las batallas son por la dignidad de los más pobres, que en Colombia son un porcentaje alto”, afirmó el obispo, que añadió que “no podemos obligar a los niños a tener como padres a dos hombres y dos mujeres porque lo que ellos perdieron fue a un hombre y una mujer”. Cabe recordar, en este punto, que hace tres meses la Corte Constitucional de Colombia se pronunciaba contra el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar de forma conjunta. Afortunadamente, el asunto de la adopción homoparental volvía a la Corte hace tan solo unas semanas tras haberle llegado una segunda demanda y ahora será un conjuez progresista el encargado de decidir sobre este tema.

En Colombia el matrimonio homosexual se encuentra en un vacío legal, ya que el Congreso aún no ha legislado sobre el matrimonio igualitario tal y como le encomendó la Corte Constitucional en el 2011, cuando dio dos años de plazo a los congresistas para abordar este asunto. Córdoba también señaló que debe ser el Congreso y no los tribunales la institución que legisle sobre el matrimonio igualitario. Una afirmación que se produce a sabiendas de que con la composición actual del Congreso es muy difícil su aprobación parlamentaria, mientras que la Corte Constitucional tiene pendiente despejar la incertidumbre jurídica existente al respecto. En cuanto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el caso está en manos de la Corte Constitucional, que dirime en estos momentos una ponencia que podría dar luz verde a esta posibilidad.

Y claro, tras el follón montado, el obispo de Fontibón y presidente de la comisión episcopal de Promoción y Defensa de la Vida, monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, aclaró que sus declaraciones realizadas en un foro académico acerca de la comunidad homosexual “no han tenido la intención de controvertir o modificar” la “sólida e inamovible posición moral” de la Iglesia.

Las postura relativamente tolerante adoptada por monseñor Córdoba, que durante la época en la que fue secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana (dejó el cargo en 2012) se mostró muy hostil a los avances que los derechos LGTB conseguían a golpe de sentencia judicial, provocaron gran revuelo en Colombia, hasta el punto de que el obispo se veía obligado a emitir una nota (que puedes descargar aquí) en la que el prelado pidió disculpas “a quienes pudieron sentirse escandalizados o heridos por estas lamentables expresiones a las que no puede dárselas ningún valor teológico o moral”, recordó su acogimiento pleno y firme con la doctrina moral de la Iglesia Católica y reconoció que la homosexualidad es una “tendencia objetivamente desordenada”, y aclaraba que sus palabras en ningún momento habían tenido “la intención de controvertir o modificar” la “sólida e inamovible posición moral” de la Iglesia e insistía en que “los actos homosexuales son también intrínsecamente desordenados y contrarios a la ley natural”. Córdoba repite en su nota fragmentos del Catecismo que establecen que son los actos homosexuales, y no el hecho de ser homosexual, lo pecaminoso (“las personas homosexuales están llamadas a vivir la castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana”).

Explicó que este reconocimiento y adhesión a la doctrina no significa que la iglesia no tenga respeto por la comunidad LGBTI. “Con amor de madre, la Iglesia acoge a todos los hombres y mujeres sea cual sea su condición (…) toda persona tiene la misma dignidad fundamental ante Dios y ante el Estado“, manifestó el prelado. Finalmente destacó que el foro se presentó como un “primer encuentro oficial y público” de un obispo colombiano con la comunidad LGBTI. “Demuestra que sí es posible acercarse a quien piensa distinto para establecer un diálogo sincero y franco que nos lleve a derribar los muros y a descubrirnos mutuamente como hermanos”, concluyó.

Córdoba argumenta, para justificar sus palabras, que su intención “no era otra que la de expresar al público asistente, en su mayoría formado por líderes y miembros de la comunidad LGBTI, el respeto que la Iglesia católica tiene por toda persona humana”. El obispo asegura que, al desconocer que había medios de comunicación, “me permití utilizar algunas expresiones coloquiales que, fuera del contexto del encuentro académico y del diálogo establecido con los asistentes, resultan claramente desafortunadas. Pido sinceras disculpas a quienes pudieron sentirse escandalizados o heridos por estas lamentables expresiones a las que no puede dárseles ningún valor teológico o moral”.

Eso sí, el obispo insiste en que “este primer encuentro oficial y público de un obispo colombiano con la comunidad LGBTI, demuestra que si es posible acercarse a quien piensa distinto para establecer un diálogo sincero y franco que nos lleve a derribar los muros y a descubrirnos mutuamente como hermanos. En ese sentido, como obispo y como sacerdote, me siento satisfecho de haber cumplido este importante paso de acercamiento que, espero, abra el camino para otros encuentros futuros”.

La intervención de monseñor Córdoba Villota se realizó en el marco de un foro convocado por la Fundación Buen Gobierno, la Universidad de Los Andes y la Fundación Colombia Diversa

(RD/Agencias)

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El rechazo, la falta de capacitación y de información llevan a que sean más vulnerables.

Fuente: El Espectador

Los discapacitados y los miembros de la población LGTBI, en sí, son poblaciones que frecuentemente son víctimas de discriminación. Pero cuando una persona reúne ambas realidades, su situación es más compleja. Se sienten doblemente discriminados.

Estos son los testimonios y las conclusiones del reciente estudio que realizó el Observatorio de Discapacidad de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, Colombia, en la que encuestaron a 30 personas en condición de discapacidad, que tomaron la decisión de hablar también de su orientación sexual.

El estudio se concentró en indagar de manera cualitativa sobre “las condiciones de vida y el acceso que tienen al sistema de salud y de educación, hallando que para esta población no es fácil contar con estos servicios”, dice el informe.

Entre las respuestas, por ejemplo, al indagar por las oportunidades de emprendimiento, el resultado no fue alentador. Señalan que por su condición y falta de formación, para obtener su sustento sólo se pueden dedicar a empleos informales, que les representan bajos ingresos.

En cuanto al acceso a los programas de vivienda, la situación no es mejor. Los encuestados respondieron que tienen dos grandes dificultades: que desconocen los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) o Vivienda de Interés Social (VIS) y que no tienen recursos para acceder a otro tipo de inmueble.

Si bien la muestra parece no ser representativa, se tuvo en cuenta que en estas condiciones son pocos los que deciden a hablar del tema. “Sabemos que hay mucha población con discapacidad e identidad sexual no normativa, pero como se siente discriminada por su situación, no quiere sentirse doblemente discriminada por su identidad”, dijo Rovitzon Ortiz, director de Equidad y Políticas Poblacionales de la Secretaría de Planeación.

De acuerdo con cifras oficiales, en Bogotá al menos cuatro de cada 100 habitantes tienen algún tipo de discapacidad (300.000 personas) y menos de la mitad (125.000) está en el Registro Distrital de Discapacidad. Finalmente, sólo 40.000 recibe servicios del Distrito tales como apoyo de cuidadores, subsidios, salud y educación. A pesar de este censo, no existen cifras exactas de cuántos son de la comunidad LGTBI.

De acuerdo con Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, la investigación busca generar una ruta para que el Distrito tome decisiones en relación a las personas con discapacidad e identidades sexuales no normativas.

 Testimonios

Testimonio 1: “En la universidad me pasó… Por ejemplo, para trabajar en grupos me rechazaban por orientación sexual y por ser sordo…”.

Testimonio 2: “Yo hice hasta segundo, pero ya en tercero se me veía lo galleta que era. Por la burla de mis compañeros me retiré… no soporté. No me quería sentir mal, se burlaban de mí… me decían que era mariquita…”.

Testimonio 3: “Ojalá en un futuro la sociedad nos diera una oportunidad de tener ciertas ventajas y ciertos derechos, el acceso así sea sordos, oyentes, a diferentes comunidades”.

 El observatorio de discapacidad

La encuesta es una de las primeras tareas que adelanta el Observatorio de Discapacidad, que se está creando en el Distrito para reunir información de las entidades distritales encargadas de adelantar acciones a favor de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, además de generar análisis y concertación sobe la misma.

“El observatorio se requiere para la población no para la política, porque ésta se encarga de la población con discapacidad en condición de vulnerabilidad y en eso ya se trabaja, pero faltan incluir a quienes no lo están. Se debe empezar a recoger información de quienes no se está apoyando y ahí si tomar acciones que incluyan al 100 % de esta población. Para eso se requiere cruzar información, divulgación y sensibilización”, dijo Ortiz.

Actualmente, se definieron las bases sobre las cuales se va a montar el Observatorio y el diseño operativo. Se espera que el proceso de ponerlo en marcha esté acompañado por el sector privado y las organizaciones no gubernamentales que tienen incidencia en esta población, para que de manera conjunta con el Distrito, se logren mayores beneficios para todas las personas con discapacidad en Bogotá.

General, Homofobia/ Transfobia. Bogotá, Colombia, Discapacidad, Discapacitados, Homosexualidad, Juan Carlos Prieto, Observatorio de Discapacidad, Rovitzon Ortiz

La determinación en contra del colegio privado Gimnasio Castillo Campestre, en Bogotá, Colombia, fue tomada por la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca, según documento hecho público por esa entidad.

General, Homofobia/ Transfobia. Bogotá, Colombia, Cundinamarca, Gimnasio Castillo Campestre

El Consejo de Estado de Colombia ha revocado el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia había reconocido la discriminación sufrida en su colegio por Sergio Urrego, adolescente gay que se quitó la vida en agosto. Lo más sorprendente es el principal de los argumentos usados: dado que Sergio Urrego ya está muerto… carece de derechos que proteger. El Consejo de Estado estima así la petición de la Procuradoría General de la Nación, encabezada por el homófobo Alejandro Ordoñez. Del fallo ha sido ponente, de hecho, un  magistrado cercano al procurador.

El fallo del Consejo de Estado, que en Colombia ejerce como tribunal supremo en el ámbito de lo contencioso-administrativo, determina que la acción de tutela no procede puesto que los derechos a los que se está pidiendo protección no habrían sido vulnerados a la madre del adolescente que se quitó la vida, sino a su hijo ya fallecido. “La Corte Constitucional ha reiterado que la muerte de quien es titular de los derechos presuntamente vulnerados conduce a una carencia actual de objeto y por tanto la acción de tutela resulta improcedente”, expresa el fallo, que recuerda que el menor murió “antes de la formulación de la presente acción de tutela”. “En consecuencia un pronunciamiento de fondo sobre el amparo reclamado de los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, igualdad, dignidad, no discriminación e intimidad por carencia actual de objeto, resultaría inocuo”:

El Consejo de Estado, en cualquier caso, se pone del lado del colegio al negar que existan pruebas que demuestren la persistencia del centro en dañar el buen nombre de Sergio Urrego. “Solo existe un correo electrónico, sin fecha, remitido según se lee por una estudiante del Colegio Gimnasio Castillo Campestre a la Unión Libertaria Estudiantil, organización a la que perteneció Sergio David Urrego Reyes (q.e.p.d.), del que se desconoce su autoría y por ende la veracidad de tales afirmaciones”, expresa.

Sorpresa e indignación

La decisión del Consejo de Estado ha sido recibida con sorpresa e indignación por la madre del menor y por las organizaciones LGTB. “Es una decisión francamente lamentable, que envía un pésimo mensaje a las víctimas de discriminación y violencia en los colegios. El Consejo de Estado asumió un formalismo que no analizó la complejidad del caso. Con la muerte de una persona no desaparecen los derechos. Cuando una persona muere como murió Sergio, con un acto previo de discriminación, sus compañeros de estudio, sus familiares, sus amigos tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación de su integridad y buen nombre, de acuerdo a la jurisprudencia internacional y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, además, ha sido clara en decir que la tutela tiene carácter restaurativo y preventivo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, expresaba tras conocer el fallo Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa.

También se ha pronunciado con dureza, por ejemplo, el diario El Espectador, que editorializaba sobre el tema el 29 de noviembre. “Hay que saber que, en este caso, el derecho es bastante dinámico: no se trata de un conjunto de reglas que se aplican de forma acrítica, sin tener en cuenta los contextos. Por lo que sabemos de los elementos probatorios que conocemos, Urrego fue discriminado y luego se quitó la vida: ante esto, un Estado Social de Derecho debe asegurar que no se olviden elementos básicos de la justicia: verdad, y en caso de ser desfavorable a ciertos derechos, reparación. Este es un caso complejo que va mucho más allá de la aplicación estricta de las normas. Pero si esa fuera la única opción, al menos habría que rescatar el buen nombre de Sergio, entendido este como su prestigio ante la sociedad. Un derecho. Eso que tanto alegó en las bastantes cartas que había escrito durante su vida”, expresaba el editorial. El texto recuerda además que el ponente de la sentencia, el magistrado Alfonso Vargas, es amigo de Alejandro Ordoñez, el homófobo procurador general y recurrente: “No podemos soslayar que el consejero Vargas, quien proyectó la decisión, es un amigo cercano del procurador Alejandro Ordóñez, un alto funcionario que está lejos de ser un defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Vaya, vaya. Así son las cosas”.

Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, ya ha anunciado que radicará una acción de tutela ante la Corte Constitucional. “Hoy me vienen a decir que no hay pruebas de la discriminación y que no tengo yo como mamá el derecho a pedir la restauración de su buen nombre. Voy a recurrir ante la Corte Constitucional y así me toque ir a la Corte Internacional también lo haré. Los derechos de los niños y niñas en Colombia no pueden ser vulnerados de esta manera”, ha expresado Reyes. La propia Reyes, además de colectivos LGTB y estudiantiles, se han manifestado ante el Palacio de Justicia de Bogotá para protestar contra la decisión del Consejo de Estado.

Insertamos a continuación un breve reportaje de la protesta realizado por Citytv de Bogotá:

Responsables del colegio, imputadas por la Fiscalía

En paralelo al proceso contencioso-administrativo, hay que recordar que la investigación de la Fiscalía concluyó hace un mes con la imputación de dos responsables del colegio Gimnasio Castillo Campestre por discriminación, inducción al suicidio y falsa denuncia. La imputación por discriminación se fundamenta en los testimonios de compañeros de clase, de la madre del menor y de registros del propio Sergio Urrego, que apuntarían a que las directivas del colegio iniciaron su hostigamiento contra el joven por su condición homosexual, además por ser ateo y anarquista. El delito de falsa denuncia se habría producido cuando el colegio demandó a la madre de Sergio por abandono, cuando en realidad sus viajes fuera de la ciudad se debían a motivos estrictamente laborales, además de por apoyar la denuncia por acoso sexual contra Sergio por parte de la familia del chico con el que este mantenía una relación.

Como hemos recogido en entradas anteriores, el acoso comenzó a partir del momento en el que un profesor descubrió en el móvil de Sergio una foto en la que este se besaba con un compañero. Un procesó que culminó cuando Sergio fue acusado por la familia del otro muchacho de acoso sexual. El joven acabó finalmente suicidándose lanzándose desde la terraza de un centro comercial de Bogotá tras dejar pruebas de su inocencia. Según informó una docente anónima a El Espectador, las directivas del colegio también habrían acosado a la docente Diana Castelblanco, directora del curso al que pertenecía Sergio Urrego, por no haber hecho anotaciones negativas en su expediente.

Un excelente estudiante

Sergio Urrego, quien llegó a ser calificado por la rectora Castillo como “una persona que no podemos tener en esta institución”, era de hecho un excelente estudiante. Obtuvo el 10º lugar en las pruebas estatales conocidas como Saber 11, realizadas a los estudiantes de último grado de bachillerato. Así lo dio a conocer su madre tras recibir los resultados de la prueba que Sergio llevó a cabo poco antes de terminar con su vida.

Fuente Dosmanzanas

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A la edad de diez años, Martha Sánchez, una mujer trans, conoció el drama del desplazamiento. Debido a los reiterados intentos de abuso sexual por parte de su padrastro, abandonó su natal Fusagasugá y se refugió en Bogotá. Atrás quedaron no sólo su madre y hermanos, también su inocencia. Vivía en la calle y en busca de una alternativa para sobrevivir, por recomendación de una amiga, terminó parada en las esquinas del barrio Santa Fe vendiendo su cuerpo. Ahora tiene 49 años y sigue viviendo de la prostitución.

Todavía llora al recordar el pasado, y aunque no se siente avergonzada de su trabajo, asegura que en unos meses abrirá su propio salón de belleza. Su jornada empieza a las 6:00 a.m. y termina a las 9:00 p.m. Todos los días a las 12 m. llega al centro comunitario Los Mártires, donde, junto a La Guajira¬ otra trabajadora sexual¬, recibe un plato de comida, un jugo y palabras de afecto de quienes laboran en el lugar.

Los Mártires, ubicado en el barrio Santa Fe de Bogotá e inaugurado el pasado 30 de marzo, es el segundo centro comunitario de la capital y abre de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El primero tuvo sede en Chapinero. En 2006, la Alcaldía de esa localidad, a cargo de la hoy representante Angélica Lozano, fue pionera en idear esta iniciativa y poner la ejecución del proyecto en manos de la unión temporal de Colombia Diversa, Theatron y Profamilia.

Maritza Ochoa García, directora de ese centro comunitario entre 2007 y 2008, afirma que inicialmente se ofrecían los servicios de asesoría psicológica y jurídica. A través de charlas, talleres y un festival de la diversidad, la comunidad LGBTI se fue apropiando de la calle 66 Nº 9A-28, como una forma de liberarse de los estigmas y no tener que esconderse ni ocultar su orientación sexual. “Un día en el que se llevaba a cabo una reunión de mujeres, una de ellas salió llorando y me dijo: por fin somos dignas y nos podemos ver de día”, recuerda Ochoa.

Así como ellas, decenas de grupos se daban cita en el centro comunitario de Chapinero. Organizaciones como Hombres Gay, Somos Diversidad, Sentido Bisexual, Mamás y Papás de Personas LGBT y Años Dorados nacieron en ese sitio. Más de 8.022 personas recibieron atención en sus inicios. Tras el éxito del proyecto, el Distrito asumió su administración y en 2012 lo trasladó a Teusaquillo.

Juan Florián Silva, subdirector para asuntos LGBTI de la Alcaldía, asegura que este espacio, además de ser un punto de atención psicológica y de acompañamiento jurídico, funge como centro de reunión de grupos de interés, desde redes de apoyo hasta asociaciones culturales. Más de 2.500 personas al año reciben atención y cerca de 150 casos al mes cuentan con representación legal por parte del centro comunitario de Teusaquillo.

El modelo sigue marchando tan bien que varios municipios en Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar han solicitado asesoría para replicarlo. Sin embargo, agrega Florián, es necesario que el Gobierno Nacional elabore cuanto antes una política pública para la comunidad LGBTI, con la que ya sería obligatorio incluir esta variable en los planes de desarrollo.

Fuente: El Espectador

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El pasado 4 de agosto Sergio David Urrego, adolescente colombiano de 16 años, se quitaba la vida tras el acoso homofóbico sufrido por parte de la dirección del centro educativo donde estudiaba tras descubrirse que era gay y que mantenía un noviazgo con un compañero. El caso generó gran indignación en Colombia y puso de manifiesto la gravedad del acoso que sufren sus estudiantes LGTB. Ahora se ha conocido que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra la rectora y la psicóloga del colegio.

Como hemos recogido en entradas anteriores, el acoso comenzó a partir del momento en el que un profesor descubrió en el móvil de Sergio una foto en la que este se besaba con un compañero. Un procesó que culminó cuando Sergio fue acusado por la familia del otro muchacho de acoso sexual. El joven acabó finalmente suicidándose lanzándose desde la terraza de un centro comercial de Bogotá tras dejar pruebas de su inocencia.

Ya en su momento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que el adolescente había sido discriminado, pero tanto la familia como las organizaciones LGTB consideraron que aquel fallo se quedaba corto. También la Fiscalía comenzó a investigar el caso, una investigación que ha concluido con el anuncio, el pasado 6 de noviembre, de la imputación de la ya exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, y de la psicóloga del centro, Ivón Cheque Acosta, por discriminación, inducción al suicidio y falsa denuncia.

La imputación por discriminación se fundamenta en los testimonios de compañeros de clase, de la madre del menor, Alba Reyes, y de registros del propio Sergio, que apuntarían a que las directivas del colegio iniciaron su hostigamiento contra el joven por su condición homosexual, además por ser ateo y anarquista. El delito de falsa denuncia se habría producido cuando el colegio demandó a la madre de Sergio por abandono, cuando en realidad sus viajes fuera de la ciudad se debían a motivos estrictamente laborales, además de por apoyar la denuncia por acoso sexual contra Sergio por parte de la familia del chico con el que este mantenía una relación.

El acoso ha continuado

Según informó una docente anónima al diario El Espectador, las directivas del colegio también habrían acosado a la docente Diana Castelblanco, directora del curso al que pertenecía Sergio Urrego, por no haber hecho anotaciones negativas en su expediente. “Usted no se imagina la presión que han ejercido sobre la directora del grupo al que perteneció Sergio Urrego, miss Diana Castelblanco. La Fiscalía debería tomar su declaración y la de todos los profesores”, explicaba.

“A ella le quitaron parte de su sueldo, el llamado ‘bono de desempeño’, por no haber hecho anotaciones negativas en la bitácora de Sergio para justificar su homofobia. Esta presión es de parte de la rectora Azucena y su hermana Constanza Castillo. Miss Diana respondió que Sergio no podía tener anotaciones negativas, ya que su comportamiento en general era muy bueno. Esa profesora ha derramado lágrimas de sangre con lo que ha pasado. Hemos visto como varias veces, minutos antes de la hora de salida, la han citado en rectoría para presionarla y seguir culpándola de todo. A nosotros nos reiteran que no podemos hablar con nadie sobre la situación ni hacer declaraciones, ya que esto nos puede traer perjuicios legales. Por eso mis compañeras y yo hemos tenido miedo de hablar”, añadía el testimonio de la profesora.

Un excelente estudiante

Sergio Urrego, quien llegó a ser calificado por la rectora Castillo como “una persona que no podemos tener en esta institución”, obtuvo el décimo lugar en las pruebas estatales conocidas como Saber 11, realizadas a los estudiantes de último grado de bachillerato. Así lo dio a conocer su madre tras recibir los resultados de la prueba que Sergio llevó a cabo poco antes de terminar con su vida.

Un resultado que habría hecho a Sergio merecedor a una de las 10.000 becas que hace pocos días anunciaba la ministra de Educación, Gina Parody (abiertamente lesbiana, por cierto). “Su desempeño escolar demuestra que era un niño muy inteligente, que era un joven que tenía un porvenir inmenso y que lamentablemente no pudo llegar a ser ese ciudadano ejemplar que seguramente hubiese llegado a ser”, ha apuntado Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual de Bogotá.

Fuente Dosmanzanas

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“La caza del Gay”
(Vargas Llosa escribe sobre la homofobia en Latinoamérica)

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El objetivo de esta reunión es que los asistentes analicen en profundidad la violencia homofóbica y transfóbica en instituciones educativas de América Latina y el Caribe para de este modo poder desarrollar respuestas en el sector.

Bogotá acoge hasta el próximo día 31 de octubre una reunión regional con la que la Unesco culmina su consulta regional sobre violencia homofóbica y transfóbica en instituciones educativas de América Latina, según ha informado el organismo.

Al encuentro han acudido representantes de ministerios de Educación y diferentes ONG de nueve países de la región dedicados a diseño de normas educativas, desarrollo curricular, formación docente, derechos humanos, convivencia y sistemas de información, según informó la Unesco en un comunicado de prensa.

Asimismo, estarán presentes Christophe Cornu de la Sección de Educación para la Salud y Ciudadanía de la sede de la UNESCO en París, así como Mary Guinn Delaney, asesora regional en Educación para la Salud de este organismo en Santiago de Chile.

Fuente Postlatino

General, Homofobia/ Transfobia. América Latina, Bogotá, Caribe, Christophe Cornu, Mary Guinn Delaney, UNESCO

General, Iglesia Católica Adolfo Vera, Bogotá, Comunidad San Sebastián, Grupos cristianos LGTB, Homosexualidad, Iglesia Católica, Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, Martha Cuellar

El pasado 4 de agosto Sergio David Urrego, un joven gay de 16 años, se quitaba la vida tras sufrir el acoso de la dirección del centro en el que estudiaba, el Gimnasio Castillo Campestre, de orientación católica. Lo contábamos hace ahora tres semanas: injustamente acusado de acosar a otro alumno a raíz de que un profesor descubriera una foto de ambos besándose, Sergio acabó por suicidarse tras dejar pruebas de su inocencia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoce ahora que efectivamente el adolescente fue discriminado, pero tanto la familia como la organización Colombia Diversa creen que el fallo se queda corto y lo apelarán. Pero también la Fiscalía investiga ya el caso.

En el fallo de la acción de tutela interpuesta por Alba Reyes -la madre de Sergio- con el apoyo de Colombia Diversa el tribunal establece que “es evidente que el móvil [de la rectora] más que protector es discriminatorio”. La rectora del centro, Amanda Azucena Castillo, había sostenido que la expulsión de Urrego “no se debió a la condición sexual del niño, sino a las manifestaciones amorosas en la institución educativa”. Argumentaciones que no resultaron creíbles para el tribunal. “Esta afirmación no es acorde con la realidad ni con las pruebas allegadas”, expresa de hecho la sentencia.

No obstante, tanto la madre del joven como Colombia Diversa consideran que el fallo se queda corto y por eso apelarán. Las razones esgrimidas son que  “(1) el Tribunal no emitió órdenes para modificar el Manual de Convivencia, pese a decir que era violatorio de la Constitución; (2) tampoco ordenó la realización de un acto público donde el colegio reconozca su responsabilidad y repare el buen nombre de Sergio y su familia, ni que se le otorgue a Sergio el grado simbólico y póstumo con presencia de sus familiares y amigos; y (3) no ordenó ningún cambio efectivo a la política pública para evitar que se siga discriminando a los estudiantes del país”.

El caso ha llevado además a la Fiscalía a interrogar a tres de los trabajadores del colegio: la propia rectora, la psicóloga y el profesor que decomisó el celular en el que encontró la foto de Sergio dándose un beso con su novio. La Fiscalía los investigará por tres posibles delitos: constreñimiento ilegal, inducción al suicidio y discriminación.

Plantón en memoria de Sergio Urrego

Por otra parte, el pasado 12 de septiembre familiares, amigos, compañeros de Sergio, activistas LGBTI, ateos bogotanos y jóvenes anarquistas se hicieron presentes en las instalaciones del colegio de Sergio para protestar contra el acoso sufrido por el adolescente.

Unas 300 personas se desplazaron hasta las afueras de Bogotá para manifestar su rechazo al comportamiento del colegio que dirige y del que es propietaria Amanda Azucena Castillo:

Reacciones homofóbicas

A pesar de la fuerte reacción que ha habido en medios colombianos y en las redes sociales tras el suicidio de Sergio, los sectores más conservadores del país no han dudado en rechazar que haya existido motivación homófoba. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, ha insinuado por ejemplo que el suicidio estaría relacionado con el hecho de que los padres del chico estuvieran separados. “Hace cerca de dos años la misma Unesco sacó una estadística relativa a los suicidios de los niños en Bogotá de cerca de 80 o 100 suicidios de niños en un año en 2011. Eso lo que demuestra es una patología social pero normalmente las patologías sociales son familiares, la destrucción de la familia trae como consecuencia estas patologías sociales”, declaró Ordóñez, que recordamos es un encarnizado enemigo de la igualdad LGTBI.

“¿Por qué se pretende culpar a las directivas de la institución por el suicidio de alguien que exaltaba el suicidio como expresión máxima de ‘libertad’? Las autoridades, en vez de estar viendo cómo pueden inculpar a la directora del colegio y usar el caso como excusa para la aniquilación de la libertad religiosa, deberían estar alarmados por la popularidad que las ideologías suicidas están ganando entre los adolescentes colombianos”, se pregunta por su parte el grupo Voto Católico.

Os dejamos para finalizar esta entrada con el reportaje sobre lo sucedido con Sergio por el programa El Sofá, de Canal Capital:

Fuente Dosmanzanas

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