“Seres libres, Estado laico” fue el lema de la XXI marcha de la ciudadanía LGBTI de Bogotá, que este domingo 2 de julio movilizó a decenas de miles de personas en la capital colombiana (entre 55.000 y 80.000, según las fuentes). El lema de este año, en favor del Estado laico, fue elegido como respuesta a la arremetida fundamentalista que vive en estos momentos Colombia y que persigue revertir los importantes avances en derechos que la población LGBTI colombiana ha alcanzado (principalmente de la mano de la Corte Constitucional).

Colectivos LGBTI, feministas, ecologistas, ateos, iglesias inclusivas, partidos políticos y empresas como Google Colombia o IBM, entre otras, marcharon hasta la céntrica Plaza de Bolívar, ubicada entre el Congreso de la República y el Palacio de Justicia. Dos escenarios que encierran un simbolismo especial, al representar las dos caras de la sensibilidad institucional hacia la lucha en favor de la igualdad de las personas LGTBI: el más adverso y el más favorable. En Colombia, recordemos, el avance de los derechos LGTB se ha producido no por decisión de las fuerzas políticas representadas en el legislativo, sino a golpe de sentencia de la Corte Constitucional. “Más que una manifestación es una marcha que congrega a los ciudadanos con la voluntad de decirle al Estado y a la sociedad que la comunidad LGBTI está aquí construyéndose de forma diversa”, declaró al respecto el director de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Bogotá, Juan Carlos Prieto.

“Esto es un mensaje muy claro a las diferentes confesionalidades, somos respetuosos de la religión, pero marchamos para que haya un Estado laico y seres libres. La Biblia no puede continuar siendo usada como un escenario de discriminación a esta población”, manifestó por su parte Alejandro Michells, miembro de la Mesa LGBT de Bogotá. Y es que el embate de los movimientos religiosos más conservadores es en estos momentos muy fuerte. Buena muestra de ello ha sido el intento de referendo para prohibir la adopción por parejas del mismo sexo y personas viudas, separadas y solteras, una iniciativa liderada por la senadora evangélica Viviane Morales y apoyada por grupos evangélicos y por la Iglesia católica, o el hecho de que numerosos pastores evangélicos hayan hecho de la homofobia su señuelo para hacer carrera política. Otra muestra es el anuncio del consumado homófobo Alejandro Ordoñez, que durante los años que fue procurador general ejerció como el mayor enemigo de los derechos LGTBI (en temas como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, las leyes contra la discriminación o el reconocimiento de la identidad de género en el documento de identidad, entre otros), que ha lanzado su candidatura como precandidato presidencial prometiendo modificar la Constitución de 1991 y limitando las facultades de la Corte Constitucional.

El discurso central, que tuvo lugar en la histórica Plaza de Bolívar, recordó que el pasado año 106 personas fueron asesinadas en Colombia por su orientación sexual o identidad o expresión de género, que los episodios de violencia policial contra personas LGTBI han aumentado en los últimos años, o que la sentencia de la Corte Constitucional que, a raíz del caso Sergio Urrego, ordenaba al Ministerio de Educación Nacional revisar los manuales de convivencia para combatir el acoso por LGTBIfobia sigue sin implementarse (un fallo que de hecho desató la ira de los sectores homófobos), evidenciando la necesidad de pugnar por la separación entre Estado e iglesias en Colombia. “A los pastores venidos a la escena política quiero decirles que no es justo ni honesto que en el juego político, se use a la población LGBTI como el chivo expiatorio de su falsa cruzada moral. Es injusto y vil que para conseguir votos los pastores nos señalan de ser los destructores de la familia y la sociedad, cuando los verdaderos males que afectan a todas las familias son el desempleo, el subempleo, la baja calidad y cobertura de la salud y la educación; cuando el verdadero mal moral es la rampante corrupción de los políticos de siempre con los que ahora los pastores se han unido para negar nuestros derechos y negarle al  país la oportunidad de vivir en paz y reconciliación. Esto es vergonzoso. Es intolerable”, expresó Ferney Rodríguez, de Bogotá Atea, ante las personas que llenaban la plaza.

Cabe señalar que la de Bogotá no fue la única marcha que se celebró este domingo. Las hubo en 27 ciudades y pueblos de toda Colombia, de los cuales Sogamoso y Corozal lo hacían por primera vez.

Insertamos a continuación un vídeo que recoge el discurso central del acto de Bogotá:

Puedes ver también algunas imágenes de la marcha aquí.

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Como ya habiamos publicado todo este acoso empujó a la alcaldía colombiana de Bucaramanga al izado de la bandera arco iris en su frontis para apoyar a colectivo y mostrar su rechazo a la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual.

Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia.

En el año 2014 Sergio Urrego, un joven de 16 años, se suicidó tras sufrir un implacable acoso por parte de la dirección del colegio en el que estudiaba debido a su condición de homosexual, ateo y anarquista. El acto de presión mayor fue la notificación de que los padres de su pareja, un compañero de colegio, le habían demandado penalmente por acoso sexual (se llegaron a imputar, de hecho, cargos criminales a tres directivas del centro, entre ellas la rectora Azucena Castillo).

De esto ya han pasado dos años. En este intervalo de tiempo, la acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“. El Ministerio alegó no tener la capacidad de hacer tal revisión, pero traspasó la tarea a las Secretarías de Educación locales, con el apoyo de entidades como la ONG Colombia Diversa o Unicef, entre otras.

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