Buena respuesta a la noticia que publicábamos hace unos días…

“Emitir una licencia matrimonial que entra en conflicto con la definición divina de matrimonio, con mi nombre en ella, viola mi conciencia. No es un tema inocuo para mí. Se trata del cielo o del infierno”, expresaba en un comunicado Kim Davis, secretaria del condado de Rowan (Kentucky) para justificar su negativa a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que consideró contrario a la Constitución prohibir el matrimonio igualitario y que, en consecuencia, lo hizo extensivo a todo el país. El pasado martes, al ser preguntada por una pareja del mismo sexo sobre bajo qué autoridad les negaba su solicitud, respondía que “bajo la autoridad de Dios”. Este jueves un juez federal ha decretado su ingreso en prisión por un delito de desacato.

La vida de esta delincuente no ha sido precisamente ejemplar en su respeto a la “santidad” del matrimonio: divorciada tres veces, casada cuatro (dos de ellas con el mismo marido), tuvo dos hijos fuera del matrimonio… Hace cuatro años, sin embargo, se refugió en la religión y se convirtió en una ”cristiana renacida”. Elegida por sus conciudadanos como secretaria del condado en 2014 (tiene, de hecho, afiliación demócrata) dispone de un mandato de cuatro años, y no puede ser despedida. Sucedía en el cargo a su propia madre, que lo ocupó durante 37 años… Biografías aparte, su rebelión contra el estado de derecho es ya todo un símbolo de la resistencia de la derecha religiosa estadounidense contra el matrimonio igualitario.

Después de que el Tribunal Supremo diera a conocer su histórica sentencia sobre el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, en varios estados del sur se vivieron varios conatos de rebelión contra la decisión, protagonizados sobre todo por personalidades conservadoras, como el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, o el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore. La fuerza de los hechos ha debilitado –que no vencido–esta resistencia inicial, pero el fanatismo de Davis, que dispuesta desde el primer momento a convertirse en una “mártir cristiana”, ha permanecido incólume, y su caso ha sido el primero al que la justicia federal ha tenido que enfrentarse al máximo nivel. Y lo ha hecho con rotundidad.

Como protesta contra la decisión del Supremo, Kim Davis decidió dejar de emitir licencias de matrimonio argumentando el principio de libertad religiosa. Cuatro de las parejas que recibieron la negativa (dos del mismo sexo y dos de distinto sexo) la demandaron ante la justicia federal. Y el juez federal David Bunning les dio la razón, al considerar en su sentencia que las creencias religiosas de Davis no la liberan de cumplir con las que son sus obligaciones como funcionario público.

Davis recurrió ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, bajo cuya jurisdicción se encuentra Kentucky. Hace una semana el panel de tres jueces al que correspondió analizar el caso decidía de forma unánime avalar la decisión del juez Bunning y ordenaba a Kim Davis comenzar a emitir licencias de matrimonio. Los abogados de Davis acudieron entonces al Tribunal Supremo, para conseguir que este emitiera, como hace en otros casos (lo hizo, por ejemplo, con sentencias favorables al matrimonio igualitario) una orden de suspensión temporal de la sentencia. El Supremo se limitó a rechazar la petición el pasado lunes, sin acompañar el rechazo de pronunciamiento alguno. Davis debía comenzar a emitir licencias de matrimonio, tal y como es su deber como persona al cargo de dicha tarea en el condado de Rowan, y punto. Pero llegó el martes, y Kim Davis continuó negándose, al tiempo que hacía público el comunicado al que hacíamos alusión en la introducción.

Antes de ser encarcelada, se le dio la oportunidad de delegar en otros

Este jueves, finalmente, el juez David Bunning la citaba para decidir, tras escuchar sus alegaciones, si la condenaba a prisión por desacato. Es importante destacar que Bunning se había mostrado dispuesto a evitar el encarcelamiento si Davis hubiese aceptado, al menos, delegar la concesión de licencias de matrimonio a sus funcionarios subordinados. Aunque con diferente grado de “entusiasmo”, cinco de los seis se habrían mostrado dispuestos a hacerlo. Un sexto, hijo de la propia Kim Davis, se habría negado también. Pero Davis ni siquiera ha aceptado este arreglo, y el juez no ha tenido otro remedio que enviarla a prisión. “Este tribunal no puede tolerar la desobediencia consciente a una orden judicial legalmente emitida”, ha argumentado.

El culebrón Davis, en cualquier caso, no puede darse aún por terminado. Personalidades conservadoras, especialmente del bando político republicano, ya le han mostrado su apoyo. Lo que suceda finalmente con ella será un buen termómetro de hasta qué punto el estado de derecho aguanta, en los Estados Unidos, el embate del fundamentalismo cristiano. El condado de Rowan no es el único que se resiste a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Hay otros varios diseminados no solo por Kentucky, también en Alabama o en Texas. Diversos recursos judiciales están en curso, y los sectores más reaccionarios no van a cejar en su empeño. No olvidemos que, perdida la batalla de la extensión del matrimonio igualitario a todo el país, se abre con fuerza la batalla de restringir los derechos de las parejas del mismo sexo, casadas o no, en base al tramposo argumento del respeto a la “libertad religiosa”. La guerra no está ni mucho menos ganada.

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Tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reacción adversa de los representantes políticos más conservadores no se ha hecho esperar. Los jueces y fiscales más reaccionarios también han expresado su indignación con la igualdad para los ciudadanos LGTB estadounidenses. Todo augura la presentación de un abanico interminable de leyes, que subrepticiamente traten de impedir el ejercicio de lo que ya se ha dictaminado que es un derecho constitucional inalienable.

El hecho de que la sentencia haya llegado prácticamente en fin de semana, y que además ya haya comenzado el período de inactividad estival en las cámaras estatales, ha jugado a favor para que las celebraciones del Orgullo este 28 de junio hayan podido tener lugar sin demasiado alboroto político o judicial en los Estados Unidos. Sin embargo, todo hace prever que no será así siempre. Por lo pronto, ya son varios los gobernadores que han afirmado que funcionarios y jueces pueden negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo si esto contraviene sus creencias religiosas. Una normativa semejante fue aprobada recientemente en Carolina del Norte, que parece ser el ejemplo a seguir por los gobernadores más recalcitrantes.

Texas

El primero de ellos ha sido el vicegobernador de Texas, el republicano Dan Patrick. Cerrado el periodo de sesiones de Cámara de Representantes y Senado sin que hayan prosperado las iniciativas LGTBfóbas presentadas por problemas de calendario, a Patrick solo le ha quedado la “imaginación legislativa” como recurso.

Este año se aprobó la “Ley de Protección de los Eclesiásticos”, que permite a las responsables de las confesiones religiosas rehusar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Durante su aprobación, los ponentes llegaron a comparar a los gais con asesinos en serie, el matrimonio entre personas del mismo sexo con el holocausto judío y la homosexualidad con la pedofilia y el bestialismo. La ley fue aprobada por 141 votos a favor y 2 en contra.

El vicegobernador Patrick ha ordenado al fiscal general de Texas que amplíe la ley para incluir en ella a jueces, secretarios de condado y funcionarios. De esta forma, podrán rechazar a las parejas del mismo sexo que pretendan casarse si eso contraviene sus sinceras creencias religiosas. No cabe duda de que esta iniciativa es tan solo un parche en espera de que el nuevo período legislativo posvacacional dé comienzo y leyes mucho más severas sean presentadas y aprobadas por amplia mayoría. Obviamente, todas ellas serán denunciadas ante los tribunales por su evidente inconstitucionalidad, pero son una seria cortapisa al ejercidio de los derechos LGTB.

Luisiana

Bobby Jindal es el gobernador republicano de Luisiana, y comunicó recientemente su intención de luchar para ser candidato a las elecciones presidenciales por su partido. Quizás por ello fue uno de los más duros en su reacción inicial. Jindal pretendía ignorar la prevalencia de la sentencia del Tribunal Supremo y demorar su ejecución hasta que la Corte de Apelaciones del  5º Circuito decidiera sobre la sentencia desfavorable al matrimonio igualitario de septiembre de 2014, la única de este cariz en un tribunal federal.

Las parejas implicadas ya habían presentado sus peticiones para una moción de urgencia de la Corte de Apelaciones que obligara al acatamiento de la sentencia del Supremo. Sin embargo, la realidad jurídica se ha impuesto y las primeras bodas de parejas del mismo sexo ya se han celebrado, a pesar de que la asociación de secretarios de condado aventurase que la ejecución sentencia del alto tribunal podría posponerse 25 días, que es el plazo existente para que se puedan presentar alegaciones.

Pero Jindal no se ha rendido, y ha comunicado de inmediato que la orden ejecutiva que firmó el pasado mes de mayo sobre la “libertad religiosa”, ampara a los funcionarios y jueces que rehúsen celebrar enlaces entre personas del mismo sexo si contraviene sus creencias religiosas. La orden ejecutiva fue emitida por el gobernador Jindal después de que un proyecto de ley con ese contenido fuera rechazado por el comité legislativo de la Cámara de Representantes del estado, dada su evidente inconstitucionalidad.

Alabama

Quien no puso objeciones a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo fue el gobernador de Alabama, Robert Bentley, que comunicó de inmediato que la acataría, como es su deber, a pesar de su fuerte desacuerdo. Pero en Alabama el problema no es el gobernador, sino el presidente de su Corte Suprema, Roy Moore. A pesar de que existía una sentencia favorable al matrimonio igualitario de la juez federal Callie V. S. Granade, y que tanto la Corte de Apelaciones como el propio Tribunal Supremo rehusaron suspenderla durante la apelación, el juez decidió ordenar a todos los funcionarios de Alabama que rechazasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Los abogados de las parejas demandantes acudieron a la juez Callie V. S. Granade con una inteligente fórmula judicial: hacer que el grupo de demandantes se abriera a todas las parejas del mismo sexo de Alabama a quienes se impidiera contraer matrimonio, e incluir como demandados a todos los jueces de familia y funcionarios del estado. La juez lo admitió, y ordenó que se emitieran licencias de matrimonio a todas las parejas que los solicitasen, aunque suspendió la ejecución de su mandato hasta la sentencia del Tribunal Supremo.

Una vez dado a conocer el fallo, la orden de la juez era de ejecución inmediata, y todo parecía dar a entender que los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo se celebrarían con normalidad. Pero entonces llegó la última decisión del juez, un evidente pataleo ante lo inevitable: ordenar a los funcionarios del estado que pospongan la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo durante un período de 25 días, que, como comentábamos anteriormente, es el plazo existente para que el Tribunal Supremo pueda rectificar una sentencia si así lo estima ante las alegaciones que se le presenten.

Queda aún por saber qué nueva ocurrencia tendrá el juez Moore una vez pasados esos 25 días.

Mississippi

En Mississippi quedaba por discernir si el fallo del Tribunal Supremo se ejecutaba de inmediato, o había que esperar a que se levantara la suspensión de la sentencia de un tribunal estatal. Aunque el fiscal general, el demócrata Jim Hood, aseveraba que no alegaría nada en contra del levantamiento de la suspensión, sí que comunicaba a los secretarios de los condados que no debían emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo hasta que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito no ordenase ese levantamiento.

Las críticas de los abogados de las parejas demandantes y de los expertos constitucionales arreciaron, obligando al fiscal Hood a rectificar. En una carta dirigida a los secretarios de los condados, el fiscal explicaba que “Obergefell [la sentencia sobre el matrimonio igualitario del Tribunal Supremo] es la ley del país. Si un empleado ha emitido o decide emitir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo, el fiscal general no tomará ninguna actuación en su contra en nombre del estado… Por otro lado, si un empleado público se niega a emitir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo podría ser demandado por la pareja a la que se la ha negado y podría enfrentarse a responsabilidad civil”.

Las primeras bodas de parejas del mismo sexo comenzaron de inmediato.

En resumen, aunque la victoria para la igualdad de derechos de la comunidad LGTB ha sido histórica, aún habrá muchas barreras e impedimentos que superar para hacerla efectiva.

Fuente Dosmanzanas

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