La cámara rechaza las enmiendas a la totalidad de las derechas, que se muestran contrarias a la autodeterminación de género de las personas trans

La llamada Ley Trans sigue adelante. La mayoría del Congreso ha rechazado rotundamente este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, que pedían devolver el texto al Gobierno. Así se ha dado el pistoletazo de salida a la tramitación legislativa por la vía de urgencia de una norma que se prevé muy agitada. A ella no solo se oponen la derecha y extrema derecha, también un sector del movimiento feminista transexcluyente.

El punto más polémico es la autodeterminación de género de las personas trans, es decir, el derecho a modificar el sexo legal en base a su libre voluntad. Actualmente, ya hay en España desde 2007 una ley sobre identidad de género y que permite el cambio en el DNI, la diferencia es que impone como requisitos dos años de hormonación y un informe diagnóstico de disforia de género. Condiciones que la nueva norma, oficialmente llamada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, elimina.

La diputada sociaLISTA Raquel Pedraja ha reconocido que la ley “entra en el Congreso con una vocación de mejora y a nosotras nos encontrarán ahí, trabajando para que sea garantista” y ha reivindicado al PSOE como “el partido que ha protagonizado los avances en materia LGTBI de los últimos 40 años” y “el partido feminista de las grandes reivindicaciones de las mujeres” y ha nombrado varias de las cuestiones que aborda la norma, entre ellas las tasas de desempleo de las personas trans o el acoso escolar.

La ley ha sido defendida desde la tribuna por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que en 2019, una reforma que también reconocía la libre autodeterminación de género estuvo a punto de ser aprobada en el pleno y cuyo dictamen “fue firmado por todos los partidos”. “Señores del PP, ¿qué ha cambiado hasta ahora?”, ha cuestionado a la bancada de la derecha. “Que han sido devorados ideológicamente por la extrema derecha”, se ha respondido.

La titular de Igualdad ha advertido a PP y a Vox de que “somos más quienes queremos que el Estado reconozca de una vez a las personas trans y a las personas LGTBI” y que “han perdido el debate antes de empezarlo”. Además, ha llamado a la “mayoría feminista” de la cámara a “expresar diferencias y posibilidades de mejora”, pero “sin dejar una sola puerta abierta a los discursos de odio y la transfobia”. “La derecha quieren un país lleno de armarios, de soledad, de clandestinidad. Son menos. Les estamos ganando”, ha cerrado su intervención.

El PP y Vox comparten argumentario, consideran que se trata de un “texto ideologizado” y “contrario a la evidencia científica” y ambos se refieren a la identidad de género como si fueran “deseos”, pero la intervención más dura ha venido de la bancada de la extrema derecha. Con una camiseta que rezaba “biology is real” (la biología es real, en inglés), la diputada de Vox Carla Toscano ha calificado la norma de “labor de ingeniería social” que “fomenta la transexualidad”. “Hoy es el día de gritar los niños tienen pene y las niñas vagina, la biología es real, el sexo es binario y la ideología de género es un cáncer”, ha afirmado.

Toscano considera que legislar sobre “deseos y autopercepciones genera fraudes de ley” y cree que “veremos hombres que tendrán acceso a espacios de mujeres”, ha añadido antes de comparar este tipo de leyes para despatologizar la transexualidad con “legislar sobre autopercepción de edad, nacionalidad o estado civil. ¿Se imaginan un mundo en el que todos estén obligados a tratarnos como nos sintamos? Esta ley supone una discriminación sobre personas que se pueden sentir un ornitorrinco o Lady Gaga”, ha dicho ridiculizando a las personas trans.

El PP, por su parte, ha centrado su discurso en criticar especialmente el tratamiento de los menores que hace el proyecto y ha reivindicado el papel “de los padres y profesionales” que, asegura la diputada María Jesús Moro, “se deja de lado”. El texto permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con autorización de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. “¿A ustedes les parece un avance que convirtamos el Registro Civil en una oficina de recepción de deseos y arrepentimientos? No es como ir a cambiar el modelo de consola, es muy serio”, ha añadido.

Otra de las líneas argumentales de los populares entronca con lo que defiende también varias organizaciones feministas que se oponen a la norma, entre ellas la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que se ha reunido esta mañana con Feijóo y que considera que la Ley Trans puede suponer una merma de derechos para las mujeres. “Nos pronunciamos contrarias al borrado de la mujer”, ha dicho en el pleno Moro, que ha interpelado a las socialistas asegurando que el partido “quiere purgar” a las feministas socialistas críticas.

Sin ambages han respaldado la autodeterminación de género el resto de formaciones que han intervenido en la cámara. Bildu, el BNG, PNV, ERC y Ciudadanos han cargado también contra las enmiendas de las derechas y ha querido censurar los debates “que en vez de aportar luz están suponiendo un obstáculo para reconocer la diversidad”, en palabras de la diputada de Bildu, Bel Pozueta, que ha defendido la libre determinación de la identidad asegurando que “nadie de esta cámara va a decirles a las personas trans quiénes son ni quiénes pueden ser”.

En la misma línea se expresado María Carvalho, de ERC: “No hay una lucha entre el feminismo y las mujeres trans”, ha clamado la parlamentaria antes de recordar que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han crecido un 67% desde 2019, según el Ministerio del Interior. Los republicanos se han comprometido a proponer las enmiendas que piden los colectivos, entre ellas, posibilitar el cambio de sexo legal “sin limite de edad”, reconocer a las identidades no binarias y “posibilitar que las personas trans migrantes puedan cambiar sus documentos”.

Por su parte, Sara Giménez, de Ciudadanos, se ha mostrado también a favor de la autodeterminación de género, pero ha criticado al Ministerio de Igualdad por reclamar la tramitación de la ley por la vía de urgencia. Algo que la diputada ha calificado de “irresponsable” porque “necesitaría la comparecencia de expertas e informes preceptivos”. Es esta una de las reclamaciones que también han hecho las organizaciones feministas críticas, que consideran que este trámite “busca ocultar a la sociedad las consecuencias prácticas para la infancia y los derechos de las mujeres”.

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Una buena noticia nos llega desde Turquía. Según ha anunciado el colectivo Kaos GL, un tribunal administrativo regional ha puesto por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital turca, en base al estado de emergencia declarado en esa fecha. Queda pendiente de decisión una segunda prohibición, emitida en octubre de 2018, pero el maltratado activismo LGTB turco puede al menos celebrar una primera (y significativa) victoria.

Como recogimos en su momento, el entonces gobernador de Ankara, Ercan Topaca, emitía un comunicado en noviembre de 2017 prohibiendo por tiempo indefinido todas las expresiones culturales de la comunidad LGTB en la capital turca. La prohibición, cuyo antecedente había sido el veto, pocos días antes, a la celebración de un Festival de Cine LGTBI Alemán (organizado entre otros por la embajada germana) se fundamentaba en una declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno turco. Las organizaciones Kaos GL y Pembe Hayat (o Pink Life) apelaron la decisión, pero la justicia rechazó en un primer momento la apelación. Ahora, sin embargo, el 12º tribunal administrativo de Ankara ha estimado sus argumentos al considerar que la prohibición era «indefinida y ambigua». «Debe garantizarse la seguridad de los eventos, en lugar de prohibirlos», ha argumentado además el tribunal.

La decisión ha sido saludada tanto por los colectivos demandantes como por ILGA Europa, organización que en su momento criticó con dureza la decisión de las autoridades turcas. Sin embargo, como la propia Kaos GL explica en su página web, queda pendiente todavía el recurso por una segunda prohibición de eventos de temática LGTB emitida por el gobernador de Ankara en octubre de 2018, con posterioridad al estado de emergencia decretado por el Gobierno turco (que finalizó en julio). Una segunda prohibición, por cierto, que el pasado mes de febrero un grupo de diputados pertenecientes al Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo solicitaron por carta al gobernador de Ankara que derogase. Entre ellos los eurodiputados españoles Izaskun Bilbao (PNV), Ana Miranda (BNG), Javi López (PSC) y Jordi Solé (ERC).

Confiemos en que la justicia ponga también punto final a esta segunda prohibición, uno más en una larga serie de episodios de discriminación contra el colectivo LGTB turco, ejemplarizados por ejemplo en la reciente prohibición del Orgullo LGTB de Estambul, la principal ciudad turca. En 2013 nos hacíamos eco del éxito de dicha celebración, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

La complicada situación política 

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, en abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía, a la que pese a todo trata de resistir una parte importante de la sociedad turca. Un dato esperanzador ha sido, en este sentido, el reciente resultado de las elecciones municipales, donde la oposición del Partido Republicano del Pueblo (actualmente un partido secular de centro-izquierda) ha conseguido arrebatar a los islamistas de Erdoğan las alcaldías de Ankara y Estambul (en este último caso por un margen muy ajustado).

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El PP presumiendo de que Andrea Levy y Javier Maroto estaban en la manifestación del Orgullo LGTB de Madrid en 2017

El PP de Galicia vota encontra de tramitar la Ley de Identidad de Género presentada por la izquierda porque cree que lo que propone ya está recogido en la Ley LGTBI aprobada en 2014.

La oposición recuerda que esa ley no dedica más de dos líneas a la transexualidad y no recoge medidas concretas para ayudar al colectivo trans.

El PP aprovecha para crear malestar entre las asociaciones de personas trans y denuncia que la oposición quiere “politizar” los derechos del colectivo.

El proyecto (a cuyo texto puedes acceder aquí) había sido registrado por triplicado por En Marea, el PSdeG-PSOE y el Bloque Nacionalista Galego, las tres fuerzas de la oposición, teniendo en cuenta las demandas que hace unos meses plantearon varios colectivos LGTBI y trans de Galicia.

En el Parlamento Gallego el PP acaba de decir que no a la admisión a trámite de la Ley de Identidad de Género que en primavera los colectivos LGTBI de la región consiguieron registrar gracias al apoyo de la izquierda (En Marea, PSdeG y BNG).

Dice el PP gallego que no hace falta tramitar esa ley porque lo que hay en ella ya está aprobado en otra ley, la de Igualdad de Trato y No Discriminación de Personas LGTBI que se aprobó en 2014 a iniciativa del PSdeG (y en la que el PP, gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento gallego, cambió el texto eliminando el régimen sancionador). La nueva ley, la de Identidad de Género, propone cambios en cuestiones de gestión administrativa, atención sanitaria, medidas educativas y de formación, garantías de no discriminación en el ámbito laboral, apoyo familiar y reglamentaciones para ayudar a las personas en situación de especial vulnerabilidad; además de tratar con especial delicadeza a las víctimas de discriminación y violencia o a la población reclusa. Todo eso no estaba en la ley de 2014.

Según la diputada popular Marta Rodríguez-Vispo todo eso ya está en la otra ley que es “aplicable en todos sus artículos a las personas transexuales“. La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, recordó que la ley de 2014 no define qué es la transexualidad, qué es la identidad sexual y de género y, además, ni despatologiza la transexualidad ni facilita los trámites como el cambio de nombre en registros y documentación oficial. Rodil, como todos los grupos de izquierda, cree que es necesario dar un paso más allá de la ley de 2014 y tener una normativa que deje claro que “el género no tiene nada que ver con los genitales, que hay hombres con vagina y mujeres con pene” y que eso no se ha de tratar como una enfermedad o motivo de discriminación.

Para responder a esto desde el PP lo único que han hecho ha sido enfrentar a las asociaciones trans, recordando que hay dos colectivos (Fundación Daniela y Chrysallis) que se desmarcaron de esta propuesta de ley que impulsaron Arelas, Ultreia y Amizando: “Es una lástima esta ruptura de consenso entre las asociaciones” dijo Rodríguez-Vispo, “porque si alguna de estas asociaciones se quiere arrogar la representatividad de todas, no estamos de acuerdo.”

“No sé de qué tienen miedo, qué es lo que les parece mal de tomar en consideración esta ley“, preguntó el diputado de En Marea Marcos Cal a la bancada del PP. Y les recordó que la ley de 2014 apenas dedica “dos líneas a la transexualidad“. Cal aprovechó para explicar los casos de Pablo, Manuel o Daniela, tres personas trans que han sufrido discriminación en su centro educativo, que tienen que pedir un préstamos para las cirugías que no cubre el Sergas o que tienen que dar explicaciones cada vez que sacan el DNI para, por ejemplo, pagar con tarjeta. “¿Están ustedes seguros de su identidad? ¿Saben si son ustedes hombres o mujeres? Si piensan que no tienen que responder a estas preguntas ¿por qué otras personas tienen que hacerlo?“, preguntó Cal a los Populares.

A esa crítica se sumó Noela Blanco, del PSdeG, que le echó en cara al PP que ahora cojan la ley de 2014 que promovieron los socialistas y hagan “publicidad y propaganda” colgándose la medalla al decir que la ley se está empezando a aplicar (tres años después de ser aprobada) mientras votan en contra de otra. Blanco señaló que lo que el PP estaba rechazando eran medidas tan concretas como asegurar que la sanidad pública no discrimine ni rechace a alguien por ser trans o que se vele por la dignidad del colectivo; y les recordó cómo los del PP siempre están “los últimos de la fila en la lucha por los derechos” pero luego son los primeros en usarlos: “Dijeron no al divorcio, y se divorciaron; se opusieron a la ley del aborto, pero abortaron; no apoyaron los matrimonios entre personas del mismo género, pero actuaron como testigos en bodas de sus compañeros. Qué hipocresía.”

 Alberto Núñez Feijóo, muy al estilo del PP, acusó a los demás de estar haciendo un uso político de las personas trans.  “Parece que se empeñan en decir que somos tránsfobos y no lo somos” dijo la diputada del PP Rodríguez-Vispo que puso en el atril una bandera trans que se sumó a la que los otros grupos ya habían puesto allí. “Queremos contentar a todo el mundo y que todo el mundo esté unido en este tema” y acusó a En Marea, PSdeG y BNG de querer aprobar el texto para defender los intereses de determinadas personas y no de todo el colectivo trans de Galicia.”

Con todo esto  cabría preguntarse si lo de invitar al PP a la manifestación del Orgullo de Madrid ha merecido la pena. No han pedido perdón por su oposición al matrimonio igualitario (de hecho Rajoy dijo que volvería a presentar el recurso ante el Constitucional). Sólo aprueban las leyes referentes al colectivo LGTB cuando se pueden apropiar de ellas (lo que hizo Cifuentes al aprobar una ley LGTB contra la que ella misma había votado cuando la presentó el PSOE). Se empeñan en votar  constantemente en contra de las legislaciones en favor del colectivo en Ayuntamientos y Comunidades. Y mantienen el estatus de Organización de Utilidad Pública a HazteOír, los de los autobuses tránsfobos.

Ah, por cierto, que Rajoy también dijo que se planteaba llevar al Constitucional (que le encanta, le domina) la Ley de Transexualidad aprobada en la Comunidad de Madrid.

Fuente | El Diario, vía EstoyBailando

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Fundación Daniela denuncia que este texto presentado como propuesta se ha elaborado sin la participación de todos los colectivos de personas Trans y LGTBI de Galicia.

Colectivos LGTBI, con la ausencia de Fundación Daniela y Chrysallis, han pedido a las distintas fuerzas políticas que “hagan suyo” el borrador que han registrado este viernes en el Parlamento de Galicia para una Ley gallega de identidad de género que “cubra las necesidades y reclamaciones de las personas transexuales” y garantice “una igualdad real“.

En declaraciones a los medios en Cámara gallega, una de las integrantes de la Asociación de familias de menores trans (Arelas), Sara Romero, ha pedido a las distintas formaciones políticas gallegas que tengan “altura de miras” y asuman “un compromiso conjunto” que vaya “más allá de las siglas”.

Y es que, según ha explicado, entre otras cuestiones, este borrador incluye “cambios básicos” para el colectivo como la regulación de una “documentación transitoria” para las personas transexuales, cuestión que ya existe en Madrid o en el País Vasco.

“Ahora nos piden una serie de requisitos, como dos años de hormonación, para tener derecho a una documentación que nos identifique”, ha explicado para lamentar que una persona transexual tenga que “esperar toda la transición” para tener sus papeles.

Asimismo, ha criticado que, en estos momentos, las lista de espera para la operación de cambio de sexo “sea de diez años” y que el servicio tenga “una calidad pésima”. “Es incomprensible e inaceptable”, ha señalado para asegurar que esta ley “intenta que todos los servicios médicos estén garantizados” para las personas transexuales al igual que lo están para el resto de personas.

El borrador, además, propone que los currículos educativos incluyan la diversidad y la comprensión como forma de “avanzar” hacia una sociedad más igualitaria en la que no se produzcan casos de “transfobia” o “lgtbifobia”.

“Con esta ley, si se aprueba tal y como está, si los partidos no quitan nada, se garantiza la igualdad”, ha manifestado Sara Romero tras registrar el borrador acompañada por miembros de otras asociaciones del colectivo y por los diputados de En Marea Marcos Cal y Pala Quinteiro, así como por la parlamentaria nacionalista Olalla Rodil.

Precisamente, en declaraciones a los medios, la diputada del BNG Olalla Rodil ha asegurado que este borrador supone “un paso más” para avanzar en la “igualdad real” y “reconocer los derechos de las personas transexuales”. “Fue un compromiso que adquirimos en la campaña electoral y hoy queremos volverlo a poner de manifiesto y decirles que vamos a defender el texto tal cual lo redactaron todos los colectivos LGTBI“, ha señalado para dejar claro que “es una responsabilidad de la Cámara” dar “el carácter legislativo que se merecen los derechos y la igualdad de las personas”.

Por su parte, el parlamentario de En Marea, Marcos Cal ha calificado de “excelente” este borrador de ley detrás del que “hay mucho compromiso y muchas horas de trabajo”. Además, ha destacado que En Marea asume “el compromiso absoluto de defender esta propuesta dentro del debate parlamentario” por lo que “hará todo lo posible para sacarla adelante”. “Esperamos que el resto de los grupos tengan la altura de miras suficiente para poder apoyarla y que el derecho de todas las personas sea respetado en Galicia y no se vean perjudicados por su condición de género”, ha manifestado.

Fundación Daniela informa, a través de un comunicado, que el texto presentado como propuesta se ha elaborado sin la participación de todos los colectivos de personas Trans y LGTBI de Galicia, “vetando explícitamente en la participación en el mismo a los colectivos de menores trans y sus familias, de ámbito estatal, y con presencia en Galicia como son Fundación Daniela y Chrysallis”.

Esta fundación añade que que hace meses se constituyó una mesa de trabajo, conformada por parte de las entidades Trans y LGTBI de Galicia, con la finalidad de preparar conjuntamente el texto de proposición legal para una futura Ley de Identidad de Género que presentar a los partidos políticos. “Pero desgraciadamente el texto de propuesta legal que estas entidades han presentado el día 3 de febrero no ha sido elaborado de forma participativa, si no redactado unilateralmente por parte uno sólo de estos colectivos”.

Por otra parte, también en la jornada de este viernes, la asociación Arelas ha presentado en la Facultad de Ciencias de Educación la exposición ‘Sorrisos Transformadores’ que, bajo el lema ‘Respeta, defende, sensibiliza, iguala, vive e deixa vivir’, busca sensibilizar y promover la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. A la inauguración de la muestra, además de la presidenta de Arelas, Cristina Palacios, y autoridades como la valedora do Pobo, Milagros Otero, ha acudido la presidente de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, PSdeG-PSOE, institución promotora de ‘Sorrisos transformadores’.

En su intervención, Carmela Silva ha destacado el trabajo que realiza la institución provincial en todos los ayuntamientos de Pontevedra para que se escuche el que considera “un grito optimista pero contundente” a favor de “impulsar los cambios reales” que necesita la sociedad.

En este sentido, ha dejado claro que la lucha por una “igualdad real” no es una cuestión de “colores políticos” sino “de decencia de la sociedad” y en las que las administraciones públicas se tienen que esforzar para “regular los derechos de las personas” transexuales.

“Estoy segura de que la guerra por la igualdad está ganada aunque quedan muchas batallas por luchar”, ha manifestado Carmela Silva durante su discurso en la Facultad de Ciencias de la Educación de Santiago de Compostela.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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Cinco colectivos LGTBI gallegos denuncian que el PP fue el único partido que ignoró sus propuestas para una Ley Integral de Identidad de Género.

El pasado viernes, último día de la campaña electoral, un conjunto de asociaciones LGTBI gallegas presentaron los resultados de sus conversaciones con los partidos políticos de cara a la aprobación de una futura ley de Identidad de Género parecida a la que ya existe en Madrid y en otras comunidades.

Cinco asociaciones gallegas, los colectivos LGTBI A.L.A.S (A Coruña) y Ultreia (Santiago), el Comité Antisida de A Coruña, TransForma Unión Trans y la asociación de familias de menores trans Arelas, estuvieron trabajando en la redacción de un documento con diez propuestas básicas que debería incluir la futura ley autonómica. Entre las principales reinvindicaciones están una cartera de servicios sanitarios que garantice los tratamientos médicos y quirúrgicos, documentos de identidad transitorios para los residentes en Galicia, o incluir la diversidad sexual y de género en los planes de estudio y de convivencia de los centros educativos. También se pide  un régimen sancionador que incluya expresamente la discriminación, la exclusión social, y los delitos de odio.

La intención de estas asociaciones es presentar la norma en el parlamento gallego el próximo año y contar para ello con el acuerdo más amplio posible, tanto de activistas como de políticos. El resultado es que casi todos los partidos con los que se han reunido están de acuerdo con estas peticiones: En Marea, BNG, Ciudadanos y Compromiso Por Galicia (CxG) apoyan totalmente el documento; por su parte, el PSdeG (PSOE) dijeron que las aceptaban y compartían en su mayor parte, pero que no firmarían nada por no comprometer al partido y que muchas de estas reinvidicaciones estaban en su programa electoral. En cualquier caso, de estos cinco partidos tres estarán en el próximo parlamento ya que tanto Ciudadanos como CxG se han quedado fuera.

Como ya sabéis, el PP ha vuelto a arrasar (no, nosotros tampoco lo acabamos de entender) y nos esperan cuatro años más de mayoría absoluta. Así que ahora mismo no tenemos muchos motivos para ser optimistas, porque es el único partido que ha respondido con un rechazo absoluto cuando le presentaron el documento. Las razones para negarse fueron dos, y no sabemos cuál nos da más risa asco pena rabia: la primera es que, según ellos, Galicia ya cuenta con una ley LGTBI de igualdad de trato y no discriminación. Aparentemente, que esta ley no desarrolle ninguno de estos puntos es irrelevante. Hay una ley que lleva la T de transexualidad y por lo visto eso ya debería ser suficiente, ¡si es que siempre nos estamos quejando de algo!

La segunda razón todavía es más graciosa y es que hace poco la Xunta firmó un convenio económico de colaboración con entidades LGTBI (incluyendo dos de las que han presentado este documento). Ya comentamos entonces que esta firma además de como gesto electoralista se hizo como parte del desarrollo de esa ley de la que tan orgullosos están desde el PP de Galicia. Evidentemente, tampoco se soluciona nada de lo que se pide en ese documento entregando 3.000 euros a una asociación, aunque solo fuera porque hablamos de competencias públicas que no tienen nada que ver con ellos.

Hasta ahora, todo lo que os hemos contado no nos sorprende demasiado (y hasta nos lo podíamos imaginar desde el principio). Algo todavía mucho más grave es que desde TransForma denuncian el trato agresivo e intimidatorio que recibió su presidenta Sara Romero en la reunión (que han calificado como una encerrona) por parte de Susana López, secretaria general de Igualdad en el gobierno gallego saliente, y del diputado Gonzalo Trenor. En el vídeo de la rueda de prensa denuncian los gestos despectivos menospreciando su trabajo y los ataques verbales, y que incluso se dirigieron a ella en masculino.

¿Alguna mari #YoSoyGayyDelPP que nos explique esta actitud?

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Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.

El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.

Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.

General Albert Rivera, Alpha Pam, Amaiur, Ana Pastor, BNG, CiU, Ciudadanos, Coalición Canaria, Compromís, Discriminación, Equo, ERC, España, Gaspar Llamazares, Geroa Bai, Gesida, Inmigración, IU, La Sexta, Mariano Rajoy, Médicos del Mundo, Microbiología Clínica, Nueva Canarias, Pedro Sánchez, PNV, Podemos, PP, PSOE, Rafael Mayoral, SEIMC, Toni Cantó, UPyD, VIH

¿Hasta ahora era el PP quien representaba el supuesto voto católico? A este paso sólo les va a quedar la Falange y toda esa caterva de grupúsculos de extrema derecha… Por cierto, si él puede decir a sus diocesanos que no voten a tal o cual partido, ¿podrán decirle sus diocesanos que  les resbalan sus palabras?… Y a las pruebas nos remitimos…

El Obispo de San Sebastián pide a los católicos que no voten al partido popular

“Un católico no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados“

Munilla: “Muchos se irán del PP tras retirar la reforma del aborto”

Lamenta la “deriva” del PP, que ha asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano”

El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha cargado contra el PP tras haber decidido retirar la reforma de la Ley del Aborto y ha asegurado que “muchos se darán de baja”, al igual que “un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas”.

El Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha lamentado que el Partido Popular haya asumido “la aberración de considerar al aborto como un derecho humano” y ha advertido de que en el marco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

En una carta publicada en la web de la Diócesis de Guipúzcoa, titulada ‘Voz de los sin voz’, Munilla califica de “decisión política” la retirada por parte del Gobierno central del anteproyecto de ley del aborto y advierte de que tiene unas “implicaciones morales muy graves”, ya que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos”.

Tras señalar que cuando lo que está en juego es “el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más”, Munilla critica que “cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas a las que se les niega el derecho a vivir“.

“Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero, finalmente ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano“, señala en referencia a la retirada del anteproyecto de ley.

En este sentido, afirma que “desgraciadamente no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular” y subraya que “los hechos demuestran que la supuesta ‘izquierda’ es la que termina marcando el camino a la supuesta ‘derecha'” y cada vez existen menos diferencias ideológicas “reales” entre los partidos políticos, “dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género”.

“La decisión tomada por el presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del ‘mal menor’?“, se pregunta.

A su juicio, el tiempo ha demostrado que “por el camino del mal menor se termina llegando al mal mayor” y remarca que “la opción del mal menor solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria, sin caer en la tentación de hacer de ella su santo y seña”.

“De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del PNV se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular“, considera, para añadir que “hay que optar entre situar la ideología por encima de los valores morales o al revés.

Por todo ello, advierte de que los creyentes tienen un “serio problema” porque en el arco parlamentario actual “no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico”.

“Para decirlo claramente, un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados“, insiste.

Texto íntegro de la carta pastoral de monseñor Munilla

Aborto: Voz de los sin voz

La retirada por parte del Presidente de Gobierno del “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, es una decisión política con unas implicaciones morales muy graves, dado que la medida del sr. Rajoy condena a cientos de miles de vidas humanas al más absoluto de los desamparos.

El derecho a la vida no es un derecho más, sino uno anterior a todos los derechos, y sobre el que se sustentan todos los demás. Obviamente, el juicio moral de las políticas desarrolladas por un gobierno no se circunscribe a la tutela de la vida. La experiencia nos dice que unos partidos suelen ser más sensibles hacia determinados valores éticos, mientras que otros lo son hacia otro tipo de valores morales. Pero cuando lo que está en juego es el mismo derecho a vivir, no cabe entender que estemos ante una cuestión más, entre tantas otras. Se trata probablemente del mayor de los dramas morales de nuestra sociedad. Cada día son exterminadas en España más de trescientas vidas humanas, a las que se les niega el más elemental de los derechos: el derecho a vivir. Y esto se hace bajo el amparo de un ley inicua que reconoce el derecho a abortar, es decir, el derecho a matar.

Si bien el Partido Popular había manifestado mientras estaba en la oposición su desacuerdo con la ley abortista de Zapatero (2010), finalmente, ha terminado por asumir la aberración de considerar al aborto como un derecho humano. (Conviene puntualizar que no existe en el mundo otro estado que considere el aborto como un derecho en su legislación). Desgraciadamente, no es la primera vez que se produce una deriva semejante en el Partido Popular. Los hechos demuestran que la supuesta “izquierda” es la que termina marcando el camino a la supuesta “derecha”. Cada vez existen menos diferencias ideológicas reales entre los partidos políticos, dado que han asumido todos ellos los valores del neocapitalismo, el relativismo y la ideología de género. Alguien dijo que el pensamiento políticamente correcto de nuestros días, se caracteriza por ser teóricamente marxista, prácticamente liberal, y psicológicamente freudiano.

La decisión tomada por el Presidente de Gobierno reabre de una forma definitiva el debate ya existente desde hace tiempo en el seno de la Iglesia Católica: ¿Qué tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política? ¿Es coherente que los católicos se integren en partidos políticos que acogen en sus programas propuestas diametralmente contrarias a los valores evangélicos? ¿Pueden los católicos votar a partidos políticos que están en esta situación, basándose en el principio del “mal menor”? El tiempo ha demostrado que por el camino del “mal menor” se termina llegando al “mal mayor”. La opción del “mal menor” solo puede ser acogida por un cristiano de forma circunstancial y transitoria; sin caer en la tentación de hacer de ella su “santo y seña”. Y es que… Jesucristo nos enseñó a apostar por el bien; no por el mal menor.

De forma similar a como me consta que un número significativo de militantes del Partido Nacionalista Vasco se dieron de baja en su militancia política, cuando su partido asumió los postulados abortistas, tampoco me cabe duda de que ahora serán también muchos los que hagan lo propio en el Partido Popular (aunque los aparatos políticos intenten poner sordina a este hecho). Estamos ante un test importante para medir nuestra jerarquía de valores: ¿La ideología por encima de los valores morales? ¿O los valores morales por encima de la ideología? No caben las componendas; hay que optar.

Los creyentes tienen un serio problema: en el arco parlamentario actual no existe ningún partido de ámbito estatal capaz de representar al voto católico. Para decirlo claramente: un católico que aspire a ser fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados.

El quehacer de los obispos es la iluminación moral, y no la conformación de alternativas políticas. He aquí uno de los retos específicos más importantes de los seglares en este momento. La vocación de los laicos católicos, a diferencia de los sacerdotes y obispos, es la de hacerse presentes en la vida pública proponiendo alternativas políticas, capaces de encarnar de forma coherente en la vida pública los principios que inspiran la Doctrina Social Católica.

Ni qué decir tiene que aunque estas reflexiones están referidas prioritariamente a los católicos, son también aplicables a los miembros de otras confesiones religiosas, e incluso a no pocos ciudadanos no creyentes que apuestan por la integridad de los valores morales, incluyendo el de la inviolabilidad de la vida humana en el seno materno.

La cuestión es la siguiente: ¿Quién prestará su voz a los que no tienen voz? ¿Quién está dispuesto a defender el derecho a la vida de cientos de miles de inocentes que todavía no pueden hablar por sí mismos? ¿Y quién ofrecerá a las mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles una alternativa a esa trampa mortal llamada “derecho a abortar”?

+ José Ignacio Munilla

Obispo de San Sebastián

Fuente Religión Digital

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Último repaso a los candidatos españoles a las elecciones europeas que se han adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB promovido por ILGA Europa a través de la campaña Come Out. Tras nuestro último recuento se han incorporado 46 candidatos más, hasta sumar un total de 178. La del PSOE se mantiene como la lista con más firmantes: 57 (casi todos sus integrantes). Podemos se coloca en segundo lugar, con 24. La lista que entre otros integran Equo, Compromís y Por Un Mundo Más Justo sigue también destacada con 22 candidatos. La Izquierda Plural suma 6 candidatos más, hasta llegar a los 16. Les siguen ERC, Partido Andalucista y Piratas.

Como ya hicimos en las dos últimas entradas que dedicamos al tema, no mencionaremos los nombres de los candidatos, que forman una lista muy extensa (puedes consultarlos, junto a los del resto de países, pinchando aquí). Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen, agrupadas por listas (interesante cara a elegir la papeleta adecuada):

• PSOE (incluyendo 2 del PSC): 57.
• Podemos: 24.
• Primavera Europea, que entre otros incluye a Equo (14), Compromís (7) y Por Un Mundo Más Justo (1): 22.
• La Izquierda Plural, que entre otros incluye a IU (14) e Iniciativa per Catalunya Verds (2): 16. Entre ellos está el activista LGTB Javier Sáez, a quien esta misma semana entrevistábamos en dosmanzanas.
• L’Esquerra pel Dret a Decidir, cuya principal formación es Esquerra Republicana de Catalunya: 14.
• Partido Andalucista (que experimenta un alza importante en esta última semana): 12.
• Confederación Pirata: 11.
• Coalición por Europa, que entre otros incluye a Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), PNV (1) y CiU (1): 6.
• Partido X: 6.
• Partido de la Libertad Individual: 3.
• Los Pueblos Deciden, que entre otros incluye a Bildu (1) y BNG (1): 2.
• Partido Animalista (PACMA): 2.
• Ciudadanos: 1
• Iniciativa Feminista: 1
• PP: 1.

Como vemos, aparecen por primera vez varias formaciones nuevas en la lista. Muy singularmente el Partido X (con seis nombres), pero también el Partido de la Libertad Individual (con tres), Ciudadanos (uno) y el PP (uno). Este último es el eurodiputado Gabriel Mato, número 13 de la lista popular. Una presencia que hace aún más sorprendente la ausencia total de candidatos de UPyD, uno de los partidos de ámbito estatal más importantes, cuya línea oficial ha sido siempre la del alineamiento con los derechos LGTB.

España se coloca finalmente como el primer país en número de candidatos explícitamente comprometidos a favor de los derechos LGTB, por delante de Italia (168), Finlandia (91), Reino Unido (85) y Bélgica (74). Merece la pena destacar, como hecho positivo, que en los dos únicos países en los que hasta hace unos días no había firmado ningún candidato, Bulgaria y Rumanía, ya hay también políticos comprometidos: cuatro en Bulgaria y una en Rumanía (la eurodiputada liberal Renate Weber, a la que le deseamos toda la suerte del mundo para que repita mandato).

Los diez compromisos de Come Out (que en España coordina la FELGTB bajo el lema “Da el paso”) buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

La mitad de los eurodiputados españoles podrían ser firmantes

España elegirá el domingo 54 eurodiputados. Si hacemos caso a lo que dicen las encuestas, el PP será de nuevo el partido ganador, aunque podría perder varios de los escaños que actualmente tiene (24). El PSOE sería segundo -siempre según las encuestas- aunque también perdería varios de sus 23 eurodiputados. Obtendrán varios escaños La Izquierda Plural y UPyD, pero no sabemos cuantos, al igual que las listas de las que forman parte ERC, BNG, Bildu, CiU o PNV. Solo el domingo por la noche sabremos qué resultado obtienen Primavera Europea, Podemos y otros partidos de reciente creación, y si las encuestas tienen o no razón respecto a la victoria popular.

Creemos que en cualquier caso que está al alcance de la mano conseguir que al menos la mitad de los eurodiputados españoles en el próximo Parlamento Europeo sean firmantes del compromiso Come Out.

Besos de Compromís a favor de los derechos LGTB

No queremos finalizar esta entrada sin felicitar a la Coalición Compromís, una de las formaciones que forman parte Primavera Europea, por sus fotografías de besos entre personas del mismo sexo, protagonizadas en este caso por cuatro de sus representantes. Se trata de Mònica Oltra y Mireia Mollà, diputadas de Compromís en el Parlamento valenciano, y de Pedro Sánchez y Tomàs Mestre, candidato a eurodiputado y portavoz de Compromís en Alicante, respectivamente.

Las fotografías han sido publicadas por la revista digital nosGustas.com. “No es necesario ser mujer para apoyar los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. No es necesario ser de raza negra para oponerse al apartheid, y por supuesto no es necesario ser homosexual para apoyar los derechos de la gente LGTBI”, reza el texto que las acompaña.

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En apenas una semana se han duplicado los candidatos españoles a las elecciones al Parlamento Europeo que se han adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB en el ámbito competencial de la Unión Europea promovido por Come Out. De los 65 de hace unos días hemos pasado a 132. El mayor salto lo ha dado el PSOE, que de 13 candidatos ha pasado a 50, lo que supone que casi todos sus candidatos ya se han comprometido. La lista que entre otros integran Equo, Compromís y Por Un Mundo Más Justo sigue destacada con 19 candidatos. Y hace su aparición por puerta grande Podemos: no sabemos si el toque de atención que modestamente les dábamos hace pocos días ha influido, pero 19 candidatos de esa formación se han comprometido ya. Izquierda Unida sigue con 10 candidatos, a los que hay que sumar 2 de Iniciativa per Catalunya Verts, que comparte con ellos lista. La Confederación Pirata suma por su parte dos más y alcanza los 11.

Como ya hicimos en la entrada anterior, no mencionaremos los nombres de los candidatos que han firmado, que forman una lista muy extensa (puedes consultarlos, junto a los del resto de países, pinchando aquí). Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen. En esta ocasión nombraremos además las listas que han configurado, lo que puede ser interesante cara a elegir la papeleta adecuada:

• PSOE (incluyendo 2 del PSC): 50.
• Primavera Europea, que entre otros incluye a Equo (13), Compromís (5) y Por Un Mundo Más Justo (1): 19.
• Podemos: 19.
• La Izquierda Plural, que entre otros incluye a IU (10) e Iniciativa per Catalunya Verts (2): 12.
• Confederación Pirata: 11.
• L’Esquerra pel Dret a Decidir, cuya principal formación es Esquerra Republicana de Catalunya: 10.
• Coalición por Europa, que entre otros incluye a Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), PNV (1) y CiU (1): 6.
• Los Pueblos Deciden, que entre otros incluye a Bildu (1) y BNG (1): 2.
• Partido Animalista (PACMA): 2
• Partido Andalucista: 1.

Sigue sin haber rastro del Partido Popular ni de UPyD, dos de los más importantes partidos de ámbito estatal. Este último caso es sin duda el que resulta más sorprendente, dado que su línea oficial ha sido siempre la del alineamiento con los derechos LGTB. Esperemos que en la próxima revisión de la lista podamos ver también a sus candidatos.

Los diez compromisos de Come Out, recordemos, buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

En cuanto al resto de países, Italia sigue en cabeza con 137 adheridos. España es el segundo, al cual le siguen Finlandia con 87 y Reino Unido con 70. A la cola siguen Bulgaria y Rumanía, los dos únicos países de la Unión en los que ningún candidato se ha adherido al compromiso.

Nota: el listado incluido refleja la situación en el momento de elaborar la entrada. Pasados unos días volveremos a hacer un repaso de la situación…

General, Historia LGTBI Bildu, BNG, Bulgaria, campaña Come Out, CiU, Coalición Canaria, Compromís, Compromiso por Galicia, Confederación Pirata, elecciones europeas 2014, ERC, España, Finlandia, ICV, Italia, IU, PACMA, Parlamento Europeo, Partido Andalucista, PNV, Podemos, Por Un Mundo Más Justo, PP, PSC, PSOE, Reino Unido, Rumanía, Unión Europea, UPyD

A principios de abril hacíamos una primera revisión de los candidatos españoles a las elecciones al Parlamento Europeo que se habían adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB en el ámbito competencial de la Unión Europea promovido por Come Out. Entonces eran 20 los candidatos adheridos. Hoy son ya 65. Sigue siendo destacado el caso de Equo, la formación ecologista, 13 de cuyos candidatos han firmado. Si les unimos otros 5 de Compromís, formación valenciana con la que comparte candidatura, su lista común suma 18 candidatos. Destacamos también los casos de PSOE (13 candidatos, incluyendo en este número a 1 del PSC), Izquierda Unida (10 candidatos) y la Confederación Pirata (9 candidatos).

Los diez compromisos de Come Out buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave por lo que a la promoción de los derechos LGTBI en en mundo se refiere.

Debido a su elevado número, en esta entrada no mencionaremos ya los nombres de los candidatos que han firmado (por otra parte, al ser unas elecciones en las que se vota una lista cerrada los electores carecen de la capacidad de discriminar entre los candidatos de una misma lista). Puedes consultar los nombres concretos junto a los del resto de países pinchando aquí. Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen. Además de los ya mencionados Equo-Compromís, PSOE-PSC, IU y  Confederación Pirata, se trata de Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), Esquerra Republicana de Catalunya (2), Iniciativa per Catalunya Verts (2), el Partido Animalista (2), Bloque Nacionalista Galego (1), CiU (1), Partido Andalucista (1), PNV (1) y Por Un Mundo Más Justo (1).

Destacamos, por lo negativo, la ausencia de candidatos del PP, de UPyD o de Podemos, por lo que se refiere a formaciones de ámbito estatal. La ausencia de los populares no sorprende, pero sí la de UPyD (partido que tradicionalmente se ha alineado con los derechos LGTB, más allá de las salidas de tono de alguno de sus miembros) y la de Podemos (formación de izquierda que ha irrumpido con cierta fuerza, pero cuyos candidatos no parecen especialmente motivados a adherirse al compromiso).

Por lo que se refiere al resto de países, destaca muy positivamente el ejemplo de Italia, país del que en abril solo habían firmado 3 candidatos y que ahora lidera el ranking con 125 adheridos (un alza que se debe en buena parte a formaciones no tradicionales, como el Movimiento 5 Estrellas o la Lista Tsipras). Le siguen Finlandia con 71 y Reino Unido con 68. A la cola, Bulgaria y Rumanía, los dos únicos países de la Unión en los que ningún candidato se ha adherido al compromiso.

General, Historia LGTBI BNG, Bulgaria, campaña Come Out, CiU, Compromís, Compromiso por Galicia, elecciones europeas 2014, Equo, ERC, España, Finlandia, ICV, Italia, IU, Lista Tsipras, Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Parlamento Europeo, Partido Andalucista, PNV, Podemos, Por Un Mundo Más Justo, PP, PSC, PSOE, Reino Unido, Rumanía, Unión Europea, UPyD

Sabor agridulce el que deja la aprobación de la primera normativa autonómica contra la discriminación de las personas LGTB. El Parlamento de Galicia, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado el proyecto de ley propuesto por el PSdeG-PSOE después, eso sí, de purgarlo y descafeinarlo. Especialmente significativa es la retirada en bloque del régimen sancionador, con lo que la ley queda convertida, básicamente, en una mera declaración de intenciones.

Invitamos a comparar la propuesta inicial de la ley por la visibilidad y no discriminación de las personas LGTB (que puede consultarse en el número 162 del Boletín Oficial del Parlamento de Galicia, páginas 101 a 125 del documento PDF) con el texto que sobrevivió tras el trabajo en comisión (que puede consultarse en el orden del día del Pleno del Parlamento de este 8 de abril, páginas 143 a 152 del documento PDF), de la que han desaparecido numerosos artículos. Entre ellos, el artículo 6, que hacía recaer la carga de la prueba en la parte demandada (que era la que tenía que demostrar que no se vulneró el principio de igualdad de trato); el artículo 14, que obligaba a la Xunta de Galicia a elaborar un protocolo sobre agresiones LGTBfóbicas; el artículo 31.3, que preveía impulsar la recuperación de la memoria histórica de las personas LGTB, y sobre todo y sin duda lo más grave, todo el capítulo III, que recogía un completo régimen sancionador que incluía multas que podían llegar, en los casos muy graves, hasta los 500.000 euros.

Fuente Dosmanzanas

La desaparición de las partes más contundentes de la ley convierten a esta en poco más que en una declaración de buenas intenciones, aunque permanecen en el texto elementos que merecen la pena destacarse. Quedan, por ejemplo, expresamente reconocidas como familias todas aquellas derivadas del matrimonio, de la unión entre personas del mismo o de distinto sexo en relación de afectividad análoga a la conyugal y también las familias monoparentales. También es un aspecto muy positivo que se garantice legalmente que en los procesos de reconocimiento de la idoneidad de futuros padres adoptivos no podrá existir discriminación por orientación sexual o identidad de género.

La ley también prevé la puesta en marcha de medidas a favor de la igualdad en los ámbitos educativo, sanitario, laboral, cultural o deportivo y posibilita la creación de de órganos de mediación, aunque siempre con el consentimiento de las partes. Habrá que esperar en todo caso al desarrollo reglamentario de la ley para ver hasta qué punto se explotan todas las posibilidades que la ley ofrece.

PSdeG-PSOE y BNG apoyan la ley pese a sus insuficiencias

Pese a la mutilación que el proyecto original ha sufrido, el PSdeG-PSOE, su principal impulsor, ha acabado votando a favor al asumir que era la única forma de que el PP permitiera su aprobación. La secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha lamentado que “la mayoría absoluta del PP haya modificado aspectos sustanciales del proyecto de ley presentado inicialmente por el PSdeG, como la inversión de la carga de la prueba y el régimen sancionador, aspectos que los socialistas y el resto de la oposición se han comprometido a incorporar al texto de la ley una vez alcancen el gobierno de la Xunta”, aunque ha querido felicitar a sus compañeros gallegos por el avance que la ley supone respecto a la situación anterior. “Es un proyecto contra la discriminación a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales arrancado a una mayoría conservadora, que si bien es mejorable, supone un paso en la buena dirección y pone de manifiesto el compromiso de los y las socialistas contra la discriminación”, ha afirmado.

La postura del PSdeG-PSOE ha contado con el aval de su grupo LGTB, el colectivo 7 Cores, que consideran la ley aprobada “un pequeño paso para seguir avanzando en la lucha por la igualdad real” y que cree que hará más fácil exigir al Gobierno gallego las políticas necesarias para acabar con la discriminación.

También ha votado a favor el Bloque Nacionalista Galego, mientras que los representantes de Alternativa Galega de Esquerda (coalición de la que forman parte Anova y Esquerda Unida), así como la única representante del Grupo Mixto han preferido abstenerse. Precisamente ayer hacíamos alusión al comunicado de ALEAS EU (Área de Liberdade de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida) en el que esta organización denunciaba el recorte al proyecto original. ALEAS EU, junto a otros colectivos como Nós Mesmas, Acción Universitaria o la propia Anova han impulsado de hecho el manifiesto Lei de (in)Visibilidade LGTBI, donde expresan su protesta por lo sucedido.

General, Homofobia/ Transfobia. 7 Cores, Acción Universitaria, ALEAS Esquerda Unida, Anova, BNG, Discriminación, Esquerda Unida, Galicia, Nós Mésmas, Parlamento de Galicia, PP, PSdeG-PSOE, Purificación Causapié

Se aproximan las elecciones al Parlamento Europeo, una instancia cada vez más importante por lo que a los derechos LGTB se refiere. Es por eso que ILGA Europe ha lanzado Come Out, una campaña de sensibilización e información cuyo objetivo es que el mayor número de candidatos se adhieran a un compromiso de diez puntos a favor de los derechos de las personas LGTB en el ámbito competencial de la Unión Europea y los votantes podamos conocerlos. Hasta la fecha, 20 candidatos españoles se han adherido ya.  Equo, la formación ecologista, y PSOE aportan la mayor parte de los candidatos.

Los diez compromisos de Come Out buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave por lo que a la promoción de los derechos LGTBI en en mundo se refiere.

Entre los cinco candidatos de Equo que han firmado el compromiso está su cabeza de lista y ganador de las primarias de dicha formación, Florent Marcellesi. También lo han hecho Carlos Martín, Reyes Montiel, Aitor Urresti y Alberto Villa. Del resto de candidatos cuatro pertenecen al PSOE (Àlex Sáez, Iratxe García, Sergio Gutiérrez y Luis Yáñez), tres a la Confederación Pirata (Sirius D. Abadía, Darío Castañé y Lorena Müller), dos a Iniciativa per Catalunya Verds (María Delfina Rossi y Ernest Urtasun) y a Compromiso por Galicia (Paulo Carlos López y Andrés Núñez) y uno al Partido Nacionalista Vasco (Izaskun Bilbao), Bloque Nacionalista Galego (Ana Miranda) y a la Coalició Compromís (Antonio García). Cabe señalar, en ese último caso, que Compromís y Equo acudirán a las elecciones europeas con una lista conjunta. De Izquierda Unida, el activista LGTB Javier Sáez que será candidato por Izquierda Unida. Sáez, sociólogo de profesión, ha centrado su actividad en los estudios feministas y LGTBI. “Necesitamos diputados y diputadas en el Parlamento Europeo que den visibilidad a la realidad LGTBI en Europa y que vigilen el compromiso de los acuerdos adoptados por los Estados miembros en esta materia”, declaró Sáez al hacer pública su candidatura. Para el activista estas elecciones son de gran importancia. “En los últimos años asistimos en Europa a un ascenso de grupos intolerantes y de partidos políticos de extrema derecha que centran sus ataques en las minorías étnicas y en la comunidad LGTBI”, explica. Para Sáez, este hecho, lejos de ser anecdótico, “necesita ser denunciado y combatido a escala europea también por los partidos y coaliciones de izquierda”.

Esperamos que más candidatos se sumen a la campaña Come Out y hagan más amplia la lista, que en estos momentos lideran Reino Unido (donde 37 candidatos ya se han adherido), Alemania (33), Suecia (29) y Bélgica (26). En el extremo opuesto se sitúan Bulgaria, Hungría, la República Checa y Rumanía, cuatro países en los que ningún candidato se ha adherido todavía al compromiso. Tampoco queda en muy buen lugar Italia, uno de los grandes países de la Unión, donde solo tres candidatos lo han firmado.

General Aitor Urresti, Alberto Villa, Àlex Sáez, Ana Miranda, Andrés Núñez, Antonio García, BNG, Bulgaria, campaña Come Out, Carlos Martín, Compromís, Compromiso por Galicia, Confederación Pirata, Darío Castañé, Discriminación, Equo, Ernest Urtasun, España, Florent Marcellesi, Hungría, ICV, Iratxe García, Italia, IU, Izaskun Bilbao, Javier Sáez, Lorena Müller, Luis Yáñez, María Delfina Rossi, Parlamento Europeo, Paulo Carlos López, PNV, PSOE, República Checa, Reyes Montiel, Rumanía, Sergio Gutiérrez, Sirius D. Abadía, Unión Europea