Magnífica noticia: la Asamblea de Portugal ha aprobado con mínimos cambios (referidos a los menores de 16 a 18 años) la nueva ley de identidad de género, que el presidente de la República Portuguesa, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, había vetado en mayo. El voto positivo del Partido Comunista, que cuando se votó el proyecto por primera vez se abstuvo, permite además que el texto cuente con el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara, lo que asegura su aprobación en caso de que el presidente insista en bloquearla.

La nueva ley elimina la necesidad de un diagnóstico de «trastorno de identidad de género» para proceder a la modificación del sexo registral y reduce de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual se puede solicitar la modificación. También contempla el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Impulsada por el Gobierno socialista portugués, la primera versión de la ley fue aprobada por la Asamblea de Portugal el pasado 13 de abril con el apoyo del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, de Los Verdes y del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, votó en contra (con la única excepción de la diputada Teresa Leal Coelho) junto con los democristianos del CDS-PP. El Partido Comunista, que cuenta con 15 diputados, se abstuvo.

El presidente de la República Portuguesa, sin embargo, decidió vetar la ley (en nuestra anterior entrada lo explicamos con detalle) y pidió a la Asamblea que introdujese como exigencia para proceder a la modificación legal del sexo legal en menores de 18 años un informe médico previo favorable. La situación se complicaba por el hecho de que la abstención comunista dejaba la ley sin mayoría absoluta, necesaria para levantar el veto presidencial.

Finalmente, Partido Socialista, Bloque de Izquierda PAN acordaban presentar una enmienda al artículo 7 del proyecto que introduce, en el caso de los menores, el requisito de un informe médico o psicológico, pero no para certificar ningún diagnóstico, sino para acreditar que el menor que hace la petición lo hace de forma libre e informada y cuenta con su consentimiento expreso. La enmienda señala expresamente que dicho informe no podrá incluir referencias a ningún tipo de diagnóstico relacionado con la identidad de género. Se trata de una solución «intermedia» que ha sido además apoyada por Verdes, Partido Comunista y por la diputada Teresa Leal Coelho, del PSD, lo que permite que la redacción final de la ley cuente, en este caso sí, con mayoría absoluta. En caso de nuevo veto presidencial, por tanto, la Asamblea podría levantarlo sin necesidad de cambiar el texto.

Esperemos que en esta ocasión Marcelo Rebelo de Sousa sancione la ley, que colocará a Portugal en el grupo de países más avanzados de Europa por lo que al reconocimiento de la autodeterminación de género se refiere.

Autodeterminación de género, una demanda imparable, también en España

Portugal sigue el ejemplo de otros países de nuestro entorno como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega,  que también han actualizado en los últimos años sus leyes para adaptarlas al principio de autodeterminación de género. En España, mientras tanto, la ley 3/2007 no ha sido todavía actualizada, por lo que sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en julio, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento portugués reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos.

También se aprobaron mayores protecciones para las personas intersexuales.

El Parlamento portugués acaba de aprobar, con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona, que permite a las personas transgénero modificar su documentación legal acorde a su identidad de género sin necesidad de cirugías o diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, además de prohibir a los médicos que tomen la decisión sobre la reasignación de género en los bebés intersexuales. Portugal se une al reducido grupo de países europeos en el que las personas transgénero no necesitan de ningún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico para poder modificar sus documentación legal acorde con el género con el que se identifican mediante una ley aprobada este viernes, 13 de abril, que también incluye la prohibición de las cirugías innecesarias en bebés intersexuales en caso de ambigüedad en el momento del parto, a no ser que la intervención sea estrictamente necesaria para su supervivencia.

Portugal vuelve a adelantarse a España y consigue actualizar su ley de identidad de género, incorporando a esta el principio de autodeterminación de género. Sigue así el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios.

Con el apoyo del gobernante Partido Socialista, al que se han sumado el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), el parlamento portugués ha sacado adelante una reforma legislativa que reconoce explícitamente la autodeterminación de género para mayores de 16 años, de forma que se podrá solicitar el cambio en el registro civil sin necesidad de justificaciones o informes médicos. El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, ha votado en contra, junto con los democristianos del CDS. Solo la diputada socialdemócrata Teresa Leal Coelho, en las bancadas de la derecha, ha decidido romper la disciplina de voto y sumarse al «sí» de las formaciones progresistas. El Partido Comunista se ha abstenido.

El pasado mes de enero adelantábamos que el gobierno socialista de Portugal trabajaba en un proyecto de actualización de la ley de identidad de género para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” de cara a la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual solicitar la modificación. También informábamos de que el proyecto de ley contemplaba el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Finalmente, no ha habido sorpresas y la nueva ley, sin recortes de derechos con respecto al proyecto inicial, ha salido adelante gracias al voto favorable de la izquierda en la Asamblea de la República de Portugal (el parlamento unicameral del país luso).

Aunque el Partido Social Demócrata portugués no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de, por ejemplo, el Partido Popular español (recordemos que ambos son socios del Partido Popular Europeo), cabe destacar que solo una diputada socialdemócrata, Teresa Leal Coelho, ha roto la disciplina de voto de su partido para apoyar la reforma de la ley de identidad de género. En este sentido, y a excepción de la mencionada parlamentaria, el PSD portugués se escora más hacia la derecha y se aleja del «aperturismo» que demostró en 2010, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género (que entraba en vigor en 2011 y que ahora se acaba de actualizar), en la que 12 de los 81 diputados de esta formación votaron a favor.

Según ha explicado la secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad de Portugal, Rosa Monteiro, el gran objetivo de este nuevo texto legislativo es «mitigar el sufrimiento» y mejorar la calidad de vida de las personas trans, «crear condiciones para que las realidades y experiencias de vida de estas personas sean más conocidas» y que «sus situaciones sean evaluadas sin ningún prejuicio». Monteiro también resalta que la ley aprobada este viernes en el parlamento luso asegura la protección de las personas intersexuales al exigir su «consentimiento expreso» para que sea realizado cualquier tratamiento o intervención quirúrgica, farmacológica o de otra naturaleza que implique modificaciones en el cuerpo o de sus características sexuales, por lo que no se podrá intervenir a bebés para escoger su sexo.

Por su parte, los activistas de ILGA Portugal se sienten muy satisfechos con el resultado de esta votación, aunque consideran que aun quedan cosas por hacer en cuanto a la atención de  los menores de 16 años o las personas emigrantes y refugiadas. Según explica Daniela Bento, coordinadora del grupo GRIT de personas trans de esta asociación, “con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vida diaria“.  También recordó que las personas intersexuales “tienen derecho a una experiencia vital de sus cuerpos íntegra, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad”.

España, otra vez retrasada

En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Las personas transgénero pueden decidir

Varias naciones europeas requieren que las personas transgénero se sometan a procedimientos médicos como cirugías y esterilización después de haber sido diagnósticas con algún trastorno mental que justifique la decisión de su reasignación de género, además de divorciarse en el caso de que hayan contraído matrimonio si quieren que el gobierno reconozca legalmente su derecho a cambiar de género. Leer más…

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Portugal actualizará su ley de identidad de género, vigente desde 2011, para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” para proceder al la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual la persona podrá solicitar la modificación. La ley también garantizará que los menores sean tratados en las escuelas de acuerdo a su identidad y prohibirá que los bebés sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Magnífico ejemplo el de Portugal, que en solo seis años actualizará su vigente ley de identidad de género, aprobada definitivamente en 2011. Aquella ley, que en su momento significó un avance muy importante sobre la situación anterior, exigía la presentación de un certificado que acreditase el diagnóstico de “trastorno de identidad de género” emitido por un equipo multidisciplinar de sexología clínica que incluyese al menos a un médico y a un psicólogo. En este sentido, el proyecto seguía el modelo de leyes como la aprobada en 2007 en España, pero suponía ya un avance respecto a esta, al no incluir, por ejemplo, el requisito de que la persona transexual tuviese que haber sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, tal y como exige la ley española.

La nueva ley eliminará por tanto todo vestigio de patologización de la transexualidad. Pero según han adelantado los medios portugueses el proyecto incluye otras reformas, como la disminución de la edad a partir de la cual la persona podrá solicitar el trámite desde los 18 a los 16 años, además de la garantía a los menores transexuales de que en la escuela serán tratados de acuerdo a la identidad de género que manifiestan. Otra novedad muy importante que también incluirá la futura ley, relativa en este caso a las personas intersexuales (aquellas que nacen con características físicas de los dos sexos) es que prohibirá que se les realicen intervenciones quirúrgicas para asignarles un sexo u otro hasta que no sean ellas las que libremente decidan qué hacer. Solo quedarán excluidas de la prohibición aquellas intervenciones necesarias para evitar riesgos y complicaciones para la salud.

Está por ver si el proyecto de ley, que el Gobierno de Portugal tiene previsto presentar a lo largo de este mes, sufre modificaciones en su tramitación parlamentaria, sea en sentido positivo o negativo. En cualquier caso, no debería contar con grandes dificultades para salir adelante. El Gobierno socialista de Portugal cuenta con el apoyo tanto de los propios diputados socialistas (86) como del Bloque de Izquierda (19), Partido Comunista (15) y Verdes (2), lo que le da mayoría parlamentaria suficiente. El propio Bloque de Izquierda, de hecho, propuso hace unos meses un proyecto similar al que ahora tiene previsto presentar el Gobierno.

Hay que tener en cuenta, además, que la derecha portuguesa, cuya fuerza mayoritaria es el  Partido Social Demócrata (PSD, 89 diputados) no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de por ejemplo el Partido Popular español. En 2010, por ejemplo, hasta 12 de los entonces 81 diputados del PSD votaron a favor de la vigente ley de identidad de género, mientras que en España el PP acabó oponiendose a la ley de 2007 en su votación final por el Congreso. Bien es cierto que el entonces presidente portugues, Aníbal Cavaco Silva, también del PSD, vetó la ley, al considerar que debía endurecerse el trámite médico para poder solicitar la modificación (la Asamblea levantó posteriormente el veto).

¿Y en España, qué?

Portugal se sumará, de esta forma, al cada vez más numeroso grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación de género, como Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, fue pionera en el mundo al prohibir cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, un paso que ahora decide dar Portugal.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos podrían aprobar una reforma

El pasado mes de octubre, sin embargo, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría, y así va a seguir siendo. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

En cualquier caso, no parece que sus señorías de la oposición tengan mucha prisa por alcanzar acuerdos de este tipo al margen del Gobierno. Esperemos que al menos en este aspecto el ejemplo de Portugal les sirva de acicate.

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La Asamblea de la República portuguesa ha levantado el veto presidencial a la ley que permite la adopción homoparental, con el apoyo de 137 diputados de los 230 que componen la única cámara del Parlamento. Aníbal Cavaco Silva, jefe de Estado en funciones hasta ser relevado el próximo 9 de marzo, deberá promulgar en el plazo de ocho días la misma ley a la que interpuso su veto. Portugal dejará de ser, de esta manera, el único país europeo que garantizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no permitía la adopción homoparental.

Este miércoles 10 de febrero se ha celebrado en la Asamblea de la República de Portugal una votación para levantar los dos últimos vetos interpuestos por el, ahora en funciones, jefe de Estado, el presidente Aníbal Cavaco Silva. Uno de ellos afectaba a la ley que permite la adopción a las parejas del mismo sexo, aprobada por el Parlamento portugués el pasado 20 de diciembre de 2015 y vetada por el presidente Cavaco Silva el 23 de enero de este año, concluyendo así su mandato haciendo gala una vez más de su inveterada LGTBfobia.

Un total de 137 diputados, de los 230 que componen la Asamblea de la República, ha votado a favor del levantamiento del veto. Al esperado apoyo de los diputados del Partido Socialista (PS), el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el partido animalista Personas-Animales-Naturaleza (PAN), se ha sumado el de algunos diputados del centroderechista Partido Socialdemócrata (PSD), ahora en la oposición, y al que pertenece Cavaco Silva. En contra del levantamiento han votado el resto de los representantes del PSD y los del derechista Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP).

La cifra de votos favorables al levantamiento del veto ha superado ampliamente los 116 requeridos, por lo que la ley de adopción homoparental deberá ser promulgada obligatoriamente. La normativa portuguesa establece un plazo de ocho días desde la decisión de la Asamblea de la República para que se efectúe la promulgación, por lo que, de cumplirse el calendario, sería el propio Aníbal Cavaco Silva quien debería promulgarla, pues continuará como jefe de Estado en funciones hasta ser relevado el próximo 9 de marzo por el vencedor en las pasadas elecciones presidenciales, Marcelo Rebelo de Sousa.

Sin embargo, la ley no contempla sanción alguna para el jefe de Estado si no efectúa la promulgación en el plazo establecido, por lo que, conociendo la historia del personaje político, pudiera darse el caso de que Cavaco Silva hiciera un acto de pura insumisión negándose a cumplir con sus deberes. En todo caso, únicamente supondría una leve demora, pues el presidente de la República entrante, el anteriormente citado Marcelo Rebelo de Sousa, ya ha declarado que no tendría ningún inconveniente en promulgar la ley.

Cuando el acto de la promulgación definitiva tenga lugar, Portugal dejará de ser el único país europeo donde estaba permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no la adopción homoparental.

Un largo periplo hasta la aprobación

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El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha bloqueado ley de adopción homoparental aprobada por amplia mayoría en el Parlamento de Portugal. Un movimiento que reafirma su oposición al derecho y que puede ser una de sus últimas actividades como jefe de Estado del país luso.

Aníbal Cavaco Silva, presidente de la república de Portugal, ha decidido concluir su mandato con el veto a la ley que permitiría la adopción de menores a las parejas del mismo sexo, una medida largamente esperada por los defensores de los derechos LGTB, pues Portugal era el único país europeo con matrimonio igualitario, pero sin adopción homoparental. Sin embargo, la decisión de Cavaco Silva tan solo conseguirá retrasar la promulgación de la ley, pues las fuerzas de izquierda, mayoritarias en el Parlamento, ya han comunicado que votarán para levantar el veto. De cumplirse los plazos establecidos reglamentariamente, sería el propio Cavaco Silva quien debería promulgar la ley tras el levantamiento del veto, pues permanecerá como jefe de Estado en funciones hasta que ceda su cargo al ganador en las últimas elecciones presidenciales, Marcelo Rebelo de Sousa. Sea como sea, Aníbal Cavaco Silva ha querido finalizar su cometido como jefe de Estado haciendo gala una vez más de su inveterada LGTBfobia.

Portugal dio inicio el domingo a sus Elecciones Presidenciales, unos comicios que en su primera vuelta apuntan al ascenso de Rebelo de Sousa (PSD) como sustituto de Aníbal Cavaco Silva.

No obstante, a pesar de que el proyecto legislativo que pretende llevar la adopción homoparental a la república ibérica ha sido ampliamente apoyado por el Parlamento, Cavaco Silva ha aprovechado sus últimos días en el Palacio de Belém para bloquearla junto a la reforma de su ley del aborto. Este veto se debe a la orientación izquierdista de la nueva mayoría en la Cámara, que se opone frontalmente a las políticas de corte conservador y ultrarreligioso que el presidente Caravaco Silva ha impulsado durante la última legislatura.

El pasado 20 de noviembre de 2015, el Parlamento portugués aprobaba un conjunto de proyectos de ley para permitir la adopción homoparental, presentados por el Partido Socialista (PS), el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el partido animalista Personas-Animales-Naturaleza (PAN). Las iniciativas recibieron el voto favorable de prácticamente toda la izquierda (se abstuvo Isabel Oneto, una diputada socialista) e incluso recibió 19 votos favorables de las filas del centroderechista Partido Social Demócrata (PSD), que en esa ocasión había dado libertad de voto a sus diputados.

Las iniciativas legislativas aprobadas fueron sometidas al dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento, que consensuó un texto unificado de todas ellas, al que dio su aprobación con fecha 16 de diciembre. Tan solo dos días después, el 18 de diciembre, el texto definitivo fue puesto de nuevo a consideración del Parlamento, que lo aprobó con los votos favorables de los todos los representantes de los partidos de izquierda (exceptuando la abstención del socialista António Cardoso) y de 17 diputados del PSD.

La redacción definitiva de la ley regresó a la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento, que le dio su visto bueno el 23 de diciembre y ordenó su publicación. Tan solo faltaba el trámite de su promulgación por parte del jefe del Estado, el presidente de la república Aníbal Cavaco Silva.

Según ha manifestado Cavaco Silva, la legislación que iguala los derechos de adopción entre parejas hetero y homosexuales es ”un cambio radical que requiere la consulta pública más amplia”. De la misma manera ha afirmado que el Parlamento no ha demostrado que respalda suficientemente ”el interés superior del menor’‘

A su vez, el jefe de Estado Portugués también ha vetado la decisión del Parlamento de eliminar la consejería obligatoria para mujeres que quieren interrumpir su embarazo, alegando que el asesoramiento es un requisito común en otros países europeos y su eliminación merma el derecho a la información.

Después de este movimiento, se espera que el voto de dos tercios de la Cámara obligue a la Presidencia de la República a aprobar ambas leyes. No obstante, en vez de Cavaco Silva, puede ser el presidente entrante, Rebelo de Sousa, quien finalmente la ejecute.

El veto presidencial como recurso al pataleo

Pero Cavaco Silva tenía pensado terminar su mandato presidencial evidenciando una vez más su inveterada LGTBfobia, que ya se puso de manifiesto durante la aprobación del matrimonio igualitario en 2010, para cuya promulgación puso todo tipo de objecciones y cortapisas. Así, una de sus últimas decisiones como presidente ha sido la de vetar la ley de adopción homoparental y devolverla al Parlamento, lo que hizo oficialmente el pasado 23 de enero.

Su excusa para el veto ha sido que, para él, “es importante que no se introduzca un cambio tan grande en un asunto social sin que haya un debate público”, insinuando así la celebración de una consulta popular. También declaraba que había prevalecido en su criterio “el interés de los niños sobre la igualdad entre las parejas del mismo y distinto sexo”. Además, sabiendo que la mayoría parlamentaria de las fuerzas de izquierdas es suficiente para levantar su veto, advertía sibilinamente de que Portugal tiene problemas económicos y sociales más graves que la adopción homoparental.

A pesar de la advertencia, las fuerzas de izquierda han comunicado que procederán al levantamiento del veto a la mayor brevedad, posibilidad que se podría dar incluso esta misma semana. En todo caso, aunque la votación tuviera lugar al término de los quince de plazo establecidos legalmente, sería el propio Cavaco Silva quien tendría que promulgar la ley. El reglamento indica que la promulgación debe efectuarse dentro de los ochos días posteriores al levantamiento del veto, y la investidura como presidente de la república de Marcelo Rebelo de Sousa, ganador en las recientes elecciones presidenciales, no tendrá lugar hasta el 9 de marzo, por lo que Cavaco Silva sería aún el jefe de Estado en funciones. En caso de no hacerlo, estaría violando la Constitución portuguesa, aunque no hay sanción establecida para un caso semejante. Aún así, la ley podría ser promulgada una vez que tomara posesión de su cargo el nuevo presidente, Rebelo de Sousa, que ya ha declarado que no tendría ningún inconveniente en hacerlo.

Cabe recordar que la ley de adopción homoparental fue aprobada por el Parlamento, por iniciativa de los partidos de izquierda, antes de que se formara gobierno tras las elecciones generales del 4 de octubre, pues Cavaco Silva rehusaba nombrar otro primer ministro que no fuera su correligionario Pedro Passos Coelho, del PSD. Sin embargo, su nombramiento fue objeto de una victoriosa moción de censura por parte de la mayoría parlamentaria de izquierdas. Aun así, no fue hasta el 24 de noviembre cuando finalmente Cavaco Silva tomó la decisión de nombrar al socialista António Costa como nuevo primer ministro, tras casi dos meses de incertidumbre y con la amenaza persistente de una nueva convocatoria de elecciones.

Un largo periplo hasta la aprobación

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impedía optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. De esa manera, Portugal era el único país de Europa con matrimonio igualitario pero sin adopción homoparental.

La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista contra el criterio de otros grupos de izquierda, y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución de Portugal es una de las pocas del mundo que recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional portugués por iniciativa del presidente de la república, el conservador Aníbal Cavaco Silva, esta cláusula quedó expresamente fuera de la consulta, para evitar precisamente que fuese el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con esta discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pudiese adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes.

En mayo de 2013 el gobernante PSD permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia.

Los partidos de izquierda no renunciaron a dar la batalla y en enero de 2015 presentaron tres proyectos para permitir la adopción de menores por parte de las parejas casadas del mismo sexo. Las propuestas fueron derrotadas con los votos del PSD y de sus socios del CDS-PP, situados aún más a la derecha. La novedad, en este caso, fue el voto favorable del Partido Comunista, que en el pasado se había abstenido en las votaciones sobre la materia. Por parte de los dos grandes partidos hubo varios diputados que se saltaron las directrices de su formación: siete representantes del PSD apoyaron la iniciativa del PS y, en sentido contrario, tres socialistas se opusieron a la adopción homoparental.

Finalmente, tras las últimas elecciones, en las que las fuerzas de izquierda lograron superar a la coalición formada por el PSD y el CDS-PP, se logró aprobar un texto de consenso que permitía la adopción a las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones que a las parejas heterosexuales. Ahora tan solo resta que la mayoría parlamentaria de izquierdas logre levantar el veto a la ley del presidente Cavaco Silva.

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El Partido Socialista, el Comunista y el Bloque de Izquierda habían prometido esas leyes durante sus campañas para los comicios parlamentarios del mes pasado.

El Parlamento portugués aprobó leyes que permiten adopciones de niños por parejas homosexuales y que las lesbianas obtengan fertilización.

Menos de un año después de su última negativa, el Parlamento portugués ha aprobado este 20 de noviembre la modificación de sus leyes para permitir a las parejas casadas del mismo sexo adoptar hijos. Lo ha hecho, eso sí, después de que en las elecciones generales de octubre el centro-derecha portugués perdiera la mayoría absoluta y de que entre los partidos de izquierda se haya hecho general el sentimiento de que la situación era discriminatoria. Portugal era el único país de Europa con matrimonio igualitario pero sin adopción homoparental.

Hasta ahora no había sido posible

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impedía optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista (PS) contra el criterio de otros grupos de izquierda, y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución de Portugal es una de las pocas del mundo que recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional portugués por iniciativa del presidente de la república, el conservador Aníbal Cavaco Silva, esta cláusula quedó expresamente fuera de la consulta, para evitar precisamente que fuese el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con esta discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pudiese adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes. En mayo de 2013 el gobernante PSD (Partido Social Demócrata, que pese a su nombre es de centro-derecha) permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia. El PSD acabó haciendo suya la iniciativa de referéndum, que incluía además la formulación de dos preguntas (una sobre coadopción y otra sobre adopción conjunta), aunque la estratagema se topó con el Tribunal Constitucional, que debía dar su visto bueno. El alto tribunal consideró que no podía preguntarse al mismo tiempo sobre coadopción y sobre adopción conjunta, puesto que generaba confusión y la respuesta a una de las preguntas podía generar un efecto de “arrastre” sobre la otra. La iniciativa del PS volvió al Parlamento, donde fue derrotada por tan solo cuatro votos.

Los partidos de izquierda no renunciaron a dar la batalla y en enero de este año presentaron tres proyectos para permitir la adopción de menores por parte de las parejas casadas del mismo sexo. Las propuestas fueron derrotadas con los votos del PSD y de sus socios del CDS-PP, situados aún más a la derecha. La novedad, en este caso, fue el voto favorable del Partido Comunista, que en el pasado se había abstenido en las votaciones sobre la materia. Por parte de los dos grandes partidos hubo varios diputados que se saltaron las directrices de su formación: siete representantes del PSD apoyaron la iniciativa del PS y, en sentido contrario, tres socialistas se opusieron a la adopción homoparental.

La nueva mayoría permite el avance

El pasado 4 de octubre tuvieron lugar nuevas elecciones generales. Pese a que PSD y CDS-PP acudieron en esta ocasión coaligados, para no dispersar el voto de derecha, no pudieron revalidar la mayoría absoluta, a pesar de ser la fuerza más votada (36,86%, 102 diputados). El PS consiguió el 32,31% de los votos y 86 diputados, mientras que el Bloque de Izquierda (la formación de que una forma más sólida ha defendido en el pasado los derechos LGTB) ascendía y se situaba por primera vez como tercera fuerza política, con el 10,19% de los votos y 19 escaños. El Partido Comunista, coaligado con Los Verdes, consiguió el 8,25% de los votos y 17 diputados. El partido animalista PAN (Personas-Animales-Naturaleza) consiguió por su parte un diputado.

Las fuerzas de izquierda superaban en escaños al centro-derecha e incluso llegaban a un acuerdo de mínimos para desalojarlo del poder, a pesar de lo cual el presidente Cavaco Silva encargaba a su correligionario Pedro Passos Coelho formar gobierno. Un gobierno al que el Parlamento, lógicamente, negó su confianza el pasado 10 de noviembre. La resistencia de Cavaco a aceptar el resultado electoral, de hecho, mantiene a Portugal en una situación que bien podría considerarse kafkiana (él es quien tiene la prerrogativa de nombrar al primer ministro) y no se descarta que el país se vea obligado a ir a nuevas elecciones.

Sin embargo ello no impide que el Parlamento, ya constituido, pueda aprobar reformas legislativas, y así ha sucedido en el caso de la apertura de la adopción a parejas del mismo sexo. En realidad el Parlamento portugués ha votado (y aprobado) varias iniciativas similares, presentadas por PS, Bloque de Izquierda, Los Verdes y PAN. Sin entrar en el farragoso detalle de cada uno de los proyectos, la posibilidad de que las parejas casadas del mismo sexo puedan adoptar ha sido aprobada con los votos de prácticamente toda la izquierda (se abstuvo Isabel Oneto, una diputada socialista) e incluso ha recibido 19 votos favorables de las filas del PSD, entre ellos los de dos de sus vicepresidentes, Pedro Pinto y Teresa Leal Coelho, y el de la exministra de Justicia Paula Teixeira. Y es que el PSD, consciente de que sus diputados más progresistas eran favorables a la medida, decidió darles en esta ocasión libertad de voto.

El procedimiento parlamentario aún debe culminar

El paso dado, en cualquier caso, no es el definitivo. Los proyectos aprobados pasan ahora la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento, que deberá consensuar un texto unificado que volverá al pleno para su ratificación final.

En este sentido, hay que tener en cuenta que hay variaciones entre las propuestas aprobadas. La del Bloque de Izquierda, por ejemplo, recoge también una serie de modificaciones en el Registro Civil para permitir, por ejemplo, que los dos miembros de una pareja del mismo sexo que tenga un hijo mediante reproducción asistida sean considerados sus progenitores.

Esperemos que el proceso, en este sentido, culmine pronto y bien y no se vea interrumpido por los vaivenes políticos.

Fuente Dosmanzanas

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Una pareja portuguesa con su hija, el pasado febrero en Lisboa. / PATRICIA DE MELO MOREIRA  (AFP)

Leemos en Dosmanzanas y en  El País:

Finalmente el Parlamento de Portugal ha dicho “no” al proyecto de ley propuesto por el Partido Socialista (PS) para legalizar la “coadopción”, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pueda adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes. Pese a que una quincena de diputados del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), de centro-derecha, ha votado a favor de la propuesta, esta ha sido derrotada por cuatro votos. El Parlamento votaba el proyecto después de que el Tribunal Constitucional portugués tumbara la propuesta de referéndum con la que el PSD quería eludir su responsabilidad.

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impide optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. La limitación fue impuesta por el entonces gobernante PS contra el criterio de otros grupos de izquierda y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución portuguesa recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional por iniciativa del presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, la prohibición de la adopción quedó fuera de la consulta, para evitar que fuera el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con dicha discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción. Así se hizo, y en mayo de 2013 el PSD permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia, y así evitar posicionarse.

El grupo parlamentario del PSD hizo suya la idea, que incluía además la formulación de dos preguntas (una sobre coadopción y otra sobre adopción conjunta). La propuesta de referéndum fue aprobada en enero por 103 votos de los socialdemócratas contra 93 votos de la izquierda. El CDS-PP, partido situado aún más a la derecha del PSD y que forma parte de la coalición de Gobierno, optó por la abstención, al igual que dos diputados socialistas. La estratagema del PSD, sin embargo, se topó con el Tribunal Constitucional, que debía dar su visto bueno. El alto tribunal consideró que no puede preguntarse al mismo tiempo sobre la coadopción, “donde existe una familia ya constituida de facto” y sobre la adopción conjunta, “donde se pretende constituir una familia ex novo”. El Constitucional estimó que hacer coincidir ambas preguntas generaba “ambigüedad” y que la respuesta a una de ellas podía generar un efecto de “arrastre” sobre la otra.

La votación

Tras el dictamen del Constitucional, el presidente Cavaco Silva devolvió la patata caliente al Parlamento. Finalmente el PSD decidía dar libertad de voto a sus diputados y afrontar la votación parlamentaria, que ha tenido lugar este mismo viernes. Pese a que quince diputados del PSD han votado a favor de la propuesta, esta era derrotada por 111 votos contra 107 (solo cuatro votos de diferencia). Ha habido además cinco abstenciones (en realidad, siendo estrictos, este resultado se refiere solo a una parte del articulado, la que se ha votado inicialmente. Luego se ha votado otra parte, cuyo resultado ha sido casi idéntico, salvo porque la abstención de un diputado del PSD se ha convertido en un voto en contra).

En esta ocasión, y a diferencia de los sucedido cuando se votó la propuesta de referéndum, los diputados del CDS-PP sí se han pronunciado: todos ellos han votado en contra, salvo uno que estaba ausente. En los partidos de izquierda (PS, Bloque de Izquierda, Verdes y Partido Comunista) todos los diputados han votado a favor salvo dos socialistas (que se han abstenido) y un comunista que no estaba presente.

Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas. La diputada socialista Isabel Moreira ha asegurado que su grupo seguirá batallando porque se apruebe la coadopción durante la presente legislatura, mientras que las juventudes socialdemócratas insisten en “la necesidad” de un referéndum sobre la materia. Es posible también que el asunto quede ya aparcado hasta la próxima legislatura (Portugal debe celebrar elecciones generales en 2015), en la que si la tendencia que marcan las encuestas se mantiene las fuerzas de izquierda pueden recuperar la mayoría parlamentaria. Leer más…

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Nos informa Dosmanzanas del Varapalo del Tribunal Constitucional de Portugal a la propuesta de referéndum sobre la adopción homoparental promovida por la derecha portuguesa. Entre otras razones formales (como la exclusión de los residentes en el extranjero) el alto tribunal considera que el formato elegido, que mezclaba dos preguntas distintas (una sobre adopción por parte de uno de los cónyuges de un matrimonio del mismo sexo de los hijos del otro y otra sobre la adopción conjunta) impide avalar la consulta.

La historia es compleja, aunque la intentaremos resumir. La ley portuguesa de matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobada en febrero de 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impide optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista (PS) contra el criterio de otros grupos de izquierda y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución portuguesa recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional por iniciativa del presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, pero curiosamente la prohibición de la adopción quedó fuera de la consulta, para evitar que fuera el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con dicha discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un nuevo proyecto que legalizara al menos la “coadopción”, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pueda adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes. Así se hizo, y de hecho en mayo de 2013 el ahora gobernante Partido Social Demócrata (PSD), de centro-derecha, permitía que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura.

Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras del PSD, opuestas a reconocer derecho de parentalidad alguno a las parejas del mismo sexo. Ello derivó en que ocho diputados pertenecientes a las juventudes del partido propusieran convocar un referéndum sobre la materia, para así evitar tener que posicionarse a favor o en contra. El grupo parlamentario del PSD hizo suya la idea, que incluía además la formulación de dos preguntas, e impuso a sus diputados la disciplina de voto. La propuesta de referéndum era así aprobada por 103 votos de los socialdemócratas contra 93 votos del Partido Socialista (PS), BE (Bloque de Izquierda), PEV (Verdes) y Partido Comunista. El CDS-PP, partido situado aún más a la derecha del PSD y que forma parte de la coalición de Gobierno, optó por la abstención, al igual que dos diputados socialistas.

La estratagema del PSD causó malestar entre algunos de sus diputados más progresistas, fue recibida por la oposición con grandes muestras de protesta y fue considerada en cualquier caso un ejercicio de cobardía política. También ha sido muy contestado el hecho de el PSD impusiera un referéndum que no se limitaba a preguntar sobre el proyecto de ley en disputa (la coadopción), sino que además incluía una pregunta sobre la adopción conjunta, posibilidad que el proyecto ni siquiera contempla.

“No” a preguntar por coadopción y adopción a la vez

Para que se celebre un referéndum en Portugal, sin embargo, es necesario el visto bueno del Tribunal Constitucional y del presidente de la República. Y el pronunciamiento del Constitucional ha sido claro, al considerar que no debe preguntarse al mismo tiempo sobre la coadopción, “donde existe una familia ya constituida de facto” y sobre la adopción conjunta, “donde se pretende constituir una familia ex novo”. El alto tribunal considera que el hecho de juntar ambas preguntas genera “ambigüedad” y que la respuesta a una de las preguntas puede generar un efecto de “arrastre”, de forma que una contamine a la otra.

Tras el dictamen del Constitucional, el presidente Aníbal Cavaco Silva se ha apresurado a devolver la patata caliente al Parlamento para que decida qué hacer sin entrar en valoraciones políticas. Está por ver que sucederá ahora. El PSD puede decidir hacer una nueva propuesta de referéndum limitada a la coadopción o hacer caso al resto de formaciones y regular el tema a través de una ley discutida y aprobada en el Parlamento.

Los activistas LGTB han recibido con prudente alivio el dictamen del Constitucional, que acentúa su convencimiento, ya expuesto cuando se aprobó la propuesta de referéndum, de que este no llegará nunca a celebrarse y de que lo sucedido no es más que una estrategia del PSD para demorar en el tiempo una decisión que le resulta incómoda.

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