Claudia  Catalina Soto Candia (Izquierda Libertaria)

Añade que la adopción por parte del parejas del mismo sexo “discrimina” a heterosexuales, “juega con la vida de niños” y solo “responde al deseo de algunos homosexuales en ser consolados respecto a la imposibilidad biológica se ser padres entre sí”. El Movilh repudió a la Seremi Claudia  Soto Candia e instó al Gobierno a desvincularla de su cargo.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) consideró hoy de la “máxima gravedad” que la Seremi de Justicia de la Región del Biobío, Claudia  Catalina Soto Candia (Izquierda Libertaria), hubiese optado por egresar de Derecho con una tesis “abiertamente homofóbica que daña la dignidad humana”, por lo que el organismo solicitó al Gobierno desvincularla de su cargo.

Se trata de la tesis “Vulneración del interés superior del niño en la adopción homoparental”, con la que Claudia Soto Candia y María Ignacia Chavarría Flores optaron en 2014 al título de licenciadas en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

“La hoy Seremi de Justicia, cuando ya era una estudiante adulta, decidió recurrir a argumentos abiertamente homofóbicos para optar a su título, habiendo tenido la posibilidad de seleccionar otros temas para su tesis. Y esto lo hizo en 2014, cuando Chile ya tenía ley antidiscriminatoria, estaba a pasos de promulgar la unión civil e incluso el Sename había abierto  la puerta a la crianza por parte de parejas del mismo sexo y la ley permitía la adopción a personas LGBTIQ+ solteras, algo contra lo cual su tesis también se pronuncia. Además de homofóbica, la entonces estudiante hizo oídos sordos a las transformaciones culturales y legales que experimentaba nuestro país”, sostuvo la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.

“Un gobierno que dice apoyar los derechos LGBTIQ+ no puede ser indiferente a esta grave situación, que imaginamos no la sabía. Sin embargo, ahora que lo sabe, corresponde que Candia Soto sea desvinculada o que ella dé un paso al costado y renuncie. Ella es Seremi en su calidad de abogada y licenciada en derecho, un título que obtuvo gracias a la homofobia. Mantenerla en el cargo, es legitimar y validar una experiencia académica cruzada por la homofobia y el odio hacia la diversidad”, añadió.

“Igual de dramático es que esa brutal tesis, sigue estando a disposición de estudiantes sin un análisis crítico, por lo que el daño causado por Candia Soto permanece. Por todo, hemos enviado una carta a ministro de Justicia, Luis Cordero, para que adopte medidas inmediatas contra un abuso que permanece y que tiene como representante a la Seremi de Biobío”, añadió.

 Entre otros puntos, la tesis señala que la adopción homoparental genera “confusión y perjuicio en el desarrollo de su personalidad (la del niño) con consecuencias lamentables a corto, mediano y largo plazo”.

Añade que “la filiación no se define a partir de la infertilidad, la adopción y un solo sexo. Es más bien la adopción lo que debe definirse a partir de una pareja generadora constituida por un hombre y una mujer, que hace legible el origen requerido por el niño para orientarse carnalmente”

A juicio de las tesistas la adopción homoparental no ayuda  a los niños a “encaminarse hacia la heterosexualidad, se les presenta a la homosexualidad como una alternativa, cosa que no es así, lo cual les provoca una regresión, erotizando sus identificaciones iniciales”.

“Para los niños y adolescentes, una pareja y una familia son un hombre y una mujer. El resto es un engaño social y un asunto de conveniencia ajeno al matrimonio y al parentesco (…) La homosexualidad no puede convertirse en un principio educativo, ya que está al margen de la norma de lo que constituye una pareja y su familia”, añade.

La tesis concluye que “la adopción de menores por parte de parejas homosexuales o parte de un individuo homosexual (gay o lesbiana) en solitario no es la mejor opción para el sano crecimiento y desarrollo del menor”. Por el contrario, solo “responde al deseo de algunos homosexuales en ser consolados respecto a la imposibilidad biológica se ser padres entre sí y que no satisface ninguna necesidad de la infancia abandonada”.

“Aceptar la adopción homoparental podría incluso significar una especie de discriminación inversa contra las parejas heterosexuales que buscan adoptar niños (…) El niño calca las conductas de sus padres, las copia, las reproduce. Si los dos son del mismo sexo, eso va a dejar una impronta en su personalidad muy fuerte” e incluso “se incrementaría el tráfico ilegal de niños por aumento de la “demanda” de las nuevas parejas homosexuales deseosas de adoptar”. En síntesis, finaliza la tesis, “se privaría  deliberadamente al niño del enriquecedor aporte la diversidad femenino-masculino”.

Respuesta de la Seremi

Tras conocerse públicamente la tesis, la Seremi señaló que no pensaba sobre lo ahí señalado y responsabilizó de todo a su casa de estudios.

“Mi error fue conformarme con los lineamientos y no cuestionarlos más allá, ya que nos regimos a los que nos dijo el profesor y lo que nos guiaba, las correcciones que nos hizo, la bibliografía que nos dio, así que respetamos mucho eso, pero nunca representó lo que nosotros pensamos”, señaló.

Añadió que “mi memoria para optar al grado de licenciada en Derecho no representa para nada lo que yo pienso o he pensado en relación con este tema. Se ocupó mucha bibliografía extranjera porque debo decir que tampoco era que abundara la bibliografía o artículos en ese sentido, así que debimos recurrir a la bibliografía que se nos recomendó y a muchas cosas extranjeras, muchos datos extranjeros y todo está citado en la memoria”.

A estas declaraciones, se sumó un comunicado que la Seremi publicó en redes sociales.

El Movilh replicó que «esta repuesta agrava lo sucedido. Primero lo que dice es falso, porque en 2014 había abundante información favorable a la adopción homoparental. En segundo lugar,  la tesis es de su responsabilidad y «gracias» a la misma obtuvo su título. Las tesis no tienen como autores/as a profesores/as guías. Son de absoluta responsabilidad de estudiantes. Además, si ella era contraria a la hipótesis planteada, debió señalarlo en sus conclusiones, material académico había de sobra en ese momento».

Finalmente, la Seremi con su «aclaración»,  está diciendo que  «se convirtió en homofóbica, o validó la homofobia, porque así lo quería su casa de estudios y que luego  dejó de serlo para asumir un cargo gubernamental. La Seremi pretende hacer creer que falseó lo que pensaba para obtener el título. Pero si seguimos esa línea, entonces cometió fraude por un título. Por donde se mire es grave. Devolver el título o abandonar el cargo, es lo mínimo».

Extracto de la tesis aquí

Tesis completa aquí

Fuente MOVILH

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Fue golpeada, desnudada por hombres, ridiculizada por su identidad de género y hasta impedida de acceder a medicamentos para tratar una enfermedad en las cárceles del Biobío, Alto Hospicio, Antofagasta y La Serena. Todos los hechos fueron confirmados en fallos de los propios tribunales.

Una mujer trans, María del Pilar López Barrera (43), presentó hoy en el 12 Juzgado Civil de Santiago una inédita demanda contra el Estado de Chile, luego de haber sido torturada y agredida en razón de su identidad de género en distintos Centros de Cumplimiento Penitenciario (CCP) del país, donde en diciembre pasado terminó por cumplir una condena de 15 años.

En la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta contra el Consejo de Defensa del Estado el abogado Juan Pablo Badani precisó que “desde un inicio del cumplimiento de su condena, en diferentes cárceles del país”, María del Pilar, sufrió “malos tratos y burlas de parte del personal de Gendarmería de Chile, humillaciones, incluso apremios ilegítimos. Cabe señalar que siempre el origen de estos hechos, radicaban en su identidad de género, así como en llamarla por su nombre legal”.

“Entre otros, la mujer fue golpeada, desnudada, revisada por personal masculino de Gendarmería e incluso impedida de acceder a medicamentos para tratar una enfermedad. Todas las veces que denunció los abusos, María del Pilar ganó los casos en tribunales. Gendarmería, lejos de cumplir los fallos de tribunales, exacerbó su violencia contra la mujer”, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organismo que lleva unos dos años siguiendo el caso.

Los abusos ocurrieron en el CCP del Biobío, de Alto Hospicio, y de Antofagasta y de La Serena.

Entre otros, fallaron a favor de María del Pilar las cortes de Apelaciones de Concepción, de Iquique, Antofagasta y de La Serena.  Más aún, en dos ocasiones fue la propia  Corte Suprema la que falló a favor de la víctima, “luego de que Gendarmería apelara con transfóbicos argumentos, pues exigía tratarla como hombre y no como mujer”, redondeó el Movilh.

“Uno de los aspectos más graves de este caso, es que luego de que los tribunales exigieran a Gendarmería tratar a la víctima por su nombre social, así como respetar en todo momento su identidad de género, la reacción de los gendarmes fue más violenta, incumpliendo así los órdenes de los propios tribunales y convirtiendo a las cárceles en tierra de nadie” apuntó el Movilh.

En diciembre pasado “María del Pilar fue diagnosticada con trastorno del estrés postraumático crónico, como consecuencia de los hechos, malos tratos, golpes, apremios ilegítimos, discriminación y burlas sufridas por un agente del Estado, como lo es Gendarmería de Chile”, señaló en la demanda el abogado Juan Pablo Badani.

El Moivlh dijo “esperar justicia en este caso, el cual no solo servirá para paliar el daño causado a María del Pilar, sino también para que de una vez Gendarmería cese con los abusos en razón de la orientación sexual o la identidad de género de los/as internos y a veces también de los funcionarios LGBTI”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Alto Hospicio, Antofagasta, Biobío, Chile, Concepción, de Iquique, Expresa, Homofobia/Transfobia, Juan Pablo Badani, La Serena, María del Pilar López Barrera, MOVILH, Torturas

La página resalta además los dos primeros sitios web estatales sobre el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, ambos un compromiso de Chile ante la CIDH.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lanzó hoy su nuevo sitio web  el cual destaca por incluir la más amplia biblioteca digital de Chile con temáticas lésbicas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI), así como por potenciar las acciones que ocurren en regiones distintas a la Metropolitana.

La biblioteca incluye estudios, leyes, proyectos de ley, políticas públicas, encuestas, declaraciones y resoluciones internacionales, fallos de la justicia, textos educativos y preguntas frecuentes sobre la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las personas LGBTI y las familias homoparentales.

A la par, se destaca especialmente el trabajo de las filiales del Movilh en Valparaíso, Maule, Biobío, Aysén y Los Lagos “de manera de contribuir a visibilización más nacional de la realidad LGBTI, pero con una perspectiva local”, sostuvo la organización.

Los apartados regionales “irán con el paso del tiempo sumando cada vez más noticias y hechos, lo cual permitirá tener una mirada más histórica y con proyección respecto a lo que ocurre en Valparaíso, Maule, Biobío, Aysén y Los Lagos”, indicó el Movilh, tras precisar que la estrenada página se enmarca en un proyecto apoyado por la Fundación Interamericana para potenciar la realidad regional.

El nuevo sitio web resalta además en sus banner dos páginas del Estado de Chile sobre el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Se trata de los primeros sitios estatales sobre la materia, los cuales fueron creados bajo la administración de de la presidenta Michelle Bachelet y que deben mantenerse en línea, sea cual sea el gobierno de turno, en tanto, son parte de los compromisos adquiridos por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Aysén, Biblioteca digital de Chile, Biobío, Los Lagos, Maule, MOVILH, Valparaíso

La  parlamentaria del PPD se ha caracterizado por su respaldo a los derechos humanos de las personas LGBTI

La Comisión Mixta encargada de analizar el proyecto de ley de identidad de género se conformó ayer en el ex Congreso Nacional de Santiago, eligiendo como su presidenta a la senadora Adriana Muñoz (PPD), quien la semana anterior había firmado un acuerdo con el Movilh para impulsar los derechos LGBTI comprometidos por Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD)

Esta jornada Muñoz expresó en Radio Cooperativa su respaldo a la propuesta de ley despachada por la Cámara de Diputados, “porque se sustenta en dos principios: el principio del interés superior del niño, niña o el adolescente, donde eso significa que los órganos del Estado tenemos que garantizar la máxima satisfacción del ejercicio de sus derechos”

“El otro principio es el de autonomía progresiva, donde todo niño, niña o adolescente podría ejercer sus derechos por sí mismo en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y su madurez. Lo que la propia Cámara aprueba es el representante legal, que es muy importante, una persona que esté a cargo legalmente del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que tengan un papel más de orientación, de dirección en el ejercicio de este derecho y no sometido a la voluntad del padre”, explicó.

Junto a Muñoz integran la Comisión los/s senadores/as Felipe Kast (Evópoli), Jacqueline Van Rysselberghe (Biobío), Alejandro Navarro (Indp), Adriana Muñoz (PPD), Juan Latorre (RD), así como los/as diputados/as Diego Paulsen (RN), Matías Walker (DC), Raúl Saldívar (PS) y Natalia Castillo (RD).

Durante su constitución, la Comisión Mixta determinó que el próximo lunes expondrán en su seno organizaciones defensoras y opositoras del proyecto de ley, así como el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien al ser consultado sobre la inclusión de menores de 18 años en la iniciativa, señaló hoy a T13 Radio que “yo no veo la condición de inconstitucionalidad en este tema”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, enfatizó, por su lado, que la “constitución de la Comisión Mixta ay nos pone en tierra derecha para avanzar a la aprobación de la norma en mayo, lo cual es nuestra aspiración. Nuestra intención es que sean incorporados los menores de 14 años en la ley, y para tales efectos, ayer y ya obtuvimos el respaldo de la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández”.

El inicio del debate en la Constitución Mixta fue rechazado ayer grupos opositores al proyecto de ley. La auto-denominada Coordinadora Nacional ProFamilia, portó un cartel donde señalaban que “sentir que soy algo no es serlo. Los sentimientos no determinan la realidad y mucho menos pueden ser el fundamento para exigir derechos”.

La postura es similar a la de la presidenta de la UDI, JacquelineVan Rysselberghe, quien en los últimos días ha exacerbado su rechazo a al proyecto a través declaraciones públicas y presiones al Gobierno y a Chile Vamos.

Tras anunciar que acudirá al Tribunal Constitucional si es que el proyecto de ley incorpora a los menores de 18 años, la senadora sostuvo que “siempre hemos defendido el derecho primordial de los padres a educar a sus hijos, pero también hemos aceptado que hay ciertos casos en los que la sociedad pone el límite, como es el caso del alcohol. Un niño aunque su padre lo autorice, no va a poder comprar alcohol en un restaurant”. “Lo que no se puede hacer es el cambio de sexo. Lo que decimos es que cuando se haga, lo haga una persona con autonomía plena y la madurez suficiente, que en caso de Chile es la mayoría de edad a los 18 años”, agregó a La Tercera.

El Movilh repicó que “los grupos auto-declarados pro vida y Van Rysselberghe confunden a la ciudadanía con informaciones erróneas y falsas para validar sus prejuicios. Con todo, el interés superior del niño es prioritario y eso no hay manera de rechazarlo”.

Fuente MOVILH

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Gays y trans fueron tratados de “caballos”, “perras”, “maricones” y “sidosos”, luego de que ganaran en tribunales distintos recursos por similares abusos. El Movilh concluyó que “Gendarmería es en extremo peligrosa para los derechos humanos de las personas LGBTI”

Nuevos abusos en razón de la orientación sexual e identidad de género propinados por gendarmes sufrieron personas privadas libertad, esta vez del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Los últimos atropellos afectaron a la interna trans Vicky Rosas Mendéz y a Cristofer Fidel Carrasco Galvez, en represalias por denuncias previas contra abusos homo/transfóbicos que fueron confirmados por tribunales.

Los hechos ocurrieron en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, donde los/as internos/as fueron tratados/as de “caballos”, “culiaos sidosos”, “perras” y “maricones” (Sic). Además, Vicky fue golpeada con un palo, y luego lanzada al suelo, recibiendo patadas por parte de al menos un funcionario de Gendarmería, mientras otros eran testigos pasivos de los abusos.

Los responsable de estos atropellos serían un sub-oficial identificado como Jorge González Roa y los capitanes de apellidos Mosalve y Valenzuela, quienes al presenciar los abusos nada hicieron para detenerlos.

Sólo en el 2017 se conoció de 13 casos de discriminación y torturas contra interno/as LGBTI en diversos penales del país, “todos los cuales fueron confirmados por tribunales. Hubo un total de cinco fallos, dos de la corte Suprema, que dieron la razón a los internos. Esto se suma a otros tres fallos del 2016”, indicó el Movilh.

“Contra todo lo deseable, los abusos han continuado, lo cual refleja que Gendarmería es una institución en extremo peligrosa para los derechos humanos de las personas LGBTI”, indicó el Movilh.

En ese sentido, el Movilh envió hoy una carta al director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas Flores, expresando repudio por lo ocurrido y exigiendo medidas inmediatas.

En paralelo, el Movilh solicitó al director del Instituto Nacional de Derechos (INDH), Branislav Marelic, que encomiende a sus representantes en Bíobío la intervención de la entidad para sancionar y prevenir nuevos abusos.

“Recibimos una rápida respuesta del señor Marelic, quien al instante designó a la abogada de la Unidad Jurídica Nacional, Marlenne Velásquez, para hacerse cargo de la denuncia y dar respuestas a las víctimas. Valoramos profundamente ello”, dijo Guzmán

Muy distinto es lo ocurrido “de Gendarmería, la cual ni siquiera acusa recibo de las denuncias, lo cual incrementa la gravedad de los permanentes daños causados por esta institución”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Biobío, Branislav Marelic, Centro de Cumplimiento Penitenciario, Cristofer Fidel Carrasco Galvez, Esteban Guzmán, Gendarmería, Instituto Nacional de Derechos (INDH), Jaime Rojas Flores, Jorge González Roa, Marlenne Velásquez, Unidad Jurídica Nacional, Vicky Rosas Mendéz

La Corte de Apelaciones de Santiago sentenció que las circulares y documentos del Mineduc a favor de estudiantes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) obedecen  al interés superior del niño.

La undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el jueves en forma unánime dos recursos de protección presentados el pasado 13 de junio por 39 madres y padres de la Región del Biobío contra la Superintendencia de Educación, hecho que fue aplaudido por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Los recursos fueron presentados por los abogados Alfredo Alejandro Celis Ahumada y Jessica Concha Arias, quienes alegaron que la resolución 768 del Ministerio de Educación a favor de los niños y niñas y trans, así como el documento “Orientaciones para la inclusión de personas gay, lesbianas, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en el sistema educativo chileno”, violentan la Constitución y el interés del niño y de la niña

En representación de padres y apoderados de las localidades de Cañete, Lebu, Arauco, Hualpén ,Coronel y Contulmo, los abogados calificaron de ilegales las políticas Mineduc en tanto, a su juicio, violentan el derecho a la libertad de conciencia de los niños, niñas y estudiantes pertenecientes al sistema educativo chileno y porque la Superintendencia de había excedido en sus facultades.

En un fallo unánime, el ministro Jorge Zepeda, el fiscal judicial Jorge Norambuena y el abogado (i) Rodrigo Rieloff, señalaron todo lo contrario y rechazaron el recurso.

Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) “con este fallo triunfó la igualdad y la no discriminación en el sistema educacional chileno, al tiempo que fracasó una estrategia legal de odio de un grupo de personas que manipuladas por supuestos pastores buscaban negar derechos a niños y niñas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

“Quizás lo más significativo es que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso en virtud del interés superior del niño. Por tanto, se validan las políticas a favor de niños y niñas LGBTI. Más aún, se exige a los opositores a este grupo humano que dejen de usar como excusa a los niños/as, e incluso a sus propios hijos, para imponer sus creencias y discursos de odio, pues eso es lo que violenta el interés superior de los niños y niñas”, apuntó Jiménez

“Esperamos que los padres, madres y apoderados de la Región del Biobío lean este fallo y no se dejan manipular por sectores que sólo promueven violencia”, finalizó el Movilh, luego de saberse que los 39 madres y padres que presentaron los recursos lo hicieron en nombre de sus hijos.

El fallo

En el fallo se enfatiza que la Superintendencia de Educación actuó, “dentro de la esfera de sus atribuciones legales” e “inspirada en una serie de principios que emanan de un concepto integral de los derechos humanos, en que los mismos no se limitan a reconocer y amparar un catálogo de derechos y garantías reconocidos constitucionalmente en forma taxativa, si no que fluyen más allá a partir de todo aquello que propenda a reconocer en su esencia las diversidades de la naturaleza humana y el debido respeto por estas”.

Más aún, redondeó la sentencia, “habiéndose establecido que existe un deber de los órganos del Estado, entre éstos, la Superintendencia de Educación, de promover y respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana y que, dentro de estos derechos podemos encontrar – protegido por tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por nuestra República– la debida protección de las personas contra tratos discriminatorios basados en su orientación sexual e identidad de género, forzoso es concluir que la decisión de la autoridad recurrida en orden a dictar las instrucciones y recomendaciones” mencionadas son ilegales. Leer más…

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El afectado y el Movilh se reunieron con la Seremi de Educación

Con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh-Biobío) el profesor de inglés Óscar Campos, denunció que fue despedido del Colegio Andrés Bello de Chiguayante en razón de su orientación sexual.

En cita con el Seremi de Educación del Biobío, Sergio Camus, docente explicó que de un día para otro fue notificado de que no podría seguir dando clases en el establecimiento.

“Esto se arrastraba desde hace años. Habían llamados constantes a la oficina del director, donde habían reproches a cómo vestía o lo que usaba. Siempre se me recriminó que las cosas que yo usaba no eran de profesor, cuando en realidad yo nunca usé nada inapropiado. Situaciones que se incrementaron en los últimos años”, dijo el afectado.

“Puede ser que nunca más me contraten como profesor, pero hoy en día yo me quiero y me valoro. Lo que yo viví no fue una situación digna, no por ser gay tenía que estar toda la vida escondiéndome”, añadió tras denunciar el caso a los Tribunales del Trabajo de Concepción.

En la ocasión, Camus derivó el caso a la Superintendencia de para “determinar si en el reglamento interno del establecimiento hay una consagración de respeto y tolerancia a la diversidad sexual, tal y como ha sido establecido en las orientaciones impartidas por el Ministerio”.

Fuente MOVILH

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Tras Coquimbo, Biobío y Valparaíso.

El Servicio de Salud Del Reloncaví se convertirá en el cuarto del país donde las personas trans podrán someterse a cirugía de readecuación corporal, en el marco de la implementación de una política pública focalizada en ese sector social que se institucionalizó en 2011, resaltó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El vocero de Movilh-Los Lagos, José Arcos, sostuvo que “de esta manera se ampliará la oferta en salud y calidad de vida para una población históricamente discriminada. Valoramos profundamente que el nuevo centro capacitado en las cirugías se ubique en nuestra región. Haremos una amplia difusión de este servicio entre las personas trans”.

Junto al Servicio de Salud del Reloncaví, otros recintos donde se practican cirugías es el Hospital de La Serena, el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

La atención en Reloncaví, que espera comenzar oficialmente en junio próximo, se hará en alianza con el Servicio de Salud de Osorno y el Hospital de Puerto Montt.

Los procesos de readecuación corporal de las personas trans están claramente establecidos en un protocolo creado en 2011 por el Ministerio de Salud y el Movilh, mientras que la atención libre de discriminación es regulada y exigida en dos circulares, la 21 y la 34.

Dichas políticas se gestaron tras un largo proceso que inició en 2007 el Movilh con un pequeño programa piloto en un consultorio de Santiago, lo cual dio las pautas para la elaboración de las circulares y del protocolo nacional, también conocido como “vía clínica”.

La profundización de esta temática es además parte del Acuerdo por la Igualdad que el Estado selló con el Movilh.

Fuente MOVILH

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Los atropellos van desde la negación de medicamentos, hasta golpizas. Pese a existir fallos de tribunales contra los  abusos,  la Dirección Regional de Gendarmería del Biobío faltó en forma grave a la verdad al indicar que “no hay denuncias”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó a la Dirección Nacional de Gendarmería su preocupación por brutales atropellos contra la dignidad de las personas transexuales y de quienes viven con VIH al interior de los recintos carcelarios de Iquique y Concepción.

“Se trata de negación de medicamentos a personas viviendo con VIH y de golpizas tan graves, que los tribunales han llamado a Gendarmería a respetar la Convención Internacional contra la Tortura”.

En ese contexto, el viernes pasado el Movilh envió una carta al director nacional de Gendarmería Jaime Rojas Flores, solicitando “medidas inmediatas para acatar los fallos y para implementar medidas que cesen los atropellos”.

El Movilh, que desde hace años trabaja con Gendarmería en medidas anti-discriminatorias, se mostró “alarmado y decepcionado por estos atropellos , que han ocurrido principalmente en regiones. Ello demuestra la necesidad de más, mejores y, en especial, descentralizados procesos de sensibilización”.

El organismo recordó que el pasado 29 de julio la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de protección de una interna trans afectada por el VIH que acusó a Gendarmería de negarle en forma sistemática la triterapia para su tratamiento.

El fallo de la magistrada Mónica Adriana Olivares, enfatizó que “lo cierto es que Gendarmería de Chile, correspondiéndole hacerlo, no ha adoptado ninguna acción de forma diligente para resolver los padecimientos de salud que pudiera estar enfrentando la amparada como sería el haber obtenido una muestra de sangre en el mismo hospital del penal al momento de su ingreso parta determinar si padece VIH y consecuencialmente los pasos a seguir”.

Se ordenó así a Gendarmería a “trasladar de inmediato” a la interna al “Policlínico UNACSESS del Hospital” de Iquique “para recibir el tratamiento respectivo”.

Sin embargo, explicó el Movilh, “la situación es aún más grave al considerar que el coronel de Gendarmería y Director Regional, Sergio Castillo, negó en todo momento los hechos, sin asumir responsabilidades, mientras que la afectada permanece en las mismas condiciones a las anteriores al fallo”.

En tanto, el 8 de marzo pasado la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción acogió una denuncia de una persona trans y de otra viviendo con VIH, las cuales acusaron a funcionarios de Gendarmería de propinarles golpes con un bastón en las manos, espalda y rostro, de obligarlas a desnudarse, de impedirles constatar lesiones bajo amenazas, y de aislarlas por excesivo tiempo, hechos ocurridos en el marco de allanamientos a las celdas.

Al respecto, los jueces César Gerardo Panés Ramírez, Jaime Solís Pino y Valentina Salvo Oviedo, dieron por ocurridos los graves hechos y fallaron que “la situación vivida por los indicados internos atenta contra su seguridad individual (…) razón por la cual habrá de otorgársele la protección impetrada”.

Se ordenó así al Director Regional de Gendarmería de Chile, Coronel Pablo Toro Fernández, a “arbitrar las medidas efectivas que correspondan para que el personal de su dependencia cautele la integridad física de los internos garantizándoles un trato digno, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las leyes, la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales y, en forma especial, a lo dispuesto en la Convención contra la Tortura”.

El fallo apuntó que Gendarmería debe adoptar las medidas “compatibles con el servicio en orden a instruir al personal de su dependencia acerca del trato adecuado que debe dársele a las internas, en consideración a su particular situación de transgénero”.

Repudiable reacción de la Dirección Gendarmería en el Biobío

En el marco de una “grotesca falta a la verdad”, lamentó el Movilh, la Dirección Regional de Gendarmería del Biobío negó el fallo y las denuncias al ser consultada por la prensa.

En efecto, el alcaide Subrogante, Andrés Muñoz, rechazó  la existencia de denuncias, y alegó que sólo se conocía de un abuso al respecto, pero cometido entre internos del Centro Penitenciario El Manzano.

El Movilh replicó que “con esta declaración, la Dirección Regional de Gendarmería ha cometido una doble falta, ocultar la verdad, lo que resulta intolerable y repudiable. Nos asombra y molesta profundamente que se recurra a una estrategia tan baja, como faltar a la verdad, para desviar responsabilidades”.

El organismo precisó que “la prueba contundente y que desnuda la falsedad en la que ha incurrido la Dirección Regional de Gendarmería y el alcaide Muñoz, es un fallo de la justicia que acogió el reclamo de dos internos y que exigió al centro penitenciario, nada más, ni nada menos, que respetar la Convención Internacional contra la Tortura, justamente porque no lo estaban haciendo”.

El Movilh puntualizó que “si la Dirección Regional del Biobío está desmintiendo un fallo de la justicia, ha incurrido en una falta gravísima, por lo que exploraremos las acciones administrativas o legales que sean necesarias para impedir estos grotescos encubrimientos”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Andrés Muñoz, Biobío, Cárceles, Centro Penitenciario El Manzano, César Gerardo Panés Ramírez, Chilr, Concepción, Iquique, Jaime Rojas Flores, Jaime Solís Pino, Malos tratos, Mónica Adriana Olivares, MOVILH, Pablo Toro Fernández, Sergio Castillo, Transexuales, Transexualidad, Valentina Salvo Oviedo, VIH/SIDA

General Biobío, Chile, Damián Dupré Urrutia, Discriminación, Elba Rodríguez, Esteban Guzmán, Graciela Lanata, Homofobia, MOVILH, Movilh-Biobío, Renato Campos, Rodrigo Cerda, Rodrigo Moreno, Vladimir Urrutia

Triste historia la que ha sucedido en Chile, donde Vladimir Urrutia ve desesperado como la madre del que fue su pareja (hoy fallecido) y que nunca aceptó la relación de su hijo con otro hombre, quiere que sus restos sean exhumados para que no reposen en una tumba propiedad de Urrutia, que ya con anterioridad fue despojado de bienes comunes e incluso de varias mascotas que compartían. Urrutia y Rodrigo Moreno fueron pareja durante doce años, hasta la muerte de este último.

Rodrigo Moreno falleció el 5 de octubre de 2014, por lo que la pareja no tuvo oportunidad de contraer una unión civil (algo que no pudo comenzar a ser posible hasta un año después). “Estamos en presencia de una situación tan injusta, como dolorosa, pues Moreno falleció el 5 de octubre del 2014, no alcanzando la pareja a formalizar su vínculo con el Acuerdo de Unión Civil, que entró en vigencia un año más tarde. Ello dejó en la completa desprotección jurídica a Urrutia, pues además de ser despojado de los bienes que adquirió conjuntamente con su pareja, hoy podría ser apartado de los restos de su amado”, ha indicado el portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) en la región del Biobío, Esteban Guzmán.

Esta organización está asesorando a Urrutia, que además de la muerte de Moreno se ha tenido que enfrentar a la inquina de la madre de este, Elba Rodríguez. “La familia de mi novio, que nunca aceptó nuestra relación, me ha quitado todo lo que ha podido; cuadros, ropa, muebles, incluso a mis cuatro perros. Cuando falleció Rodrigo, le pusieron un candado y una cadena a la puerta. Por sanidad mental, unos amigos y vecinos embalaron algunas cosas y las llevaron a un departamento donde estuve por más de un año. Viví sin cocina, sin muebles, sin mesa, sin sillas, afectado por una profunda depresión y dos intentos de suicidio. Pensé que lo peor había pasado, pero ahora me entero que quieren exhumar el cuerpo”, expresa Urrutia con un profundo dolor. Se da además la circunstancia de que durante los últimos tres años de la vida de Moreno tanto su madre como su su abuelo vivieron con la pareja, que los cuidó pese a que, según cuenta Urrutia, “nunca nos aceptaron y debíamos reprimir nuestros afectos”. Incluso llegaban a contar ante desconocidos que eran hermanos, y no pareja, “para que su madre se quedara tranquila, pero no sé si estos gestos ella los valoró alguna vez”.

Para rematar el dolor de Urrutia, el pasado 8 de febrero Elba González presentó contra él un recurso ante la Corte de Apelaciones de Concepción por negarse a la exhumación del cuerpo, enterrado en una tumba -esta sí- propiedad de su yerno. La acción también fue cursada contra el Cementerio Parque Santa María de Los Ángeles, que tampoco ha autorizado la exhumación.

Elba González argumenta a su favor que el 23 de abril del 2015 la Oficina Provincial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío autorizó la exhumación de su hijo. Pero según revela Esteban Guzmán, en todas sus actuaciones  ha omitido que el propietario de la tumba era su pareja, con la que había convivido por más de una década. “Es una situación dramática”, opina el portavoz del MOVILH. “Es un caso difícil, pues si bien la justicia está sin duda del lado de Urrutia, nuestras leyes no reconocen derechos de convivientes para efectos de sepultura o exhumación. Por ello, junto a la asesoría legal, estamos gestionando una reunión con la Seremi de Salud par evaluar los mejores pasos a seguir. Urrutia, no merece sufrir más y esperamos que el Estado se haga cargo de ello”, añade.

Estaremos atentos a lo que suceda finalmente. En cualquier caso, desde la distancia trasladamos a Vladimir Urrutia todo nuestro cariño y solidaridad.

Fuente MOVILH y Dosmanzanas

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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual ha interpuesto una acción de no discriminación arbitraria contra la Línea de Buses San Pedro después de que se negara a difundir una campaña de la unión civil sólo porque incluía a parejas del mismo sexo.

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