La norma impulsada permitirá el cambio de sexo legal de las personas trans sin necesidad de requisitos médicos y establece un marco integral de medidas contra la LGTBIfobia

El PP y Vox retratados como los únicos partidos que se han opuesto a la Ley Trans y LGTBI. En 10 años, cuando la sociedad normalice este asunto les oiremos decir que están con las personas trans y sus votantes LGTBI dirán que no le deben nada a la izquierda por los avances.

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La cámara rechaza las enmiendas a la totalidad de las derechas, que se muestran contrarias a la autodeterminación de género de las personas trans

La llamada Ley Trans sigue adelante. La mayoría del Congreso ha rechazado rotundamente este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, que pedían devolver el texto al Gobierno. Así se ha dado el pistoletazo de salida a la tramitación legislativa por la vía de urgencia de una norma que se prevé muy agitada. A ella no solo se oponen la derecha y extrema derecha, también un sector del movimiento feminista transexcluyente.

El punto más polémico es la autodeterminación de género de las personas trans, es decir, el derecho a modificar el sexo legal en base a su libre voluntad. Actualmente, ya hay en España desde 2007 una ley sobre identidad de género y que permite el cambio en el DNI, la diferencia es que impone como requisitos dos años de hormonación y un informe diagnóstico de disforia de género. Condiciones que la nueva norma, oficialmente llamada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, elimina.

La diputada sociaLISTA Raquel Pedraja ha reconocido que la ley “entra en el Congreso con una vocación de mejora y a nosotras nos encontrarán ahí, trabajando para que sea garantista” y ha reivindicado al PSOE como “el partido que ha protagonizado los avances en materia LGTBI de los últimos 40 años” y “el partido feminista de las grandes reivindicaciones de las mujeres” y ha nombrado varias de las cuestiones que aborda la norma, entre ellas las tasas de desempleo de las personas trans o el acoso escolar.

La ley ha sido defendida desde la tribuna por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que en 2019, una reforma que también reconocía la libre autodeterminación de género estuvo a punto de ser aprobada en el pleno y cuyo dictamen “fue firmado por todos los partidos”. “Señores del PP, ¿qué ha cambiado hasta ahora?”, ha cuestionado a la bancada de la derecha. “Que han sido devorados ideológicamente por la extrema derecha”, se ha respondido.

La titular de Igualdad ha advertido a PP y a Vox de que “somos más quienes queremos que el Estado reconozca de una vez a las personas trans y a las personas LGTBI” y que “han perdido el debate antes de empezarlo”. Además, ha llamado a la “mayoría feminista” de la cámara a “expresar diferencias y posibilidades de mejora”, pero “sin dejar una sola puerta abierta a los discursos de odio y la transfobia”. “La derecha quieren un país lleno de armarios, de soledad, de clandestinidad. Son menos. Les estamos ganando”, ha cerrado su intervención.

El PP y Vox comparten argumentario, consideran que se trata de un “texto ideologizado” y “contrario a la evidencia científica” y ambos se refieren a la identidad de género como si fueran “deseos”, pero la intervención más dura ha venido de la bancada de la extrema derecha. Con una camiseta que rezaba “biology is real” (la biología es real, en inglés), la diputada de Vox Carla Toscano ha calificado la norma de “labor de ingeniería social” que “fomenta la transexualidad”. “Hoy es el día de gritar los niños tienen pene y las niñas vagina, la biología es real, el sexo es binario y la ideología de género es un cáncer”, ha afirmado.

Toscano considera que legislar sobre “deseos y autopercepciones genera fraudes de ley” y cree que “veremos hombres que tendrán acceso a espacios de mujeres”, ha añadido antes de comparar este tipo de leyes para despatologizar la transexualidad con “legislar sobre autopercepción de edad, nacionalidad o estado civil. ¿Se imaginan un mundo en el que todos estén obligados a tratarnos como nos sintamos? Esta ley supone una discriminación sobre personas que se pueden sentir un ornitorrinco o Lady Gaga”, ha dicho ridiculizando a las personas trans.

El PP, por su parte, ha centrado su discurso en criticar especialmente el tratamiento de los menores que hace el proyecto y ha reivindicado el papel “de los padres y profesionales” que, asegura la diputada María Jesús Moro, “se deja de lado”. El texto permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con autorización de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. “¿A ustedes les parece un avance que convirtamos el Registro Civil en una oficina de recepción de deseos y arrepentimientos? No es como ir a cambiar el modelo de consola, es muy serio”, ha añadido.

Otra de las líneas argumentales de los populares entronca con lo que defiende también varias organizaciones feministas que se oponen a la norma, entre ellas la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que se ha reunido esta mañana con Feijóo y que considera que la Ley Trans puede suponer una merma de derechos para las mujeres. “Nos pronunciamos contrarias al borrado de la mujer”, ha dicho en el pleno Moro, que ha interpelado a las socialistas asegurando que el partido “quiere purgar” a las feministas socialistas críticas.

Sin ambages han respaldado la autodeterminación de género el resto de formaciones que han intervenido en la cámara. Bildu, el BNG, PNV, ERC y Ciudadanos han cargado también contra las enmiendas de las derechas y ha querido censurar los debates “que en vez de aportar luz están suponiendo un obstáculo para reconocer la diversidad”, en palabras de la diputada de Bildu, Bel Pozueta, que ha defendido la libre determinación de la identidad asegurando que “nadie de esta cámara va a decirles a las personas trans quiénes son ni quiénes pueden ser”.

En la misma línea se expresado María Carvalho, de ERC: “No hay una lucha entre el feminismo y las mujeres trans”, ha clamado la parlamentaria antes de recordar que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han crecido un 67% desde 2019, según el Ministerio del Interior. Los republicanos se han comprometido a proponer las enmiendas que piden los colectivos, entre ellas, posibilitar el cambio de sexo legal “sin limite de edad”, reconocer a las identidades no binarias y “posibilitar que las personas trans migrantes puedan cambiar sus documentos”.

Por su parte, Sara Giménez, de Ciudadanos, se ha mostrado también a favor de la autodeterminación de género, pero ha criticado al Ministerio de Igualdad por reclamar la tramitación de la ley por la vía de urgencia. Algo que la diputada ha calificado de “irresponsable” porque “necesitaría la comparecencia de expertas e informes preceptivos”. Es esta una de las reclamaciones que también han hecho las organizaciones feministas críticas, que consideran que este trámite “busca ocultar a la sociedad las consecuencias prácticas para la infancia y los derechos de las mujeres”.

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Este 26 de junio se celebraron elecciones generales en España. El resultado, conocido por todos. Hoy, y después de un periodo en el que el debate sobre las políticas LGTB ha quedado invisibilizado por la compleja coyuntura política, volvemos la vista a los resultados en clave LGTB…

El pasado 20 de diciembre, PP y PSOE bajaban en representación, y hacían su entrada en el Parlamento dos fuerzas hasta entonces ausentes: Podemos y Ciudadanos. Un PP desprovisto de aliados ni siquiera intentó la investidura como presidente del Gobierno de su líder, Mariano Rajoy. Fue el líder socialista, Pedro Sánchez, el que dio el paso, tras cerrar un acuerdo de investidura con Ciudadanos.

Un acuerdo que no contaba sin embargo con votos suficientes para salir adelante y que contaba con el deseo de  Pablo Iglesias de sobrepasar al PSOE en votos y escaños… cosa que se ha demostrado como un error mayúsculo que ha llevado a darle al PP una segunda oportunidad… La investidura fracasó. Las conversaciones posteriores no permitieron superar el bloqueo, y se convocaron nuevas elecciones.

Las nuevas elecciones tuvieron lugar el pasado domingo. El PP, pese a los innumerables casos de corrupción, a la precariedad laboral que se ha instalado en la sociedad española y al cercenamiento de derechos que han caracterizado su gestión, veía aumentado su apoyo electoral, recuperando 14 escaños aunque lejísimos todavía de la mayoría absoluta: la campaña del miedo a Podemos caló fuerte en el electorado más derechista. El PSOE aguantó mejor de lo esperado, y pese a perder apoyos mantuvo su segunda posición tanto en votos como en escaños. Unidos Podemos (coalición de Podemos e IU) y las 20 confluencias, pese a mantener el mismo número de escaños que ya tenían por separado, fueron los “perdedores morales” de la noche, al quedar por debajo de las expectativas: ni siquiera en número de votos totales lograron superar al PSOE, tal y como preveían las encuestas. Un millón y medio de votos menos de los que lograron por separado Podemos e IU (posiblemente muchos de ellos anteriores votantes de IU que rechazaron dar su apoyo a Pablo Iglesias) han hecho mella en una formación que con el mismo número de escaños gracias a la Ley D’Hondt que tanto critican, queda sin embargo en una situación más delicada que la que tenía. Ciudadanos, por su parte, sufría también una fuerte sangría de votos, posiblemente de antiguos electores populares que prefirieron votar ahora de nuevo al PP.

El PP cuenta, finalmente, con 137 diputados, a 39 de la mayoría absoluta. El PSOE, con 85. Unidos Podemos y las confuencias, con 71. Ciudadanos, con 32. A mayor distancia quedan ERC con 9, CDC con 8, PNV con 5, Bildu con 2 y Coalición Canaria con 1. A día de hoy, se desconoce quién será el próximo presidente del Gobierno, aunque la mayoría de los analistas dan por hecho que bajo una fórmula u otra será el PP de Mariano Rajoy el que lo encabece.

 Pero ¿qué va a suceder con las políticas LGTB? Sea quien sea quien forme nuevo gobierno, y ante la evidente falta de interés del PP en ahondar en este terreno (como recordábamos en una entrada que publicamos poco antes del 20 de diciembre, y esto no ha cambiado) lo cierto es que todo dependerá de la voluntad política de las otras tres grandes formaciones: PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos reúnen 188 diputados, muy por encima de la mayoría absoluta. Disponen por tanto de la capacidad conjunta de aprobar leyes pese a la eventual oposición del PP, incluso aunque este cuente con la mayoría absoluta en el Senado. Hay antecedentes: como recordábamos la pasada semana. En 2005, Un Senado también controlado por el PP vetó la ley de matrimonio igualitario. Días después el Congreso levantaba el veto. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero aprobó todas sus leyes con un Senado controlado por el PP.

En materia LGTB, además, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos coinciden en numerosos puntos. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) publicaba antes de las elecciones del pasado domingo una tabla comparativa tras reunirse con las tres formaciones (el PP no quiso) en la que de hecho las equiparan:

Una tabla discutible para muchos: basta leer los programas políticos de las tres formaciones para ver que el peso que cada una de ellas da a los compromisos en materia LGTB es desigual. Sin embargo, no deja de ser un punto de partida prometedor. También lo es, por ejemplo, que las tres formaciones hayan mostrado ante la Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, su disposición a un compromiso en materia de VIH, especialmente necesario.

El antecedente de la ley integral de transexualidad en Madrid

No sería, por otra parte, la primera vez que las tres formaciones deciden colaborar conjuntamente y sacar adelante una ley, pese a no estar el en el Gobierno. Sucedió hace pocos meses en la Comunidad de Madrid, donde PSOE, Podemos y Ciudadanos consiguieron la aprobación de una muy avanzada ley integral de transexualidad, a cuyo proceso de elaboración el PP, que defendía su propio proyecto, prefirió no sumarse (acabó por abstenerse en la votación final). Y hace ya años, en 2009, sucedió lo mismo en Navarra, comunidad que aprobó la primera ley autonómica de transexualidad pese a la oposición de UPN, el partido entonces gobernante en Navarra.

Y es que, aunque en España no estemos acostumbrados, en un sistema parlamentario en el que ningún partido dispone de mayoría absoluta es posible que varios partidos sin responsabilidades de gobierno se unan y aprueben leyes.

¿Acaso no homenajean los tres líderes al Orgullo?

Con motivo del 28 de junio, los líderes de las tres formaciones de las que precisamente hablamos han querido homenajear al Orgullo LGTB. Insertamos debajo los tuits de los tres (Mariano Rajoy no hizo mención alguna).

Bienvenido sea. Pero entendemos que la mejor forma de hacer efectivo este apoyo a la causa LGTB es pactando en el nuevo Parlamento una hoja de ruta que permita al menos aprobar varias iniciativas fundamentales en las que las tres formaciones podrían coincidir: una nueva ley de identidad de género desprovista de anacronismos (sin enfoque patologizante y que incluya a los menores trans), una ley de igualdad de trato y no discriminación, un compromiso contra el VIH y medidas educativas contra la LGTBfobia. No debería ser complicado… El trabajo, en este sentido, de los colectivos LGTB va a ser más importante que nunca a la hora de muñir acuerdos. Confíemos en que estén a la altura.

Desde la tolerancia y el respeto, seguiremos empeñados en construir un mundo mejor. Feliz día del #OrgulloLGBT pic.twitter.com/tXKYsTax4e

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de junio de 2016

La lucha LGBTI ha sido, es y será siempre el mejor ejemplo de dignidad. #OrgulloLGBT pic.twitter.com/iQkaeckyTM — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 28 de junio de 2016

Viva la igualdad y viva la libertad, Feliz día del #OrgulloLGTB. pic.twitter.com/YPrNiEGuqJ

— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 28 de junio de 2016

Fuente Dosmanzanas

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Pamplona fue declarada en 2013 ‘Municipio libre de homofobia, lesbofobia y transfobia’ y el año pasado el Parlamento de Navarra apoyó la celebración de 2014 como ‘Año por el reconocimiento de los Derechos Humanos del colectivo LGTB’. Sin embargo, la Junta de Portavoces no dio su visto bueno a la pretensión de los grupos de Bildu y Aralar de que la bandera del Orgullo Gay ondeara junto a las insignias oficiales en la fachada. Ahora, todos los ojos están puestos en la abogada Socorro Sotés Ruiz como nueva miembro del Consejo de Navarra. Y es que cuenta con experiencia en el campo del Derecho de Familia, derechos de la Mujer, o derechos de gays, lesbianas y transexuales.

Desde Kattalingorri, una asociación formada únicamente por voluntarios que ofrece asesoramiento, ayuda o compañía al colectivo LGTB reconocían el año pasado que de una homofobia brutal se ha pasado a una más sutil pero sigue habiendo muchos problemas. Los jóvenes con las agresiones en el instituto, el bullying homofóbico, es una realidad muy dura que tienen que afrontar los jóvenes hoy en día. La tasa de suicidios por este tema es muy alta y se confirma esta tendencia entre los LGTB de mayor edad. Y el tema de la visbilidad sigue siendo un asunto pendiente tanto en Pamplona como en los pueblos porque todavía hay muchos gays, lesbianas y transexuales que no muestran su identidad sexual por miedo a sufrir discriminación.

La nueva presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, presidía la semana pasada el acto de toma de posesión de la abogada Socorro Sotés Ruiz como nueva miembro del Consejo de Navarra, en sustitución de Asunción Erice y le deseaba un trabajo “brillante y satisfactorio sin perder de vista que los beneficiarios de su trabajo son el conjunto de las mujeres y los hombres que componen nuestra sociedad. Ellas y ellos merecen los mayores esfuerzos de todos cuantos trabajamos en los asuntos públicos para resolver los problemas y adoptar iniciativas, ideas y proyectos que mejoren nuestra sociedad, que creen empleo, que atajen la pobreza y generen esperanza hacia un futuro mejor para todos“, ha destacado.

Socorro Sotés es una pamplonesa de 57 años, licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra que ha ejercido la profesión de la abogacía y del asesoramiento jurídico con despacho propio desde el año 1982, y cuenta con experiencia en el campo del Derecho de Familia, derechos de la Mujer, o derechos de gays, lesbianas y transexuales. Actualmente, está especializada en Derecho de Responsabilidad Civil, Derecho de la Circulación y de Seguros, y Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

Ha sido asesora en el Centro de Atención a la Mujer-Andraize (1985-1989), y colaboradora de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde ha impartido monográficos durante varios años en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Trabajo Social) sobre cuestiones como los derechos de la mujeres en diversos ámbitos.

Ha sido también cofundadora de la ‘Asociación de mujeres Andrea’, y secretaria y miembro de la Junta Rectora de Ikastola San Fermín (2003-2007). Actualmente es asesora de tres compañías de seguros y de sus asegurados. Habla euskara y francés, y tiene conocimientos medios de inglés.

El Consejo de Navarra es el órgano consultivo superior de la Comunidad foral y su función es asesorar al Gobierno de Navarra. Fue creado en 1999 y está integrado por siete miembros nombrados por el presidente del Gobierno de Navarra entre juristas de reconocido prestigio y experiencia que tengan la condición política navarra, cinco a propuesta del Parlamento de Navarra y los dos restantes designados por el Gobierno de Navarra. Sus miembros son nombrados para un periodo de siete años y pueden ser reelegido.

Por unanimidad, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobaba una declaración institucional por la que el Parlamento apoyaba la celebración de 2014 como “Año por el reconocimiento de los Derechos Humanos de las Personas lesbianas, gays, transexesuales y bixesuales (LGTB)”, presentada por el PSN-PSOE, instando al Gobierno de Navarra a que colabore con los trabajos y actividades que se desarrollen por parte de las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB).

Así mismo, manifestaba la rotunda condena a cualquier legislación que criminalice a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y aquellas que persiguen a los defensores de los derechos humanos de las personas LGTB en todo el mundo.

También pedía al Gobierno Español que realizase las gestiones diplomáticas oportunas para pedir de la Comisión Europea y de nuestros socios europeos una condena enérgica de las legislaciones contra las personas LGTB y los defensores de los derechos humanos LGTB en cualquier parte del mundo.

Y pedía al Gobierno de España que estableciese un protocolo que garantice una especial atención en nuestras delegaciones diplomáticas a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas procedentes de aquellos países donde las personas son perseguidas por su orientación sexual e identidad de género y/o por su defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales”.

Esperamos que con una persona con una mayor sensibilidad en estos asuntos de derechos fundamentales como miembro de este consejo consultivo las cosas cambien para la comunidad LGTB en Navarra.

Fuente Ragap

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El pasado jueves 12 de marzo  tuvo lugaren el Parlamento Europeo  una votación, de especial interés para las personas LGTB, la del “Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto”, que por primera vez sitúa de forma explícita el matrimonio entre personas del mismo sexo en el campo de los derechos humanos. Un avance aprobado por 472 votos a favor (entre ellos los de  50 eurodiputados españoles) 115 en contra y 46 abstenciones. Por lo que se refiere a los derechos de las personas trans, sin embargo, 16 eurodiputados españoles (15 populares y 1 de Unió Democràtica de Catalunya) se desmarcaron.

Para comprender lo que supone el texto, insertamos en su integridad el fragmento referido a los derechos LGTB:

(…)

Derechos de las personas LGBTI

159. Lamenta que la homosexualidad sigua aún tipificada como delito en setenta y ocho países, siete de los cuales prevén la pena de muerte (Arabia Saudí, Nigeria, Mauritania, Sudán, Sierra Leona, Yemen, Afganistán, Irán, Maldivas y Brunei), y que veinte países aún tipifiquen como delito la identidad transgénero; condena firmemente el reciente aumento de leyes discriminatorias, y cree que las prácticas y los actos de violencia contra las personas motivados por su orientación sexual o su identidad de género no deberían quedar impunes; alienta a que se lleve a cabo un seguimiento estrecho de la situación en Nigeria, Uganda, Malawi, la India y Rusia, donde nuevas leyes o recientes cambios legislativos suponen una grave amenaza para la libertad de las minorías sexuales; reitera su apoyo a la continuación de los trabajos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para luchar contra estas leyes y prácticas discriminatorias y, más generalmente, al trabajo de las Naciones Unidas en este ámbito;

160. Apoya la idea de que el SEAE priorice sus acciones en este ámbito y ponga especial énfasis en situaciones en que esté en vigor la pena de muerte, o en las que personas LGBTI sufran torturas o maltrato, mediante la condena de estas prácticas de conformidad con las Directrices de la UE sobre la pena de muerte y las Directrices de la UE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

161. Acoge con satisfacción la adopción en 2013 de las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI); pide al SEAE y a la Comisión que planteen la cuestión de los derechos de las personas LGBTI en los diálogos políticos y sobre derechos humanos con terceros países y en los foros internacionales; destaca la importancia de que la Comisión y el SEAE planteen la cuestión de los derechos de las personas LGBTI en los diálogos políticos y sobre derechos humanos y utilicen la IEDDH para apoyar a las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI, capacitándoles para oponerse a las leyes homófobas y transfóbicas y a la discriminación contra las personas LGBTI, sensibilizando al público en general sobre la discriminación y la violencia que sufren las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género diferentes y prestando asistencia urgente (desde psicológica y sanitaria hasta de mediación y de ayuda a la reintegración) a las personas que lo necesitan;

162. Toma nota de la legalización del matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo en un creciente número de países —diecisiete en la actualidad— en todo el mundo; alienta a las instituciones y a los Estados miembros de la UE a que contribuyan en mayor medida a la reflexión sobre el reconocimiento del matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo como cuestión política, social y de derechos humanos y civiles;

163. Pide a la Comisión Europea y a la OMS que retiren los trastornos de identidad de género de la lista de enfermedades mentales y del comportamiento; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para acabar con la medicalización de las identidades trans; anima a los Estados a garantizar procedimientos de reconocimiento de género rápidos, accesibles y transparentes que respeten el derecho a la autodeterminación;

164. Celebra el creciente apoyo político a la ilegalización de la esterilización como requisito para el reconocimiento legal del género, tal y como expresa el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, y respalda la opinión de que dicho requisito debería ser tratado y perseguido como una violación del derecho a la integridad personal y del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

165. Se felicita de la revocación, en octubre de 2013, de la ley moldava por la que se prohibía la «propaganda de relaciones distintas de las matrimoniales o familiares», y pide a los demás países de la región que sigan el ejemplo de Moldavia;

(…)

Una serie de puntos a los que ninguna formación política que diga defender los derechos LGTB puede oponerse. De hecho, el texto contaba con el apoyo genérico de los principales grupos de la Eurocámara, incluyendo el Grupo Popular Europeo, aunque numerosos diputados de este grupo votaron en contra o se abstuvieron. Examinemos, el voto de los eurodiputados españoles por lo que a las dos votaciones relacionadas con los derechos LGTB que tuvieron lugar se refiere:

• El párrafo 162, referido al matrimonio entre personas del mismo sexo recibió inicialmente el apoyo de 49 de los 54 eurodiputados españoles. Se opuso una (la popular Pilar Ayuso), mientras que dos estaban oficialmente ausentes (el popular Santiago Fisas y el socialista Enrique Guerrero) y dos no votaron (la popular Pilar del Castillo y el socialista Ramón Jáuregui). Sin embargo, el acta provisional de voto recoge la corrección del voto de Pilar Ayuso en sentido positivo, por lo que consideraremos que fueron 50 diputados.
• La decepción llega con la votación del párrafo 164, otro de los que se votaron de forma específica, referido a la esterilización de las personas trans. Este párrafo recibió solo el apoyo de 35 de los 54 eurodiputados españoles. Se opusieron 16, 15 de ellos del PP (Pilar Ayuso, Pilar del Castillo, Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Esteban González Pons, Luis de Grandes, Esther Herranz, Carlos Iturgaiz, Teresa Jiménez-Becerril, Verónica Lope, Antonio López-Istúriz, Gabriel Mato, Francisco José Millán, Ramón Luis Valcárcel y Pablo Zalba) y 1 de Unió (Francesc Gambús). Estaban ausentes los ya mencionados Fisas y Guerrero y tampoco votó Jáuregui.

El párrafo 164, aunque finalmente aprobado por 404 votos a favor, 187 en contra y 46 abstenciones, recibió por parte del Grupo Popular Europeo más votos negativos (124) que positivos (56), lo que demuestra el intenso trabajo que queda por hacer en el campo de los derechos trans, y muy especialmente en el de la autodeterminación del género. Según el acta de voto nominal, el punto de discordia que llevó a que el párrafo 164 fuese votado de forma expresa fue la alusión final al “derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos” de las personas trans.

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La anterior información se refiere a las dos votaciones referidas a los derechos LGTB, no a otros aspectos del texto, más amplio y que aborda muy diferentes aspectos referidos a todos los Derechos Humanos. Pero, como personas LGTB cristianas, sabemos que no vivimos en una isla. Si hablamos de derechos Humanos nos importan todos, no sólo los que se refieren a nuestra identidad sexual, por lo que es muy importante no sólo referirse a las votaciones específicas LGTB, sino al respaldo a la globalidad de un texto, que no respaldaron,  ni los eurodiputados de Podemos (que votaron en contra) ni los de Izquierda Unida o Bildu (que se abstuvieron). No podemos defender sólo nuestros Derechos y mirar para otro lado cuando se vulneran también otros en demasiados lugares… Y lo mismo valen estas reflexiones para quienes votan a favor de los no nacidos y en contra de los derechos de los que ya viven…

General, Homofobia/ Transfobia. Agustín Díaz de Mera, Antonio López-Istúriz, Bildu, Carlos Iturgaiz, Discriminación, Enrique Guerrero, Esteban González Pons, Esther Herranz, Francesc Gambús, Francisco José Millán, Gabriel Mato, IU, Luis de Grandes, Pablo Zalba, Parlamento Europeo, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo, Podemos, PP, Ramón Jáuregui, Rámón Luis Valcárcel, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Teresa Jiménez-Becerril, Transexualidad, Transfobia, UDC

Último repaso a los candidatos españoles a las elecciones europeas que se han adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB promovido por ILGA Europa a través de la campaña Come Out. Tras nuestro último recuento se han incorporado 46 candidatos más, hasta sumar un total de 178. La del PSOE se mantiene como la lista con más firmantes: 57 (casi todos sus integrantes). Podemos se coloca en segundo lugar, con 24. La lista que entre otros integran Equo, Compromís y Por Un Mundo Más Justo sigue también destacada con 22 candidatos. La Izquierda Plural suma 6 candidatos más, hasta llegar a los 16. Les siguen ERC, Partido Andalucista y Piratas.

Como ya hicimos en las dos últimas entradas que dedicamos al tema, no mencionaremos los nombres de los candidatos, que forman una lista muy extensa (puedes consultarlos, junto a los del resto de países, pinchando aquí). Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen, agrupadas por listas (interesante cara a elegir la papeleta adecuada):

• PSOE (incluyendo 2 del PSC): 57.
• Podemos: 24.
• Primavera Europea, que entre otros incluye a Equo (14), Compromís (7) y Por Un Mundo Más Justo (1): 22.
• La Izquierda Plural, que entre otros incluye a IU (14) e Iniciativa per Catalunya Verds (2): 16. Entre ellos está el activista LGTB Javier Sáez, a quien esta misma semana entrevistábamos en dosmanzanas.
• L’Esquerra pel Dret a Decidir, cuya principal formación es Esquerra Republicana de Catalunya: 14.
• Partido Andalucista (que experimenta un alza importante en esta última semana): 12.
• Confederación Pirata: 11.
• Coalición por Europa, que entre otros incluye a Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), PNV (1) y CiU (1): 6.
• Partido X: 6.
• Partido de la Libertad Individual: 3.
• Los Pueblos Deciden, que entre otros incluye a Bildu (1) y BNG (1): 2.
• Partido Animalista (PACMA): 2.
• Ciudadanos: 1
• Iniciativa Feminista: 1
• PP: 1.

Como vemos, aparecen por primera vez varias formaciones nuevas en la lista. Muy singularmente el Partido X (con seis nombres), pero también el Partido de la Libertad Individual (con tres), Ciudadanos (uno) y el PP (uno). Este último es el eurodiputado Gabriel Mato, número 13 de la lista popular. Una presencia que hace aún más sorprendente la ausencia total de candidatos de UPyD, uno de los partidos de ámbito estatal más importantes, cuya línea oficial ha sido siempre la del alineamiento con los derechos LGTB.

España se coloca finalmente como el primer país en número de candidatos explícitamente comprometidos a favor de los derechos LGTB, por delante de Italia (168), Finlandia (91), Reino Unido (85) y Bélgica (74). Merece la pena destacar, como hecho positivo, que en los dos únicos países en los que hasta hace unos días no había firmado ningún candidato, Bulgaria y Rumanía, ya hay también políticos comprometidos: cuatro en Bulgaria y una en Rumanía (la eurodiputada liberal Renate Weber, a la que le deseamos toda la suerte del mundo para que repita mandato).

Los diez compromisos de Come Out (que en España coordina la FELGTB bajo el lema “Da el paso”) buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

La mitad de los eurodiputados españoles podrían ser firmantes

España elegirá el domingo 54 eurodiputados. Si hacemos caso a lo que dicen las encuestas, el PP será de nuevo el partido ganador, aunque podría perder varios de los escaños que actualmente tiene (24). El PSOE sería segundo -siempre según las encuestas- aunque también perdería varios de sus 23 eurodiputados. Obtendrán varios escaños La Izquierda Plural y UPyD, pero no sabemos cuantos, al igual que las listas de las que forman parte ERC, BNG, Bildu, CiU o PNV. Solo el domingo por la noche sabremos qué resultado obtienen Primavera Europea, Podemos y otros partidos de reciente creación, y si las encuestas tienen o no razón respecto a la victoria popular.

Creemos que en cualquier caso que está al alcance de la mano conseguir que al menos la mitad de los eurodiputados españoles en el próximo Parlamento Europeo sean firmantes del compromiso Come Out.

Besos de Compromís a favor de los derechos LGTB

No queremos finalizar esta entrada sin felicitar a la Coalición Compromís, una de las formaciones que forman parte Primavera Europea, por sus fotografías de besos entre personas del mismo sexo, protagonizadas en este caso por cuatro de sus representantes. Se trata de Mònica Oltra y Mireia Mollà, diputadas de Compromís en el Parlamento valenciano, y de Pedro Sánchez y Tomàs Mestre, candidato a eurodiputado y portavoz de Compromís en Alicante, respectivamente.

Las fotografías han sido publicadas por la revista digital nosGustas.com. “No es necesario ser mujer para apoyar los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. No es necesario ser de raza negra para oponerse al apartheid, y por supuesto no es necesario ser homosexual para apoyar los derechos de la gente LGTBI”, reza el texto que las acompaña.

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En apenas una semana se han duplicado los candidatos españoles a las elecciones al Parlamento Europeo que se han adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB en el ámbito competencial de la Unión Europea promovido por Come Out. De los 65 de hace unos días hemos pasado a 132. El mayor salto lo ha dado el PSOE, que de 13 candidatos ha pasado a 50, lo que supone que casi todos sus candidatos ya se han comprometido. La lista que entre otros integran Equo, Compromís y Por Un Mundo Más Justo sigue destacada con 19 candidatos. Y hace su aparición por puerta grande Podemos: no sabemos si el toque de atención que modestamente les dábamos hace pocos días ha influido, pero 19 candidatos de esa formación se han comprometido ya. Izquierda Unida sigue con 10 candidatos, a los que hay que sumar 2 de Iniciativa per Catalunya Verts, que comparte con ellos lista. La Confederación Pirata suma por su parte dos más y alcanza los 11.

Como ya hicimos en la entrada anterior, no mencionaremos los nombres de los candidatos que han firmado, que forman una lista muy extensa (puedes consultarlos, junto a los del resto de países, pinchando aquí). Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen. En esta ocasión nombraremos además las listas que han configurado, lo que puede ser interesante cara a elegir la papeleta adecuada:

• PSOE (incluyendo 2 del PSC): 50.
• Primavera Europea, que entre otros incluye a Equo (13), Compromís (5) y Por Un Mundo Más Justo (1): 19.
• Podemos: 19.
• La Izquierda Plural, que entre otros incluye a IU (10) e Iniciativa per Catalunya Verts (2): 12.
• Confederación Pirata: 11.
• L’Esquerra pel Dret a Decidir, cuya principal formación es Esquerra Republicana de Catalunya: 10.
• Coalición por Europa, que entre otros incluye a Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), PNV (1) y CiU (1): 6.
• Los Pueblos Deciden, que entre otros incluye a Bildu (1) y BNG (1): 2.
• Partido Animalista (PACMA): 2
• Partido Andalucista: 1.

Sigue sin haber rastro del Partido Popular ni de UPyD, dos de los más importantes partidos de ámbito estatal. Este último caso es sin duda el que resulta más sorprendente, dado que su línea oficial ha sido siempre la del alineamiento con los derechos LGTB. Esperemos que en la próxima revisión de la lista podamos ver también a sus candidatos.

Los diez compromisos de Come Out, recordemos, buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

En cuanto al resto de países, Italia sigue en cabeza con 137 adheridos. España es el segundo, al cual le siguen Finlandia con 87 y Reino Unido con 70. A la cola siguen Bulgaria y Rumanía, los dos únicos países de la Unión en los que ningún candidato se ha adherido al compromiso.

Nota: el listado incluido refleja la situación en el momento de elaborar la entrada. Pasados unos días volveremos a hacer un repaso de la situación…

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El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Navarra cuyo objetivo era prohibir la discriminación de las personas con VIH en acuerdos legales, como por ejemplo la contratación de un seguro. Los populares no ven dicha prohibición necesaria y consideran que el ordenamiento jurídico existente es suficiente para denunciar tales cláusulas. Se da la paradoja de que el PP sí apoyo la propuesta cuando fue votada en la cámara foral navarra.

El texto de la proposición (publicado por el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra) fue aprobado el 14 de marzo de 2013 por unanimidad de todas las fuerzas políticas navarras a iniciativa de los socialistas. Proponía modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios añadiendo una disposición adicional que decía, literalmente: “Serán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA. No tendrá tampoco validez y será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA”.

En su exposición de motivos, la proposición argumentaba que distintas asociaciones, organizaciones, colectivos e instituciones públicas, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Navarra, han denunciado la existencia de estas cláusulas discriminatorias “en algunos negocios jurídicos, en cuya virtud se excluyen de determinadas prestaciones y servicios a personas portadoras del VIH/SIDA, llegando a ser, en la mayoría de las ocasiones, la única enfermedad que se identifica de forma explícita e individual”. La propuesta instaba además al gobierno español a determinar la aplicación de los principios de esta ley (de haber sido aprobada) a otras enfermedades que pudieran considerarse “que producen los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas”.

La proposición ha sido defendida en el Congreso por tres diputados del Parlamento de Navarra, Roberto Jiménez (Partido Socialista de Navarra), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro) y Bakartxo Ruiz (Bildu), que han defendido la necesidad de la modificación legal para evitar la discriminación de las personas con VIH. Contaba además con el apoyo en bloque de toda la oposición, incluyendo como parece obvio al único diputado de UPN (que normalmente se alinea con el PP) y a PNV y CiU. La diputada nacionalista catalana, Lourdes Ciuró, ha señalado por ejemplo que aunque la Constitución consagre el principio de no discriminación, “la realidad es otra y se crean estigmas o marcas con por ejemplo los enfermos de sida o portadores de VIH y se provoca discriminación en distintos ámbitos de la vida”, apostilló.

Una realidad que sin embargo no aprecia el grupo popular del Congreso. Su portavoz en esta materia, María Felicidad Rodríguez, ha argumentado que el ordenamiento jurídico español y la Constitución son de por sí suficientes para considerar nulas este tipo de cláusulas, que aun así considera que “deben ser denunciadas, perseguidas y castigadas”.

La diputada popular ha utilizado un alambicado argumento para negarse a establecer una lista específica de enfermedades cuya discriminación se prohíbe expresamente, al considerar que “podría interpretarse que cualquier otra enfermedad que no estuviera en esa enumeración sí permitiría alguna discriminación y esto no puede ser”.

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