SAN SALVADOR, El Salvador. El partido gobernante de El Salvador, Nuevas Ideas, eligió de titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a Raquel Caballero. Es una abogada conservadora y cristiana que en el pasado ha sido cuestionada por violentar los derechos de la población LGBTI.

Reconocidas activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

No es la primera vez que la abogada – también se presenta como «coach personal» en su cuenta de Twitter- es elegida en la institución estatal. Su primer nombramiento fue entre 2016 y 2019, y fue promovido por el partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Su gestión estuvo llena de denuncias de nepotismo. En 2019 fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por contrataciones y ascensos irregulares de familiares dentro de la institución. 

Marginó a las personas LGBT

Los grupos de derechos humanos de la población LGBTI la recuerdan como una funcionaria que marginó y desechó los avances logrados por las asociaciones en administraciones previas.

En 2012 se constituyó la mesa permanente de la Procuraduría sobre los derechos humanos de la población LGBTI. De acuerdo a dos organizaciones consultadas, Caballero se negó a recibirles y continuar con el espacio que sirvió para el diálogo y debate.

Pese a esos señalamientos, el oficialismo del partido del presidente Nayib Bukele la eligió la semana pasada para el periodo de 2022-2025.

“Ella ya estuvo en el cargo y definitivamente no nos dejó un buen sabor de boca porque no se pudo trabajar de la mano con ella cuando estuvo en la PDDH”, expresó a Presentes, Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

Procuradora violentó derecho a protesta

En septiembre de 2017, Caballero presentó la memoria de labores de su primer año de gestión. Pero en su discurso se atribuyó los resultados de su antecesor. Además mintió sobre los resultados de la defensa de la población de diversidad sexual.

En ese momento, la activista Karla Avelar -junto a otras compañerxs- se puso de pie para protestar, formando una cadena humana.

Cuando la entonces procuradora terminó su discurso, Avelar y Caballero se enfrentaron a gritos, por lo que la funcionaria pidió la intervención de la policía.

“Ese día además de sentir rabia, sentí miedo porque ella inmediatamente mandó a llamar a seguridad, ella misma dio la orden que llamaran a seguridad. Sentí miedo, frustración e indignación porque una procuradora de derechos humanos nos estaba negando el derecho a expresar nuestro sentir”, expresó Avelar a Presentes.

Cómplice del régimen de excepción

Raquel Caballero fue designada por 67 votos de los 84 posibles en el Congreso. Los opositores al oficialismo consideran que su designación servirá para avalar y encubrir las violaciones a derecho humanos durante el régimen de excepción con la que buscan terminar con las pandillas.

“No buscan poner en estos espacios personas idóneas al cargo que lleguen ahi para velar por los derechos de la población, ni a cumplir con sus facultades dadas por ley. Ponen funcionarios que lleguen a esos espacios a avalar los abusos de poder al gobierno de turno”, dijo a la prensa la diputada del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso. 

La polémica por su nombramiento traspasó las denuncias en redes sociales y forzó al presidente Nayib Bukele a justificar su elección en una transmisión en vivo. Bukele lo hizo acuerpado por militares y policías de alto rango. Guevara expresó su apoyo a las políticas de seguridad implementadas por Bukele.

Bukele justificó las políticas de seguridad implementadas durante los seis meses de régimen de excepción que ha dejado más de 54 mil personas detenidas sin orden judicial. Al menos 80 de estas detenciones han terminado en muerte al interior de los centros penitenciarios.

Presentes no pudo obtener una respuesta de parte de la nueva procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Creo que tomar la decisión de su elección ha sido una arbitrariedad y una falta de respeto para los derechos de las personas LGBTI específicamente. Nosotras vamos a buscar un diálogo y al final de cuentas el tiempo dirá, pero personalmente no creo que haya avances con ella”, señaló Linares.

Prisiones llenas de personas sin juicio

Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, las prisiones de El Salvador han sobrepasado su capacidad con las personas detenidas. Son acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones.

Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante el régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

“Su elección servirá para legitimar las acciones que el gobierno está haciendo y le permitirá al gobierno actual tener el control dentro de la procuraduría de los derechos humanos”, señaló la reconocida activista, Karla Avelar.

«Ella va a hacer lo que el presidente le ordene»

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Bukele anunció en la transmisión que permitirá el ingreso a las prisiones a observadores para que comprueben el “respeto a los derechos humanos de los detenidos”. El anterior procurador, Apolonio Tobar visitó una de las cárceles en un fallido afán de apaciguar los señalamientos de violaciones de derechos humanos. Al final de su mandato el informe de su visita no fue público.

“Ella va a hacer lo que el presidente le ordene. Va a llegar hasta donde el presidente se lo permita, ella no va a hacer nada por esclarecer las violaciones de derechos humanos que se están dando dentro de este régimen de excepción. Ella no va a hacer nada por las muertes que se han registrado dentro de los centros penales. Ella va a hacer lo mínimo”, recalcó Avelar.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó el martes en Ginebra su preocupación por los impactos del régimen de excepción en el respeto de los derechos humanos de la población y la «progresiva pérdida de independencia» de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su «falta de reacción ante violaciones de derechos».

La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.

Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.

El amedrentamiento permanente

Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.

Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.

“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.

El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.

“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.

Justificando las reformas

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Mordaza al hablar de pandillas

Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.

En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.

En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.

Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.

“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.

El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.

Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.

El castigo a la prensa

“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.

Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.

“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.

El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.

“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.

“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.

De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.

Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.

“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

Libertad de información en riesgo

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI),señaló en un comunicado su preocupación por el aumento de acosos digitales y discursos de odio desde la implementación del régimen de excepción, que ponen en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.

“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.

El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.

Brayan Alexander Aguiñada García de 22 años fue atacado con arma de fuego cuando regresaba hacia su casa ubicada en Copapayo, departamento de Sonsonate. El crimen fue cometido después de participar en una fiesta que cada año organiza la municipalidad de Armenia por su patrono.

Personas cercanas a la víctima contaron a Presentes que Brayan visitaba con frecuencia la pequeña ciudad, pese a que la pandilla Barrio 18, que controla la zona, le advirtió que no lo hiciera. Su lugar de residencia está bajo el dominio de sus rivales, Mara Salvatrucha MS13.

Transgredir estas advertencias les ha costado la vida a muchas personas en esa región. Por la misma razón, Brayan Aguinanda fue asesinado la madrugada del 21 de noviembre.

“Brayan había comentado que le habían prohibido que fuera a Armenia. Recibió amenazas por parte de grupos pandilleriles de la 18. Le dijeron que no lo querían ver más en Armenia porque si no lo iban a matar”, dijo a Presentes una persona defensora de derechos humanos que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.

Las reglas de las pandillas: “no queremos culeros”

La Policía Nacional Civil informó en su cuenta oficial de Twitter que una patrulla trasladó a Brayan hasta el hospital donde murió. “Reportamos un homicidio en Cantón Tres Ceibas, Armenia, Sonsonate. Nuestras unidades trasladaron a la víctima a un centro asistencial donde falleció. Rastreamos la zona en busca de los hechores”, publicó la policía en la mañana del 21 de noviembre.

Presentes consultó a las sedes policiales del departamento de Sonsonate pero aseguraron no estar autorizados para dar información sobre el caso. También se contactó al área de prensa de la policía en reiteradas ocasiones, pero al cierre de la nota no respondieron.

Las pandillas son estructuras delincuenciales que surgieron en las calles de Los Ángeles de Estados Unidos. Se establecieron en El Salvador tras una masiva deportación de sus integrantes hacia el empobrecido país centroamericano.

En los territorios, los pandilleros defienden a muerte, extorsionan, controlan y determinan la vida de las personas. Tienen reglas claras sobre la orientación sexual: “no queremos culeros (una palabra despectiva para llamar a las personas gay)”.

El cuerpo de Bryan fue encontrado en la zona conocida como las Tres Ceibas, dos kilómetros de su casa. “Nadie sabe cómo Brayan salió, porque nadie vio que lo hiciera después de volver de la fiesta”, expresó la persona defensora de derechos humanos.

Vivir en peligro

El Cantón Tres Ceibas es una zona peligrosa por la presencia de las pandillas. De acuerdo cifras oficiales de la Policía, en octubre asesinaron a dos hombres por “trabajar en zona de la pandilla contraria”.

El Salvador tuvo un notable descenso de los homicidios provocados. En su mayoría, por la disputa a muerte de las pandillas para hacerse del control del comercio y tráfico de drogas, las extorsiones a negocios y el uso de “sus territorios”.

Según el presidente Nayib Bukele, el descenso se debe a la efectividad del Plan Control Territorial. Sin embargo, especialistas en seguridad afirman que se debe a un posible pacto o negociación entre el gobierno y las pandillas Mara Salvatrucha MS-13, Barrio 18 revolucionarios y sureños.

Una fuente policial consultada por Presentes, y que pidió se reservara su identidad por miedo a represalias internas, confirmó que las pandillas continúan ejerciendo control y su accionar en los territorios. A pesar de que los asesinatos se han reducido, se han incrementado las cifras de personas desaparecidas.

“Hasta ahorita no he visto ninguna hoja impresa del Plan Control Territorial. No sé si existe. Las pandillas mantienen el control territorial, sigue igual, no ha cambiado. El tránsito de la droga, la extorsión, sigue igual”, aseguró a Presentes una fuente policial.

Los crímenes que no descienden

La Fiscalía General reportó de enero al 30 de noviembre del presente año 2.063 personas desaparecidas a nivel nacional.

“No ha tenido ningún efecto, ya que no se puede decir en este momento que viviendo en una zona donde domina una pandilla, se puede ir tranquilamente donde domina otra. A lo mejor se puede entrar, pero no se sabe si va a salir. Podemos ver que no hay seguridad, no existe tranquilidad”, lamentó la persona defensora de derechos humanos.

De acuerdo a cifras oficiales durante el 1 de enero al 2 de noviembre se han contabilizado 936 asesinatos, mientras en 2020 de enero a diciembre se cometieron 1.322 crímenes.

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Trans e Intersexuales (FESLBTBI), ha reportado cinco crímenes de personas LGBTI en lo que va de 2021.