El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado las cifras definitivas de matrimonios celebrados en España en 2017, además del adelanto provisional correspondiente a los primeros seis meses de 2018. Los datos confirman lo que adelantábamos en junio: 2017 fue el año en el que más bodas entre personas del mismo sexo se han celebrado en España, tanto en números absolutos como relativos. En total, 4.637 enlaces, el 2,7% del total (173.626). De ellas, 2.323 (el 50,1%) fueron entre varones y 2.314 (el 49,9%) entre mujeres. Un «empate» casi absoluto que en 2018 podría romperse, por primera vez en toda la serie histórica, en favor de las parejas de chicas. 

Según estos datos, en 2017 aumentó en un 7,4% el número de bodas entre personas del mismo sexo respecto al año anterior (pasando de 4.320 a 4.637). Un aumento que contrasta con un descenso de la cifra global de enlaces, que pasó de 175.343 a 173.626. Como consecuencia, la proporción de bodas entre personas del mismo sexo se incrementó del 2,5% al 2,7% del total.

Se trata, por lo que a las bodas entre personas del mismo sexo respecta, de la cifra más alta de la serie histórica, superando los números de 2016 (4.320 enlaces) y de 2006, primer año completo en que se pudieron celebrar estas bodas (entonces se celebraron 4.313). Se encadenan además cuatro años de repunte, desde que en 2013 el número de bodas entre personas del mismo sexo conoció su punto más bajo (3.071).

Por comunidades autónomas, Cataluña repitió un año más como la comunidad con más matrimonios entre personas del mismo sexo en números absolutos (1.030), aunque en términos porcentuales es Canarias la que mayor proporción de bodas entre personas del mismo sexo contabiliza (4,32%). Le siguen Baleares (3,79%), Cataluña (3,51%), Madrid (3,22%) y la Comunidad Valenciana (3%). El porcentaje más bajo corresponde a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde solo se celebraron 6 de estas bodas (3 en cada ciudad).

Primeros seis meses de 2018: sorpasso de las bodas entre mujeres

Los datos provisionales de los primeros seis meses de 2018, por su parte, arrojan un total de 2.198 entre personas del mismo sexo. Son un 3,2% del total, cuyo número ascendió a 69.777 matrimonios. De confirmarse la tendencia, continuaría el incremento porcentual de matrimonios entre personas del mismo sexo respecto al total de matrimonios.

Además, por primera vez se produciría un sorpasso de las bodas entre mujeres a las bodas entre hombres, De acuerdo con estos datos provisionales, en los primeros seis meses del año se han dado el «sí quiero» 1.130 parejas de mujeres (el 51,4%) frente a 1.068 parejas de hombres (48,6%).

Cerca ya de las 50.000 bodas desde que se aprobó la ley

Sumando los datos provisionales de 2018 a los definitivos de 2005 (1.269), 2006 (4.313), 2007 (3.193), 2008 (3.194), 2009 (3.082), 2010 (3.193), 2011 (3.540), 2012 (3.455), 2013 (3.071), 2014 (3.275), 2015 (3.738), 2016 (4.320) y 2017 (4.637), más de 46.000 parejas del mismo sexo habían contraído matrimonio desde que entró en vigor la ley que lo hace posible en España (3 de julio de 2005)  hasta la mitad del presente año: 46.478, en concreto.

Fuente Dosmanzanas

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El vídeo se ha hecho viral, tras difundirlo en redes sociales @yanina_rubia. Un grupo de policías locales de Manacor, en Mallorca, intimida a un menor al grito de «ven aquí, maricón» y «ven aquí, marica». Una escena que por desgracia nos resulta familiar a muchos: la utilización del insulto homófobo desde posiciones de poder. Una prueba de lo que todavía queda por trabajar, especialmente en el ámbito de la formación en diversidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado. Después de ver imágenes como esta no resulta difícil comprender por qué tantas agresiones por LGTBfobia quedan todavía sin denunciar. 

Estas son las imágenes:

Policías locales agrediendo y llamando maricón a un menor de 16 años en Porto Cristo, Mallorca. pic.twitter.com/xhlPYvs7tO

— Yanina Hernández (@yanina_rubia) 22 de octubre de 2018

Según el digital mallorcadiario.com, el concejal de Interior de Manacor ha apelado a la prudencia porque «el vídeo solo refleja un pequeño instante de una actuación». De acuerdo a la versión oficial, los policías pidieron a un grupo de jóvenes que bajaran el volumen de la música que escuchaban en la vía pública. Poco tiempo después les volvieron a requerir lo mismo, momento en el que el grupo se habría resistido a ser ser identificado. Según el informe policial, uno de los jóvenes inició un «intento de agresión» a uno de los agentes, momento en el que estos desenfundaron sus porras. El supuesto agresor fue finalmente trasladado a dependencias policiales, desde donde se avisó a sus padres. El incidente tuvo lugar en Port de Manacor (también conocida con Porto Cristo), localidad enclavada en el término municipal de Manacor.

Es cierto que las imágenes no captan la escena desde su inicio. No ponemos tampoco en duda que los jóvenes actuasen mal, contraviniendo seguramente la normativa municipal y molestando a los residentes con el ruido de la música. Pero lo que muestra el vídeo, además de una actuación que desde luego parece desproporcionada, es un lenguaje chulesco («tócame, tócame») y expresamente homófobo («ven aquí, maricón» y «ven aquí, marica, ven») por parte de unas personas que precisamente por ser agentes del orden de un estado democrático deben estar preparados no solo física, sino también mentalmente, para abordar situaciones conflictivas, desescalándolas en lugar de provocando que se agraven, respetando en todo momento los derechos de las personas.

Somos una página LGTB. Desde este punto de vista, siendo honestos, no creemos que pueda hablarse de una agresión de motivaciones homófobas. El insulto homófobo se utiliza en este caso como una forma de intimidación hacia la parte más débil, percibida como «cobarde». Una situación de la que hemos sido testigos en cientos, miles de ocasiones. Pero esto no le resta gravedad, sobre todo cuando sale de la boca de agentes del orden. ¿Realmente podemos confiar en que quienes deben velar por nuestros derechos lo hagan si a las primeras de cambio utilizan insultos homófobos?

Como bien ha destacado en Twitter el colectivo balear Ben Amics, el incidente pone de manifiesto la «urgente necesidad» de promover acciones formativas y de sensibilización en diversidad de los cuerpos policiales, tal y como por otra parte recoge el artículo 10 de la ley balear de igualdad LGTBI:

És necessària la formació i la sensibilització en diversitat 🏳️‍🌈 als cossos de seguretat👮👮‍♀️ i és reponsabilitat de les administracions públiques garantir-ho (art. 10 #lleiLGTBI).

El cas de Portocristo és una evidència de l’urgent necessitat de promoure accions formatives.

— Ben Amics (@benamics) 24 de octubre de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Foto del juicio de M. Mielniezuk

La Sección 2ª de la Audiencia de Palma de Mallorca ha condenado a penas de cárcel a dos policías locales por su conducta hacía una compañera contra la que «movidos por su odio y desprecio» a su condición de lesbiana emprendieron toda una campaña de desprestigio. La condena, de hecho, podría haber sido mayor de no haber prescrito algunos de los delitos de los que se les acusaba.

Los hechos iniciales se remontan al periodo comprendido entre agosto de 2007 y diciembre de 2008. La víctima, Sonia Vivas, formaba parte entonces de la unidad motorizada nocturna de la Policía Local de Palma, en la que tenía como compañeros a Rafael Puigrós y a Alberto Juan Llaneras. Ambos agentes (aunque en mayor medida el primero) comenzaron a incomodarla mediante apodos lesbófobos («tijeritas»), gestos obscenos, chistes y comentarios despectivos… Una situación que derivó en problemas de tipo psicológico para Sonia Vivas. Estos hechos, aunque descritos en la sentencia, no han recibido sin embargo castigo penal por considerarse prescritos (la Fiscalía les imputaba por ellos un delito contra la integridad moral). Tampoco ha habido pena para el entonces subinspector Rafael Estarellas, que había sido también acusado, ya que el tribunal no considera suficientemente probado que conociera lo que estaba sucediendo y no actuara en consecuencia.

Los dos agentes sí que han sido condenados por hechos posteriores: en septiembre de 2016 la agente fue entrevistada en una emisora de radio en el que detalló las vejaciones y menosprecios sufridos, aunque sin mencionar el nombre de los policías. Estos, sin embargo, se sintieron aludidos y decidieron llevar a cabo una campaña de desprestigio. Se pusieron en contacto con una expareja de la víctima a la que intentaron coaccionar para que declarara contra ella. Rafael Puigrós, «con ánimo vengativo», pidió de hecho a dos policías que mintieran en una declaración y dijeran que habían visto a Vivas maltratando a un detenido, circunstancia que no podía ser cierta porque ese día ella no trabajó, y llegó a presentar una denuncia falsa contra Sonia Vivas.

La Audiencia de Palma ha dado total credibilidad a la versión de Sonia Vivas y, a la vista de los hechos probados, han condenado a Rafael Puigrós a la pena de cuatro años y dos meses de cárcel como autor de un delito de coacciones y otro de denuncia falsa, mientras que Alberto Juan Llaneras es condenado a dos años por el delito de coacciones.

Sonia Vivas, satisfecha

Una sentencia que nos deja un cierto sabor agridulce: es cierto que los agentes reciben un castigo por los hechos más recientes, pero lo que fue el acoso lesbófobo propiamente dicho queda impune por haber prescrito. Y las acusaciones al entonces subinspector Estarellas quedan sin probar, pese a que Vivas insistió durante el juicio en que tenía conocimiento de todo lo que le había ocurrido y no quiso hacer nada debido a la amistad que le unía a los dos agentes.

En cualquier caso, Sonia Vivas se ha mostrado razonablemente satisfecha. «Es un triunfo que se reconozca en la sentencia que todo lo que he contado es cierto, que es verdad, que me trataton como si fuese basura por ser lesbiana», ha expresado públicamente. Vivas también ha hecho un llamamiento a revisar el tratamiento de las víctimas de delitos de odio: «No todas tienen la fuerza para emprender un camino así ni tampoco el privilegio que tengo yo de haber sido una igual, también una policía».

Vivas habla con conocimiento de causa. Pedagoga y educadora, se define como policía vocacional y ha liderado la puesta en marcha del servicio de delitos de odio de la Policía Local de Palma (escribe además artículos de opinión en Diario 16).

Fuente Dosmanzanas

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Los hechos sucedieron en la ciudad de Palma el pasado viernes 23.

La agresión se desencadenó cuando escucharon a las víctimas hablar en catalán, desembocando en una agresión homófoba. 

Nueva agresión homófoba a una pareja, esta vez en Palma de Mallorca. Y teñida de odio, además, a la lengua catalana (cooficial en Baleares). Ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 21:30, en pleno centro de la capital mallorquina. Uno de los agredidos narraba lo sucedido en su perfil de Facebook.

Según la narración que el joven hace de los hechos, la pareja se acababa de despedir de una conocida en catalán. En ese momento, dos chicos y una chica comenzaron a provocarles por hablar en esa lengua. La intimidación pasó después a centrarse en su condición de pareja gay. “Empezaron a seguirnos, burlándose y haciendo gestos, y se mofaron de nosotros por el hecho de ser homosexuales”, explica el joven. Este y su pareja se detuvieron y pidieron tranquilidad al grupo, con intención de que les adelantase y les dejase en paz. No lo hicieron. Le pidieron el móvil  a su pareja, que no les contestó. En ese momento empezaron a gritarles “maricones” y comenzaron a golpearles, causándoles contusiones diversas. Finalmente salieron corriendo, no sin antes robarles una mochila.

Así lo cuenta uno de los miembros de la pareja en su facebook:

Ayer día 23 de febrero a las 21:30 en la calle Arxiduc Lluis Salvador iba con mi pareja y acababa de despedirme de una conocida en mi idioma, catalán, un grupo de dos chicos y una chica que venía detrás de nosotros mirando celosamente la mochila de mi chico y buscando cualquier excusa para robar. Comenzaron a meterse con mi lengua. Seguidamente comenzaron a seguirnos y a burlarse haciendo gestos con los que se metían con nosotros por el hecho de ser homosexuales. Más adelante, nos paramos y los dejamos pasar pidiéndoles tranquilidad; continuaron hacia adelante y le pidieron el móvil a mi chico. El no les contestó, seguimos hacia adelante y nos gritaron: MARICONES.

Nos pararon y uno de ellos nos empezó a golpear; una vez ya nos habían tirado al suelo cogieron la mochila de mi pareja y salieron corriendo.

Las heridas físicas se curan con puntos y enantium. Lo que parece que no se cura son LAS GANAS DE VIOLENCIA, LA DISCRIMINACION TANTO POR CONDICIÓN SEXUAL COMO POR IDIOMA.

Después de todo el apoyo recibido por la familia, amigos y pareja, te levantas un día por la mañana y te das cuenta que causas como esta son las que nos hacen más fuertes y que, SEGUIREMOS LUCHANDO Y SEGUIREMOS ADELANTE CONTRA LA DISCRIMINACION CON MÁS FUERZA QUE NUNCA.

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Pedro Deskremado

el sábado

Ahir dia 23 de febrer a les 21:30 al carrer Arxiduc Lluis Salvador anava amb la meva parella acabava de despedir-me d’una coneguda, en la meva llengua, en català, un grup de 2 nois i una noia ens venia darrera mirant gelosament la motxilla del meu al·lot i cercant qualsevol excusa per robar. Començaren ficant-se amb la meva llengüa. Seguidament començaren a seguirnos burlant-se i fent gestos on, es ficaren amb nosaltres pel fet de ser homosexuals. Seguidament, ens aturarem i…

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La agresión sufrida por la pareja, denunciada ante la Policía Local de Palma y que será tramitada como posible delito de odio, ha merecido la condena de varias instituciones y partidos mallorquines. Entre ellas, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca, cuyos presidente y vicepresidente, Miquel Ensenyat (Més per Mallorca) y Jesús Jurado (Podemos), han querido recibir personalmente a la pareja agredida para transmitirles la solidaridad de la institución insular, al tiempo que han agradecido su visibilidad y han animado a denunciar cualquier agresión.

A continuación, insertamos un vídeo con la intervención pública tanto de los dos políticos como de la pareja agredida:

También desde el colectivo LGTB balear Ben Amics han querido hacer pública su solidaridad con las víctimas y han anunciado que en próximos días convocarán una concentración de rechazo por lo sucedido.

Fuente Última Hora, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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Curiosa campaña del Gobierno de las Islas Baleares, que se ha servido de una cámara oculta para concienciar a los ciudadanos de esa comunidad de la realidad de las personas trans. La secuencia muestra a varias personas cis, hombres y mujeres, que se detienen a tomar un café y que no tratados por el camarero de acuerdo a una identidad de género que no les corresponde. Lo mismo que les ocurre a diario a tantas y tantas personas trans.

La cámara oculta recoge a varias personas que “caen en la trampa” de degustar un café ecológico gratuito en una cafetería ambulante. El camarero se dirige a ellos con absoluta educación, pero utilizando los términos equivocados por lo que a su identidad de género se refiere. “Un cortado para el caballero, y un café solo para el otro caballero“, comenta en referencia a dos chicas. “¿Y sus mujeres donde están, en casa?” les pregunta a un grupo de mujeres. “Hombre, sus mujeres somos nosotras”, responden estas, estupefactas. “Un placer, guapa”, le dice a un joven. “¿Guapa?”, se pregunta este, sorprendido. Y así con el resto.

Poco a poco, se nota como los diferentes clientes se van encontrando más incómodos, en algún caso visiblemente molestos. Hasta que finalmente aparecen un chico o una chica (según el caso), que se dirigen a ellos y les comentan que la sensación de incomodidad que sienten en ese momento es la que sienten de forma habitual las personas trans cuando se dirigen a ellas de forma inadecuada: “Lo que habéis vivido durante un par de minutos es lo que vivimos las personas transexuales a lo largo de nuestra vida”. Los clientes, entonces, comienzan a comprender…

“No te confundas. Respetando a las otras personas te respetas a ti”, finaliza el vídeo, que ha sido difundido por el Gobierno de Baleares en Twitter, Facebook y YouTube con el lema La identidad no se impone; se crea, se siente, se disfruta… Pero, sobre todo, se respeta. Ponte en la piel de los otros y hazlo” y el hashtag #dretstrans.

Os dejamos con el vídeo:

El Gobierno de Baleares está compuesto por una coalición entre el PSIB-PSOE y Més per Mallorca, y cuenta con el apoyo parlamentario de Podemos Y Més per Menorca. Su presidenta es la socialista Francina Armengol.

Fuente Govern de les Illes Balears, vía Dosmanzanas

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El colectivo balear Ben Amics ha exigido al Ayuntamiento de Palma de Mallorca “una investigación exhaustiva” para esclarecer “las presuntas actuaciones homófobas” por parte de agentes de la Policía Local de la ciudad. Ben Amics reclama además medidas inmediatas para atajar cualquier posibilidad de que situaciones similares se produzcan de nuevo.

Según relata el diario El País, la víctima denunció a Jaime Garau (ex delegado del sindicato de funcionarios CSI-CSIF) y a otro agente por amenazas y coacciones de carácter homófobo durante el periodo en el que estuvo detenido por un problema de aparcamiento hace ya varios años. El caso fue juzgado en su momento en la Audiencia Provincial, siendo los agentes absueltos por falta de pruebas. El denunciante ha puesto ahora en conocimiento de Ben Amics que sufrió amenazas durante meses para que se retractara de la denuncia y librara a los agentes de la responsabilidad.

Se da la circunstancia de que Jaime Garau, como también explica El País, es uno de los presuntos cabecillas de una trama de corrupción destapada en la Policía Local de Palma, que se remonta a la época en la que el PP balear controlaba el poder en las islas. Garau se encuentra en este momento suspendido de su trabajo (pese a ello, se le habría seguido abonando su salario durante más de ocho meses bajo la actual administración municipal, circunstancia que estaría siendo investigada).

Volviendo a la denuncia de las actuaciones homófobas, el comunicado de Ben Amics explica que se ha remitido una carta al alcalde, José Hila, para “exigir todas las responsabilidades que correspondan tanto para los autores de esos abusos como para quienes hayan consentido por acción u omisión que una situación así se prolongue en el tiempo”. Ben Amics reclama también medidas inmediatas para que situaciones similares no se puedan volver a producir y ha hecho un llamamiento al colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de las Islas Baleares (LGTBI) para que “dé un paso al frente y denuncie” ante este tipo de situaciones.

Para el colectivo balear, estos casos de homofobia institucional distorsionan la buena labor de la Policía Local de Palma “y subraya la necesidad de desarrollar con urgencia programas de formación específica en la diversidad sexual y de género dirigidos a los agentes, tal y como establece la nueva ley autonómica contra la LGTBIfobia”. Así, el presidente de Ben Amics ha explicado que, en uno de los dos casos a los que se refieren, la víctima “relató a la asociación que había sufrido vejaciones homófobas y coacciones en la declaración por parte de un agente de la Policía Local para que suavizara la declaración».

El segundo presunto caso de homofobia se produjo cuando un agente local requirió que a una pareja homosexual que se identificara cuando se encontraban un aparcamiento “sin que ellos estuvieran haciendo nada” por lo que se le tuviera que reclamar dicha documentación, según le consta a Gómez.

Por otra parte, ha manifestado que “estas actuaciones no se pueden tolerar y menos en una ciudad turística como Palma”, al tiempo que han constatado que “si hubiera sido una pareja heterosexual estos hechos no se hubiesen producido”. 

Por su parte, el alcalde de Palma, José Hila, ha calificado la reunión que han mantenido con los miembros de Ben Amics de “positiva”, en la que se ha acordado «trabajar juntos para la formación de los policías locales, para que no se vuelva a produzcan de nuevo este tipo de actuaciones».

Fuente Dosmanzanas/Max Joven Gay

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Como ya contamos en Cristianos Gays, el Parlamento de Baleares aprobó el martes, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la LGTBfobia, su ley autonómica “para garantizar los derechos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales y erradicar la LGTBIfobia”. La Asamblea Regional de Murcia, por su parte, ha aprobado este jueves la ley “de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género”.

Ambas comunidades se suman, de este modo, a Galicia (si bien la ley gallega carece de capítulo sancionador, al no haber querido incluirlo el PP en su momento), Cataluña y Extremadura, por lo que a leyes contra la discriminación se refiere. Ambas leyes siguen, de hecho, el modelo extremeño, en tanto que cubren también en su articulado la realidad de las personas transexuales (a las que comunidades como Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias o Madrid han preferido dedicar leyes específicas).

En el caso balear, la ley ha sido aprobada con los votos del PSIB-PSOE, Podem, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera. Partido Popular, Ciudadanos y Pi-Proposta per les Illes Balears han visto aceptadas muchas de sus propuestas de enmienda y se han mostrado satisfechos por la aprobación de la ley, aunque han mostrado su desacuerdo sobre algunos de sus puntos. En el caso murciano, la ley ha sido aprobada por unanimidad. PSOE, Podemos, Ciudadanos y PP han votado a favor, si bien este último ha expresado públicamente su desacuerdo con el hecho de que el texto, formalmente presentado por el PSOE pero consensuado con los colectivos regionales, estuviera “totalmente cocinada”.

Ambos textos (que enlazaremos en el momento en que aparezcan publicados en los respectivos diarios oficiales en su versión definitiva) guardan, de hecho, numerosas similitudes. Incluyen medidas educativas (como la incorporación de la diversidad afectivo-sexual a los planes docentes o la garantía de respeto a la identidad de género de los menores transexuales en todos los aspectos de la vida escolar), sanitarias (entre ellas el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública para mujeres sin pareja masculina y la atención integral a las personas transexuales), de formación específica para el personal de la administración autonómica o para combatir la discriminación en el acceso al mundo laboral.

Ambas leyes incorporan además su correspondiente capítulo sancionador en casos de discriminación por LGTBIfobia, incorporando el principio de inversión de la carga de la prueba, tan importante en estos casos: será el infractor el que deberá demostrar que no ha cometido la infracción. Eso sí, no se podrán sancionar aquellos hechos que ya hayan sido sancionados penalmente o administrativamente. Las infracciones se dividen en tres categorías: leves, graves y muy graves, y las sanciones podrán llegar, en los casos extremos, hasta los 45.000 euros (en el caso de Murcia) y los 90.000 euros (en el caso de Baleares).

En Murcia se creará un Observatorio regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y se incluirá a representantes de las familias LGTBI en el Consejo Asesor Regional de Infancia y Familia, mientras que en Baleares se creará un Consejo LGTBI de las Islas Baleares y un servicio integral de atención. Las dos leyes contemplan también la realidad del colectivo intersexual.

Felicitación a los colectivos

A la espera de que se desarrollen los correspondientes protocolos y reglamentos que las hagan efectivas (sin duda la gran debilidad de este tipo de leyes, aprobadas con importante ruido mediático pero cuyo despliegue reglamentario suele demorarse mucho más allá de lo razonable) lo cierto es que se trata de dos excelentes noticias.

Sin duda, el hecho de que el PP perdiese la mayoría absoluta en los parlamentos de ambas comunidades ha ayudado a que estas leyes hayan podido salir adelante incluyendo sus aspectos más ambiciosos, pero no debe olvidarse el trabajo realizado por colectivos locales como Ben Amics, No Te Prives o Galactyco, por mencionar solo algunos de los más importantes. Nuestra enhorabuena por el gran trabajo realizado.

Fuente Dosmanzanas

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El Foro de la Familia de Baleares asegura que el objetivo de esta ley “es privilegiar una ideología y una forma de entender la sexualidad, imponiéndola coactivamente al resto de la sociedad como si discrepar de esa ideología fuese discriminar a las personas que viven conforme a ella”.

Así lo ha explicado Foro de la Familia de Baleares (FFB) en un comunicado en el que señala entre estos 24 puntos que “esta ley se convierte en una amenaza para todos los que libremente no comparten la visión de la sexualidad de la ideología de género”.

Asimismo, ha considerado que el proyecto de ley “genera una gran inseguridad jurídica” al utilizar lenguaje “de interpretación muy discutible”, que “describe potestades y competencias administrativas igual de vagas y poco concretas” y “establece infracciones tan vagamente definidas que todos podemos ser considerados infractores por el mero hecho de ejercer derechos fundamentales básicos como la libertad ideológica, religiosa, de educación o de empresa”.

Por otro lado, “afirmar la no discriminación no equivale a exigir la adhesión a las opciones individuales de cada cual”, ha recordado FFB.

Paralelamente, el Foro cree que “las normas generales existentes contra la discriminación son suficientes”. “Con esta ley se atenta contra la libertad de los medios de comunicación, las empresas y los centros escolares al obligar a unos y otros a hacer visibles la homosexualidad, el lesbianismo o la transexualidad”, ha concluido FFB.

Fuente Cáscara Amarga

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Kevin Coll, un joven cantante balear, fue víctima de una agresión de carácter homófobo la madrugada del pasado sábado, 27 de junio, en Inca (Mallorca). Los dos agresores ya han sido identificados. El colectivo LGTB Ben Amics ha convocado a la ciudadanía a una concentración de protesta por lo sucedido este jueves a las 19:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Inca.

Kevin Coll se dirigía hacía su domicilio cuando escuchó como desde un balcón un hombre le dirigía insultos homófobos. “Cuando me di cuenta otro hombre vino por detrás y me hizo caer”, ha explicado. Ya en el suelo este segundo agresor comenzó a darle patadas, uniéndose entonces el primer individuo. El joven puedo esquivar un golpe en la cabeza con “una especie de barra metálica”, aunque no pudo evitar que le golpearan en el torso. Como pudo se levantó y salió corriendo mientras pedía ayuda. Afortunadamente un grupo de chicas que había escuchado los gritos había llamado ya a la policía.

El joven fue trasladado al Centro de Salud de Inca, donde permaneció cuatro horas en observación. Presentaba diversas heridas y contusiones, además de un ataque de ansiedad y un episodio de arritmia secundaria. Los agresores, ya identificados, pertenecen a la comunidad magrebí de Inca.

El colectivo LGTB balear Ben Amics ha condenado la agresión y ha convocado una concentración de protestas este jueves a las 19:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Inca. En palabras de su presidente, Jan Gómez, “no podemos permitir que una agresión quede impune. Las instituciones deben impedir que se extienda el discurso de odio que siembra el miedo. Una agresión no afecta únicamente a una persona sino que es una amenaza para todo el colectivo”. Ben Amics ha pedido además al Ayuntamiento de Inca, además de que refuerce sus políticas contra las agresiones por orientación sexual e identidad de género, que muestre su apoyo público al agredido izando una bandera arcoíris.

También la formaciòn Més per Inca, que tras el vuelco político en las pasadas elecciones forma parte de la coalición de gobierno municipal, ha condenado lo sucedido en un comunicado. “Consideramos que nuestra sociedad no puede permitir comportamientos violentos como estos, comportamientos de odio y represión hacia personas por su condición sexual. Es por eso que Més per Inca presentará una propuesta de declaración institucional para la condena de este ataque y por una ciudad respetuosa con la diversidad sexual y libre de LGTBfobia en el pleno que se celebrará este viernes”, explica la nota. Varios miembros de Més por Inca se han puesto además en contacto con el agredido para mostrarle su solidaridad.

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El Ministerio del Interior ha hecho público, por segundo año consecutivo, su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, referido a 2014 (que puedes descargar aquí). Los datos no son tranquilizadores: en 2014 se contabilizaron 1.285 delitos de odio, de los cuales el grupo más numeroso (513, un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Las cifras son peores que las de 2013 (aunque el Ministerio advierte que ello no significa necesariamente que haya habido más delitos), y se si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es inquietante.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha presentado este martes un informe referido a los crímenes de odio en España durante el pasado 2014, en los que se cometieron un total de 1.285. Del total, los delitos racistas se cifraban en 475 casos, los dirigidos contra los discapacitados en 199, por creencias religiosas en 63 casos, y actitudes antisemitas 24 casos -diferenciados de los religiosos ya que están tipificadas como tal en el Código Penal-, y un 0,9 de delitos de aporofobia, acciones contra mendigos. Sin embargo, la lista la encabeza y por goleada los delitos de homofobia y transfobia: 513 casos registrados.

Los delitos de odio se distribuyen en estas seis categorías siguiendo una clasificación internacional establecida por la Agencia Europea de Derechos Humanos, según ha explicado Fernández Díaz, y apuntó que pese a que en el informe se las llame delito alguna de las algunas de las conductas registradas en este informe tan sólo son consideradas faltas administrativas en las leyes españolas. Para el año que viene se contabilizarán también los delitos relacionados con violencia de género y los delitos de motivación ideológica. Tras esta afirmación, desde RAGAP nos preguntamos si dentro de esta violencia de género se incluirá también la violencia intragénero, la que se produce dentro de parejas del mismo sexo.

En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repiten son las agresiones de tipo sexual, un total de 308 repartidas en 157 abusos sexuales, 77 agresiones sexuales y 74 agresiones sexuales con penetración. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407). Los datos presentados en este informe reflejan un incremento del 9,6 por ciento de delitos de odio registrados durante el año 2013, algo que se justifica explicado que por primera vez se han integrado los resultados de todas las policías autonómicas.

Por distribución territorial, en lo que a los delitos LGTBfobos se refiere, las comunidades autónomas con mayor número de denuncias fueron Andalucía (188), Cataluña y Galicia (ambas con 43) y Baleares (41). Por provincias, una distribución más afinada, destaca muy singularmente Cádiz, provincia en la que se contabilizaron 115 incidentes, seguida de Sevilla (63), A Coruña y Baleares (41), Zaragoza (35), Barcelona (29), Madrid (26) y Valencia (20). Por el contrario, no se registraron incidentes en las provincias de Álava, Burgos, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel. No necesariamente esto último nos parece una buena noticia. Ello puede significar más bien que en estas provincias -al menos en algunas- hay una deficiencia en el reconocimiento de los incidentes. Resulta poco coherente, por mencionar un ejemplo llamativo, que Cádiz y Sevilla encabecen la clasificación provincial mientras que en las vecinas Córdoba, Huelva y Jaén no se haya contabilizado un solo delito…

Especial interés tiene ver el sexo de víctimas y agresores. En contra de lo algunos pudieran pensar, la mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denuncian fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas en el estudio, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Las cifras, como ya adelantábamos en el encabezamiento, suponen un empeoramiento respecto a las de 2013 (puedes descargar aquí el informe correspondiente a ese año), pero según el Ministerio del Interior no por ello debe deducirse necesariamente que haya habido más delitos, al haberse desarrollado en este tiempo programas de formación y sensibilización a los distintos cuerpos policiales, haberse establecido procedimientos operativos más eficaces (como la implementación de un protocolo de delitos de odio) y haberse hecho un mayor esfuerzo de acercamiento a las víctimas para que estas sean conscientes de la necesidad de denunciar lo sucedido.

Todo ello, según el Ministerio, puede explicar el que haya existido un mayor número de contabilizaciones sin que necesariamente haya un crecimiento real de las agresiones respecto al año anterior.

La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) ha hecho público un comunicado en el que celebra la continuidad en la recogida de datos por parte del Ministerio del Interior, pero recuerda que según sus propios datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La FELGTB ha pedido también al gobierno español que promueva una ley de protección integral contra los delitos de odio que regule las denuncias, su tratamiento y  el apoyo a las víctimas y ha aprovechado para insistir en su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. “Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley”, ha destacado su presidente, Jesús Generelo.

También la confederación COLEGAS ha reaccionado ante la publicación del informe. Esta organización considera ”muy positivo” que España se integre en la lista de los principales países de la Unión Europea “que recogen tan exhaustivamente los datos de incidentes sobre delitos de odio” pero recurre al mismo símil de iceberg para explicar que en esos otros países el número de incidentes registrados es mayor. “La infradenuncia es el principal caballo de batalla de las organizaciones LGBT y las fuerzas de seguridad (…) por lo que es crucial la plena colaboración entre sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad para aumentar la confianza mediante campañas específicas destinadas a la población LGBT. Desde COLEGAS animamos a la población LGBT a que denuncie cualquier tipo de incidente del que sea víctima por nimio que parezca, ya que es la única forma de que se luche contra la LGBTfobia social que aún permanece en la sociedad española a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad en los últimos años. También pedimos colaboración al resto de la población a que denuncie cualquier incidente del que sea testigo o tenga conocimiento”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

En el informe del Ministerio del Interior revela que en la Comunidad de Madrid se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013.

De los 102 delitos de odio registrados en la Comunidad de Madrid, 26 lo han sido por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Es un incremento de más del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. Desde la asociacíon madrileña Arcópoli afirman que “es necesario poner en perspectiva este dato con la situación de que, aproximadamente, el 90% de las agresiones por LGTBfobia que se producen no se denuncian, como pudo atestiguar esta entidad con los testimonios de las víctimas a las que ayuda“.

Igualmente destacan la importancia de tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.

Arcópoli ha exigido, como viene haciendo desde el pasado mes octubre, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones que han llegado hasta ellos. A este respecto, la asociación se ha reunido con la Directora General de Asuntos Sociales, con la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid. También han solicitado en numerosas ocasiones una reunión con RTVAM que no ha tenido respuesta.

“Sin embargo, el resultado continúa siendo infructuoso y, salvo Metro de Madrid, ninguna otra institución ha aprobado ninguna medida urgente para atajar este alarmante aumento de agresiones”, denuncian.

Además, desde Arcópoli han reclamado para la próxima legislatura una Ley Contra la LGTBfobia que dote a las entidades de herramientas para combatir las agresiones que, lejos de remitir, van en aumento en toda España, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Asimismo, han solicitado la implantación del protocolo policial Contra los Delitos de Odio y formación a la policía en este tema, para que conozcan las particularidades y sensibilidades de este colectivo, el más agredido en España.

El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que “una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.

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Según esta entidad, el proyecto “impide el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones” y, además, afectaría a todas las áreas de la vida social, tanto dentro del ámbito público como privado, y a todos los grupos sociales.

El Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) ha denunciado ante la Oficina de defensa de los derechos del menor la Proposición de Ley (PNL) para garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, al considerar que éste “vulnera derechos de los menores al quererlos adoctrinar en ideologías y teorías socialmente controvertidas”.

Y ello, añaden desde el IPFB, “hasta el punto de regular, con el pretexto de la igualdad, aspectos de la vida de los niños hasta niveles inimaginables como es el caso de los ocios infantiles“, además de “establecer de forma obligatoria talleres de educación sexual, de diversidad sexual e ideología de género al margen de la opinión, voluntad y convicciones de los padres”.

La entidad critica además que la PNL tiene un capítulo educativo en el que “se obliga a incorporar en los contenidos transversales de todo el alumnado, en los currículos, en los materiales de tutoría y en el proyecto educativo del centro, la ideología de género, la realidad LGBT, la diversidad afectivo-sexual y los diferentes modelos de familia”.

“Intenta legislar para invertir grandes sumas de dinero público en producciones culturales, series, programas con especial énfasis en la orientación a niños y jóvenes, para la promoción de la homosexualidad y la ideología de género”, recalca.

“Contemplan todo tipo de ayudas y subvenciones para impulsar, promocionar y favorecer espectáculos infantiles y juveniles que incorporen registros positivos sobre la diversidad afectivo sexual y la identidad de género”, añaden desde el Instituto, aseverando que se establece asimismo “la formación de escuelas de padres para ideologizar en los mismos contenidos“.

Para ello, recalcan, se contemplan programas de información a las familias para divulgar las distintas realidades afectivo-sexuales y los distintos modelos familiares favoreciendo en los centros escolares la realización de actividades específicas relacionadas con los derechos LGBTI (jornadas, fiestas, publicaciones y proyecciones), cuando “el precepto constitucional de igualdad y no discriminación inspira ya disposiciones legales en múltiples materias“.

A juicio del IPFB, “en el fondo, tras la aparente búsqueda de la igualdad de trato, se esconde un engaño: crear los instrumentos jurídicos para que desde el Estado se puedan prohibir y sancionar las opiniones y conductas que discrepen de la ideología de género o no acepten sus exigencias en la vida social lo que lleva a la manipulación y adoctrinamiento de menores”. “Por eso, la ley es un ataque contra la libertad de todos y en particular a los derechos del menor“, sentencia.

Fuente Europa Press

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Juan José Tenorio Enseñat, en calidad de portavoz balear de la asociación ultracatólica Derecho a Vivir, ha proferido descalificaciones y comentarios homófobos en su cuenta de Twitter, a cuenta de la organización del “Gay Chorus Festival”, que tendrá lugar en la localidad mallorquina de Andratx en 2015. El evento, auspiciado por el gobierno municipal del PP, ha sido calificado por Tenorio como “gueto cultural de maricones”. Desde la organización LGTB Ben Amics de las islas Baleares han invitado a Juan José Tenorio a retractarse, ya que “dichas afirmaciones atentan contra la integridad de nuestro colectivo al igual que nos vejan y humillan utilizando adjetivos como el de ‘maricones’”.

La entidad católica y conservadora Derecho a Vivir ha pedido que “no se financie con dinero publico un acto sectario y discriminatorio hacia el conjunto de la ciudadanía”, en referencia al “Gay Chorus Festival”, previsto para 2015 en Andratx, un municipio ubicado a unos 30 kilómetros de Palma de Mallorca, gobernado por el Partido Popular.

Juan José Tenorio, de hecho, no solo ha tenido palabras ofensivas para el colectivo LGTB sino que define al alcalde Llorenç Suau como “segregacionista” y le acusa de promocionar “la homosexualidad y el aborto, convirtiendo la cultura en un gueto gay”. Una de las cosas que más parece molestar al portavoz de Derecho a Vivir es que, precisamente, el evento musical esté organizado por un ayuntamiento en el que el PP tiene la mayoría absoluta.

La agrupación Ben Amics, a través de una nota de prensa, ha replicado las manifestaciones homófobas de Derecho a Vivir y de su portavoz, al tiempo que recrimina que “el único modelo de vida que defienden es el de criminalizar al diferente, negar el matrimonio y la adopción a las parejas homoparentales, rechazar y agredir a nuestras familias, o prohibir a las mujeres el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”.

Asimismo, la asociación balear LGTB ha asegurado que “no es ninguna novedad que organizaciones como ‘Derecho a Vivir’ o ‘Hazte Oír’ no recuerden que hace 40 años encarcelaban a personas LGTBI, pero en pleno siglo XXI el colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales no va a permitir que nos metan en el armario”.

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Los nuevos reyes de España continúan con su empeño de transmitir una imagen más contemporánea que la de sus antecesores, y por segunda vez desde que ascendieron al trono han invitado a un representante del colectivo LGTB a una recepción oficial. Ha sido en Palma de Mallorca, donde Jan Gómez, presidente de Ben Amics, acudió al Palacio de la Almudaina.

Palma de Mallorca es el lugar donde tradicionalmente los reyes se instalan durante el mes de agosto. Durante esa estancia es habitual la celebración de una recepción a representantes institucionales de Baleares, que en esta ocasión tuvo lugar el jueves pasado. El nuevo rey Felipe VI y su esposa Letizia Ortiz han querido que esta vez la recepción incluyera a personalidades del mundo asociativo, cultural, científico y deportivo de las islas, entre los cuales estaba Jan Gómez, presidente de Ben Amics, el más relevante de los colectivos LGTB baleares (y miembro de la FELGTB). La noticia, por cierto, ha sido recogida con profusión por los medios de comunicación generalistas, que han destacado el hecho de que Gómez acudiera a la recepción con un bonito abanico arco iris.

“Se trata de un hecho histórico porque supone un acto de visibilidad del colectivo y un reconocimiento a nuestra lucha por los derechos del colectivo LGTBI y en contra de la discriminación en las Islas Baleares”, ha declarado Jan Gómez, que antes de acudir al evento hizo pública su intención de explicarle al rey que el colectivo LGTB es el más atacado en España según los datos policiales sobre delitos de odio conocidos recientemente y de animarle a que defienda por igual a toda la ciudadanía independientemente de su orientación afectivo-sexual o identidad de género. Desde Ben Amics han querido destacar esta invitación supone un espaldarazo “a tantos años de esfuerzos frente al ninguneo institucional” y que el hecho de aceptarla no supone que esta entidad no sea favorable a un referéndum sobre el modelo de Estado “que permita a la ciudadanía española expresar libremente su voluntad”.

Marcando distancias con sus antecesores

Con independencia de otras consideraciones políticas y sociales, lo que no puede negarse a los nuevos reyes es su interés por marcar distancias con sus antecesores con este tipo de gestos. Frente al ninguneo de Juan Carlos y Sofía, Felipe y Letizia ya han incluido en dos ocasiones a representantes de colectivos LGTB entre sus invitados. La primera vez fue a finales de junio, cuando ofrecieron una recepción a colectivos sociales en el madrileño Palacio de El Pardo. Allí estuvieron representantes de la FELGTB, de Fundación Triángulo y de COLEGAS.

Detrás de esta mayor sensibilidad se encontraría muy posiblemente Letizia Ortiz, de la que ya como princesa se conocían alusiones positivas a la realidad LGTB. En diciembre del año pasado aprovechó un discurso para hacer una mención a La vida de Adèle, película de temática lésbica, y en 2011, durante una visita a Chile, mantuvo una conversación con el escritor Pablo Simonetti en la que le comentó a este que en España el matrimonio era “para todos” y que se trataba de algo ya “arraigado”. Palabras que al trascender a la prensa generaron gran polémica en los círculos más conservadores y llevaron a la Casa Real a emitir un inusual comunicado que afirmaba que Letizia Ortiz se había limitado a “exponer la legislación vigente en esta materia en España”.

Nada que ver, desde luego, con las declaraciones de su suegra, la reina Sofía, que en un vergonzoso alarde de homofobia manifestaba hace años, entrevistada por Pilar Urbano, su posición contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la celebración del Orgullo LGTB (dato curioso si se tiene en cuenta que el propio padre de Sofía, Pablo I de Grecia, mantuvo relaciones homosexuales en su juventud).

Fuente Dosmanzanas

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Ha habido 235 incidentes motivados por la orientación sexual en lo que va de año

Muchas veces escuchamos que los homosexuales ya no sufren ningún tipo de discriminación en España. Que no son necesarias tantas reivindicaciones a favor de sus derechos. Que la orientación o identidad sexual no es un asunto que deba preocupar ni a la opinión pública ni a las autoridades. Muchas veces hemos escuchado estos argumentos para criticar la s manifestaciones por la igualdad del colectivo LGBT.Parece como si su sufrimiento no fuera equiparable al de otros colectivos de la sociedad. Pero, como demuestran los delitos de odio registrados en 2013 y 2014, la realidad es otra.

En los primeros seis meses de 2014, la homofobia, la bifobia y la transfobia han seguido constituyendo la principal causa de delitos de odio en España. Lo ha desvelado la cadena SER, que ha tenido acceso a los correspondientes informes policiales. Sin contar todavía con los datos de Cataluña y País Vasco, los delitos denunciados por razón de orientación sexual o identidad de genero en ese periodo ascendieron a 235 (el 42,7 % del total). Los colectivos LGTB piden medidas contundentes para atajar esta terrible realidad.

Según dos informes policiales a los que ha tenido acceso la cadena SER y durante estos seis primeros meses del año ya ha habido en nuestro país 235 incidentes motivados por la orientación sexual. Andalucía es la comunidad donde más se dan estos delitos de identidad sexual: exactamente de enero a junio ha habido 93. Le sigue la comunidad de Baleares con 24 ataques y después Galicia con otros 22.

El segundo grupo más vulnerable son los discapacitados. Durante estos seis primeros meses el año ha habido 124 ataques contra ellos y de nuevo Andalucía se sitúa a la cabeza con 30 incidentes seguido de la Comunidad Valenciana con 27 y de Madrid con 25.

Estos datos se refieren a los seis primeros meses de este año e incluyen los delitos contabilizados por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Policía Local. Faltan los balances de la Policía Autonómica Vasca y de los Mossos D’ Escuadra que los presentarán a final de año.

La tendencia de estos datos es similar a la que se presentó el año pasado en el primer balancea que hizo Interior. Durante el año 2013 el número de delitos de odio acontecidos en España ascendió a 1.172. La discriminación por orientación o identidad sexual tuvo el año pasado los datos más altos. En segundo lugar aparecen los actos racistas y xenófobos ocurridos principalmente en espectáculos deportivos y en tercer lugar los ataques a discapacitados. La orientación sexual y la identidad de género tuvo el año pasado 452 casos identificados en nuestro país, el origen étnico o racial 381, la discapacidad 290, la religión y las creencias 42, la situación de pobreza y exclusión social 4 y el antisemitismo 3.

Las cifras de los primeros seis meses de 2014 coinciden en cualquier caso con las que se conocieron hace pocas semanas sobre 2013, año en que por primera vez el Ministerio del Interior hizo recuento de las denuncias por delitos de odio. De los 1.172 delitos denunciados el año pasado, 452 se debieron también a LGTBfobia (38,6 %) por delante del origen étnico o racial (el 32,5 %) y la discapacidad (el 24,7 %). En 2013 fueron las tres comunidades más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid) las que acumularon un mayor número de casos.

Las cifras reales son con total seguridad mayores, si se tiene en cuenta que según los expertos la mayoría de las víctimas de este tipo de crímenes no los denuncian (entre el 60 y el 90 %, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), bien por vergüenza, porque piensan que no va a servir de nada, o por las dos cosas.

Datos terribles tras los cuales los colectivos LGTB insisten otra vez en que se tomen medidas. Para el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, “resulta acuciante la necesidad de intervención por parte de los poderes públicos. Los avances legislativos y sociales en nuestro país son innegables, pero la homofobia crece al hacerlo nuestra visibilidad, y los datos son claros, incuestionables. El gobierno tiene la obligación de asumir la homofobia y la transfobia como una realidad demostrable en nuestro país, y debe actuar contra ella, de manera inmediata además”.

Nuñez reclama medidas legislativas “en la línea que marcan la avanzada ley contra la homofobia y la transfobia en Cataluña o el proyecto de ley que en otoño entra en la Asamblea de Extremadura. Y este avance legislativo debe ir mucho mas allá de la mera condena a estas actitudes y conductas, debe penalizar la discriminación contra gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. La homofobia debe ser mucho mas que un agravante que es tan solo como se considera hoy en nuestro ordenamiento jurídico. Hay que penalizarla, sin excusas”. El presidente de Triángulo, al mencionar la ley catalana, se refiere en realidad a una proposición de ley que todavía no ha podido ser aprobada por el Parlamento de Cataluña debido a las maniobras del PP, que se opone a ella por incluir un capítulo sancionador contra las conductas discriminatorias.

También la confederación COLEGAS se ha manifestado al respecto. Esta organización se congratula de que comiencen a contabilizarse en España este tipo de delitos, aunque advierte que las denuncias conocidas son solo la punta de un iceberg. COLEGAS también denuncia “la poca o nula formación por parte de las fuerzas de seguridad para tratar este tipo de delitos. Aparte de la tipología del delito (hurto, agresión, violencia, insultos…) desconocen y no señalan la otra variable del delito, que es la causa o motivación del mismo, y que muchas veces es el odio y la intolerancia. Por ello desde COLEGAS pedimos que las fuerzas de seguridad del estado se formen en atender de forma correcta a las víctimas de delitos de odio y registrar correctamente en las denuncias e informes”.

“La falta de una ley que castigue la discriminación motivada por el odio (…) está logrando que muchos delitos de odio queden impunes o cuando no son castigados levemente. Es necesario una urgente Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que regule este tipo de delitos en nuestro país, ante la ambigüedad y el vacío legal existente en este momento”, ha añadido el presidente de COLEGAS, Paco Ramírez.

Fuente CADENA SER

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