Los legisladores en el pequeño país de los Balcanes llegaron a la decisión el miércoles (1 de julio) después de que la ley recibió 42 votos en el parlamento de 81 escaños.

El primer ministro de Montenegro, Duško Marković, lo calificó como “un gran paso en la dirección correcta para la sociedad montenegrina, su madurez democrática y sus procesos de integración”.

El presidente Milo Đukanović también acogió con beneplácito la medida, declarando en Twitter que Montenegro está ahora “un paso más cerca de unirse a las democracias mundiales más desarrolladas”. Es] una confirmación de que nuestra sociedad está madurando, aceptando y viviendo las diferencias”, agregó. “¡Nacido libre e igual en dignidad y derechos!”

Desafortunadamente, eso no es estrictamente cierto: aunque a las parejas montenegrinas del mismo sexo se les otorgan casi todos los mismos derechos que a los heterosexuales, todavía no pueden adoptar o acoger niños.

Las parejas de lesbianas no pueden someterse a FIV en el país y la subrogación está prohibida para todas las parejas, independientemente de su orientación sexual.

Sin embargo, el importante avance hacia la igualdad está siendo celebrado por la comunidad montenegrina LGBT +.

El grupo de defensa LGBT Forum Progres, , la primera y más antigua organización LGBT + de Montenegro, describió la aprobación del proyecto de ley como “un inmenso paso adelante para la sociedad montenegrina. [¡Es] un día histórico para todos nosotros y el movimiento LGBT + en Montenegro!” Tuitearon, agradeciendo a una serie de activistas y organizaciones LGBT + internacionales por su apoyo a lo largo de los años.

El pequeño país de 620,000 personas se encuentra actualmente en negociaciones avanzadas para unirse a la Unión Europea, y la afirmación de las uniones del mismo sexo probablemente será vista como un signo de su “madurez democrática” en línea con los valores de la UE.

Fue una sorpresa para muchos después de que la ley fuera rechazada por el parlamento montenegrino en 2019.

“Sinceramente, no me lo esperaba”, dijo John Barac de LGBT Forum Progres a Openly. “Es realmente extraordinario, es un gran día para todos nosotros”.

Fuente Pink News

General, Historia LGTBI Asociaciones civiles, Balcanes, Duško Marković, Europa, Matrimonio igualitario, Montenegro, Unión Europea

El Tribunal Supremo de Bulgaria ha ratificado el derecho de la chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo a residir como matrimonio reconocido en el país, ejerciendo el derecho de moverse libremente dentro de la Unión Europea, válido para todos los ciudadanos de la UE y miembros de sus familias. El Supremo ha dictaminado que el fallo del Tribunal Administrativo de Sofía tiene que cumplirse y respetarse.

A raíz de la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2018, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario, Cristina Palma y Mariama Diallo han conseguido que su matrimonio sea el primero entre contrayentes del mismo sexo que reconoce la justicia de Bulgaria.

Y eso aun sin que este país balcánico contemple la institución matrimonial civil igualitaria. Palma nació en Chile y residió durante más de 20 años en Australia, por lo que dispone de doble nacionalidad. Diallo, por su parte, es francesa. Contrajeron matrimonio en Francia y solicitaron la residencia en Bulgaria en 2016; un país al que se trasladaron por motivos de trabajo en un principio, pero que «nos enamoró», lo que les motivó a establecer allí su residencia. Independientemente de la claridad de la Directiva 2004/38 /CE sobre el derecho de libre circulación y residencia en la Unión Europea y del permiso previo a este respecto, a principios de 2018, la Dirección de Migración del Ministerio del Interior de Bulgaria rechazó la residencia de Cristina Palma, justificando su postura en el artículo 46, párrafo 1, de la Constitución búlgara y el Código de la Familia: «el matrimonio es una unión voluntaria entre un hombre y una mujer».

Un derecho fundamental garantizado en toda la Unión Europea

La decisión del alto tribunal, que confirma la decisión del Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía, también está en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un caso similar en Rumanía (caso Coman, C-673/2016), que sostuvo que los países de la UE deben respetar el derecho de residencia de las parejas del mismo sexo, casadas en otro país, que deseen vivir juntas en su territorio, ya que circular libremente dentro de la Unión es un derecho fundamental garantizado a todos los ciudadanos comunitarios, que a menudo es utilizado por un gran número de búlgaros.

Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal coincidía con su criterio.

«Era la única resolución posible»

La decisión del Supremo de Bulgaria es definitiva y vigente y debe ser implementada por la Dirección de Migración en el Ministerio del Interior inmediatamente. «No nos sorprende la resolución, porque es la única posible en este caso. Esperamos que las instituciones en Bulgaria tengan en cuenta que tendrá un impacto en otros casos similares en los que los ciudadanos de la UE, incluidos los búlgaros, ejerzan el derecho a circular libremente dentro de la Unión y no desperdicien el dinero de los contribuyentes, como fue el caso aquí», explica la activista LGTBI Veneta Limberova.

Cristina Palma ha utilizado los servicios del «LGBT Youth Law Program, Action and Adv.». En este sentido, Denitsa Lyubenova, abogada de dicho programa, considera que «el tribunal Supremo ha aplicado de forma inequívoca la legislación y la práctica europeas del Tribunal de Justicia Europeo y ha reconocido un matrimonio homosexual en el extranjero. Este es un gran paso adelante en el camino hacia la igualdad de las parejas homosexuales en Bulgaria. Tenemos muchas más maneras de ir, pero ‘Action’ y los abogados con los que estamos trabajando establecen los cimientos de una nueva era en la lucha por la igualdad de las personas LGTBI en Bulgaria».

«¡La justicia ha triunfado! Las parejas del mismo sexo ya son bienvenidas en Bulgaria. Amamos tanto a este país, ¡nos ha dado más de lo que hemos esperado! La gente aquí ha sido buena y nos ha apoyado y tratado como a una familia. Sin el apoyo de ‘Action’ y, en particular, de nuestros grandes abogados Denitsa Lyubenova y Veneta Limberova, nada de esto hubiera sido posible. Hemos pasado por muchas dificultades durante el último año y medio debido a la incertidumbre de nuestro futuro en Bulgaria. Luchar fue el sueño de que nuestro trabajo abriría muchas puertas nuevas, no solo para la justicia y la igualdad, sino también para que las parejas del mismo sexo puedan vivir juntas en un entorno familiar seguro dentro de las fronteras de la Unión Europea», defienden Cristina Palma y Mariama Diallo.

El MOVILH de Chile y el resto del activismo LGTBI se felicita

La portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) Daniela Andrade valora que «la decidida y larga lucha de Cristina y Mariama ha rendido un fruto histórico con la sentencia de Tribunal Supremo, que las reconoce como matrimonio para los derechos de residencia y movilización. Un doble hito al tratarse de mujeres que deciden desarrollar su vida en un país que aún no reconoce el matrimonio igualitario, pero que desde ahora deberá garantizar la igualdad plena a enlaces similares contraídos en otros países de la UE».

Cristina y Mariama, en opinión del MOVILH, «son un esperanza para las parejas y familias homoparentales de Bulgaria que carecen de igualdad. También son un aliento especial para nuestro país dada la doble nacionalidad de Cristina (australiana-chilena), quien es un ejemplo de perseverancia y un testimonio vivo de que es posible derribar las barreras de las injusticias y abusos basados en la orientación sexual».

Por su parte, el activista LGTBI Marco Vidal, eslavista español residente en Sofía, añade que «con la sentencia favorable del Tribunal Supremo en favor de Cristina y Mariama queda constatado que la normativa europea (Directiva 2004/38 /CE) no es papel mojado y debe ser aplicada, por mucho que sea contradictoria a legislaciones nacionales, como es el caso de la Constitución búlgara, que define el matrimonio como ‘la unión voluntaria entre el hombre y la mujer’. Los partidos liberales búlgaros son firmes defensores de los valores europeos y de los beneficios económicos y la libertad de movimiento que trae para Bulgaria su permanencia en la UE. Sin embargo, son esos mismos partidos liberales y proeuropeistas los que mientras con una mano aceptan los eurofondos, con otra rechazan aceptar derechos básicos como es la libertad de movimiento y el derecho a residencia para las familias homoparentales».

Para Vidal, «a pesar de la firme decisión del parlamento europeo en este asunto, la oficina de inmigración de Sofia rechazó conceder a Cristina el permiso de residencia sin tener en cuenta su relación familiar con una ciudadana de la Unión Europea. Después de 2 meses desde el juicio que tuvieron sobre este asunto vemos una sentencia favorable para Cristina y Mariama que, además de aceptar y poner en práctica la legislación europea vigente, abre el camino hacia la lucha por los derechos civiles del colectivo LGTBI. Ahora será el momento de que las familias búlgaras que han contraído matrimonio en otro país de la UE sean reconocidas administrativamente como tales en su país de origen. No sabemos cómo será y cuándo, pero el caso de Cristina y Mariama es sin duda alguna un precedente».

El caso de Lily Babulkova y su esposa Dary

En enero de 2018 publicábamos que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen, solo unas semanas después, no admitía su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia.

Dosmanzanas también contactó en su momento con Babulkova para preguntarle por su situación, en comparación con el éxito que ha obtenido la pareja formada por Cristina Palma y Mariama Diallo. «Actualmente, tenemos nuestro caso pendiente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Después de que el Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía confirmara el rechazo del municipio a registrar nuestro matrimonio, apelamos y nuestro caso está programado para audiencia el 30 de septiembre de 2019. Después del caso Coman y este reciente juicio en Bulgaria, podríamos solicitar que el caso sea escuchado antes, pero no sabemos si esto será permitido por el tribunal», narra Babulkova.

Esta mujer luchadora y activista agrega que «en sus aspectos prácticos, nuestro caso es bastante diferente al de Cristina y Mariama, ya que el suyo se refiere a la cuestión de la residencia, un problema que nosotras no tenemos, ya que ambas somos ciudadanas de la UE. Lo que importa es que, hasta donde yo sé, este es el primer caso en Bulgaria en el que se reconoce cualquier derecho relacionado con el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Por lo menos, lo veo como una señal de que los derechos de las familias del mismo sexo entran en la agenda legal búlgara, que es un buen punto de partida para nuestra lucha».

El Convenio de Estambul desataba una ola de LGTBfobia en Bulgaria

En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres salieron a las calles en marzo para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres» (popularmente conocido como «Convenio de Estambul») y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se mostraron detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero de 2018 en dosmanzanas nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. El debate se ha mantenido candente desde entonces en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) retiraba su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul ha sido la supuesta introducción de una (inexistente) «ideología de género» en la sociedad búlgara.

¿Referéndum sobre el matrimonio igualitario en este país?

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre «entre un hombre y una mujer», por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Pero a raíz del amplio debate que generó la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria y la cuestión de los derechos del colectivo LGTB, el nacionalista y ultraconservador ministro de Defensa, Krasimir Karakachanov, anunciaba en febrero  del año pasado su solicitud al resto del gobierno de convocar un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Para Lily Babulkova, «desafortunadamente, está bastante claro lo que puede mostrar un referéndum, por eso es una manera fácil de tratar de intimidar a los activistas LGTB en Bulgaria. No puedo estar segura, pero realmente creo que no hay posibilidades realistas de que se celebre un referéndum sobre ese tema en un futuro cercano».

«La elite política búlgara ha actuado como si las personas LGTBI no existieran, con la excepción de los populistas de extrema derecha que tienden a ganar puntos con sus votantes al atacar públicamente a las personas LGTBI. En los últimos meses, el Partido Socialista Búlgaro se unió a los nacionalistas en esto. Realmente no veo ningún partido político búlgaro dispuesto a expresar una actitud positiva ante el problema y mucho menos mostrar cualquier voluntad política de acción. Por lo que respecta a los políticos, no tengo mucha esperanza», apostilla Babulkova.

Fuente Dosmanzanas

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La australiana-chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo acaban de abrir un importante camino en la conquista de derechos LGTB en Bulgaria. El Tribunal Administrativo de Sofía les ha reconocido como matrimonio, siendo la primera pareja del mismo sexo residente en este país balcánico que lo consigue. Su caso se ampara en la prominente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de junio, por la que los cónyuges de parejas del mismo sexo pueden establecerse legalmente en cualquier país o territorio comunitario. El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía, explica que «esta es la naturaleza de la normativa europea: que no haya desigualdad en el territorio de la UE a la hora de conseguir el permiso de residencia», aunque se trate de un país en el que no se contemplen los matrimonios igualitarios en su legislación nacional. Dosmanzanas ha podido hablar con Cristina Palma, una de las cónyuges pioneras, que califica como «un momento histórico» el espaldarazo legal recibido y que, en sus propias palabras, «también es muy importante para el avance de la comunidad LGTB en Bulgaria».

A principios de junio recogíamos la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio».

A raíz de la citada sentencia europea, Cristina Palma y Mariama Diallo han conseguido que su matrimonio sea el primero entre contrayentes del mismo sexo que reconoce la justicia de Bulgaria, aun sin que este país contemple la institución matrimonial civil igualitaria. Palma nació en Chile y residió durante más de 20 años en Australia, por lo que dispone de doble nacionalidad. Diallo, por su parte, es francesa. Contrajeron matrimonio en Francia y solicitaron la residencia en Bulgaria en 2016; un país al que se trasladaron por motivos de trabajo en un principio, pero que «nos enamoró», lo que les motivó a establecer allí su residencia.

Según ha explicado Palma a dosmanzanas en una conversación telefónica, «en 2017, cuando fui a renovar, se tomaron mucho tiempo en responder y en marzo de 2018 me dijeron que no me daban la residencia, porque en Bulgaria no se reconocía el matrimonio del mismo sexo. En ese momento decidimos llevar el Departamento de Inmigraciones al Tribunal Administrativo de Sofía». Y este, amparándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, se veía obligado a admitir legalmente su matrimonio y a concederle la residencia a Cristina Palma. «Además, hasta el 30 de junio Bulgaria ocupaba por primera vez la presidencia rotatoria de la Unión Europea y no podía desoír en esta posición un precepto emanado de la justicia de la propia Unión Europea», alega Palma.

Con todo, el Departamento de Inmigraciones de Bulgaria podría apelar el fallo del Tribunal Administrativo de Sofía, aunque teniendo en cuenta la jurisprudencia europea lo máximo que podría conseguir es alargar los plazos y dificultarle a la pareja los trámites de reconocimiento mientras pudiera extenderse el proceso de resolución la nueva y eventual sentencia (si bien es muy improvable que se cambie el sentido de la actual).

El activista LGTB Marco Vidal, establecido en Sofía, considera que «precisamente para cosas como esta es importante el acceso al matrimonio por parejas del mismo sexo: una pareja formada por una persona de la UE y otra que no es en muchos países no podrá conseguir el permiso de residencia, a pesar de estar casada, mientras en otros sí podrá conseguirlo fácilmente». Para el eslavista español «esta es la naturaleza de esta normativa europea: que no haya desigualdad en el territorio de la UE a la hora de conseguir el permiso de residencia».

Felices e integradas en su entorno rural de Bulgaria

Cristina Palma y Mariama Diallo viven en Palamartsa, una pequeña población al norte de Bulgaria (relativamente próxima a la frontera con Rumanía). El municipio cuenta con apenas 450 habitantes y Palma reconoce que es algo «peculiar» en comparación con otras zonas rurales del país, en parte porque buena parte de la población es de origen extranjero (aproximadamente, unas 150 personas). En sendas noticias, dosmanzanas se ha hecho eco, en boca de expertos y activistas como Marco Vidal o Miguel Rodríguez, de la LGTBfobia social, cultural y política de los Balcanes. Rodríguez argumentaba que «las sociedades balcánicas son eminemente rurales y la vida en el pueblo o en las pequeñas ciudades para las personas LGTB es opresiva».

Sin embargo, quizá por el carácter extraordinario y diferencial de Palamartsa o porque algo está empezando a cambiar, Palma y Diallo afirman que «nunca hemos sentido discriminación aquí». Paradójicamente, desde el punto de vista de la convivencia social, señalan haber tenido más problemas en otros países como Francia que en Bulgaria, aunque reconocen que «puede que las parejas de hombres lo tengan más difícil».

En todo caso, como ejemplo de respeto, aplauden la actitud del alcalde de Palamartsa, Georgi Georgiev, que ha sido uno de los primeros regidores del país en apoyar públicamente en los medios de comunicación locales y nacionales a una pareja del mismo sexo.

El Movilh festejó la medida y felicitó a la pareja considerándolo un “hecho histórico para las parejas LGBTI de ese país y una alegre noticia para nosotras y nosotros”, sostuvo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Para la vocera del Movilh. Daniela Andrade, “es gran motivo de Orgullo que sea una chilena quien esté haciendo historia para los derechos LGBTI en Bulgaria y en el mundo. A ella, y a Mariamma, les deseamos toda la felicidad. Han abierto puertas para un mundo mejor y han dado una señal de esperanza para los chilenos y chilenas”.

Añadió que “el Estado de Chile sigue estando en deuda con las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, a las cuales considera de segunda categoría y les niega derechos por su orientación sexual. Este abuso y desigualdad es cada vez más dañino y requiere llegar a su fin.- Reafirmamos nuestra lucha por el matrimonio igualitario, y exigimos al Estado cumplir el compromiso que firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de DDHH a favor de la plena de igualdad para las familias homoparentales y para las parejas del mismo sexo”.

El precedente de Adrian Coman y Robert Hamilton

Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal coincidía con su criterio. Oor fin, en junio pasado conocíamos la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que afirmaba que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado

El caso de Lily Babulkova y su esposa Dary

El pasado mes de enero publicábamos que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen, solo unas semanas después, no admitía su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia.

Dosmanzanas también ha contactado con Babulkova para preguntar por su situación, en comparación con el éxito que ha obtenido la pareja formada por Cristina Palma y Mariama Diallo. «Actualmente, tenemos nuestro caso pendiente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Después de que el Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía confirmara el rechazo del municipio para registrar nuestro matrimonio, apelamos y nuestro caso está programado para audiencia el 30 de septiembre de 2019. Después del caso Coman y este reciente juicio en Bulgaria, podríamos solicitar que el caso sea escuchado antes, pero no sabemos si esto será permitido por el tribunal», narra Babulkova.

Esta mujer luchadora y activista agrega que «en sus aspectos prácticos, nuestro caso es bastante diferente al de Cristina y Mariama, ya que su caso se refiere a la cuestión de la residencia, un problema que no tenemos, ya que ambas somos ciudadanas de la UE. Lo que importa es que, hasta donde yo sé, este es el primer caso en Bulgaria en el que se reconoce cualquier derecho relacionado con el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Por lo menos, lo veo como una señal de que los derechos de las familias del mismo sexo entran en la agenda legal búlgara, que es un buen punto de partida para nuestra lucha».

El Convenio de Estambul desataba una ola de LGTBfobia en Bulgaria

En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres salieron a las calles en marzo para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres» (popularmente conocido como «Convenio de Estambul») y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se mostraron detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. El debate se ha mantenido candente desde entonces en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) retiraba su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul ha sido la supuesta introducción de la «ideología de género» en la sociedad búlgara.

¿Referéndum sobre el matrimonio igualitario en este país?

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre «entre un hombre y una mujer», por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Pero a raíz del amplio debate que generó la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria y la cuestión de los derechos del colectivo LGTB, el nacionalista y ultraconservador ministro de Defensa, Krasimir Karakachanov, anunciaba en febrero su solicitud al resto del gobierno de convocar un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Para Lily Babulkova, «desafortunadamente, está bastante claro lo que puede mostrar un referéndum, por eso es una manera fácil de tratar de intimidar a los activistas LGTB en Bulgaria. No puedo estar segura, pero realmente creo que no hay posibilidades realistas de que se celebre un referéndum sobre ese tema en un futuro cercano».

«La elite política búlgara ha actuado como si las personas LGTBI no existieran, con la excepción de los populistas de extrema derecha que tienden a ganar puntos con sus votantes al atacar públicamente a las personas LGTBI. En los últimos meses, el Partido Socialista Búlgaro se unió a los nacionalistas en esto. Realmente no veo ningún partido político búlgaro dispuesto a expresar una actitud positiva ante el problema y mucho menos mostrar cualquier voluntad política de acción. Por lo que respecta a los políticos, no tengo mucha esperanza», apostilla Babulkova.

General, Historia LGTBI Adrian Coman, Balcanes, BSP, Bulgaria, Convenio de Estambul, Cristina Palma, Daniela Andrade, Denitsa Lyubenova, Deystvie LGBT, Emil Radev, Georgi Georgiev, GERB, Homofobia, Kornelia Ninova, LGTBfobia, Lily Babulkova, Marco Vidal, Mariama Diallo, Matrimonio, Melchior Wathelet, Miguel Rodríguez, MOVILH, Palamartsa, Reino Unido, Robert Hamilton, Rumen Radev, Sofía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Unión Europea, Violencia de género, Youth LGBT Action

A principios de año recogíamos la ola de discursos políticos LGTBfóbicos que se desataba en Bulgaria a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul. El debate se fue ensuciando y se vio salpicado por protestas y manifestaciones basadas en el desconocimiento, los prejuicios y la intolerancia, hasta el punto de que el gobierno retiró en vísperas del 8 de marzo su proyecto para llevar al parlamento dicha ratificación. En este sentido, los sectores más retrógrados de Croacia están siguiendo los pasos de sus colegas búlgaros y azuzan el miedo a que se introduzca “propaganda ideológica izquierdista en nuestras escuelas”, basada en la “ideología de género”. Los vociferantes manifestantes de Zagreb (capital de Croacia) han exigido que el país no ratifique el “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”) e incluso han reclamado la dimisión del conservador primer ministro, Andrej Plenković, que puede acabar retirando su propuesta, como hizo el gobierno búlgaro.

Los sectores más retrógrados de Croacia, espoleados por la jerarquía católica y otras confesiones, así como por algunos destacados líderes derechistas y nacionalistas, salían a las calles de Zagreb el pasado fin de semana para exigir que el país no ratifique el Convenio de Estambul. Sus motivos contra el citado convenio son de carácter LGTBfóbico: se niegan a cualquier reconocimiento del matrimonio igualitario y de los derechos de las personas trans, aún a costa de renunciar a instrumentos internacionales para la defensa de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Además de exhibir cientos de carteles y pancartas con las iniciales en croata del Convenio de Estambul tachadas (IK), los asistentes corearon gritos exigiendo la dimisión del conservador primer ministro, Andrej Plenković.

Aunque al determinar la cifra de manifestantes siempre conviene hacerlo con cautela y citando las fuentes, sigue habiendo polémica en Croacia ante la abismal diferencia planteada por las distintas partes: entre 5.000 personas (según los primeros datos de la policía) y 70.000 (según los organizadores). U ime obitelji (el movimiento “En nombre de la familia”, que fue uno de los impulsores del referéndum croata contra el matrimonio igualitario en 2013) acusa al Ministerio del Interior de “manipular” las cifras y alega que esta es una práctica “muy peligrosa para la democracia”, a través de una carta de Ivan Munjin publicada este lunes, en calidad de miembro de su junta directiva.

En un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Archidiócesis de Zagreb se recoge que la Conferencia Episcopal de Croacia ha declarado en repetidas ocasiones su posición contraria sobre el Convenio de Estambul. La jerarquía católica croata aduce que la ratificación del citado convenio en el sistema jurídico conllevaría la adopción de “ideología de género no científica y extremadamente perjudicial” a la que, como dicen literalmente, “Francisco llama colonización ideológica”. Además, agregan que “los creyentes están llamados a testificar públicamente sobre su identidad cristiana, especialmente cuando se trata de cuestiones morales fundamentales relacionadas con el individuo, la familia y la sociedad en su conjunto”.

Lo que está sucediendo en Croacia tiene muchas similitudes con el rechazo que despertó en Bulgaria la ratificación del Convenio de Estambul en parte de la sociedad y de la clase política. Pero en Croacia la respuesta en las calles ha estado más organizada y ha contado con más respaldo ciudadano. En el otro extremo, también han sido muy visibles y mediáticas las protestas feministas exigiendo que sí se ratifique el documento.

“Una deriva retrógrada que se vuelve en contra de la Unión Europea”

Preguntado por dosmanzanas, Miguel Rodríguez, escritor y polítologo español residente en Serbia, así como autor de Homofobia en los Balcanes, explica que “la sociedad croata está muy polarizada entre el frente liberal y de izquierdas y el frente conservador y nacionalista. La entrada en la Unión Europea en 2013 no ha ido acompañada de avances en cuanto a conquistas sociales. De hecho, diría que la condición de miembro europeo ha espoleado a los sectores tradicionalistas que se sienten actualmente protegidos por el gobierno actual de derechas, pero paradójicamente pro europeo”.

Este movimiento, en su opinión, “se engarza con las tendencias de la derecha etnonacionalista en los Balcanes y en toda Europa oriental. La UE no ha mostrado firmeza durante los últimos años en cuanto a la defensa de la sociedad civil y los valores europeos, especialmente en el sudeste europeo, consintiendo una deriva retrógrada que ahora se vuelve en su contra. El problema fundamental, además, es que esta militancia en Croacia está más cohesionada, organizada y sus valores más definidos que la izquierda, letárgica incluso en los centros urbanos. Así se demostró durante la celebración del referéndum contra el matrimonio igualitario en 2013”.

Un instrumento para la protección de las mujeres

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.

La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (solo 18 de ellos lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El pasado 18 de enero, Armenia era uno de los últimos países en rubricarlo (y no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Fuente Dosmanzanas

Imágenes Getty

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Todavía resuenan los ecos de las gigantescas movilizaciones feministas en España y en cientos de países de todo el mundo. En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres también salieron a las calles para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”) y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se muestran detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero en dosmanzanas nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. Y hasta estos días se ha mantenido el debate candente en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) ha retirado su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul es la supuesta introducción de la “ideología de género” en la sociedad búlgara.

El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía (la capital búlgara), explica en declaraciones a dosmanzanas que “la presión que han ejercido a partes iguales la Iglesia Ortodoxa, los grupúsculos ultranacionalistas y el retrógrado Partido Socialista Búlgaro ha provocado que el gobierno conservador de Borisov haya decidido echar para atrás la ratificación del Convenio de Estambul”.

Este eslavista español  explica que la clave del revuelo ha sido “el concepto de género social, al hablar de los roles de géneros como construcciones sociales, de defender a las minorías sexuales, incluida las trans, y también por defender la educación escolar en la diversidad sexual y de género. Todo esto, alimentado por la transfobia propia que caracteriza a los defensores del modelo tradicional y patriarcal de la familia, así a los detractores de la supuesta ‘ideología de género’”.

Previamente a la retirada de la ratificación, el pequeño partido nacionalista VMRO del ministro de Defensa Krasimir Karakachanov, un socio menor de la coalición con el GERB, aseveraba (aunque sin ningún tipo de veracidad) que el Convenio de Estambul es una forma de “introducir programas escolares para estudiar la homosexualidad y el travestismo y crear oportunidades para sacar adelante los matrimonios entre personas del mismo sexo”.

Para Marco Vidal “es cuanto menos llamativo que todos los que critican cualquier avance en materia de derechos sociales y civiles respecto al colectivo LGTB utilicen esa misma nomenclatura, la de ‘ideología de género, cuando precisamente lo que se critican son los géneros impuestos socialmente, sus roles y sus consecuencias. En Bulgaria, por desgracia, no es la izquierda parlamentaria la que aborda este tema ni se posiciona a favor del colectivo, sino que han decidido darle la mano a la Iglesia y aumentar y alimentar el monstruo de la transfobia”.

Un instrumento para la protección de las mujeres

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.

La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (solo 18 de ellos lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El pasado 18 de enero, Armenia era uno de los últimos países en rubricarlo (y no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Según se desprende del Eurobarómetro de noviembre de 2017, Bulgaria es, con un 81%, el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de ciudadanos que consideran que el rol más importante de las mujeres es cuidar de la casa y de la familia. Una cifra que contrasta con el 11% de Suecia, el 14% de Dinamarca, el 15% de los Países Bajos, el 27% de Francia, el 28% de Alemania o el 29% de España. Maya Manolova, Defensora del Pueblo búlgara, añade otro dato relevante para ponerse en contexto: “una de cada cuatro mujeres en Bulgaria ha sido víctima de violencia doméstica y así este fenómeno afecta a casi 1 millón de búlgaras”.

El propio Consejo de Europa manda un mensaje a Bulgaria

La ingente desinformación con la que distintos estamentos de poder (incluyendo políticos, religiosos y culturales) han sometido a la sociedad búlgara obligaron al Consejo de Europa a emitir un comunicado de prensa el 7 de marzo, en el que se criticaba que “en algunos países se están difundiendo ideas erróneas sobre el propósito” del Convenio de Estambul.

El Consejo de Europa alega que “con demasiada frecuencia” los roles asociados a mujeres y hombres “están definidos por estereotipos desactualizados y pueden hacer que la violencia contra las mujeres, la intimidación y el miedo sean más ‘aceptables’”. Asimismo, el Consejo explica que “algunos afirman que nuestra Convención promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no hace referencia al reconocimiento legal de dicho matrimonio. Ciertamente, el Consejo de Europa apoya los derechos LGTBI y la Convención se opone a cualquier forma de discriminación. Pero el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo está fuera del alcance de la Convención de Estambul”.

Fuente Dosmanzanas

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Los políticos búlgaros están desplegando en los últimos días un abanico de declaraciones LGTBfóbicas en el marco del debate sobre la ratificación del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”). En el Gobierno, el derechista GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo), es partidario de la firma, dejando claro que “no deberíamos asustar a los ciudadanos búlgaros”, ya que “no abre la puerta a ninguna ideología de género”. El BSP o Partido Socialista Búlgaro (miembro del Partido Socialista Europeo), principal partido de la oposición, justifica su rechazo a la violencia contra las mujeres, pero no apoya el convenio porque, según alega, fomenta la “ideología de género” y “la introducción de esta nueva ideología nos obligará a cambiar nuestra legislación”. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa Búlgara (institución representativa de la religión mayoritaria del país) asegura que la libre autodeterminación de género “deja abiertas, de par en par, las puertas de la desintegración moral que conducirá a nuestra autodestrucción psíquica y física”.

Bulgaria no ratificará por el momento el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres o Convenio de Estambul (aunque sí lo firmó el 21 de abril de 2016). Incluso el presidente de la república, Rumen Radev, ha dejado claro que, en su opinión, “no es el momento de ratificar el Convenio de Estambul”. Radev hacía estas declaraciones en la rueda de prensa, ofrecida el pasado lunes, con motivo de su primer año de mandato (recordemos que, aunque se presentó como independiente, contó con el respaldo de los socialistas y alcanzó la presidencia en la segunda vuelta).

El presidente, que tiene capacidad de veto si una ley o norma no cuenta con mayoría absoluta, considera que “un documento no debe ser firmado sin ser debatido en Bulgaria y sin saber lo que realmente se deriva de él”. Para el jefe del Estado, “detrás de la noble iniciativa de reducir la violencia contra mujeres y niños, otra ideología ha salido a la luz” y, en consecuencia, añade, “la convención disocia al público”. Esa “otra” ideología a la que se refiere Radev hace referencia a los derechos de las personas trans y a la no discriminación por orientación sexual.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.

La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (18 de ellos lo han firmado y otros 28, además, lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El último en rubricarlo, el pasado 18 de enero, ha sido Armenia (que no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Llamada LGTBfóbica de Iglesia Ortodoxa Búlgara

El Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara ha sido una de las primeras voces de este país balcánico en alertar del “peligro” de la ratificación del Convenio de Estambul. A su juicio, conduce a la “muerte espiritual de la humanidad”. La Iglesia Ortodoxa argumenta, en este sentido, que la posibilidad de reconocer la libre autodeterminación de género “deja abiertas, de par en par, las puertas de la desintegración moral que conducirá a nuestra autodestrucción psíquica y física”.

El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía (la capital búlgara), explica en declaraciones a dosmanzanas que “la presión de la Iglesia Ortodoxa, que tiene enorme influencia sobre la población de más edad del país, así como el bombo y la desinformación que se ha generado por la simple inclusión de las expresiones ‘tercer género’ y ‘género social’ ha provocado que un debate que debería ser sobre la situación de la mujer en Bulgaria, y cómo luchar, en definitiva, contra la violencia machista, se convierta en un debate sobre cuestiones de género. Un debate que realmente nadie esperaba y que ha cogido a todo el mundo por sorpresa, colectivos LGTB incluidos”.

Este eslavista español aclara que “hubo mucho revuelo por el concepto de ‘género social’ (‘социален пол’) y se propuso que se volviera a traducir al búlgaro el texto del convenio. En búlgaro ‘пол’ significa ‘género’ y ‘sexo’ y no existe el concepto de ‘género social’ y precisamente por este motivo fue por lo que se propuso, incluso, que se rehiciera la traducción”.

Vidal agrega que “la Iglesia Ortodoxa consideró desde un principio, usando su típico lenguaje apocalíptico, que aceptar y ratificar este convenio denigrará a la sociedad y la moral búlgaras; por otra parte, los neonazis y grupúsculos de patriotas varios también se han posicionado e incluso han convocado manifestaciones por el país negándose a una futura educación ‘de género’ en las escuelas”.

Al rechazo del Convenio de Estambul de la Iglesia Ortodoxa, en el ámbito confesional, se suman el de las iglesias evangélicas y la Oficina del Gran Muftí de Bulgaria, que lo califica de “amenaza para la identidad de los musulmanes búlgaros”. En su opinión, “este acuerdo internacional perjudica la estabilidad de la familia”, además de introducir “conceptos como ‘género’, ‘tercer sexo’ o ‘tercer género’ y ‘sociedad gay’, que son trampas peligrosas que presagian un gran drama para Bulgaria que vive una grave crisis demográfica”.

El Gobierno de derechas y los socialistas, unidos contra la “ideología de género”

Grupúsculo homófobo cuya pancarta dice: “Bulgaria es cristiana, no maricona”

Según se desprende del Eurobarómetro de noviembre de 2017, Bulgaria es, con un 81%, el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de ciudadanos que consideran que el rol más importante de las mujeres es cuidar de la casa y de la familia. Una cifra que contrasta con el 11% de Suecia, el 14% de Dinamarca, el 15% de los Países Bajos, el 27% de Francia, el 28% de Alemania o el 29% de España. Maya Manolova, Defensora del Pueblo búlgara, añade otro dato relevante para ponerse en contexto: “una de cada cuatro mujeres en Bulgaria ha sido víctima de violencia doméstica y así este fenómeno afecta a casi 1 millón de búlgaras”.

La ministra de Justicia de Bulgaria, Tsetska Tsacheva, añade que “el Convenio de Estambul es el primer documento que sienta un marco jurídico integral con vistas a la defensa de las mujeres y chicas contra cualesquiera formas de violencia, incluida la doméstica”, pero niega que “tras el noble motivo de la igualdad entre el hombre y la mujer se escondan otros pensamientos”.

Y es que el gobernante partido de derechas GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) ha impulsado la ratificación del Convenio de Estambul por parte de este país balcánico, aunque aclara que “no deberíamos asustar a los ciudadanos búlgaros”, ya que “no abre la puerta a ninguna ideología de género”. El eurodiputado de esta formación Emil Radev defiende que “no hay motivo para preocuparse por la ratificación”, en tanto que “el derecho de familia, el matrimonio, la cohabitación, etc. se encuentran en el campo de la subsidiariedad”.

Emil Radev, en calidad de abogado, ha sido uno de los líderes en tratar de calmar a la derecha búlgara al aseverar que “no podemos tener ningún ‘tercer sexo’ o matrimonios del mismo sexo, ni ningún otro caso atípico para las relaciones de la comunidad con el Convenio de Estambul. No abre la puerta a ninguna ideología de género”. Pese a la discrepancia sobre el alcance del convenio, tanto el GERB como el BSP o Partido Socialista Búlgaro (miembro del Partido Socialista Europeo) dicen compartir la necesidad de luchar contra la violencia machista y ambos comparten, además, su tajante posición contraria a una supuesta “ideología de género”.

Kornelia Ninova, líder de los socialistas búlgaros, declara que “el convenio ha generado una enorme tensión en la sociedad búlgara, diferencias de opiniones, la opinión de la Iglesia y una enorme discusión. Esto es división. En el convenio no hay un informe explicativo ni tampoco un informe del Consejo de Ministros que indique qué leyes nacionales hay que cambiar después de su ratificación. No está nada claro”. Para Ninova y el Partido Socialista, la única vía posible para la ratificación del Convenio de Estambul es mediante la celebración de un referéndum (que, más que presumiblemente, lo rechazaría con una amplia mayoría de los ciudadanos en contra).

El activista LGTB español Marco Vidal cree que “lo que provoca más shock y sorpresa es ver que, pese a la presión del Partido Socialista Europeo, el BSP se ha negado a firmar la ratificación de este convenio apoyándose en el argumento de que se está transmitiendo la ‘doctrina e ideología de género’ a los menores a través de la educación y consideran, falsamente, que se está usando el drama de la violencia machista para adoctrinar en esta supuesta ‘ideología’”.

Para Vidal, “el Partido Socialista Búlgaro ha demostrado estar más cerca de posiciones de la derecha conservadora y de la Iglesia que los propios conservadores. Estos últimos no son, en ningún caso, grandes defensores de los derechos civiles y de las minorías sexuales, pero su política neoliberal y pro europeísta les conduce a votar cualquier cosa, estén o no de acuerdo, por tal de acercar su entrada al euro”.

La puerta al matrimonio igualitario está cerrada en Bulgaria

Hace solo unas semanas, dosmanzanas recogía la noticia de que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen no ha admitido su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia, como adelantamos a través de Twitter:

La justicia búlgara, finalmente, se pronuncia en contra del matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary, por el momento, no verán reconocido su enlace (contraído en el Reino Unido en 2017). https://t.co/suPtc72TcL

— dosmanzanas.com (@dosmanzanas) 12 de enero de 2018

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre “entre un hombre y una mujer”, por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Tampoco las personas trans lo tienen fácil: hasta 1999 no hubo ninguna referencia legislativa que permitiera el cambio de identidad de género en el país y, todavía a día de hoy, a las personas trans que no se someten a una cirugía se les impide modificar la identidad en cualquier documento oficial, con el consiguiente estigma y discriminación al que se las somete.

Sí que hay que indicar que, muy lentamente, se van logrando pequeñas conquistas LGTB en Bulgaria. Según señala el último informe de ILGA-Europa sobre Bulgaria, “en 2016, tres personas trans recibieron reconocimiento legal de su identidad género por los tribunales sin tener que someterse a esterilización”.

Fuente Dosmanzanas

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Este 1 de enero Bulgaria asumía, por vez primera, la presidencia de la Unión Europea. Tiene el triste honor de ser el país comunitario con mayores tasas de pobreza y a la vez de corrupción. Y al tiempo que la delegación búlgara empieza a calentar los sillones europeos, quizá con el objetivo de mejorar la vergonzante imagen de la clase política del país en el plano internacional, conocemos la noticia de Lily Babulkova y su esposa Dary. Se trata de una valiente pareja de mujeres que ha iniciado la batalla en los tribunales de Bulgaria por el reconocimiento del matrimonio igualitario. Ambas se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen no admite su unión matrimonial. El activista LGTB español Marco Vidal, que actualmente reside en Sofía (capital de Bulgaria), considera que “independientemente de que la demanda sea o no aceptada, aunque tenemos el precedente de Italia que debería ayudarnos a ser más positivos, creo que esto marcará un antes y un después en la visibilización del colectivo”.

Lily Babulkova ha explicado que “no queremos provocar a nadie, ni nos gusta, solo queremos tener nuestro derecho a que no se esconda bajo la alfombra” su caso, que a su vez abre un precedente para el resto de parejas del mismo sexo en Bulgaria. Por su parte, Denitsa Lyubenova, abogada de la pareja y miembro de la organización igualitaria búlgara Youth LGBT Action, espera persuadir al tribunal al referirse al Código de Derecho Internacional Privado, que rige el matrimonio entre ciudadanos búlgaros en un país extranjero.

La abogada y activista Denitsa Lyubenova, en declaraciones a la publicación búlgara huge.bg, ha dicho que “si se cumplen estos requisitos y se establece tal jurisdicción, el matrimonio en cuestión debe ser reconocido en Bulgaria”. Bajo la ley de la UE, Lyubenova espera que la pareja pueda reconocer su matrimonio sobre la base de que la legislación establece que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual. “En ningún caso los Estados miembros pueden restringir los derechos de sus ciudadanos, a pesar de las limitaciones en la legislación nacional relativas al derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo”, añade Lyubenova.

Lily Babulkova y Dary, conscientes de ser las primeras personas en batallar ante los tribunales búlgaros por el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo, argumentan que quieren ser mamás y, por lo tanto, “queremos tener un documento que actúe como una póliza de seguro en caso de que algo malo le suceda a una de nosotras. Muchas personas no se dan cuenta de que este acuerdo legal protege a los niños si ocurre una situación desagradable con uno de los padres: en caso de problemas legales, pierden al otro padre”; madre, en esta ocasión.

La pareja, además, clarifica que han denunciado su caso ante la justicia “con la clara conciencia de que el matrimonio será admitido a largo plazo, ya que no puede reconocerse automáticamente en nuestro país. Pero al menos tenemos un camino por recorrer. Hemos decidido que vamos a estar más en una brecha legal si no lo registramos en Bulgaria que si lo registramos”.

El activista LGTB español Marco Vidal, que actualmente reside en Sofía por motivos profesionales (en calidad de eslavista), comenta a dosmanzanas que en el acto de inauguración de la pasada edición del Sofia LGBTI Community Fest “tuve la oportunidad de escuchar un emocionante discurso de la abogada que defiende el caso de estas dos mujeres búlgaras que quieren que se les reconozca su matrimonio contraído en el Reino Unido. La demanda contra la administración búlgara acababa de ser interpuesta, y la abogada nos comentaba su alegría y su ilusión por lo que puede provocar este caso”.

Vidal considera que “independientemente de que sea o no aceptada, aunque tenemos el precedente de Italia que debería ayudarnos a ser más positivos, creo que esto marcará un antes y un después en la visibilización del colectivo. Ya se empieza a hablar en las noticias con más frecuencia de la comunidad LGTB, hay debates televisivos en los que participan los principales activistas de Sofía, e incluso se hacen reportajes sobre la intersexualidad”.

Por ello, “sin duda alguna, esto nos va a servir de precedente y va a empoderar al colectivo LGTBI. Esperemos que la denuncia sea favorable a Lily y Dary y que esto haga que otras muchas parejas reconozcan su matrimonio aquí. Sería el primer paso para exigir un cambio en la Constitución”.

Matrimonio igualitario y activismo LGTB en Bulgaria

La iniciativa judicial de Lily y Dary abre un camino muy importante para el activismo en Bulgaria. En este sentido, Lily sostiene que “a lo largo de los años, he visto una evolución en la actitud de una parte de los medios y la gran ventaja para nosotras es que cada vez más personas quieren escucharnos, no poner palabras en nuestra boca”. Asimismo, asegura que “es un proceso gradual y uno de los pasos es que las familias como la nuestra dejen de estar fuera de la ley”, puesto que “nuestra victoria no sería una pérdida para nadie”.

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre “entre un hombre y una mujer”, por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Tampoco las personas trans lo tienen fácil: hasta 1999 no hubo ninguna referencia legislativa que permitiera el cambio de identidad de género en el país y, todavía a día de hoy, a las personas trans que no se someten a una cirugía se les impide modificar la identidad en cualquier documento oficial, con el consiguiente estigma y discriminación al que se las somete.

Sí que hay que indicar que, muy lentamente, se van logrando pequeñas conquistas LGTB en Bulgaria. Según señala el último informe de ILGA-Europa sobre Bulgaria, “en 2016, tres personas trans recibieron reconocimiento legal de su identidad género por los tribunales sin tener que someterse a esterilización”.

Del mismo modo, también en clave positiva, las asociaciones LGTB Bilitis Resource Centre y Deystvie LGBT ayudaron a un hombre gay de Irán con su solicitud de asilo en Bulgaria en 2016. Su solicitud de protección internacional basada en la orientación sexual fue presentada ante la Agencia Nacional de Refugiados en julio de ese año y recibió una respuesta positiva en octubre.

Un país atenazado por el conservadurismo heteronormativo

Miguel Rodríguez, autor de Homofobia en los Balcanes (al que entrevistamos en 2015 con motivo de la publicación del libro), reflexiona que “la sociedad búlgara, como el resto de sociedades balcánicas, es eminentemente conservadora en lo que se refiere al reconocimiento de la comunidad LGTB. El delito de odio contra sus miembros no está regulado, y la Iglesia Ortodoxa sigue siendo una gran opositora, cuya influencia se hace notar especialmente fuera de Sofia”.

En declaraciones a dosmanzanas, Rodríguez agrega que “hay dos procesos que han ido de la mano: cada vez más misiones diplomáticas muestran su apoyo públicamente, se involucran en favor del colectivo y la sociedad civil, en este sentido, se siente más protegida y llama a puertas que antes parecían inalcanzables e inaccesibles. Aunque sea una iniciativa particular y tenga al orden legal en contra, qué mejor momento que este, con Bulgaria en la presidencia de la Unión Europea, para desmontar la discriminación oficializada”.

Marco Vidal, el activista citado en párrafos anteriores, comparte con Miguel Rodríguez que “Bulgaria, como todos los países balcánicos, está compuesto por una sociedad conservadora y, por tanto, por partidos políticos conservadores”. En relación a los derechos de las personas LGTB, Vidal analiza que “a diferencia de otros países europeos donde son los partidos socialdemócratas los que elevan propuestas de derechos civiles como el matrimonio igualitario, en Bulgaria no solo no hay ningún partido mayoritario, ni el conservador adherido al Partido Popular Europeo, ni el socialdemócrata, adherido a la Internacional Socialista, que apoye y defienda los derechos del colectivo”.

Además, durante la celebración del último Orgullo LGTB de Sofía, “fue la mujer del presidente del país, del Partido Socialista Búlgaro, la que lanzaría peores palabras contra el colectivo, llegando a decir que esta era una lucha innecesaria mientras haya jubilados en situación de pobreza”.

Así pues, el activista y eslavista español finaliza diciendo que “este panorama político dominado por la derecha y la pseudoizquierda conservadoras no ofrece muchas esperanzas al colectivo LGTB búlgaro. Sin embargo, con la presidencia de Bulgaria en la Unión Europea, con precedentes similares en países como Italia y con la presión de instituciones extranjeras que sí defienden Sofia Pride, con el tiempo la comunidad LGTB logrará, cuanto menos, mayor comprensión y defensa, sobre todo entre los jóvenes del país”.

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Varios centenares de personas han participado en el quinto Orgullo LGTB de Montenegro. El activismo montenegrino ha exigido en las calles de Podgorica (capital de este pequeño país balcánico) el cese de la violencia motivada por el odio LGTBfóbico. Danijel Kalezić, presidente de Queer Montenegro (entidad organizadora del Orgullo), ha expresado que el colectivo exige castigos más estrictos por los ataques contra personas LGTB. “La violencia está completamente normalizada en Montenegro y nosotros, lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, mujeres o personas con discapacidades, estamos en peligro”, denuncia Kalezić. Cabe señalar que este año tampoco se ha registrado ningún incidente de relevancia durante la manifestación del Orgullo de Montenegro, como sí ocuerriera en pasadas ediciones.

Aunque en el año 2010, a instancias de la Unión Europea (como país candidato a la adhesión), el parlamento de Montenegro aprobó una normativa que prohibe la discriminación por la orientación sexual o por la identidad de género, el activismo de este país denuncia que es insufienciente, ya que no cesa la violencia basada en el odio LGTBfóbico. “Para cambiar esto, lo más importante es que todos trabajemos juntos para transformar a los individuos y a la sociedad en la vida cotidiana”, alega el activista Danijel Kalezić.

“Más del 67% de la población montenegrina considera que la homosexualidad es una enfermedad que pone en peligro a la sociedad, y apoya que Estado e Iglesia intervengan contra ella”, ha expresado Miguel Rodríguez en declaraciones a dosmanzanas. Este experto en los Balcanes y en la situación de la comunidad LGTB en sus distintos territorios ha añadido que “si se puede sacar alguna conclusión positiva, es que año a año, pese a las fuertes medidas de seguridad, el número de participantes aumenta, sobre todo de población más joven, y las demandas ya no solo parecen centrarse, principalmente, en reivindicar el Orgullo, sino que, con más determinación, se lucha contra la violencia y por el cumplimiento de las leyes”.

A diferencia del apoyo expreso que el Orgullo de la vecina Serbia recibía este año con la participación de la primera ministra Ana Brnabić, abiertamente lesbiana, el Gobierno de Montenegro prefiere no comprometerse en exceso con los derechos y la visibilidad del colectivo LGTB. Y eso que Queer Montenegro ha instado en distintas ocasiones “a los partidos políticos, las instituciones, el Gobierno y la oposición” a apoyar sus reivindicaciones y el desarrollo de políticas igualitarias, que no acaban de materializarse.

En este sentido, Miguel Rodríguez considera que las ONG locales “recibieron con frialdad” el nombramiento de Ana Brnabić como primera ministra. “Aunque su nombramiento sea una excelente noticia, como también lo sea su apoyo al LGTB, el punto de inflexión llegó cuando los Estados de la región se impusieron a los hooligans. El riesgo ahora es pensar que las sociedades locales han dejado de ser homófobas de un día para otro”, dice el autor de Homofobia en los Balcanes.

Rodríguez, por cierto, se prepara para impartir, junto con la profesora Ruth Ferrero-Turrión, el curso online “Nuevos escenarios en los Balcanes” en la Universidad Complutense de Madrid, que tendrá lugar entre el 9 de octubre y el 15 de diciembre de este año. “El curso quiere poner en valor a los movimientos sociales y el LGTB tendrá sin ningún género de dudas especial importancia por su trayectoria y protagonismo”, adelanta este experto.

“No se trata de analizar exclusivamente al movimiento LGTB, sino que la militancia LGTB nos ayudan a entender muchos procesos sociales de la era pos-yugoslava” tales como “la identidad como ideología, el papel de las autoridades religiosas, la crisis de valores, la intervención exterior, la integración europea…”, concluye Miguel Rodríguez.

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Por fortuna solo hubo dos heridos, pero la noche podría haber acabado en tragedia. El Super Super, un local en el que decenas de personas disfrutaban en la madrugada del sábado al domingo de una noche temática LGTB, fue atacado con gases lacrimógenos. Alrededor de mil personas se manifestaron el lunes por las calles de Zagreb para condenar el ataque, que ocurre en un momento en el que, según denuncia la organización Zagreb Pride, el discurso homófobo conoce de nuevo una escalada en el país balcánico.

El ataque ocurrió sobre las tres y media la madrugada, cuando el local estaba lleno. En el momento en el que el gas lacrimógeno se liberó la gente intentó escapar como pudo hacia la salida, formándose una estampida en la que según los testigos resultó milagroso que nadie muriese aplastado. “Escuchaba disparos”, explica una de las personas atrapadas, que llegó a pensar que se trataba de una matanza similar a la de Orlando. “Luego comprendí que era la gente rompiendo las ventanas para que entrase el aire”, añade. “Fue un intento de asesinato múltiple”, explica indignado otro cliente.

A las 3.30 de la madrugada del pasado domingo, unos desconocidos lanzaron gases lacrimógenos en el club Super Super de Zagreb provocando dos heridos. Además, un número de personas sin determinar han sufrido heridas de diversa consideración al intentar salir del local.

La asociación Zagreb Pride ha condenado el ataque y pide a la policía que “lleve a cabo una investigación inmediata y efectiva con el fin de identificar a los responsables de este ataque a los ciudadanos y tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar la paz, la seguridad y los derechos humanos de las personas LGTB en Zagreb y Croacia”.

El colectivo denuncia además el aumento de agresiones apoyado por el discurso cada vez más agresivo por parte de la derecha clerical ortodoxa y arremete contra la inactividad del gobierno en estos casos. Asimismo, solicitan a las autoridades una condena alta y clara de lo sucedido “demostrando que el odio y la violencia no son valores de nuestra sociedad” y “permitir que la lucha por los derechos humanos no sea silenciada por los gases lacrimógenos”.

El ataque al Super Super está siendo investigado ya por la Policía croata, pero nadie duda de su carácter homófobo. Ocurrió precisamente la noche en la que el local celebraba su fiesta LGTB. Así lo han denunciado los activistas LGTB croatas, que este lunes se manifestaban por las calles de Zagreb para expresar su indignación. “A lo largo de los últimos meses, nos hemos enfrentado a una escalada pública de odio, estimulada por un discurso cada vez más agresivo de los circulos clericales de extrema derecha, contrario a los valores constitucionales de Croacia pero que ha contado con la aprobación tácita del Gobierno de Croacia”.

El ataque ya ha sido condenado tanto por el Gobierno croata,  que ha expresado su oposición a “toda forma de violencia y discurso de odio” como por la oposición socialdemócrata, tradicional aliada de los derechos LGTB, que ha exigido al Gobierno que sea más activo a la hora de combatir el odio homófobo.

En Croacia la homosexualidad está despenalizada pero socialmente no está aceptada. Sirve como ejemplo el hecho de que en 2013 mediante referéndum, el 64.84% de los votantes (que no llegaron al 40% de la población) se mostraron a favor de que la Constitución estableciera que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. Sin embargo, unos meses más tarde, el gobierno autorizó las uniones entre personas del mismo sexo, eso sí, sin llamarlo matrimonio y sin adopción.

De los países balcánicos, Croacia es uno de los que más pasos ha dado en favor de los derechos LGTB, pero no sin traumas. En el año 2014 el Parlamento croata aprobaba una ley de uniones entre personas del mismo sexo después, eso sí, de que mediante la celebración de un referéndum se oficializase la discriminación de estas parejas en la Constitución en su acceso al matrimonio.

Un referéndum al que en su momento se opuso tanto el entonces presidente del país, Ivo Josipović, un importante aliado del colectivo LGTB, como el Gobierno croata, entonces en manos socialdemócratas. Pero no conviene olvidar que Croacia es un país en el que la Iglesia católica, que hizo campaña activa en favor de la discriminación, conserva todavía una importante influencia social. Los cambios políticos ocurridos en los últimos años, con la llegada de los conservadores tanto a la presidencia del país como al gobierno, han congelado sin embargo los avances, y si nos atenemos al citado comunicado de Zagreb Pride, han permitido un nuevo rebrote homófobo por parte de los grupos de extrema derecha.

Fuente: Total Croatia News,vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Celebrado el Orgullo de Montenegro con el apoyo de miembros del Gobierno

La cuarta edición del evento ha reclamado el matrimonio igualitario

Este 17 de diciembre se celebró el Orgullo de Montenegro, en el que docenas de personas, arropadas por un fuerte dispositivo policial, exhibieron pancartas que reclamaban la igualdad. A diferencia de otros años, en los que se tuvieron que lamentar incidentes violentos, en este Orgullo se unieron a la manifestación los ministros de Cultura y de Derechos Humanos. El Gobierno montenegrino, alentado por el deseo de integrarse en la Unión Europea, ha prometido avances en los derechos LGTB, como la regulación de las uniones civiles.

La asociación Queer Montenegro ha sido la principal organizadora de la cuarta edición del Montenegro Pride. Una edición que se ha celebrado sin disturbios y en la que la marcha principal del sábado 17 de diciembre reunió a cientos de personas por las calles de Podgorica reclamando una mayor cuota de derechos para el colectivo LGTB. Lxs montenegrinxs que participaron en la cuarta edición del Montenegro Pride salieron a las calles de Podgorica armados con un escudo indestructible: el que está construido a base de valentía.

Por las calles de Podgorica, la capital de Montenegro, desfilaron el pasado sábado 17 decenas de personas para celebrar el Orgullo LGTB. En previsión de posibles ataques de sectores LGTBfobos, la manifestación se acompañó de un fuerte dispositivo policial, compuesto por centenares de agentes. A la marcha se unieron representantes del Gobierno montenegrino, como el ministro de Cultura, Janko Ljumović, y el ministro de Derechos Humanos, Mehmet Zenka. También se recibió el apoyo del representante de la Unión Europea en Montenegro, Aivo Orav, o de la embajada británica.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “Born this way” o “Igualdad para todos”. Una de las reclamaciones de los convocantes, Queer Montenegro, era la legislación del matrimonio igualitario por parte del Gobierno —algo que necesitaría una reforma constitucional—, así como buscar el apoyo de las familias de las personas LGTB. En palabras de Danijel Kalezić, miembro del comité organizador, “con este Orgullo, buscamos el apoyo de aquellos que más nos importan, nuestros padres, madres, hermanos, hermanas y demás parientes. Su apoyo se echa en falta cuando descubren que eres gay”.

Efectivamente, la sociedad montenegrina es fuertemente LGTBfoba, como señalaba una encuesta en la que el 71 % de los participantes creía que la homosexualidad es una enfermedad, y el 58 % consideraba que es “muy peligrosa” para la sociedad.

Indudablemente, la promoción de iniciativas legislativas favorables a los derechos LGTB puede servir para combatir tantos prejuicios. Alentado por su deseo de integrarse en la Unión Europea, el Gobierno de Montenegro ha prometido algunos avances más de los ya realizados, entre ellos el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, con un proyecto de ley de uniones civiles.

Es de esperar que el desarrollo pacífico de este Orgullo de 2016 sea señal de una definitiva normalización. La celebración del primer Orgullo terminó como una película de Tarantino. Más de 500 manifestantes, en su mayor parte hooligangs de fútbol, lanzaron piedras y botellas contra los manifestantes y más de 60 personas resultaron detenidas. Desde entonces, cada Orgullo se ha celebrado bajo un ambiente enrarecido, con fuertes medidas policiales y con el activismo LGTB realizando un encomiable ejercicio de coraje, solidaridad y arrojo.

Lamentablemente, en el primer Orgullo de Podgorica, que se celebró en 2013, los manifestantes tuvieron que sufrir los ataques de los miembros de una contramanifestación LGTBfoba, que se enfrentaron directamente a las fuerzas del orden que protegían la marcha haciendo uso de piedras y artefactos incendiarios y cometiendo actos vandálicos en el centro de la ciudad. En 2014, finalmente pudo celebrarse sin incidentes, aunque tuvo que ser aplazado durante meses por motivos de seguridad y el dispositivo policial que se dispuso fue extraordinario.

Este año no ha sido una excepción y las cientos de personas que han marchado sobre la capital montenegrina han enarbolado la bandera de todxs aquellxs que no tienen voz en un país que prohibió cualquier posibilidad de legalizar el matrimonio igualitario en el año 2007.

La población que se reunió en las calles de de Podgorica, ha exigido que las autoridades montenegrinas apliquen los derechos de las minorías sexuales, como los reglamentos contra la discriminación, y otros derechos para el colectivo LGTB que aún no se han consagrados en la ley.

Los activistas que lucieron pancartas reivindicativas durante la marcha han reclamado la legalización del matrimonio igualitario, la erradicación de la homofobia y la transfobia y la creación de las condiciones necesarias para desarrollar la comunidad LGBTIQ en Montenegro.

Daniel Kalezic, uno de los portavoces de Queer Montenegro, ha indicado que:

“Con este Orgullo, buscamos el apoyo de aquellos que más nos importan, de padres, madres, hermanos, hermanas, parientes. El apoyo falta cuando descubren que eres gay”.

Por su parte, el ministro de Derechos Humanos, Mehmet Zenka, también asistió a la marcha y dijo que se necesitaba apoyo, pero sobre todo de familias: “La sociedad en Montenegro se ha desarrollado y ahora las personas son más conscientes, tenemos un buen marco estratégico y políticas en esta área”.

Bajo la lupa de la Unión Europea en materia de discriminación

Montenegro cuenta con una población que no alcanza los 700.000 habitantes. Alrededor del 43 % son montenegrinos, mientras que un 32% son serbios. Hay además diversas minorías, sobre todo bosnios y albaneses. Tras la traumática desmembración de Yugoslavia, la República de Montenegro permaneció unos años federada con Serbia, hasta que en 2006 un referéndum decidió su independencia total, de forma pacífica.

Las relaciones homosexuales en Montenegro fueron despenalizadas en 1977, siendo la edad de consentimiento la misma que la de las relaciones heterosexuales. No hay reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y de hecho su Constitución restringe el derecho a contraer matrimonio a las parejas heterosexuales. En julio de 2010, por exigencia de la Unión Europea (a la que Montenegro aspira a unirse) la Cámara del país aprobó una normativa antidiscriminatoria que incluye la orientación sexual y la identidad de género como condiciones cuya discriminación queda prohibida, pero en abril de 2012 el Parlamento Europeo reclamaba más esfuerzos a Montenegro en materia de derechos LGTB.

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Ban Ki-moon luce corbata morada en solidaridad con el colectivo LGBT en la ONU

Varios diplomáticos aseguran que las presiones de Rusia (y otros países) consiguieron eliminar las referencias al colectivo LGTB en la declaración con la que el Consejo de Seguridad despedía a Ban Ki-moon.

El surcoreano Ban Ki-moon se dispone a dejar la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en manos de su sucesor, el portugués António Guterres, el próximo 1 de enero. Durante la década que ha dirigido la ONU, Ban Ki-moon ha destacado, entre otras cosas, por su defensa de los derechos de la comunidad LGTB. Como ha venido recogiendo dosmanzanas, sin embargo, no ha sido una tarea fácil, teniendo en cuenta que ha contado con la oposición permanente de Rusia, la India y China, así como de los estados africanos y de varios países árabes como Arabia Saudí o Marruecos. De hecho, en su despedida, la delegación rusa ha vetado que el Consejo de Seguridad le brinde un reconocimiento expreso por su labor igualitaria en clave LGTB. Con todo, teniendo la certeza de que Ban Ki-moon ha sido el mejor secretario general de la ONU hasta la fecha, al menos desde el punto de vista LGTB, resta pensar que la historia acabará poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde.

En un extenso reportaje publicado a principios de mayo,  hacíamos un repaso a la trayectoria de los nueve candidatos a suceder a Ban Ki-moon desde el punto de vista LGTB (posteriormente, se sumarían a la carrera tres nuevos nombres: la argentina Susana Malcorra, el eslovaco Miroslav Lajčák y la costarricense Christiana Figueres). Finalmente, el elegido ha resultado ser el portugués António Guterres, que asumirá plenamente su cargo el próximo 1 de enero de 2017. La secretaría general de la ONU es un puesto clave para la visibilización de políticas LGTB en el plano internacional, aún con las limitaciones políticas y diplomáticas que entraña.

Precisamente por ello, varias naciones en las que la homofobia, la transfobia y la bifobia son banderas oficiales llevan haciendo todo lo posible desde 2007 hasta la fecha (periodo durante el cual Ban Ki-moon ha sido secretario general de la ONU) para bloquear cualquier iniciativa favorable a la igualdad LGTB. En este sentido, Rusia ha puesto la puntilla LGTBfóbica al final del mandato de Ban Ki-moon. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas despedía al que ha sido secretario internacional los últimos diez años y a iniciativa de los Estados Unidos se trató de agradecer, específicamente, su labor en clave LGTB. La declaración que se pretendía aprobar incluía la siguiente frase: “gracias a usted, señor secretario general, se ha escuchado y ayudado a las mujeres, a los jóvenes y a la comunidad LGTB, y hoy sus voces sonarán más y más fuertes en esta sede y en todo el mundo”. Pero la delegación diplomática de Rusia volvió a demostrar su cara más intolerante y logró que la redacción final evitara cualquier referencia a la comunidad LGTB, quedando de la siguiente manera: “los más vulnerables o marginados han sido cada vez más escuchados y asistidos por las Naciones Unidas”.

El encargado de leer la declaración final fue el diplomático español Román Oyarzun, en tanto que la presidencia rotatoria le corresponde a España durante el mes de diciembre. Por su parte, el propio Ban Ki-moon, de 72 años, ha reconocido que “mi mayor remordimiento al dejar el cargo es la continuación de la pesadilla en Siria”. Aunque no es común escuchar aplausos en la sala del Consejo de Seguridad, la mayoría de embajadores presentes le dedicaba una prolongada y sonora ovación al finalizar el acto.

Samantha Power, la todavía embajadora estadounidense ante la ONU y defensora de las políticas igualitarias (una posición y un cargo que, desgraciadamente, podrían cambiar tras el triunfo electoral de Donald Trump), ha asegurado que aunque “Ban Ki-moon no asumió el cargo de secretario general como un defensor de los derechos LGBTI”, su posicionamiento cambió “cuando escuchó la forma en que las personas LGBTI son discriminadas por ser quiénes son y por aquellos a los que aman, intimidadas por compañeros de clase y vecinos, despedidas de trabajos, excluidas de servicios básicos, atacadas físicamente o incluso asesinadas”, ya que entonces “se convirtió en un celoso defensor de sus derechos”.

Trayectoria pro LGTB de Ban Ki-moon en la ONU

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha hecho de la promoción de los derechos de las personas LGBT una de sus prioridades. “La marea está girando” a favor de los derechos LGTB, declaraba Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, al recibir un premio de la Elton John AIDS Foundation contra el Sida.

Ban Ki-moon impulsó que Naciones Unidas reconocía en verano de 2014 los matrimonios del mismo sexo de sus empleados. Hasta ese momento solo admitía los matrimonios del mismo sexo de los trabajadores procedentes de países donde el matrimonio igualitario es legal. La nueva medida establece el reconocimiento de todos los matrimonios entre personas del mismo sexo legalmente contraídos, sea cual sea el país de origen de los contrayentes. Un año después, la delegación rusa en las Naciones Unidas manifestaba su oposición a dicha resolución. Entonces, el representante ante las Naciones Unidas de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, aseguraba que el resto de estados miembros deben contrarrestar “los esfuerzos de Rusia para imponer en la ONU el mismo tipo de actitudes homófobas que Moscú promueve en su país”.

Con motivo de la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género que tuvo lugar en Oslo en 2013, Ban Ki-moon aseveró que “todos deberíamos estar indignados cuando vemos como hay personas que sufren discriminación, agresiones e incluso asesinatos simplemente por ser lesbianas, gays, bisexuales o transexuales”. El secretario general de la ONU consideró, además, que la cultura, la tradición o la religión no pueden justificar la discriminación de las personas LGTB.

“Mi promesa a los miembros gais, lesbianas, bisexuales y transexuales de la familia humana es la siguiente: estoy con vosotros. Os prometo que como secretario general de Naciones Unidas voy a denunciar los ataques contra vosotros y voy a mantener la presión sobre vuestros líderes para progresar. Me he comprometido a liderar una campaña mundial en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Cuento además con que otros se nos unirán. Juntos podemos hacer que el mundo sea más seguro, más libre y más igualitario para todos”, dijo Ban Ki-moon. Asimismo, a finales de 2014 el secretario general de Naciones Unidas alababa a la eurovisiva Conchita Wurst y renovaba su compromiso personal en materia LGTB. “La discriminación no tiene cabida en Naciones Unidas”, afirmó el político surcoreano.

Hay que resaltar que otro de los grandes logros desde la óptica igualitaria del mandato de Ban Ki-moon ha sido el nombramiento de un experto de Naciones Unidas contra la discriminación a las personas LGTB (propuesto por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay). Se opusieron Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo. A principios de octubre de este año conocíamos el nombre del primer responsable del puesto: el tailandés Vitit Muntarbhorn. En noviembre, apenas un mes después, los estados africanos intentaban revertir sin éxito dicho nombramiento.

Desde Cristianos Gays queremos recordar la trayectoria de Ban Ki-moon con este vídeo promovido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, en el que el propio secretario general aparece firmando una pancarta en la que se pedía el “final de la violencia y la discriminación contra las personas LGTB”.

António Guterres, una de cal y otra de arena

El nuevo secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, parece haberse posicionado los últimos años en favor de la comunidad LGTB. No obstante, cuenta con antecedentes homófobos que a algunos sectores les ha hecho preguntarse si es el candidato más adecuado desde el punto de vista igualitario. En una entrevista concedida en septiembre de 1995, siendo primer ministro portugués, declaró públicamente que “la homosexualidad no es un aspecto que particularmente me guste”. Por otra parte, a pesar de militar en el Partido Socialista, en 1998 se posicionó en contra del aborto, alegando sus convicciones morales y profundamente católicas.

En el otro lado, durante la campaña “Libres e Iguales” que lanzó la ONU en 2015 (20 años después de sus palabras homófobas), en calidad de presidente de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), António Guterres recordaba que “más de 40 países de todo el mundo reconocen ahora como mi oficina, que la persecución contra las personas LGTB puede ser un motivo válido para el asilo de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951. Mi esperanza es que cada vez más Estados miembros adoptan este enfoque en el futuro”.

Guterres también añadía en ese momento que “las personas que huyen de la discriminación y la violencia por ser homosexuales y transexuales, a menudo experimentan múltiples persecuciones: en su propio país y en los países de asilo, incluso dentro de sus propias familias y comunidades. En este día, hago un llamamiento a los Estados y las sociedades para proporcionar a estas personas una mejor protección, y eliminar todas las formas de violencia y discriminación”. Nos hacíamos eco de dicha campaña, así como del avanzado informe en materia de derechos LGTB publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A sus 67 años, ha logrado imponerse a pesar de ser el único aspirante de la Europa Occidental, después de haber dedicado más de 20 años al servicio público. Además de primer ministro de Portugal (entre 1995 y 2002) y presidente de la Internacional Socialista (entre 1999 y 2005), fundó la asociación portuguesa de consumidores DECO y el Consejo Portugués de Refugiados. Habla cuatro idiomas, entre los que se encuentra el castellano. Se especuló sobre que su activa y apasionada defensa de los derechos de los refugiados podría suponer un freno para su candidatura, dadas las posturas radicales que muchos gobiernos de la Unión Europea están adoptando en este sentido. Ahora tiene por delante, entre muchas otras, la ardua tarea de impulsar la igualdad de derechos de la comunidad LGTB en el mundo.

Cualquier persona puede evolucionar en sus pensamientos y admitir que se equivocó en el pasado. Por ello queremos concederle el beneficio de la duda a Guterres. Eso sí, es necesario que tenga determinación contra la intolerancia y la violencia LGTBfóbica en el ámbito internacional como secretario general de la ONU. Aunque Ban Ki-moon deje el pabellón muy alto en este sentido, el mundo no puede permitirse retroceder ni un paso andado.

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Un interesantísimo trabajo de Dosmanzanas que nos permite ver lo que nos estamos jugando en estas elecciones…

El actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, finaliza su mandato en diciembre de 2016. Desde dosmanzanas queremos dar a conocer el perfil de los aspirantes y, sobre todo, analizar cuál es su trayectoria y su compromiso con los derechos de las personas LGTB. La importancia de este puesto diplomático para nuestra colectivo, siempre que exista un compromiso real, reside en la posibilidad de defender el respeto de los derechos humanos de aquellos que, como venimos informando a diario, son perseguidos en sus países por motivo de su orientación sexual o su identidad de género; un tema de absoluta urgencia internacional.

Cuatro mujeres y cinco hombres, en su mayoría procedentes de países de Europa del Este, participan hasta el momento en la carrera por la secretaría general de la ONU. Si bien es cierto que no existe ninguna restricción legal respecto al número de mandatos que un secretario general puede permanecer en el cargo, ninguno ha estado más de dos hasta la fecha (cada mandato tiene una duración de 5 años). Por primera vez en la historia, el debate para la elección no será únicamente a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según han justificado desde los órganos de Gobierno, se trata de una “apertura” que pretende dar más transparencia al proceso e implicar a la sociedad civil.

Con todo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) siguen disponiendo de su derecho a veto. En la práctica, la ejecución de dicho derecho puede ser muy perjudicial para los candidatos más comprometidos con la igualdad. Muy especialmente teniendo en cuenta la LGTBfobia de estado de Rusia, bajo la presidencia de Vladimir Putin.

El otro escollo puede ser China. Aunque el gigante asiático está inmerso en un lento proceso de aperturismo LGTB (impensable hace solo unos años), no hay que olvidar que las relaciones Rusia-China pasan por uno de sus mejores momentos. Sin duda, la Administración estadounidense de Barack Obama es la más progresista y la más comprometida con el colectivo LGTB en estos momentos, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, los lazos entre el bloque occidental (encabezado por Estados Unidos) y Rusia se han ido deteriorando como consecuencia de una serie de desafortunadas posiciones políticas rusas.

En este contexto, nueve aspirantes optan hasta ahora a la secretaria general de la ONU, en sustitución del surcoreano Ban Ki-moon (que lleva en el cargo desde el 1 de enero de 2007).

1) Vesna Pusić (Croacia)

Pusić, como recogía en 2013 dosmanzanas, se opuso al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en Croacia. En aquel momento ejercía como ministra de Asuntos Exteriores. Ahora, en su presentación informal como candidata a secretaria general de la ONU, ha defendido expresamente la necesidad de defender los derechos de la comunidad LGTB (como podéis ver en el vídeo de arriba). Aunque admite que en algunos escenarios esta reivindicación puede resultar “controvertida”, expresaba que del mismo modo puede serlo reclamar la igualdad de la mujer en otros casos y no por ello se debe dejar de hacer.

También en 2013, Pusić firmó con el ministro de Relaciones Exteriores montenegrino, Igor Lukšić (a la sazón, otro de los aspirantes a la secretaría general de la ONU) una declaración bilateral Croacia-Montenegro para proteger los derechos de la comunidad LGTB. “Estamos comprometidos con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación”, aseveraba Pusić.

Se le considera como una de las más abiertas defensoras de la comunidad LGTB entre todos los candidatos, en los medios de comunicación generalistas de todo el mundo. Es presidenta honoraria del Partido Popular de Croacia-Liberales Demócratas. A pesar de la confusión que puede generar el nombre de la formación, en el ámbito europeo se adscribe a la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (en el que se integran diputados del PNV, de Convergència Democràtica de Catalunya, de UPyD o de Ciudadanos, entre otros) y no al Partido Popular Europeo. Vesna Pusić es doctora en sociología, tiene 62 años y habla ingles y alemán, además de croata. Rusia podría oponerse a su nombramiento debido a su abierta posición favorable a los derechos LGTB.

La diplomacia de Arabia Saudí ha advertido a Pusić que tomarán medidas contra “cualquier intento de imposición de los valores sociales que no son aceptados internacionalmente, y que no son reconocidas en todo el sistema”. Una clara demostración de la LGTBfobia institucional reinante en esta región del planeta.

2) Igor Lukšić (Montenegro)

En 2011, siendo primer ministro de Montenegro, el socialista Igor Lukšić defendió el derecho del colectivo LGTB a celebrar por primera vez el Orgullo en este país balcánico (que apenas 5 años antes se había independizado de Serbia). “Tanto si tenemos una opinión personal como otra, tenemos que afrontar el hecho de que hay diferencias en la sociedad, que este tipo de temas forman parte del cuerpo de los derechos humanos. Dejemos a las personas marchar y mostraremos que somos una sociedad civilizada”, manifestaba entonces Lukšić (tenía 34 años).

Desgraciadamente, un ataque con gas lacrimógeno contra un concierto que tenía lugar en Podgorica (capital de Montenegro) con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia forzó a los organizadores a cancelar el Orgullo en 2011. Habría que esperar hasta 2013 para que pudiera materializarse el Orgullo LGTB. Eso sí, desafiando la violencia homófoba.

Además de primer ministro de Montenegro (de 2010 a 2012), fue anteriormente ministro de Finanzas (de 2004 a 2010), diputado del Parlamento de Montenegro (de 2001 a 2003) y diputado del Parlamento de Serbia y Montenegro de 2003 a 2006. Desde 2012, es viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea. En su biografía destaca la publicación de tres libros de poesía. Asimismo, es profesor universitario de Economía y habla cinco idiomas (serbio, inglés, italiano, francés y alemán). A sus 39 años, es el candidato más joven a la secretaria general de la ONU.

3) António Guterres (Portugal)

Durante la campaña “Libres e Iguales” que lanzó la ONU en 2015, en calidad de presidente de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), António Guterres recordaba que “más de 40 países de todo el mundo reconocen ahora como mi oficina, que la persecución contra las personas LGTB puede ser un motivo válido para el asilo de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951. Mi esperanza es que cada vez más Estados miembros adoptan este enfoque en el futuro”.

Guterres también añadía en ese momento que “las personas que huyen de la discriminación y la violencia por ser homosexuales y transexuales, a menudo experimentan múltiples persecuciones: en su propio país y en los países de asilo, incluso dentro de sus propias familias y comunidades. En este día, hago un llamamiento a los Estados y las sociedades para proporcionar a estas personas una mejor protección, y eliminar todas las formas de violencia y discriminación”. Dosmanzanas se hacía eco de dicha campaña, así como del avanzado informe en materia de derechos LGTB publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A sus 67 años, el único aspirante de la Europa Occidental, ha dedicado más de 20 años al servicio público. Fue primer ministro de Portugal (entre 1995 y 2002) y presidente de la Internacional Socialista (entre 1999 y 2005). Fundó la asociación portuguesa de consumidores DECO y el Consejo Portugués de Refugiados. Habla cuatro idiomas, entre los que se encuentra el castellano. Su activa y apasionada defensa de los derechos de los refugiados podría suponer un freno para su candidatura, dadas las posturas radicales que muchos gobiernos de la Unión Europea están adoptando en este sentido.

4) Irina Bokoba (Bulgaria)

Como directora general de la UNESCO, Irina Bokova lanzó en 2014 un potente mensaje contra el acoso escolar LGTBfóbico para “desarrollar y poner en práctica políticas de tolerancia y respeto a través de y en la educación”. Bokova explicaba que “la educación de calidad va más allá de la lectura, la escritura o el cálculo”, razón por la cual “es inseparable la transmisión de los valores de respeto a todas las personas, sin distinción de origen, color de piel, sexo, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, y orientación sexual. Esta lucha es tanto más urgente hoy, cuando los países han adoptado leyes que discriminan a las personas LGBT. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, cuando uno derecho es violado, todos los demás se vuelven vulnerables”.

Irina Bokova participó en la redacción la Constitución de Bulgaria en su transición hacia la democracia, a principios de los 90. Además de diputada entre 2001 y 2005, Bokova ha desempeñado las funciones de vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, Defensa y Seguridad, ha sido miembro de la Comisión para la Integración Europea y vicepresidenta de la Comisión Conjunta Parlamentaria.

Algunos analistas la consideran prorrusa. Sin embargo, esta mujer de 63 años (cuya familia estuvo vinculada al comunismo búlgaro), aún contando con un hipotético apoyo de Rusia, ha dejado claro que denuncia y condena la discriminación al colectivo LGTB, especialmente a los segmentos más vulnerables. Su candidatura se encuentra entre las favoritas para ocupar la secretaría general de la ONU, aunque solo llegado el momento veremos si consigue los apoyos suficientes.

5) Helen Clark (Nueva Zelanda)

Se trata de la única aspirante que procede de un país no europeo; concretamente de Nueva Zelanda. Fue la primera mujer el dirigir el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, desde esta posición, ha denunciado la LGTBfobia de estado desarrollada por distintos países (aunque no de forma explícita, queda clara la alusión contra las legislación rusa).

En 2014, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, criticaba que “en el último año, se han promulgado leyes anti-LGBT perjudiciales con el pretexto de proteger a los niños y a las familias. Este tipo de leyes punitivas tienen el poder de fomentar la homofobia y la transfobia, y pueden tener efectos sumamente nocivos en la vida de los pueblos, destrozando la autoestima, aumentando la marginalización y obstaculizando el acceso a los servicios de salud, entre otros”.

Para Clark, “estas leyes otorgan a las personas LGBT la función de ‘chivos expiatorios’ y representan una distracción de los verdaderos desafíos sociales y de desarrollo que los países deben enfrentar. Las leyes anti-LGBT se basan en la conjetura errónea de que la homosexualidad representa un peligro para el tejido social de un país”.

No obstante, proseguía diciendo que “la evidencia demuestra todo lo contrario: en los países que han despenalizado la conducta sexual hacia el mismo sexo, no se ha observado ningún tipo de amenaza contra la institución del matrimonio ni el bienestar de los niños. De hecho, la despenalización ha sido un paso clave para que las personas LGBT, históricamente oprimidas, puedan prosperar y participar activamente, como miembros respetados de la sociedad”. Leer más…

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