El colectivo LGTB recibe con euforia esta nueva ley.

El texto presentado por el PSN(PSOE), abunda en la necesidad de reconocer y respetar la diversidad sexual y afectiva.

UPN se ha abstenido y el PPN lo ha rechazado.

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy la Ley Foral de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGTBI+) y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en Navarra, que sitúa a la Comunidad foral a la vanguardia en la defensa de los derechos de este colectivo.

Ante un nutrido grupo de este colectivo entre el público, que ha aplaudido profusamente la aprobación, con la incorporación de 7 enmiendas in voce, ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, la abstención de UPN y el rechazo de PPN.

La nueva ley foral profundiza en el reconocimiento social y político de la diversidad sexual y afectiva en condiciones plenas de equidad y respeto, también en el ámbito reproductivo y genital.

La iniciativa presentada por el PSN(PSOE) busca “establecer y regular” los principios y medidas para garantizar la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas LGTBI+, mediante medidas contra toda discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género, “en todos los ámbitos sobre los que el Gobierno de Navarra y las entidades locales tienen competencia”.

En ese contexto se garantiza la “reparación” de los derechos cercenados, y se aseguran acciones “compensatorias y de reconocimiento a colectivos históricamente” segregados.

Para avanzar en el reconocimiento social y político de una reivindicación fundada en la aceptación de la “diversidad como valor añadido”, se establecen condiciones para facilitar la participación y representación de personas y grupos LGTBI+ en todos los ámbitos de la vida social e institucional, siempre desde una óptica de “prevención y detección temprana” de conductas fóbicas.

En ello colaborarán las Administraciones Públicas y el Defensor del Pueblo, habilitados para actuar “de oficio”.

Entre los compromisos destaca el relativo a la “protección de menores, jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, así como los de diversas políticas públicas, ya sea a nivel de “empleo, salud, comunicación, ocio, cultura o deporte”.

Por otra parte, se hace efectivo el reconocimiento de la heterogeneidad del hecho familiar tanto en el derecho navarro, público y privado, como en la práctica judicial y administrativa.

En el ámbito reproductivo y genital, se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas LGTBI+ con capacidad gestante y a sus parejas, se posibilita la congelación de tejido gonadal y células reproductivas a los transexuales que opten por acceder a tratamientos hormonales y, de igual modo, se asegura la atención ginecológica y urológica.

En el terreno educativo, la UPNA promoverá introducir en los planes de estudio contenidos específicos para abordar la diversidad sexual y de género, entre otras medidas.

En su defensa, Virginia Alemán (Geroa Bai) ha valorado esta “ley transformadora” que reconoce “derechos fundamentales que históricamente han sido vulnerados”, mientras que Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha ponderado el “proceso enriquecedor” que junto a los colectivos LGTBI+ ha generado esta “buena ley”, con un “planteamiento integral”, aunque no suficiente, ha advertido.

Tere Saez (Podemos) ha coincidido en mostrar su “alegría y agradecimiento” por lo hoy aprobado tras un “trabajo intenso” y enriquecedor que ha permitido que esta ley “no sea un corta y pega” sino una norma específica que ha tenido en cuenta lo aportado.

 Nuria Medina, PSN (PSOE), ha valorado el “gran documento, ambicioso” hoy aprobado, que coloca a Navarra “a la vanguardia de los derechos de todas las personas”, para cuyo desarrollo se ha puesto a disposición del gobierno, al que ha pedido “valentía, además de los recursos económicos y humanos” necesarios.

Por I-E, Marisa De Simón, también se ha felicitado en “un gran día” en el que la ley aprobada “avanza en participación” y “camina a un modelo de desarrollo social más inclusivo”.

La abstención de UPN ha sido justificada por Ana San Martín porque “no podemos dar la espalda a la igualdad y a los derechos” que sí ven en la ley, en la que sin embargo también advierten “discriminaciones” y vulneraciones de derechos de otros colectivos a costa de este, y supone una ley que “tiene mucho que mejorar”.

Ana Beltrán (PPN) ha advertido de que rechazo de esta “ley ideológica” no es un voto en contra de las personas LGTBI, cuya orientación respetan, pero ha lamentado que supone discriminar a otros y ha explicado “no ver la necesidad de una regulación específica, concreta e intervencionista” que subraye la no discriminación, cuando esto ya lo protege la legislación europea y española.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Navarra cuyo objetivo era prohibir la discriminación de las personas con VIH en acuerdos legales, como por ejemplo la contratación de un seguro. Los populares no ven dicha prohibición necesaria y consideran que el ordenamiento jurídico existente es suficiente para denunciar tales cláusulas. Se da la paradoja de que el PP sí apoyo la propuesta cuando fue votada en la cámara foral navarra.

El texto de la proposición (publicado por el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra) fue aprobado el 14 de marzo de 2013 por unanimidad de todas las fuerzas políticas navarras a iniciativa de los socialistas. Proponía modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios añadiendo una disposición adicional que decía, literalmente: “Serán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA. No tendrá tampoco validez y será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA”.

En su exposición de motivos, la proposición argumentaba que distintas asociaciones, organizaciones, colectivos e instituciones públicas, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Navarra, han denunciado la existencia de estas cláusulas discriminatorias “en algunos negocios jurídicos, en cuya virtud se excluyen de determinadas prestaciones y servicios a personas portadoras del VIH/SIDA, llegando a ser, en la mayoría de las ocasiones, la única enfermedad que se identifica de forma explícita e individual”. La propuesta instaba además al gobierno español a determinar la aplicación de los principios de esta ley (de haber sido aprobada) a otras enfermedades que pudieran considerarse “que producen los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas”.

La proposición ha sido defendida en el Congreso por tres diputados del Parlamento de Navarra, Roberto Jiménez (Partido Socialista de Navarra), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro) y Bakartxo Ruiz (Bildu), que han defendido la necesidad de la modificación legal para evitar la discriminación de las personas con VIH. Contaba además con el apoyo en bloque de toda la oposición, incluyendo como parece obvio al único diputado de UPN (que normalmente se alinea con el PP) y a PNV y CiU. La diputada nacionalista catalana, Lourdes Ciuró, ha señalado por ejemplo que aunque la Constitución consagre el principio de no discriminación, “la realidad es otra y se crean estigmas o marcas con por ejemplo los enfermos de sida o portadores de VIH y se provoca discriminación en distintos ámbitos de la vida”, apostilló.

Una realidad que sin embargo no aprecia el grupo popular del Congreso. Su portavoz en esta materia, María Felicidad Rodríguez, ha argumentado que el ordenamiento jurídico español y la Constitución son de por sí suficientes para considerar nulas este tipo de cláusulas, que aun así considera que “deben ser denunciadas, perseguidas y castigadas”.

La diputada popular ha utilizado un alambicado argumento para negarse a establecer una lista específica de enfermedades cuya discriminación se prohíbe expresamente, al considerar que “podría interpretarse que cualquier otra enfermedad que no estuviera en esa enumeración sí permitiría alguna discriminación y esto no puede ser”.

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