La medida fue una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Marca un hito para los derechos de la comunidad LGBTI en el Perú.

LIMA, Perú. El 3 de noviembre, en acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020, el Estado peruano pidió perdón a Azul Rojas Marín, integrante de la comunidad LGTBI, por la vulneración de sus derechos humanos.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Justicia, la ministra de la Mujer, la Fiscal de la Nación, altos funcionarios del Poder Judicial y representantes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.

Se encendió una vela en el retrato de la madre de Azul, Juana Rosa Tanta Marín, quien falleció en 2017. La mujer también fue incluida en la sentencia al señalar a la Corte que los familiares son afectados en los actos de discriminación del Estado.

En sus palabras de agradecimiento, Azul recordó la lucha de su madre. “Quiero compartirles algo desde hace 15 años. En el transcurso de todo este tiempo tuve pérdidas irreparables como la pérdida de mi madre. Ella fue un pilar muy fuerte. También era una luchadora. Se fue con la convicción de que esto iba a tener un resultado, que la lucha que iniciamos juntas no iba a quedar impune”.

📹 #VIDEO | Hoy se realizó un acto histórico en el país en materia de derechos humanos: el Estado peruano expresó disculpas públicas a Azul Rojas Marín por la vulneración de sus derechos en cumplimiento de la sentencia de la @CorteIDH. Conoce más ⤵️ pic.twitter.com/LCPba9fWqR

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) November 4, 2022

Lo que falta

Señaló que el Estado peruano aún no cumple con la atención integral en salud que se le ordenó. Tampoco con el pago de la reparación y los estándares de atención a la comunidad LGTBI por parte de las autoridades. “Señores, quiero dirigirme respetuosamente a todas las autoridades que están aquí”, dijo, … “Este es un acto protocolar muy satisfactorio. Pero quiero recordarles que hay otras reparaciones que aún el Estado peruano no ha cumplido. Por ejemplo, es muy importante la atención integral que necesito, y tampoco ha cumplido con el pago. Aun el Estado tampoco ha hecho los estándares sobre cómo debemos ser tratada la comunidad por las autoridades”.

Por último, dio un mensaje de esperanza para quienes siguen luchando por una justicia que tarda y a veces no llega: “Esta lucha empezó cuando yo tenía 26 años. No he podido trabajar, no he podido estudiar, claro que no fue en vano, porque aquí estamos todos. Tengo 41 años, y llegué hasta aquí de repente cansada, pero no de las ganas de seguir defendiendo los derechos humanos… Si hoy en día yo sonrío es porque ya me cansé de buscar culpables. Sonrío porque es mi mejor arma para conseguir lo que quiero, sonrío porque mi corazón sigue siendo sincero y transparente. Y porque simplemente me merezco ser feliz”.

 Lo que le pasó a Azul

El 25 de febrero de 2008 sufrió abusos y tortura durante una detención arbitraria por policías de la comisaría de Casa Grande, en la costa norte del Perú, cuando caminaba por la noche en la calle. En la comisaría, tres agentes la insultaron, maltrataron y vejaron sexualmente, liberándola a las seis de la mañana.

Azul regresó a hacer la denuncia, pero no la atendieron. Denunció a estos policías por violación, abuso de autoridad y tortura en los medios de comunicación y en la Fiscalía. Esta institución desestimó los cargos de tortura y en 2009 el Poder Judicial archivó las demandas por violación y abuso de autoridad.

La instancia internacional

Luego de agotar las vías nacionales, Azul llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue el primero presentado por violencia, incluyendo tortura por violación sexual, contra persona LGBT.

La CIDH, en 2018, determinó que «encontró elementos suficientes para considerar que […] existió un especial ensañamiento con la percepción de Azul Rojas Marín, para ese momento, como un hombre gay» y que «lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio y que se encuentran presentes los elementos constitutivos de la tortura».

También recomendó reparar a Azul y a su madre, Juana Rosa Tanta Marín, investigar los hechos, imponer las sanciones correspondientes, ofrecer tratamiento médico y psicológico gratuito a las víctimas, y evitar que estos casos se repitan.

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra Perú por la detención ilegal, tortura, violación sexual, discriminación por orientación sexual y afectación a las garantías judiciales y protección judicial que sufrió Azul. En 2022, el Estado peruano cumplió la sentencia.

Fotos: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú.

4 de noviembre de 2022
Verónica Ferrari
Edición: Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Azul Rojas Marín, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juana Rosa Tanta Marín

Por Vero Ferrari, desde Lima

Foto: Promsex

Azul Rojas Marín fue golpeada, violada y retenida ilegalmente en una estación de policía el 25 de febrero del 2008 en la provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad al norte del Perú. Hoy, 27 de agosto de 2019, en el Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en Colombia, 11 años después de sucedidos los hechos, se presentó el caso Rojas Marín y otra vs Perú en una audiencia. Por primera vez la violencia institucional que sufrió una mujer transexual se presenta ante esta Corte para dar su testimonio de cómo un Estado puede ser partícipe de una tortura que aún no acaba.

Hechos que se denuncian

Aquel 25 de febrero de 2008, con la excusa de que querían que se identificara, el policía Luis Quispe Cáceres y dos de sus compañeros, obligaron a la víctima -que en aquel momento aún no había transicionado y era gay- a subir a un patrullero y se dirigieron hacia la comisaría de Casa Grande. Ahí, Juan Isaac León Pardo y Dino Horacio Ponce Pardo la golpearon.

A pesar de la gravedad de los hechos y de las lesiones físicas y psicológicas que sufrió Azul, su caso fue archivado por el Poder Judicial peruano en 2009. El trato que recibió Azul de los policías y del sistema judicial fue brutal. Con el apoyo de organizaciones pro derechos LGTBI, su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016, siendo la primera vista del caso el 1 de diciembre de ese año.

En ella, la CIDH acreditó que Azul fue víctima de violencia física, psicológica y sexual. También que hubo un especial ensañamiento contra ella por su orientación sexual, y que hubo un incumplimiento del Estado peruano, porque no investigó con la debida diligencia. Por lo que recomendó una reparación integral a la víctima y que su caso sea visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El representante de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, señaló hoy frente a la Corte que “este es el primer caso sometido a la jurisdicción de este tribunal por la responsabilidad de un Estado como resultado de violencia física y psicológica, incluyendo violación sexual, contra una persona LGBT”.

Para qué sirve la sentencia de la Corte IDH

• La sentencia de la Corte servirá para establecer estándares legales de reparación hacia víctimas de crímenes de odio, con el fin de asegurar que éstas puedan reconstruir sus vidas, reconociendo su identidad en un país que aún se niega a aprobar una Ley de Identidad de Género.
• También sirve para asegurar que el Estado reconozca que no cumplió con su deber.
• Cumplir con su función significa que el Estado repare a Azul Marín reconociendo su identidad, sancionando a sus agresores, asegurando su supervivencia material y evitando que situaciones de violencia contra las personas LGTBI en su conjunto vuelvan a repetirse.

“Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región”, expresó a través de su página web el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que con sus asistencia legal acompañó a la víctima ante la CIDH, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y a REDRESS. “Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal”.

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Azul Rojas Marín, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dino Horacio Ponce Pardo, Juan Isaac León Pardo, Luis Ernesto Vargas, Luis Quispe Cáceres, Perú, Policía, Torturas, Violación

La Corporación Caribe Afirmativo saluda esta decisión en el marco del Sistema de Protección de Derechos Humanos Interamericano, frente a el primer caso que la CIDH somete a la Corte Interamericana en materia de violencia policial, detención ilegal y tortura sexual en contra de las personas LGBT.

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sometido un caso de violencia en contra de las personas LGBT a la Corte Interamericana (Corte IDH). El caso es sobre la detención ilegal y arbitraria a Azul Rojas Marín, mujer trans quien al inicio del caso se autorreconocía como hombre gay, el 25 de febrero de 2008 en el distrito de Casa Grande (Trujillo) por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), supuestamente con la finalidad de realizar un control de identidad cuando caminaba hacia su casa.

Mientras duró la detención injustificada de Azul, los policías ejercieron violencia física en su contra y la agredieron verbalmente con expresiones denigrantes referidas a su orientación sexual (en ese entonces, la víctima se identificaba como un hombre gay). Sumada a la violencia física y psicológica, Azul también fue víctima de violencia sexual.

A pesar de la grave de los hechos, los responsables no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú, pues el Estado incumplió su deber de debida diligencia en las investigaciones que se iniciaron. A lo largo de la investigación, Azul fue descalificada y su credibilidad fue puesta en duda, siendo revictimizada tanto por los operadores de justicia en la actuación probatoria, como en el marco de las decisiones que dieron lugar al archivo de la denuncia por el delito de tortura (por la supuesta falta de elementos que acrediten la violencia ejercida contra Azul).

Ante esta situación, con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de REDRESS (Organización británica que lucha contra la tortura), Azul presentó su caso a la CIDH. Así las cosas, la Comisión consideró que el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBTI.

Al analizar los hechos del caso, la Comisión encontró suficientes elementos para considerar que por la naturaleza y forma en la que se ejerció la violencia, existió un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín, en ese momento, como un hombre gay. A su vez, la Comisión consideró que lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio, además de los elementos constitutivos de tortura.

Para la CIDH, el caso permitirá que la Corte Interamericana fije estándares respecto a casos de violencia física, psicológica y sexual, y la tortura, por parte de agentes de seguridad del Estado cometidas contra personas LGBTI, así como profundizar su jurisprudencia sobre el deber de debida diligencia en la investigación penal, materia probatoria y sanción de los responsables en casos de violencia por perjuicio cometidas contra personas LGBTI.

La CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 22 de agosto de 2018[1] porque el Estado peruano no presentó propuesta alguna de reparación integral a favor de Azul Rojas Marín y su madre, a pesar de la gravedad de la tortura de la que fue víctima.

Desde Caribe Afirmativo acompañamos estas exigencias de justicia, reparación y garantías de no repetición que logren avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBT+ en la región; asimismo, instamos a los gobiernos en las Américas a respetar, acatar y ejecutar las decisiones del sistema interamericano como la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH, en la cual se instó a “impulsar reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos internos para garantizar que personas del mismo sexo tengan el derecho a contraer matrimonio y respetar las identidades de género de sus ciudadan[x]s”.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CIDH presenta caso sobre Perú ante la Corte IDH.

 Recuperado de [http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/189.asp].

Fuente Caribe Afirmativo

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Azul Rojas Marín, Caribe Afirmativo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corte Interamericana (Corte IDH), Homofobia/Transfobia, Perú