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Intendente de Azul (Argentina) amenazó a activistas por “draguear” la estatua de San Martín

Jueves, 28 de enero de 2021
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Por Verónica Stewart

Fotos: Fran Bariffi

El sábado 9 de enero, la comunidad LGBT+ del municipio de Azul finalmente tuvo su primera Marcha del Orgullo a pesar de la pandemia. Con todos los protocolos y cuidados correspondientes se puedo llevar a cabo el festejo, a 30 años de la primera marcha en Argentina. Pero lo que tenia que ser una celebración, terminó con amenazas de la Municipalidad por haber colocado una bandera de la diversidad en la estatua de San Martín.

“Se dragueó a San Martín y se la volvió una abanderada de nuestra orgullosa bandera multicolor”, contó Patx Ruiz, organizadorx de la marcha. Funcionarios municipales dijeron que iban a tomar medidas legales contra lxs activistas.

WhatsApp-Image-2021-01-23-at-18.50.31El secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Municipalidad de Azul Alejandro Vieyra lo llamó “un hecho deplorable y bochornoso”. Por su parte, el intendente Hernán Bertellys instruyó al Departamento Legal del Municipio para determinar si lo sucedido podía ser considerado un delito bajo el Artículo 222 del Código Penal, el cual castiga con 1 a 4 años de prisión a quien  ultraje públicamente un símbolo patrio.

“La cuestión acá es odiante”, dijo Patx Ruiz. La respuesta del INADI fue veloz y contundente: en su comunicado, expresó su repudio por la respuesta de los funcionarios municipales. Aseguró que “si algunos tuviesen el mismo compromiso que tuvo San Martín con la diversidad cultural y su política de incorporar a los pueblos originarios al proceso libertario de nuestros países, deberían estar preocupados y ocupados por los colectivos y sector más vulnerados de Azul”.

Un Municipio hostil

Federica Ciuro, organizadora de la marcha, milita en La Plata y tiene experiencia con municipios hostiles. “A mí no me sorprendió”, dijo a Presentes. “Sabía que de algo se iban a agarrar. Les molestó porque saben que tenemos cintura y una impronta política, que sabemos lo que queremos.”

Por su parte, Patx Ruiz contó que al comienzo les ofrecieron ayuda pero a diez días de realizar el festival les aseguraron que sería imposible. “Un día y medio antes de la marcha nos dijeron que no íbamos a tener luz, que era indispensable para al menos leer el manifiesto, porque supuestamente no teníamos autorización”, dijo.

WhatsApp-Image-2021-01-23-at-18.50.31-3Ese aviso no fue enviado ni por parte de las organizaciones autodenominadas “pro vida” ni por la Policía  cuando realizaron sus respectivas manifestaciones  en Azul.

Lxs organizadorxs creen que esto puso en evidencia lo necesaria que era la marcha. “Las respuestas conservadoras tanto del gobierno local como de las personas que se expresaron en las redes sociales también nos hicieron dar cuenta de que hay toda una lucha para hacer en Azul”, contó Francisco Bariffi, quien estuvo a cargo de la comunicación de la marcha, a Presentes. “La respuesta del municipio no nos saca fuerza ni opaca toda la positividad que se pudo construir por nuestra parte”, agregó. Angie Ruiz, organizadora de la marcha, dijo a Presentes que “la angustia o el enojo que esto nos pueda generar lo transformamos en poder para seguir visibilizándonos”.

“Mientras ellos se aseguran los seis votos que les quedan en Azul, nosotras queremos que no se nos mueran las travas a los 35 años”, dijo Patx Ruiz. “Una está tratando de dilucidar el mar y las formas del otro lado del océano, y esta gente está peleándose en un charco de agua”.

“Hay que darle a Azul su pequeña historia marica”

La organización de la marcha contó con la adhesión de más de 40 instituciones, empresas, comercios y particulares. Así, la marcha puedo organizarse de manera autogestiva y horizontal, con todos los protocolos y cuidados por el Covid cumplidos en todo momento.

“A diferencia de marchas masivas esto se sentía muy íntimo no solo por el número de personas, que igualmente para Azul era bastante, sino porque nos conocíamos entre todxs”, destacó Francisco Bariffi. Un amigo suyo incluso comentó lo liberador que era ahora poder marchar dragueado por la misma ruta que, años atrás, tomaba para ir a rugby, “preguntándose por qué lo estaba haciendo o sintiéndose sin la posibilidad de expresarse con total soltura”.

WhatsApp-Image-2021-01-23-at-18.50.31-2Federica Ciuro, otra organizadora de la marcha, dijo a Presentes que “en la marcha vi gente que se burlaba de mí cuando era chica. De repente lxs vi y entendí un montón de cosas, que quizás se burlaban de mí porque querían ser yo. Fue una reparación histórica para mí, para mi yo adolescente y mi niñez, y también para la ciudad”.

Federica llegó a pensar que no había gente en Azul para llevar a cabo una marcha del orgullo, pero el sábado se dio cuenta de que había gente. Solo faltaba reunirse. En ese sentido, Patx Ruiz destacó lo importante que fue la marcha por ser “la primera vez de muchas mostras en jauría”. Agregó, también, que la respuesta tan intensa por parte de la ciudad le recordó la importancia de descentralizar la lucha.

“Hay que darle a Azul su pequeña historia marica”, dijo Ruiz. “Tenemos que dejar de comernos la idea de las pequeñas patrias y los patriotismos. Eso nos muestra lo de la estatua: ¿a qué próceres estamos viendo? Nos merecemos más Juana Azurduy y Diana Sacayán. Podemos cuestionar a San Martín. Hay próceres viviendo todos los días de los que la historia no habla. Ojalá esas fueran las discusiones que nos diera el Estado.”

El INADI criticó el intento de criminalizar la movilización

La subdelegación del INADI de Olavarría publicó un comunicado en el que repudió “la animosidad dirigida por parte de algunos funcionarios municipales hacia el colectivo de la diversidad al sugerir que algunas intervenciones manifestadas en la concentración ameritaban la imputación de algún tipo de delito”. El texto completo:

El pasado fin de semana se realizó por primera vez en la ciudad de Azul la “Marcha del Orgullo”. Un hecho histórico marcado por la relevancia de poder expresar y dar visibilidad en la comunidad de Azul, las demandas, aspiraciones y necesidades de sectores vulnerados y discriminados a lo largo de toda nuestra historia.

La misma fue convocada por el colectivo de la diversidad sexual, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes invitaron a acompañar la Marcha que históricamente visibiliza las propias demandas que todavía esta democracia adeuda, como la real aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI); el cumplimiento de la inclusión Laboral Travesti-Trans; crear y diseñar políticas públicas tendientes a erradicar la discriminación y estigmatización en todos los ámbitos donde las personas desarrollan sus relaciones interpersonales; garantizar el acceso a la salud, la justicia y la educación, como así también el derecho a acceder a una vivienda digna.

Ante la preocupación manifestada por parte de las autoridades locales acerca de la situación sanitaria de una concentración, desde el INADI Olavarría queremos señalar que la misma se realizó con todos los cuidados y recaudos necesarios.

Asimismo, repudiamos la animosidad dirigida por parte de algunos funcionarios municipales hacia el colectivo de la diversidad al sugerir que algunas intervenciones manifestadas en la concentración ameritaban la imputación de algún tipo de delito.

Si algunos tuviesen el mismo compromiso que tuvo San Martin con la diversidad cultural y su política de incorporar a los pueblos originarios al proceso libertario de nuestros países, debería estar preocupado y ocupado por los colectivos y sectores más vulnerados de Azul.

En un contexto de pandemia debemos decir que las demandas de un colectivo vulnerado deben ser tratadas con urgencia y están para ser resueltas por el estado tal como expresaba la consigna de la concentración.

Lo que se necesitan son Políticas Públicas activas que traten de ir en búsqueda de aquellxs a lx s que se les profundiza la situación de desigualdad e invitamos a las autoridades locales a trabajar en ese camino.

Fuente Agencia Presentes/INADI

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Tras 4 años, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en provincia de Buenos Aires

Lunes, 9 de diciembre de 2019
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DSC_7894 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Después de cuatro años aprobada y cajoneada, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires. La Ley nº14.783 fue impulsada por la activista travesti Diana Sacayán y se votó en septiembre de 2015. Un mes después la militante por los derechos humanos fue asesinada con saña en su departamento. Desde entonces el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo la reglamentación frenada hasta hoy, que fue publicada en el Boletín Oficial.

“El sector público de la provincia de Buenos Aires debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, se lee en la publicación.

La reglamentación lleva la firma del Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, del ministro de Gobierno, Federico Salvai y de la gobernadora María Eugenia Vidal. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo deberán garantizar que esto ocurra.

Durante estos cuatro años las organizaciones de la diversidad sexual exigieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires su implementación pero no obtenían respuestas.

“Esta reglamentación la recibimos con sentimientos encontrados: en principio porque la ley se sancionó en 2015 y la gobernadora María Eugenia Vidal tardó 4 años en reglamentarla a través de un decreto, algo que creemos que llega muy tarde en relación a que durante 4 años murieron muchas compañeras nuestras de hambre, por la exclusión, la falta de recursos, sobre todo de trabajo. Pero también hay que celebrarla,  tenemos esperanzas de que algo cambie”, explicó a Presentes la activista Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina.

Por su parte, la activista Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina, coincidió en que “es para celebrar: para poner foco en que tenemos la ley Diana Sacayán reglamentada. Esto es una gran noticia para la comunidad travesti trans”. Aunque al igual que la presidenta de OTRANS advirtió sobre la tardanza: “Vidal es ese paréntesis, esa suspensión de la democracia en el recorrido de los derechos de las personas trans. Vidal tenía el texto guardado hasta días antes de terminar su gestión”.

Además seguró que pedirán una entrevista con el futuro gobernador Axel Kicillof para hablar sobre la reglamentación.

Próximos pasos

En el Anexo de la publicación se detallan cómo será reglamentada. En primer lugar, la Administración Pública Provincial deberá comunicar al Ministerio de Trabajo en los próximos 90 días el número total de personas que se desempeñan bajo su órbita. Con esa base, deberán calcular las vacantes que se tienen que generar para poder cumplir con el cupo.

Además, indica que se creará el “Registro de Solicitantes de Empleo ‘Amancay Diana Sacayán’” que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Allí se asentarán las postulaciones de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a ocupar vacantes abiertas o reservadas bajo la Ley N° 14.783. La información contenida en ese registro será confidencial.

Una mesa integrada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos deberá monitorear el cumplimiento de la ley, donde tendrán “participación consultiva” las organizaciones trans.

Por qué una ley de cupo Diana Sacayán 

La argumentación de la ley explica el reconocimiento internacional que hubo ante la Ley de  Identidad de Género. Luego cita la ley nº14.783 y retoma sus argumentos: “Las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulneradas históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos”.

“A causa de la criminalización, discriminación y exclusión sistemática a la que fueron y están aún expuestas, las personas travestis, transexuales y transgénero suelen ser víctimas de rechazo, marginación y violencia brutal desde una temprana edad, lo cual se traduce en violencia en el seno familiar y en la expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos a los que concurren, forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia, lo cual, a su vez, ha contribuido a que un gran número de personas travestis, transexuales y transgénero registre antecedentes por detenciones en vía pública, procesamientos y condenas penales”, sigue la argumentación.

El texto publicado en el Boletín Oficial de la provincia más poblada de la Argentina reconoce que la ley fue impulsada “desde la sociedad civil por la activista Amancay Diana Sacayán, cuya labor contribuyó decididamente a la sanción de la ley objeto de la presente reglamentación” e indica que el objetivo es “revertir una situación de exclusión y discriminación estructural basada en el prejuicio contra las personas travestis, transexuales y transgénero”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había explicado en 2015 que esta norma tiene la capacidad de “contribuir no sólo a reducir los niveles de pobreza que enfrentan las personas trans, sino también pueden asistir a reducir el número de asesinatos y actos de violencia policial, en la medida que disminuyan el número de personas travestis, transexuales y transgénero en economías informales criminalizadas contribuyendo, asimismo a derrumbar estereotipos y prejuicios relacionados con la identidad de género”.

La sanción de la Ley N° 14.783 también fue destacada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como uno de los aspectos positivos del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos en el quinto informe periódico presentado por la Argentina.

Municipios que ya habían avanzado

A pesar de no estar reglamentada, en algunos municipios y universidades se tomó la decisión política de llevar a cabo el cupo laboral travesti trans. Karina Nazábal, a cargo de la Secretaría de políticas de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo provincial, presentó el año pasado un informe donde advierte que a pesar de la no reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial, los municipios de Morón, Lanús y Azul, Chivilcoy, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y San Miguel adhirieron a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. En la Universidad Nacional de La Plata, la facultad de Psicología decidió presentar un proyecto de Inclusión Laboral para Personas Trans en el Consejo Directivo que fue aprobado en septiembre de este año.  Además el Municipio de Mar del Plata también la implementó así como la Universidad de Mar del Plata, que ya tiene en su plantilla a las primeras trabajadoras trans.

Fuente Agencia Presentes

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