Hace una década, la comunidad travesti trans inició una incansable lucha por una Ley de Reparación Económica que reconozca los daños sufridos durante la dictadura militar (1976-1983) y los primeros 28 años de democracia.

La historia de la comunidad travesti está marcada por décadas de discriminación y marginación, una realidad dolorosa evidenciada por numerosos testimonios de sobrevivientes y la investigación «La Revolución de las Mariposas», específicamente el capítulo «Envejecimientos y vejeces en travestis y personas trans, algunos asuntos pendientes», dan cuenta de la difícil situación que han vivido y que actualmente también padecen las personas travestis y trans mayores.

Norma Gilardi 28/10/2023 Entrevista Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Fotografía María Eugenia Azar.

Hace una década, la comunidad travesti trans inició una incansable lucha por una Ley de Reparación Económica que reconozca los daños sufridos durante la dictadura militar (1976-1983) y los primeros 28 años de democracia, que, según el colectivo, la democracia para la comunidad travesti trans comenzó con la promulgación de la Ley de Identidad de Género en junio de 2012.

A lo largo del tiempo, el camino legislativo hacia la reparación económica ha experimentado cambios significativos. Inicialmente enfocado en la violencia institucional, evolucionó para abarcar la violencia sufrida durante la dictadura militar, incluyendo conceptos como indemnización, reparación y genocidio. A continuación, se presenta un recorrido por varios proyectos de ley y esfuerzos (algunos exitosos) en distintas regiones del país para lograr la anhelada reparación económica o pensión no contributiva para la comunidad travesti trans sobreviviente, acompañado de conmovedores testimonios de personas mayores de 50 años, auténticas supervivientes de una lucha histórica que aún no ha concluido.

A lo largo del tiempo, el camino legislativo hacia la reparación económica ha experimentado cambios significativos. Inicialmente enfocado en la violencia institucional, evolucionó para abarcar la violencia sufrida durante la dictadura militar, incluyendo conceptos como indemnización, reparación y genocidio.

Los distintos proyectos y políticas

En los últimos años se ha hecho un recorrido por varios proyectos de ley y esfuerzos (algunos exitosos) en distintas regiones del país para lograr la anhelada reparación económica o pensión no contributiva para la comunidad travesti trans sobreviviente, acompañado de conmovedores testimonios de personas mayores de 50 años, auténticas supervivientes de una lucha histórica que aún no ha concluido.

La legisladora María Rachid presentó un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires para establecer una pensión no contributiva mensual para personas travestis y trans mayores de 40 años, solo podían cobrarlo quienes tuvieran ingresos menores a 5810. Este proyecto en sí mismo carecía de un espíritu reparador, además de exigir el cambio registral, contradiciendo el espíritu de la Ley de Identidad de Género.

Norma Gilardi, sobreviviente de la dictadura, relata: «Mi familia me marcó mucho, no podía creer que prefiriesen tenerme muerta antes que viva. No se podía andar en la dictadura, me acuerdo que el 13 de noviembre de 1976 esa misma noche me sacan del teatro, de ahí fui a parar a la cárcel y recuperé la libertad cuando asumió Alfonsín”

Nadia Natali Saavedra, sobreviviente de la Panamericana. 28/10/2023 Entrevista Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Crédito: Pili Cabrera

La diputada Diana Conti presentó un proyecto en el marco de la campaña «Reconocer es Reparar». Buscaba beneficiar especialmente a quienes sufrieron violencia policial. Aunque incorporó mejoras, como un aumento del 30% en casos de violencia sexual y tenía compatibilidad con toda prestación contributiva o no contributiva, el monto se regulaba de acuerdo a la categoría D, plana permanente del Sistema Nacional de Empleo Público.

En 2016 se lanzó la campaña para convertir en ley el proyecto Nº 8194 de pensión a travestis y trans víctimas de violencia policial, pero el expediente caducó el 28-02-2019.

«Las palizas que nunca voy a olvidar son las de mi madre»

Nadia Natali, sobreviviente de la Panamericana, comparte su experiencia de abandono y abuso: “Se entera mi familia y las palizas empezaron, porque no es como ahora que te aceptan todo, las palizas que nunca me voy a olvidar de mi madre, así que me cansé de tanto, tanto que me maltratara mi madre, de ser el puto de la familia, la oveja negra, me fui un día diciendo que me iba al colegio con algo de ropa en la mochila”, “desgraciadamente era una criatura y bueno para comer tenía que tener relaciones, siempre existió el hombre degenerado antes, ahora y va a estar siempre, entonces tenía que tener relaciones por sándwich, cosas, por lo que sea, trece años tenía”

Vigente desde el 2012, originariamente establecía una pensión para aquellas personas que fueron detenidas durante la última dictadura militar por motivos políticos, gremiales o estudiantiles, a partir de la fecha se incorporó a la orientación sexual y/o identidad de género esta ley sigue vigente al día de hoy beneficiando a unas 30 personas travestis y trans.

Reparación para sobrevivientes de la dictadura

Fanny del Valle Chamorro Franco foto del 27/10/2022 Crédito: Pili Cabrera

En 2023, se promulga la Ley de Reparación Histórica para las Sobrevivientes Travesti-Trans Post-Dictadura, alrededor de 140 compañeras travestis recibirán este beneficio.

Fanny del Valle Chamorro Franco, fue una de las reparadas por la Ley 13.298 de Santa Fe. Activista, fallecida recientemente, destacaba su incansable lucha por sus compañeras: “yo hice muchos reportajes, salí con José de Zer, con Silvia Fernández Barrio, hice muchas denuncias yo fui a la Panamericana adonde hacía los reportajes con los periodistas, fui a las revistas a todos lados cuando tuve que tocar puertas toqué, por mis compañeras porque era todos los días dos o tres muertas, todos los fines de semana tres o cuatro muertas”.

El gobernador Axel Kicillof firma el proyecto de ley que, establece un beneficio equivalente a tres sueldos básicos. Se toma el monto de la Categoría ingresantes del Agrupamiento Administrativo – Clase 4, A diferencia de otros proyectos la pensión es incompatible con el fallecimiento de la beneficiaria, por otro lado es si compatible con todo tipo de ingresos de parte de la beneficiaria sea sueldo, otra jubilación y cualquier otra indemnización, reparación que tuviese.

Karina Pintarelli 14/10/2023 en Casa Leonor de Merlo Provincia de Buenos Aires. Crédito: Pili Cabrera

Karina Pintarelli, 65 años, narra su experiencia y la lucha por la reparación: «Recién en 2018 pude, con el apoyo de Abosex, iniciar los trámites para pedir la reparación.»

Cómo avanza la pensión reparatoria

En la reciente reunión de la diputada Mónica Macha con las Históricas Argentinas, se discutió el proyecto consensuado entre las organizaciones del colectivo travesti trans. Un aspecto central fue el monto de la pensión, un tema debatido y resistido por las travestis mayores, quienes entendían que una jubilación mínima no cubría las necesidades de quienes enfrentaban una situación extrema de vulnerabilidad.

El último proyecto de ley establece que la «Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis, Transexuales y Transgénero» equivale a UNA (1) jubilación mínima abonada por la ANSES, con percepción mensual y sujeta al calendario de aumentos de la misma, no obstante existe la posibilidad de solicitar incrementos, dicho incremento se otorgará en la medida de las pruebas que se deberán presentar en cada caso.

Mónica Ríos

**Incrementos:**

– **En un 50% más:** A las personas privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género, tanto por las Fuerzas de Seguridad federales como por autoridades judiciales o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal. Esto incluye a quienes hayan sufrido las disposiciones del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina, así como a aquellas privadas de su libertad por causas similares a nivel provincial.

– **En un 70% más:** A las personas que cumplan con las condiciones del 50% y además hayan sufrido lesiones gravísimas según la clasificación de los artículos 90 y 91 del Código Penal, o hayan sido víctimas de delitos contra la integridad sexual (arts. 118 a 133 del Código Penal).

**Pruebas para la Solicitud del Incremento:**

a) **Prueba Inequívoca:** En casos en que a las personas alcanzadas por esta Ley se les hayan aplicado los incisos “f”, “h” e “i” del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina.

b) **Informe Oficial:** Los organismos oficiales deben proporcionar los informes solicitados por la autoridad de aplicación en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles para facilitar la presentación de pruebas.

c) **Prueba Adicional:** Se admite el ofrecimiento y producción de prueba testimonial, informativa, documental y cualquier otro medio idóneo para acreditar los hechos referidos.

d) **Prueba de Oficio:** En caso de falta de materiales probatorios suficientes por parte del solicitante, la autoridad de aplicación procederá a la producción de prueba adicional de oficio.

e) **Admisión de Prueba Adicional:** La autoridad de aplicación debe admitir la producción de prueba adicional de oficio cuando sea necesario.

Este proyecto representa un paso significativo hacia la reparación histórica para la comunidad travesti trans, abordando no solo el reconocimiento económico sino también la complejidad de las experiencias vividas por las personas afectadas.

Noelia Luna, Alma Fernández, la diputada Mónica Macha y Sandra Igor de Bariloche en el despacho de la diputada. Crédito: Pilar Cabrera

Pilar Cabrera

Pilar Cabrera

Fuente Agencia Presentes

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El colectivo travesti trans convoca a la primera marcha plurinacional por una ley de reparación histórica.

BUENOS AIRES, Argentina. A 11 años del reconocimiento a la identidad de género en Argentina, la ley que trajo la democracia para trans y travestis, el colectivo hoy reclama una reparación por lo que vivieron. «Es un reconocimiento por todo el daño que nos causaron», dicen las activistas. Este 24 de mayo realizarán la Primera Marcha Plurinacional por una «Ley de Reparación Histórica Ya».

«Es un reconocimiento por todo el daño que nos causaron: la persecución, las violaciones, las torturas, las caídas presas, el homicidio de tantas compañeras y amigas. Por una persecución institucional tanto del Estado como de la sociedad toda, y hasta de la propia familia. Nos negaron la existencia, nos mataron y nos prohibieron por el solo hecho de existir», dijo a Presentes Patricia Rivas, sobreviviente trans de 56 años, activista de Travestis-Tras Las Históricas Argentina.

Se trata de una normativa que permita la entrega de una pensión mensual y reparatoria a las trans y travestis mayores de 40 años que hayan sido víctimas de violencia institucional en base a su identidad de género.

Una democracia real

El colectivo advierte que esta violencia tuvo lugar no solo durante la última dictadura militar. La democracia para ellas no llegó en 1983, con el fin del Terrorismo de Estado. Los edictos policiales que las criminalizaban sólo por ser travestis o trans -que fueron derogados recién en 1998 en la Ciudad de Buenos Aires y una década después en la provincia de Buenos Aires-, les valió detenciones, encarcelamientos y las violencias desatadas por el personal policial en esos establecimientos y en la calle. 

«Pedimos una reparación histórica porque sabemos que es el Estado quien perpetuó el terrorismo de Estado hacia los cuerpos travestis y trans no solo en dictadura sino también en gran parte de la democracia. Podemos decir que casi dos décadas después empezamos a adquirir algunos derechos. Pero con los delitos contravencionales hasta casi el 2000 multaban y encarcelaban a las personas travestis y trans. El Estado fue el que criminalizó nuestras identidades y generó un terrorismo sobre nuestros proyectos de vida e identidades. Por eso, el Estado debe responder», dijo a Presentes Alejandra Silvestre, docente y militante de Mujeres Trans Argentina (MTA).

Además de la derogación de los edictos policiales, la normativa argentina en materia de derechos humanos que comenzó a instalarse a partir del 2010 contribuyó a mejorar la situación del colectivo travesti trans.

«Nosotras no tenemos 40 años de democracia, tenemos 12, desde que se aprobó la Ley de Identidad de Género», lanzó la sobreviviente trans Marcela Viegas Pedro en su declaración en el juicio por delitos perpetrados en las brigadas del sur del Conurbano de la provincia de Buenos Aires, conocida como causa Brigadas, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata. Cuando era muy joven estuvo detenida en el Pozo de Banfield, uno de los 230 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires bajo el Terrorismo de Estado.

Hacia más derechos

Para la militante travesti presidenta de La Rosa Naranja, Marcela Tobaldi, actualmente en la Argentina existe un «piso de derechos». Ésto, afirma, fue otorgado por «el matrimonio igualitario, la ley nacional de identidad de género, la ley de cupo que prevé este 1% dentro de los empleos públicos y también privados». En este marco, aún falta «sentar este piso de derecho de reconocer y reparar, que es un reconocimiento a nuestras vidas, a nuestras luchas y a nuestros recorridos».

Actualmente hay tres proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación que buscan la reparación histórica. Uno fue presentado por la diputada Mónica Macha, otro por Mara Brawer y uno por Gabriela Estevez, todas del Frente de Todos. «Están trabajando en asesores de la Comisión de Mujeres para hacer un proyecto de síntesis y poder dictaminar», dijo a Presentes Brawer, y aclaró que «la idea es sacarlo este año».

Además, en la provincia de Buenos Aires, por iniciativa del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, el gobernador Axel Kicillof envió en octubre del año pasado un proyecto de ley a la legislatura que busca reconocer y reparar al colectivo. «Está muy avanzado el proyecto de ley», dijo Tobaldi a Presentes sobre la iniciativa que considera «superadora» frente a las demás.

Este proyecto prevé un monto de las pensiones más alto que los anteriores ya que equivale a «tres sueldos básicos de la Categoría Ingresantes del Agrupamiento Administrativo – Clase 4».

Integrantes de la Asociación civil Gondolín reclaman por una ley de reparación histórica.

Santa Fe, la pionera

Por otra parte, la provincia de Santa Fe en 2018 fue pionera en interpretar sus leyes locales vinculadas a lesa humanidad en favor del colectivo travesti trans.

En este sentido, el Director de la Caja de Pensiones Sociales de la provincia extendió a este colectivo la aplicación de la Ley Provincial N° 13.298 de 2012 de Pensión para presos y presas políticos, gremiales o estudiantiles (1976-1983). Además, en abril del año pasado se presentó un proyecto de ley de reparación.

Los proyectos en general apuntan a las travestis y trans mayores de 40 años porque el promedio de vida de este colectivo ronda los 35 y 40 años. «Estamos hablando de una población que la mayoría no llega a los 40 años. Todas aquellas que han pasado los 40 años, que son las que vivieron el terrorismo, son sobrevivientes», dijo Silvestre a esta agencia.

Patricia Rivas, Luana Salvá y Umma Almiron durante la manifestación en pedido de una ley de reparación histórica.

Reivindicar derechos

Esta reparación «implica borrar las heridas y todas las persecuciones policiales que tuvimos que comernos nada más que por ser de una identidad distinta», reconoció Marcela Saibek, de 57 años y militante de Travestis-Tras Las Históricas Argentina. «Nos vulneraron en todo sentido, física y moralmente, nuestros derechos. Nos arrebataron los derechos. No existíamos como ciudadanas. Por eso, esta reparación implica reivindicar nuestros derechos y no que no nos falten más el respeto», concluyó.

La marcha se realizará a las 15 de forma federal el 24 de mayo. En la Ciudad de Buenos Aires partirá desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

Para llevarla adelante las distintas organizaciones que convocan están recaudando fondos para recibir a compañeras, garantizar sonido y técnica (para un festival luego de la marcha), agua y víveres.

Para participar de esta recaudación se puede enviar dinero al alias HISTORICASARGENTINAS.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alejandra Silvestre, Analía Velázquez, Archivo de la Memoria Trans, Argentina, Axel Kicillof, Buenos Aires, Dictadura Miltar, Fabiana Gutiérrez, Frente de Todos, Gabriela Estévez, Julieta Alejandra González, La Rosa Naranja, Ley de Reparación Histórica, Luana Salvá, Mara Brawer, Marcela Saibek, Marcela Tobaldi, Marcela Viegas Pedro, Marlene Wayar, Mónica Macha, Mujeres Trans Argentina (MTA), Paola Leonor Alagastino, Patricia Rivas, Personas LGTBIQ, Pozo de Banfield, Primera Marcha Plurinacional, Supervivientes, Terrorismo de Estado, Travestis-Tras Las Históricas Argentina, Umma Almiron

Fernando Báez Sosa

El crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell conmueve por la brutalidad de los diez rugbiers implicados y por la impunidad y saña con la que golpearon. Los antecedentes por acoso sexual y peleas podrían haber sido una advertencia pero se dejaron pasar. Por eso, se reclama que haya programas de atención para hombres con signos de violencia. Mientras que se pone en debate el rol del rugby, sin culpar al deporte, pero con el reclamo a los clubes para que no promuevan una masculinidad que mata.

“Es lamentable lo que hicieron con mi hijo. Es una injusticia”. Son las palabras de Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa, asesinado la madrugada del pasado sábado presuntamente a manos de un grupo de jugadores de rugby en Villa Gesell, Argentina. “Se merecen que paguen todo eso que le hicieron. Le arruinaron su vida”, agregó entre lágrimas su madre en el velorio del que era su único hijo, exigiendo que el caso “no quede impune”.

El joven de 19 años salía de un local nocturno en la localidad balnearia bonaerense cuando fue interceptado por los rugbiers, quienes lo habrían golpeado brutalmente hasta la muerte.   La autopsia del cuerpo de Báez Sosa determinó que la causa de la muerte fue un “fuerte traumatismo de cráneo”.

Once chicos de entre 19 y 21 años se encuentran detenidos tras el asesinato, la mayoría de ellos jugadores del Club Náutico Arsenal de Zárate, ubicado en las afueras de la capital argentina. Hasta el momento, casi todos los acusados se han negado a declarar, excepto Pablo Ventura, quien a diferencia del resto, fue detenido en Zárate.

Según el diario argentino La Nación, los abogados les habrían pedido a los amigos de la víctima no dar declaraciones a la prensa “para no entorpecer la causa”. Pero de acuerdo a una de las fuentes del periódico, todo habría empezado con una pequeña disputa dentro del local. “Le quisieron pegar a uno de los chicos y Fernando los quiso separar. Se generaron algunos empujones y por eso lo echaron a Fernando y a sus amigos de Le Brique (el nombre de la discoteca)”.

Según la misma fuente, una vez fuera del club, Báez Sosa y sus amigos estaban sentados en una vereda esperando a otros dos compañeros para abandonar el lugar, antes de que se produjera el ataque. “Uno había ido a hacer pis y otro todavía estaba adentro (…) Es ahí cuando salieron los rugbiers y fueron directo a buscarlo a Fernando”. Algunos de los amigos de la víctima que intentaron frenar la pelea también recibieron fuertes golpes en la cara y la cabeza.

En diálogo con la prensa a las afueras de su residencia en el céntrico barrio bonaerense Recoleta, la madre de la víctima habló de la última comunicación que tuvo con él. “La última vez que tuve contacto con él fue por mensaje. Le pregunté cómo estaba, y me respondió que se encontraba muy bien. Luego me dijo: ‘Mami, te quiero’. Esa fue la última vez que me contacté con él”, dijo entre lágrimas. Graciela Sosa aseguró además sentirse “muerta”. “Era mi único hijo”.

Fernando se había inscrito en la Universidad de Buenos Aires para estudiar Derecho. Su madre lo recuerda como “un chico bueno, decente, servicial. No se merecía esto: nadie se merece esto”.

Tatiana, la encargada de manejar las redes sociales de Le Brique, fue testigo del ataque y relató en una entrevista con el canal de televisión local Todo Noticias los hechos. “A eso de las cinco y media de la madrugada yo salí del boliche y lo vi a Fernando que estaba sentado, rodeado de sus amigos. En ese momento aparecen estos chicos y empezaron a pegarles, de la nada”, contó la joven de 17 años. “Eran una máquina de golpear, no les importó nada”, continuó la joven de 17 años. Ella también recuerda cómo otros jóvenes inconscientes, “más inconscientes que ellos (los rugbiers)”, gritaban “pégale dale, lo vas a matar, dale que vos podes”.

Walter Mércuri, el fiscal que inició las investigaciones por el asesinato del joven, le dijo en una entrevista con Todo Noticias que los rugbiers habían actuado con “premeditación” y “tenían un plan“. Mércuri también afirma que dos de ellos ultimaron al joven cuando estaba desmayado en el piso proporcionándole una patada “que según la autopsia fue mortal”.

Tras el asesinato, el fiscal pidió la detención formal de los 11 acusados ante el juez Leopoldo Mancinelli por “homicidio agravado por participación premeditada de dos o más personas”, el cual explica que tiene una pena de prisión perpetua. Igualmente explica que dos de los sospechosos están acusados como “coautores”. “Se ve clarito en las imágenes que ultiman a la víctima cuando está desmayada en el piso”, agrega.

Varios videos de la riña han sido publicados en las redes sociales.

Nancy, una prima de la víctima, recalcó que “no había un motivo real para le peguen de esa manera”. “Si hubo una pelea o un roce, no justifica que se pongan entre diez u once personas con un chico solo”, prosiguió, haciendo un llamado a todos los padres a que reconsideren cómo crían a sus hijos. “Nadie es más que nadie para hacer semejante acto de violencia, por creerse superior, por tener un poquito más”, concluyó.

“Para ellos, era una práctica habitual golpear a una sola persona entre varios”, aseguró Marcelo Urra, apoderado del Club Náutico Arsenal de Zárate, a donde concurrían la mayor parte de los diez detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, de 19 años, el sábado, en Villa Gesell. “Si bien como club estamos ajenos a lo hechos acontecidos en Villa Gesell, la Comisión Directiva tomó la decisión de suspender a los socios activos porque están involucrados en un hecho que afecta y mucho a la imagen que pregona el club con sus asociados y sus deportistas”, afirmó Marcelo Urra, el apoderado legal de Náutico Arsenal.

Hasta ahora la fiscal Verónica Zamboni imputó a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del asesinato de Báez Sosa. Además, consideró partícipes necesarios al resto de los rugbiers, mientras que Pablo Ventura fue liberado. Y, aunque todavía sigue involucrado formalmente, parecería comprobarse que su detención se debió al testimonio de uno de los presuntos asesinos que habitualmente lo responsabilizaba de sus atropellos.

Máximiliano Thomsen y Ciro Pertossi

Después de la primera rueda de reconocimiento, los testigos del crimen de Fernando Báez Sosa identificaron como sus asesinos a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi. Además, uno de los testigos también identificó a Enzo Comelli, uno de los rugbiers detenidos, como la persona que le aplicó el “primer golpe” a la víctima. Así lo informó Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia del joven asesinado.

La fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, imputó a dos de los rugbiers detenidos como coautores del homicidio. Se trata de Máximiliano Thomsen y Ciro Pertossi quienes enfrentarían una pena máxima de prisión perpetua debido a que el delito fue calificado como agravado por el “concurso premeditado de dos o más personas”.

Máximiliano Thomsen, de 20 años, es hijo de la arquitecta Rosalía Zárate, quien se desempeña como Secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate. Por su parte, Ciro Pertossi, de 19 años, es hermano de Luciano, otro de los detenidos. También es primo de Lucas Pertossi, quien dos semanas antes del brutal ataque publicó un polémico mensaje en las redes sociales. “Fua no falta nada para irnos a gesel (sic) con los pibes, a romper lo que nos faltó el año pasado”, escribió Lucas Pertossi el 4 de enero.

En Zárate, la madre de los hermanos Pertossi trabaja como docente. Su padre es jefe de la automotriz Toyota. Todos los Pertossi fueron suspendidos por el club este martes. Según revelaron algunos vecinos de la zona, los Pertossi eran conocidos porque solían protagonizar episodios violentos.

“No es la primera vez que llega a nuestro conocimiento, no al club en sí, sino en la sociedad de Zárate, de golpizas entre jóvenes y da la casualidad que algunos de los protagonistas son los que están detenidos”, afirmó Marcelo Urra, el apoderado legal de Náutico Arsenal.

En términos legales, se considera que los partícipes necesarios prestaron ayuda o tuvieron algún tipo de comportamiento sin el cual no se podría haber cometido el delito. Por lo tanto, también a ellos les cabría la misma pena.

Cuatro de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa fueron suspendidos en su club: “Era una práctica habitual golpear a una persona entre varios”

El apoderado legal de la institución deportiva contó que varios de los imputados por el homicidio en Villa Gesell habían protagonizado otras agresiones en manada en la ciudad de Zárate

Las autoridades del club de rugby donde juegan algunos de los once jóvenes que fueron detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido la madrugada del sábado pasado a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell, suspendieron a cuatro de los imputados por el homicidio que estaban afiliados a esa institución deportiva.

Se trata de los hermanos Ciro (19) y Luciano Pertossi (18), Alejo Milanesi (20) y Blas Cinalli (18), quienes fueron sancionados debido a que su participación en el ataque a Báez Sosa “afecta la imagen que pregona” el club Naútico Arsenal de Zárate.

Además de Ciro y Luciano Pertossi, Milanesi y Sinalli, están detenidos Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Máximo Pablo Thomsen (20), Lucas Fidel Pertossi (20), Tomás Enzo Comelli (19) y Juan Pedro Guarino (19)

Los once imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa

Todos están acusados del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, que tiene la única pena de prisión perpetua. Para la Fiscalía, dos de los detenidos le dieron a Fernando los golpes mortales y los otros nueve colaboraron con el crimen, pero golpearon a los amigos de la víctima para impedir que le presten ayuda.

El crimen se desencadenó por una pelea cerca de las 3:30 dentro del boliche por la que los jóvenes fueron sacados del lugar. “Se hicieron los guapos adentro, a ver cómo les va afuera”, dijo en la calle uno de los dos rugbiers acusados de golpear a Fernando, según el relato de testigos.

El gobernador Axel Kicillof dijo estar preocupado y seguir con atención lo sucedido en Villa Gesell con el asesinato de Fernando Baez Sosa por una patota de rugbiers. “El Gobierno de la provincia ha acompañado a familiares de la víctima. Ha sido una situación muy delicada y esperamos que la Justicia actúe muy rápidamente sobre los responsables“, dijo el gobernador.

Respecto a la decisión del intendente geselino, Gustavo Barrera, de prohibir la venta y consumo de alcohol en la vía pública, evaluó que “hay que poner todo desde el gobierno para prevenir“. “Hay que hacer todo lo necesario para evitar que cosas como estas pasen” porque, remarcó, “todo hecho de violencia hay que condenarlo”.

Fuente La nación/ Infobae/Agencias

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“Masculinidades: entre el espejo y la cloaca”

“Si tantos discursos y tantas voces se levantan y se levantaron en esta semana para encontrar sentido a la escena insoportable de diez muchachos de 20 pegándole hasta la muerte a otro en el piso es porque el espejo está pulido y esquivarlo no sólo es un error, es un peligro, un riesgo constante, una ruleta rusa.”

Por Marta Dillon (Página 12), vía Sentido G

Los varones están hablando de sus cuerpos, desde sus cuerpos; están templando una voz para nosotras y nosotres conocida, esa que enuncia de qué se trata la experiencia de tener un cuerpo que siempre llega antes que cualquier otra presentación.

Tímidamente –pero siempre saludados por su “valor”–, los varones heterosexuales están poniendo en juego lo que significa un pene tildado de chiquito, el miedo a los ritos de iniciación en clubes o cofradías varias, la dificultad de decir No y quedar fuera, la falta de fuerza física. Se los puede leer en las redes y en los medios, envían mensajes diciendo que quieren contar más de lo que pasa en los vestuarios, están dispuestos, parece, a enunciar lo no dicho por sus propias bocas.

No son la mayoría, la primera persona capaz de narrar esas vergüenzas, esas nimiedades hechas de pelos, arrugas, grasa, fluidos, canas, dolor y temblor son un territorio en el que nos movemos con soltura y a la fuerza quienes acumulamos la experiencia de ser empujades por los toboganes del juicio permanente, la exclusión, los partos, las manchas de menstruación, los abortos, el abuso sexual, la violación. Parto, aborto, menstruación, menopausia son hechos de la vida reproductiva, hechos de la vida; sin embargo se viven con violencia también. Cuerpos feminizados, cuerpos devaluados, cajas de resonancia de voces que se hacen barricada para vivir una vida que valga la pena.

Los varones heterosexuales no siempre viven el cuerpo como potencia aunque a eso están exigidos, pero esa vergüenza de que sus genitales no encajen, sus músculos no sean lo suficientemente duros, su coraje no sea traducido en sometimiento de otres, sus éxitos no cuenten en los mandatos de esa masculinidad rancia que ahora se denuncia las más de las veces está enmascarada, aparece brutalmente en los números de suicidios –adolescentes la mayoría–, de accidentes que ocurren por necesidad de ponerse a tono con el imperativo del valor y la prepotencia. Aparece como un desgarro cuando ese imperativo se convierte violencia homicida: los femicidios, los travesticidios, las violaciones en manada, las violaciones correctivas; el asesinato de Fernando Báez, entre tantos otros que suceden cotidianamente en las cercanías de los boliches pero perdidos en el conurbano.

Esa brutalidad que acumula lágrimas de dolor y bronca, esta vez, tal vez, podría ser un punto de inflexión para quebrar el pacto que cobija en la cofradía el deprecio, la violencia, el uso de otros cuerpos como cosas. Sobre este cadáver tan joven y este duelo colectivo por esa vida aniquilida, tenemos que construir otras formas de vida, juntes. No ha sido suficiente hasta ahora que se llenaran calles y plazas que claman que todos los cuerpos cuentan. Ni la rebeldía de los cuerpos y los goces disidentes que desafían a diario la norma patriarcal. No alcanza con todas las que se paran sobre sus propios pies y enfrentan al poder de la fratria para denunciar la violencia sexual, como pueden y no como se pretende que es correcto.

Como fue con el soldado Carrasco que al ser asesinado, desde la oscuridad de la muerte, logró que se termine con la humillación institucionalizada del servicio militar obligatorio; así tendría que ser con Fernando. Que dejemos de infantilizar a los varones explicándoles qué es violencia, qué es acoso, qué es abuso. Lo saben, lo saben en sus cuerpos, síganlo diciendo; que crezca el coro de voces y que construya su propio No, su basta ya, que empiece de una vez a diseñar su manera otra de estar en este mundo que no es cruel porque sí sino porque así se lo hizo.

Caminamos sobre una tierra que se colonizó a fuerza de genocidio y de violaciones masivas de las mujeres indígenas. Con la misma cruz que alguno de los agresores de Fernando llevaban en el cuello. Estos varones que conocemos y que ahora intentan rasgarse los vestidos con los que se construye su género están hechos también con los discursos de las iglesias, del éxito como posesión de bienes y servicios de lo que consideran Sus familias, las familias que van a misa o al templo y que siempre tienen a mano la imagen del ángel exterminador, del apocalipsis de muerte para quienes no se disciplinan. Y de la acumulación capitalista para los obedientes.

“Fuimos nosotros, sí”, dijo un rugbier o un ex rugbier en redes sociales y tiene razón. No queda otra que mirarse en el espejo de esa patada dada a un chico inconsciente, como habría que mirarse en el espejo de Higui de Jesús que ahora enfrenta un juicio por haberse rebelado frente a la crueldad de ese rito –sí, rito– de la violación correctiva. A esa lesbiana le iban a dar una buena poronga y no sólo para que deje de ser lesbiana, para que deje de usurpar la identidad masculina que tan bien se construye en gimnasios, cuarteles, templos, bancos, boliches, canchas.

Si tantos discursos y tantas voces se levantan y se levantaron en esta semana para encontrar sentido a la escena insoportable de diez muchachos de 20 pegándole hasta la muerte a otro en el piso, que además era morocho, que además era paraguayo e hijo de un portero mientras los otros podían jactarse de sus privilegios de clase media blanca, conservadora y con aspiraciones es porque el espejo está pulido y esquivarlo no sólo es un error, es un peligro, un riesgo constante, una ruleta rusa. Otra vez puede ser tu hijo, y no sólo el que quedó en el piso, puede ser el que en la cofradía se sienta obligado a dar la patada. Como en ese libro de Luis María Pescetti que mi hijo de 11 odia por su crueldad, en el que un chico tímido termina matando un pájaro para no quedarse más solo en el recreo.

El espejo está pulido pero mientras algunos empiezan a mirarse otros lo convierten en la cloaca donde depositar sus desechos –porque son los rugbiers y no los hombres buenos–, sus deseos de exterminio –y que violen en la cárcel a esos monstruos que son esos 10 distintos de todos y el castigo que merecen es ser convertidos en maricas o mujercitas–, el airado reclamo a las familias que educan mal mientras se aferran a sus cruces teñidas de la sangre de las brujas, les indígenas, los campos de concentración, les que mueren por abortos clandestinos –y es una enumeración corta–.

El homicidio de Fernando Báez Sosa es una interpelación urgente. Justicia es que no vuelva a pasar.

Vía SentidoG

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Axel Kicillof, Ciro Pertossi, Club Náutico Arsenal de Zárate, Enzo Comelli, Fernando Báez Sosa, Graciela Sosa, Homofobia/Transfobia, Machismo, Masculinidades, Máximiliano Thomsen, Villa Gesell

 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Después de cuatro años aprobada y cajoneada, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires. La Ley nº14.783 fue impulsada por la activista travesti Diana Sacayán y se votó en septiembre de 2015. Un mes después la militante por los derechos humanos fue asesinada con saña en su departamento. Desde entonces el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo la reglamentación frenada hasta hoy, que fue publicada en el Boletín Oficial.

“El sector público de la provincia de Buenos Aires debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, se lee en la publicación.

La reglamentación lleva la firma del Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, del ministro de Gobierno, Federico Salvai y de la gobernadora María Eugenia Vidal. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo deberán garantizar que esto ocurra.

Durante estos cuatro años las organizaciones de la diversidad sexual exigieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires su implementación pero no obtenían respuestas.

“Esta reglamentación la recibimos con sentimientos encontrados: en principio porque la ley se sancionó en 2015 y la gobernadora María Eugenia Vidal tardó 4 años en reglamentarla a través de un decreto, algo que creemos que llega muy tarde en relación a que durante 4 años murieron muchas compañeras nuestras de hambre, por la exclusión, la falta de recursos, sobre todo de trabajo. Pero también hay que celebrarla,  tenemos esperanzas de que algo cambie”, explicó a Presentes la activista Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina.

Por su parte, la activista Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina, coincidió en que “es para celebrar: para poner foco en que tenemos la ley Diana Sacayán reglamentada. Esto es una gran noticia para la comunidad travesti trans”. Aunque al igual que la presidenta de OTRANS advirtió sobre la tardanza: “Vidal es ese paréntesis, esa suspensión de la democracia en el recorrido de los derechos de las personas trans. Vidal tenía el texto guardado hasta días antes de terminar su gestión”.

Además seguró que pedirán una entrevista con el futuro gobernador Axel Kicillof para hablar sobre la reglamentación.

Próximos pasos

En el Anexo de la publicación se detallan cómo será reglamentada. En primer lugar, la Administración Pública Provincial deberá comunicar al Ministerio de Trabajo en los próximos 90 días el número total de personas que se desempeñan bajo su órbita. Con esa base, deberán calcular las vacantes que se tienen que generar para poder cumplir con el cupo.

Además, indica que se creará el “Registro de Solicitantes de Empleo ‘Amancay Diana Sacayán’” que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Allí se asentarán las postulaciones de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a ocupar vacantes abiertas o reservadas bajo la Ley N° 14.783. La información contenida en ese registro será confidencial.

Una mesa integrada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos deberá monitorear el cumplimiento de la ley, donde tendrán “participación consultiva” las organizaciones trans.

Por qué una ley de cupo Diana Sacayán 

La argumentación de la ley explica el reconocimiento internacional que hubo ante la Ley de  Identidad de Género. Luego cita la ley nº14.783 y retoma sus argumentos: “Las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulneradas históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos”.

“A causa de la criminalización, discriminación y exclusión sistemática a la que fueron y están aún expuestas, las personas travestis, transexuales y transgénero suelen ser víctimas de rechazo, marginación y violencia brutal desde una temprana edad, lo cual se traduce en violencia en el seno familiar y en la expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos a los que concurren, forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia, lo cual, a su vez, ha contribuido a que un gran número de personas travestis, transexuales y transgénero registre antecedentes por detenciones en vía pública, procesamientos y condenas penales”, sigue la argumentación.

El texto publicado en el Boletín Oficial de la provincia más poblada de la Argentina reconoce que la ley fue impulsada “desde la sociedad civil por la activista Amancay Diana Sacayán, cuya labor contribuyó decididamente a la sanción de la ley objeto de la presente reglamentación” e indica que el objetivo es “revertir una situación de exclusión y discriminación estructural basada en el prejuicio contra las personas travestis, transexuales y transgénero”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había explicado en 2015 que esta norma tiene la capacidad de “contribuir no sólo a reducir los niveles de pobreza que enfrentan las personas trans, sino también pueden asistir a reducir el número de asesinatos y actos de violencia policial, en la medida que disminuyan el número de personas travestis, transexuales y transgénero en economías informales criminalizadas contribuyendo, asimismo a derrumbar estereotipos y prejuicios relacionados con la identidad de género”.

La sanción de la Ley N° 14.783 también fue destacada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como uno de los aspectos positivos del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos en el quinto informe periódico presentado por la Argentina.

Municipios que ya habían avanzado

A pesar de no estar reglamentada, en algunos municipios y universidades se tomó la decisión política de llevar a cabo el cupo laboral travesti trans. Karina Nazábal, a cargo de la Secretaría de políticas de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo provincial, presentó el año pasado un informe donde advierte que a pesar de la no reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial, los municipios de Morón, Lanús y Azul, Chivilcoy, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y San Miguel adhirieron a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. En la Universidad Nacional de La Plata, la facultad de Psicología decidió presentar un proyecto de Inclusión Laboral para Personas Trans en el Consejo Directivo que fue aprobado en septiembre de este año.  Además el Municipio de Mar del Plata también la implementó así como la Universidad de Mar del Plata, que ya tiene en su plantilla a las primeras trabajadoras trans.

Fuente Agencia Presentes

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