Jack Phillips, el tristemente conocido pastelero de Denver que, tras un largo periplo judicial por negarse a hacer la tarta de boda de una pareja gay, obtuvo el fallo favorable del Tribunal Supremo de Estados Unidos, regresa a la justicia federal por otro episodio de discriminación. En este caso, la afectada es la abogada Autumn Scardina, una mujer trans a la que Masterpiece Cakeshop negó un pastel para la doble celebración de su cumpleaños y de los cambios de género con la excusa «de sus creencias religiosas». Scardina explica que «la mujer del teléfono me dijo que no hacían pasteles para celebrar los cambios de género». Ante la tránsfoba negativa, añade la mujer denunciante, «me quedé atónita». Por su parte, Alliance Defending Freedom (una organización cristiana ultra), ha argumentado, en apoyo al pastelero, que las protecciones de Colorado para las personas trans son «abierta y descaradamente hostiles hacia la religión».

El nuevo episodio de LGTBfobia que salpica a Jack Phillips se remonta al 26 de junio de 2017. La abogada Autumn Scardina llamó por teléfono a Masterpiece Cakeshop para realizar el pedido personalizado de una tarta. «Me preguntaron cómo quería que se viera el pastel y expliqué que celebraba mi cumpleaños el 6 de julio de 2017 y que también sería el séptimo año de mi transición de hombre a mujer». Así figura en la denuncia de Scardina a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. «Cuando les expliqué que soy tran y que quería mi pastel de cumpleaños para celebrar mi transición con un exterior azul y un interior rosado, me dijeron que no harían el pastel de acuerdo a sus creencias religiosas», agrega la denunciante.

Autumn Scardina no ha aclarado si en el momento de realizar el encargo conocía que esa misma pastelería y su regente era la protagonista del caso de discriminación homófoba que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Según alega Kristen Waggoner, del grupo de odio Alliance Defending Freedom, «el Estado de Colorado ignora el mensaje del Tribunal Supremo de Estados Unidos al seguir señalando a Jack para castigarlo y mostrar hostilidad hacia sus creencias religiosas». Con este último argumento como epicentro, y de forma rocambolesca, Phillips se negó a la conciliación amistosa con Scardina, tal y como proponía la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y decidió adelantarse en esta ocasión, convirtiéndose él en demandante ante la justicia federal (arrogándose el falso rol de «víctima» a su libertad religiosa).

En la demanda del pastelero figura, literalmente, la siguiente acusación contra el gobierno demócrata de Colorado: «durante más de seis años, Colorado ha estado en una cruzada para aplastar al demandante Jack Phillips … porque sus funcionarios desprecian lo que él cree y cómo practica su fe». En la misma línea victimista y victimizante, el texto de la denuncia incluye que «la Constitución se erige como un baluarte contra los funcionarios del Estado que atacan a las personas y tratan de arruinar sus vidas debido a la animadversión antirreligiosa del gobierno». La Ley Contra la Discriminación de Colorado prohíbe que los lugares públicos discriminen a las personas por su género o por su orientación sexual.

El caso del pastel nupcial de una pareja gay

Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final era de 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se inclinaban de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se alineaban con el pastelero. ¿Qué pasó para que se produjera una mayoría tan clara? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. El texto, cuyo ponente fue precisamente Kennedy, señala que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según la interpretación de la mayoría, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del Estado no evaluaron con la objetividad a la que estaban obligados los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

Fuente Dosmanzanas

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