La organización ultraderechista Hazte Oír vuelve a la carga con su autobús del odio. Al igual que en ocasiones anteriores, los ultras han centrado su crítica en el colectivo LGTBI y el feminismo. Se ha visto su autobús transfóbico en las calles de Madrid con sus habituales consignas.

Nuestro #HOBus en las calles de Madrid uniéndose a los actos feministas del #8M2021 pidiendo #StopLeyTrans pic.twitter.com/A7iGZBTL8K

— HazteOir.org (@hazteoir) March 7, 2021

Cabe destacar que el mensaje “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirá siéndolo”, podrían ser constitutivo de los delitos tipificados en el artículo 510.1 a) y 510.2.A) del Código Penal. Se trata de los delitos que penan a “quienes provocaren al odio” y a aquellos que lo hicieran “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

La organización ultraconservadora HazteOír ha vuelto a fletar su ya conocido autobús del odio, que de nuevo ha circulado por las calles de Madrid con los habituales lemas contra los menores trans y sus familias, ahora HazteOír ha incorporado un ataque a la Ley Trans contemplada en el acuerdo de gobierno firmado en su momento entre los socialistas y Unidas Podemos.

Al tristememente conocido «los niños tiene pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen», el autobús de HazteOír suma el lema #StopLeyTrans, ya popularizado por el activismo transexcluyente.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Autobús del Odio, Carla Antonelli, Carmen Calvo, Discriminación, España, HazteOir, LGTBIfobia, Madrid, PP, PSOE, Transfobia, Unidas Podemos

Preocupante noticia la que recogía este sábado eldiario.es en su edición andaluza. La Brigada Provincial de Información de Sevilla, dependiente de la Dirección General de la Policía, ha elaborado un informe a instancias del Juzgado de Instrucción nº 16 en el que, entre otros, atribuye un presunto delito de odio a ocho jóvenes que en 29 de marzo de 2017 impidieron que circulara por las calles de la capital andaluza su ya famoso autobús, vehículo de la infame campaña de odio tránsfobo de la organización ultraconservadora.

Como recogimos en su momento, HazteOír pretendía que su autobús se pasease por las calles del centro de Sevilla, pero numerosos manifestantes, entre los que se encontraban estos jóvenes, impidieron el paso del vehículo, ya desprovisto de la cartelería más agresivamente tránsfoba después de las multas recibidas anteriormente en otras ciudades españolas y de que los Mossos d’Esquadra obligaran a la organización a retirarla durante su estancia en tierras catalanas. «Respeto para todos. No al bullying» era el nuevo lema con el que, con un cinismo absoluto, HazteOír decoró el vehículo. Un truco que no impidió que el vehículo fuese recibido en la capital andaluza con lanzamiento de huevos, piedras y otros objetos contundentes, que incluso agrietaron el parabrisas. También fue objeto de pintadas contra la transfobia. Efectivos de la Policía Nacional, de hecho, tuvieron que intervenir para proteger el vehículo mientras se alejaba. El autobús tenía también previsto hacer acto de presencia en San Juan de Aznalfarache, pero finalmente no lo hizo.

El caso contra los manifestantes se archivó en un primer momento pero, hace ya año y medio, tanto la Fiscalía como HazteOír consiguieron que la Audiencia de Sevilla lo reabriera. La Policía, en un pormenorizado informe de 130 páginas que resume eldiario.es, desgrana ahora no ya solo su actuación aquel día en relación a los daños materiales causados al autobús sino que repasa su trayectoria activista. Aunque el juzgado simplemente había pedido a la Policía un estudio fisionómico con objeto de identificar a los investigados mediante el material grabado, la Brigada de Información ha apostado por desarrollar una investigación más completa «para confirmar o descartar un posible delito de odio por motivo ideológico». Para ello se basan en «indicadores esgrimidos para probar la adscripción ideológica de los participantes» como la relación del investigado con grupos o asociaciones de carácter antifascista, su estética o el análisis de sus perfiles en redes sociales, entre otros.

«La Policía se atreve a calificar jurídicamente como delito de odio la actitud de dichos manifestantes y por supuesto, para corroborar lo malos y lo rojas que son, insertan las reuniones y colectivos a los que pertenecen o han pertenecido durante los últimos años, todo ello con el ánimo de influir el juzgador y dictar una sentencia acorde con los fines de los sectores tránsfobos que existen en nuestra ciudad y que no soportan la defensa de las libertades (…) El mundo al revés: manifestantes pro derechos humanos acusados y manifestantes con discursos de odios presentados como víctimas», ha declarado a eldiario.es Luis de los Santos, abogado de la cooperativa Derechos Al Sur que defiende a uno de los investigados.

ATA-Sylvia Rivera lo considera «grotesco» e intolerable

La noticia ha provocado estupor e indignación entre el activismo trans. El colectivo ATA-Sylvia Rivera lo ha calificado directamente de «grotesco». «Es intolerable que se quiera imponer el miedo hacia la respuesta social ante los verdaderos discursos de odio, iniciando investigaciones propias de tiempos donde las libertades sociales y civiles eran cercenadas y reprimidas por el franquismo», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé, para la cual tales actuaciones «por parte de quienes han de proteger los derechos humanos de toda la ciudadanía» ponen en cuestión el propio Estado de derecho. Para Cambrollé, sobredimensionar el alcance de la protesta desarrollada en Sevilla ante el autobús tránsfobo simplemente sirve para blanquear al verdadero agresor.

ATA-Sylvia Rivera hace además un llamamiento a organizaciones sociales, políticas y sindicales a que condenen lo que consideran una actuación impropia de las fuerzas y cuerpos de seguridad e incluso ha pedido la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Fuente Dosmanzanas

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Una concentración de activistas frente al Círculo Ecuestre de Barcelona conseguía este viernes la suspensión del acto de promoción del odio homófobo que la organización HazteOír había organizado en la capital catalana. El Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya había intentado que la Generalitat actuase de oficio y en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia aplicase medidas cautelares. Finalmente tuvo que ser la movilización activista la que impidiese que los promotores del odio se saliesen con la suya.

Los de Hazte Oír vuelven a la carga con el bus homófobo y, por si eso fuera poco, también han organizado una charla contra el feminismo y esa invención  que llaman “ideología de género”.

La organización ultraconservadora ha organizado una nueva gira de «conferencias coloquio» por varias ciudades de España para difundir su mensaje de LGTBfobia.  La gira se inició en Madrid el pasado martes, 6 de noviembre, y ha tenido ya paradas en Zaragoza (7 de noviembre) y Oviedo (8 de noviembre). Este viernes, 9 de noviembre, estaba prevista una parada en Barcelona. Está previsto que continúe la semana que viene con actos en Palma de Mallorca (día 12), Valencia (día 13), Murcia (14), Sevilla (15) y Cádiz (16), para recalar de nuevo en Madrid el 17 de noviembre.

Pese a las protestas, los actos de Madrid, Oviedo y Zaragoza se celebraron sin cortapisa, aunque en Zaragoza tuvo que cambiar de lugar, trasladándose desde el Paraninfo de la Universidad al World Trade Center Zaragoza.

La intención de la organización ultra es acabar el periplo con una conferencia a cargo de Agustín Laje y Nicolás Márquez para, según ellos, “desmontar las mentiras LGTBI” y “los mitos de la nueva izquierda“.

La coartada, pues, en esta ocasión, la presentación del libro Marxismo, feminismo y LGTBI, escrito por los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, colaboradores de CitizenGO, la marca internacional de HazteOír. Sus tesis, muy en en boga entre los círculos ultraconservadores de América Latina, es que hay un nexo de unión entre el activismo LGTB y lo que denominan «neomarxismo». «El viejo comunismo se ha disfrazado de ideología de género, de un feminismo que acusa al hombre de ser hombre, y se cuela en nuestras escuelas, en las teles, en el mundo del entretenimiento», reza por ejemplo la promoción de las conferencias en la página Mis hijos, mi decisión, desde donde es posible acceder a las entradas.

En Barcelona, sin embargo, la presión del activismo, concentrado a las puertas del local en el que iba a tener lugar el evento, consiguió su suspensión. Especialmente activa estuvo la Crida LGTBI, que avisó a través de sus redes sociales del cambio de lugar de la conferencia con el que HazteOír intentó despistar a los manifestantes.

Desde l’Observatori Contra l’Homofòbia exigieron al Govern de la Generalitat que aplique las medidas cautelares necesarias para impedir la circulación del autobús y el coloquio posterior. La petición la realizó el portavoz del OCH, Cristian Carrer, durante la comisión parlamentaria de Igualdad en la que se presentó el informe del Estado de la LGTBIfobia en Cataluña: 111 incidencias por discriminación de identidad sexual en 2017. Un 32,2% más que en 2016. Una fantástica noticia teniendo en cuenta que en 2014 se aprobó la famosa Ley 11/2014 que se suponía iba a frenar la discriminación… Pero que 4 años después aún no saben cómo aplicar.

Tanto el OCH como la Crida LGBTI habíann convocado una manifestación para ayer por la tarde frente al lugar en el que Hazte Oír pretende llevar a cabo sus charlas. La organización HazteOír, como ya es habitual, ha aprovechado la situación para hacerse la víctima y denunciar lo que ha calificado como acción de una «turba violenta». «En Barcelona los radicales marxistas/LGTBI son más violentos que en otras ciudades.  Y los Mossos permiten las agresiones al disidente», tuiteaba el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga.

Pese a las diferentes legislaciones autonómicas en materia LGTB, lo cierto es que HazteOír continúa organizando sus eventos de promoción del odio por toda la geografía española. Lo veíamos el pasado febrero, por ejemplo, en Madrid: pese a que entonces la organización ultraconservadora anunció con antelación un acto que «incumpliría todas las leyes LGTBI vigentes en España», ni las autoridades policiales ni las judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron además detenidas.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona han dejado claro que no permitirán que el autobús circule por Barcelona. Así lo ha explicado la regidora Laura Pérez, que ha asegurado que el consistorio “utilizará las herramientas que tiene” y se coordinará con la Generalitat para mandar El Bús al mismo lugar en el que acabó el del reality de Antena 3.

Según Laura Pérez, lo de Hazte Oír es “una provocación” y les ha dejado claro que no son bienvenidos en la ciudad. Si finalmente decidieran presentarse, podrían volverse a Madrid con una multa de 3.000€ al aplicarles la ordenanza municipal de civismo, con el agravante de que el mensaje del autobús afecta directamente a menores de edad. Y no solo eso, también pueden llevarse otra multa de 600€ por vulnerar la ley de publicidad dinámica.

No parece que les preocupe mucho teniendo en cuenta que  siguen disfrutando de la condición de organización de Utilidad Pública a la organización, lo que implica una serie de beneficios fiscales para sus donantes, que tienen bastante más que esos 3.600€.

HazteOír sigue siendo hoy día entidad de utilidad pública, un privilegio que le concedió en 2013 el Gobierno del Partido Popular y que permite que sus donantes y socios puedan beneficiarse de considerablesa ventajas fiscales. Al margen de que organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

¡Oh casualidad… HazteOír y Vox al alimón!

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”. Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”. Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

El pasado mes de agosto, tras recoger algunos medios que el Ministerio de Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales., fuentes socialistas y del propio Ministerio anunciaban la apertura de un expediente a la organizaicón ultraconservadora para ver si «persistía» su utilidad pública. Han pasado tres meses, y por el momento el estatus de HazteOír sigue siendo el mismo.

Fuente | La Vanguardia – Betevé ,vía Hazte Queer/Dosmanzanas

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El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

Tras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

Con respecto noticia que @desdelamoncloa no retirará “utilidad pública” a HazteOir, nada + lejos verdad, fue @PSOE tanto en Congreso como en parlamentos quien lo ha pedido, y desde @interiorgob se están lo pasos necesarios para que así sea #StopBulos 🖐 https://t.co/gn0Vf3plxl

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 17 de agosto de 2018

🔴 Para vuestra información, esta noticia NO es correcta.
Desde el ministerio del interior se darán los pasos necesarios para quitarle la declaración de Utilidad Pública a HazteOir https://t.co/WmPNCLMnga

— Odón Elorza (@odonelorza2011) 17 de agosto de 2018

Está noticia no es correcta. Pedro Sánchez salió a criticar duramente a HO por su lamentable iniciativa, lo llevamos al Congreso y no hemos cambiado nuestra posición. https://t.co/VWBZ6hxnq7

— Francisco Polo (@franciscopolo) 17 de agosto de 2018

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

El ministro del @interiorgob ya ordenó la apertura de un expediente sobre la utilidad pública de #HazteOir. Los socialistas lo tenemos claro 👇🏼 pic.twitter.com/gg0INBDCbf

— PSOE (@PSOE) 17 de agosto de 2018

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Abierto un expediente por orden del ministro de @interiorgob para ver si persiste la utilidad pública de HazteOirhttps://t.co/Ks6usx4c5G

— Ministerio Interior (@interiorgob) 17 de agosto de 2018

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

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Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.  Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

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La historia de Carla González Aranda ha sido ya recogida en otros medios, pero merece la pena que también nosotros la contemos. Por desgracia, es una historia con la que muchas personas LGTBI se sentirán identificadas: la del rechazo de tu propia familia. Carla es una chica trans. Su madre, Marcela Aranda, es una activista evangélica, directora del denominado “Observatorio Legislativo Cristiano”, y que ha hecho de la transfobia una de sus causas. Ella fue una de las organizadoras del periplo chileno del “autobús del odio”, puesto en marcha por CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, y que hasta la Cámara de Diputados de Chile rechazó por amplia mayoría. Carla ha querido lanzar un mensaje de esperanza para ayudar a otras personas que puedan encontrarse en una situación parecida. 

Carla González Aranda, de 19 años, compareció la pasada semana en la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) para, tras presentarse como hija de Marcela Aranda, una de las caras más reconocibles del odio tránsfobo en Chile, explicar públicamente su condición de mujer trans y anunciar el inicio del proceso judicial con objeto de modificar su nombre y sexo registral. “Soy Carla González Aranda, soy hija de Marcela Aranda. Quiero hacer público esto para poder brindar apoyo a todas las personas que están pasando por una situación parecida a esta. De que se puede salir adelante, sin importar las circunstancias”, explicó.

Carla quiso enviar dos mensajes fundamentales, uno para los padres y madres de personas LGTBI y otro para los niños, niñas y adolescentes LGBTI. A estos últimos, les insistió en que no están solos. “Es un proceso complicado, personalmente es difícil de llevar. Que busquen apoyo; independientemente si es en la familia biológica, amigos, o en la familia que uno se va haciendo, en instituciones; salir adelante. Tomar la decisión de mantenerse firme en su postura y no doblegarse, no dejarse pisotear por la presión social, aunque es complicado, ese el mensaje”, aseguró.

A los padres y madres les pidió ser más “abiertos de mente”. “No se cierren solo a una opción, ni a lo que les dicen, busquen información, infórmense más. Si no están seguros de algo, busquen apoyo. Si su hijos les dicen que se sienten de una forma, no los juzguen por eso, sino que apóyenlos, estén con ellos. Para un niño lo más difícil es su infancia es lo que los marca por el resto de sus vidas. Debería haber más apoyos para ellos. Yo soy una persona adulta ya, tengo mi familia, aparte de mi familia biológica, y el apoyo que necesito es el de la familia que tengo ahora”, contó. “Yo quería utilizar esto para poder enviar un mensaje a todas las personas que están pasando a un proceso parecido como yo, que se puedan acercar a una institución como el MOVILH, que puedan saber que no están solos, que lo que están pasando no tienen que pasarlo, sufrir a oscuras”, añadió.

Carla González Aranda explicó que lleva ya unos tres años sin comunicarse con su madre, precisamente el tiempo que ha pasado desde que le reveló su condición de mujer trans. Una situación que de hecho no ha cambiado después de que Marcela Aranda, que sigue refiriéndose a ella como si fuese un hombre, se haya convertido en una conocida activista en contra del reconocimiento de la realidad de los menores trans. “Yo no puedo negarle su derecho a expresarse. Si ella quiere mencionarme como ella quiera es su problema, pero me hace sentir mal como se refiere a mí”, explicó. “Marcela es mi progenitora, yo no la consideró una madre”, añadió, dejando claro que en este momento su verdadera familia no es otra que su actual pareja y su familia, que la ha aceptado con total normalidad.

Carla respondió además a las acusaciones de “utilización” que su madre lanzó al MOVILH, y que de hecho Marcela Aranda hizo públicas un día antes de que su hija se explicase públicamente. “El MOVILH en todo momento mantuvo mi solicitud de apoyo de la manera lo más privada posible, siempre fue el apoyo completo y no buscaron lucro por ninguna parte. A mí en ningún momento se me pidió que hiciera algo. De hecho esta conferencia de prensa la pedí yo”, afirmó.

Rolando Jiménez, representante del MOVILH, aseguró por su parte que desde hace unos tres o cuatro meses la organizacion ha estado brindando asesoría legal y psicológica a Carla, “a quien admiramos”. “Su valentía, su fuerza, su ausencia de rencor, su capacidad de salir adelante es un ejemplo para todas y todos”, añadió. Jiménez criticó duramente a Marcela Aranda por hacer visible la identidad de género de su hija antes de que ella pudiese explicarse. “Eso es inmoral, como también lo es tratar a la joven como hombre. Como también lo es hablar de educación para los hijos, cuando abandonaste y discriminaste a los tuyos”, explicó.

Sin duda, una mujer valiente, a la que transmitimos todo nuestro cariño.

Os dejamos, para finalizar, con el vídeo de la mencionada conferencia de prensa de Carla González Aranda y Rolando Jiménez:

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Camila Vallejo, diputada chilena impulsora del proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” de HazteOír.

Una amplia mayoría de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” promovidos por el mal llamado “bus de la libertad” de la organización española LGTBfóbica HazteOír. En concreto, han sido 63 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al bus del odio, que llegaba a Chile el pasado mes de julio, después de haber recorrido distintas ciudades de España, los Estados Unidos o Colombia, entre otros países. Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), el Congreso Nacional de este Estado de Latinoamérica “ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno del Partido Popular, HazteOír reaparecía en España a principios de agosto para ensuciar el debate de la ley de igualdad LGTBI. A través del auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, del cual fue ponente el juez conservador Eduardo de Urbano, se levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto sorprendente que además ha servido de justificación al gobierno de Mariano Rajoy para congelar cualquier intención de retirar a esta organización ultraconservadora los privilegios fiscales que el mismo gobierno les concedió en 2013 al declararla entidad “de utilidad pública”.

Sin embargo, HazteOír y sus filiales (entre ellas, CitizenGo) han recibido un importante varapalo en Chile, donde la Cámara de Diputados ha rechazado y reprobado los “mensajes discriminatorios” y de odio de su mal llamado “bus de la libertad”. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al citado vehículo LGTBfóbico de HazteOír, con el respaldo de Lautaro Carmona, Loreto Carvajal, Denise Pascal, Tucapel Jiménez, Matías Walker y Guillermo Teillier. La resolución explica que “es consenso en las Ciencias Sociales el hecho de que la promoción de estereotipos negativos en base a prejuicios y desinformación son la base de acciones discriminatorias, que pueden tener consecuencias dramáticas”.

El MOVILH se ha felicitado por esta iniciativa de la Cámara de Diputados y ha asegurado que se trata de “un claro y contundente posicionamiento del Estado contra los discursos de odio que disfrazados de creencias religiosas incitan de manera explícita o implícita a la violencia o la negación de derechos de las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

Por su parte, Rolando Jiménez, en calidad de director del Área de Derechos Humanos del MOVILH, ha enfatizado que “es del todo relevante para el integral respeto integral a los derechos humanos que el Estado no se silencie frente a los mensajes de odio y hoy el Congreso Nacional; gracias a una iniciativa encabezada por la diputada Vallejo y ampliamente respaldada por otros 62 parlamentarios; ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Como recogía dosmanzanas a mediados de julio, la diversidad LGTB que promueve el MOVILH en Chile se imponía al “bus del odio” de HazteOír. Al menos se registraron nueve detenidos por incidentes relacionados con el vehículo LGTBfóbico, entre ellos el autoproclamado “pastor” Soto (conocido por su hostilidad hacia los derechos LGTB). Cabe destacar que, dentro de dos semanas, está previsto que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, presente un proyecto de ley que sancione la incitación a la violencia motivada, entre otras razones, por la LGTBfobia.

Fuente MOVILH

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El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid dictamina el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por la Fiscalía.

La decisión se conoce después de que el ministro del Interior declarase que “HazteOír cumple con los requisitos para ser de utilidad pública”.

Recordamos los hechos una vez más. El pasado febrero, HazteOír comenzaba a pasear por las calles de Madrid un autobús con el mensaje: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”. Un lema que no era otra cosa que la versión tránsfoba de la campaña de concienciación ciudadana sobre la transexualidad infantil que semanas antes había promovido en varias ciudades del País Vasco y Navarra Chrysallis Euskal Herria, organización vasca de familias de menores trans. El autobús también hacía promoción del panfleto publicado por HazteOír y enviado en su momento a colegios de toda España en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI.

HazteOír desafiaba abiertamente tanto la ley madrileña contra la LGTBIfobia como el propio Código Penal español, cuyo artículo 510, en su apartado 2, castiga a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Un desafío que HazteOír ha ganado. La Audiencia Provincial de Madrid levantaba en julio la inmovilización cautelar del ya conocido como “autobús del odio” con un auto de marcado contenido político en el que el juez conservador Eduardo de Urbano llegaba a compararlo con el “tramabús” de Podemos contra la corrupción política  y asegurada que “los delitos de odio son algo muy distinto a profesar y difundir una ideología”. “Las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”, llegaba a decir. Es decir, que negar la existencia de la transexualidad infantil es “debate de ideas” y atacar de una forma tan ofensiva a los niños y niñas trans y a sus familias no es un ataque focalizado contra un grupo determinado…

El auto hacía suyo, de hecho, todo el argumento ultraconservador, al considerar que oponerse a que circule el autobús del odio “no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”. 

Quedaba por conocer, en cualquier caso, qué sucedía con la denuncia interpuesta por la Fiscalía. Pues bien, según informa eldiario.es, la jueza María Isabel Durantez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha hecho suyos los razonamientos de la Audiencia Provincial para sobreseer el procedimiento, aun sin haber terminado de investigarlo y pese a que los argumentos del órgano superior solo se referían a la medida cautelar de inmovilización y no al posible delito. En base a estos argumentos, la jueza considera que “no existen motivos suficientes para considerar la perpetración de un delito del artículo 510.2 del Código Penal”. “Ha de primar la libertad ideológica y de expresión reconocida como derecho fundamental en la Constitución del 78”, añade.

En nuestra modesta opinión, nos encontramos ante una de las noticias más graves de los últimos tiempos en materia LGTB. De nada sirve la existencia de buenas leyes si no hay voluntad de aplicarlas, una divergencia que en España cada vez resulta más clara en el caso de las acciones discriminatorias y de odio contra las personas LGTBI que no implican directamente agresiones físicas (e incluso en este caso hay jueces que se niegan a reconocer el delito de odio). Y no parece que la justicia española, en este terreno, esté por la labor. Y tampoco, por cierto, el Gobierno de España, que esta misma semana se negaba a retirar a HazteOír su privilegiado estatus de entidad de utilidad pública si la justicia no la condenaba.

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El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

Q dice #Zoido no puede iniciar revocación utilidad pública #HazteOir hasta justicia pronuncie, como si Gob no tuviera capacidad.. #amiguitos pic.twitter.com/58hvcDB1FA

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 12 de septiembre de 2017

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

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La derecha ultraconservadora y LGTBfoba busca su cuota de protagonismo en las próximas elecciones alemanas. Demo für alle, el movimiento contra las leyes de igualdad LGTB inspirado en la tristemente exitosa Manif pour tous francesa, ha presentado una campaña contra el matrimonio igualitario. Los medios empleados recuerdan ostensiblemente a los de sus correligionarios de HazteOír en España, y de hecho su marca internacional, CitizenGo, aparece también como promotora. La organización pretende pasear un autobús con mensajes contra la igualdad LGTB, que circularía por varias ciudades alemanas en los días previos a los comicios del próximo 24 de septiembre.

La campaña de odio LGTBfobo de HazteOír y sus acólitos internacionales salta una nueva frontera. Bajo el paraguas de CitizenGo, el movimiento Demo für alle ha presentado un boceto del autobús que pretende hacer circular por varias ciudades alemanas en plena campaña electoral. El diseño revela su fuente de inspiración: color naranja y las imágenes esquemáticas de una pareja de distinto sexo y de la misma con dos hijos como únicos modelos válidos de matrimonio y familia, respectivamente. Debajo, la traducción casi literal al alemán de una frase del autobús tránsfobo de HazteOír: “¡Que no te confundan!”.

Los promotores pretenden mostrar el vehículo en diez ciudades alemanas, empezando por Múnich el próximo miércoles, donde el movimiento Vielfalt statt Einfalt (“Diversidad en lugar de ignorancia”) ya ha convocado una concentración de protesta. La comitiva se cerraría en Berlín el día 15. Allí quieren entregarle a la canciller Angela Merkel una petición, firmada previsiblemente por más de 220.000 personas, para que “el matrimonio siga siendo matrimonio”. Entre los principales responsables de este “autobús de la libertad de opinión” se encuentra Hedwig von Beverfoerde, que ha colaborado estrechamente con la eurodiputada ultraconservadora de Alternativa para Alemania (AfD) Beatrix von Storch.

El vínculo entre Demo für alle y la extrema derecha de AfD se remonta a la movilización contra los programas de diversidad afectivo-sexual en los centros educativos tramitados por varios estados alemanes. La organización LGTBfoba es un calco de la Manif pour tous francesa, aunque afortunadamente no haya llegado al mismo nivel de agitación y virulencia en las calles. El movimiento retoma ahora su campaña contra el matrimonio igualitario, aprobado por el Bundestag hace dos meses. Con la probable intención de reintroducir un tema por ahora prácticamente ausente en la campaña para las elecciones generales del próximo 24 de septiembre.

Parece claro que la derecha más ultramontana no renuncia a replicar tácticas empleadas en otros países con el objetivo de atraer el foco mediático e intentar introducir en el debate político su agenda reaccionaria. En España, HazteOír reaparecía hace un mes para ensuciar el debate sobre la ley de igualdad LGTB, envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno (que la sigue considerando entidad de utilidad pública). Autobuses con mensajes de odio tránsfobo llegaron también a Nueva York, con el patrocinio de la Organización Nacional para el Matrimonio (NOM), y a Bogotá. Su presencia en la capital de Colombia dejó de nuevo clara la intención de influir en la agenda política al coincidir con el rechazo parlamentario a un referéndum contra la adopción homoparental.

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El pasado sábado día 22,  hacíamos referencia al auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid que levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto que, como ya dijimos, sorprende por hacer suyas tesis de la organización ultraconservadora e incluso permitirse “argumentaciones de tertuliano” al comparar el autobús tránsfobo de HazteOír con el autobús que fletó Podemos denunciando la corrupción. Por eso hemos querido saber quién está detras del auto.

El auto 562/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid (que puedes descargar aquí) está firmado por los tres magistrados que componen la sala segunda: Carmen Compaired (presidenta), Rosario Esteban y Eduardo de Urbano. Este último es el que figura como ponente, esto es, el que propone el sentido del auto y el encargado de su redacción. Por eso hemos querido indagar algo más sobre él. Y nos ha bastado una simple búsqueda en Google para saber que Eduardo de Urbano participó en el 38º Encuentro de The Family Watch, un think tank de carácter conservador defensor del modelo de familia tradicional y contrario al aborto.

The Family Watch, de hecho, tiene colgado en YouTube una entrevista al propio De Urbano, identificado como magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, hablando sobre la necesidad de una legislación que desincentive el aborto y favorezca la natalidad, por razones tanto “de orden moral evidente [sic]“ como económicas (no hemos podido colgar el video porque, desde que lo publicase Dosmanzanas se ha convertido en “privado” y es imposible obtenerlo… ¿por qué será?)

The Family Watch o Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia se define  a sí mismo como “un observatorio, un ‘think tank’, que a partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde una perspectiva interdisciplinar, alejada de cualquier cuestión ideológica o política, se dedica, desde 2008, a la elaboración de informes, estudios, propuestas y a la organización de jornadas, investigaciones académicas y cualquier otra clase de iniciativas que contribuyan a divulgar y apoyar el papel fundamental que desempeña la familia en la sociedad y a mejorar la calidad de la vida familiar”.

Se trata, en otras palabras, de un lobby conservador, defensor de la familia tradicional y contrario al aborto, que no ha dudado en tratar de ejercer su influencia en el gobierno de Mariano Rajoy. Entre los vídeos de su canal puede encontrarse, por ejemplo, una conferencia de Benigno Blanco, el que fuera presidente del Foro de la Familia y principal agitador de las movilizaciones contra la aprobación del matrimonio igualitario en España, o una entrevista a Annie Franklin, directora de actividades internacionales de Family Watch International, organización homóloga estadounidense que está incluida en el listado de grupos activamente anti-LGTBQ del Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles.

Un auto inquietante

Los habrá que piensen que se trata de un dato irrelevante. Que Eduardo de Urbano es muy libre de participar en eventos organizados por entidades en favor de la familia tradicional o de posicionarse contra el aborto. A nosotros, sin embargo, nos resulta como mínimo preocupante que una persona que ha dado muestras de un pensamiento tan conservador en materia moral sea el que haya redactado un auto de esta naturaleza, que enmarca la difusión de lemas negacionistas de la realidad de los menores trans y ofensivos hacia ellos y sus familias en un “debate de ideas”  y asegura que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. ¿Acaso los niños y niñas trans y sus familias no son “un grupo determinado”? Lo son, y de hecho constituyen el grupo más vulnerable dentro del colectivo LGTBI.

Por lo pronto HazteOír, entusiasmada con el auto, ya ha anunciado la reactivación de su campaña tránsfoba con utilización ya no solo de autobuses, sino del espacio aéreo. La batalla legal continuará, muy previsiblemente. Esperemos que alguien con un poco más de sentido común dentro de la justicia española ponga punto final a este dislate y que en el ámbito político haya por fin reacciones contundentes, más allá de lastimeros reproches. ¿Cómo es posible que el gobierno del Partido Popular siga considerando a día de hoy a HazteOír “entidad de utilidad pública”, lo que le permite aprovecharse de considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades?

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La Audiencia Provincial de Madrid levanta la medida cautelar que inmovilizaba el autobús de la asociación ultracatólica.

La Audiencia de Madrid hace suyos los argumentos de HazteOír y permite circular al autobús con mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans

El pasado 2 de marzo el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid acordó la inmovilización del autobús que llevaba el mensaje “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen” por posible delito de odio. Sin embargo, ahora la Justicia considera que dicho mensaje “no puede considerarse un atentado a la juventud y a la infancia que una asociación legalmente constituida pueda dirigirse a los padres -en general- y a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos ‘de acuerdo con sus propias convicciones”.

Como si educar en la homofobia, el machismo o el racismo fuera un derecho de los padres. Bueno no, si el autobús llevara un mensaje racista probablemente no se hubiera permitido su circulación pero cuando se trata de la identidad de género parece que todo el mundo “tiene derecho” a tener una opinión.

Por si esto fuera poco, el tribunal asegura que “admitir la persecución de ideas que molestan a algunos o bastantes no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”.

 Actualización:

Insertamos integramente el artículo de Dosmanzanas que analiza detenidamente todo este desproposito:

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de la organización ultraconservadora HazteOír y ha levantado la inmovilización del ya conocido como “autobús del odio”, el vehículo en el que ridiculizaba la realidad de los menores trans y sus familias, y que forma parte de una campaña tránsfoba organizada que en diferentes versiones ha recorrido ciudades españolas y americanas. Una macabra casualidad, además, ha querido que la noticia se conozca en la víspera de la celebración del Día Europeo de las Víctimas de Delitos de Odio. Una muestra más de hasta qué punto la justicia española es insensible a los episodios de disciriminación contra las personas LGTBI.

Recordamos brevemente el origen de los hechos. El pasado mes de febrero, HazteOír comenzaba a pasear por las calles de Madrid un autobús con el mensaje: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”. Un lema que no era otra cosa que la versión tránsfoba de la excelente campaña de concienciación ciudadana sobre la transexualidad infantil que semanas antes había promovido en varias ciudades del País Vasco y Navarra Chrysallis Euskal Herria, organización vasca de familias de menores trans. El autobús también hacía promoción del panfleto publicado por HazteOír y enviado en su momento a colegios de toda España en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI.

HazteOír desafiaba abiertamente tanto la ley madrileña contra la LGTBIfobia como el propio código Código Penal español, cuyo artículo 510, en su apartado 2, castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Pero de nada sirven las leyes cuando no hay voluntad de aplicarlas, una divergencia que en España cada vez resulta más clara en el caso de las acciones discriminatorias y de odio contra las personas LGTBI que no implican lesiones físicas. La decisión de la Audiencia de Madrid, conocida en el día de ayer aunque plasmada en un auto del 14 de julio, es un buen ejemplo. Como ya sabemos, aunque el autobús de HazteOír ha recorrido posteriormente otras ciudades españolas con versiones edulcoradas (“Respeto para todos. No al bullying” se permitió incluso añadir, en una muestra de cinismo absoluto), su primera versión había dejado de circular de forma cautelar, a instancias de la Fiscalía, a la espera de que se aclarase si la campaña podía incurrir en un posible delito de odio. Ahora la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha levantado dicha prohibición cautelar, argumentando que no puede considerarse un atentado a la juventud y la infancia que una asociación legalmente constituida pueda dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones”. Curiosa argumentación si se tiene en cuenta que no hablamos de un acto convocado por HazteOír cuya asistencia es voluntaria, sino de un autobús que se pasea por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo niegan la existencia de niños y niñas transexuales.

La Audiencia Provincial, de hecho, enmarca los lemas del autobús en un “debate de ideas”  y subraya que “los delitos de odio son algo muy distinto a profesar y difundir una ideología”. “Las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”, llega a decir… Para la Audiencia Provincial de Madrid negar la existencia de la transexualidad infantil es “debate de ideas” y atacar de una forma tan ofensiva a los niños y niñas trans y a sus familias no es un ataque focalizado contra un grupo determinado.

El auto de la Audiencia Provincial, de hecho, hace suyo todo el argumento ultraconservador, al considerar que oponerse a que circule el autobús del odio “no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”. El tribunal, como si de una tertulia radiofónica se tratase, se permite incluso comparar el autobús de HazteOír con el “Tramabús” de Podemos, un autobús fletado por dicho partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política, al que “ninguna autoridad impidió su circulación [sic]“.

Un auto polítizado

No hace falta ser jurista para darse cuenta, a la luz de los párrafos citados, que se trata de un documento profundamente politizado en el que la Audiencia Provincial hace suyos los argumentos de HazteOír. Sabemos que los jueces son personas, muchas de ellas de ideología profundamente conservadora, pero que sus opiniones se plasmen de una forma tan marcada en sus decisiones es muy preocupante.

Acciones como esta, además, convierten además en papel mojado cualquier tipo de avance jurídico que se consiga. De poco vale incluir en el Código Penal los delitos de odio o promover leyes contra la LGTBIfobia si finalmente sus disposiciones son meras declaraciones de intenciones. Lo denunciaba en Twitter Carla Antonelli, tras conocer la noticia:

El nuevo Código Penal y artículo 510 es papel mojado si los delitos de odio es a #LGTBI y en especial a #Trans https://t.co/XGjLp3xvix

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 21 de julio de 2017

Confiemos en que la justicia española sea capaz de reparar el daño, que las denuncias contra HazteOír lleguen a buen término y que las diversas autoridades continuen poniendo trabas a su campaña de odio, como en su momento han hecho el Ayuntamiento de Madrid, que impidió circular al autobús por violar ordenanzas municipales, o la Generalitat de Cataluña, que le abrió expediente en aplicación de la ley autonómica contra la LGTBIfobia y le obligó a retirar la cartelería tránsfoba. En cualquier caso, lo ocurrido con la Audiencia Provincial de Madrid es una muy mala señal.

Fuente | RTVE, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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