El periodista Víctor Hugo Robles, “el Che de los gays”, entrevista a les protagonistas de la primera protesta de la diversidad sexual que tuvo lugar el 22 de abril de 1973 en Santiago de Chile.

A 50 años del golpe militar chileno, un documental cuenta la historia de las que “tiraron la primera piedra” para reclamar por los derechos de las personas LGTBI en Chile. En Las locas del 73, el periodista Víctor Hugo Robles, “el Che de los gays”, entrevista a les protagonistas de la primera protesta de la diversidad sexual que tuvo lugar el 22 de abril de 1973 en Santiago de Chile.

“Hay mucho deseo de conocer lo que pasó. El registro histórico está cobrando mayor valor, las personas quieren escuchar, saber cómo vivieron sus vidas y conocer a las que tiraron la primera piedra”, contó a Presentes Robles. Su sensación surge de las presentaciones que tuvo hasta ahora la película que produjo y dirigió junto a la periodista y antropóloga Carolina Espinoza.

La primera de ellas, a exactos 50 años desde la marcha, fue el 22 de abril de este año en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde las 500 personas que asistieron desbordaron la sala. El resto también tuvo lugar en espacios sociales y políticos como la que se hizo en beneficio de la Escuela Amaranta, donde asisten niñeces trans, luego de una serie de robos que había vivido la institución. Y las compañeras protagonistas del film se emocionaron especialmente cuando el documental se presentó en el Estadio Nacional, un lugar de detención y tortura durante la dictadura militar chilena, encabezada por el dictador Augusto Pinochet. En cada una de las presentaciones lo que prima es el encuentro, el diálogo intergeneracional y con toda la comunidad.

Víctor Hugo Robles junto a La Medallita (al centro) y María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Les invisibles 

“Recién ahora se está hablando de las víctimas LGTBI de la dictadura. Siempre las hubo pero estaban invisibilizadas”, compartió Robles. Con el advenimiento de la democracia hubo distintos esfuerzos en Chile por llevar adelante un registro de las víctimas de la dictadura. Además del Informe Rettig, en 2004 y 2010 se dieron a conocer los dos informes de la Comisión Valech. Ellos reconocen un total de 40.018 víctimas de la dictadura, 3.065 de ellas muertas y desaparecidas. Recientemente el presidente Gabriel Boric anunció que buscará a las 1.162 personas desaparecidas en este contexto a través de un Plan Nacional de Búsqueda.

Hasta el momento no existe un conteo oficial que dé cuenta de las personas LGTBI perseguidas o asesinadas en este período por las Fuerzas. Solo un crimen tuvo un tratamiento oficial. Se trata del de un homosexual que fue descubierto teniendo relaciones con un soldado en 1975 en los polvorines del morro de Arica por lo cual se dio la orden de ejecutarlo. El caso se dio a conocer a partir del relato de Bernabé Vega, un marino retirado, cuando en 2010, con 73 años, confesó el hecho.

La Medallita, organizadora de la primera protesta de la diversidad sexual en Chile, entrevistada por Víctor Hugo Robles en el documental ‘Las Locas del 73’

“Durante todo este período de 50 años no ha habido ningún interés, iniciativa de parte del Estado de asumir esa deuda, esa masacre, esa violación a los derechos humanos de las diversidades sexuales”, aseguró Robles. En este sentido, “el documental abre esa puerta y se transforma en un archivo vivo, un antecedente concreto”, dijo.

En todas las épocas

Durante el film, La medallita, Marcela Dimonti, Brenda y Marco Ruiz le ponen voz a las experiencias que vivieron durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), la posterior dictadura militar (1973-1990) y comparten los reclamos actuales de la diversidad sexual.

– En el documental sus protagonistas cuentan que la llegada de Allende al poder fue vista en su momento como una posibilidad de ampliación de libertades. Sin embargo, la primera marcha LGTBI de la historia de Chile se dio hacia el final de su gobierno. ¿Cómo fue la situación de la diversidad sexual durante el gobierno de la Unidad Popular?

–  Lo que señalan las protagonistas de la protesta en los conversatorios que hacemos en las presentaciones del documental es que esta protesta no fue en contra de Allende sino en contra de la represión policial, que no se dio solamente en el gobierno de Allende, sino también en los anteriores. Fue una manifestación de hastío, en contra de la represión, el abuso, la discriminación y el estigma. Por supuesto también se daba en el gobierno de la Unidad Popular que no logró incorporar a este ‘hombre nuevo’ -como diría el Che Guevara-, pero más bien a ‘la loca’, a la travesti nueva. La contradicción de eso es que se daba en medio de todo un proceso de avance popular, adquisición de derechos de los más desvalidos, los más perseguidos, estigmatizados, los de abajo. Hay una deuda y una herida abierta.

No es menor decir que fue una marcha autorizada. No hubo represión en la misma, lo que es bastante sorprendente. Sí hubo después. Cuando al otro día salió en la portada de todos los diarios evidentemente ahí hubo una orden política de perseguir a las diversidades. Lo que más duele, inquieta y molesta es que haya sido la prensa popular y la de izquierda la que redactó los titulares más homofóbicos de la historia de Chile.

(Pincha en las fotografías para agrandarlas)

Robles se refiere, por ejemplo, al titular del diario de izquierda El Clarín, del 24 de abril de 1973. En su portada publicó un titular sobre la manifestación: “Colipatos piden chicha y chancho. Hicieron mitin frente a calle Phillips». Además, en la crónica de la manifestación se subtítuló «Repugnante espectáculo, ¿Y la policía?».

Triple castigo en dictadura

El gobierno de Allende sufrió un golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas y de Orden el 11 de septiembre de 1973. La dictadura al mando de Pinochet duró 17 años hasta 1990, luego de que en un plebiscito celebrado en octubre de 1988, el 56% votara en contra del dictador.

– ¿Qué particularidades tuvo la persecusión a LGTBI durante la dictadura?

– VHR: La dictadura de Pinochet fue misógina, clasista, homofóbica. Cuando los militares se encontraban con un detenido que era abiertamente homosexual o travesti tenía un doble, triple castigo. Todas las disidencias fueron perseguidas en la dictadura, particularmente las disidencias sexuales. Vivieron situaciones no solo de homofobia, sino abiertamente de crimen. En el mismo documental aparecen nombres que se reiteran: tal amiga, tal persona fue masacrada, la encontraron muerta.

Marcela Di Monti entrevistada para ‘Las Locas del 73’ en su casa de Conchalí.

– ¿Con el advenimiento de la democracia estas violencias cesaron o se mantuvieron?

– Hubo un cambio radical. Fue una democracia “pactada”, decimos nosotros, porque hay un pacto entre militares golpistas y otros civiles. Fue un proceso lento. Pero efectivamente se puede decir que Chile ha avanzado en leyes desde la derogación a la sodomía, la Ley de Antidiscriminación, la Ley de Matrimonio, Ley de Identidad de Género. Pero durante todo este período de 50 años no ha habido ningún interés, iniciativa de parte del Estado, de la institucionalidad de asumir esa deuda, esa masacre, esa violación a los derechos humanos de las diversidades sexuales.

– ¿Cuáles son los reclamos actuales del colectivo?

– Las comunidades de trans adultas mayores quieren una ley de reparación. Las compañeras piden indemnizaciones, mejoras en salud, en educación, vivienda, trabajo y también en pensiones porque consideran que el Estado tiene una deuda con esta comunidad. Una de sus primeras iniciativas del gobierno, a través de la pareja del presidente Boric e Irina Caramano, fue crear una mesa de la diversidad sexual y una trans donde se volcaron todas estas iniciativas. Es muy difícil que el parlamento en este minuto se abra a aprobar una ley de reparación.

Jorge Droguett, La Medallita, portando una foto histórica donde aparece en el centro vestida de azul.

– En Chile, al igual que en Argentina, también hay un avance de grupos radicalizados de derecha. 

– Desgraciadamente este último tiempo ha habido un avance de la derecha y particularmente de los grupos evangelistas que hace que estos derechos conquistados se pongan en riesgo. Lo que ustedes están viviendo con Milei, nosotros también lo estamos viviendo con una derecha fascista dura, extrema, que tiene apoyo popular. Junto también a los crímenes de odio que no se han detenido. También a una institucionalidad que no profundiza. Por ejemplo, la Ley Antidiscriminación es media coja porque no previene la discriminación, sino que castiga al discriminador. Para eso hay que crear institucionalidad educativa. Ese es el desafío ahora.

Para Robles, se trata de “hacer posible lo imposible”. En este sentido, llamó a no solo rendir homenaje a las sobrevivientes trans de la dictadura, sino también a ser parte del camino hacia su reparación. “Porque, como bien dice La Medallita, de aplausos ellas no viven”, expresó.

Marcela Di Monti junto a Víctor Hugo Robles en el Sitio de la Memoria del Estadio Nacional, centro de prisión política de la dictadura militar donde Marcela estuvo detenida en septiembre de 1973.

“Sería muy interesante que las comunidades sexodiversas argentinas nos inviten a presentar el documental a Buenos Aires o a las ciudades de Argentina. También hacer un llamado a la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, y al encargado de Cultura de la Embajada, que es Alejandro Goic, que nos abran las puertas y nos pongan alas para poder ir con las compañeras a presentar este documental y a dialogar con la comunidad LGTBI de Argentina sobre estas demandas que son compartidas”, concluyó.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

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El 55% piensa lo contrario, mientras solo el 9% conoció de manera directa a víctimas de la homo/transfobia estatal. El 94,3 % sostiene que la recuperación de la democracia no significó por sí sola avances para los derechos LGBTIQ+ y el 43,9% ha sabido de casos de homo/transfobia estatal bajo el Gobierno de Allende. En paralelo, el Movilh dio a conocer antecedentes del único crimen homofóbico perpetrados por agentes de la Dictadura del cual se tiene registro.

En el marco del 50 aniversario del Golpe de Estado, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) publicó hoy los resultados de la primera encuesta sobre las informaciones, percepciones y opiniones de las personas LGBTIQ+ sobre la Dictadura de Augusto Pinochet, el Gobierno de Salvador Allende y la recuperación de la democracia, al tiempo que dio a conocer antecedentes del único crimen homofóbico perpetrados por agentes del Régimen Militar del cual se tiene registro.

En términos generales los resultados de la encuesta arrojaron que “para buena parte de la población LGBTIQ+ la violaciones a los derechos humanos bajo la Dictadura afectaron principalmente a opositores al régimen antes que a personas exclusivamente en razón de su orientación sexual o identidad de género. Es más, la mayoría estima que la recuperación de la democracia por sí sola no significó avances para los derechos LGBTIQ+ y que la homo-transfobia estatal y social era generalizada durante y antes de la Dictadura”, señaló el Movilh.

El organismo precisó que “estos resultados se basan principalmente en percepciones o informaciones escuchadas o leídas y no necesariamente en experiencias vividas por los/as encuestados/as, en tanto solo el 9% dijo conocer directamente una víctima de la homo/transfobia estatal bajo la Dictadura. Esto demuestra la escasa y nula información o testimonios sobre la realidad LGBTIQ+ en los períodos previos a la Democracia, cuando indudablemente la homo/transfobia era casi total y generalizada en todos los niveles sociales y estatales”.

Resultados del sondeo

Denominada “Personas LGBTIQ+ y el Golpe de Estado en Chile”, la encuesta online y presencial aplicada a 279 personas arrojó que para el 45% bajo la Dictadura de Pinochet hubo una política de Estado especializada contra las personas exclusivamente en razón de su orientación sexual o identidad de género, mientras el 55% descarta ello, por considerar que “solo hubo una política de Estado para violar derechos humanos de cualquier persona opositora al régimen, sin importar su orientación sexual o identidad de género”.

Con todo, solo el 9% dice que conoce o conoció de manera directa a una o más víctimas de la homo/transfobia estatal bajo la dictadura de Pinochet; mientras el 49% señala que no las conoce, ni nunca ha escuchado o leído algo al respecto. El 42% sostiene que solo ha escuchado o leído información sobre el tema, pero jamás ha conocido de manera directa a una víctima de la homo/transfobia estatal.

El 94,3% estima que la recuperación de la democracia no bastó para mejorar la calidad de vida de las personas LGBTQ+, pues la “homo/transfobia siguió igual y solo cambió  o mejoró tras años de lucha” de los movimientos de la diversidad. Solo el 6% cree que hubo “cambios inmediatos”.

Para el 26% “el Estado nada ha hecho para investigar y/o sancionar los atropellos a los derechos humanos cometidos por la Dictadura de Pinochet contra  las personas exclusivamente en razón de su orientación sexual o identidad de género”, mientras el 19,4% cree que “algo ha hecho”. Con todo, para el 54,6% “el Estado nada puede hacer, pues en Dictadura no se violaron los derechos humanos de las personas exclusivamente por su orientación sexual o identidad de género. Solo se violaron derechos humanos de personas opositoras al régimen, fueran o no LGBTQ+”.

Según el 46,9% antes del año 1973 los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ fueron “igualmente vulnerados que en Dictadura”, para el 40,1% fueron “más vulnerados que en Dictadura” y solo para el 13% fueron “menos vulnerados que en Dictadura”.

El 7,3% dice que conoció de manera directa “uno o más casos de violación a los derechos humanos perpetrados por el Estado bajo el Gobierno de Salvador Allende solo en razón de la orientación sexual o identidad de género de las personas”, el 43,9% señala que solo ha leído o escuchado información al respecto y el  48,8% indica que no conoce, ni ha escuchado o leído nada sobre la materia.

Finalmente el 66,8% identifica como principales responsables del Golpe de Estado a las Fuerzas Armadas y de Orden, a la Derecha Política (66.8%), al centro político (23,9%),  a la Izquierda política (15,3%) a la sociedad en general (15,3%),  a todos los sectores sociopolíticos (14,8%) y a ningún grupo en especial (0,6%).

Datos generales  del sondeo

Del total de 279 encuestados/as, el 41% tiene entre 15 a 29 años, seguidos por quienes tienen entre 30 a 39 años (32,6%), 40 a 49 años (11,8%), 50 a 59 años (9%), menos de 14 años (2,8%) y más de 60 años (2,8%)

El 55,7% vive en la Región Metropolitana, seguido por Valparaíso (12,9%), Biobío (4.7%), Los Lagos (4,7%), La Araucanía (3,5%), Coquimbo (2,3%), O`Higgins (2,3%), Maule (2,3%), Antofagasta (1,6%) Los Ríos (1.6%), Arica y Parinacota (1,6%), Atacama (1,6%), Ñuble (1,6%), Magallanes (1,2%), Tarapacá (1,2%),  Aysén (1,2%).

El 49,5% se declara gay; el 22,9%, lesbiana; el 14,4% bisexual; el 9,2%, pansexual,  el 2,3%, asexual y el 1,7%, heterosexual. Además, el el 14% es trans, el 86%, cisgénero, mientras el  83,3% se identifica como una persona binaria y el 16,7% como no binaria.

El único caso documentado de crimen estatal homofóbico bajo la Dictadura

 A continuación el Movilh reproduce los antecedentes del caso que son parte del Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género:

“Los abusos, torturas o crímenes cometidos por agentes de la dictadura militar contra personas en razón de su orientación sexual o identidad de género se encuentran en la nebulosa, existiendo sólo un caso del cual se tiene conocimiento.

La ausencia de denuncias no implica, bajo ningún punto de vista, que las personas LGBTIQ+ no sufrieran abusos generalizados por ser diferentes a la mayoría, menos al considerar que hasta 1999 las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo eran sancionadas con cárcel en virtud del homofóbico artículo 365 del Código Penal.

La homofobia y la transfobia imperantes en los planos sociales, culturales, estatales y familiares era una característica más del país y de la época, que se expresaba sin conflictos o discursos disidentes. Más aún, hasta buena parte de la década de los 90 la casi totalidad de las personas LGBTIQ+ tenían internalizada la discriminación, la legitimaban y no apreciaban sus negativos efectos, considerándola un dato más de la realidad al cual todos, incluido uno mismo, debía someterse.

La denuncia por un abuso homofóbico o transfóbico requiere primero que la víctima pueda reconocer a tales fenómenos como repudiables y merecedores de sanción. Implica además tener la valentía para reportar los atropellos, así como contar con la mínima posibilidad de ayuda. Nada de ello existió  bajo la Dictadura, ni antes de ese trágico período.

Siendo las violaciones  a los derechos humanos por razones políticas o ideológicas una práctica estatal periódica bajo el atroz régimen de Augusto Pinochet y siendo la homofobia y la transfobia realidades instaladas culturalmente, es claro que tras la recuperación de la democracia  la preocupación se centró en resolver el primer punto, mientras el segundo, por falta de denuncias, era inexistente.  Y aunque hubiesen existido denuncias, lo más probable es que las víctimas no encontraran jamás justicia, ayuda o, más básico, compañía y protección.

De ahí que un caso ocurrido en Arica en 1975, y confesado 35 años más tarde por uno de los criminales, sea de especial relevancia para conocer una parte de la historia sobre las prácticas represivas de la Dictadura contra las personas en razón de su orientación y/o identidad de género.

El caso

En 2010 el entonces funcionario en retiro de la Armada, Bernabé Vega, confesó a la Policía de Investigaciones que junto a un compañero,  Héctor Morales, había asesinado en 1975 a una persona en razón de su orientación sexual,  saltando así a la luz el primer registro de un crimen homofóbico propinado por agentes de la Dictadura Militar.

Los uniformados habían actuado por orden del jefe de Inteligencia Regional, el capitán Ricardo Padilla, para quien la presencia de “un homosexual” civil en las cercanías de las zonas militares de Arica estaba provocando disturbios.

La víctima fatal, cuya identidad se sigue investigando,  fue asesinada luego de mantener un contacto erótico con un soldado que podría ser Jesús Teovaldo Ponce Peña, quien estuvo  varias veces detenido por el delito de sodomía  (artículo 365 del Código Penal) y falleció de neumonía en Arica a los 57 años, sin alcanzar a dar su testimonio sobre el caso.

Vega confesó  estos hechos por error, pues la PDI estaba buscando que declarara en el marco por otro caso de violación a los derechos humanos.

Según consta en el expediente, titulado como el “Episodio homosexual”, Vega confesó que «un día durante 1975 Padilla me dijo que el destacamento que estaba en el Morro de Arica estaba teniendo problemas con un homosexual civil que estaba pervirtiendo a los soldados conscriptos, siendo sorprendido en un acto de esa naturaleza con un conscripto en los faldeos del Morro”.

Explicó que por estos hechos, el  civil “debe haber estado unos tres días detenido en el cuartel, tiempo en el que se le pidió que escribiera una carta a su familia, reconociendo su condición de homosexual y anunciándoles que se iría al Perú, ya que estaba siendo amenazado por agentes del gobierno militar. Entiendo que la carta se le hizo llegar a su familia posteriormente”.

“Mientras este tipo estaba recluido en el cuartel, el capitán Padilla me llamó para indicarme que debía ir con Morales a horas de la noche y ejecutar al homosexual, ya que era un peligro para los soldados y no merecía vivir. A eso de las 23.30 fuimos en un vehículo color gris, que contaba con tres corridas de asientos. Iban Padilla, Morales, Mercado, Castro, Catalán, Cisternas, el detenido y yo”, sostuvo.

“Cuando salimos del Cuartel nos dirigimos a la salida sur de Arica, debimos habernos demorado unos 15 minutos. Dejamos el vehículo a un costado de la carretera, subimos el cerro a pie hacia el oriente, encontrando un soldado de guardia. El capitán Padilla le dijo que no se preocupara si escuchaba disparos, que realizarían una práctica de tiros. Tras avanzar unos 60 metros, nos encontramos con dos grandes orificios en la tierra, de unos 15 a 20 metros de profundidad. Alguien tiró una piedra, la que demoró en llegar al final”, relató.

“Al detenido tras eso le dijeron: hasta aquí nomás llegaste. En ese momento este hombre quedó frente a los dos hoyos, Morales y yo detrás de él y a unos dos metros el resto. Mis acompañantes hicieron un semicírculo, se le colocó una venda de esponja en la cabeza. Padilla nos dijo que viéramos la forma en qué lo íbamos a hacer. Contamos hasta tres y disparamos al unísono, dos veces, cayendo el tipo en la arena. Usamos una Smith and Wesson 38 corto, la que era de cargo de la Armada. Disparamos a 50 centímetros de la cabeza. Morales era más alto que yo, por lo que tuve que levantar el brazo. No podría precisarlo, pero los que acompañaban el grupo deben haber empujado el cuerpo dentro de la orilla de los hoyos. Una vez terminado esto, nos retiramos del lugar. Durante el camino de vuelta al Cuartel, los funcionarios que iban conmigo me decían que estaba bien hecho, como alentándome y reconociendo que ya era parte del grupo», finalizó.

Morales fue más reacio a confesar, aunque terminó reconociendo algún tipo de participación en los hechos.

“Yo iba de conductor. Me ordenaron primero ir a dar una vuelta al norte, para hacer hora y que oscureciese. Ellos conocían unos hoyos profundos. Me detuve en un lugar perfecto para estacionar. Paré el motor, ellos se bajaron rápido. Me puse a orinar, no quería ver. Escuché varios proyectiles. Di vuelta el jeep. Esperé. Como no los vi venir, me bajé. Me dijeron que fuera donde ellos. Me dijeron: yapo, maricón, dispara. Dije: cómo si ya estaba muerto. Me dijeron que lo hiciera igual, que si caga uno, cagan todos. Sentí susto por lo que había pasado en el asado y, le disparé al cadáver. Ignoro si le dio al muerto. Nunca más se habló de eso», indicó Morales

Fue Padilla quien dio más detalle al señalar en el expediente que «el hombre fue desnudado y atendida su condición de homosexual decía que lo íbamos a violar, lo que no era nuestra intención, por supuesto. Por lo mismo, el hombre, se mantuvo tranquilo».

Tras las confesiones y diligencias ordenadas por  el Primer Juzgado del Crimen de Arica, los peritos dieron con  el cuerpo de la víctima en una fosa ubicadas en las afueras de dicha ciudad,  a media hora caminando desde el kilómetro 2058 de la ruta 5 Norte.

Se trataba de un hombre de entre 30 y 45 años, con un estatura que oscilaba entre los 1.63 y 1.69 metros y cuya muerte la provocó un disparo calibre 38 en la cabeza, según arrojó la autopsia.

Vega y Morales fueron procesados en 2014 por secuestro y homicidio. A esa fecha Padilla ya había fallecido, mientras que Sergio Mercado presentaba demencia senil desde hacía años, por lo que en otra causa ya lo habían declarado inimputable.

Tras pagar una fianza de 400 mil pesos, los homicidas esperaron condena en libertad condicional hasta el 2016 cuando se dictó sentencia por homicidio simple y siendo sancionado cada uno sólo con cuatro años de presidio menor en su grado máximo debido a la irreprochable conducta anterior y a la colaboración con el caso.

Con todo, en octubre del 2015 los tribunales ya habían calificado al crimen como de lesa humanidad por el hecho de haber dañado a una persona en razón de su orientación sexual, lo cual implica que el asesinato no proscribirá, aún cuando en diciembre del 2016 ya habían concluido todas las diligencias posibles.

El cuerpo de la víctima permanece a la espera de ser identificado”.

Resultados Encuesta:

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Fuente MOVILH

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Con motivo del 50 aniversario del ataque a La Moneda, el Movilh lanzó hoy la encuesta

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lanzó hoy una inédita encuesta para conocer las opiniones, percepciones y conocimientos de las personas LGBTIQ+ de Chile en torno al Golpe de Estado y la Dictadura de Augusto Pinochet.

En concreto, la encuesta busca indagar sí a juicio de las personas LGBTIQ+ hubo o no violaciones a los derechos perpetradas por agentes de la Dictadura exclusivamente en razón de su orientación sexual o identidad de género. De la misma manera, el sondeo consulta las percepciones sobre los derechos LGBTIQ+ bajo el Gobierno de Salvador Allende y tras la recuperación de la democracia.

“Con la investigación esperamos ampliar el conocimiento sobre la realidad LGBTIQ+ en Dictadura, basados esta vez en las percepciones, opiniones o saberes de las propias personas de la diversidad sexual y de género, un esfuerzo necesario al cumplirse 50 años del Golpe. Los datos o antecedentes sobre la existencia o no de una política estatal homo/transfóbica son tan escasos, que es muy necesario indagar por todas las vías posible”, finalizó el Movilh.

Encuesta puede responderse en este enlace:

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. 1973, Augusto Pinochet Ugarte, Chile, Democracia, Dictadura, Encuesta, Golpe de Estado, La Moneda, MOVILH, Personas LGTBIQ, Salvador Allende

El Movilh, que se manifestó en el frontis de la Corte Interamericana de DDHH, lamentó la “fuerte arremetida del Estado y de los principales de Chile contra la docente”, sin embargo, consideró que “antes de finalizar el 2021 Pavez, con su fuerza y valentía, triunfará, haciendo historia para los derechos LGBTIQ+”

Entre ayer y hoy se desarrolló en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el juicio contra el Estado de Chile por impedir desde el 2007 a la docente Sandra Pavez hacer clases en razón de su orientación sexual, tras una decisión de la Iglesia Católica que fue amparada por diversos fallos en nuestro país.

El juicio se extendió por cinco horas, divididas entre ayer y hoy, siendo encabezado por la presidenta la Corte INH, Elizabeth Odio Benito. En la ocasión intervino Pavez y, a favor de ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los abogados Ciro Colombara y Branislav Marelic. En tanto, el Estado justificó que a la docente se le siga negando el derecho a hacer clases, argumentando que ella siguió recibiendo un sueldo, pues se mantuvo como inspectora general de un establecimiento educacional.

Fue justamente este último punto, uno de los más dolió Pavez. “El Estado se limitó a consultarme si había recibido o no sueldos desde el 2007 a la fecha, como si eso fuera lo relevante. Lo grave es el daño psicológico que he sufrido luego de me negaran el derecho a hacer clases y me impidieran ingresar a las aulas para educar”.

Con todo, Sandra se declaró satisfecha con las dos jornadas del juicio.  “Tengo confianza en la Corte Interamericana de DDHH. Creo que ellos fallarán por la no discriminación. Espero que la sentencia tenga un impacto positivo en las y los docentes LGBTIQ+ de Chile y América”.

En tanto, el dirigente del Movih, Rolando Jiménez, señaló que “la valentía y la perseverancia de Sandra; acompañada de un trabajo jurídico de excelencia desarrollado por los abogados Colombara y Marelic y por una contundente denuncia de la CIDH; hará historia para los derechos LGBTIQ+. Ella, optó por enseñar con la verdad, pero el Estado y las iglesias la condenaron por eso”

En tal sentido, Jiménez lamentó que “hasta hoy persista una fuerte arremetida contra los derechos de Sandra Pavez, pues no solo el Estado se ha movilizado a nivel internacional para que se le siga impidiendo hacer clases en Chile exclusivamente en razón de su orientación sexual. Lo mismo hicieron los principales credos de Chile y ONG´ ultraconservadoras de diferentes países que en los últimos meses presentaron diversos Amicus Curiae justificando que las religiones tienen el derecho e impedir que docentes hagan clases en Estado laicos solo por ser LGBTIQ+”.

“Igual de lamentable ha sido la indolencia del Estado chileno, que se ha limitado a reducir este juicio a aspectos económicos, importándole nada la dignidad humana. A tanto llegó su falta la delicadeza, que invitó a peritos que ni siquiera habían leído los fallos judiciales contra Sandra y, peor aún, que en sus presentaciones trataron al dictador Pinochet como “presidente”, para validar el Decreto 924 que este genocida dictó en 1984 para negar el derecho de docentes a hacer clases de religión si es que eran LGBTIQ+”, finalizó.

En paralelo al juicio, ayer y hoy activistas LGBTIQ+ se manifestaron en el frontis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, acusando a Chile de “lesbofóbico” y de “estar en deuda con Sandra Pavez”

Se espera que la Corte IDH dicte sentencia entre agosto y noviembre próximo.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Augusto Pinochet Ugarte, Branislav Marelic, Chile, Ciro Colombara, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Elizabeth Odio Benito, Movih, Rolando Jiménez, San José de Costa Rica

Movimiento fundado por el nieto de Pinochet aspira a convertirse en un partido político en Chile

El nieto del siniestro dictador chileno Augusto Pinochet pretende convertir un movimiento de centroderecha que él mismo fundó y que aboga por la legalización de la marihuana en el partido político ‘Orden Republicano Mi Patria’, también conocido como ‘Por Mi Patria’. Es más que evidente que el partido, de centro derecha pretende retomar los ideales del dictador Pinochet. Pretende reavivar el espíritu nacional y reinventar la historia.  Defienden lo hecho por el dictador.

Este 25 de noviembre un grupo de adherentes a la obra de la dictadura conmemorará el aniversario número 99 del nacimiento de Augusto Pinochet Ugarte. Este grupo se hace llamar Movimiento “Por mi Patria” y fue fundado por Augusto Pinochet Molina, quien se hizo conocido en 2006 durante el funeral del ex líder de la Junta Militar, donde declaró que su abuelo “derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista”, entre otras controversiales frases que terminaron costándole su baja del Ejército.

Por Mi Patria, un movimiento de centroderecha chileno fundado por Augusto Pinochet Molina (nieto del exdictador chileno Augusto Pinochet) podría pasar a ser en un partido político en tan solo unos meses.

Los integrantes del movimiento reconocen que durante los años que Pinochet estuvo en el poder se produjeron graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, nunca se refieren a ese periodo como “dictadura” y califican de “pronunciamiento” el golpe de Estado de 1973, indica un reportaje de la cadena CNN Chile.

A su juicio, con Pinochet se avanzó mucho más de lo que se ha hecho desde la década de 1990 hasta la actualidad.

El secretario general de Por Mi Patria, Paolo Zárate, confirmó que el movimiento tiene intención de convertirse en un partido político que aspirará a “rescatar todo lo bueno hecho”.

El vicepresidente de “Por mi Patria”, Eduardo Toledo, dio a conocer los principios que rigen al movimiento, donde destacan la restricción para la llegada de inmigrantes y el rechazo a que los uniformados condenados por violaciones a derechos humanos compartan con reos comunes.

El movimiento condena el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Además, se adscribe a la legalización de la marihuana y sostiene la necesidad de redactar una nueva Constitución.

En caso de conseguir su objetivo y convertirse en una agrupación política, Por Mi Patria podría participar en las elecciones parlamentarias de 2015, señala el diario digital chileno ‘El Dínamo’.

Fuente: Actualidad.rt.com

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