Foto de la marcha del Orgullo de este año en París (Twitter de Alex)

Según informa El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional ha rechazado dar protección a un ciudadano argelino, amenazado de muerte por su familia por ser homosexual, al considerar que no está perseguido por las autoridades de su país. «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual», expresa la sentencia. Aunque es cierto que en años recientes no han trascendido procesamientos, el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años.  

Según relata el diario ceutí, que ha tenido acceso a la sentencia, el ciudadano argelino llegó a Ceuta en abril de 2017, huyendo se su familia. Un hermano suyo, que pronto iba a salir de prisión, le había amenazado de muerte por ser homosexual. Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, sin embargo, «los únicos actos de persecución o amenaza» que explica el ciudadano argelino «los expone de forma vaga y sin ninguna acreditación», sin que procedan de las autoridades argelinas sino de su propio entorno familiar. Siempre según El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional solicitó un informe a ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados), según el cual el solicitante «no parecía encontrarse en necesidad de una protección» y al abogado de Estado, que se mostró desfavorable a la concesión de una protección internacional.

La Audiencia Nacional va más allá y se permite, de hecho, valorar la situación de las personas homosexuales en Argelia como propia «de una sociedad en transición, donde en principio rigen unos principios ancestrales frente a una realidad mucho más tolerante» y asegura que «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual». 

La decisión de la Audiencia Nacional, a la que la defensa del ciudadano argelino había recurrido, agota la vía para conseguir el asilo por parte del solicitante, que a partir de este momento puede ser deportado.

ILGA: Argelia sí se encuentra entre los países con homofobia de Estado 

Basta con acudir al informe anual sobre Homofobia de Estado que publica ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex) para saber que el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años y con multa de 500 a 2.000 dinares argelinos. Cuando alguno de los autores fuera menor de 18 años de edad, la pena impuesta se agrava hasta los 3 años de prisión y los 10.000 dinares de multa. Por otra parte, también se castiga con prisión de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares a «quien cometiere atentado al pudor en público» y en el caso de que «el atentado al pudor consistiere en un acto contra natura con una persona del mismo sexo», la pena será prisión de 6 meses a 3 años y la multa de 1.000 a 10.000 dinares.

No solo eso: el Código Penal también castiga a quien difunda cualquier tipo de material «que atente contra la decencia» con penas de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares. Según el informe de ILGA, «esto va más allá del alcance de la regulación típica basada en el comportamiento, y sigue una línea que se acerca más a las normas sobre ‘propaganda’ de identidades no heterosexuales como las de Medio Oriente o el Norte de África».

El informe de ILGA recoge como ya en 2016 Reino Unido rechazó una solicitud de asilo interpuesta por un hombre gay argelino, basándose en parte en la falta de procesamientos o arrestos en los últimos años. «Sin embargo, la decisión no tuvo debida cuenta de la humillación familiar y social extrema, las amenazas y la violencia que impera en la Argelia rural y urbana respecto de las orientaciones sexuales diversas, tanto en hombres como en mujeres», deja claro la organización LGTB.

Es más, ILGA recuerda que Argelia ha rechazado las recomendaciones para despenalizar las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que por ejemplo el entramado legal sobre entidades sin ánimo de lucro, información y derecho de reunión, junto con el hecho de que los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo están criminalizadas, «produce un ambiente en el que es no es posible registrar una organización que trabaje temas relacionados con la orientación sexual».

La historia de Anouar Rahmani

Hace pocos meses contábamos en esta misma página la historia de Anouar Rahmani, un escritor y activista argelino que había denunciado la agresión que sufrió un amigo suyo por ser homosexual. Tres personas le redujeron y le torturaron dándole latigazos que le dejaron grandes marcas en la espalda, según se puede comprobar en la fotografía que acompañaba al mensaje de Rahmani. «La imagen (de las heridas en la espalda, que hizo públicas) ilustra la justicia popular argelina que se permite atacar e insultar, incluso instaurar su propia ley sobre el resto de la comunidad con total impunidad», escribió. Tras la denuncia, el propio Rahmani recibió graves mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.

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“Estos son los amigos de los gais”, “maricón”, “está llegando un osito a la cárcel”… El conflicto catalán desata preocupantes episodios de homofobia

Vergonzoso e inaceptable. La Justicia determinará lo que tenga que ocurrir con los señores Santi Vila y Oriol Junqueras pero eso no implica que sean insultados, el primero por su orientacion sexual y  los otros porque estos fascistas decerebrados utilizan la homofobia como ataque pesonal. Más indignante si cabe que quienes lo hacen sean servidores publicos que esperemos sean sancionados.

 Arcópoli y l’Observatori Contra l’Homofobia de Catalunya denuncian ante la Fiscalía los insultos homófobos recibidos por Santi Vila y Gerard Piqué.

La Policía Nacional investiga a tres agentes que bromeaban con la encarcelación de Oriol Junqueras al que “van a poner a cuatro patas” en prisión “hasta que le arreglen el ojo”.

Que la profunda crisis política que viven Cataluña y España está dando alas a la extrema derecha no es ningún secreto, por más que muchos algunos se empeñen en minimizarlo. Que ello conlleve un rebrote de odio homófobo no debería extrañar. Tres ejemplos llamativos en solo unos pocos días bastan para ilustrar una realidad que, al margen de lo que cada uno piense sobre cuál es la mejor forma de encauzar el conflicto, debería servir de toque de atención.

El primer momento que recogemos tuvo lugar en la tarde-noche del pasado 27 de octubre (el mismo día en el que los diputados independentistas del Parlamento catalán aprobaban una declaración unilateral de independencia y el Gobierno español, tras el visto bueno del Senado, hacía efectivo el artículo 155 de la Constitución que permite la suspensión del autogobierno de una comunidad autónoma). Varias decenas de ultraderechistas, la mayoría de ellos jóvenes y agitando banderas españolas, se concentraron frente a la sede de Catalunya Ràdio, en Barcelona, cuyos trabajadores permanecían acantonados en su interior con las puertas cerradas. “Estos son los amigos de los gais”, fue uno de los gritos amenazantes con los que algunos de los jóvenes intentaron asaltar al edificio, como bien captaron algunas cámaras:

Manifestació violenta davant de Catalunya Ràdio. Han trencat vidres i no es pot sortir de l’emissora #DefensemCatRàdio pic.twitter.com/nkTWuKRJP4

— Saül Gordillo (@saulgordillo) 27 de octubre de 2017

El segundo de los episodios se produjo este jueves, 2 de noviembre, cuando varios de los consejeros del Gobierno catalán y su vicepresidente Oriol Junqueras (ya destituidos en aplicación del artículo 155) acudían a Madrid a declarar en la Audiencia Nacional, imputados por un presunto delito de rebelión. Uno de ellos era Santi Vila, político abiertamente gay al que Varios manifestantes, portando también banderas españolas, le gritaron “maricón”, entre otras expresiones denigrantes sin que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hicieran nada:

Insultos de “maricón” a Santi Vila, que llega sólo a la Audiencia Nacional pic.twitter.com/2v36EujNYj

— El Plural (@El_Plural) 2 de noviembre de 2017

El tercero de los incidentes se producía también este jueves, ya cuando los miembros del destituido Gobierno catalán salían de la Audiencia Nacional en furgones policiales con destino a las cárceles en las que iban a ingresar en prisión preventiva. En ella, varios miembros del cuerpo bromean con la llegada de Oriol Junqueras a prisión. En el vídeo se puede escuchar a los agentes riéndose de lo rápido que llegará el furgón a la cárcel y hacen varios comentarios bastante lamentables como “Al osito (refiriéndose a Junqueras) ya verás cómo lo van a poner. Está llegando un osito a la cárcel”. Además, los policías hacen un par de bromas homófobas al explicar que cuando “le pongan a cuatro patas” -y simula una pose sexual- le van a “arreglar el ojo“. [en referencia al estrabismo de Junqueras]“.

La conversación era captada por una cámara y difundida por La Vanguardia:

Tres policías se mofan de los exconsellers en la puerta de la Audiencia Nacional: “Está llegando un osito a la cárcel” pic.twitter.com/lx5KsQbs25

— La Vanguardia (@LaVanguardia) 3 de noviembre de 2017

Según ha informado en Twitter la propia Policía Nacional, “la Dirección General de la Policía ya ha abierto una información reservada por estos hechos”. Creemos que debe tomarse muy en serio el hecho de que agentes de la ley hagan entre ellos comentarios homófobos en los que se banaliza además algo tan grave como una violación en prisión.

Denuncias de los observatorios contra la homofobia

Tanto los insultos homófobos contra Santi Vila como la conversación entre los polícias han sido denunciados por el colectivo Arcópoli (que gestiona el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia) y por el Observatori contra l’Homofòbia de Cataluña, respectivamente. Arcópoli ha anunciado la presentación de un escrito en la Fiscalía de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid para que se investiguen los hechos. Arcópoli se suma así a la denuncia que el Observatori Contra l’Homofobia de Catalunya presentó también ante la fiscalía por los insultos homófobos que recibió el futbolista Gerard Piqué durante su entrenamiento en la ciudad deportiva de Las Rozas.

Arcópoli y el OCL’H están uniendo esfuerzos para identificar este tipo de incidentes y es que según la asociación madrileña en diferentes ciudades se están dando varios incidentes homófobos “relacionados con el conflicto con Cataluña“. Aseguran en nota de prensa, y lo corrobora su coordinador general Yago Blando, que “en momentos de polarización política y social como los que estamos viviendo al final los más perjudicados somos los colectivos más vulnerables y, en este caso, se está utilizando la orientación sexual como ataque.”

Según un comunicado hecho público por Arcópoli, este colectivo ha presentado un escrito a la Fiscalía de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid en relación a la agresión verbal a Santi Vila. “Este tipo de insulto se ha realizado específicamente contra este político y no contra ningún otro que acudió a declarar precisamente porque es bien sabida su orientación sexual, que él mismo hizo pública”, argumenta Arcópoli. “No es la primera vez que se han producido este tipo de incidentes. Hace unas semanas también presentamos con la colaboración del Observatori contra l’Homofòbia (OCH) de Catalunya una denuncia ante la fiscalía por los insultos homófobos que también sufrió el futbolista catalán Gerard Piqué en su entrenamiento en la ciudad deportiva de Las Rozas. Además se han percibido otros incidentes homófobos relacionados con el conflicto con Cataluña en varias ciudades madrileñas. Hemos establecido cauces de colaboración directa con el OCH para evaluar este tipo de incidentes. En momentos de polarización política y social como los que estamos viviendo, al final los más perjudicados somos los colectivos más vulnerables y en este caso, se está utilizando la orientación sexual como ataque”, añade el texto.

“Utilizar la orientación sexual como un insulto es ilegal en la Comunidad de Madrid y esperamos que sean sancionadas estas personas, que visiblemente han ido a atacar a una persona por ser gay. Desgraciadamente esta profunda polarización política que sufrimos estos días nos perjudica como colectivo”, ha declarado Yago Blando, coordinador del Observatorio Madrileño.

Por lo que se refiere a la conversación entre los policías, el Observatori contra l’Homofòbia ha pedido ya al área LGTBI de la Generalitat “la actuación inmediata ante este posible y grave caso de homofobia al amparo del artículo 11 de la Ley 11/2014 y del protocolo del deber de intervención”. Según expresa su presidente, Eugeni Rodríguez, “la situación política no debe servir nunca de excusa para que los mensajes de odio LGTBI-fóbicos afloren y queden impunes”. Desde el Observatori expresan además su apoyo a la iniciativa de Arcópoli en el caso de los insultos a Santi Vila.

La extrema derecha, envalentonada

Cristianos Gays es una página  LGTB que quiere ser un espacio de encuentro entre personas que quieren hacer compatible su fe y su orientación sexual además de ser un medio de lucha contra la LGTBIfobia, con seguidores de diferentes sensibilidades políticas ante lo que está sucediendo en Cataluña. Habrá quienes consideren muy grave el desafío independentista a la legalidad constitucional y que defiendan que todas las reivindicaciones políticas se deben encauzar según las reglas que la Constitución marca. Una parte de ellos defenderán que es posible reformar la Constitución para encontrar un encaje diferente de Cataluña en el Estado español, mientras que otros considerarán que esta reforma es innecesaria. Los tendremos también que consideren que la legalidad constitucional, unida al juego de mayorías imperante en España, hacen imposible que Cataluña pueda ejercer nunca un derecho a constituirse como estado independiente que ellos estiman legítimo, por lo que defienden que este se ejerza al margen de la legalidad imperante. Los habrá que consideren que la salida pasa por acordar de alguna forma la organización de un referéndum con reglas pactadas por ambas partes. Y los habrá, posiblemente muchos de los que nos siguen desde fuera de España, a los que este tema les resulte indiferente.

Cada uno tendrá su postura. Pero no podemos pasar por alto el hecho de que, como bien señala en Twitter el sociólogo Jorge Galindo, en la respuesta al independentismo catalán la extrema derecha ha encontrado una “ventana de oportunidad única” que de tener éxito supondrá sin duda una marcha atrás en los derechos del colectivo LGTB. Los rebrotes de homofobia que hoy señalamos son solo una señal. No podemos mirar hacia otro lado ni minimizarlos. Las fuerzas políticas, medios de comunicación, personalidades, ciudadanía y especialmente el propio Gobierno, deben hacer el mayor esfuerzo.

Fuente EstoyBailando/Dosmanzanas

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El Ministerio del Interior ha hecho público, por segundo año consecutivo, su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, referido a 2014 (que puedes descargar aquí). Los datos no son tranquilizadores: en 2014 se contabilizaron 1.285 delitos de odio, de los cuales el grupo más numeroso (513, un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Las cifras son peores que las de 2013 (aunque el Ministerio advierte que ello no significa necesariamente que haya habido más delitos), y se si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es inquietante.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha presentado este martes un informe referido a los crímenes de odio en España durante el pasado 2014, en los que se cometieron un total de 1.285. Del total, los delitos racistas se cifraban en 475 casos, los dirigidos contra los discapacitados en 199, por creencias religiosas en 63 casos, y actitudes antisemitas 24 casos -diferenciados de los religiosos ya que están tipificadas como tal en el Código Penal-, y un 0,9 de delitos de aporofobia, acciones contra mendigos. Sin embargo, la lista la encabeza y por goleada los delitos de homofobia y transfobia: 513 casos registrados.

Los delitos de odio se distribuyen en estas seis categorías siguiendo una clasificación internacional establecida por la Agencia Europea de Derechos Humanos, según ha explicado Fernández Díaz, y apuntó que pese a que en el informe se las llame delito alguna de las algunas de las conductas registradas en este informe tan sólo son consideradas faltas administrativas en las leyes españolas. Para el año que viene se contabilizarán también los delitos relacionados con violencia de género y los delitos de motivación ideológica. Tras esta afirmación, desde RAGAP nos preguntamos si dentro de esta violencia de género se incluirá también la violencia intragénero, la que se produce dentro de parejas del mismo sexo.

En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repiten son las agresiones de tipo sexual, un total de 308 repartidas en 157 abusos sexuales, 77 agresiones sexuales y 74 agresiones sexuales con penetración. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407). Los datos presentados en este informe reflejan un incremento del 9,6 por ciento de delitos de odio registrados durante el año 2013, algo que se justifica explicado que por primera vez se han integrado los resultados de todas las policías autonómicas.

Por distribución territorial, en lo que a los delitos LGTBfobos se refiere, las comunidades autónomas con mayor número de denuncias fueron Andalucía (188), Cataluña y Galicia (ambas con 43) y Baleares (41). Por provincias, una distribución más afinada, destaca muy singularmente Cádiz, provincia en la que se contabilizaron 115 incidentes, seguida de Sevilla (63), A Coruña y Baleares (41), Zaragoza (35), Barcelona (29), Madrid (26) y Valencia (20). Por el contrario, no se registraron incidentes en las provincias de Álava, Burgos, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel. No necesariamente esto último nos parece una buena noticia. Ello puede significar más bien que en estas provincias -al menos en algunas- hay una deficiencia en el reconocimiento de los incidentes. Resulta poco coherente, por mencionar un ejemplo llamativo, que Cádiz y Sevilla encabecen la clasificación provincial mientras que en las vecinas Córdoba, Huelva y Jaén no se haya contabilizado un solo delito…

Especial interés tiene ver el sexo de víctimas y agresores. En contra de lo algunos pudieran pensar, la mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denuncian fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas en el estudio, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Las cifras, como ya adelantábamos en el encabezamiento, suponen un empeoramiento respecto a las de 2013 (puedes descargar aquí el informe correspondiente a ese año), pero según el Ministerio del Interior no por ello debe deducirse necesariamente que haya habido más delitos, al haberse desarrollado en este tiempo programas de formación y sensibilización a los distintos cuerpos policiales, haberse establecido procedimientos operativos más eficaces (como la implementación de un protocolo de delitos de odio) y haberse hecho un mayor esfuerzo de acercamiento a las víctimas para que estas sean conscientes de la necesidad de denunciar lo sucedido.

Todo ello, según el Ministerio, puede explicar el que haya existido un mayor número de contabilizaciones sin que necesariamente haya un crecimiento real de las agresiones respecto al año anterior.

La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) ha hecho público un comunicado en el que celebra la continuidad en la recogida de datos por parte del Ministerio del Interior, pero recuerda que según sus propios datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La FELGTB ha pedido también al gobierno español que promueva una ley de protección integral contra los delitos de odio que regule las denuncias, su tratamiento y  el apoyo a las víctimas y ha aprovechado para insistir en su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. “Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley”, ha destacado su presidente, Jesús Generelo.

También la confederación COLEGAS ha reaccionado ante la publicación del informe. Esta organización considera ”muy positivo” que España se integre en la lista de los principales países de la Unión Europea “que recogen tan exhaustivamente los datos de incidentes sobre delitos de odio” pero recurre al mismo símil de iceberg para explicar que en esos otros países el número de incidentes registrados es mayor. “La infradenuncia es el principal caballo de batalla de las organizaciones LGBT y las fuerzas de seguridad (…) por lo que es crucial la plena colaboración entre sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad para aumentar la confianza mediante campañas específicas destinadas a la población LGBT. Desde COLEGAS animamos a la población LGBT a que denuncie cualquier tipo de incidente del que sea víctima por nimio que parezca, ya que es la única forma de que se luche contra la LGBTfobia social que aún permanece en la sociedad española a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad en los últimos años. También pedimos colaboración al resto de la población a que denuncie cualquier incidente del que sea testigo o tenga conocimiento”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

En el informe del Ministerio del Interior revela que en la Comunidad de Madrid se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013.

De los 102 delitos de odio registrados en la Comunidad de Madrid, 26 lo han sido por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Es un incremento de más del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. Desde la asociacíon madrileña Arcópoli afirman que “es necesario poner en perspectiva este dato con la situación de que, aproximadamente, el 90% de las agresiones por LGTBfobia que se producen no se denuncian, como pudo atestiguar esta entidad con los testimonios de las víctimas a las que ayuda“.

Igualmente destacan la importancia de tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.

Arcópoli ha exigido, como viene haciendo desde el pasado mes octubre, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones que han llegado hasta ellos. A este respecto, la asociación se ha reunido con la Directora General de Asuntos Sociales, con la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid. También han solicitado en numerosas ocasiones una reunión con RTVAM que no ha tenido respuesta.

“Sin embargo, el resultado continúa siendo infructuoso y, salvo Metro de Madrid, ninguna otra institución ha aprobado ninguna medida urgente para atajar este alarmante aumento de agresiones”, denuncian.

Además, desde Arcópoli han reclamado para la próxima legislatura una Ley Contra la LGTBfobia que dote a las entidades de herramientas para combatir las agresiones que, lejos de remitir, van en aumento en toda España, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Asimismo, han solicitado la implantación del protocolo policial Contra los Delitos de Odio y formación a la policía en este tema, para que conozcan las particularidades y sensibilidades de este colectivo, el más agredido en España.

El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que “una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.

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 Madrid, 16 Feb. (Europa Press) –

   El Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional que tome declaración al exnovio de un camerunés que ha solicitado asilo en España al estar perseguido en su país por su orientación sexual. Camerún castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de cárcel y 200.000 francos cfa de multa.

   El Alto Tribunal ha estimado el recurso interpuesto por Idriss G. contra la sentencia dictada hace un año por la Audiencia Nacional, que le denegó el derecho a asilo por no haber aportado datos “creíbles” y razones concretas que acreditaran sus temores. El Ministerio del Interior ya había rechazado darle protección.

   El Supremo critica que la Audiencia Nacional le reprochara haber ofrecido argumentos “inconcretos y ambiguos” y al mismo tiempo rechazara tomar declaración a un testigo directo de los hechos que propuso Idriss.

    “El referido testimonio podría haber sido un elemento de prueba que dotara de mayor verosimilitud los hechos de persecución descritos por el recurrente”, argumentan los magistrados, en referencia al hombre con el que había convivido en Camerún, Nigeria, Níger y Argelia hasta su llegada a España. En mayo de 2010, entró a Melilla nadando desde el puerto marroquí de Nador.

   Para el Supremo, esta declaración podría haber servido para aclarar algunos de esos aspectos “controvertidos” para la Audiencia Nacional. “La negativa a aceptar este testimonio privó de un medio de prueba legítimo solicitado por el recurrente para apoyar sus pretensiones y vulneró su derecho a la defensa”, sostiene.

Doctrina de la Unión Europea

   La Sala de lo Contencioso-Administrativo pide además a la Audiencia Nacional que tenga en cuenta la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fijada el pasado noviembre sobre el asilo solicitado por homosexuales exiliados y perseguidos en su país de origen.

   La Unión Europea acepta que existe un “acto de persecución” cuando un país castiga con cárcel los actos homosexuales y aplica “efectivamente” esta pena. “Debe considerarse una sanción desproporcionada o discriminatoria”, añade.

   La sentencia del Supremo, con ponencia del magistrado Manuel Campos, precisa que el código penal camerunés castiga con una pena de entre seis meses y cinco años de cárcel a “toda persona que tenga relaciones sexuales con otra de su mismo sexo”.

   Si acepta el relato del recurrente, ordena a la Audiencia Nacional que contraste si Camerún aplica esta pena para estudiar si se cumple la doctrina comunitaria. El recurrente alegó que huyó de Camerún, después de que su familia y sus vecinos le lanzaran piedras, maltrataran y abandonaran cuando conocieron su orientación sexual.

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