Un hombre de unos cincuenta años, procedente de Suecia y afincado en Francia, ha sido detenido en Túnez y condenado a dos años de prisión acusado de mantener relaciones homosexuales, considerado delito según la legislación vigente en el país. Las autoridades suecas están en contacto con las tunecinas para encontrar una solución.

Poco más se sabe por ahora. Según el periódico sueco Aftonbladet, la policía tunecina detuvo al hombre el 18 de enero, acusándolo de violar el artículo 230 del Código Penal del país, que criminaliza la sodomía con penas de hasta tres años de cárcel. Un tribunal lo condenó el pasado miércoles a dos años de prisión, aunque el acusado ha recurrido la sentencia. El ministerio de Exteriores de Suecia se ha puesto en contacto con sus homólogos tunecinos para intentar conseguir la liberación del condenado y el cónsul de su país en la ciudad costera de Susa lo ha visitado.

Según ha explicado una portavoz del Gobierno sueco, en las conversaciones con sus homólogos magrebíes las autoridades nórdicas han subrayado la importancia que tiene para Suecia la igualdad de derechos independientemente de la orientación sexual. Yamina Thabet, de la Asociación Tunecina de Apoyo a las Minorías (ATSM), ha declarado que la ley que penaliza las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo en Túnez es “una vulneración de las libertades” y ha aprovechado para pedir una vez más su derogación.

La realidad de las personas LGTB en Túnez, a pesar de estar considerado como uno de los países socialmente más liberales de la región, sigue siendo muy dura. En 2012 conocíamos la difícil situación creada bajo el Gobierno islamista salido de las primeras elecciones celebradas tras el estallido de la llamada “Primavera Árabe” pese a las buenas palabras iniciales. En la estela de una auténtica ola de demagogia homófoba desatada por los islamistas y por la oposición, el ministro de Derechos Humanos criticaba entonces el lanzamiento de una publicación online dirigida al público gay, afirmando que “la libertad de expresión tiene sus límites” y mostrando su acuerdo con el entrevistador en que la homosexualidad “es una perversión que necesita tratamiento”.

En 2013 también  se produjo el encarcelamiento del político opositor Mounir Baâtour, acusado de sodomía, que fue además víctima de los abusivos exámenes anales. Este tipo de humillante maltrato persigue encontrar restos de esperma y medir la dilatación del esfínter anal como supuesta “prueba” de homosexualidad de la víctima. Organizaciones de defensa de los derechos de las minorías sexuales como ATSM o la comunidad web Shams luchan cada día por conseguir el fin de la criminalización de los ciudadanos LGTB.

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