Caribe Afirmativo exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue de forma inmediata la muerte de Samir López Visbal, quien trabajaba por los derechos LGBTI de este municipio del Atlántico.

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CARIBE AFIRMATIVO lamenta el asesinato del concejal de Galapa, Atlántico, Samir López Visbal, miembro del partido Alianza Social Independiente (ASI). Un hombre que ingresó esta madrugada a su apartamento le propinó con un arma blanca varias heridas en el cuerpo que le causaron la muerte. López, de 33 años, era un hombre abiertamente gay que se graduó hace unos días de idiomas en la Universidad del Atlántico, era un líder que se había destacado por impulsar la cultura y la educación de este municipio.

Fue concejal de Galapa luego de obtener 288 votos en las elecciones de octubre de 2015, él hacía parte de un grupo de líderes LGBTI del país que cree que la única forma de que se reconozcan los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, es participando en política. Su agenda de campaña se basó en la calidad y acceso a la educación de niños y niñas de este municipio, y se encontraba gestionando la creación de una oficina para la atención de las personas con orientación sexual e identidades de género diversas, de esta parte del país. Durante su corta carrera como concejal, demostró que las personas LGBTI tienen mucho que aportarle a la sociedad. Era parte de la bancada que hacia oposición a quien fue hasta hace unos meses alcalde de este municipio, José Fernando Vargas, quien destituyeron del cargo. Precisamente, por esta labor de control político, López había recibido amenazas.

El presunto asesino ha sido detenido

La Corporación CARIBE AFIRMATIVO hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que la muerte de Samir López sea investigada de forma inmediata y se identifique si el hecho violento tiene relación con su orientación sexual. Esta organización también pide al partido Alianza Social Independiente, que ha sido garante de los derechos LGBTI, que se una a esta exigencia que se le hace al órgano investigador, para que el homicidio de este concejal abiertamente gay no quede en la impunidad, y que además revise la seguridad de todos sus concejales, líderes y lideresas, sobre todo de quienes representan a grupos históricamente discriminados. También solicitamos a la Alcaldía encargada de Galapa que realice campañas en pro de los derechos LGBTI de este municipio.

López hacía parte de un grupo de 10 concejales abiertamente lesbianas, gais, bisexuales y trans del país, que han participado en talleres de formación liderados por CARIBE AFIRMATIVO, que reconoce la importancia de la participación política de las personas LGBTI. Enviamos un mensaje de solidaridad a los habitantes de Galapa, que perdieron a un gran líder, y por último, hacemos un llamado al gobierno para que garantice que personas con orientación sexual e identidad de género diversas, participen en cargos públicos, y se les brinde seguridad durante el ejercicio de sus funciones.

Fuente Caribe Afirmativo

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza Social Independiente (ASI), Atlántico, Galapa, José Fernando Vargas, Samir López Visbal

La zona más crítica es la Costa Caribe. / Andrés Torres

Organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país amenazan y desplazan a líderes de esa comunidad. Sectores del gobierno y las ONG trabajan para visibilizar los casos y atacar la discriminación.

“Teniendo presente la difícil situación de conflicto armado interno por la que pasa el país, en la cual hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley, los sectores sociales LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado”. Así lo revela un reciente informe elaborado por el Ministerio del Interior, en el que se evidencia la preocupante situación de seguridad que vive esta población en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia las Farc y las bandas criminales.

Según el ministerio, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los que se les conmina a desplazarse de sus lugares de residencia so pena de ser asesinados. Aunque las amenazas se han presentado en ciudades como Bogotá y Barrancabermeja, la zona más golpeada por este fenómeno es la Costa Caribe, donde se han recibido 19 panfletos desde 2012 firmados por los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena.

Justamente, el pasado 9 de julio los Comandos Urbanos de los Rastrojos le enviaron un panfleto a varios defensores de derechos humanos del departamento del Atlántico, en el que los declararon “objetivo militar”. Entre ellos se encuentra Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo, una organización que defiende los derechos de la población LGBTI. En el documento se lee que esas personas serían asesinadas por “no apoyar la avanzada de la seguridad democrática y por defender los derechos humanos de los campesinos, desplazados, maricas, lesbianas y mujeres violadas por las extintas Auc”. En otro panfleto sin fecha, recibido este año, la misma organización armada ilegal amenazó con “dar muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que además de las amenazas “hay mucha presión por parte de las Farc y de grupos paramilitares en los Montes de María, en el Golfo de Morrosquillo y en La Guajira. En Cartagena y Barranquilla las bandas criminales amenazan, prohíben el uso del espacio público y utilizan a las personas LGBTI en el marco de la guerra por el tráfico de drogas”, lo cual ha generado desplazamientos forzados y temor en la región. Además, “se han presentado seis muertes violentas en lo corrido de este año en el Caribe, casos de abuso policial y agresiones de particulares en Barranquilla, en zona bananera del Magdalena y en Montería”.

El informe del Ministerio también reporta casos de discriminación en los que personas LGBTI fueron expulsadas de centros comerciales, retiradas de parques, iglesias, plazas y zonas de prostitución, y otros en las que fueron objeto de “burlas y expresiones agresivas” en escenarios de participación política. Respecto a los homicidios, “el mayor número se presenta contra mujeres trans, que son abordadas en la calle o en sus sitios de trabajo, como peluquerías o salones de belleza”. Igualmente, se han presentado casos de tortura ejercidos “a través de violaciones a mujeres lesbianas por parte de victimarios presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares”.

La sistematicidad de la violencia contra esa población ha hecho que la Fiscalía incorpore un enfoque diferencial en sus investigaciones, lo cual permitió la priorización de los homicidios de mujeres trans en Sincelejo y Maicao. Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes, teniendo en cuenta que de los 202 hechos que conoce el ente acusador, tan sólo siete se encuentran en etapa de juicio y ocho han recibido sentencia condenatoria. Al respecto, Wilson Castañeda opina que “esto es muy contraproducente, porque se manda un mensaje a la sociedad civil de que no son relevantes las violencias contra la población LGBTI y un mensaje de tranquilidad a los victimarios, de que no les va a pasar nada si afectan a esa población”.

A ello se suman las dificultades de las entidades estatales para atender de manera diferenciada los casos en que se ven involucradas personas de esa comunidad. Según Natalia Sorzano, coordinadora del Grupo de Minorías del Ministerio del Interior, “no ha habido el primer caso que tenga un agravante punitivo en el que se diga ‘esto fue por odio’. Se viene trabajando con la Fiscalía en identificar si por el hecho de que la víctima sea una persona LGBTI el presunto victimario debe demostrar que el crimen no fue por homofobia, con el fin de que no se le genere un agravante punitivo. Estas particularidades deben incidir en los protocolos de investigación; son vacíos que existen en la institucionalidad, en las leyes y en toda la construcción jurídica del país”.

Según el informe, otra de las preocupaciones son las denuncias sobre “abuso de autoridad, fuerza desmedida, burlas y agresiones” por parte de la Policía contra mujeres trans y hombres gais. Al respecto, el teniente coronel Alexánder Collazos, coordinador del área de Derechos Humanos de la institución, asegura que “se siguen implementando acciones de prevención en el interior de la Policía y diagnósticos regionales para proteger a esta población”. Se espera que el 21 de diciembre el Ministerio del Interior presente un proyecto de política pública nacional que dé respuesta a las necesidades en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos de la población LGBTI, duramente victimizada y excluida.

Via EL ESPECTADOR

mflorez@elespectador.com

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