Se cumplen tres años de legislatura de Rajoy y de recortes en derechos LGTB

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La amenaza del gobierno de Mariano Rajoy de llevar ante el Tribunal Constitucional la ley integral de transexualidad aprobada con la unanimidad de todos los grupos representados en el Parlamento andaluz continúa despertando asombro e indignación. Asociaciones de transexuales de Andalucía e Izquierda Unida coincidían este martes en defender el anclaje jurídico de una ley “de la que no nos moveremos un ápice”. Y es que, como bien señalaba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, “lo que es inconstitucional es no equiparar a las personas transexuales con el resto de la ciudadanía”.

En una rueda de prensa que tuvo lugar en el Parlamento andaluz, Alba Doblas (portavoz adjunta del grupo de IULV-CA) aseguraba que ya en su momento los servicios jurídicos del Parlamento dieron su visto bueno al texto tras un trabajo arduo en el que no se dejó ningún fleco suelto. Doblas, eso sí, reprochó a la Junta de Andalucía no haber informado “desde el minuto cero” a los colectivos y a su fuerza política de la amenaza del Gobierno central, de la que al parecer no tuvieron conocimiento hasta que se hizo pública por parte de la Junta la creación de un grupo de trabajo mixto que ponga solución a los puntos de fricción e impida el recurso. No obstante Doblas aseguró que “se tiende la mano a la Junta para que entre todos, desde esa unanimidad de partidos y colectivos que hemos abanderado la defensa de la ley, podamos trabajar unidos para contrarrestar ese chantaje del gobierno del PP y defender la soberanía del Parlamento y del pueblo andaluz”. En este sentido, Doblas se mostró dispuesta a aclarar todas las dudas del gobierno, pero añadiendo que “no hay nada en este texto que pueda ser recurrido”.

Alba Doblas añadió, en referencia al PP (que apoyó la ley en Andalucía) que “una vez más se demuestra el nulo papel del PP andaluz ante el Gobierno de la nación” en tanto “el Gobierno de Rajoy ha demostrado que no le importa ni la unanimidad de la Cámara andaluza ni la opinión del PP andaluz”.

Mar Cambrollé, por su parte, tras agradecer la actitud de IU, aseguro que “nos sentimos molestos, también las familias de menores, por habernos enterado por el BOJA [Boletín Oficial de la Junta de Andalucía] y por la prensa y no por la Junta, de estas intenciones del Gobierno de Rajoy”. Para la presidenta de ATA, en cualquier caso, “lo único que hay inconstitucional es no reconocer el libre desarrollo de la personalidad del menor, el interés superior del menor, el derecho a la propia imagen, al honor y la dignidad de los menores” por lo que “inconstitucional es no querer equiparar a las personas transexuales con el resto de la ciudadanía”. Cambrollé dijo sentirse tranquila ”porque lo único que puede hacer el PP es el mismo ridículo que con el matrimonio igualitario” en tanto “se opone a cualquier avance en derechos civiles”.

María Orellana, vicepresidenta de la asociación de madres y padres de menores transexuales (Chrysallis Andalucía), recordó por su parte que “no pedimos que nuestros niños sean más que el resto de niños, sino que sean iguales” e invitó a los que tengan dudas a “venir a conocer la realidad de esos menores”.

Daniel González, coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA (ALEAS Andalucía), destacó finalmente que la fortaleza de la ley radica precisamente en que el texto original surgió del propio colectivo transexual y este estuvo presente en el proceso hasta el final, por lo que considera que la actitud del gobierno de Mariano Rajoy es, en último término, “un chantaje al colectivo de transexuales de Andalucía”.

PSOE-A y la Junta de Andalucía se mantienen firmes en la defensa de la Ley d Transexualidad

Por otra parte, la Junta no va a “cambiar de posición” sobre la ley en el grupo de trabajo que va a crear con el Gobierno de la Nación para proponer una solución a las “discrepancias” expresadas por el Ejecutivo central sobre varios artículos de la normativa.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo ha insistido en que las “discrepancias” que puedan existir por parte del Gobierno de Rajoy sobre varios aspectos de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales no van a suponer “ningún cambio” en la posición del PSOE-A ni tampoco del Gobierno andaluz.

Asimismo, ha dicho que la creación de este grupo de trabajo “no deja de ser algo ordinario”, ya que, según ha explicado el socialista, es el paso previo que siempre se da cuando el Gobierno de la Nación plantea la posibilidad de elevar un recurso al Tribunal Constitucional. “La posición de los representantes de la Junta en esa mesa de trabajo va a apoyar la decisión mayoritaria y unánime que hubo en el Parlamento, donde se aprobó la ley con el apoyo de los tres grupos parlamentarios”, ha subrayado Cornejo.

Gobierno y Junta decidieron poner en marcha este órgano el pasado 15 de octubre en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según recoge un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. En dicho acuerdo, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias” en relación con los artículos 2.4, 4.1, 4.2, 9, 10.2, 10.7, 15.2.b, 19.3 y 19.4 de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

Estos artículos regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la “identidad de género manifestada” por las personas transexuales; el reconocimiento del derecho de los menores “con disconformidad de su identidad de género” a “utilizar libremente el nombre que hayan elegido” o la inclusión en la “cartera básica de servicios” sanitarios de tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad de género.

Fundación Triángulo Andalucía lo considera una “desvergüenza”

También Fundación Triángulo Andalucía se ha pronunciado, denunciando que el PP actúa una vez más contra el colectivo LGTB “apurando los plazos, dilatando los procesos y generando indefensión y malestar en todas las poblaciones trans de Andalucía y del resto del estado español”. “No es nuevo, ya lo hizo en 2005 generando una situación de desamparo legal durante 8 años a todas las parejas del mismo sexo, y, por ende, sus familias a raíz de la ley de matrimonio igualitario; para después demostrarse lo que ya se sabía, que era legal. Pero durante 8 años mantuvo un recurso que para siempre quedará como el de la vergüenza”, expresa en un comunicado.

“Pero la desvergüenza de este partido en esta ocasión es incluso mayor, ya que todo apunta a que volverá a repetir la jugada, pero, ahora con la singularidad de que los diputados y las diputadas populares en el Parlamento andaluz votaron a favor de dicha ley. Cinismo en estado puro”, ha declarado Raúl González, presidente de Fundación Triángulo Andalucía, que considera que “la utilización torticera de la Constitución del 78 y del Tribunal Constitucional ha sido sin duda lo que más ha debilitado a este país, y eso se lo tendremos que agradecer al Partido Popular”.

Triángulo Andalucía pide al PP explicaciones sobre “como puede ser que un día voten a favor y al día siguiente piensen que 6 artículos que apoyaron son anticonstitucionales”. “O hacen muy mal su labor parlamentaria o simplemente no piensan en Andalucía y sus ciudadanos, sino en los intereses de los lobbies ultraconservadores que, una vez más, demuestran el poder que tienen en el PP”, concluye la nota.

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El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el pleno, la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, un éxito de los colectivos LGTB y trans canarios que coloca por fin a Canarias en el grupo de comunidades que ya han aprobado leyes específicas de protección del colectivo transexual en los diversos ámbitos sociales. 

El objeto de la ley es “garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento, de recibir de las administraciones públicas canarias una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia”. Dividida en una exposición de motivos, cinco títulos, una disposición adicional y dos finales, la iniciativa recoge, entre otros, los derechos de las personas transexuales en los ámbitos sanitario, laboral y educativo. El texto hace también referencia a los derechos de los menores transexuales, un grupo especialmente vulnerable.

La ley, que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, obliga además a establecer reglamentariamente la posibilidad de que las personas transexuales cuenten durante el proceso de reasignación de sexo con una documentación adecuada que les facilite “una mejor integración tanto en su entorno social como ante las diferentes administraciones”.

Representantes de los colectivos LGTB canarios se han mostrado muy satisfechos por la aprobación de un texto que en palabras de María José Rodríguez San Fiel, presidenta de Altihay (Fuerteventura), “va a cambiar la vida de muchas personas”. Clarlie A. Marrero, presidente de Algarabía (Tenerife), ha destacado el hecho de que la ley se haya aprobado por unanimidad. “Es hora de que se entienda que los derechos de las personas LGTB son derechos humanos y por tanto están por encima de las ideologías políticas. Todos los partidos democráticos deben asumir estos derechos como parte esencial de sus  políticas”, ha declarado. Víctor M. Ramírez, presidente de Gamá (Gran Canaria) ha resaltado por su parte que “la ley va a evitar situaciones sangrantes de discriminación real”.

Canarias se suma así a Navarra, Euskadi y Andalucía, las tres comunidades que ya han aprobado leyes integrales de transexualidad.

Un largo camino

Ya en marzo nos hacíamos eco de las buenas perspectivas que se abrían tras una importante reunión que diversos colectivos LGTB y trans canarios (en concreto, Algarabía, Gamá, Génesis y Chrisálida) mantuvieron entonces con representantes de Coalición Canaria y el PSOE, las dos formaciones que gobiernan Canarias. En dicha reunión se desgranó el texto que desde hace ya varios años defienden los colectivos y se obtuvo el compromiso de ambas fuerzas de apoyar la propuesta.

El proyecto sumó luego el apoyo de Nueva Canarias, que cuenta con tres diputados en el Parlamento regional y que de hecho fue la que registró el proyecto en el Parlamento canario. Incluso el PP, que pese a estar en la oposición cuenta con 21 diputados en la cámara (los mismos que Coalición Canaria, mientras que el PSOE tiene 15), decidía finalmente apoyarlo, al igual que hizo en Andalucía (donde también es oposición) pero a diferencia de lo que hizo en su momento en la Comunidad de Madrid, donde dispone de mayoría absoluta.

Necesidad de un desarrollo reglamentario

La aprobación de la ley canaria es una excelente noticia, pero debemos recordar que este tipo de leyes pueden quedar muy  fácilmente en papel mojado si no se acompañan del correspondiente desarrollo reglamentario que las propias leyes prevén.

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), volvía por ejemplo a reclamar hace pocos días al Gobierno andaluz “el pronto desarrollo de reglamentos, procedimientos y protocolos que hagan efectiva la ley para que no quede simplemente en una declaración de buenas intenciones o una operación de marketing, consistente en ‘vender’ avances que en realidad no se ponen en práctica”.

Fuente Dosmanzanas

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La polémica ha surgido hoy en Andalucía a partir de una denuncia de la Asociación de Transexuales de la Comunidad (ATA-Sylvia Rivera), en la que consideran “excluyente” la descripción de la sexualidad en un libro de Conocimiento del Medio de tercero de Primaria.

“Recientemente hemos tenido constancia de la existencia de un manual que se está utilizando en Centros Educativos de Primaria y Secundaria mediante el cual se educa a los y las menores en el respeto a la diferencia. Pero cual es nuestra sorpresa cuando al leer su contenido vemos como lo que hace es mostrar la diferencia desde una perspectiva binaria y genitalista en la generización y sexualización de las personas en función de la genitalidad, lo cual excluye a las personas transexuales, borrando su existencia”, explica la asociación en un comunicado.

En el manual “Conocimiento del medio. Primaria. Segundo ciclo. Primer Trimestre. Editorial Anaya” aparece en el epígrafe “Cada persona es diferente de las demás”, lo que copiamos a continuación:

“Aunque todos los seres humanos tenemos una características comunes, cada persona es diferente de las demás. Por ejemplo, la estatura y el color de la piel, del cabello y de los ojos varían de unas personas a otras.

Las personas también nos diferenciamos según el sexo, que puede ser masculino o femenino:

● Las personas de sexo masculino son los hombres, de pequeños llamados niños, y tienen pene y testículos.

● Las personas de sexo femenino son las mujeres, de pequeñas llamadas niñas, y tienen vulva. Además, las mujeres tienen mamas con las que pueden dar leche a sus bebés.

Debemos respetar a todas las personas aunque sean diferentes de nosotros.”

Desde ATA-Sylvia Rivera, han enviado una carta al Consejero de Educación, Luciano Alonso Alonso. “Le recordamos que entendemos de forma clara que existe una incoherencia entre la realidad, es decir, la existencia de niños y niñas transexuales y los contenidos de estos manuales”.

La asociación considera que este libro vulnera la Ley Integral de Transexualidad, aprobada el pasado mes de julio en Andalucía. En concreto, el Artículo 15, que dice que “La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de educación: a) Velará por que el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad de género, con amparo a los estudiantes, docentes y familias que lo componen. Asimismo, asegurará el respeto a todas las expresiones de género presentes en el ámbito educativo. b) Adoptará todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas con prejuicio o discriminatorias dentro del sistema educativo, basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o expresión de identidad de género, y en defensa del derecho a la autodeterminación de la identidad de género”

ATA insta a la Consejería de Educación, “a hacer cumplir la ley, revisar los contenidos que no cumplen con el respeto a la diversidad sexo-genérica y sean modificados o suprimidos”.

“La educación es una herramienta para el respeto a la diversidad”, declara Mar Cambrolle, presidenta de ATA-Sylvia Rivera.“Este manual es instrumento de aprendizaje de menores transexuales y lo es también de sus compañeros y compañeras. La pregunta que se pueden hacer es de toda lógica: ¿y yo donde estoy? Desgraciadamente, a pesar de la voluntad del legislador, la práctica es que se sigue invisibilizando a las personas transexuales” , añade.

Fuente Ragap

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Para la Justicia malagueña, la transfobia no es delito. El Juzgado de Instrucción número 10 de la ciudad andaluza ha decidido no admitir a trámite la demanda presentada por los padres de Gabi, la menor transexual a la que el Colegio San Patricio le prohibía vestir de acuerdo a su identidad de género. Esto es inconcebible: Se reconoce la discriminación pero se niega que sea delito. ¿Los obispos son inmunes y sus actos quedan impunes? Es urgente una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en España para evitar casos como este. Sentimos pena, vergüenza, asco e indignación …

El auto justifica la inadmisión en que los hechos denunciados, “aunque fueran ciertos, son atípicos, pues no se establece en el Código Penal actual que sea delito denegar una prestación a la que se tenga derecho por razón de la identidad sexual o de género de la persona“.

El Juzgado de Instrucción 10 de Málaga ha denegado la admisión a trámite de la querella interpuesta contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, y la directora del colegio San Patricio por los padres de una menor transexual tras advertirles de que si iba con el uniforme de niña se le prohibiría acceder a las aulas.

El auto rechaza la tramitación de esta querella por un delito de denegación de prestación de servicio público debida a un motivo discriminatorio, al no considerar los hechos constitutivos de infracción penal y se ordena el archivo de las actuaciones, aunque cabe recurso de reforma o apelación.

Justifica la inadmisión en que los hechos denunciados, “aunque fueran ciertos, son atípicos, pues no se establece en el Código Penal actual que sea delito denegar una prestación a la que se tenga derecho por razón de la identidad sexual o de género de la persona“.

Añade que ello, “sin duda, debe obedecer a un olvido del legislador, pues lo cierto es que carece de sentido excluir la identidad sexual o de género como causa de discriminación en la denegación de la prestación de un servicio público, máxime cuando sí está expresamente prevista como agravante genérica”.

En este sentido, precisa que “no es admisible en el ámbito penal la interpretación extensiva o analógica”, ya que “las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas“.

La resolución indica que los centros docentes tienen autonomía para ejecutar un proyecto educativo y sus normas de organización y funcionamiento y que el colegio aprobó un reglamento que fija como “obligatorio para todos los alumnos el uso del uniforme oficial”, distinto para niños y niñas, en este último caso una falda.

Señala que, aunque se les dijera a los padres que si la menor acudía al colegio con el uniforme femenino, la meterían en una sala y llamarían a la madre para hacerle ver que no llevaba el uniforme adecuado, “no se estaría cometiendo delito alguno“.

El auto destaca que la petición de los padres de que pudiera ir con el uniforme oficialmente previsto para niñas “era improcedente“ y que no puede sostenerse que el manifestarle a los padres que la menor debe acudir con el uniforme de niños constituya una infracción penal, “pues la normativa del colegio es clara”.

Insiste en que no subyace “una discriminación por razón de su identidad sexual, pues no se le deniega la prestación (en el caso de autos, acceder al aula) por razón de su identidad sexual, sino por no llevar el uniforme reglamentariamente establecido“.

Recuerda además que “la menor nunca acudió al centro con el uniforme de niña, de modo que nunca se le impidió el acceso al aula” y que “difícilmente” puede sostenerse que se cometiera el hecho delictivo que se denuncia, “ni consumado, ni en grado de tentativa”.

Y precisa que la menor no fue expulsada del centro, sino que los padres, “frente a la posibilidad de que no dejaran acceder a su hija al aula, que no al colegio, con el uniforme de niña, tomaron la decisión libre y voluntaria de cambiarla de centro escolar“.

El Obispado de Málaga, del que depende la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, ha mostrado su satisfacción ante el archivo de las actuaciones iniciadas a raíz de la querella presentada por los padres del menor transexual  y la directora del colegio San Patricio, dependiente de la fundación y donde estudiaba, al considerar la jueza que los hechos no son delito. Asimismo, ha expresado su respeto a las decisiones judiciales.

Al respecto, fuentes de dicha institución han indicado, en declaraciones a Europa Press, que, “como no podía ser de otra forma, respetamos todas las decisiones judiciales” y, en este caso, “en tanto en cuanto el archivo es beneficioso hacia el colegio, estamos satisfechos”.

Gabi recibía clases en el centro San Patricio, dependiente de dicha fundación, pero los padres decidieron cambiarlo, porque aseguraban que no era tratada como una niña.

Tras analizar los preceptos legales, la jueza señala en su resolución, que se puede recurrir, que no es lo mismo la orientación sexual que la identidad sexual o de género, que no aparece expresamente tipificado en el delito al que se aludía y sí como circunstancia agravante. Por esto, se archivan las actuaciones “toda vez que los hechos denunciados, aunque fueran ciertos, son atípicos”.

Se apunta que en el ámbito penal no se puede hacer una interpretación analógica y se añade que, entrando en el fondo del asunto y tras analizarse el reglamento del centro que estaba vigente entonces -luego se modificó-, “no se estaría cometiendo delito alguno” pues el centro “tiene autonomía para aprobar normas de funcionamiento” y tenía aprobada dicha ordenanza en la que “se establece la obligación de los alumnos de acudir con uniforme”.

Desde la Asociación de Transexuales de Andalucía han mostrado “estupor e indignación” ante el archivo de la querella y han asegurado que “de nuevo se vulneran los derechos de las personas transexuales a través de un auto que sin duda alguna deja ver el poder que sigue teniendo la Iglesia Católica en nuestro país”. Asimismo, han criticado la “esquizofrenia legislativa” actual que, han apuntado, “nos deja inmersos en un vacío legal que permite la vulneración sistemática de los derechos de las personas transexuales”.

“El nuevo contexto social obliga a una actualización en la interpretación de la ley, no solo en otras sentencias judiciales que recientemente hemos podido ver, sino también cuando se trata de los derechos de las personas transexuales”, han apuntado, señalando que “este nuevo contexto social sí ha sido tenido en cuenta en Cataluña, que precisamente este jueves aprueba la Ley de los Derechos de las personas Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofobia“.

Al mismo tiempo, han destacado “la importancia de que se conozca la nueva directiva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha aprobado una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género, el pasado 26 de septiembre”.

 “Ni Fiscalía, ni la Consejería de Educación, han estado a la altura de las circunstancias en este caso de vulneración de derechos de una menor transexual”, ha declarado la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) Mar Cambrollé, quien ha añadido que, “está claro que después de la aprobación de la Ley integral de Transexualidad aprobada el pasado 25 de junio, este colegio no debería percibir ni un euro público“.

Por su parte, desde Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Transexuales, han manifestado que “aunque dicho juzgado no haya considerado infracción penal la actuación llevada a cabo por la dirección del colegio San Patricio de Málaga y por el Obispado de esa ciudad, ello en modo alguno significa que esa conducta no sea reprochable”.

Así, han mostrado su apoyo a la familia que resultó afectada por esa conducta y han apuntado que “este auto no supone que los centros educativos puedan coartar el libre desarrollo de la libre personalidad del alumnado transexual, al no permitirles el uso del uniforme que se corresponda con su género neuropsicológico”, recordando la legislación vigente, especialmente en Andalucía, como la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

En este sentido, se señala que en el artículo 15.2 de dicha normativa, se dispone que “los estudiantes, el personal y los docentes que acudan a todos los centros educativos de Andalucía tienen derecho a (…) mostrar los rasgos distintivos de la personalidad que suponga el cambio y la evolución de su proceso de identidad de género, debiéndose respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro conforme a su género elegido“.

Fuente Diario Sur  y Religión Digital

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“No se puede dejar solo al alumnado frente a problemas de integración, discriminación y rechazo”. Así se expresaba Luciano Alonso, consejero andaluz de Educación, cuando presentaba el pasado mes de junio el protocolo de actuación para menores transexuales que deberán seguir los colegios e institutos financiados con fondos públicos. En este sentido, más de 30 familias andaluzas, con hijos transexuales que no han alcanzado la mayoría de edad, se han reunido este fin de semana en Sevilla. El objeto de la cita ha sido analizar el nuevo contexto legal, tras la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad, y manifestar la necesidad de apremiar la aprobación de la orden que obligue al cumplimiento del citado protocolo de actuación en todos los centros públicos y concertados de las diferentes etapas educativas de la comunidad autónoma.

El verano comenzó con buenas noticias para el colectivo LGTB de Andalucía, ya que el Parlamento regional aprobaba la proposición de ley para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA. Una relevante noticia en materia de igualdad y de derechos, fruto del esfuerzo y de la lucha del activismo de las organizaciones trans andaluzas. Solo unos días después de la aprobación de la ley, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, anunciaba el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.

La finalidad del protocolo es poder establecer las oportunas orientaciones y pautas de intervención para una adecuada atención educativa al alumnado transexual, así como garantizar el libre desarrollo de su personalidad. La norma, entre otros aspectos, recoge la necesidad de que el centro acuerde con la familia el nombre con el que dirigirse al alumno, además de respetar su libre elección de la indumentaria y el uso de los aseos en función de su identidad.

Por todo ello, ahora que se acaba el verano y comienza un nuevo curso escolar, ATA Sylvia Rivera (Asociación de Transexuales de Andalucía) y la organización Chrysallis Andalucía, han celebrado una reunión en Sevilla, con más de 30 familias con menores trans, para exigirle a la Junta que acelere la tramitación de la orden para que el protocolo de actuación pueda empezar a aplicarse cuanto antes. Mar Cambrollé, presidenta de ATA Sylvia Rivera, ha expresado sobre esto que “el libre desarrollo de la personalidad  y el respeto a la identidad de género de los menores trans, no pueden depender de la ‘gracia’ y la ‘voluntad’ de los centros educativos”. Por este motivo se justifica la “urgente la aprobación de la Orden que  obligue a su cumplimiento y convierta  el carácter ‘graciable’ que actualmente presenta este protocolo en un ‘derecho’ para todos  los menores trans de Andalucía”.

Por su parte, la presidenta de Chrysallis Andalucía, Pilar Sánchez, se ha lamentado de que el procolo no esté ya vigente, porque este hecho ha provocado “algunos problemas de desinformación a nivel de Centros y de toda la comunidad educativa” que, además, está generando “un gran desgaste  para estas familias”. En el encuentro entre familias y entidades LGTB también han partidipado la diputada de Izquierda Unida Alba Doblas, miembro de la Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía, y Juan Gavilán, antropólogo y profesor de la Universidad de Málaga.

Impedir casos como el de la niña discriminada en Málaga

La ley integral de transexualidad en Andalucía es la tercera de estas características que se aprueba en España, tras las de Navarra y Euskadi, aunque es sin duda el marco legislativo más amplio y ambicioso que se desarrolla en una cámara autonómica, a falta de una norma de carácter estatal que garantice la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su territorio de origen o de residencia.

Meses antes de la probación de la ley andaluza y del anuncio por parte de la Junta del protocolo de actuación en los colegios e institutos públicos y concertados, asistimos a lamentables sucesos tránsfobos como el de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género. La familia de Gabi deció llevar el caso ante los tribunales, basándose en que el centro ignoró los informes y “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente”. El colegio, además, se jactó de que, con independencia de cualquier informe, “nunca trataría a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido no aplicar la Ley de Violencia de Género española en el caso de Sabrina, una mujer transexual asesinada a manos de su pareja masculina en noviembre de 2012 en la localidad malagueña de Fuengirola.

El Tribunal ha ratificado la sentencia condenatoria al hombre con una pena total de 11 años y seis meses de prisión, y sí se desestima el recurso presentado por la acusación particular contra la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga, tras el veredicto de culpabilidad de un jurado.

El tribunal popular declaró al acusado culpable de un delito de homicidio, al considerar probado que un día de noviembre de 2012 se inició una discusión entre el hombre y su pareja, “que se identificaba como Sabrina”, en el transcurso de la cual el procesado, “siendo consciente del grave riesgo” que creaba, le “asestó una puñalada” en la zona pectoral, produciéndole lesiones en el pulmón, lo que le provocó la muerte.

El jurado consideró que el acusado estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Además, determinó que tenían una relación análoga a la conyugal, pero que el acusado, que “se sentía menospreciado por las relaciones sexuales que la víctima mantenía con otros hombres a cambio de dinero”, cometió los hechos “debido a la ofuscación o conmoción que supuso la actitud previa mantenida por el fallecido” (el texto lo dice en masculinos, pero lo correcto sería decir “fallecida”).

Asimismo, consideró que el ataque con el cuchillo no fue sorpresivo ni impidió a la víctima defenderse. Por esto, se le condenó al acusado a 11 años y seis meses de prisión por un delito de homicidio, con las atenuantes de embriaguez y de arrebato u obcecación; y la agravante de parentesco. Asimismo, se le impuso el pago a la madre de la fallecida de 86.018 euros como indemnización por los daños morales.

REACCIONES DE LOS COLECTIVOS

El Tribunal, sin embargo, ha decidido no aplicar la ley de Violencia de Género porque ha considerado la relación de la pareja únicamente de “parentesco”. Esta circunstancia ha desatado la indignación de los colectivos LGBT andaluces.

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), también ha mostrado su disconformidad. “Celebro que se haya ratificado la sentencia, pero me parece insuficiente, porque como está el régimen penitenciario, este individuo cuando pasen cinco años puede estar en la calle por buen comportamiento. Esto no es maduro en una sociedad democrática. Para acabar con estas conductas violentas que no caben dentro de nuestra sociedad, las condenas deberían ser cumplidas íntegramente”, manifiesta Mar Cambrollé, Presidenta de la asociación. “No me parece bien que no se aplique en este caso la Ley de Violencia de Género; existe una circular del Fiscal General del Estado de 2011 que especifica que las mujeres transexuales tienen que ser consideradas como mujeres en todos los aspectos. Sabrina era una mujer a efectos de hecho, para ser una mujer no hace falta un informe médico, se es y punto. Es un desatino que ocurra este tipo de hechos en una Comunidad que enarbola la bandera del progreso pero después enseña la otra cara de la moneda”, añade.

“Con la Ley Integral de Transexualidad recientemente aprobada, cuando sea efectiva, esto no va a pasar, porque el género es autodeterminado. Por cierto, que el hito de la aprobación de esta ley, que nos reconoce de pleno derecho, no se ha celebrado suficientemente, a pesar de tratarse de un acontecimiento histórico”, apunta Cambrollé.

“Valoramos positivamente la ratificación por parte del TSJA de la sentencia condenatoria pero a la vez lamentamos y creemos que más condenas de este tipo deberían haber por parte de los muchos casos y denuncias que aumenta por razones de odio por la orientación sexual y la identidad de género” señala Antonio Ferre, presidente de Andalucía Diversidad LGBT, asociación perteneciente a COLEGAS. “Creemos que las parejas LGBT estamos siendo injustamente tratadas por la ley cuando hay violencia doméstica, ya que se nos considera únicamente una relación de ‘parentesco’ y no reconoce la relación de poder desigual que ejerce una persona sobre otra, y por tanto no se aplican los agravantes que prevee la Ley de Violencia de Género. Instamos a ampliar la Ley de Violencia de Género para que contemple la violencia doméstica en las parejas LGBT, y de esta forma estemos mejor protegidos y haya igual aplicación de justicia para todos”, añade.

Fuente Ragap

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Andalucía Diversidad LGBT, Antonio Ferre, Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), ATA, COLEGAS, Fuengirola, Justicia, Mar Cambrollé, Sabrina, Transexual, Violencia de género

Por fin hay luz al final del túnel para las personas transexuales en Andalucía. Por primera vez, las diferencias entre las sensibilidades políticas se diluían en el Parlamento y, en la sesión de ayer, todos los grupos se han puesto de acuerdo para dar el visto bueno a la proposición de la Ley Integral para la No Discriminación por Motivos de Identidad de Género. El futuro texto legal incluirá medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. De hecho, se prevé que el Servicio Andaluz de Salud generalice un procedimiento integral de reasignación sexual y una atención sanitaria multidisciplinar segura y de calidad. Su cartera de servicios proporcionará los tratamientos y la cirugía, minimizando desplazamientos innecesarios. Además, el Plan Integral de Formación del sistema sanitario público desarrollará acciones formativas específicas en esta materia.

Esta proposición de Ley, que había sido presentada conjuntamente por PSOE-A e IULV-CA y en la que se ha tenido en consideración las aportaciones de los colectivos de personas transexuales a través de las asociaciones “Autonomía Trans” y la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, se encuentra en su fase constitutiva cuya aprobación esta prevista para el mes de junio.

Durante el debate en el Pleno, la diputada del PSOE-A, Soledad Pérez, ha manifestado: “No es una ley que dé derechos, sino que es una ley que solo da un derecho, el de autodefinirse”, quien ha recalcado que se pretende acabar con la “discriminación” que sufren actualmente estas personas.

Por su parte, la diputada de IULV-CA, Alba Doblas, ha opinado que la sociedad tiene una “deuda” con estas personas, que hoy no eran “beneficiarias de la igualdad”. Ha señalado que las administraciones públicas tienen la obligación y el deber de remover los obstáculos que dificultan e impiden la igualdad.

En nombre del PP ha expuesto su postura la diputada y alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, quien ha pedido a PSOE-A e IULV-CA que “no tengan la tentación de excluir al PP-A” de las reivindicaciones de este colectivo porque se trata “de un problema exclusivamente de derechos humanos, del más básico de todos, del derecho a la vida completa”, algo que su grupo respalda y apoya. En su opinión, el objetivo de la normativa deben ser, entre otros, los de “recomponer la concordancia entre el sexo físico y el interior” y “desmitificar la operación de sexos”.

Entre las principales cuestiones que recoge la proposición destaca la creación de una tarjeta identificativa para este colectivo que podrán presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo colegios, universidades y hospitales. No sustituye al Documento Nacional de Identidad (DNI) y servirá para acreditarse ante las administraciones andaluzas mientras que se tramita el cambio de nombre en el registro, una competencia estatal.

De otro lado, los menores tendrán pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad. La atención sanitaria que se preste en este ámbito se realizará de acuerdo con lo dispuesto en las leyes autonómicas de menores y de derechos en materia de información y documentación clínica.

En el ámbito educativo, el texto de la proposición prevé programas de coordinación para detectar situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que manifiesten una identidad de género distinta de la de su sexo biológico.

Finalmente, la propuesta incluye medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas, en ninguna jurisdicción, por discriminación a las personas objeto de la futura normativa.

La Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera celebra que, la lucha por los derechos de las personas trans haya apartado diferencias políticas e ideológicas: “Este nuevo paso que Andalucía da en avances sociales supone un nuevo horizonte para miles de jóvenes y adolescentes transexuales que vivirán un futuro sin tener que enfrentarse a la discriminación en los centros escolares, institutos, universidades y sobre todo porque podrán tener una atención sanitaria normalizada sin segregación y sin la continua sospecha de ser “enfermos mentales”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera”, quien a continuación afirma, “la igualdad no es un derecho condicionado porque de ser así, no es igualdad”.

Fuente Ragap

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Por primera vez, la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera dispondrá de su propio espacio en la celebración anual del Pride del Sur. Será a través del Orgullo Trans, que tendrá lugar el próximo 21 de junio en la Alameda de Hércules de Sevilla y que organiza ATA, en colaboración con otras entidades y activistas trans de diferentes ciudades de España. Para visibilizar a todas aquellas instituciones, entidades y personas que han destacado por su actitud tanto positiva como negativa ante el colectivo nacen los Premios ‘Muestra-T’ y ‘Retira-T’.

La comisión compuesta por representantes de entidades y activistas transexuales han considerado por unanimidad designar tres premios ‘Muestra-T’ con las que reconocen las acciones significativas en la línea de la defensa y apoyo al colectivo y hacia la igualdad de derechos. En esta primera convocatoria los galardonados serán ‘La comparsa del futuro’ de Málaga, ganadores de los pasados carnavales de 2014 por hacer de la cultura popular un instrumento de denuncia y de defensa de la igualdad, en relación al caso de Gabi, la niña transexual que tuvo que dejar su colegio ante al acoso sistemático que era sometida por su orientación sexual. También se premiará la labor de Chrysallis, por la importante labor que realizan visibilizando la realidad de los menores transexuales y a Manolita Chen, en reconocimiento de su trayectoria y valentía en una época en la que en España ser transexual era un delito.

En el apartado negativo están los Premios ‘Retira-T’, como forma de repulsa a aquellos que fomentan la transfobia mediante declaraciones o acciones que impiden alcanzar una igualdad plena y real respecto al resto de la ciudadanía. El jurado también ha designado tres premios que irán para:

– Jesús Catalá, presidente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria: Por su pésima actuación en el caso de la menor transexual de Málaga y por permitir que se vulnerara su derecho al libre desarrollo de su personalidad, fomentando la discriminación y la negación de la existencia de personas transexuales como sujetos de pleno derecho.

– Ángeles Jiménez, directora del Colegio San Patricio de Málaga: Por su intolerancia y la negación de la identidad de género de una menor transexual.

– La Unidad de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG) de Málaga: Por ser una Unidad que patologiza a las personas transexuales y dentro de su praxis vulnera los derechos fundamentales al honor, a la intimidad, a la integridad y a la propia imagen de las personas transexuales.

Fuente Ragap

General, Homofobia/ Transfobia. 2014, ATA, Chrysallis, Málaga, Manolita Chen, Muestra-T, Niña transexual, Premios, Retira-T

Nota de Prensa:

Los hechos ocurrieron el 30 de octubre del 2011. Varias personas trans, 3 chicas y un chico, intentaron acceder a la discoteca “Get Back” de Barcelona. Los porteros del local las interceptaron con una actitud violenta y no las dejaron entrar. El pretexto para impedirles el acceso fue que el aforo estaba lleno, cosa que no se ajustaba a la realidad, ya que personas que estaban haciendo cola no dejaron de entrar.

Las personas trans reclamaron el acceso en igualdad de condiciones que el resto de los clientes, pero lo que recibieron fue un trato degradante y vejatorio por parte de algunos porteros, que se refirieron a las chicas trans con improperios tales como “travelos” o “ellos” a viva voz, sometiéndolas a escarnio, burla y mofa, a la cual se fue sumando la clientela que en ese momento accedía al local.

Se produjo una situación de muchos nervios, llantos e histeria. Uno de los guardias de seguridad del local le dijo al chico que “ellos“, refiriéndose a las chicas trans, “no pueden entrar, pero tú si, no queremos mezclar ambientes“. A lo que el chico respondió que “ellas son mujeres trans y yo un hombre trans”. La respuesta del portero fue dar un manotazo en el pecho del chico, apartándolo bruscamente y diciéndole “pues ahora tú tampoco entras, maricón“.

Este día 13 de marzo, gracias en parte a las actuaciones del fiscal coordinador de Cataluña contra delitos de odio y discriminación, don Miguel Ángel Aguilar, se celebró el juicio. Comparecieron el chico trans y una de las chicas. Las otras dos chicas, por miedo, no se personaron en la denuncia.

La Asociación de Transexuales de Andalucía considera que el hecho de sentar en el banquillo de acusados a estos individuos ya es en sí un acto de justicia, por lo que exigimos una condena ejemplar para que estos hechos contrarios a los principios de igualdad y no discriminación contemplados en nuestra Constitución y demás normas que regulan la convivencia entre la ciudadanía, jamás vuelvan a ocurrir. “Catalunya es una comunidad que se ha destacado por ser un espacio de libertad, respeto y de reconocimiento de la diversidad, por lo que conductas como estas han de ser rechazadas por los responsables de velar por los derechos fundamentales de la ciudadanía sin excepción alguna”, ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera.

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Manifestación Leemos en Andaluces.es:

Las organizaciones de transexuales lamentan el “precedente” marcado por el colegio San Patricio de Málaga, sobre el que la Fiscalía archivó la investigación y la Consejería de Educación no ha tomado por el momento ninguna medida

 Francisco Artacho / Sevilla / 26 feb 2014 1

 Nuevo caso de discriminación a una menor transexual en un colegio de Andalucía. En esta ocasión en la provincia de Cádiz, donde desde la dirección de un centro concertado de la congregación de las Hermanas de la Caridad se niegan a tratar a una alumna de seis años con la identidad sexual con la que se siente identificada, la femenina. La niña fue inscrita al nacer como niño. La denuncia ha sido realizada a andalucesdiario.es por la Asociación Nacional de Familias de Menores Transexuales Crhysallis, presidida por la cordobesa Eva Witt, que para mantener el anonimato de la menor y evitar el acoso mediático pide encarecidamente que no trascienda ni el nombre del centro ni la localidad.

 Desde esta organización aseguran que fue el pasado 10 de diciembre cuando la familia de esta menor comunicó al centro la intención de que la niña hiciera la transición, de niño a niña. El gabinete jurídico del centro, siempre según la versión de Crhysallis, informó a los tutores de la alumna de que el centro accedería a tal extremo solo en caso de que el fiscal de Menores así lo solicitara. Aseguran también que las peticiones ante la delegación de Educación en Cádiz han sido desatendidas. Sobre este nuevo caso la consejería de Educación no ha respondido todavía a este periódico.

 Este nuevo caso se conoce pocos días después de que otra menor, en la ciudad de Málaga, se haya visto obligada a abandonar el colegio concertado San Patricio, dependiente del Obispado malagueño, que se negó de forma desafiante a seguir las recomendaciones de la consejería de Educación para el tratamiento de alumnado transexual y darle un tratamiento digno. Estas recomendaciones básicamente consisten en permitir al alumno vestir el uniforme que desee (falda o pantalón), utilizar los baños que se correspondan al género con el que se sienten identificados y utilizar el nombre con el que el alumno se sienta representado.

 El AMPA del San Patricio ya ha dicho a los padres que el concierto no corre peligro y que el expediente está cerrado.

 Este nuevo centro se habría negado a seguir las pautas recomendadas después de conocer que la Fiscalía archivó el caso del San Patricio de Málaga y después de que la Junta no haya tomado, por el momento, medida alguna ante tal desacato. Witt afirmó que desde el gabinete jurídico de las Hermanas de la Caridad han llegado a afirmar que las recomendaciones de la consejería de Educación han quedado “invalidadas”. La presidenta de esta organización denuncia el “precedente” que se ha creado por el caso del San Patricio. “Han consentido que se discrimine a una menor, han dado vía libre a que se machaquen los derechos humanos sin que pase absolutamente nada”, sostiene Witt, que siente que los padres de niños transexuales han sido abandonados por la justicia y por la administración.

 ”ESTÁN HACIENDO UN PARIPÉ”

 Pero, ¿qué ha hecho hasta el momento la consejería de Educación para evitar estos episodios de transfobia en centros que reciben dinero público? Cuando al inicio del curso escolar la Fiscalía antidiscriminación de Málaga abrió diligencias para determinar si había discriminación en el trato a tres menores en tres colegios, la consejería envió las recomendaciones anteriormente mencionadas. Todos las siguieron sin problema, exceptuando el San Patricio y, ahora, el de las Hermanas de la Caridad.

 Ante la negativa del colegio malagueño a seguir las indicaciones de Educación el propio consejero, Luciano Alonso, anunció a mediados del pasado mes de diciembre que el Gobierno andaluz iniciaría “rápidamente” el expediente para quitar el concierto al colegio San Patricio, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria. Hace dos días, el pasado lunes, la delegada provincial de Educación, ante el propio consejero, anunció que a principios de marzo se iniciará la comisión para determinar si se retira o no el concierto.

 Desde los colectivos, Asociación de Transexuales de Andalucía, ATA, y Chrysallis, denuncian que la amenaza del concierto es solo eso, una amenaza que no llegará a más. “Todo está vendido y lo que hacen es el paripé”, denuncia Witt, que incluso da una fecha del día que la consejería y el San Patricio acordaron que este tema no iría a más: el pasado 27 de enero.

 La directora general de Educación fue desmentida por las asociaciones de transexuales.

 Ese día, según una circular del AMPA (Asociación de madres y padres) del San Patricio, a la que ha tenido acceso este periódico, se reunieron el secretario técnico de la fundación diocesana, Francisco José González, y el jefe de Servicio de Planificación de la delegación de Educación en Málaga, Marcelo Gaitán, “que actuaba en nombre y representación de la Delegada de Educación Patricia Alba”, según dicho documento. En esa reunión se habría alcanzado “un acuerdo de consenso” por el que dicho expediente habría quedado enterrado. “El expediente que iba a abrirse contra el colegio ya no existe y la previsible pérdida del concierto educativo no se llevará a cabo. Podemos quedar tranquilos pues el colegio seguirá teniendo concertados todos los niveles”, según se puede leer en este documento.

 SIN PROTOCOLOS EDUCATIVOS

 ATA denunció ayer que desde el pasado mes de octubre están esperando que la consejería ponga en marcha protocolos de actuación educativos para menores transexuales, como ya existen en Canarias. “Se los entregamos ya elaborados y ni nos han contestado”, explicó Mar Cambrollé, presidenta de esta organización. Sin embargo la directora general de la Junta de Andalucía, Elia Maldonado, al ser preguntada ayer por esta cuestión, no tuvo ningún tipo de reparo en afirmar que “se está trabajando con todas las asociaciones y la comunidad educativa” para que Andalucía también tenga un protocolo. Las asociaciones consultadas por este periódico desmintieron las palabras de Maldonado.

 LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN PIDE NO LLAMAR TRANSEXUALES A LOS NIÑOS TRANSEXUALES

 Preguntada sobre el caso del colegio San Patricio y las medidas a tomar por la Consejería, Maldonado pidió no llamar transexuales a los niños transexuales. “Les querría hacer un ruego (a los periodistas) ustedes si pueden no llamen niña transexual. Nadie se nos llama (sic) niño hetero, niño homo ni nada. Es un niño, que, una niña, que tiene un conflicto en un centro y ya está. Yo creo que estaría bien no demonizar y estigmatizar más a los niños”, dijo literalmente la directora general de Educación de la Junta de Andalucía.

 Según un estudio del Children´s Hospital de Boston, uno de los pocos centros del mundo que cuenta con una unidad especializada en atender a niños y adolescentes trans, éstos sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que niños y adolescentes de su misma edad no transexuales. Las cifras son mayores en aquellos casos en los que no se da un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyan en su proceso transexualizador, según informó el portal especializado Dos Manzanas.

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