El pasado 24 de diciembre de 2015, D. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, en una carta titulada Navidad y familia afirmaba que “el hijo tiene derecho a proceder de una relación de amor entre sus padres, y nunca como fruto de un aquelarre químico de laboratorio”. En la misma misiva comentaba que “todo tipo de fecundación artificial rompe esa armonía de la creación por la que los hijos vienen al mundo como personas, fruto de una relación personal de amor entre los esposos” https://goo.gl/0hNFWl

Alrededor de un millar de personas han firmado ya en una iniciativa promovida en change.org para pedir a las distintas instituciones, como Ayuntamiento de Córdoba, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central, que “asuman su responsabilidad como garantes” de los derechos de niños y lleven a sus plenos y parlamentos las declaraciones del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que ha calificado como “aquelarre químico de laboratorio” la utilización de cualquier tipo de técnica de reproducción asistida.

En este sentido, según se recoge en la iniciativa ciudadana en dicha web, los firmantes solicitan a las instituciones que evalúen dichas declaraciones, se posicionen ante ellas y deriven las acciones que los representantes públicos “estimen oportunas realizar para evitar ataques injustificados a las personas y, muy especialmente, a los menores”.

El iniciador de la iniciativa, David Lozano, afirma:

… En primer lugar, atribuyo estas declaraciones en exclusiva a D. Demetrio Fernández y, en ningún caso, al pensamiento general de los católicos, ni mucho menos a los principios de amor, paz, solidaridad y tolerancia que promulga el humanismo cristiano, pues aun estando la Iglesia Católica en contra de la reproducción asistida, estas declaraciones van más allá de ese posicionamiento y suponen un ataque directo al corazón de muchas familias a las que el Obispo parece querer condenar.

En segundo lugar, y creo que puedo decir esto en nombre de tod@s l@s papás y mamás que tanto hemos sufrido hasta por fin tener a nuestr@s hij@s gracias a la reproducción asistida, no hay mayor acto de amor que planificar de forma consciente la llegada de un/a hijo/a a una familia cuando, por alguna circunstancia, no puede llegar a través del ‘abrazo amoroso’. Aunque la posición de la Iglesia Católica sea contraria a la reproducción asistida, no creo que haya muchos cristianos que encuentren adecuado el uso de la palabra ‘aquelarre’, que incluye en su definición una ‘supuesta intervención del demonio para sus prácticas mágicas o surpesticiosas’, para calificar a una técnica médica basada en el conocimiento racional y que ha llenado de felicidad y dicha a millones de familias en todo el mundo.

En cualquier caso, y más allá de las convicciones ideológicas de cada persona o de los principios morales de una confesión religiosa, España y, por tanto, sus Administraciones Públicas han de garantizar la defensa de la sociedad a la que representan y, por ello, están obligadas a tomar las medidas necesarias para proteger a l@s niñ@s de toda forma de discriminación.

La Constitución Española protege a todas las personas independientemente de su procedencia y España es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el tratado internacional más importante en esta materia. En concreto, en su artículo 16 se menciona que “ningún niño será objeto de ataques ilegales a su honra y a su reputación” y que, igualmente, “el niño tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o ataques”.

Por todo ello, como firmante de este escrito entiendo que calificar el modo de concepción del menor como “aquelarre químico de laboratorio” e insinuar que la única forma de procedencia que da la categoría de ‘persona’ es la proveniente de la “relación personal entre los esposos”, es motivo de discriminación de los menores en función del origen de su concepción. Por tanto, solicitamos que tanto el Ayuntamiento de Córdoba, como la Diputación Provincial de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central asuman su responsabilidad como garantes de los Derechos de niños y niñas y lleven a sus plenos y parlamentos estas declaraciones de D. Demetrio Fernández para evaluarlas, posicionarse ante ellas y derivar las acciones que nuestros representantes públicos estimen oportunas realizar para evitar ataques injustificados a las personas y, muy especialmente, a los menores.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) pidió la semana pasada al Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía que “realicen un posicionamiento institucional público de rechazo” ante el documento Navidad y familia del obispo, Demetrio Fernández, con contenido “discriminatorio” sobre la reproducción asistida, así como que valoren las posibles medidas que respecto al mismo puedan llevar a cabo en el marco de sus respectivas competencias.

En concreto, el obispo destacó, en relación con la familia, que “la unión complementaria de los esposos los convierte en administradores de la vida”, de tal forma que, “del abrazo amoroso de los esposos proceden los hijos” y “nunca como fruto de un aquelarre químico de laboratorio”, según recogía su carta de hace unas semanas.

Estas declaraciones del obispo, además de la iniciativa desarrollada por Apdh, han recibido las críticas de algunos dirigentes, como la propia alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, o el diputado electo por el PSOE Antonio Hurtado. La regidora lamentó que en una sociedad del siglo XXI se produzcan “declaraciones de ese tipo, que además van dirigidas a familias para las que no es fácil tener la imposibilidad de ser padre o madre“. A su juicio, este tipo de opiniones “no se pueden entender en una sociedad moderna como la actual”, donde “todos los elementos de la investigación médica están haciendo posibles cosas que antes eran completamente imposibles”. “Eso tiene que tener su encaje en esta sociedad”, apostilló la regidora, que aseguró que no comparte “en absoluto” las declaraciones, aunque las puede “respetar”. Mientras, Hurtado dijo sentir “vergüenza ajena de las palabras de Demetrio Fernández”, al que pidió “respeto a la Ley y al derecho de igualdad”.

Fuente Religión Digital