Rocío Ruiz, Domínguez, consejera de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación en funciones (Ciudadanos)

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales incoa un nuevo expediente sancionador contra una psicóloga de Sevilla por unos tweets presuntamente contrarios a la autodeterminación de género después de caducar el que había iniciado en enero

Javier Ramajo

La resolución del primer y único procedimiento sancionador abierto en virtud de la ley andaluza que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares tendrá que esperar. La Junta de Andalucía se ha visto obligada a reiniciar el expediente contra una psicóloga de Sevilla que fue denunciada el verano pasado por la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión por posicionarse “en contra de las terapias afirmativas a las personas trans” y por promocionar “que a las personas trans se les trate psicológicamente mediante la aceptación del género que les es impuesto socialmente sobre la base del sexo atribuido al nacer”.

La ley andaluza, en vigor desde febrero de 2018 tras ser aprobada por el Parlamento andaluz a finales de 2017, no establece un plazo específico para ejecutar los expedientes que se puedan abrir a raíz de presuntas infracciones por lo que, en este caso, se aplicaron los plazos genéricos previstos en Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dice que “cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”. El 31 de enero se acordó el inicio del procedimiento sancionador, como informó eldiario.es Andalucía, y se abrió plazo de alegaciones, que fue ampliado a solicitud de la denunciada.

Ya en marzo se solicitaron informes técnicos a los Colegios Oficiales de Psicología de Andalucía Oriental y Occidental. En abril, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión presentó nuevo escrito con otros tweets y publicaciones de la denunciada “con el objeto de mostrar la defensa que la misma hace de las terapias de conversión”. Se presentaron más alegaciones por todas las partes y, “habiendo sobrepasado el plazo máximo”, la Junta informó en mayo de que se resolvía “declarar la caducidad del expediente sancionador” y ordenar “el archivo de las actuaciones”.

Expediente caducado y reiniciado

Dice la ley que las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años por lo que, en una comunicación inmediatamente posterior, la Junta informaba de la incoación de un nuevo procedimiento sancionador a la psicóloga de Sevilla por la presunta comisión de la infracción administrativa tipificada muy grave en el artículo 62.e) de la Ley 8/2017 “por promover, difundir o ejecutar por cualquier medio cualquier tipo de terapia para modificar la orientación sexual y la identidad de género con el fin de ajustarla a un patrón heterosexual y/o cisexual”, dando de nuevo plazo a las partes para presentar sus alegaciones para incorporar a todo lo actuado.

Según explica a elDiario.es Andalucía el abogado y presidente de la Asociación Española contras las Terapias de Conversión ‘No es terapia’, Saúl Castro, “la Junta no ha tenido la diligencia suficiente” para tramitar el asunto en esos tres meses y, más allá de las alegaciones presentadas por las partes, “apenas han practicado diligencias de instrucción” en ese sentido, por lo que el expediente ha tenido que ser reiniciado. En ese tiempo es “imposible” hacer todas las cuestiones que se prevén en un procedimiento sancionador que, además, “no es sencillo” dado el asunto del que trata, comenta en todo caso.

Castro critica que la Junta no ha ido dando traslado de los avances del expediente y que ha sido a instancias de los denunciantes cuando han podido conocer en qué punto se iba encontrando el proceso. “Las leyes de este tipo se suelen desarrollar con reglamentos y luego, para dar cumplimiento a lo dispuesto, se tienen que aprobar protocolos y demás. Pero eso no es óbice para que el reglamento sancionador se aplique desde la entrada en vigor”, explica en relación a que solo haya habido un expediente abierto en cuatro años en la materia.

Posible infracción grave

La Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la Consejería de Igualdad de la Junta ya señaló que los hechos denunciados pueden constituir una infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 62 e) de la mencionada Ley 8/2017: “promover, difundir o ejecutar por cualquier medio cualquier tipo de terapia para modificar la orientación sexual y la identidad de género con el fin de ajustarla a un patrón heterosexual y/o cisexual”.

A la psicóloga a la que se le propone de nuevo la sanción se le podría imponer una multa de entre 60.001 y 120.000 euros, y alguna sanción accesoria como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública, contratar con la Junta o inhabilitarla para la prestación de servicios públicos por un periodo de tres a cinco años, e incluso el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta cinco años. Los mensajes que se lanzaron con la apertura de este primer procedimiento es “que el colectivo LGTBI sepa que no está solo” y “que las leyes están para cumplirlas”, dijo la Junta.

ATA-Sylvia Rivera denunció el caso el 5 de julio de 2021 a través de la agencia Europa Press, indicando que la psicóloga había hecho público en una red social que “estaba realizando con éxito terapias de, presuntamente, reversión para que sus pacientes superaran el malestar psicológico que les producía su género”. La denunciada escribió exactamente, según ha comprobado este medio: “Para aquellos misóginos q se preocupan por mis pacientes xq soy crítica con la identidad de género, decirles q mis pacientes están progresando xq precisamente les ayudo a deshacerse del malestar psicológico producido x el género, construcción cultural q subordina a las mujeres”.

Según alegó la psicóloga en conversación con este periódico, las asociaciones denunciantes “están en desacuerdo con que los estereotipos de género se erradiquen, que es una de las bases de la lucha feminista. No estoy sola. Yo trabajo con mujeres víctimas del patriarcado, por ejemplo mujeres que han sufrido violencia obstétrica, depresión posparto porque no han tenido apoyo en sus embarazos. También trabajo con mujeres que sufren maltrato psicológico. Todo eso no dejan de ser consecuencias del sistema patriarcal que utiliza el género como herramienta para oprimir a las mujeres. Por eso yo digo que mis mujeres mejoran cuando yo desmonto los estereotipos de género”, comentó, resaltando que “eso es lo que les duele a esas asociaciones, porque yo soy feminista”.

Deconstruir los estereotipos de género

ATA-Sylvia Rivera había argumentado que las terapias de reversión son “contrarias” a las directrices declaradas en 2009 por la American Psychological Assotiation (APA) y asumidas en 2017 en España por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, que afirman como “inadmisible” que los profesionales de la salud mental “indiquen, insten o hagan creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación o identidad sexual”. La Asociación Española contra las Terapias de Conversión incluyó en su amplia denuncia capturas de los tuits publicados entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2021, si bien resaltaba que la denunciada había “publicado en repetidas ocasiones tweets tránsfobos y contrarios a la autodeterminación del género, así como rechazando los tratamientos médicos afirmativos del género, especialmente los quirúrgicos. Es decir, defendiendo que la terapia para las personas trans y no binarias no debe ser afirmativa, sino que tiene que centrarse en obligarles a aceptar su cuerpo y a deconstruir los estereotipos de género”.

El artículo 3 o) de la citada Ley 8/2017, según argumentó ATA en su denuncia, define la terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género como “todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o de la identidad de género de una persona”. “La denunciada no reconoce ni respeta la identidad de género, y presenta un planteamiento alejado de la violencia y discriminación que sufren las personas trans, animándolas a ignorar su autopercepción y su identidad, con una visión contraria a los estándares científicos, así como a las normas internacionales de derechos humanos y a los consensos psicológicos actuales”, señaló ATA en su denuncia.

Las asociaciones, cuyas denuncias fueron acumuladas, expusieron que “en sus publicaciones la denunciada expone argumentos contrarios a la ciencia y a los consensos científicos sobre el origen de la identidad de género y la práctica psicológica recomendada con personas trans y no binarias, defendiendo que la terapia para las personas trans y no binarias no debe ser afirmativa, sino que tiene que centrarse en obligarles a aceptar su cuerpo y a deconstruir los estereotipos de género”.

***

El pasado mes de mayo, Los obispos y las obispas de la Iglesia Anglicana de Gales celebraban que el Gobierno galés prohíba las “terapias” de conversión antiLGTBI. El pasado febrero, Israel prohibía las terapias de conversión para miembros de la comunidad LGTBQ+. Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre,  por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión, y definitivamente el pasado enero de este año. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativas” de la homosexualidad o la transexualidad.

Sin embargo, hace unos días conocíamos que Boris Johnson cedía a la presión del lobby transexcluyente y dejará fuera de la prohibición de las «terapias» de conversión la identidad de género. Y más recientemente, el Consejo General del Poder Judicial español criticaba en su informe no preceptivo, la prohibición de las mal llamadas terapias, en el proyecto de la ley Trans española. A esto se sumaban las desafortunadas palabras de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a los votos de la extrema derecha, Díaz Ayuso quien  no sancionará al obispo homófobo Reig Plá por las terapias para ‘curar’ la homosexualidad’.

La situación en otros países

Canadá y Francia se unieron al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad el pasado mes de enero. Le siguió Nueva Zelanda el pasado 15 de febrero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativas” de la homosexualidad o la transexualidad.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo hemos aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión y que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros iniciando ya su trámite para su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

***

La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

***

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

***

Fuente El Diario /Cristianops Gays

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Andalucía, Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Junta de Andalucía, Saúl Castro

El supuesto agresor abrió la puerta y lo sacó “de los pelos”, mientras le gritaba “tú qué coño te crees que eres, maricón”.

El supuesto agresor sacó “de los pelos” a la víctima mientras le gritaba “tú qué coño te crees que eres, maricón”. Una amiga del agredido, que lo acompañaba en ese momento, también fue atacada, según la denuncia.

La Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera considera necesario disuadir con “sanciones ejemplares”.

Un joven transexual ha presentado una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional en la que relata una agresión sufrida en uno de los baños públicos de la feria de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la madrugada del miércoles.

El joven, acompañado de una amiga también agredida, presenta diversas contusiones y traumatismos como consecuencia de los golpes sufridos.

Según la denuncia, la agresión se produjo sobre las 4:50 horas de la madrugada del miércoles, cuando el joven acudió a unos baños públicos de la feria en compañía de una amiga.

Además, lo arrastró por los suelos mientras lo golpeaba. Según recoge la denuncia, al tratar de mediar en la situación, la amiga del joven también fue agredida, hasta que finalmente se personó en el lugar de los hechos una patrulla de la Policía Local que medió en la agresión.

Por su parte, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera ha condenado estos “hechos de violencia con connotaciones transfóbicas” y ha “lamentado que se sigan dando estos actos de odio y agresiones a personas por motivos de identidad o expresión de género”.

Además, ha exigido la “depuración de los hechos y que los mismos se contemplen como una agresión con agravante de odio”. “Es necesario disuadir con sanciones ejemplares este tipo de conductas que no tienen espacio en una sociedad, plural y diversa”, ha asegurado Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera.

Furnte Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, ATA-Sylvia Rivera, Cádiz, Feria de Jerez de la Frontera, Mar Cambrollé, Transexual, Transfobia

Nota de Prensa:

El pasado día 14 de septiembre, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, publicó un comunicado sobre transexualidad del que nos hicimos eco y que pretendía demostrar un avance en los posicionamientos oficiales al respecto y lo habría sido hace unos años que no existían leyes como la de Malta, la de Andalucía o la de Extremadura.

Tras una lectura atenta, la plataforma #NadieSiniIdentidad, que agrupa a los colectivos de personas transexuales y familias, se sienten decepcionados: ‘No podemos sino compartir nuestra decepción e indignación. Los colectivos formados por personas transexuales y por familias que conviven diariamente y representan a niñas, niños y adolescentes transexuales, vemos en este comunicado como los profesionales de la psicología se vuelven a quedar cortos en tiempo y forma, no recogiendo ni las peticiones del colectivo ni equiparando realmente los derechos de las personas trans, emitiendo un comunicado con demasiados restos de patologización y falta de rigor ético’.

Es pura cosmética decir que dejamos de considerar la transexualidad una patología, para a continuación decir que se trata de una incongruencia con el sexo biológico. Se sigue hablando de la transexualidad como si de un error se tratase, dando por “bueno, apropiado y normal” una única interrelación entre genitalidad e identidad, sólo porque hay una mayoría estadística de personas que la cumplen. Se convierte lo “habitual” en lo “normal” y de ahí en la “norma a cumplir”. El sexo biológico es el que cada uno tiene, sencillamente porque no hay seres humanos biónicos. Por lo tanto, la única incongruencia existente es con el sexo que se asigna al nacer (hecho que no tiene nada que ver con la propia persona transexual sino con el sistema elegido para sexar).

Utilizar términos altamente patologizantes como “Disforia de género” en sustitución a transexualidad, vinculándolo a la infancia y adolescencia trans y, además, a sufrimiento y malestar, siendo en la realidad, tanto la propia disforia como cualquier sufrimiento, fruto de las presiones externas y de la falta de información adecuada, tanto a las personas transexuales como a las familias y a los propios niños y niñas, contribuye a la ignorancia y la continuidad del estigma y la discriminación.

Las personas son dueñas de sus propias vidas y por lo tanto se debe respetar la Ley de autonomía del paciente, el derecho a ser informadas y a decidir libremente sobre cualquier tratamiento, intervención o itinerario médico-quirúrgico que les afecte sin ningún tipo de injerencia externa y eliminando la obligatoriedad de valoración psicológica alguna. El Comunicado alude al derecho a la identidad de género como un derecho humano, pero pronto se olvidan sus autores de ello, volviendo al discurso paternalista de siempre, al condicionar los tratamientos a la previa evaluación psicológica. En efecto, el derecho a la identidad de género es un derecho fundamental, manifestación del derecho a la dignidad de las personas y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y como tal sólo se verificará si se basa en el sexo sentido como propio, conforme al principio de libre autodeterminación. Por ello mismo, los tratamientos a que deseen someterse las personas transexuales, únicamente deben estar condicionados al consentimiento informado emitido por el usuario o sus representantes, en las mismas condiciones que el resto de los usuarios del sistema sanitario. Lo contrario es seguir estigmatizando a este colectivo de personas, desconfiando de ellas y discriminándolas, por el sólo hecho de que el sexo que se les asignó al nacer no corresponde con su identidad sexual, optando además por seguir segregándolas en “unidades multidisciplinares”.

Para que las personas transexuales sean atendidas por un profesional con formación en la materia no es preciso que existan esas unidades, ni es algo que deba estar reservado a unos pocos como pretenden quienes las componen actualmente, ya que los tratamientos coinciden con los de usuarios cisexuales (aquella persona cuya sexación neonatal coincide con el sexo sentido) del sistema de salud. Las y los profesionales sanitarios que atienden y acompañan a las personas transexuales no requieren de conocimientos específicos más allá de los incluidos en sus propias disciplinas, es decir, un médico endocrinólogo debe conocer los tratamientos con hormonas y sus efectos al igual que un psicólogo debe poder acompañar cualquier situación de stress producida por el tránsito o la presión (buylling, acoso) del mismo modo que acompañaría una situación similar en una persona cisexual. Por lo tanto, pretender justificar la existencia de las unidades como únicas capacitadas para acompañar los tránsitos sociales de las personas transexuales es tratar de dirigir el pensamiento colectivo hacia modelos psicosociosanitarios que no se corresponden con el sentir de las propias personas transexuales, de sus familias y es contrario a sus derechos.

Como en anteriores publicaciones de este tipo, una vez más, se hace referencia a los datos de persistencia en la edad adulta -de dudosa objetividad científica- como medida encubierta de control para el acceso a tratamientos hormonales en las personas menores de edad, justificando así la obligatoriedad de pasar por valoración psicológica, promoviendo de este modo una discriminación clara con respecto al resto de niñas y niños que tienen la opción de desarrollarse libremente en atención a su propia identidad sin necesidad de examen psicológico alguno. “No hace tanto tiempo, que se justificaba la intervención en las personas del colectivo LGB con los mismos argumentos, aunque parece que parte de este colectivo tiene una memoria frágil y ahora aplaude lo que en ningún caso consentirían para ellas y ellos”.

Siendo conscientes de que la salud de cualquier persona no solo consiste en la ausencia de enfermedad sino que incluye el bien estar físico, psíquico y social, consideramos que la medicina, la psicología y cualquier otro tipo de disciplina socio-sanitaria debe enfocarse en colaborar, proteger y acompañar, desde el respeto absoluto, dejando a un lado prejuicios, dilemas morales, políticos, culturales o de cualquier otra índole.

La historia reciente nos demuestra como el colectivo de personas transexuales han sido sometidas al maltrato físico y psíquico por aquellos que se autodenominan expertos, no vamos a permitir que prevalezca la vanidad de algunos profesionales al interés del colectivo. La obtención de atención sanitaria debe ajustarse a las necesidades de los usuarios, en vez de a las estructuras laborales de los profesionales’, concluye el escrito.

Este documento está firmado por la Plataforma estatal Por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad que agrupa a El Hombre Transexual, Comunidad de Madrid, AET- Transexualía , Comunidad de Madrid, Generem, Comunidad de Catalunya, ATC (Asociación de Transexuales de Catalunya-Libertad, Comunidad de Catalunya, Visión Trans, Comunidad de Aragón, Aperttura, Comunidad de Canarias, Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera, Comunidad Andaluza, EmpoderaT, Comunidad de Murcia, Asociación de Familias de Menores Transexuales (Chrysallis),

General, Homofobia/ Transfobia. #NadieSinIdentidad, AET-Transexualia, Aperttura, Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis, Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, ATC (Asociación de Transexuales de Catalunya-Libertad, Comunidad Andaluza, Comunidad de Aragón, Comunidad de Canarias, Comunidad de Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunidad de Murcia, Disforia de Género, El Hombre Transexual, EmpoderaT, Generem, Identidad de género, Menores, Niñas transexuales, Niños transexuales, Plataforma #NadieSiniIdentidad, Transgenerismo, Visión Trans

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Alex Salinas, Andalucía, Andrés Portilla, Asociación Arco Iris, Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, Asociación de Transexualidad Clínica de España, Cádiz, Discriminación, Federación Andaluza Andalucía Diversidad LGBT, Iglesia Católica, Papa Francisco, San Fernando, Transexuales, Transexualidad, Transfobia

Alex Salinas

Tal y como os contábamos ayer, Alex Salinas, un chico transexual de 21 años, católico practicante ha visto como el Obispado de Cádiz le negaba que pueda ejercer como padrino en la ceremonia de bautizo de su sobrino en una parroquia de San Fernando (Cádiz). Un tema que ha causado un gran revuelo mediático. La FELGTB, el Observatorio contra la LGBTFobia y la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera, han elaborado sendos comunicados manifestando su repulsa y condena ante la actitud de la institución religiosa.

“Desde el Observatorio Español contra la LGBTfobia consideramos que aunque legalmente no puede ser denunciado como un hecho discriminatorio al regularse por la normativa interna de la Iglesia Católica, si nos parece que es éticamente reprobable desde todo punto de vista”, ha declarado Paco Ramírez, director del Observatorio.

“Consideramos muy incongruente con los últimos posicionamientos del Papa Francisco respecto a la la homosexualidad, dónde proclamaba la acogida de las personas homosexuales en el seno de la Iglesia Católica, e incluso recientemente consideraba que un transexual es ‘hijo de la Iglesia’. Se trata sin duda de una situación degradante y humillante para una persona que legalmente es hombre ante la sociedad, además de ser católico practicante, por lo parece molestar es sencilla y llenamente por ser una persona transexual”, continúa Ramírez.

“Ya en su última Encíclica, el Papa Francisco parece entrever un ataque reiterado contra la transexualidad diferenciándola de la homosexualidad, y hablaba de ‘la aceptación del propio cuerpo como don de Dios’, y que ‘cancelar la diferencia sexual’ no es una ‘actitud sana’ ”, ha aseverado Paco Ramírez.

“Desde el Observatorio contra la LGBTfobia invitamos al Obispo de Cádiz y a la Conferencia Episcopal de España a que reconsideren esta injusta prohibición, y nos mostramos dispuestos a reunirnos con ellos a dialogar en este sentido, y que triunfe la apertura y la inclusión en el verdadero Mensaje del Evangelio en vez de una prohibición discriminatoria y caduca”, continúa Ramírez.

“Andalucía Diversidad LGBT condena sin paliativos esta discriminación por motivos de identidad sexual, y quiere mostrar todo su apoyo a Alex Salinas y a todas las personas víctimas de la injusticia, la desidia y la discriminación. Aunque esta discriminación no pueda ser condenada por la legislación española, sin duda tiene la condena sin paliaivos de toda la sociedad española y andaluza”, afirma Antonio Ferre, presidente de la Federación Andaluza Andalucía Diversidad LGBT.

Por otra parte, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera condena este nuevo caso de transfobia en la Iglesia. ‘Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y las Leyes que les ampara no son los mismos para las personas transexuales como así lo evidencia la actitud de la Iglesia en este caso. Es un atentado contra los derechos fundamentales al excluir a una persona por su identidad sexual y de género. Cuando una persona realiza la rectificación registral de su nombre y sexo, esto no supone una perdida de derechos como así lo indica la propia Ley Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas que en su art. 5.2 La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición’, explica Mar Cambrollé, presidenta de ATA.

En este sentido, la asociación valora que ‘el hecho de ofrecer a Alexander la opción de ser su padrino espiritual nos parece el colmo de la hipocresía dado que, no es considerado idóneo para apadrinar a su sobrino formalmente pero se acepta que lo haga desde la invisibilidad‘.

Por ello, ATA considera que ‘La Iglesia se aleja de la realidad y vulnera derechos fundamentales a personas que pertenecen a colectivos vulnerables como son las personas transexuales. Claramente es un acto de transfobia y de vulneración de derechos fundamentales. La Fiscalía de Igualdad y contra los delitos de odio de Cádiz tendrá que tomar partido en este caso‘.

Según Mar Cambrolle, “Las Leyes de la Iglesia no pueden vulnerar una norma de rango estatal superior como es la C.E. o la anteriormente citada, máxime cuando se nutre económicamente de dinero público” y añade; “Si la Iglesia quiere imponer su moral deben mirar hacia dentro e impedir que sacerdotes acusados de pederastia, sigan dando la comunión y ejerciendo sus funciones. Esto si que es inmoral”.

A estas críticas también se suma Carla Antonelli, activista transexual y Diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid quien recuerda que con la reforma del nuevo Código Penal en la mano el Obispado de Cádiz ha incurrido en un delito de odio, que conlleva penas de prisión de hasta dos años, tipificado en el artículo 510, donde por primera vez se especifica la identidad sexual y no solo la orientación de la víctima, quedando del siguiente modo en el punto 2-a:

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad…

Es por lo que, en opinión de Antonelli, ‘la Fiscalía debe de actuar de oficio contra el Obispado de Cádiz, ante la humillación y menosprecio a la dignidad de Alex Salinas, hombre transexual, al que le han impedido ser el padrino del bautismo de su sobrino, solo por el hecho de ser transexual. El artículo 510 del Código Penal no puede recoger de forma más clara y tácita que el Obispado ha incurrido en dicho delito‘.

Como explica la Dipuatada socialista, ‘No existe dogma divino ni humano, ni derecho canónico que esté por encima del imperio de la Ley y el Estado Constitucional de Derecho, aunque una Jerarquía Católica, anclada en el Medievo aun así lo siga creyendo en España. El daño, humillación y escarnio gratuito que se le ha producido a Alex es un hecho punible donde la Fiscalía tiene que dar ejemplo y actuar de oficio, haciendo cumplir la Ley vigente 1/2015 del 30 de marzo que entró en vigor el pasado día 1 de julio, y tal como reza en la misma con la firma del Presidente del Gobierno y el Rey de España: “Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica”. Que así sea‘, concluye Carla Antonelli.

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Alex Salinas, Andalucía, Antonio Ferre, Asociación Arco Iris, Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, Cádiz, Carla Antonelli, Demetrio Fernández, Diego Neria, Discriminación, EFE, Federación Andaluza Andalucía Diversidad LGBT, Iglesia Católica, Jorge Bergoglio, Juan Antonio Reig Plà, Lázaro Albar, Mar Cambrollé, Paco Ramírez, Papa Francisco, PSM (PSOE), San Fernando, Transexuales, Transexualidad, Transfobia

El nuevo alcalde de Sevilla, Juan Espadas ha recibido una invitación para participar como máximo representante de la ciudad en el Orgullo Trans 2015, que se celebra justo una semana después de su investidura.

La Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera le ha remitido, esta misma mañana, su invitación al Orgullo Trans 2015, que se realizará el próximo 20 de junio en la Alameda de Hércules, transmitiéndole la importancia de su presencia para apoyar el acto de Lectura del Manifiesto.

Por ello, Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Silvia Rivera, tras felicitar a Espadas por su nombramiento, le transmite que, como Alcalde de todos los ciudadanos sevillanos, “espera y desea que respalde y apoye con su presencia” el Orgullo Trans. “Para Sevilla supone un gran privilegio acoger este evento, que no es sólo lúdico sino de visibilidad y reivindicativo, al presumírsele como la cita más visible de las personas trans de todo el estado español”, apunta.

“Andalucía tiene motivos para celebrar un nuevo marco jurídico que garantiza los derechos y la no discriminación por identidad de género de las personas transexuales, que nos hace ser pioneros en España y Europa, siendo un referente en una de la leyes más avanzadas y que dan respuestas a las demandas históricas del colectivo trans” declara Cambrollé, quien añade, “con ello el colectivo quiere demandar un paso adelante en lucha por la igualdad “aunque tenemos la igualdad legal, queremos la igualdad real mediante la efectividad de la ley”.

Esta asociación aspira a alcanzar la mayor participación, difusión y respaldo público posible por parte de las entidades sociales e institucionales de nuestro territorio, sin exclusión de colores ni opciones políticas, salvo aquellas que se muestran contrarias a los objetivos de dicho evento. Por ello, la Asociación de Transexuales de Andalucía ha enviando igualmente a todos los representantes de los grupos parlamentarios y municipales dicha invitación, destacando entre ellos, por ser este su primer Orgullo Trans, las nuevas formaciones como Podemos Andalucía y Ciudadanos.

Fuente Ragap

General Andalucía, Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, ATA, Ciudadanos, Juan Espadas, Mar Cambrollé, Orgullo Trans, Orgullo Trans 2015, Podemos Andalucía, PSA (PSOE), Sevilla, Transexuales

Mar Cambrollé, presidenta de ATA

“Se habla de trato igualitario, y nos segregan, se dice garantizar la no discriminación, y nos convierten a priori en sospechosos de ser enfermos mentales, se habla del derecho a la libre expresión del género, y dependemos de diagnósticos médicos que autentifiquen nuestra condición de mujeres u hombres transexuales”, denuncian.

El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 23 de octubre por unanimidad una proposición de ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, planteada de manera conjunta por todos los grupos parlamentarios y promovida por colectivos LGTB de Canarias. Sin embargo, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera considera que esta ley es “una auténtica puesta en escena que la historia del movimiento trans condenará como el acto más ruin, hipócrita y bipolar políticamente hablando“.

Este colectivo se refiere específicamente al artículo número 2 de la ley, que dispone:

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

 1. Esta ley será de aplicación a todas las personas con residencia efectiva en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tengan la “condición de personas transexuales” de conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente.

 2. Por personas transexuales, a efectos de esta ley, se entiende toda aquella persona que acredite ante las administraciones públicas canarias, mediante informe de un/a psicólogo/a colegiado/a:

 a) Que carece de patologías que le induzcan a error en cuanto a la identidad de género que manifiesta y pretende le sea reconocida, manifestando una voluntad estable, indubitada y permanente al respecto; y

 b) Que presente una disonancia igualmente estable y persistente durante al menos seis meses, entre el sexo morfológico de nacimiento y la identidad de género sentida por el/la solicitante.

“Se habla de trato igualitario, y nos segregan, se dice garantizar la no discriminación, y nos convierten a priori en sospechosos de ser enfermos mentales, se habla del derecho a la libre expresión del género, y dependemos de diagnósticos médicos que autentifiquen nuestra condición de mujeres u hombres transexuales”, denuncia Mar Cambrollé, presidenta de esta asociación.

Cambrollé considera que en esta ley, que “nos devuelve a la patologizante Ley de rectificación registral de 2007“, se vulneran declaraciones internacionales de derechos humanos como los Principios de Yogyakarta (2007), el informe temático Derechos humanos e identidad de género del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (2009) y la Resolución del Consejo de Europa 1728 (2010) sobre discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, en la que se afirma que “el derecho al reconocimiento legal del género no debería ser restringido por ningún procedimiento médico obligatorio“.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige claramente a los estados no sólo que proporcionen la posibilidad de someterse a cirugía de reasignación de género a las personas trans, sino también que los protocolos de atención sanitarias cubran en general los tratamientos “médicamente necesarios”, de los que forma parte la transición al género sentido.

“Las personas transexuales, al contrario de lo que nos ha hecho creer el discurso biomédico, no necesitamos tratamientos específicos. Todos los tratamientos que recibimos, desde los tratamientos hormonales a los quirúrgicos, son usados en numerosas ocasiones, en más de las que creemos, por el resto de la población no transexual“, afirma Cambrollé, quien pone como comparativa los siguientes ejemplos: una mujer que tiene el síndrome premenopáusico necesita estrógenos, los mismos que necesita una mujer transexual; una mujer con hirsutismo, exceso de vello facial o corporal, es tratada por la sanidad pública con antiandrógenos, los mismos que usan las mujeres transexuales; un hombre que desarrolla ginecomastia, que es aumento de mama, se enfrenta a los mismos problemas que un hombre transexual. “En ninguno de estos casos, para obtener estos servicios sanitarios, la gente es segregada en una unidad especial ni sospechosa de ser enferma mental, por lo tanto, esta ley rompe el principio de igualdad y de no discriminación“.

“La psiquiatría debe apartarse y no intervenir en los procesos de transición de las personas transexuales. Nos ha hecho muchísimo daño el discurso biomédico que ha patologizado la transexualidad, difundiendo conceptos que han perpetuado la discriminación y nuestra consideración como subhumanos: ‘personas que viven en un cuerpo equivocado’, ‘error de la naturaleza’, ‘hombres atrapados en el cuerpo de una mujer y viceversa’… ‘personas discordantes, disonantes…’. Todos estos conceptos difundidos por el discurso biomédico y reproducidos e interiorizados en los discursos por “activistas” y entidades LGtB, niegan la transexualidad como una expresión de la diversidad humana“, condena la presidenta de la asociación andaluza.

“Lo que es una incongruencia, disonancia y discordancia es pedir la despatologización de las identidades trans y al mismo tiempo, patologizarla por ley”, declara Cambrollé, quien añade que “es sorprendente cómo las mas altas esferas el movimiento LGTB del Estado Español, han aplaudido y apoyado la Ley Canaria, que nace ya obsoleta, y que en el caso de la Ley Andaluza, que sí fue promovida y consensuada por colectivos de personas transexuales y que es la Ley más avanzada de toda Europa, hayan hecho ‘mutis por el foro'”. “Desde una perspectiva de derechos humanos en lo relativo a la atención sanitaria, no es necesario que se realice ningún diagnóstico para descartar patologías mentales para dar acceso al tratamiento de una situación que requiere asistencia médica“.

Fuente Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Algarabía, Andalucía, Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, Canarias, Chrisálida, Consejo de Europa, Coordinadora LGTB Canarias, Discriminación, Mar Cambrollé, Principios de Yogyakarta

Por fin hay luz al final del túnel para las personas transexuales en Andalucía. Por primera vez, las diferencias entre las sensibilidades políticas se diluían en el Parlamento y, en la sesión de ayer, todos los grupos se han puesto de acuerdo para dar el visto bueno a la proposición de la Ley Integral para la No Discriminación por Motivos de Identidad de Género. El futuro texto legal incluirá medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. De hecho, se prevé que el Servicio Andaluz de Salud generalice un procedimiento integral de reasignación sexual y una atención sanitaria multidisciplinar segura y de calidad. Su cartera de servicios proporcionará los tratamientos y la cirugía, minimizando desplazamientos innecesarios. Además, el Plan Integral de Formación del sistema sanitario público desarrollará acciones formativas específicas en esta materia.

Esta proposición de Ley, que había sido presentada conjuntamente por PSOE-A e IULV-CA y en la que se ha tenido en consideración las aportaciones de los colectivos de personas transexuales a través de las asociaciones “Autonomía Trans” y la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, se encuentra en su fase constitutiva cuya aprobación esta prevista para el mes de junio.

Durante el debate en el Pleno, la diputada del PSOE-A, Soledad Pérez, ha manifestado: “No es una ley que dé derechos, sino que es una ley que solo da un derecho, el de autodefinirse”, quien ha recalcado que se pretende acabar con la “discriminación” que sufren actualmente estas personas.

Por su parte, la diputada de IULV-CA, Alba Doblas, ha opinado que la sociedad tiene una “deuda” con estas personas, que hoy no eran “beneficiarias de la igualdad”. Ha señalado que las administraciones públicas tienen la obligación y el deber de remover los obstáculos que dificultan e impiden la igualdad.

En nombre del PP ha expuesto su postura la diputada y alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, quien ha pedido a PSOE-A e IULV-CA que “no tengan la tentación de excluir al PP-A” de las reivindicaciones de este colectivo porque se trata “de un problema exclusivamente de derechos humanos, del más básico de todos, del derecho a la vida completa”, algo que su grupo respalda y apoya. En su opinión, el objetivo de la normativa deben ser, entre otros, los de “recomponer la concordancia entre el sexo físico y el interior” y “desmitificar la operación de sexos”.

Entre las principales cuestiones que recoge la proposición destaca la creación de una tarjeta identificativa para este colectivo que podrán presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo colegios, universidades y hospitales. No sustituye al Documento Nacional de Identidad (DNI) y servirá para acreditarse ante las administraciones andaluzas mientras que se tramita el cambio de nombre en el registro, una competencia estatal.

De otro lado, los menores tendrán pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad. La atención sanitaria que se preste en este ámbito se realizará de acuerdo con lo dispuesto en las leyes autonómicas de menores y de derechos en materia de información y documentación clínica.

En el ámbito educativo, el texto de la proposición prevé programas de coordinación para detectar situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que manifiesten una identidad de género distinta de la de su sexo biológico.

Finalmente, la propuesta incluye medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas, en ninguna jurisdicción, por discriminación a las personas objeto de la futura normativa.

La Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera celebra que, la lucha por los derechos de las personas trans haya apartado diferencias políticas e ideológicas: “Este nuevo paso que Andalucía da en avances sociales supone un nuevo horizonte para miles de jóvenes y adolescentes transexuales que vivirán un futuro sin tener que enfrentarse a la discriminación en los centros escolares, institutos, universidades y sobre todo porque podrán tener una atención sanitaria normalizada sin segregación y sin la continua sospecha de ser “enfermos mentales”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera”, quien a continuación afirma, “la igualdad no es un derecho condicionado porque de ser así, no es igualdad”.

Fuente Ragap

General, Historia LGTBI Alba Doblas, Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, ATA, Autonomía Trans, Esperanza Oña, IULV-CA, Mar Cambrollé, PP, PSOE-A, Reasignación de sexo, SAS, Soledad Pérez, Tarjeta identificativa, Transexuales, Tratamientos