La Asamblea Legislativa de Puerto Rico (Senado y Cámara de Representantes) ha aprobado la llamada ley de “restauración de la libertad religiosa”, que no es otra cosa que un intento de los sectores políticos conservadores de legalizar, por la puerta de atrás, la discriminación a personas LGTB. Las esperanzas de los colectivos en favor de los derechos civiles están ahora depositadas en el gobernador, Ricardo Rosselló, que en su momento mostró su oposición a una versión anterior del mismo proyecto, y que dispone de capacidad de veto.

La ley de “restauración de la libertad religiosa” imita leyes del mismo estilo que a lo largo de los últimos años han sido aprobadas en varios estados de Estados Unidos (sobre todo del sur), y que ensanchan los límites de la Religious Freedom Restoration Act, la ley federal de protección de la libertad religiosa aprobada en 1993 y vigente también en Puerto Rico. Se trata de leyes que, al calor de los más recientes avances en materia de derechos LGTB en Estados Unidos (muy especialmente tras la decisión de 2015 del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario y sus consecuencias) buscan dar cobertura legal a personas, instituciones y negocios para discriminar (sin nombrarlas) a las personas LGTB en nombre de la libertad religiosa.

En el caso de Puerto Rico, en concreto, el proyecto es visto como una especie de “compensación” a los sectores religiosos (especialmente las pujantes iglesias evangélicas), muy molestos por la reciente aprobación de una ley de adopción abierta a parejas no casadas y del mismo sexo. Ha sido promovido por los representantes María Milagros Charbonier, Guillermo Miranda Rivera y Carlos “Johnny” Méndez, todos ellos miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), partidario de la anexión completa de Puerto Rico a los Estados Unidos, y que actualmente tiene mayoría en las dos cámaras legislativas del estado y al que también pertenece el gobernador.  Carlos “Johnny” Méndez, de hecho, es el presidente de la Cámara de Representantes.

El proyecto que ha sido aprobado determina que el Gobierno no podrá “menoscabar” ni “imponer una carga sustancial” al “libre ejercicio religioso de una persona”, aun cuando la carga resulte de la aplicación de una ley o norma (la única excepción será la existencia de un “interés gubernamental apremiante”). Permite también a cualquier “empleado, contratista o funcionario” que considere que su libertad religiosa está amenazada “requerir a su institución eclesiástica que le asista en su reclamo”. Una redacción que los grupos de defensa de los derechos civiles consideran claramente una “licencia para discriminar”. “Si este proyecto se convierte en ley con la firma del gobernador, los servicios gubernamentales serán rehenes de las creencias religiosas de quienes trabajen en él”, asegura por ejemplo Amárilis Pagán, representante de CABE (Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad). Desde esta organizacion recuerdan además que no solo las personas LGTB están en peligro: según el abogado y portavoz Osvaldo Burgos, poner en manos de un funcionario la capacidad de elegir a quiénes discriminar en el ofrecimiento de servicios “es dar mano libre para discriminar a madres solteras, a víctimas de violencia doméstica, a personas negras, a personas de residenciales, a usuarios de sustancias y a tantas otras personas cuya apariencia o circunstancias puedan ser juzgadas de manera negativa”.

Los partidarios del proyecto, por su parte, argumentan que el texto incluye una salvaguarda que asegura que ninguna persona deje de recibir un servicio del Estado. Una pareja del mismo sexo a la que un funcionario rechace dar servicio alegando motivos religiosos mantendrá su derecho a ser atendida por otro.

La decisión, en manos del gobernador

Sea como sea, el proyecto ya ha sido aprobado por el Senado de Puerto Rico (por 16 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones) y por la Cámara de Representantes (por 29 votos a favor y 6 en contra, con 16 ausencias). Queda ahora a la espera de la decisión que adopte el gobernador, Ricardo Rosselló, que dispone de capacidad de veto (que solo puede ser levantado por dos tercios de las cámaras legistativas), y que cuando se discutió una versión anterior del proyecto se mostró en contra al entender que en efecto abría la puerta a la discriminación. La duda es si tras las modificaciones técnicas introducidas en esta segunda versión el gobernador seguirá opinando lo mismo. Por el momento ha preferido no despejar las dudas, supuestamente por no conocer todavía la versión definitiva. “Mi posición, ustedes la conocen, y ha sido bien clara. A menos que yo vea unos cambios significativos, lo cierto es que mi posición continúa siendo la misma”, ha declarado.

En estos últimos días se han sucedido los llamamientos a Rosselló para que vete el proyecto por parte de personas y organizaciones en favor de los derechos civiles, incluyendo por ejemplo a la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que considera que el proyecto tendrá un impacto directo en el “bienestar psicológico, emocional, social, económico y legal” de los grupos vulnerables y “levantaría exclusión e interpretaciones equivocadas en favor de la libertad de culto”. Los líderes religiosos, por su parte, amenazan a Rosselló con retirarle el apoyo en las próximas elecciones. Veremos qué sucede finalmente.

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