Intentaron asesinar a una defensora de derechos humanos trans en Honduras
Por Paula Rosales
La defensora de derechos humanos y coordinadora de la Asociación Feminista Trans (AFET), Alejandra Vega Balenciaga de 36 años, sobrevivió el sábado 9 de noviembre a un brutal ataque ocurrido en la ciudad de San Pedro Sula, unos 270 kilómetros al sudeste de la capital hondureña.
El ataque ocurrió la madrugada. La defensora fue sujetada por la espalda por una persona desconocida, quien golpeó su cabeza en repetidas veces contra una pared, ocasionándole traumas craneales y múltiples heridas que la mantuvo por varios días en cuidados intensivos.
De acuerdo a la denuncia de AFET, Alejandra fue reconocida por su atacante quien la insultó por su expresión de género e hizo referencia durante la agresión a su trabajo como activista y mujer trans.
“En Honduras las personas de la comunidad LGBT seguimos siendo objetos de las violaciones a nuestros derechos humanos y en particular las mujeres trans”, expresó la asociación AFET en en comunicado divulgado en sus redes sociales.
De acuerdo a estadísticas registradas por la organización Cattrachas, desde 2009 a octubre 2019 se han cometidos 337 asesinatos de personas LGBTI, 39 corresponden a mujeres lesbianas, 190 gays, 107 trans y una persona desaparecida sin definir su identidad. Solamente en el mes de julio de 2019 fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.
Los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que la población LGBTI también son víctimas.
En julio pasado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), condenó que en 2019 se han cometido 20 muertes violentas a personas de la población LGBTI en el país centroamericano, además instaron al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indicó el organismo en un comunicado.
Fundamentalismo religioso e impunidad
La impunidad más el fundamentalismo religioso está propiciando que los crímenes contra la comunidad LGBTI sigan en ascenso. El año pasado la cifra fue de 27 casos y en el 2017, cuando Honduras vivió una crisis política derivada de las elecciones, se registraron 34 casos.
La violencia contra la diversidad sexual ha sido más evidente a partir de octubre del año pasado, a raíz de que la comunidad LGBTI propiciara acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la adopción de menores a parejas homoparentales.
Los miembros de la diversidad sexual interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Constitución de la República, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo y al artículo 116 sobre la adopción.
De acuerdo a la valoración de Iván Banegas, miembro de la Asociación Colectivo Violeta, los ataques a la comunidad LGBTI se incrementaron luego que los grupos de la diversidad sexual pusieran en la agenda pública y plantearan ante las instituciones del Estado sus demandas basados en derechos conquistados en otros países.
La violencia contra la diversidad sexual se asocia, según el defensor de los derechos LGBTI Erik Martínez, a la crisis política-social que vive constantemente Honduras a raíz del golpe de Estado de 2009. A modo de ejemplo, Martínez citó que en apenas seis meses, después del golpe de Estado, se registraron 22 crímenes.
Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno
En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.
En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.
En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.
“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.
Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “
Fuente Agencia Presentes
General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas
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