Con el objetivo de que se traduzca en un Pacto de Estado que erradique de la esfera pública los mensajes que estigmatizan y señalan a los grupos en situación de vulnerabilidad 

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos y los sindicatos más representativos han suscrito un texto consensuado en los últimos meses que define un Pacto Social contra los discursos de odio ante la proliferación de este tipo de mensajes en la esfera pública.

Las entidades firmantes han trasladado el texto a los partidos políticos para conseguir que se traduzca en un Pacto de Estado, puesto que los discursos de odio son la antesala de los delitos de odio. Y es que, según el informe de delitos de odio del Ministerio del Interior, en 2021 los delitos de odio han crecido un 6%. Asimismo, la organización internacional ILGA relaciona directamente el aumento de discursos de odio con el incremento de agresiones en su último Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ en Europa y Asia Central.

Así, a través de este Pacto, impulsado desde el activismo de personas LGTBI+, entidades que defienden los derechos de personas en situación de sinhogarismo, migrantes, refugiadas, gitanas, jóvenes, personas con VIH o con discapacidad, entre otras y los sindicatos más representativos, han pedido a los partidos que impulsen un acuerdo institucional para blindar los derechos humanos y en contra de los discursos de odio.

“El señalamiento por parte de algunos representantes políticos de estos grupos tienen un efecto terrible y desmedido”

También, les han instado a asumir el compromiso político de cumplir la normativa europea e internacional de derechos humanos y a promover una justicia restaurativa, donde participen los colectivos en situaciones de vulnerabilidad.

Con este Pacto, las entidades firmantes persiguen reforzar el consenso social y político en defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad, desde el rechazo a los discursos de odio que culpan a estas minorías de problemas reales o ficticios. Además, buscan informar a las víctimas de sus derechos y de las herramientas que tienen para saber ejercerlos.

Según la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, “el señalamiento por parte de algunos representantes políticos de estos grupos tienen un efecto terrible y desmedido porque canaliza las frustraciones de la población contra personas que tienen dificultades para defenderse debido a su situación de desigualdad. Alimentan las agresiones y las discriminaciones y ponen en riesgo la convivencia social”.

Medidas específicas

El texto suscrito recoge también una serie de medidas concretas a adoptar como la elaboración de campañas de sensibilización; el análisis estadístico de los discursos de odio; la elaboración de un estudio anual del impacto individual y colectivo que tienen estos mensajes en las personas en situaciones de vulnerabilidad o la formación en materia de discurso de odio en los entornos laborales, al funcionariado, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en los centros educativos y en el ámbito sanitario, entre otras.

El Pacto Social ha sido firmado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Fundación Triángulo; Asociación Chrysallis; Fundación ONCE; CERMI; Cesida; el Consejo de la Juventud de España; Red Acoge; CEAR; HOGAR SÍ; Fundación Secretariado Gitano; CCOO y UGT. Estas organizaciones han defendido que “los discursos de señalamiento y odio contra grupos en situación de vulnerabilidad, y sus consecuencias, construyen una sociedad española con más violencia, más agresiones y más discriminación”.

Las organizaciones firmantes manifiestan que los discursos de odio ponen en juego la convivencia social

Se trata de una sociedad peor que ningún demócrata desearía, una auténtica involución que necesita una acción decidida por parte de la sociedad y de los partidos políticos para frenar en seco el aumento del odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad en España. Es por ello que, las entidades que han luchado incansablemente para avanzar en los derechos humanos debemos actuar para contrarrestar esta urgente situación. Y es que no podemos permitirnos dar ningún paso atrás.

La sociedad española es una de las sociedades más abiertas y respetuosas con la diversidad. Las organizaciones firmantes manifiestan que los discursos de odio ponen en juego la convivencia social y son contrarios al modelo de inclusión y respeto que siempre ha ejemplificado la sociedad española. Por eso, este Pacto será una herramienta fundamental para continuar avanzando en derechos para todas las personas.

ACCEDE AQUÍ AL DOCUMENTO DEL PACTO SOCIAL, FIRMADO POR MÁS DE UNA DECENA DE ORGANIZACIONES

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La norma impulsada permitirá el cambio de sexo legal de las personas trans sin necesidad de requisitos médicos y establece un marco integral de medidas contra la LGTBIfobia

El PP y Vox retratados como los únicos partidos que se han opuesto a la Ley Trans y LGTBI. En 10 años, cuando la sociedad normalice este asunto les oiremos decir que están con las personas trans y sus votantes LGTBI dirán que no le deben nada a la izquierda por los avances.

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Las entidades piden responsabilidad para evitar la estigmatización y el alarmismo

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Chrysallis, asociación de familias de infancia y juventud Trans*, y Fundación Triángulo recuerdan que tras los debates que se están produciendo en la esfera pública sobre la Ley Trans y LGTBI hay personas reales que se están viendo afectadas en su día a día. Por esta razón, las entidades piden a la clase política, a la ciudadanía y a los medios de comunicación, responsabilidad a la hora de abordar el tema para evita la estigmatización y el alarmismo sobre las personas trans y su realidad.

En este sentido, la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, solicita que, si se va a debatir al respecto, “se haga desde la perspectiva de los derechos humanos. Pedimos que se eviten los discursos alarmistas o que señalan o estigmatizan a las personas trans o LGTBI, ya que son el germen que desencadena la violencia que después sufrimos en la calle, en nuestros trabajos, en los centros educativos y, en ocasiones, hasta en nuestras propias familias”.

Los delitos de odio por LGTBIfobia se incrementaron un 67% en 2021

Y es que, los discursos de odio, que señalan o presentan al colectivo LGTBI como amenazas o peligros para el conjunto de la población, tienen tarde o temprano, su traslación a un aumento de los delitos de odio contra la orientación sexual o la identidad de género. De hecho, en 2021 estos delitos se incrementaron en un 67% con respecto a los cometidos en 2020, según el último informe del Ministerio del Interior. Por eso, presentar a las personas trans como posibles delincuentes sexuales, violadoras, violentas o que van a expulsar a las mujeres del deporte, supone una estigmatización muy peligrosa de consecuencias siempre negativas.

Por su parte, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, asegura que “el colectivo no entiende que se siga generando polémica en torno a una Ley ya pactada en 2021 y cuyo borrador ya está aprobado en Consejo de Ministros”. No obstante, invita a los detractores “a exponer sus argumentos sin bulos, sin señalar, estigmatizar o alarmismos injustificados. Y es que la violencia verbal en los ámbitos públicos, a parte de ser violencia en sí misma, legitima otras formas de agresión que después sufren personas vulnerables e incluso menores en su día a día”.

FELGTBI+ lanza una web para combatir la desinformación

Asimismo, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, asociación de familias de infancia y juventud Trans*, recuerda que la Ley Trans y LGTBI reconocerá y garantizará derechos a una minoría vulnerable de la población conforme a lo dictado por Naciones Unidas, la Unión Europea y en la línea de lo que ya se reconoce en las legislaciones de 14 Comunidades Autónomas. “Una ley para sumar derechos nunca puede restar. Por eso, invitamos a quien quiera saber a que se acerque a conocer nuestras realidades y nuestras necesidades de primera mano y poder argumentar con toda la información a su alcance”, asevera.

Así, FELGTBI+ lanza este lunes la web https://felgtb.org/sialosderechos/ con el objetivo de combatir la desinformación y los bulos que se generan a diario en torno a esta ley, así como para explicar por qué es tan necesaria su aprobación urgente.

NdP. FELGTBI+, Chrysallis y Triángulo recuerdan que tras los debates sobre la Ley trans hay personas afectadas

Argumentario Ley Trans y LGTBI_FELGTBI+

Fuente FELTGBI+

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Jóvenes que participan en la Fundación Daniela / Twitter: @Danieldafund

No existe una legislación que autorice la modificación del nombre y del género de los menores trans. La decisión depende del juez titular del Registro Civil

Solo 20 menores han conseguido cambiarse el nombre. “El 90% de las peticiones se deniegan”, apuntan desde la Fundación Daniela

Sara -antes Hugo- tiene 9 años y ha logrado cambiar su nombre. “Una de los peores momentos es cuando la llamaban en la consulta del médico”, dice su madre a eldiario.es

Sara ya enseña su DNI orgullosa. El verano pasado comenzó su tránsito social. Desde que era un bebé, en casa se identificaba como una niña pero en el colegio seguía siendo Hugo. Al irse de vacaciones a Oporto el año pasado sus padres aprovecharon que no conocían a nadie para ver cómo se sentía al salir a la calle vestida como una chica. “Enseguida nos dijo que cuando llegásemos a Lugo siguiésemos así. Que nunca más volvería a ser Hugo, que esa persona no tenía nada que ver con ella”, relata Cristina Palacios, madre de esta niña gallega de 9 años.

Después del verano, volvía a clase por primera vez siendo Sara. Comenzaba cuarto de primaria reafirmando su identidad sexual, en el colegio no hubo ningún problema y tanto sus compañeros como sus profesores no pusieron obstáculos a su decisión. “Los niños le dicen que ya no les sale el nombre anterior porque ven físicamente a una chica”, continúa su madre.

 Sin embargo fuera de su entorno de confianza la comprensión no ha sido la misma. Por ejemplo, en su documentación oficial Sara seguía siendo Hugo. “Se crean situaciones humillantes, una y otra vez se está mostrando esa condición de persona transexual”. Las madres de estos menores coinciden en señalar que la consulta del médico es uno de los momentos más incómodos para estos jóvenes: “Estás esperando y, de repente, te llaman por un nombre que no está asociado a tu género. Las miradas del resto de niños son inevitables”.

Pancarta de la Fundación Daniela en el Orgullo 2015 / Twitter: @Danielafund

Para evitar esas incomodidades, la madre de Sara solicitó oficialmente el cambio de nombre, en febrero presentó un  requerimiento en el Registro Civil y un mes después se lo confirmaron. Así se convertía en el primer caso autorizado en Galicia. Por ahora, según han confirmado a eldiario.es, la Dirección General del Registro no tiene datos oficiales del número de jóvenes trans que han podido modificar su nombre.

Según Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Transexuales) en España solo hay 20 jóvenes que lo han conseguido, señalan que la mayor parte de las respuestas de las que tienen constancia son positivas. Sin embargo desde la Fundación Daniela platean cifras diferentes. “La mayor parte de las solicitudes -entre 90 y 95%- se resuelven de forma negativa. Que la respuesta sea positiva es una excepción”, comenta Isidro García, trabajador social de esta entidad que informa y aconseja a los padres de estos jóvenes.

En España no existe una legislación que ampare a los menores trans que quieren cambiarse el nombre. A partir de los 18 años lo podrán solicitar gracias a la  Ley de Identidad de Género –que se aprobó en el 2007–, que permite modificar la referencia de nombre y de sexo sin necesidad de someterse a una operación genital.

Hasta entonces, las familias tienen que aferrarse a la Ley del Registro Civil de 1957, deben de presentar documentación que demuestra que son personas transexuales – informes psicológicos – y que el nombre que solicitan es el que utilizan normalmente. En la argumentación que entregan explican que si no se les autoriza se vulnera el artículo 54 de esta normativa, que establece que quedarán prohibidas las denominaciones que “perjudiquen a la persona”. Aunque, en este caso la legislación es contradictoria porque también recoge que no se autorizarán los nombres que “induzcan a error en cuanto al sexo”.

Por eso, la decisión final depende de la interpretación que realice de esta ley el juez titular del Registro Civil. “Hay magistrados que entienden que no es admisible que haya personas que se tengan que llamar con un nombre que no se corresponde con su identidad sexual”, explica Javier Maldonado, abogado de la asociación Chrysallis. En estos casos sólo se cambia el nombre, la referencia del género sigue siendo la misma que se le asignó al nacer.

El último cambio de nombre aprobado ha sido el de Daniel, un madrileño de 11 años, que comenzó hace tres su tránsito social. A su madre se lo comunicaron la semana pasada, y cuando le leyeron el auto que lo confirmaba se echó a llorar: “Mi hijo ha sufrido mucho cuando le han llamado por el nombre que le pusimos al nacer, se enfada y es una situación horrorosa”, apunta. Sin embargo, hay otros jueces que argumentan que el cambio de nombre “induce a error” y no aprueban el requerimiento. Este es el caso del magistrado titular del Registro Civil de Sevilla, según explica María Orellana, vicepresidenta de Chrysallis en Andalucía, “ha denegado todas las solicitudes”.

Para evitar estas desigualdades, las asociaciones solicitan al gobierno un cambio de legislación que equipare los criterios y que ampare a todos estos menores. Desde la Fundación Daniela apuntan a dos soluciones: o que “no sea obligatoria la inscripción del sexo de los bebés cuando nazcan” o que los niños y adolescentes trans, que están realizando el tránsito de cambio de género en el colegio, “puedan acceder a cambiar la documentación”.

Que les denieguen la modificación del nombre marca el carácter de estos jóvenes. “Hasta que consiguen la autorización están cargando con un peso. Intentan que no se note y que no se sepa. Viven una doble vida. Algo muy duro y doloroso para un menor”, apunta la madre de Sara. Este verano será especial para Sara y Daniel, han conseguido desprenderse de esa carga. Por primera vez podrán irse de vacaciones, viajar en avión y enseñar su documentación como cualquier otro niño, sin tener que dar explicaciones sobre su identidad sexual.

Fuente El Diario.es

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Los centros sostenidos con dinero público tendrán la obligación de seguir este protocolo a partir de septiembre.

El Consejero de Educación presentará el protocolo 2 días después de la aprobación de la ley integral.

Ludana: la niña transexual más joven de Argentina

“La transexualidad no es una orientación y que los niños y las niñas transexuales existen… no son un problema creado”

Menores transexuales en la escuela: la familia decide

Leemos en Cáscara Amarga que Luciano Alonso, Consejero de Educación, Cultura y Deporte, presentará el próximo viernes 27 de junio el Protocolo sobre identidad de género en el Sistema Educativo Andaluz. El acto tendrá lugar a las 10:30 horas en el Salón de Actos A de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Edificio Torretriana. C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, 41071, Sevilla) y al mismo han sido invitada la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), la Asociación Chrysallis de familias con menores transexuales, la Fundación Triángulo, la Asociación Familias por la Diversidad y la Federación Andaluza Arco Iris.

Este protocolo surge tras las peticiones realizadas por los colectivos en defensa de los derechos de las personas transexuales a principio del presente curso cuando saltara a la luz pública la negativa de varios centros andaluces sostenidos con fondos públicos a respetar la voluntad de familias con menores transexuales. En la actualidad tan sólo uno de estos centros persiste en su negativa: el Colegio San Patricio de Málaga, ubicado en el mismo barrio que la sede regional de la Federación Andaluza Arco Iris.

Tras estos casos de transfobia en las aulas andaluzas, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera fue la primera en presentar una propuesta para elaborar un protocolo de actuación frente a esta realidad en el ámbito educativo, que ha sido la base sobre la que se ha conformado el actual protocolo aprobado por la Junta de Andalucía.

Así, para Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera: “Este protocolo es una herramienta para garantizar el libre desarrollo de la personalidad del alumnado en los centros educativos y para que las familias puedan defender como un derecho la no discrminación por identidad de género de sus hijas e hijos. De nuevo Andalucía es un referente en la garantía de la igualdad y no discrminación por identidad de género”

Colegio San Patricio

El caso del Colegio San Patricio de Málaga se ha convertido en un emblema de la transfobia: “el miedo, la incomodidad y el rechazo irracionales hacia las personas transexuales basados en la ignorancia”, afirman desde Arco Iris.

Una madre solicita al centro que su hija transexual vista el uniforme femenino y use el baño de las niñas como cualquier otra alumna del colegio; por su parte el centro, contradiciendo las instrucciones dadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, le prohíbe usar falda y le obliga a usar el baño de “discapacitados” porque consideran que, al tener genitales de varón, se trata de un niño con una “orientación diferente”.

Días después Francisco José González, secretario técnico de la Fundación Diocesana responsable del colegio, realizaba ante los medios declaraciones que demostraban una falta de sensibilidad e información sobre el tema al utilizar reiteradamente la palabra “orientación”, insistir en que “no hay ningún problema” y mostrarse sorprendido de que se hable de una niña transexual si “morfológicamente es un varón”.

Por su parte, el obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá, afirmaba “Es un niño que tiene seis años y que lleva cinco años asistiendo como niño al colegio; lo lógico es que siga así”, añadiendo según diversas fuentes que “se trata de un problema que se ha creado, no real”.

Centros escolares y transexualidad

Desde Familias por la Diversidad, asociación de padres y madres con hijos LGBT, explican que “la transexualidad no es una orientación y que los niños y las niñas transexuales existen… no son un problema creado”, afirma su presidenta, Isabel Martínez. “Es fundamental que no confundamos la transexualidad con la orientación sexual, pues no se trata de que el niño o la niña afirme o muestre sus gustos sexuales, ya que esto es algo que llega con la adolescencia; aquí estamos hablando de identidad, de lo que la persona se siente… y por eso es fundamental que los colegios respeten la identidad de los menores transexuales, ya que no es un capricho”, concluye.

Martínez explica igualmente el sufrimiento innecesario que la transfobia provoca en las familias y en los niños y en las niñas transexuales y recuerda un caso similar en Estados Unidos resuelto judicialmente con una condena al colegio. El colegio había prohibido a Coy Mathis, una niña transexual de 6 años, usar el baño de las niñas.

Desde Familias por la Diversidad señalan que “nuestra sociedad suele confundir por desconocimiento los conceptos transexualidad y homosexualidad. La homosexualidad, igual que la bisexualidad o la heterosexualidad, se descubre en la adolescencia, en torno a los 12-14 años, cuando las hormonas comienzan a producir cambios corporales y se suele iniciar el deseo sexual“. La transexualidad en cambio se suele manifestar a los 4 ó 5 años cuando todas las personas comenzamos a darnos cuenta de nuestra identidad de género”.

En la mayoría de casos los chicos se reafirman juntándose con otros chicos y haciendo cosas “típicas de chicos”; lo mismo suele ocurrir con las chicas. “Es precisamente a esta edad cuando una persona transexual va a comenzar a dar señales externas de su identidad, pidiendo insistentemente el vestir o tener juguetes que normalmente asociamos al otro sexo biológico. No se trata de un juego, ni de una moda pasajera: se trata de su propia identidad y la persona no va a renunciar a sus peticiones salvo que su entorno se vuelva extremadamente agresivo“, concluye la presidenta de Familias.

Avances en la despatologización de la transexualidad

Esta misma semana Andalucía aprobará la ley integral de transexualidad, texto pionera en la despatologización de las identidades transexuales.

Hace un año, el 22 de mayo de 2013, era la Asociación Americana de Psiquiatría quien eliminaba el término “trastorno de identidad de género” de su catálogo, el DSM-V. De esta forma la “Biblia” de la psiquiatría dejaba de considerar a las personas transexuales como enfermas mentales.

Gonzalo Serrano, presidente de Arco Iris, recuerda que en los próximos meses está prevista la revisión del catálogo de referencia de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10. Desde Arco Iris esperan el nuevo CIE desclasifique la transexualidad como enfermedad mental, igual que ya hiciera con la homosexualidad en su última revisión hace 24 años, el 17 de mayo de 1990.

“A pesar de estos avances en el terreno formal la realidad social es bien distinta y las personas transexuales siguen sufriendo discriminación en la mayoría de entornos: familiar, educativo, laboral…”, añade Serrano. Por este motivo la Federación Andaluza Arco Iris se felicita por la aprobación de la ley de transexualidad en Andalucía “que va a permitirnos trabajar de forma más eficaz contra los prejuicios sociales que aún existen en torno a la transexualidad”.

Texto del protocolo aprobado por la Junta andaluza

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ.

La Constitución Española establece en el Artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por su parte, el Estatuto de Andalucía, en el Artículo 10, establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma que  “La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…), así como en el Capitulo II sobre derechos y deberes dispone, en su artículo 15, sobre la igualdad de género que “Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombr es y mujeres en todos los ámbitos.” Además , establece en el artículo 37, punto 2, como principio rector de las políticas públicas “

La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofo-bia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; así como en el artículo 73 “

La promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o represen- tativos”; y en el artículo 21 punto 8 que “Los pla nes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social”. Leer más…

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