El juez federal Marvin J. Garbis ha ordenado la paralización cautelar de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe incorporar a personas transexuales para servir en el Ejército de los Estados Unidos y desfinancia los tratamientos de reasignación de los militares trans. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, el juez considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. Amplía así el alcance con respecto a un fallo similar adoptado por otra juez federal hace tres semanas.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la Justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizaba la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo ha hecho, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis de Baltimore, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). La presentó la American Civil Liberties Union (ACLU) en Maryland el pasado mes de agosto, en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército. El juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans, porque al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, considera probable que los demandantes ganen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense.

Garbis rechaza que su orden cautelar sea prematura y argumenta que las personas trans que sirven en el Ejército ya están sufriendo las consecuencias de la medida. A pesar de que por ahora no se han anunciado despidos, viven con el miedo a un futuro despido y el estigma de ser señalados como incapaces de servir. El juez carga contra el presidente Trump, al que acusa de actuar a golpe de tuit en lugar de escuchar un análisis fundamentado de los representantes militares sobre las consecuencias de la decisión. El abogado de la ACLU Joshua Block ha celebrado el fallo, que calificó de “victoria para el personal militar trans en todo el país” y mostró su satisfacción por la decisión del tribunal de “asegurar que se trate a los militares trans con la dignidad y el respeto que se merecen”. Veremos si la decisión final de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha ordenado la paralización parcial de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército de los Estados Unidos. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, la jueza considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. La supensión de la orden es parcial, ya que no incluye la desfinanciación de los tratamientos de reasignación de los militares trans.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB: NCLR (National Center for Lesbian Rights) y GLAD (GLBTQ Legal Advocates & Defenders). Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estima pertinente, sino que considera que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que en su fallo suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paraliza la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) sigue vigente. No se trata, en cualquier caso, de una decisión de fondo: la jueza Kollar-Kotelly argumenta que, a diferencia de la amenaza de expulsión de los militares representados en la demanda, esta no contempla por qué la suspensión de los tratamientos de reasignación les afectaría, razón por la cual no se considera competente para paralizarla.

El fallo judicial ha sido recibido con optimismo por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB, que lo consideran una importante primera victoria en la que se adivina larga lucha contra las disposiciones tránsfobas de la administración Trump. “Esta es la primera decisión que tumba la prohibición del presidente Trump, pero no será la última. Los tribunales federales reconocen lo que todo el mundo ya sabe: que la decisión impulsiva del presidente Trump de prohibir a las personas transexuales servir en el Ejército es manifiestamente inconstitucional”, ha declarado Joshua Block, abogado de ACLU (American Civil Liberties Union). Veremos si es así, y sobre todo si finalmente la decisión de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Ya ha pasado. Tras varias semanas de escuchar de todo, Trump firmó ayer el memorándum que impedirá que las personas trans puedan servir en las fuerzas armadas norteamericanas.

La agenda anti-LGTB del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se consolida. Medios estadounidenses de primera línea, como The Wall Street Journal o The New York Times, han adelantado que en próximos días el presidente hará llegar por fin al secretario de Defensa, Jim Mattis, la orden por escrito detallando la prohibición a las personas transexuales de servir en el Ejército de su país. El anuncio, que Trump hizo en Twitter hace varias semanas, había sido recibido con sorpresa tanto por los colectivos LGTB como por buena parte de la clase política estadounidense, legisladores republicanos incluidos, así como por la propia cúpula militar. Pero el presidente está absolutamente dispuesto a implementar la prohibición, que ha sido bienvenida por la derecha religiosa, un sector que se consolida como uno de los apoyos más sólidos de Trump.

Recordemos que no fue hasta 2015 cuando el entonces secretario de Defensa, Ash Carter, anunciaba que por fin se ponía en marcha el proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército estadounidense. “Tenemos soldados, marineros, aviadores y marines transexuales, verdaderos patriotas americanos, que sé que están sufriendo un gran daño debido a una política obsoleta, confusa e inconsistente, que es contraria a los valores del servicio y del mérito individual“, aseguraba entonces Carter. El secretario de Defensa de Obama anunció la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. El proceso culminó un año después. Y aunque se desconocía con exactitud a cuántas personas afectaba, algunas estimaciones situaban la cifra de personas trans que servían por entonces en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Es importante destacar que, a diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla a votación por el Congreso. Por desgracia, ello supone que el ahora presidente Donald Trump tiene capacidad de revertirla, propósito que anunciaba en Twitter hace ahora un mes:

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

“Tras consultar con mis generales y con expertos militares, comunico que el Gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá personas transgénero en el Ejército. Nuestros militares deben estar centrados en la decisiva y arrolladora victoria [Trump no especificaba contra quién ni contra qué] y no pueden asumir la carga que suponen los tremendos costes médicos y la perturbación que la presencia de transgéneros en el Ejército supondría. Gracias”, expresaba el presidente.

Decisión sorprendente… 

La decisión pillaba por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), a los que el anuncio de Trump sorprendió y que se manifestaron abiertamente en contra. El anuncio también fue recibido con indisimulado estupor por la Junta de Jefes del Estado Mayor, que transmitieron públicamente que en tanto no recibieran instrucciones seguirían sin modificar sus políticas de personal. Las reacciones en contra de la transfobia de Trump iban sucediéndose día tras día, no sólo en forma de carta abierta firmada por un numeroso grupo de veteranos que alabaron a las personas trans que formaron parte del ejército sino también la de algunos miembros en activo del ejército, como el almirante de la Guardia Costera, que ha dicho que no aplicará la prohibición.

Trump tiene ahora que justificar un movimiento que sólo puede explicarse como un claro ataque a los derechos de las personas trans, y en una rueda de prensa ofrecida en su club de golf respondió a varias preguntas de los periodistas y dijo esto sobre la prohibición:

Tengo un gran respeto por la comunidad. Creo que he tenido un gran apoyo, o he tenido un gran apoyo por parte de esa comunidad. Tuve muchos votos. Pero los transgénero, los militares están trabajando en eso ahora. Ha sido una situación muy difícil y creo que le estoy haciendo un favor a mucha gente al salir a la palestra y decirlo. Como ya sabéis, ha sido un tema muy complicado para el ejército, ha sido un tema muy confuso para el ejército, y creo que le estoy haciendo al ejército un gran favor.

… pero firme

Pese al escepticismo de algunos ilusos, que pensaban que todo quedaría en un arrebato tuitero, lo cierto es que la orden de Trump estaría ya recibiendo sus últimos retoques y será transmitida al Pentágono en próximos días. Según se ha adelantado, se trata de un memorándum de dos páginas y media que da un plazo de seis meses al secretario de Defensa, el general Jim Mattis, para desarrollar los detalles y armar la implementación. Por un lado, se prohibiría la incorporación de nuevas personas trans al Ejército. Por otro, se interrumpiría la financiación de los tratamientos hormonales de aquellos militares trans que en estos momentos se encuentran en servicio activo, y por último dejaría en manos de Mattis cómo proceder respecto a su reubicación (e incluso expulsión), que se decidiría caso por caso según cada puesto.

Habrá que esperar a conocer tanto el documento como la forma de implementarlo por parte del Pentágono para estimar el alcance real del daño, pero de lo que no cabe ya duda es de que la decisión supone una segunda gran victoria a nivel federal para la ofensiva tránsfoba que viven los Estados Unidos. La primera de ellas tuvo ya lugar a los pocos días de jurar Trump su cargo como presidente, cuando revocó las directrices emitidas en 2016 por el Departamento de Educación de Obama protegiendo a los estudiantes trans y permitía de nuevo a las escuelas que reciben fondos federales prohibirles el uso de las instalaciones que corresponden a su identidad de género.

Pocos dudan de que la ofensiva tránsfoba de Trump, un político que antes de ser elegido presidente no dudó en presentarse como un aliado de las personas LGTB (con ayuda, todo hay que decirlo, de medios de comunicación y de algunos personajes abiertamente LGTB, como el empresario gay Peter Thiel o la celebrity trans Caitlyn Jenner) no es más que una decisión táctica que tiene como objeto consolidar el apoyo de la influyente derecha religiosa, un sector que durante su campaña electoral mantuvo sus reticencias pero que con Trump en la Casa Blanca y tras sus más recientes polémicas se ha convertido en uno de sus más sólidos apoyos. Ello no evita que sea todo un desastre, para las personas trans en particular y para el colectivo LGTB en general.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Misty Plowright (Congreso) y Misty K. Snow (Senado) han marcado un hito en la política de los Estados Unidos al convertirse en las dos primeras candidatas transgénero en vencer en las primarias del partido demócrata para las dos grandes Cámaras de EEUU.

La comunidad trans estadounidense está viviendo una revolución bidireccional. En los últimos meses, se ha establecido un debate social en EEUU más que productivo puesto que ha conseguido que la actitud de la sociedad general hacia la identidad sexual de cada individuo haya mejorado mucho en poco tiempo.

El pasado 30 de junio, Ash Carter, secretario de Defensa del país, anunciaba que el Pentágono levantaba la prohibición de que las personas transgénero sirvan en el ejército de Estados Unidos. Además, anunciaba dijo que los miembros de las Fuerzas Armadas podrán pasar por una transición de género mientras están en ejercicio.

Sin lugar a dudas, una decisión que ha conseguido derribar una de las últimas barreras de participación en las fuerzas armadas. Este gran cambio ha llegado acompañado de anuncios que reducen los actos diarios de #microdiscriminación que sufren las personas de esta comunidad. Nuevas leyes que se han entrado en vigor como la anunciada por el alcalde de Nueva York que ha indicado que todos sus baños públicos de un solo ocupante pasarán a ser unisex.

La política del cambio

En el terreno político también se están sintiendo con fuerza los vientos del cambio. Un cambio inclusivo que se ha concretado en la figura de dos representantes del partido demócrata. Misty Plowright (Colorado) y Misty K. Snow (Utah) se han convertido en las primeras candidatas transgénero en ganar las primarias del partido que ha elegido a Hillary Clinton como su nueva líder.

Los votantes demócratas de Utah y Colorado eligieron a Plowright y Snow como sus abanderadas para el Senado y el Congreso en las próximas elecciones que se celebrarán en el mes de noviembre. Un hecho que se ha convertido en algo histórico en la política de EEUU y que demuestra como la percepción de la población mayoritaria hacia identidades sexuales minoritarias ha evolucionado a gran velocidad en la última década.

En un país en el que más de 1,4 millones de personas pertenecen a la comunidad trans, se está viviendo un punto de inflexión. No se trata tanto de un momento trascendental de lucha, más nos encontramos ante una situación en la que sólo queda por ver cuando los inmovilistas aceptan su derrota.

Ambas se presentan en estados tan conservadores que cualquier figura que se salga de los patrones de la heteronormatividad es susceptible de ser sospechosa.  

De ahí que su victoria política sea complicada. Sin embargo, el triunfo que han conseguido Plowright y Snow es de un calado mucho mayor. Estas dos representantes demócratas han logrado un impagable ejercicio de visibilización y normalización para el colectivo trans. Así se escribe la política con el lenguaje de la diversidad y la inclusión.

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La administración Obama anunciará oficialmente esta misma semana el final a la prohibición de servir abiertamente en el Ejército de los Estados Unidos a las personas trans, según adelantaba el pasado viernes USA Today. La noticia llega cinco años después del final del “Don’t ask, don’t tell”, la ley que obligaba a los militares gais, lesbianas y bisexuales a mantener en secreto su orientación. Un retraso que muestra de nuevo que las personas trans constituyen el grupo más débil y vulnerable del colectivo LGTB.

La política de “Don’t ask, don’t tell” fue derogada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2010, después de un complicado proceso de discusión, aunque no fue hasta septiembre de 2011 cuando la derogación entró en vigor. Quedaban fuera sin embargo las personas transexuales. De hecho, no fue hasta hace un año cuando el secretario de Defensa Ash Carter anunciaba que por fin se ponía en marcha el proceso para acabar con la discriminación tránsfoba. “En una época en la que la experiencia ha enseñado a nuestras tropas que la cualificación más importante es su disposición a cumplir son su trabajo, nuestros oficiales y personal alistado se enfrentan a regulaciones que les transmiten lo contrario. Es más, tenemos soldados, marineros, aviadores y marines transexuales, verdaderos patriotas americanos, que sé que están sufriendo un gran daño debido a una política obsoleta, confusa e inconsistente, que es contraria a los valores del servicio y del mérito individual“, aseguraba Carter.

El secretario de Defensa anunciaba entonces la creación de un grupo de trabajo, formado por civiles y militares y liderado por el subsecretario de Personal del Departamento de Defensa, Brad Carson, encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Entre ellas, cómo abordar el cambio en lo referido a uniformidad, alojamiento o uso de instalaciones, pero también, por ejemplo, hasta qué punto el Ejército estará obligado a sufragar el coste de eventuales procesos de reasignación de sexo de sus miembros transexuales, así como el entrenamiento y estándares físicos que se les exigirán durante el proceso de transición.

El proceso que se inició el año pasado debía culminar con el anuncio oficial del fin de la prohibición, aunque mientras tanto cualquier decisión sobre la expulsión de militares que ya formen parte del mismo debía ser evaluada por el propio Brad Carson, en lo que fue interpretado como una especie de “moratoria oficiosa”. Se desconoce cuantas personas transexuales sirven en la actualidad en el Ejército estadounidense, pero algunas estimaciones sitúan la cifra en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

El proceso por fin parece haber concluido. Según fuentes de USA Today, el anuncio se producirá oficialmente esta semana, antes de que concluya oficialmente el mes del Orgullo LGTB en la administración estadounidense (y que el Departamento de Defensa también celebra). El final de la prohibición estará vigente desde el primero de julio, aunque se abriría un periodo de transición de un año para que los diferentes cuerpos del Ejército hagan las modificaciones pertinentes.

A diferencia del final de “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) es una decisión administrativa. Ello no significa que no vaya a ser polémica, aunque la administración Obama se ha preocupado de trabajar internamente con los militares para minimizar la previsible oposición de muchos de ellos.

Otro elemento que habrá que tener en cuenta es la reacción de los republicanos, especialmente en un momento en que la oposición a los derechos de las personas trans parece haberse convertido en seña de identidad de su sector más reaccionario. No conviene olvidar que los republicanos controlan el Congreso, y bien podrían intentar promover iniciativas que obstaculicen el proceso.

En este sentido, habrá que ver cuáles son los detalles concretos. Mac Thornberry, representante republicano por Texas y presidente del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, ya expresó en su momento su preocupación por los costes del proceso, así como por la cobertura sanitaria que el Ejército daría a sus miembros transexuales, y el pasado viernes, tras conocerse la noticia, expresó su desagrado porque “el secretario Carter haya puesto la agenda política de una administración saliente” por encima de las que a su juicio son verdaderas necesidades militares. Confiemos en que todo discurra por cauces razonables y se ponga por fin punto final a una discriminación intolerable.

Fuente Dosmanzanas

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Tras meses de espera, el Senado de los Estados Unidos ha confirmado a Eric Fanning, abiertamente gay, como secretario del Ejército de los Estados Unidos. Fanning, propuesto por el presidente Barack Obama en septiembre de 2015, es la primera persona abiertamente LGTB que alcanza dicho rango en la cúpula de defensa estadounidense.

The United States Army, en su denominación original, es la mayor de las divisiones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (que también se componen de la Marina, la Fuerza Aérea o el cuerpo de marines). Sería por tanto equivalente al Ejército de Tierra español. El secretario es nominado directamente por el presidente de los Estados Unidos, debiendo recibir la aprobación del Senado, y se sitúa en el escalón inmediatamente inferior al del secretario de Defensa de los Estados Unidos (el “ministro” de Defensa, en terminología europea).

Fanning, de 47 años, lleva más de dos décadas trabajando en seguridad nacional, y en los últimos años ha ocupado diversos cargos en el organigrama de Defensa de la administración Obama. Ha sido subsecretario de la Fuerza Aérea entre 2013 y 2015, asistente especial del actual secretario de Defensa, Ash Carter, y desde junio de 2015 ha ocupado la posición de subsecretario del Ejército, el mismo cuerpo del que ahora será secretario.

Por otra parte, Fanning no solo es abiertamente gay, sino que ha estado comprometido en el pasado con el activismo LGTB. Ha sido miembro del Gay & Lesbian Victory Fund, organización que da soporte y ayuda a promocionar a candidatos abiertamente LGTB que se presenten a las diferentes elecciones (con independencia de cual sea su partido, siempre que no defiendan políticas contrarias a los derechos LGTB).

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El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado la nominación de Eric Fanning, abiertamente gay, para ser secretario del Ejército de los Estados Unidos, el cargo civil que se sitúa al frente de dicho cuerpo. Si el Senado lo confirma, Eric Fanning, uno de los más cercanos asesores del secretario de Defensa, será la primera persona abiertamente LGTB que alcanza tal rango en la cúpula de defensa en ese país. 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este viernes la nominación a Eric Fanning como primer secretario del Ejército abiertamente homosexual y del hispano Ricardo Aguilera como secretario adjunto para Gestión Financiera de la Fuerza Aérea.

The United States Army, en su denominación original, es la mayor de las divisiones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (que también se componen de la Marina, la Fuerza Aérea o el cuerpo de marines). Sería por tanto equivalente al Ejército de Tierra español. El secretario es nominado directamente por el presidente de los Estados Unidos, debiendo recibir la aprobación del Senado, y se sitúa en el escalón inmediatamente inferior al del secretario de Defensa de los Estados Unidos.

Desde julio, Fanning había hecho las veces de subsecretario del Ejército en funciones, y este viernes Obama reconoció en un comunicado sus “años de probada experiencia y liderazgo excepcional”. “Eric aporta muchos años de probada experiencia y liderazgo excepcional a este nuevo papel”, ha declarado Barack Obama. “Estoy agradecido por su compromiso con nuestros hombres y mujeres de uniforme y confío en que ayudará a liderar a los soldados de Estados Unidos con distinción”, ha añadido. El secretario de Defensa felicitó a Fanning por su nominación y aseguró que “ha sido un placer trabajar con él y verle desarrollar su conocimiento, dedicación y experiencia como funcionario público”.

Fanning, de 47 años, lleva más de dos décadas trabajando en seguridad nacional, y en los últimos años ha ocupado diversos cargos en el organigrama de Defensa de la administración Obama. Ha sido subscretario de la Fuerza Aérea entre 2013 y 2015, asistente especial del actual secretario de Defensa, Ash Carter, y desde junio de este año es subsecretario del Ejército, el mismo cuerpo del que será secretario si como es de esperar recibe la confirmación del Senado. Fanning remplazará a John McHugh, que tiene previsto renunciar en las próximas semanas.

Además, entre las nominaciones de este viernes destaca la del hispano Ricardo Aguilera, que hasta ahora era profesor de la Universidad de Defensa Nacional y había trabajado anteriormente en varios cargos de responsabilidad de gestión presupuestaria del Pentágono.

Asimismo, Obama ha elegido a dos mujeres para los puestos de subsecretarias de la Armada y de la Fuerza Aérea. Janine Davidson, experta del centro de estudios Council of Foreign Relations, ha sido nominada para el cargo de la Armada, mientras que Lisa Disbrow, subsecretaria en funciones de la Fuerza Aérea, pasaría a ocupar ese cargo de manera oficial y estable.

Fuente Agencias y Dosmanzanas

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El Pentágono pretende levantar la prohibición a personas transexuales para ingresar en el Ejército

Según estudios, hasta 15.000 personas transexuales participan en el servicio activo del ejército, a veces con conocimiento de sus superiores.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ash Carter, ha confirmado la intención de la administración Obama de poner punto final a la prohibición de servir abiertamente en el Ejército de su país a las personas trans. Durante los próximos seis meses, el Pentágono estudiará las modificaciones regulatorias necesarias para hacer realidad en cambio a partir de 2016. Una buena noticia que llega sin embargo cuatro años después del final del “Don’t ask, don’t tell”, la ley que obligaba a los militares gais, lesbianas y bisexuales a mantener en secreto su orientación. Un retraso que muestra de nuevo que las personas trans constituyen el grupo más débil y vulnerable del colectivo LGTB.

Los líderes del Pentágono detallan los planes para levantar la prohibición a la participación de personas transexuales en el Ejército, dijeron funcionarios federales, quienes añadieron que se prevé un anuncio oficial esta semana y que el ejército tendría seis meses para determinar el impacto y trabajar los detalles y que durante esta transición, las personas transexuales aún no podrán enrolarse al ejército. Las decisiones sobre aquellos que ya están en servicio serían referidas al subsecretario de personal en el Pentágono, dijeron los funcionarios. Un funcionario de alto rango dijo que era para evitar que cualquier miembro transexual del servicio se fuera durante ese tiempo.

Varios funcionarios, bajo condición del anonimato porque no estaban autorizados a hablar del tema antes de que se finalicen los detalles, dijeron que el secretario de Defensa solicitó a su subsecretario organizar un grupo de trabajo con líderes militares y civiles para tener una visión objetiva del tema, identificar problemas y desarrollar reglas uniformes. Un funcionario de alto rango dijo que aunque el objetivo es retirar la prohibición, el secretario quiere que el grupo de trabajo analice los efectos prácticos, incluido el costo y el impacto, de haberlo, que tendría en la preparación militar.

La medida se conoce tras varias semanas de reuniones de alto nivel en el Pentágono entre altos directivos militares, secretarios y líderes del Departamento de Defensa, incluso una el lunes que involucró al secretario de Defensa y jefes de varios servicios.

La política de “Don’t ask, don’t tell” fue derogada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2010, después de un complicado proceso de discusión, aunque no fue hasta septiembre de 2011 cuando la derogación entró en vigor. Quedaban fuera sin embargo las personas transexuales, un “olvido” que se quiere subsanar ahora. “Las actuales regulaciones del Departamento de Defensa sobre el servicio de sus miembros transexuales están obsoletas y  provocan una incertidumbre que distrae a los mandos de las que son sus misiones fundamentales”, reconocía el secretario de Defensa en un comunicado oficial hecho público el lunes. “En una época en la que la experiencia ha enseñado a nuestras tropas que la cualificación más importante es su disposición a cumplir son su trabajo, nuestros oficiales y personal alistado se enfrentan a regulaciones que les transmiten lo contrario. Es más, tenemos soldados, marineros, aviadores y marines transexuales, verdaderos patriotas americanos, que sé que están sufriendo un gran daño debido a una política obsoleta, confusa e inconsistente, que es contraria a los valores del servicio y del mérito individual“, añadía Carter.

El secretario de Defensa anunciaba la creación de un grupo de trabajo, formado por civiles y militares y liderado por el subsecretario de Personal del Departamento de Defensa, Brad Carson, encargado durante los próximos seis meses de revisar las regulaciones militares y de evaluar el impacto del cambio para permitir que los militares transexuales puedan servir abiertamente “sin impacto adverso en la efectividad y operatividad”. El grupo de trabajo evaluará las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio, aunque la voluntad política de que este sea efectivo el año próximo parece clara. Algunos de los aspectos que deberá evaluar el grupo de trabajo serán, por ejemplo, hasta qué punto el Ejército estará obligado a sufragar el coste de eventuales procesos de reasignación de sexo de sus miembros transexuales, así como el entrenamiento y estándares físicos que se les exigirán durante el proceso de transición. También se valorará como abordar el cambio en lo referido a uniformidad, alojamiento o uso de instalaciones.

Hasta que el grupo de trabajo concluya su trabajo, permanecerá vigente la prohibición oficial a las personas transexuales de incorporarse al Ejército, aunque cualquier decisión sobre la expulsión de militares que ya formen parte del mismo deberá ser evaluada por el propio Brad Carson, en lo que ha sido interpretado como una especie de “moratoria oficiosa”. Se desconoce cuantas personas transexuales sirven en la actualidad en el Ejército estadounidense, pero algunas estimaciones sitúan la cifra en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Las personas transexuales –aquellas que se identifican con un género diferente de aquel con el que nacieron y en ocasiones toman hormonas o se someten a cirugías para desarrollar las características físicas de su género de preferencia– están excluidas del servicio militar en Estados Unidos. Pero estudios y otras encuestas calculan que hasta 15.000 personas transexuales participan en el servicio activo del ejército o las reservas, a veces en secreto pero en muchos casos con el conocimiento de comandantes de unidades o colegas.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara Amarga

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Randy Berry, quien actualmente es cónsul en Holanda, promoverá el respeto a los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, dijo el secretario de Estado, John Kerry.

A principios de este año la Casa Blanca incluyó por primera vez la protección de los derechos de la comunidad LGBT en su estrategia formal de seguridad nacional.

Estados Unidos ha nombrado al que será su rimer enviado especial en defensa de los derechos humanos de las personas LGTB en el mundo. Se trata de Randy Berry, un diplomático de carrera (desde 2012 es cónsul general en Ámsterdam) adscrito al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su nombramiento ha sido recibido con satisfacción por las organizaciones en defensa de los derechos LGTB.

Estados Unidos nombró el lunes a su primer enviado internacional para los derechos de los gays, un veterano diplomático que se encargará de encabezar los esfuerzos de Estados Unidos para combatir la discriminación contra integrantes de la comunidad LGBT en el extranjero.

Según la biografía que aún puede leerse en la web del consulado de los Estados Unidos en Ámsterdam, Randy Berry,  quien actualmente es cónsul en Holanda, es funcionario del servicio exterior estadounidense desde hace muchos años, ha estado destinado con anterioridad en países tan dispares como Nueva Zelanda, Nepal, Bangladesh, Egipto, Uganda o Sudáfrica. Habla castellano y árabe, es abiertamente gay, y desde su nueva posición como enviado especial por los derechos LGTB tendrá como misión potenciar los esfuerzos de su país para “avanzar hacia un mundo libre de violencia y discriminación contra las personas LGTB”, según expresaba el secretario de Estado John Kerry en el comunicado en el que hizo público el nombramiento.

“La defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas LGTB forma parte del núcleo de nuestro compromiso con el avance de los derechos humanos a nivel global, el corazón y la conciencia de nuestra diplomacia. Es por eso que vamos a trabajar para revocar las leyes que penalizan la conducta consensual del mismo sexo en países de todo el mundo. Es por eso que vamos desarrollar nuestra capacidad de responder rápidamente a la violencia contra las personas LGTB, y es por eso que estamos trabajando con los gobiernos, con la sociedad civil y con el sector privado a través del Fondo Global para la Igualdad para apoyar los programas de avance de los derechos humanos de las personas LGTB en todo el mundo”, añade el texto. El Fondo Global para la Igualdad (Global Equality Fund) es un programa del Departamento de Estado creado en 2011 -cuando Hillary Clinton estaba a su frente- cuyo objetivo es precisamente potenciar los derechos LGTB mediante ayudas a organizaciones de todo el mundo que les permitan desarrollar iniciativas en ese sentido. Dijo aemás, que una de sus prioridades será la eliminación de las leyes que criminalizan las preferencias de las personas del mismo sexo en 75 países.

El Departamento de Estado informó que había planeado designar a un diplomático abiertamente gay.

El nombramiento de Berry como enviado especial es la medida más reciente impulsada por Obama para convertir la defensa de los derechos de la comunidad LGBT como parte destacada de sus esfuerzos por defender esas garantías en todo el mundo. En 2011, la entonces secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton dijo durante un discurso en Ginebra que “los derechos de los gays son derechos humanos y viceversa“. A principios de este año la Casa Blanca incluyó por primera vez la protección de los derechos de la comunidad LGBT en su estrategia formal de seguridad nacional.

El nombramiento de Berry ha sido muy bien acogido por organizaciones de defensa de los derechos LGTB, como Human Rights Campaign, que ha alabado la buena disposición de John Kerry y del propio Obama en este campo. Para Chad Griffin, su presidente, supone una excelente oportunidad de reforzar desde los Estados Unidos a todas las personas y organizaciones que luchan a favor de los derechos LGTB en el mundo.“Los países que colocan a las personas de la comunidad LGBT en la mira del peligro deben saber que Estados Unidos no se hará de la vista gorda”, dijo Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign.

El anuncio se hace en una situación en la que se presta mayor atención a los derechos de las personas transgénero. En su primera gira como secretario de Defensa, Ash Carter dejó entrever que estaba dispuesto a aceptar a integrantes de esa comunidad en las filas de las fuerzas armadas.

El portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest dijo el lunes que el presidente Barack Obama aceptó de buen grado los comentarios de Carter y está de acuerdo en que todos los estadounidenses en capacidad de servir en las fuerzas armadas deben tener la oportunidad de hacerlo.

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