El gigante de streaming Netflix acaba de lanzar un avance de su próximo documental sobre el asesinato de Gabriel Fernández.

La madre de Gabriel, Pearl Fernández, y su novio, Isauro Aguirre, fueron declarados culpables de torturar hasta la muerte al niño de 8 años por pensar que éste era gay. Fernández, de 34 años, fue sentenciada a cadena perpetua, mientras que Aguirre, de 37 años, fue condenado a la pena de muerte.

«Este caso es muy emotivo, agradeceremos a las personas sensibles abandonar la sala«, es la petición que el alguacil de la Suprema Corte de Los Ángeles realizó durante el primer día del jucio del niño de Pamdale. Con estas palabras inicia el trailer del documental que estará disponible en la plataforma a partir del 26 de febrero.

Las autoridades del sur de California que respondieron a una llamada al 911 en 2013 encontraron a Gabriel desnudo en una habitación. Tenía el cráneo agrietado, tres costillas rotas y balines BB incrustados en el pulmón y la ingle. Murió dos días después de sus heridas en un hospital.

Durante el juicio de Aguirre, los fiscales le dijeron al jurado que odiaba a Gabriel porque sospechaba que el niño era homosexual. Los mensajes de texto entre la pareja demuestran que conspiraron para matar a Gabriel, dijeron los fiscales.

El documental The Trials of Gabriel Fernández analiza cómo el sistema falló a un niño que había sufrido repetidos signos de abuso y abandono a largo años. Los fiscales dieron el paso extraordinario de no solo perseguir a los abusadores sino también a los cuatro trabajadores sociales involucrados en el caso.

The Trials of Gabriel Fernández comienza a emitirse hoy miércoles 26 de febrero en Netflix.

Fuente Oveja Rosa

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Cristian A., responde en el juicio…

El pasado mes de enero nos hacíamos eco del juicio contra Cristian A., un exmilitar colombiano y simpatizante neonazi que en marzo del año 2000 asesinó en Montgat (Barcelona) a Vitervo A. V., de 45 años, un ciudadano ecuatoriano que llevaba pocos meses trabajando en España, ha sido condenado a 15 años de prisión. En un primer momento se sospechó que la motivación del crimen había sido racista, aunque la investigación posterior reveló la naturaleza homófoba del crimen. El asesino no fue detenido hasta casi 18 años después. La memoria de Vitervo, otra víctima de la violencia homófoba en nuestro país, ha sido por fin recuperada.

El 14 de marzo del año 2000 el diario El País se hacía eco del asesinato de Vitervo, sin que por entonces la posible motivación homófoba apareciera ni siquiera mencionada en la noticia. El cadáver fue descubierto en el piso en el que la víctima cuidaba de un anciano discapacitado por el hijo de este último. Había sido apuñalado con saña y finalmente degollado. Sobre la pared, escrita con la sangre de la víctima, la frase «Hitler tenía razón» y las letras «K K K», siglas del Ku Klux Klan. Todo apuntaba al crimen racista, aunque el propio artículo de El País decía entonces que «hay otros indicios, que los investigadores se reservaron y no quisieron concretar para no dar pistas a los culpables, que pueden llevar a nuevas pistas para resolver el caso». Entre dichos indicios, que se conocieron después, el hecho de ser encontrado desnudo con una flor de plástico colocada en la oreja.

Durante años, sin embargo, nada más se supo. De hecho, la investigación permaneció atascada durante años. Es cierto que tres años después del asesinato, según narraba en 2018 El País, alguien llamó a una prima de la víctima y le hizo escuchar una grabación en la que parecía escucharse su voz suplicando por su vida. La Guardia Civil intervino el teléfono desde el que se hizo la llamada y obtuvo información sobre el tráfico de drogas, pero no pistas sobre el asesinato. No fue hasta 2016 cuando la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Badalona ordenó la reapertura del caso a los Mossos, que centraron la investigación en los contactos telefónicos de la víctima. Acabaron por localizar a Cristian A., nacido en Colombia (de hecho había regresado a su país), con antecedentes por agresión sexual. Agredía a sus víctimas cuando iban bebidas, y una de ellas denunció que la había grabado pidiendo clemencia. Un patrón que recordaba a lo sucedido con Vitervo. Más tarde comprobaron que desde la casa del anciano al que cuidaba la víctima se había hecho una llamada a un número de teléfono que salía en un anuncio de prensa local que les condujo a un domicilio en Vilafranca del Penedès en el que precisamente vivía por entonces este individuo, que estaba casado.

Los Mossos llegaron además a localizar a varias personas a las que al parecer el asesino les había contado lo que había hecho. Finalmente, pudieron reconstruir lo que sucedió aquel fatídico 8 de marzo. Vitervo quedó con su asesino, al que en efecto conoció a través de un anuncio de contactos. Era un exmilitar que había servido el Ejército colombiano, que también formó parte durante un tiempo del Ejército español, y que simpatizaba con el nazismo. Tras comer y beber en abundancia, Vitervo llevó a su asesino al domicilio del anciano al que cuidaba, y que en ese momento no se encontraba en la casa, con objeto de mantener relaciones sexuales. Allí se produjo el brutal asesinato.

El asesino fue detenido en septiembre de 2018 en Colombia, siendo posteriormente extraditado a España para el juicio, que ha tenido lugar a finales de enero en la Audiencia Provincial de Barcelona ante un jurado popular, y durante el cual Cristian A. ha reconocido los hechos. De acuerdo con la sentencia, conocida esta semana, Cristian A. apuñaló a Vitervo de manera «sorpresiva y rápida», después de que este se desnudara, movido «por el desprecio que le provocaba la orientación sexual de la víctima» y causándole «agonía» previa al fallecimiento. La sentencia subraya además que en el momento de los hechos Cristian A. «era simpatizante de las ideas derivadas del nazismo y del llamado supremacismo blanco, ambas corrientes ideológicas que justifican la violencia contra quienes defienden ideas contrarias». Gracias a su confesión, la defensa de Cristian A. ha logrado disminuir la pena de 20 años que solicitaban Fiscalía y acusación particular hasta los 15 años de prisión. Deberá abonar ademas sendas indemnizaciones de 45.000 y 25.000 euros, respectivamente, al hijo y a la hermana de la víctima.

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Por Pilar Salazar

El activista gay Larry Stewart Lara, de 49 años, fue asesinado cuando se dirigía con su pareja a almorzar cerca de su casa, sobre la 16 calle y 8 avenida de de Ciudad de Guatemala. Una semana después, le dispararon al activista trans Hanss Acevedo. Ninguno de los asesinatos se investiga como crímenes de odio.

El 31 de diciembre, dos hombres en una moticicleta despojaron a Lara de su celular y luego le dispararon, según el reporte de Bomberos Municipales de la 9 Estación.

Según el Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses), murió a causa de heridas producidas por proyectil de arma de fuego el 31 de diciembre. No se está investigando el asesinato como crimen de odio porque se aduce “delincuencia común”, según la policía.

Lara fue cofundador de la organización Lambda en Guatemala, una asociación creada en 2010 por ex integrantes de las bases comunitarias del Proyecto Unidos. Actualmente uno de sus principales enfoques es brindar apoyo a las personas LGBTI en situación de desplazamiento y migración, ofreciendo un espacio transicional, transporte y alimentación.

“Le contabamos nuestros problemas y el veía cómo nos ayudaba, siempre tuvo ese don de ser muy servicial, muy humano”, dijo a Presentes Estuardo Moscoso, un amigo desde hace 20 años.

Extorsionado por pandillas

El 9 de enero, Hanss Acevedo fue asesinado a causa luego de no atender una amenaza por extorsión por parte de pandillas. Sucedió en la 22 avenida y 8 calle de la zona 6 de la ciudad capital. Hanss era integrante del Colectivo de hombres trans Transformación y vivía con su pareja y su mamá.

Alex Castillo, director del colectivo Transformación, conocía a Acevedo y era su amigo desde hace 25 años. Menciona que en situaciones como esta es importante contar con leyes para la protección de las personas trans y sus compañeres de vida, pues resalta la mala experiencia que vivió pareja de Hanss al momento de hacer los trámites administrativos para su funeralm pues ni siquiera le dieron permiso de ingresar a reconocer el cuerpo en el Inacif.

“A la hora de empezar todos los trámites legales y demás (para la inhumación), ella fue un cero a la izquierda (pareja de Acevedo)”, contó.

Según un reporte proporcionado por Inacif a este medio, Acevedo falleció a causa de heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

A 14 días de haber iniciado 2020 y cuando ya  tomaron posesión las nuevas autoridades en el país -por primera vez dos hombres gais fueron electos; José Hernández (diputado suplente al Parlacen) y Aldo Dávila (Diputado al Congreso)- ya se contabilizan tres homicidios a personas de la población LGBTIQ+ y organizaciones de sociedad civil se manifestaron exigiendo al Estado una pronta investigación de los hechos y castigo a los responsables.

Fuente Agencia Presentes

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Por Pilar Salazar

Dos asesinatos contra personas LGBT+ , un gay y una lesbiana, se perpetraron hace unos días el departamento de Petén (a 497 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala).

Elito Rodel Puc era un maestro jubilado de 42 años, gay y de origen beliceño. Había viajado a Guatemala a realizar un paseo y fue decapitado. El mismo día en que se halló su cuerpo, Heidi Soraida Tesucún Tut, una mujer lesbiana de 40 años, fue asesinada con múltiples impactos de arma de fuego en San Benito, también en Petén, donde estaban circulando mensajes de odio.

 Elito Rodel Puc salió de su residencia ubicada en El Arenal, del Benque Viejo del Carmen (Belice) el 28 de noviembre, según contó una fuente cercana a él. Su desaparición fue reportada el día 29. El 4 de diciembre vecinos del barrio Suchitán en Melchor de Mencos, Petén, localizaron la cabeza de Elito. Estaba en estado de descomposición, en el área conocida como la Pileta, según confirmaron autoridades policiales.

El 5 de diciembre, vecinos en la línea de adyacencia limítrofe Melchor de Mencos Petén (Guatemala), y el Benque Viejo del Carmen (Belice); encontraron su cuerpo asesinado. Lo habían atado con un lazo y tenía señales de haber sido torturado.

Elito fue presidente de San José Succotz Village, un pueblo en Belice de población mayoritariamente maya y garífuna. También fue un maestro retirado en Mopan Technical High School. Su último empleo había sido en el servicio de autobuses de Silva como vigilante. El reporte de Migración de Guatemala indica que ingresó a Melchor de Mencos desde Belice el jueves 28 de noviembre a las 18:42.

Aunque el cuerpo de Elito ya fue inhumado, según informó un familiar, las autoridades beliceñas y familiares iniciaron con el proceso para confirmar que se trata de él. Una vez que el ADN esté listo, se repatriarán los restos a su país de origen.

Heidi ya había denunciado amenazas

Heidi Soraida Tesucún Tut era ex agente de la Policía Nacional Civil y originaria de la Colonia Itza. Ya había hecho una denuncia por amenazas de muerte, según informó el subcomisario  Luis Pérez.

Heidi conducía en una motocicleta estilo pasola, desde la colonia Tikal al Barrio 20 de Mayo y Vista Hermosa del municipio de San Benito, cuando le dispararon. Vivía con su pareja y su hijo, y se dedicaba a la venta de productos para fiestas y piñatas.

“Era una una mujer trabajadora, buena hija, buena madre, buena hermana y una gran amiga que aunque no vivía con su papá y mamá siempre estaba pendiente”, dice Emy, una amiga cercana.

Mensajes de odio en Petén

Antes de que se perpetraran estos crímenes contra la población LGBTIQ+, los colectivos ya estaban en alerta y preocupados ante la difusión de un mensaje de odio en Melchor de Mencos, Petén. Circuló por Facebook era una amenaza a las organizaciones de la diversidad sexual para que no realizaran el evento “Mis gay”. Provenía de una página de Facebook llamada “ElNo nos tientes petenero”, que difunde información espuria y sin ningún tipo de filtro. Aunque cuenta con una cantidad considerable de seguidores, en los últimos días esta página fue bloqueada.

Según cuenta Carlos Romero, coordinador de la Red Nacional y parte del Observatorio por muertes violentas, el evento “Mis gay” iba a realizarse por primera vez en Melchor de Mencos. Se había coordinado con la Defensoría de la Diversidad y la Policía Nacional Civil para acompañar el evento, aunque se postergó por motivos que aún no están claros.

Romero dijo a este medio que teme que el asesinato de Elito puede haber sido una advertencia para no realizar el evento. Hasta la fecha ya se contabilizan 18 crímenes de odio en Guatemala.

La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, dirigida por Jordán Rodas, se manifestó a través de un comunicado.

La Defensoría de la Diversidad Sexual de esa procuración, por medio de su representante, Henry España, dijo a este medio que el día miércoles 4 de noviembre fueron alertados por población LGBTIQ del lugar, de la desaparición de Elito. El día viernes fueron informados de la muerte de Heidi. La defensoría también fue alertada de la amenaza. En consecuencia, según indica España, se coordinó con la auxiliatura de Petén y la Policía Nacional Civil la implementación de medidas de seguridad para tal evento en el lugar. A partir de ahora, dijo la fuente, se fortalecerán las acciones de fiscalización hacia el Ministerio Público para que se avance en las investigaciones por el doble crimen de odio.

Fuente Agencia Presentes

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El activista LGTBI Charlot Jeudy fue encontrado sin vida el pasado lunes en su domicilio de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Jeudy, de 46 años, era una de las caras más visibles del activismo en el país caribeño, que ejercía desde la presidencia de la asociación Kouraj. Aunque en un principio se especuló con un posible envenenamiento, las causas del fallecimiento aún no han sido aclaradas. Las difíciles condiciones de vida de la comunidad, resultado de la LGTBfobia social que impera en Haití, hacen temer lo peor.

El cuerpo sin vida de Jeudy fue encontrado en su domicilio de Puerto Príncipe el pasado lunes, según han revelado su compañera de la asociación Kouraj Geraldine Clair Museau. Las causas del fallecimiento se desconocen, si bien en un primer momento se especuló con que pudiera haber sido envenenado. La policía no ha revelado por el momento los resultados de sus pesquisas.

Jeudy, de 46 años, era uno de los activistas LGTBI más visibles de Haití. Al frente de la asociación Kouraj luchó contra la discriminación de la comunidad en el país caribeño y  en 2016 organizó un festival para reivindicar la cultura LGTB afrocaribeña, cuya celebración fue suspendida por las amenazas de grupos violentos. «Enfrentados a una estigmatización tan permanente y brutal, violencia e insultos, muchos de nosotros, si no la totalidad, hemos perdido la esperanza de que se respete nuestra dignidad. Eso es por lo que quiero luchar», fue uno de los mensajes que Jeudy transmitió desde la organización.

Aunque las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo nunca han estado prohibidas en Haití, el país sufre desde hace unos años un recrudecimiento de la represión social y legal contra la población LGTBI. Todo comenzó con una manifestación promovida por grupos religiosos contra el matrimonio entre personas del mismo sexo que tuvo lugar el 19 de julio de 2013 y que, según medios locales, concluyó con el asesinato de dos hombres identificados como homosexuales.

Unos meses después ocurrieron violentos ataques que se saldaron con numerosos heridos y en agosto se produjo el ataque a una ceremonia privada de compromiso entre un ciudadano británico y su novio haitiano por parte de una multitud de decenas de personas, armadas con piedras y cócteles molotov. En esta ocasión, las fuerzas del orden intervinieron a tiempo de impedir que alguno de los participantes en la ceremonia fuera asesinado a manos de la horda homófoba, aunque se produjeron graves daños materiales. En noviembre de 2013, la sede de la asociación Kouraj fue asaltada por individuos armados con machetes y pistolas.

En agosto de 2017, el Senado de Haití aprobaba la prohibición del matrimonio igualitario y la «propaganda homosexual», una auténtica mordaza para el trabajo de las asociaciones LGTB, que reaccionaron con preocupación ante la perspectiva de que las medidas represoras vinieran a añadir más gasolina a la violencia contra los miembros del colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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Ramiro Duarte, (Izda) y Vidalia Molina Delgado (Dcha)

Por Pilar Salazar, desde Ciudad de Guatemala

Vidalia Molina Delgado era una mujer trans de El Salvador, pero residía en Mazatenango desde hace ya varios años por desplazamiento forzado a raíz de la violencia en su país de origen. En la noche del viernes 11, desconocidos ingresaron a su negocio “Bar Mery” ubicado en la 2 avenida de la zona 1 de Mazatenango (a 160 kilómetros de la Ciudad de Guatemala) donde le acertaron disparos con arma de fuego en el rostro y torax, según dice el informe policial.

El sábado a las 5:30 am, Ramiro Duarte, un adolescente gay de 15 años (originario del barrio el Mitchal) que había sido secuestrado, fue encontrado muerto. Su cuerpo había sido acribillado con 8 balazos. Los vecinos dijeron que escucharon disparos de arma de fuego a las 11:35 pm del viernes, en la aldea Seneca Morales Izabal (a 308 km de la Ciudad de Guatemala). La misma noche en que asesinaron a Vidalia.

La Red Nacional de la Diversidad, Otrans Reinas de la Noche, Colectivo Visibles y la Oficina del procurador de los Derechos Humanos se manifestaron al respecto repudiando el hecho y exigieron una investigación para dar con los responsables de ambas muertes, perpetradas en menos de 24 horas.

Carlos Romero coordinador de la Red Nacional de la Diversidad Sexual dijo a este medio que hasta el día de hoy el “Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género”  ha registrado 15 asesinatos en Guatemala en lo que va del año de personas LGBT+

Mary*, una amiga de Vidalia, contó que ya había sufrido amenazas de extorsión. Y dice que ya existía una denuncia en el Ministerio Público por esto. Los restos de Vidalia fueron trasladados a su país de origen para ser inhumados.

Según cuenta Saskia Subary*, amiga de Ramiro, el joven había sido expulsado de la casa de sus padres, se había ido a vivir con su abuela y buscó trabajo para sobrevivir. Saskia resalta el miedo a ser libres de quienes viven en esa zona. “Acá nos vestimos de mujer a escondidas. Si lo hacemos libremente somos objeto de discriminación, de rechazo Morales es un lugar muy machista y vivimos con el miedo de que algo nos vaya a pasar”. Ramiro había participado este año en el evento “Miss gay luna roja” en el mismo departamento, como Maris Bell Brown.

El defensor de la diversidad sexual Henry España declaró a este medio que en el asesinato del adolescente, “se puede identificar la saña, ya que se utilizaron por 8 impactos de bala en el rostro, pero también por haber sido secuestrada la persona y luego dejada tirada. Por eso la PDH emitió un comunicado exigiendo al Ministerio Público una pronta investigación y que se identifique que los crímenes tienen un agravio de orientación sexual o identidad de género”.

El texto del comunicado expresó: “El @PDHgt condena la muerte violenta de 2 personas de la diversidad sexual, ocurridas en las últimas 24 horas en Izabal y Suchitepéquez. Expresa su solidaridad y condolencias a sus familiares, amigos y la comunidad LGBTIQ+. Exige al @MPguatemala y @PNCdeGuatemala realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Rechaza todo tipo de hechos de violencia contra toda persona.”

El 4 de mayo del 2017, la diputada Sandra Morán, de la Bancada Convergencia, presentó una iniciativa de Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio (Iniciativa 5278), con el objetivo de que las personas vivan libres de discriminación por su religión, edad u orientación sexual e identidad de género. Pero dicha iniciativa no ha encontrado respuesta en el Congreso de la República.

*Los nombres de estas fuentes figuran con seudónimos para preservar su seguridad.

Fuente Agencia Presentes

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Ha sucedido en Avilés (Asturias). Una mujer trans, de 38 años de edad y nacionalidad brasileña, ha sido brutalmente asesinada a puñaladas. La Policía Nacional investiga lo sucedido. Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer, que ejercía el trabajo sexual, pudo ser asesinada por un cliente. Aún está por determinar el posible componente de odio.

Según informa El Comercio, el cuerpo de la mujer fue encontrado por una limpiadora a primera hora de la tarde del sábado en un piso de la calle La Cámara de Avilés, en el que la mujer ejercía el trabajo sexual. Presentaba al menos quince heridas de arma blanca, aunque será la autopsia la que determinará la causa última de la muerte, que podría haberse producido el día anterior. El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, ayer de guardia, ha decretado el secreto de sumario.

A la espera de tener más información de lo sucedido, el colectivo asturiano XEGA ha convocado este lunes 23 de septiembre una concentración en Gijón, delante de la Gota de Leche, a las 20:00 horas. El colectivo LGTB asturiano ha expresado su repulsa por el asesinato y ha pedido la aprobación en Asturias de una ley contra la discriminación de las personas trans:

Mané Fernández, vicepresidente de la FELGTB, también ha expresado su condena del asesinato, y a la espera de que se aclare el posible componente de odio, también ha reclamado al Principado de Asturias la aprobación de una ley «que ampare a a las personas trans y garantice que tanto sus derechos como su nivel de protección sean como los de cualquier otra persona».

Se trata, en nuestro conocimiento, de la segunda mujer trans asesinada este año en España. El pasado marzo dos personas fueron detenidas como presuntas responsables de la muerte de otra mujer, cuyo cuerpo sin vida apareció en un huerto cercano a Castellón. En 2018 murió de Eli, objeto de una brutal paliza en Valladolid a manos de un menor. Y en octubre de 2016 fue Lorena Reyes la que murió en Santa Cruz de Tenerife (un jurado popular absolvió posteriormente al único acusado por su muerte).

Fuente Dosmanzanas

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La oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) condenó las muertes violentas de 20 personas de la población LGBTI en 2019 en ese país. El organismo internacional lamentó que sólo en el mes julio fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.

“La OACNUDH expresa su preocupación frente a estos graves hechos y a las reiteradas denuncias sobre ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas miembros de la comunidad LGBTI en el país”, expresaron en un comunicado difundido el lunes.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció al respecto: “Urge a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia, tomando en cuenta la posibilidad de que hayan sido motivados en prejuicios basados en la orientación sexual, expresión/identidad de género –reales o percibidas– o características sexuales de estas personas. La CIDH reitera su preocupación ante los altos niveles de violencia en contra de personas trans en la región y la baja expectativa de vida de esta población”, dice el comunicado. 

Los países que conforman el Triangulo Norte de Centroamérica, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que también son víctimas la población LGBTI.

Ante el acoso, discriminación, amenazas y muertes, decenas de mujeres trans centroamericanas han integrado caravanas de migrantes que buscan a llegar a los Estados Unidos.

“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indica OACNUDH.

En 2018 la ONU expresó preocupación sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y señaló la impunidad en el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGBTI.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinatos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Derechos Humanos, El Salvador, Guatemala, Homofobia/Transfobia, Honduras, Naciones Unidas (OACNUDH), Triángulo Norte de Centroamérica

En lo que va de 2019 ya se han registrado 10 sacerdotes asesinados en el mundo*

Siete en África y tres en América

21.05.2019 | RD/Vatican News

El pasado domingo 19 de mayo fue asesinado el Padre Landry Ibil Ikwel, de 34 años de edad, en Beira (Mozambique). Hasta el momento la policía no ha proporcionado ninguna información, simplemente la confirmación de la noticia y que el homicidio se llevó a cabo con un machete.

El Padre Landry fue ordenado sacerdote el 7 de febrero de 2016 en Kinshasa (República Democrática del Congo) y era miembro de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María y director del Instituto para ciegos de Beira, en la región central de Mozambique.

AFRICA [7]
– Madagascar (1)
p. Nicolas Ratodisoa (muerto el 14 de febrero de 2019)

– Burkina Faso (3)
p. Antonio César Fernández Fernández (muerto el 15 de febrero de 2019)
p. Siméon Yampa (muerto el 12 de mayo de 2019)
p. Fernando Hernandez (muerto el 17 de mayo de 2019)

– Camerun (1)
Toussaint Zoumaldé (muerto el 20 de marzo de 2019)

– Nigeria (1)
p. Clement Ugwu (secuestrado el 17 de marzo, encontrado muerto el 20 de marzo de 2019)

– Mozambique (1)
p. Landry Ibil Ikwel (muerto el 19 de mayo de 2019)

AMERICA  [3]

– Colombia (1)
p. Carlos Ernesto Jaramillo (muerto el 18 de febrero de 2019)

– Perù (1)
p. Paul McAuley (muerto el 2 de april de 2019)

– El Salvador (1)
p. Cecilio Pérez (encontrado muerto el 18 de mayo de 2019

*(Estadísticas “Il sismografo”)

Fuente Religión Digital

General África, América, Asesinatos, Iglesia Católica, Mártires

Espantosa noticia la que nos llega desde Guatemala, donde el joven José Roberto Díaz, de 18 años, fue torturado y asesinado en lo que claramente parece ser un delito de odio: sus asesinos le grabaron a cuchillo en su cuerpo insultos homófobos.

El asesinato ocurrió en el departamento de Huehuetenango, al noroeste del país. El cuerpo de José Roberto Díaz, un joven maquillador de 18 años, fue encontrado por sus vecinos en un terreno baldío el pasado 25 de marzo. Según publica Nómada, su última conexión en WhatsApp había sido el 24 de marzo, a las 19:37 de la tarde. Desde entonces permanecía desaparecido. Sus verdugos, que lo torturaron visiblemente antes de asesinarlo, dejaron su cuerpo grabado con insultos homófobos («hueco», «morro», «maricón») y, según informa la agencia Presentes, con el número 18, símbolo de una de las maras o pandillas más violentas de Centroamérica.

José Roberto Díaz era abierta y orgullosamente gay, lo que le había valido insultos y amenazas. Una de sus aficiones era el transformismo, y de hecho había ganado ya tres títulos bajo el nombre de Alessandra Villamizar. Contaba con la ayuda y el apoyo de su madre, y su gran aspiración era tener su propio salón de belleza. Además se había implicado como activista en Trabajando Unidos, un colectivo LGTB de Huehuetenango. «Como una estrella en el cielo serás recordado, porque viniste a ser luz para quienes te conocimos, él era reina y para esta reina habrá justicia. Para Josecito, como lo conocíamos cariñosamente, exigiremos justicia, gritaremos, aullaremos hasta que nuestra voz se enronque… Gritaremos para que te escuchen y morderemos si es necesario para alcanzar toda la justicia que mereces, en tu memoria y en tu nombre no desistiremos», puede leerse en su página de Facebook. En otro mensaje más formal publicado en esta misma red social, la organización a la que pertenecía el asesinado ha hecho además un llamamiento a denunciar los actos de intimidación «para reafirmarle a la sociedad, a las personas que no creen y desacreditan nuestras luchas y a las autoridades, que somos agentes de derechos, que no pueden violentarlos y sobre todo que estamos articulados, y que no permitiremos que estos sucesos sigan siendo las únicas miradas que se le den a la comunidad LGTBIQ».

Guatemala: una realidad muy difícil para el colectivo LGTB

Según el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, el colectivo LGTB guatemalteco se enfrenta a violencia desde múltiples frentes, que van desde la represión policial a las bandas de delincuencia organizada, además de a la enorme presión de grupos conservadores altamente LGTBfóbicos que incluso han promovido la discusión en el Congreso de la República de la mal llamada «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», que entre otras cosas busca prohibir la información sobre diversidad sexual en los colegios.

Por desgracia, resulta difícil cuantificar dicha violencia contra las personas LGTB, que en Guatemala no gozan de protección contra la discriminación. Según un informe de 2018del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».

En cualquier caso, la violencia parece estar a la orden del día. Según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento.

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Terrible noticia la que nos llega desde Perú. La activista trans Claudia Vera, de 30 años, fue asesinada en la madrugada del pasado 30 de marzo, mientras se encontraba con un grupo de amigas en una calle de Lima, la capital.

Según detalla la agencia Presentes, en un determinado momento de la noche Claudia Vera se encontraba discutiendo con un hombre cuando otra mujer se le acercó y la amenazó. Minutos después, la misma mujer regresó con un arma y le disparó a quemarropa hasta cinco balazos. La activista murió al instante. «Mi madre está destrozada, mi padre también, no era para morir de esa forma, esa muerte no se le desea a nadie, no era un perro, no era un animal, mi hermana era buena, era bromista, sus amistades la conocen. Yo he ido a cambiarla a la morgue, está horrible su cuerpito, las balas, una en la cabeza, en su cabecita, una le ha caído en la oreja, le ha destrozado la orejita, ¿por qué tanta maldad?, ¿por qué tanto se han ensañado así?», se lamentaba su hermana, Liliana Vera, en declaraciones a la mencionada agencia.

Claudia Vera había trabajado muy especialmente en el área del VIH. Fue, por ejemplo, fundadora de la Red de Jóvenes con VIH en el Perú (Jóvenes Cambiando VIHdas). Su asesinato ha causado un hondo impacto entre las organizaciones de defensa de los derechos de las personas trans y de lucha contra el VIH. ONUSIDA, el programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida, por ejemplo, ha expresado su «profundo pesar y consternación» por la muerte de la que considera «admirable y joven activista por los derechos humanos de la comunidad trans y personas con VIH del Perú, miembro de la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y cofundadora de la Red de Jóvenes Cambiando VIHdas del Perú». «La temprana y trágica partida de Claudia, ocurrida el pasado 30 de marzo, no hace sino confirmar la enorme vulnerabilidad de las personas trans y la necesidad urgente de que la sociedad y las autoridades trabajen de la mano para asegurar que los derechos humanos sean realmente universales e inalienables y para que nadie quede atrás en oportunidades para el propio desarrollo personal», continua el comunicado de ONUSIDA. «Instamos a las autoridades a investigar con celeridad para no permitir que este crimen quede impune. Descansa en Paz querida Claudia, que la luz de tu compromiso no se apague jamás», finaliza el texto.

El asesinato de Claudia Vera también ha sido condenado, entre otras, por organizaciones como Jóvenes Cambiando VIHdas, organización de la que fue confundadora, o Sí, da Vida, de la que era instructora y voluntaria. «En la actualidad el Perú no tiene ley expresa que castigue los delitos de odio, debido a que el Decreto Legislativo nº 1323 que fortalecía la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, fue derogado por el Congreso de la República en mayo de 2017, con votos de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, por supuestamente exceder las facultades legislativas», ha denunciado esta organización en un duro comunicado en el que «expresa su preocupación por el desamparo legal que tienen las personas trans en el Perú y exhorta a las autoridades y congresistas a debatir proyectos de ley que beneficien a la población para evitar ‘muertes sociales’ y ‘muertes físicas’, como la que tuvo Claudia Vera».

Desde la Defensoría del Pueblo de Perú, mientras tanto, han instado a la Fiscalía a investigar el caso y determinar si el asesinato de la activista constituyó un acto de discriminación. «En investigación de atentados contra vida de personas  LGTBI debe aplicarse el principio de debida diligencia», ha reclamado este órgano.

El pasado 31 de marzo, jornada que precisamente coincidía con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, un grupo de activistas se concentraron en el lugar en el que Claudia fue asesinada para pedir justicia para ella y para todas las mujeres trans asesinadas en Perú, un país en el que la violencia tránsfoba está a la orden del día. Os dejamos con unas imágenes del acto, difundidas por Conexión Vida, radio online especializada en la prevención del VIH:

Fuente Dosmanzanas

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Dos personas han sido detenidas y se encuentran ya en prisión como presuntas responsables de la muerte de una mujer trans, cuyo cuerpo sin vida apareció la semana pasada en un huerto cercano a Castellón. Colectivos LGTB valencianos habían pedido una rápida respuesta, además de condenar el tratamiento informativo que por enésima vez recibió la noticia en los primeros momentos por parte de algunos medios de comunicación.

El cadáver de la mujer, de 49 años, fue encontrado el viernes, 1 de marzo, en un huerto cercano a la ermita de Sant Jaume de Fadrell, en las cercanías de la capital castellonense, una zona en la que al parecer se ejerce de forma habitual la prostitución. Según las primeras investigaciones murió asfixiada. Tras investigar al entorno de la víctima y lo que había hecho durante sus últimas horas de vida, agentes de la Policía Nacional detuvieron un día después a dos personas, un hombre de 41 años y una mujer de 46, que ya se encuentran en prisión como presuntos responsables de su muerte. Uno de los detenidos había salido recientemente de prisión.

A la indignación por lo sucedido se sumó, en los primeros momentos, la condena por el trato que algunos medios de comunicación, como El Periódico Mediterráneo, hicieron del caso, llegando a referirse a la víctima como «un varón disfrazado de mujer». En este sentido, además de expresar su condena y solicitar, como «lo principal»,determinar quién o quienes habían sido los agresores y que fueron puestos a disposición judicial cuanto antes, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, Castelló LGTBI y el Colectivo LGTBIQ Queer Fest de Castelló hicieron público un comunicado en el que insistieron, una vez más, en que este tratamiento informativo «caricaturiza a la víctima, la revictimiza y vulnera su dignidad». «Negar la identidad a la víctima es revictimizar a las personas, someterlas a un señalamiento público innecesario y desinformar, alentar el prejuicio y el estereotipo», señalaron.

«Hay que seguir trabajando por la erradicación de toda violencia que sufren las personas trans, especialmente las mujeres, y recuerda que hay que desarrollar la ley trans del País Valenciano de forma que se proteja a las personas trans, formar a los cuerpos policiales y evitar que se trate la información de estos casos de forma estereotipada», declaró Pastora de Florencio, presidenta de Castelló LGTBI. «En un momento en el que el odio contra las mujeres y personas LGTBI centra el discurso de la extrema derecha insistimos en la necesidad de alargar la acción protectora de la legislación contra la violencia machista, no segregando por concepciones biologicistas. Decimos no al terrorismo machista y a la violencia contra las mujeres trans», añadió por su parte María de Castro, miembro de la ejecutiva de LGTBIQ Queer Fest de Castelló.

Estado de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana

El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, por su parte, recordó que a lo largo de 2018 la entidad ha registrado 91 incidentes y delitos de odio contra personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género, desde agresiones leves, insultos, amenazas, acoso y hostigamiento hasta lesiones graves y discapacitantes. El perfil del agresor sigue siendo un adulto varón de entre 25 y 40 años, mientras que la mayoría de las víctimas oscilan entre edades que van desde los 18 a los 30 años. La evolución más notable se ha producido en la provincia de Castellón, que han aumentado el registro de incidentes y delitos de odio de 8 registrados en 2017 a 21, lo que supone triplicar la cifra.

«Es imprescindible desarrollar la ley LGTBI de la Comunitat Valenciana aprobada en noviembre de 2018, que contiene medidas para erradicar la LGTBIfobia, su prevención y condena, como son la formación a los cuerpos de las policías locales de la Comunitat en ciudades de más de 50.000 habitantes», ha declarado Toño Abad, director de Observatorio, que ha reclamado muy especialmente formar a los agentes de la Policía Local, «la más cercana a la ciudadanía y la que más habitualmente acude cuando se ha sufrido una agresión homofóbica o tránsfóbica». «Exigimos implicación del Ministerio del Interior para que haya agentes de enlace en Guardia Civil y Policía Nacional, formados y especializados,  a quien poder acudir en caso de que tengamos constancia de una agresión discriminatoria, lo que ya se hace en otros tipos de crímenes (xenofobia, por ejemplo). Las organizaciones que defendemos los derechos de las personas LGTBI nos sentimos muy desamparadas en el trato con aquellos que tienen que cuidar de que no se vulneren nuestros derechos y que se proteja nuestra seguridad», ha añadido Abad.

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Las muertes se suman a la del misionero español en Burkina Faso

En el año 2018, fueron asesinados 40 misioneros en todo el mundo, casi el doble que en 2017

El misionero español Antonio César Fernández ha muerto este viernes en Burkina Faso tiroteado por terroristas del grupo radical islamista Boko Haram, según ha informado la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora.

“El trágico suceso se produjo pasadas las 15:00 horas tras recibir tres disparos durante un ataque yihadista perpetrado a 40 kilómetros de la frontera sur de Burkina Faso”.

“El salesiano regresaba a su comunidad en Uagadugú junto a otros dos religiosos que pudieron sobrevivir al asalto, tras celebrar en Lomé (Togo), la primera sesión del Capítulo Inspectorial de la Inspectoría Salesiana de África Occidental Francófona (AFO)”, ha explicado la congregación.

El atentado tuvo lugar cuando un grupo de yihadistas atacó contra el puesto de aduanas de la localidad de Nohao. En el ataque fueron asesinados también cinco funcionarios burkineses.

Antonio César Fernández, nacido en Pozoblanco el 7 de julio de 1946, fue misionero en diversos países de África desde 1982, siendo fundador en dicho año de la presencia salesiana en Togo, siendo su primer destino, informa el medio local Cordópolis.

A lo largo de su trayectoria trabajó como maestro de novicios (1988 – 1998) y ejerció, entre otras funciones, como delegado de la AFO en el Capítulo General 25 (2002). En la actualidad ejercía su ministerio en Burkina Faso. Tenía 72 años de edad y había cumplido los 55 de salesiano y los 46 de sacerdote.

“Este ataque se enmarca dentro de la ola de violencia que asola Burkina Faso desde 2015, en un contexto que ha vivido un recrudecimiento de la amenaza terrorista en las últimas semanas tras la celebración de la V Conferencia de jefes de Estado del G5 del Sahel, en la que este país asumió la presidencia rotatoria”, explican en su información los salesianos.

Un sacerdote fue asesinado en la ciudad de Bogotá, Colombia en una situación no aclarada por las autoridades y otro en Madagascar, en una situación de robo, a 30 kilómetros de la capital.

La Iglesia Católica ha mostrado una postura firme ante la muerte del P. Nicolás Ratodisoa, víctima de un brutal ataque el 9 de febrero y fallecido el 14 de febrero como consecuencia de las heridas sufridas.

Asesinato en Madagascar

Su Exc. Mons. Odon Marie Arsène Razanakolona, arzobispo de Antananarivo, anunció que presentará una declaración contra la muerte del sacerdote que trabajaba en el centro de formación de Soanavela. Según Don Ludovic Rabenatoandro, Vicario General de la Arquidiócesis de Antananarivo, quien reportó el testimonio dado por el P. Nicolás unos días antes de su muerte: alrededor de las 6:30 p.m. del 9 de febrero, mientras viajaba en su motocicleta, fue detenido por unos bandoleros en el camino a Mahitsy, un pueblo rural ubicado a sólo 30 km de la capital.

Según informaciones, el P. Nicolás volvía al centro de Soanavela después de llevar la Eucaristía a un enfermo. Los criminales, después de extorsionar al sacerdote con el dinero, le dispararon por la espalda. Una vez en el suelo, lo pisaron y lo patearon. Antes de partir, los bandidos le dispararon por segunda vez, dándole en la columna vertebral. Una segunda persona fue asesinada en una emboscada callejera.

Retrasos en la asistencia a las fuerzas del orden

Odon Razanakolona acusó a la policía de ineficiencia y complicidad, afirmando que algunos policías están confabulados con delincuentes, a quienes alquilan sus armas. En el caso de la emboscada en la que fue asesinado el P. Nicolás de Mahitshi, el Arzobispo señala que la gendarmería nacional de la ciudad no respondió a la petición de ayuda de la población, llegando al lugar de la emboscada con un retraso considerable.

La población de Mahitsy ya se había quejado de la falta de respuesta de la policía durante otros ataques en los alrededores de su ciudad.

La Comisión Episcopal de Justicia y Paz también ha instado a la policía a tomar medidas para combatir eficazmente la creciente inseguridad en el país. Ocho personas ya han sido detenidas en relación con el asesinato del P. Kentenich. El Secretario de la Gendarmería Nacional ha retirado de su puesto al jefe de la Gendarmería de Mahitsy, mientras que algunos gendarmes de la zona están siendo investigados. (Fides)

Asesinan a sacerdote en Colombia

El jueves 18 de febrero fue asesinado el P. Carlos Ernesto Jaramillo Vega en su departamento en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Según la prensa local el asesino sería un menor de edad de 16 años de origen venezolano, que fue detenido y enviado en custodia al Instituto de Bienestar Familiar. Hasta el momento las autoridades no han determinado el motivo del crimen.

En el año 2018, fueron asesinados 40 misioneros en todo el mundo, casi el doble que en 2017. La mayor parte de las víctimas, perdieron su vida en África. En el continente americano, murieron asesinados 12 sacerdotes; uno en Europa y 3 en Asia.

Fuente Vatican News, vía Religión Digital

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El pasado miércoles 16 de enero fue por fin detenido el sospechoso del brutal asesinato del activista valenciano Fernando Lumbreras, uno de los fundadores del colectivo Lambda. Se trata de un joven de 23 años, natural de Georgia, que habría acudido al domicilio de Lumbreras con la excusa de mantener un encuentro sexual pero con la intención de robarle. El testimonio de un vecino ha resultado clave para la detención.

Aunque fue el 5 de diciembre de 2018 cuando se descubrió el cuerpo sin vida de Fernando Lumbreras (en su momento dimos cuenta de la noticia), el asesinato se produjo dos días antes, el lunes 3. Ese día un vecino vio entrar en el portal al presunto asesino pasadas las nueve de la noche. Un testimonio que ha resultado clave para la detención del georgiano, de 23 años de edad y con antecedentes, que desde hace aproximadamente un año residía en alquiler en un domicilio cercano. Según asegura el diario Levante, el vecino reparó en él porque no lo conocía, y además escuchó la voz de Lumbreras cuando este le abrió la puerta.

La hipótesis que desde un principio ha manejado la policía es que el joven acudió a casa de Lumbreras con la excusa de un encuentro sexual pero que en realidad su intención era la de robarle. De hecho, se rastrearán casos similares por si el sospechoso hubiera robado con anterioridad a otros a hombres utilizando la misma táctica. Una situación cuya frecuencia real se desconoce, ya que en muchos casos ni siquiera se presenta denuncia por pudor o vergüenza.

Un activista valiente

Fernando Lumbreras fue uno de los fundadores de Lambda, uno de los colectivos LGTB más importantes de nuestro país. Nacido en Melilla, de padre legionario, Lumbreras acabó ganándose su respeto, «porque entendió que nadie me iba a hacer agachar la cabeza por la calle». Así lo cuenta en el siguiente vídeo documental, realizado por Crudo Producciones, un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, que entrevistaron al activista hace unos meses. Os dejamos con él:

Fuente Dosmanzanas

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26 sacerdotes han sido asesinados en seis años, denuncia el Centro Católico Multimedial

“Sigue siendo el país más peligroso para ejercer el sacerdocio, a pesar de que su población es católica”, lamenta el padre Omar Sotelo

(Cameron Doody).- México “sigue siendo el país más peligroso para ejercer el sacerdocio, a pesar de que su población es mayoritariamente católica”. Es la advertencia del director del Centro Católico Multimedial (CCM), el padre Omar Sotelo, quien ha lamentado que el sexenio de Enrique Peña Nieto “fue el más desastroso y trágico para el sacerdocio mexicano” en el 26 curas perdieron la vida de forma violenta. “Una cifra altísima, nunca antes vista” -o al menos desde la Guerra Cristera- “y muy por encima de lo que había sido el promedio en estos casos”, ha lamentado Sotelo.

“El incremento de los asesinatos coincide justamente con el inicio de la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón y continuó Peña Nieto, una guerra para la que no estaban preparadas nuestras instituciones, las cuales incluso se vieron infiltradas por el crimen organizado“, ha explicado el religioso en una entrevista con Proceso. El religioso paulino no ha dudado a la hora de explicar por qué se está matando tantos curas en el país americano: “Porque el sacerdote es una especie de estabilizador social; en su parroquia se brindan no sólo auxilios espirituales, sino también educativos, de salud, de derechos humanos y de atención a migrantes. El crimen organizado sabe bien que al matar a un sacerdote provoca desestabilización social en la comunidad, sembrando así el miedo para poder actuar a su antojo”.

“No es ninguna coincidencia que tanto sacerdotes como periodistas, dos entes que generan opinión pública, estén siendo blanco del crimen organizado”, ha continuado Sotelo, quien acaba de presentar desde el CCM un nuevo informesobre la violencia que sufre el clero en el país. “Hay una razón detrás de estos crímenes. Y aquí el mensaje que se manda es muy claro: ‘Si puedo matar a un cura puedo matar a quien sea’“, ha denunciado el sacerdote.

Ni incluso puede decirse que los curas sean víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico. Más bien, el crimen organizado va directamente a por ellos. “Los están matando por ser sacerdotes”, ha señalado el padre Sotelo. “Estamos ante un clericidio, no se le puede llamar de otra forma. Pero además estos crímenes se ejecutan con una saña tremenda: primero secuestran a los sacerdotes, luego los someten a fuertes torturas y finalmente los matan”.

Y otra forma de violencia que sufren los sacerdotes, ha advertido también el director del CCM, es la difamación, “cuyo objetivo es criminalizar al sacerdote, acusándolo de pederasta, de disoluto o de estar coludido con el narco”. Y he aquí la razón por la que “ninguno” de los atentados contra curas en años recientes ha terminado depurándose en los tribunales. “Para las autoridades que investigan los casos esto representa una salida muy fácil y terminan diciendo: ‘Lo mataron porque se lo buscó’“, ha explicado Sotelo. “Así le dan carpetazo al asunto y los crímenes quedan en la impunidad”.

“¡Caray! A 25 años de distancia todavía no se resuelve el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Ni siquiera hay un solo detenido por el caso. ¿Qué se puede esperar entonces de los casos de sacerdotes asesinados?”, ha ironizado el director del CCM.

La Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial presenta el informe Sexenal sobre la violencia y agresión contra sacerdotes y ministros de la Iglesia Católica en México. Sexenio 2012- 2018 https://t.co/1YfOMrUxma

— Centro Católico M (@CCMultimedial) 16 de diciembre de 2018

“Dudo mucho que el asalto a la casa del cardenal Rivera haya sido un robo frustrado”

Además de los 26 asesinatos de curas que se han producido en México desde 2012, el nuevo informe del CCM también recoge el asalto a la casa del cardenal Norberto Rivera el pasado 21 de octubre en el murió un escolta del ahora primado emérito. “Dudo mucho que haya sido un robo frustrado”, ha comentado Sotelo acerca de esta versión oficial de los hechos. “Fue una incursión armada en pleno día y sabiendo que Norberto Rivera y sus guardias estaban en la casa. Los atacantes entraron disparando. Los ladrones no operan de esa manera… Sospecho que hay cosas más de fondo que deben investigarse”.

Pero si así fuera el caso, y el robo fuera en realidad un atentado contra la vida del purpurado, tampoco sería el único prelado mexicano en sufrir los amagos de delincuentes. “Hoy sabemos de varios obispos amenazados de muerte, como Raúl Vera, Salvador Rangel, Ramón Castro, Maximino Martínez, Miguel Patiño y Juan Sandoval Íñiguez, entre otros”, ha explicado el padre Sotelo, quien tampoco ha pasado por alto la otra cara de la violencia contra la Iglesia mexicana: los robos de parroquias.

“Lamentablemente, los ataques y los robos a los templos se han incrementado, incluso ya empiezan a ser sistemáticos a pesar de los protocolos de seguridad”, ha apuntado en este sentido el director del CCM. “Los fieles son asaltados en plena misa y es común el robo de arte sacro. Se roban las custodias, los vasos sagrados y otros objetos de liturgia. La cosa es tan grave que, en el sexenio que terminó, cada semana hubo un promedio de 26 robos o ataques a los templos”. Es un fenómeno que el padre Sotelo tampoco cree que vaya camino a solucionar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“López Obrador prometió en su campaña regresar al Ejército a sus cuarteles. Pero hoy en el gobierno sus acciones se encaminan hacia la misma militarización que nos causa tantos estragos”, ha lamentado el padre Sotelo. El nuevo mandatario “prometió una cosa y empieza a hacer lo contrario. Pero es muy pronto para hacerle señalamientos, su gobierno apenas empieza. Ya veremos qué pasa”.

Fuente Religión Digital

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Un jurado popular ha absuelto al único acusado de la muerte de Lorena Reyes, al no considerar probado que él fuera el autor pese a que ni Fiscalía ni acusación particular tenían dudas al respecto. Lorena falleció en Santa Cruz de Tenerife en octubre de 2016 al caer al vacío huyendo de su agresor.

Recordamos la noticia, tal y como la recogimos en su momento: Lorena Reyes, de origen sudamericano, tenía 32 años y ejercía el trabajo sexual. Se precipitó al vacío mientras huía de un supuesto cliente, que la había golpeado y agredido con arma blanca en una mano. Lorena intentó saltar a un balcón adyacente mientras gritaba «socorro, socorro, me van a matar». Pudo mantenerse agarrada durante unos minutos, pero acabó cayendo al patio interior del edificio. En estado crítico, consiguió ser estabilizada por los servicios de urgencia, pero falleció en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria poco después de su ingreso. Según se difundió entonces, el presunto agresor se presentó horas después en comisaría, aunque negó ser el autor de la muerte. Respecto a las circunstancias que precedieron a la agresión apenas trascendió información, más allá de que los investigadores hallaron en la vivienda cocaína y de que también se encontraba en ella otra compañera de piso.

El tratamiento de la muerte de Lorena, por otra parte, desencadenó entonces una especial indignación entre los colectivos LGTB y trans, dado que diversos medios se refirieron a ella como «hombre» y como «travesti».

Caso dos años después de aquellos terribles hechos ha tenido lugar el juicio, que ha permitido conocer más detalles, aunque las versiones de lo sucedido difieren y entre los testigos (la compañera de piso y los vecinos) ha habido contradicciones. Lo cierto es que en el brazo de Lorena se encontró una cuchillada de 18 centímetros, que según los peritos era compatible con un arma blanca encontrada en el coche del acusado (en la que no había restos de sangre, si bien destacaba la limpieza que presentaba frente a la suciedad del resto del vehículo). También es indiscutible que el acusado estuvo en el piso (de hecho dejó allí objetos personales) y que mantuvo una discusión con la víctima, sin que haya quedado resuelto el papel que el consumo de cocaína pudo jugar. Sea como sea, parece que en efecto el acusado llegó a salir del piso antes de los hechos, pero tanto acusación particular como Fiscalía defienden que volvió a entrar y provocó la agresión que desembocó en la muerte de Lorena. Algo que él niega, asegurando que ya no se encontraba en la vivienda.

Fiscalía y acusación solicitaban por ello 14 años de prisión para el acusado, así como el pago de una indemnización a los herederos de la víctima de 120.000 euros. Sin embargo, el jurado ha dado la razón a la defensa, que solicitaba la libre absolución, al considerar que pese a todo no hay pruebas suficientes de que el acusado volviese a entrar en el piso y forzase a Lorena a huir por la ventana.

Así queda por el momento la situación, a la espera de los posibles recursos: Lorena fallecida; el único acusado de su muerte absuelto, y sin que ninguna otra hipótesis sea capaz de explicar lo que sucedió «a no ser que haya aparecido algún fantasma», según expresaba la acusación. Estaremos atentos a posibles novedades.

Fuente Dosmanzanas

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Dos de los acusados por la muerte del joven antifascista francés Clément Méric han sido condenados a penas de 11 y 7 años de cárcel, mientras que el tercero ha quedado en libertad sin cargos. El hecho tuvo lugar en junio de 2013 en París, en un ambiente social enrarecido por la fuerte campaña homófoba durante la aprobación del matrimonio igualitario. Un enfrentamiento entre antifascistas y un grupo de skinheads concluyó en una reyerta en la que Clément Méric fue golpeado hasta morir por Esteban Morillo, un joven nacido en Cádiz miembro de las ultraderechistas Juventudes Nacionalistas Revolucionarias, que empuñó un puño americano facilitado por el otro condenado, Samuel Dufour. Los abogados de ambos han comunicado que presentarán el correspondiente recurso.

Durante el período de aprobación legislativa del matrimonio igualitario en Francia, las calles se llenaron de opositores a la igualdad de derechos de las personas LGTB convocados por el movimiento Manif pour tous. Para conseguir su objetivo de agrupar al mayor número de manifestantes posible, no dudaron en aliarse con miembros de la extrema derecha, que incendiaron el ambiente social francés durante meses.

Clément Méric, un joven de 18 años, estudiante de Ciencias Políticas y perteneciente a la agrupación Acción Antifascista, había participado activamente en las manifestaciones contra la discriminación, que proliferaban también en respuesta a la intensa homofobia diseminada por los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el encuentro entre los grupos de jóvenes antifascistas y skinheads fue fortuito.

Esteban Morillo

Según la sentencia, ambos grupos coincidieron en un mercadillo donde se saldaba ropa de determinada marca y empezaron a interpelarse. Pero algunos de los cabecillas ultraderechistas decidieron iniciar las agresiones físicas, y se dirigieron hacia Clément Méric. Según las pruebas, Samuel Dufour llevaba consigo un puño americano, considerado un arma blanca, que prestó a su compañero Esteban Morillo para que golpease al joven Clément. La desproporción del ataque se evidencia al saber que el activista antifascista se estaba recuperando de una leucemia, por lo que, su aspecto lo dejaba claro, no suponía ninguna amenaza. Morillo ha confesado durante el proceso que fue él quien asestó el golpe que hizo que Clément cayera al suelo, aunque sigue negando la utilización del puño americano. La autopsia, no obstante, reveló que los golpes mortales fueron asestados precisamente con esta arma.

Samuel Dufour

Por la voluntad de querer hacer el mayor daño posible y utilizar para ello un arma es por lo que Esteban Morillo ha sido condenado a 11 años de prisión. Samuel Dufour, por su parte, ha sido sancionado con 7 años de cárcel por posesión de un arma blanca y participación en la agresión. Un tercer detenido, Alexandre Eyraud, ha sido absuelto, pues no se ha podido probar que agrediera físicamente a nadie. Esteban Morillo y Samuel Dufour, que cuentan en la actualidad con 25 años de edad, han comunicado a través de sus abogados que presentarán apelación contra la condena, que creen excesiva, sobre todo porque no creen que se haya probado debidamente la utilización del arma blanca. Ambos, a instancias del presidente del tribunal, han expresado su arrepentimiento por los hechos y se han disculpado ante la familia de Clément Méric. Morillo, de nacionalidad francesa aunque nacido en Cádiz, ha llegado a afirmar que «todas las noches pienso en ello y desearía que me hubiera pasado a mí en vez de a él».

Violencia en un ambiente de fuerte homofobia

Dado el ambiente enrarecido que se respiraba en Francia en aquella época, causado por los opositores al matrimonio igualitario, son muchos los que señalaron a estos con dedo acusador como responsables de la agresión del joven Clément Méric. El industrial y activista a favor de los derechos LGTB Pierre Bergé, pareja del conocido diseñador Yves Saint Laurent, expresó públicamente lo que parecía ser un sentir compartido por muchos: «estos inconscientes de la ‘Manif pour tous’ son los que han preparado el terreno. Asociándose con la extrema derecha les han permitido existir», o «la ‘Manif pour tous’ ha aceptado en sus filas a esos fascistas que han matado a Clément. Son ellos quienes deben reflexionar». Tampoco dudó en poner un nombre propio a los responsables: «la inmunda Frigide Barjot había prometido sangre, ahí tenéis a quien salpica a la democracia y a la República», refiriéndose a la tristemente famosa amenaza «si Hollande quiere sangre, la tendrá» que la cómica y responsable del movimiento homófobo Manif pour tous profirió cuando el Senado aprobó la ley de matrimonio igualitario.

En la misma línea se expresó la ensayista Caroline Fourest, quien consideró que «con la ‘Manif pour tous’ estos grupos se han sentido arropados y difundidos». Act-Up Paris, la conocida asociación de lucha contra el sida, también puso nombres: «Frigide Barjot hizo un llamamiento a la sangre, Christine Boutin prometió guerra. Ambas fueron escuchadas. Esta es la consecuencia de meses de discursos de incitación al odio, legitimados por la derecha y difundidos por los medios de comunicación».

Fuente Dosmanzanas

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Se llamaba Vanesa Campos y tenía 36 años. Mujer trans, ejercía el trabajo sexual en la noche del 16 al 17 de agosto en el Bosque de Bolonia de París cuando murió asesinada por varios individuos que se dieron a la fuga. Vanesa se enfrentó a la banda, que al parecer buscaba asaltar a uno de sus clientes, cuando estos la golpearon y la dispararon en el pecho.

Los asesinatos de mujeres trans trabajadoras del sexo son una auténtica epidemia en países de América Latina. Basta repasar la lista de asesinatos de personas trans en el mundo que recopila Transgender Europe, un recuento que aunque incompleto (se basa, en la mayoría de los países, en datos parciales) dibuja un panorama desolador. Pero Europa no se libra de la sangría. El último episodio que hemos conocido ha ocurrido en la capital francesa, donde Vanesa Campos, de 36 años y origen peruano, fue asesinada por un grupo de individuos que pretendía asaltar a uno de sus clientes. Armados con cuchillos, palos y al menos una pistola, golpearon a la chica, aunque fue un disparo en el pecho la que le causó la muerte. Se trata, según parece, de un banda organizada que con frecuencia asalta a las trabajadoras del sexo y a sus clientes en los lugares más recónditos del Bosque de Bolonia, un parque de París en el que se ejerce habitualmente la prostitución.

El asesinato de Vanesa Campos, que llegó a París hace dos años en busca de una vida mejor, ha sembrado la consternación en el colectivo de trabajadoras del sexo, cuyo sindicato STRASS (Syndicat du Travail Sexuel) emitía un duro comunicado al respecto. «Hoy lloramos esta pérdida y nos sentimos, como de costumbre, abandonadas. Los asesinatos de trabajadoras sexuales trans no son en absoluto raros. Es un fenómeno recurrente, del que regularmente alertamos a la opinión pública y las autoridades. Desafortunadamente, como siempre, nos encontramos solas», expresan desde la organización que agrupa a las trabajadoras del sexo.

«¿Por qué la vida de las trabajadoras sexuales migrantes trans importa tan poco? ¿Por qué nuestras muertes son tratadas solo como sucesos? ¿Por qué los periodistas son tan ignorantes o irrespetuosos como para hacer titulares sobre la muerte de ‘un travesti prostituido’ y continúan equivocando nuestro género incluso en la muerte? ¿La vida de una puta no importa?», añade el comunicado. «Tenemos la extraña impresión de que nuestras muertes no despiertan ninguna emoción. Para nosotras, nunca hay duelo nacional. Nunca hay una conmemoración oficial. La clase política permanece en silencio. Una vez que los artículos de prensa sensacionalista desaparecen, regresamos al silencio, y volvemos a trabajar con miedo, esperando que quizá seamos la próxima. Nuestas muertes están normalizadas. Una puta que muere es un poco como un personaje de vídeojuego al que se mata, no importa. Es un poco como una broma sexista, nos reímos y seguimos adelante», continúa.

«’No eres una verdadera mujer’. Entendemos lo que significa, que no somos parte de esa humanidad normal que tiene derecho a que se respete su vida. Nos tratan como una subespecie, que pueden aplastar como un insecto, hasta el punto que la Policía, a la que se paga para proteger a los ciudadanos comunes, nos acosa a diario, nos multa y raja nuestras tiendas, nos llama ‘señor’ para humillarnos y nos mantiene detenidas en celdas masculinas, donde los otros detenidos nos agreden», añade.

Un durísimo comunicado que denuncia, además de la insensibilidad ante la situación de las mujeres trans trabajadoras del sexo, el acoso que reciben por parte de la Policía. Una situación que denunciaban también muchas de las mujeres que, vestidas de blanco, acudieron a la concentración en recuerdo de Vanesa Campos que tuvo lugar este viernes 23 de agosto en el Bosque de Bolonia, y que reclamaban la derogación de la ley que desde 2016 castiga a los clientes de la prostitución con cuantiosas multas y que según los colectivos de trabajadoras sexuales únicamente ha servido para estigmatizarlas aún más y hacer su actividad clandestina, lo que las situa en una situación de mayor vulnerabilidad. Los colectivos abolicionistas de la prostitución, por su parte, consideran que precisamente es la pervivencia de esta la responsable de muertes como la de Vanesa. «La prostitución es violación y esclavitud, negarlo es facilitar el acto y balanizar el asesinato de Vanesa y de todas las demás», asegura por ejemplo en un comunicado Mouvement du Nid, que apoya la ley.

Vanesa, descansa en paz.

Fuente Dosmanzanas

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Espiritualidad Asesinatos, Sacerdotes

El estado con mayor número de víctimas fue Sao Paulo, el más poblado de Brasil, con 49 asesinatos, seguido de Bahía (32), Río de Janeiro (30) y Amazonas (28).

El colectivo integrado por personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queers y más (LGBTIQ+) ha visto vulnerados sus derechos en los últimos años en esta nación ante el incremento de la violencia por razones de orientación sexual, identidad y/o expresión de género. 

Según datos publicados por la Organización No Gubernamental Grupo Gay de Bahía (GGB), entre los años 2016 y 2017, el número de asesinato de miembros de la comunidad LGBTIQ+ se incrementó en 30 por ciento. De acuerdo a los casos registrados en un año se pasó de 343 a 445 muertes, lo que equivale a más de un caso por día.

Otro dato alarmante dado a conocer por GGB, es que en menos de 20 años se ha cuatriplicado el número de caso, ya que en el año 2000 se reportaron 130 asesinatos.

El Grupo Gay de Bahía denuncia la falta de estadísticas oficiales que puedan orientar políticas públicas para frenar la violencia homofóbica. Sus estudios los realizan a partir de noticias publicadas en los medios de comunicación y en las redes sociales, así como de las informaciones que suministran otras organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo a la segmentación realizada por esta ONG, el 44,6 % de las víctimas del año 2017 fueron gays; el 43,9 % transgénero (un segmento que en 2016 era el 37 %); el 9,7 % lesbianas y el 1,3 % bisexuales. Entre tanto, reportes periodísticos informan que en actualmente en Brasil las expectativas de vida de una persona trans es de 35 años.

Brasil, donde existe una comunidad LGBTIQ estimada en 20 millones de habitantes, lidera el ranking en América de ser el país donde más se producen asesinatos contra miembros de este colectivo.

Brasil: 277 personas LGTB asesinadas entre enero y septiembre de 2017

La homosexualidad existe en Brasil incluso antes de la llegada de los europeos, siendo además el primer país de América en despenalizar los actos homosexuales. Sin embargo, los prejuicios y la discriminación parecen haber resurgido desde las últimas décadas del siglo XX.

Esta semana un nuevo caso de crimen de odio sacudió al gigante suramericano al confirmarse el asesinato de Matheus /a Passareli, estudiante de 21 años de edad, activista del colectivo LGBTI, quien se autopercibía como “no binario”, es decir, se identificaba tanto del género femenino como masculino. Según los primeros reportes policiales se presume que su asesinato fue motivado por la homofobia, una epidemia que se expande por Brasil.

En Brasil se producía uno de los asesinatos más terribles y desgarradores contra una persona transexual, Dandara dos Santos, de 42 años de edad, cuyos agresores han sido ya condenados.

Precisamente en marzo nos hacíamos eco del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Su lucha en contra de la militarización del estado de Río de Janeiro, impuesta por el gobierno del presidente Michel Temer, y su enérgica batalla a favor de los derechos de las clases más desposeídas fue silenciada por las balas que entraron al vehículo que la transportaba al salir de un evento pro feminista. Y aunque su condición de mujer bisexual quizá no fuese en este caso el factor determinante del asesinato, no puede dejar de tenerse en cuenta que Brasil sufre las consecuencias de una brutal LGTBfobia. Según datos del Grupo Gay de Bahía, entre enero y septiembre de 2017 un total de 277 personas LGTBQ fueron víctimas de homicidio en ese país, la cifra más alta desde que este colectivo comenzó hace ya más de tres décadas a hacer este recuento.

Un deterioro al que también nos hemos referido en fechas recientes al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que prohibía desde hace años las “terapias” reparadoras de la homosexualidad.

No debe perderse de vista el papel que la pujanza de los grupos evangélicos está jugando. A finales de 2016, en las mismas elecciones en las que Marielle Franco conseguía su acta de concejal de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en las elecciones que tendrán lugar en octubre de este año. Unas elecciones que tienen lugar, recordemos, después de un periodo de profunda regresión política tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer, vinculado a varios casos de corrupción.

Sin embargo, miles de personas se manifestaban en septiembre del pasado año en Sao Paulo contra la sentencia del juez Waldemar Claudio de Carvalho, mediante la que autoriza la aplicación de terapias de conversión, siempre que se realicen de manera privada y reservada y sin hacer publicidad de ellas.

«Es un discurso que destruye la solidaridad e iguala a las personas LGBT con los animales (…). Los programas de televisión vinculados a iglesias evangélicas a menudo comparan la homosexualidad con el diablo», afirma Luiz Mott, antropólogo y presidente del Grupo Gay de Bahia, convencido de que el incremento de la violencia hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, se debe en gran medida la influencia de los políticos ultraconservadores, vinculados en su mayor parte al caucus evangélico del país. «En la última década, Brasil buscó producir políticas que pudieran proteger a grupos vulnerables como gays y personas trans, pero fracasaron en su mayoría, debido a la falta de inversión o cambio en la visión de la política», declara Jurema Werneck, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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