Tras conocerse la presentación de una moción de censura para desplazar al PP de Gobierno de Murcia, el líder regional de los socialistas, Diego Conesa, destacaba que el mal llamado «PIN parental», al que también se oponían desde Ciudadanos, había sido una de las claves del movimiento, junto a la «falta de transparencia en la gestión» y la «corrupción del escándalo de las vacunas». Las maniobras posteriores del PP, que se ha asegurado el apoyo de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos a cambio de incorporarlos al Gobierno regional, han dado al traste con el intento de desplazar a los populares del Gobierno regional y anular la influencia de Vox. 

La Región de Murcia se despertaba la mañana del pasado miércoles con el registro de una moción de censura del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y Ciudadanos contra el popular Fernando López Miras, que desde las elecciones de 2018 gobernaba en coalición con el propio Ciudadanos con apoyo externo de Vox, la formación de extrema derecha. El motivo era la tensión creciente en el seno del gobierno entre populares y naranjas, motivado por el reciente escándalo de la vacunación contra la covid-19 de la cúpula de Sanidad (así como del concejal Felipe Coello, ya dimitido, en el Ayuntamiento de Murcia), las denuncias cruzadas en el consistorio de la capital entre los populares y el concejal de Ciudadanos Mario Gómez con acusaciones de espionaje y corrupción de por medio y, finalmente, el nuevo acercamiento del PP a la extrema derecha de Vox en materia educativa que, como adelantábamos en febrero, supondrá previsiblemente la reintroducción del la censura parental en las aulas a cambio de su voto favorable a los Presupuestos autonómicos de 2021. Un acuerdo entre PP y Vox que se confirmaba días después.

Pese a que todas eran cuestiones de peso para la formación naranja, el partido Ciudadanos se había opuesto a volver a implantar la medida estrella de la extrema derecha en las aulas. Un giro significativo, dado que aunque el partido naranja siempre se había sentido incómodo con la medida, en la práctica la había tolerado. Es necesario recordar, de hecho, que hasta que la justicia la suspendió cautelarmente la medida llegó a estar vigente en la región mientras la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, también ejercía como vicepresidenta única de la comunidad autónoma. Franco es, precisamente, una de las tres tránsfugas de Ciudadanos que finalmente han dado al traste con la posibilidad de cambio al frente del Gobierno de Murcia.

El que más rotundamente indicó que el retorno de la censura parental a la Región de Murcia supuso un acelerador del intento de moción de censura fue el líder de los socialistas en la Región de Murcia, Diego Conesa. El secretario general de los socialistas murcianos manifestaba la mañana del 10 de marzo en el programa de televisión Al Rojo Vivo que «el PP es un juguete roto en manos de la ultraderecha. Queriendo de nuevo reavivar los fantasmas de la censura educativa con el pin parental han acelerado este proceso y esta toma de decisiones».

En cualquier caso, el Gobierno central ya ha anunciado que volverá a recurrir la censura parental denunciando ante los tribunales a todas las comunidades autónomas que la apliquen, sean la Región de Murcia, Andalucía o Madrid, otras dos comunidades en las que Vox, desde su posición de fuerza en los parlamentos regionales, exige la aplicación de la medida (hasta ahora este recurso solo había sido necesario en Murcia). Además, según informa Fuensanta Carreres en el diario La Verdad de Murcia, la censura parental quedará sin efectividad tras la aplicación en el currículo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, también conocida como «Ley Celaá»). Sin embargo, en la Región de Murcia al menos modificaría la naturaleza de las charlas que históricamente venía impartiendo el colectivo No Te Prives, ya que los contenidos de educación afectivo-sexual pasarían a ser impartidos por los profesores y no por los profesionales de la asociación.

Moción de censura condenada al fracaso

Por lo que se refiere a la moción de censura contra López Miras, está queda condenada al fracaso tras la maniobra del PP asegurándose el apoyo de tres tránsfugas de Ciudadanos, a los que a cambio incorpora al Gobierno (dos son nuevos consejeros, la tercera es Isabel Franco, que sigue como vicepresidenta). Los naranjas perderán así, muy probablemente para siempre, la posibilidad de presidir por primera vez una comunidad autónoma (la candidata era la hasta pocos días consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal). Habrá que ver qué pasa, eso sí, con los municipios que entraban también en el pacto inicial entre el PSRM y Ciudadanos, y donde los naranjas han gobernado hasta ahora con el PP habiendo sido los socialistas la opción más votada en las pasadas elecciones: Murcia, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, que pasarían a ser regidos por los socialistas.

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Más allá de los exabruptos, las salidas de tono y las declaraciones en medios y redes sociales, la extrema derecha comienza a imponer su agenda de odio en aquellos territorios en los que sus acuerdos con PP y Ciudadanos fuerzan a estos a asumir sus postulados. La primera parada, Murcia, donde la Consejería de Educación acaba de advertir a los colegios de la región que los alumnos deberán contar con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. 

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril del año pasado, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. «Es importante inculcar a nuestros alumnos principios que favorezcan la no discriminación y el respeto a la diversidad», declaraba entonces la consejera de Educación. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del autodenominado «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello).  La medida, sin embargo, no se llegó a implementar formalmente.

Tras las pasadas elecciones autonómicas, se produjo un vuelco: el PSOE pasó a ser el partido más votado, pero el PP consiguió acordar con Ciudadanos y Vox mantenerse en el poder. La mayoría parlamentaria de los tres partidos dio el gobierno a una coalición de PP con Ciudadanos, partido que prefirió esta opción a la de conformar una mayoría alternativa con el PSOE. Un acuerdo que, al igual que sucedió en la Comunidad de Madrid, se hizo de forma teatralizada y después de que la extrema derecha amagara con no dar su apoyo a PP y Ciudadanos si no se derogaba la ley regional contra la discriminación de las personas LGTBI. Finalmente Vox obtuvo el compromiso del PP de que atendería sus demandas, pese a que no se produjese una derogación formal de la ley. Bastaba con convertirla en papel mojado…

Este 29 de agosto la maniobra se ha, por fin, materializado. En una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación, al frente de la cual se sitúa ahora María Esperanza Moreno, se ordena que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria deben ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos deben dar su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta, después de la exigencia de Vox, que el objeto de la orden no es otra que desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

La decisión del Gobierno murciano ha encontrado rápida respuesta en el diputado socialista en la Asamblea regional Emilio Ivars, que en un hilo de Twitter ha destacado que la resolución contraviene el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. «No nos quedaremos quietos», ha advertido el diputado socialista:

Hola @RmEsperanza Creo que ayer tu Secretaria General metió la pata con las instrucciones de inicio de curso. (Abro hilo) pic.twitter.com/wWvxTVE1l4

— Emilio Ivars /❤️ (@eivars) 3 de septiembre de 2019

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

La decisión resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Insistimos, como venimos haciendo desde que el pasado mes de diciembre Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: El problema no es tanto el programa concreto de Vox (que obviamente no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para aferrarse al poder en Madrid o en Murcia, han acabado por completar un escenario que no es precisamente halagüeño para los derechos LGTBI. Y ya empezamos a sufrirlo.

Fuente Dosmanzanas

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No solo ha sucedido en Madrid. Vox, la formación de extrema derecha, ha endurecido también en la Región de Murcia sus condiciones para trasladar al Gobierno regional la alianza con PP y Ciudadanos que ha permitido a estos hacerse, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid. Entre otras medidas reaccionarias, Vox exige en Murcia hacer explícito el compromiso de derogar la ley contra la discriminación de las personas LGTBI que fue aprobada por la Asamblea Regional en 2016. Eso sí, a diferencia de Madrid, donde Vox pide una derogación parcial, en Murcia los ultras piden la derogación total.

El documento hecho público por Vox en Murcia comienza exigiendo «una negociación visible, transparente y simultanea de los tres partidos, incluyendo a Vox, si es que solicitan nuestro apoyo para la investidura». para luego pasar a detallar sus condiciones, de forma más detallada que en el documento madrileño. Entre estas, la «instauración del PIN parental y de la autorización expresa de los padres para cualquier actividad relacionada con contenidos éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales», así como «la derogación de la ley autonómica de 8/2016 de 27 de Mayo de igualdad social LGTBI, por vulnerar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de libertad de educación, de expresión y de comunicación, entre otros».

Habrá que esperar a ver qué sucede finalmente. Por lo pronto, Ciudadanos ha hecho público su rechazo a aceptar las condiciones plasmadas en el documento de Vox. Por lo que se refiere al PP, este no se ha pronunciado expresamente sobre el retroceso exigido en materia LGTB (como sí hizo la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se mostró dispuesta a valorarlo). En cualquier caso, el entendimiento entre PP y Vox en Murcia parece más sencillo, dado que los populares murcianos ya han cedido a Vox varias concejalías en Puerto Lumbreras, Ceutí y Fuente Álamo para «engrasar» el pacto.

Como ya comentamos en el caso madrileño, habrá que ver si Vox mantiene su pulso o todo obedece a la enésima «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose finalmente con una reedición de la alianza de facto entre las fuerzas de derecha. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con el PSOE, formación con la que en la Región de Murcia reúne mayoría absoluta, dejando a la extrema derecha fuera de juego (en el caso de Madrid sería necesario además el concurso de Más Madrid). Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses respecto al PSOE.

También en Murcia estaremos muy atentos a lo que suceda.

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