Es una auténtica Hija de Fruta, como le gusta decir a ella… y nos preguntamos dónde están ahora los niñatos ( del arrastrado de Javier Maroto ya no nos extraña nada…) de #YoSoyGayydelPP .

El PP saca adelante las modificaciones legales que merman derechos del colectivo con la oposición de Más Madrid y PSOE y el apoyo de Vox

 Tras aprobarse los presupuestos para 2024, laAsamblea de Madrid ha tramitado la votación de las reformas de las leyes trans y LGTBI, con las que el Gobierno de Ayuso modifica las normas aprobadas en 2016 y que suponen el primer retroceso en derechos para el colectivo. La ley se ha tramitado por la vía de urgencia con el objetivo de que se aprobase lo antes posible.

En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha– que este viernes ha apoyado ambas modificaciones legales.

En la ley trans, se elimina el concepto identidad de género, se marca que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicita que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminan los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

En el artículo 23 de la ley de 2016, aprobada con consenso incluso con los votos del PP, se especifica que debe respetarse “la imagen física del alumnado trans” y de la “libre elección de su indumentaria”. El PP ha añadido una condición que trata de ponerle fin: “sin menoscabo del debido respeto al resto de alumnos y las normas del centro educativo”. La norma que pasa este vienes a mejor vida recogía el derecho de las personas trans “las instalaciones” de los centros educativos “de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios”. Con la modificación del PP se reescribe: “si realizan actividades diferenciadas por sexo, se garantizarán las necesidades del alumno transexual, sin menoscabo de los derechos y la intimidad de los demás alumnos, especialmente de las chicas” y deja en manos de la dirección del centro el uso de las instalaciones.

La proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans.

En el caso de la ley ante la LGTBIfobia se retocan aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma es el ámbito educativo, que concentra cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que ataja el acoso escolar. En concreto, se elimina el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI sale de los currículos en los centros educativos. Tampoco medios de comunicación públicos, es decir Telemadrid y Onda Madrid, tendrán que contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual.

Ayuso ya lo avisó cuando fue investida presidenta el pasado mes de junio: una de sus primeras medidas en la nueva legislatura sería modificar las leyes trans y LGTBI autonómicas enmendando el mandato de Cristina Cifuentes, unas leyes que la propia Ayuso apoyó.

Indignación de los colectivos Lgtbi+ por la supresión de sus derechos en Madrid

La plataforma ‘Ni un paso atrás’, que agrupa a las entidades Lgtbiaq+ de Madrid, ha expresado su rechazo y su indignación por la reforma legislativa que ha aprobado este viernes la Asamblea de Madrid con los votos del PP y el apoyo de Vox, y que supone la derogación de las leyes Lgtbi y trans autonómicas de 2016.

En un comunicado, la plataforma ha calificado este día como “un día para la infamia” y ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de “consumar” el “retroceso en derechos” de las personas Lgtbi+ en la región. Según la plataforma, esta decisión es “sin precedentes” en la historia democrática de España y afecta a “una parte vulnerable de la población”.

La plataforma ha criticado que la reforma legislativa elimina la obligación de evaluar el impacto en diversidad de las normas autonómicas, el Consejo Lgtbi, el Centro de documentación y memoria histórica Lgtbi y la visibilidad de las personas Lgtbi y sus celebraciones. Además, ha denunciado que la reforma deja abierta la posibilidad de practicar terapias de aversión o reconversión, que son rechazadas por la comunidad científica y social.

Fuente Agencias/El Diario

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El PP de Madrid lleva a la práctica las ideas que la ultraderecha defendió en la última campaña y en sus pactos de gobierno, y reforma normas autonómicas para no “confundir” la protección de las personas LGTBI con “alguna ideología” o luchar contra la “imposición de doctrinas”

Marta Borraz

“Porque hay discriminación”. La presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, defendía así la ley contra la LGTBIfobia de la comunidad frente a la que después se convertiría en diputada de Vox, Carla Toscano. Era 2016, Madrid acababa de aprobar la norma, la extrema derecha no estaba en las instituciones y entonces era presidenta Cristina Cifuentes. Las cosas hoy son diferentes. Ayuso preside la comunidad y tras flirtear desde 2019 con la idea de reformar la ley para contentar a Vox, que se lo ha exigido reiteradamente, no ha sido hasta ahora, que cuenta con mayoría absoluta, cuando ha decidido iniciar el proceso.

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid acaba de registrar este viernes dos proposiciones de ley que previsiblemente se aprobarán antes de que termine el año y que modifican el paquete legislativo con el que desde 2016 cuenta la región: la conocida como ley trans y la de protección contra la LGTBIfobia. El trámite, iniciado por la vía de urgencia, ha indignado a la oposición y a los colectivos LGTBI, que se han agrupado en la plataforma Ni un paso atrás, y se concentraron este lunes (día 13 de noviembre) en la Puerta del Sol para denunciar lo que a su juicio es un “retroceso legislativo”.

El paso dado por el PP de Ayuso se convierte en el primero de los anunciados por las derechas en un contexto de aumento de poder autonómico y municipal que ha puesto al colectivo LGTBI en la diana. La diversidad tuvo un papel clave en los pactos de gobierno entre PP y Vox tras las elecciones y acabó cristalizando en cuestiones como la retirada de las banderas arcoíris de los edificios municipales por exigencia de la ultraderecha, los vetos a los símbolos o la promesa de derogación o reforma de las leyes autonómicas, además de en Madrid, en Aragón o Baleares, donde aún no han iniciado el proceso.

En otras comunidades, los populares compraron el veto parental, una de las medidas estrella de la extrema derecha destinada a impedir charlas LGTBI, feministas o de educación afectivo sexual en los centros educativos y que todavía no han amagado con implantar en ningún territorio. Todo ello revestido de la retórica habitual que ha ganado fuerza en los últimos años, con la que hay quienes equiparan el avance en derechos al “adoctrinamiento ideológico” de la sociedad, especialmente de las niñas, niños y adolescentes en las aulas.

En la Región de Murcia, donde más lejos ha llegado la implantación del veto parental, el Gobierno regional, en manos de PP y Vox, eliminó las siglas LGTBI de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en enero de este año, aunque el pacto no nombra (ni para bien ni para mal) a las personas LGTBI. En la Comunitat Valenciana, el punto 29 del acuerdo que hizo presidente con el apoyo de la ultraderecha al popular Carlos Mazón se comprometía a reforzar la inspección educativa para “sacar la ideología de las aulas y permitir que los padres elijan la educación de sus hijos”.

La retórica de la “ideologización”

Es este mismo el marco que replica la norma que está empezando a tramitar el PP madrileño para reformar la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. Así, la exposición de motivos asegura que la ley, aprobada hace siete años con la abstención de los populares, contenía elementos que “podían socavar la igualdad” o “confundir” la protección de algunas personas “con alguna ideología concreta que pudiera monopolizar el debate público, el académico, los medios, las artes, y se erigiera en una visión monopolística y excluyente”.

El texto califica de “excesos” algunos preceptos y afirma que la reforma “busca evitar” que la no discriminación “se convierta en un instrumento de ‘ingeniería social’ que confunda ciertas doctrinas de parte con los derechos fundamentales”, además de corregir aspectos que “ya sea de buena fe o motivos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como ‘de género’ acaban conculcando derechos fundamentales”. En el fondo, late el discurso de la “ideología de género”, que no es nuevo ni inocente, sino que lleva siendo usado internacionalmente desde principios de los 2000 por sectores ultracatólicos para socavar los derechos de las mujeres y personas LGTBI.

El Gobierno madrileño defiende, además, que las normas deben adaptarse a la Ley Trans estatal que entró en vigor el pasado mes de marzo y, según han asegurado varios miembros del Ejecutivo estos últimos días, las reformas buscan otorgar peso a los “profesionales cualificados y personas especializadas” en detrimento de los colectivos LGTBI, ya que, según ha declarado Ayuso, “se había creado un mundo paralelo para lobbies”.

Para las organizaciones LGTBI, los textos suponen un retroceso que tendrá como efecto “la desprotección e invisibilización” de las personas LGTBI y especialmente de las personas trans, cree Luis Fernando Rosales, coordinador de Arcópoli. Además, la carga simbólica de la reforma la han señalado todos los colectivos. Y es que en ella se defiende que viene a “corregir” aspectos de la actual normativa que podrían “conculcar” derechos como “la libertad de expresión y de prensa, la libertad de cátedra y educativa o la presunción de inocencia”. “Lo que esconde esta narrativa es intentar convencer a la ciudadanía de que no estamos hablando de derechos humanos sino de ideología”, explica Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI.

La autodeterminación, de “dudosa constitucionalidad”

Entre otras cosas, la reforma de la conocida como ley trans (Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación) elimina el concepto de identidad de género, que sustituye por “sexualidad” o “condición sexual” y también el reconocimiento del “derecho a la identidad de género libremente manifestada” que sí contempla ahora la norma.

Ya en la exposición de motivos, la reforma apunta a que la autodeterminación de género, en la que se basa la Ley Trans estatal para que las personas trans puedan modificar su sexo legal, es de “muy dudosa constitucionalidad” ya que es “ajeno a la Ciencia y al Derecho” y cuya introducción “va en detrimento de la seguridad jurídica”. Si ahora la ley trans autonómica reconoce que “en ningún caso” las personas trans deberán ser obligadas a acreditar su identidad “mediante informe médico o psicológico”, la reforma elimina esta frase para incorporar que se “tomarán en consideración los informes de los servicios médicos”.

Aunque está por ver qué efectos concretos tendrán estas modificaciones teniendo en cuenta que ahora sí ya existe un paraguas estatal, un cambio inmediato en el ámbito sanitario, que depende de las comunidades, es que los menores trans solo podrán acceder al tratamiento médico tras ser atendidos “por un profesional de la salud mental” y necesitarán un informe médico favorable “imprescindible” si tienen dos o más enfermedades mentales al mismo tiempo.

Las dos proposiciones de ley registradas paralelamente coinciden en algunos puntos: ambas derogan el régimen sancionador, por lo que en Madrid pasará a regir únicamente el estatal; eliminan el fomento de contenidos en pos del respeto a la identidad de género de los medios de comunicación y también acaban con la inversión de la carga de la prueba, una excepción común en el derecho anti discriminatorio que implica que en procedimientos civiles, administrativos o laborales, nunca penales, es la parte demandada la que debe demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad.

Para Saúl Castro, abogado especializado en derechos LGTBI, los efectos de unas y otras medidas difieren. La inversión de la carga de la prueba “fue establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional” y venía a ser “una reiteración” porque se trata “de una práctica jurisdiccional asentada” que ya está establecida en la llamada Ley Zerolo y en la Ley Trans. Lo que sí considera “más grave” es la eliminación del régimen sancionador porque la normativa estatal “fue muy tibia” en este sentido “y contempla muchas menos infracciones” contra el colectivo LGTBI.

Sin Consejo LGTBI ni centro de memoria histórica

La reforma propuesta por los populares deroga el artículo que obliga a la creación del Consejo LGTBI y del centro de memoria histórica LGTBI, además de diluir las medidas de apoyo y reconocimiento institucional y las del ámbito educativo, el preferido por la extrema derecha en su cruzada antiLGTBI. Entre otras cosas, suprime la inclusión en el currículo de contenidos en diversidad –aunque los incorpora la Ley Trans estatal– la previsión de que las bibliotecas cuenten con un fondo LGTBI o el compromiso de que los poderes públicos conmemoren el 17 de mayo como día contra la LGTBIfobia e instalen la bandera arcoíris en las sedes institucionales.

Aun así, el efecto real sobre los derechos de la población es limitado para Castro. No porque no sea “un recorte gravísimo” sobre el papel, sino porque “las leyes no se estaban implementando o lo estaban haciendo de forma incorrecta”. El abogado define el paso dado por el grupo popular como “una materialización de un incumplimiento reiterado” y muestra sus dudas sobre cómo va a convivir la nueva legislación con la Ley Trans o la Ley Zerolo porque “puede haber preceptos que entren en conflicto”. Para Sangil, es especialmente perjudicial “que se eliminen las referencias a trabajar la diversidad en las aulas” porque implicará una rebaja de estos contenidos.

En el ámbito del deporte también hay algún cambio. En línea con las reivindicaciones que un sector del feminismo contrario a la autodeterminación de género ha enarbolado en los últimos años, la reforma de la ley trans madrileña mantiene la promoción de las personas trans en igualdad en el deporte y añade “sin menoscabo de los derechos de los demás participantes, y en especial del deporte femenino en todas sus categorías”, un precepto que repite en las demás medidas.

Este ha sido celebrado por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, una de las plataformas contrarias a la Ley Trans más activas, como un “aspecto muy positivo” así como “la limitación de las intervenciones del transactivismo en el ámbito educativo” o la “eliminación de contenidos educativos acientíficos”, pero la organización pide más y reclama, entre otras cosas, que los adolescentes menores de edad no puedan acceder a tratamientos médicos o que en las residencias de mayores u hospitales no se permita el uso de instalaciones según la identidad de género.

Fuente El Diario

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La proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans. La norma, registrada este viernes, se tramitará por la vía de urgencia para que esté aprobadas antes de que finalice el año sin que la oposición pueda presentar enmiendas

Isabel Díaz Ayuso ya lo avisó cuando fue investida presidenta el pasado mes de junio: una de sus primeras medidas en la nueva legislatura sería modificar las leyes trans y LGTBI autonómicas aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes. El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha registrado este viernes dos proposiciones de ley para modificar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual  en la Comunidad de Madrid, que de facto supone recortar los derechos para el colectivo. Desde Más Madrid lo califican de “retroceso legislativo”.

En concreto, la proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans. Además, se suprime el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI en los colegios y se elimina la formación del profesorado y los contenidos dirigidos a mostrar la realidad LGTBI. También desparece el consejo LGBTI.

La ley se aprobará por la vía de urgencia con el objetivo de que salga adelante con la mayoría absoluta del PP antes de que finalice el año. Este mecanismo impide que los grupos de la oposición puedan presentar enmiendas a la norma. La tramitación de urgencia responde, aseguran desde el grupo popular, a la necesidad de “adaptar la actual ley a la normativa estatal, corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales y de la igualdad efectiva ante la ley de todos los ciudadanos”.

La realidad, sin embargo, es que con la modificación se recortan derechos. Entre otros objetivos, las modificaciones en la ley trans buscan “corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como ‘de género’, que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución”.

En detalle, alude a la inversión de la carga de la prueba, así como la ‘discriminación por error’, que, explican, es una variante de facto de la “falta de presunción de inocencia y contraria al espíritu y la letra de nuestras leyes”. “Además de la muy dudosa constitucionalidad del concepto de ‘autodeterminación de género’, ajeno a la Ciencia y al Derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera”, indica el texto.

Una cobarde y muy sinverguenza @IdiazAyuso, a rebufo de la atención mediática de la investidura de Pedro Sánchez y las algaradas callejeras, ha registrado hoy en la Asamblea de Madrid la práctica totalidad de las derogaciones de las Leyes TRANS y LGTBI Madrileñas, se lo cargan… pic.twitter.com/yTISgDoyeh

— Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) November 10, 2023

En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha–.

La líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha acusado este viernes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de “meter por la puerta de atrás” la “derogación” de la Ley Trans y ha advertido que las modificaciones que pretende el PP en la región supone “el primer retroceso en derechos LGTBI en décadas”.

“Una reforma que le quita los derechos a las personas trans, que les quita el reconocimiento y que además las patologiza”, ha recalcado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, y todo ello, ha lamentado García, “en un contexto de auge de los ataques a las personas trans”.

La portavoz de Más Madrid ha acusado a Ayuso de “allanar el terreno a los comportamientos violentos” con una reforma “que es de facto una derogación camuflada”. “Supone un retroceso y sobre todo va a suponer la primera vez en décadas que la Comunidad de Madrid va hacia atrás, va atrás en el reconocimiento legislativo de las personas trans y las personas LGTBI”, ha defendido.

Ayuso acaba de registrar una reforma de la Ley Trans que supone su derogación camuflada. Es el primer retroceso en derechos LGTBI en décadas, que vuelve a patologizar y poner en la diana a las personas trans. No lo vamos a permitir.

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 10, 2023

También ha salido a criticar la proposición de ley la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de cumplir la normativa estatal. “Ayuso despliega su agenda reaccionaria. Que no olvide que está obligada a cumplir la ley”, ha apuntado la ministra.

La vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha reaccionado a la medida del PP de Madrid asegurando que en las elecciones generales del 23 de julio “la comunidad LGTBI se movilizó por sus derechos”. “Es nuestro compromiso defenderla. Habrá un Pacto de Estado a favor de los derechos y libertades LGTBI en toda España”, ha avisado Díaz.

“El PP vuelve a situarse en la historia del lado de la LGTBIfobia. Son peores que Vox”, ha señalado Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, a través de sus redes sociales. “Necesitamos defender nuestros derechos de esta ofensiva que nos quiere volver a llevar a los armarios. Tienen cero legitimidad para hablar de igualdad”, ha agregado.

Ayuso anuncia que las personas trans volverán a tratarse como enfermas en la Comunidad de Madrid.

Una ley que sólo ha traído felicidad y ningún problema. No hace falta que VOX esté en el Gobierno.

VOX es ella.

— Santi Rivero 🏳️‍🌈🌹🏳️‍⚧️ (@Santi__Rivero) June 21, 2023

La mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara de la Asamblea garantiza que ambas iniciativas de reforma prosperen. Cuando lo hagan, la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, conocida como ley LGTBI, pasará a llamarse formalmente ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas transexuales e intersexuales de la Comunidad de Madrid. Mientras, la ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid será llamará ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid.

A continuación se indican las principales modificaciones, en formato de derogación, que plantean en el texto registrado por los populares para ambas leyes:

Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación

– Deroga el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, al igual que al libre desarrollo de su personalidad y a ser tratado de conformidad a su identidad de género.

 – Elimina la protección de documentación administrativa en la que rezaba la seguridad de que “en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad de Madrid, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género”.

– Se quita de la norma que el contenido educativo contemple la no discriminación por la identidad y expresión de género, y las acciones de los centros educativos para proteger contra el acoso, con la derogación del artículo 24.

– Los medios de comunicación de titularidad autonómica ya no tendrán que fomentar “la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la identidad y expresión de género”.

– Se elimina la evaluación de impacto de las normas del Ejecutivo sobre la identidad de género y la inversión de la carga de la prueba.

Ley 3/2016, de Protección integral contra la LGTBIfobia y Ley Protección contra al LGTBIFobia

– La norma pasa a denominarse “Ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid”

– Se deroga la creación del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid y se elimina la contribución de las instituciones y los poderes públicos madrileños a la visibilidad de las personas LGTBI en Madrid.

– También se eliminan todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminación, al igual que a la revisión de currículos educativos.

– Las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia ya no impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria para garantizar que el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI.

Fuente Agencias

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Esta mujer cada vez es más peligrosa y esperpéntica:

Otro pleno más, el del 2 de marzo con descalificaciones, menosprecios por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid.

Los votos del PP de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid apoyaron el pasado día 2, que se tramitase la propuesta de Vox para la derogación de la ley trans autonómica. Un apoyo simbólico, pero de gran calado, ya que no da tiempo a que llegue a Pleno por los plazos ante la inminente convocatoria de las elecciones, por lo que Ayuso se ha comprometido a derogar la norma tras los comicios. “Vemos bien que se abra este debate”, ha dicho Ayuso durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid.

“Siempre he defendido que esta ley se tiene que reformar y que, desde luego, en cuanto se aprobara una ley nacional deberíamos estudiar cómo paliar los efectos negativos de la misma”, dijo Ayuso en respuesta a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio que había defendido que la ley regional aprobada durante el Gobierno de Cristina Cifuentes, también con la abstención de Ayuso como diputada, “hace demasiados años hace daño a las familias y a los menores”.Desde que la dirigente madrileña llegó a la Puerta del Sol, se ha manifestado en numerosas ocasiones en contra de la norma.

La Cámara regional votó la toma en consideración de la derogación de esta ley que se aprobó cuando era presidenta Cristina Cifuentes. Ayuso ha reprochado a la formación de extrema derecha que “llega tarde” y “tendrá que ser el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata”. “También le digo que las leyes las sostienen los parlamentos, no los gobiernos, por tanto no sé qué ha hecho durante todo este tiempo”.

Ayuso ha incidido en que “hay que tomar este asunto con rigor” porque “esta moda no depende solo de estas leyes” sino que se están “fomentado todas estas cuestiones en las plataformas audiovisuales”. “Consulte los móviles de sus hijos y verá los contenidos a los que acceden…. ¡Y no digamos en decenas de programas de televisión! Estas modas que son tan agresivas, impositivas e internacionales están haciendo mucho daño a los adolescentes en todo el mundo”,afirmó, demostrando su ignorancia y transfobia.

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de “burlarse” de las personas trans y Vox que no haga “chascarrillos” con este asunto”.

Así lo han trasladado los portavoces en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que  Ayuso ironizara con que su gobierno podría ser más paritario si sus consejeros modificasen su género a través de la autodeterminación. “Tendremos a Enriqueta López o Enriqueta Ossorio“,en referencia a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase una ley para garantizar la paridad en política.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, tildó de “casposas y estériles” las declaraciones de la presidenta  para “burlarse de las personas trans”. Unas “burlas” que hace desde “el odio y la transfobia”, acompañadas de “su falta de empatía”. Por ello, le ha instado a pedir disculpas.y pidió en el Pleno del pasado día 9 a la presidenta que “pare de insultar y comience a escuchar. El tsunami de ayer quiere salarios justos, servicios públicos y seguridad para volver a casa y conciliar. Habla de que las personas trans son una «moda», la moda es usted, una moda pasajera y desfasada que por fin termina el 28 de mayo”, ha continuado.

Por su parte, Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid el portavoz del PSOE, le ha pedido que “antes de hacer bromas” explique que esta normativa viene de una directiva europea que propuso el PP. “Hace falta seguir avanzando muchísimo en esta sociedad para lograr esa igualdad. Esas bromas sobraban”, ha lanzado ante el “cálculo y la frialdad electoral de Ayuso” y resaltó la gravedad de la situación sanitaria en Madrid: “No subestime la inteligencia de los madrileños. Ni rastro en los colegios ni en los centros de salud. Ahora hay unos carteles chulísimos que ponen en los carteles el coste de la obra, que morro tienen”, ha dicho.

La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, se ha mostrado a favor de cualquier avance que profundice en la igualdad y ha tachado de “repugnante” que una presidenta “se burle” de las personas trans; además, le ha recordado a la presidenta “los avances del feminismo, y le pide que deje de bromear sobre las personas trans: «Cuando usted hablaba de Enriqueta Ossorio, yo le diré que es usted Tomás Díaz Ayuso, y que qué más da, ya que las comisiones se quedan en casa. El feminismo está cargado de presente y futuro en esta región. Le tengo que recordar que los derechos LGTBI también son feminismo. Deje de bromear con las personas trans”, ha lanzado en referencia al supuesto chiste de la Presidenta quien para atacar la Ley Trans recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, se refirió a dos de sus consejeros, con nombre de mujer.

Fuente El Diario/Diario 16

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La acción erosiva de la extrema derecha y de los movimientos ultraconservadores contra el avance de los derechos de las personas LGTBI continúa. La nueva batalla se libra en la Comunidad de Madrid, donde Vox ha presentado una proposición de ley «de igualdad y no discriminación» que en caso de ser aprobado derogaría las leyes ya existentes en la Comunidad de Madrid de protección contra la LGTBIfobia y de identidad y expresión de género. Sería la primera vez en lo que llevamos de siglo que se produce un retroceso legslativo explícito en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental, de ahí su importancia.

Las leyes que la extrema derecha pretende derogar en Madrid, si el gobernante Partido Popular lo permite (recordemos que, una vez desaparecido Ciudadanos del ámbito regional tras las últimas elecciones, el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox suman mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid) son la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, aprobada en julio de 2016 con el voto de todos los grupos representados entonces en la cámara autonómica (incluido el grupo popular de la época) y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobada en marzo de 2016 con el voto favorable de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la entonces abstención del grupo popular.

Este es el texto de la Ley que se debatirá el 16.

Una derogación que Vox había puesto como condición para dar su apoyo a los presupuestos generales presentados por Isabel Díaz Ayuso, pero que aparentemente quedó fuera del pacto presupuestario dado a conocer públicamente hace unos días por las dos formaciones. Este viernes, sin embagro, saltaba la sorpresa, cuando el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Eduardo Fernández Rubiño daba a conocer en Twitter que el próximo 16 de diciembre sería votada en pleno la adminsión a trámite de la propuesta de derogación:

🔴 Pues ya tenemos noticia de última hora:
La propuesta de derogación completa de la Ley LGTBI y la Ley Trans de la Comunidad de Madrid irá a pleno el día 16 de diciembre.

Sería el primer retroceso en legislación LGTBI en España desde la democracia.

— Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) December 3, 2021

Está por ver qué sucederá el próximo día 16, puesto que ya en varias ocasiones en que ha sido preguntada por la materia, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado abierta a negociar con Vox la modificación del articulado de ambas leyes, aunque nunca ha hablado abiertamente de derogarlas. Desde el PP, por otra parte, han evitado anticipar el sentido de su voto, al menos hasta el momento. En este sentido, cabe señalar que la toma en consideración del proyecto no supone su aprobación, sino el inicio de su trámite parlamentario. No sería de extrañar, dada la conocida habilidad propagandística de la presidenta Ayuso, que la toma en consideración fuese aprobada para así contentar al electorado más reaccionario y favorecer el apoyo definitivo de Vox a sus presupuestos para luego pasar a una fase de ambigüedad calculada durante la tramitación parlamentaria en la que el desenlace definitivo lo definieran las prospecciones demoscópicas de Díaz Ayuso.

El día 15 todes a llenar Sol #NiUnPasoAtrás

En este sentido, cabe señalar, para anticipar la dirección hacia la cual la extrema derecha intentará derivar el debate, que si finalmente fuese aprobada íntegramente la proposición de ley presentada por Vox, las dos leyes derogadas, caracterizadas por un elevado grado de concreción en la definición de los sujetos protegidos y en las medidas enunciadas, serían sustituidas por un listado genérico de vaguedades que dejan fuera las medidas o acciones afirmativas contempladas específicamente en materia LGTBI a nivel educativo, sanitario o laboral. Especialmente dañado se vería el colectivo trans, que perdería por ejemplo el derecho expreso a una asistencia sanitaria integral acorde a su identidad de género y a disponer de documentación administrativa según su identidad con independencia de su estatus registral (en este sentido es un mal presagio el apoyo a la iniciativa de Vox que desde algunas cuentas afines al activimo transexcluyente se ha manifestado ya). Pero también desaparecerían, por mencionar solo algunos ejemplos, la prohibición de las pseudoterapias de conversión, la prohibición de las cirugías de mutilación a personas intersex y toda una serie de medidas destinadas a prevenir el acoso escolar o la discriminación laboral por LGTBIfobia.

Pase lo que pase, y sobre todo si el PP no rechaza la proposición de forma clara, nos encontramos ante un gravísimo precedente, ya que en caso de que la legislación antidiscriminatoria fuese derogada, o simplemente rebajada, nos encontraríamos, al menos en nuestro conocimiento, ante la primera vez en lo que llevamos de siglo XXI que se produce un retroceso legislativo en la protección de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental (Hungría, Polonia o Rusia aparte).

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, Ciudadanos, Discriminación, Eduardo Rubiño, Homofobia, Isabel Díaz Ayuso, LGTBIfobia, Podemos, PP, PSOE, VOX

Vox vuelve a cargar con su propuesta del Pin parental, lo han comunicado en la Asamblea de Madrid, quieren que los padres puedan elegir si sus hijos acudan a clases sobre educación LGTBI u otras actividades de índole sexual. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, se ha negado a llegar a ese extremo, lo considera inadecuado para la docencia.

Esto ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el día de ayer, cuando el diputado de Vox Mariano Calabuig preguntó al consejero si iban a eliminar el PIN parental que ya existe sobre los valores y la religión, no entendía porque el sistema educativo permite elegir entre esas dos modalidades y no se permite “dar la libertad” a los padres de mandar a sus hijos a clase o actividades LGTBI.

Lo considera un paso atrás en materia de derechos hacia los padres. Ossorio le respondió que no tienen pensado suprimir ningún PIN parental, porque no hay ninguno que suprimir, sino que es un decreto existente para las familias. “Nuestro sistema educativo está repleto de elecciones y a nosotros nos parece muy bien, pero no se puede llevar al extremo y que unos padres piensen que el hombre no ha llegado a la luna y dijeran que sus hijos no pueden estudiar astronomía”, concluyo el consejero, mostrando su compromiso con el cumplimiento del artículo 27.3 de la constitución.

No obstante, el también diputado del PP ha recordado que el Tribunal Supremo ha determinado que “en los centros educativos no se puede imponer ni inculcar ni siquiera de manera indirecta puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas”. Por ello, asegura, los colegios tendrán que explicar el contenido de su programación a principio de curso para que las familias decidan dónde matriculan a sus niños.

Esta polémica se remonta a las negociaciones para formar el Gobierno regional tras las elecciones que ganó el PSOE pero dieron una mayoría a las suma de los partidos de centroderecha. Entre otras cuestiones, Vox planteó como requisito imprescindible para apoyar un Ejecutivo bicolor de PP y a Cs la aplicación de lo que denomina pin parental para evitar “el adoctrinamiento” en las aulas con contenidos académicos relativos a la sexualidad o a los derechos del colectivo LGTBI, recogidos en las leyes autonómicas aprobadas la pasada legislatura.

Finalmente, el pacto no incluyó dicha referencia, pero en su discurso de investidura la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí se comprometió a cambio a que sea “obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción”. En ella deberá incluirse tanto el “proyecto educativo” como las “temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas”.

Sin embargo, Vox ha vuelto a poner este jueves en el centro del debate parlamentario la cuestión del pin parental, equiparándolo a la posibilidad de elegir entre la asignatura de Religión y la de Valores. “¿Por qué no existe cuando los padres dicen, mire, es que hay una serie de cosas que no quiero que se le den a mis hijos, como son clases o actividades sobre LGTBI o educación afectivo-sexual que afectan muy directamente a las familias?”, ha preguntado el diputado Mariano Calabuig.

Ossorio le ha respondido que los progenitores no pueden limitar determinados contenidos que reciben los alumnos. “Lo ha dicho el Tribunal Supremo: no se admite objeción de conciencia a los padres cuando son asignaturas del currículo obligatorio”, ha subrayado.

La controversia ha seguido en la Asamblea en una comparecencia solicitada por Más Madrid para interrogar al consejero de Educación sobre la aplicación de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, la diputada de Vox Alicia Rubio, que es profesora, ha llegado a poner como ejemplo de los contenidos que su grupo no quiere que se impartan en los centros escolares el caso de una alumna que le dijo que hasta que recibió una de esas charlas pensaba que “el sexo oral era decir cochinadas por teléfono”.

“¿Qué derecho ampara a esos grupos para entrar como elefante en cacharrería en las aulas, en las conciencias, en la intimidad y en la inocencia de esos menores? ¿No deberían los padres saber y autorizar estos contenidos?”, ha preguntado la representante de la formación ‘verde’, que ha asegurado que “sí se adoctrina en las aulas” con “contenidos sesgados de la sexualidad humana”, y se ha planteado “dónde termina la educación en diversidad sexual” y dónde comienza “la corrupción de menores” con los contenidos que se desarrollan en los centros educativos por parte de colectivos LGTBI. En este punto, la parlamentaria se ha preguntado quiénes son esos colectivos que dan charlas en los colegios y “qué es lo que les avala” para que la Comunidad les permita acudir a los centros educativos a dar estos contenidos. “Yo creí en esos contenidos de género para evitar la violencia y fomentar la tolerancia, hasta que vi su trayectoria y vi que no tenía nada que ver con la tolerancia. Hasta ese momento no supe dónde terminaba la educación en diversidades sexuales y comenzaba la corrupción de menores”, ha lanzado.

En su turno de palabra, el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha puesto otro ejemplo, un “caso real” de un chico gay al que su padre, al enterarse de su condición sexual, le dijo antes de destrozar la vajilla de la casa: “Ojalá te hubieras muerto en el accidente de coche que tuviste el año pasado. Prefiero tener un hijo drogadicto, asesino o con discapacidad antes que un hijo maricón de mierda”.

“Esta situación es extrema, desde luego, pero hay demasiadas familias que no ofrecen un entorno seguro a los menores LGTBI precisamente por esos prejuicios que tienen”, ha espetado el parlamentario del grupo de izquierda en una crítica directa a Vox . “Esos niños tienen derecho a que la escuela no reproduzca los prejuicios que tienen los padres, tienen derecho a que se les eduque en libertad”, ha apostillado.

El parlamentario de Más Madrid ha sostenido que este grupo parlamentario se supera “a sí mismo” en cada intervención. “Escuchando a los señores de Vox siempre pregunto lo mismo: ¿a qué tienen ustedes tanto miedo? ¿qué es exactamente lo que les asusta tanto que conozcan sus hijos? ¿sus convicciones son tan débiles como para pensar que sus hijos algún día escuchan algo diferente a las barbaridades y les va a pasar algo? ¿van a ser LGTBI?”, ha espetado.

En este punto, ha recordado que las personas LGTBI se criaron “rodeados de personas heterosexuales, rodeados de referentes heterosexuales, escuchando películas heterosexuales” y ni les cambian, ni ha pasado nada. Les ha instado, además, a que no tengan “tanto miedo a la diversidad” ni a que sus hijos conozcan “la realidad de España en el siglo XXI”.

Por parte del PSOE la parlamentaria Carla Antonelli solicitó a la Comunidad que informara acerca de cuál es su compromiso con el cumplimiento y desarrollo de las leyes de igualdad LGTBI y se ha refirió a la expulsión de Alicia Rubio de un instituto madrileño y le ha acusado de tener una psicopatía que se llama «transfobia».

Carla Antonelli ha sostenido que a sus 60 años “hay cosas que parecía imposible imaginar” como lo ha sido “escuchar” en la Cámara autonómica “tanto odio que puede escupir una persona” y se sorprende de que “sus vidas hayan girado en torno al odio hacia otras personas”, que han luchado “igual por la democracia y las libertades” en España. “Hacen apología del odio hacia los LGTBI intentando impedir que los niños sean educados en el respeto, dejen a nuestros niños y niñas en paz, que crezcan en libertad y en respeto a su propia identidad”, ha subrayado.

La diputada Beatriz Gimeno, de Unidas Podemos, ha mencionado a HazteOir.org  y defendido el capítulo educativo de la ‘Ley LGTBI’ de Madrid. Y ha reprochado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, de permitir el reparto de folletos en los colegios madrileños, hacer oídos sordos a la creación de páginas web con listas de centros, para intimidar y perseguir a los centros que dan cursos de diversidad sexual…

Este no es más que otro intento de Vox de dañar al colectivo LGTB, con políticas absurdas que no benefician a nadie y no son más que pasos atrás de la sociedad.

Fuente Agencias

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El partido de extrema derecha solicita a la Asamblea de Madrid una relación de colegios que dan cursos afectivo-sexuales con detalles sobre los contenidos

Rocío Monasterio, quien registra la petición, intenta en estos días cerrar un acuerdo de investidura con PP y Ciudadanos

La Consejería de Educación avanza que no facilitará esta información al partido porque vulnera la ley de protección de datos

Vox pide a la Comunidad de Madrid que identifique a las personas que han impartido talleres afectivo-sexuales en los colegios madrileños desde 2015. La portavoz de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, ha registrado una petición de información en la Asamblea de Madrid para conocer la “relación de colegios en los que COGAM –la asociación LGTBI que los da– ha realizado actividades informativas, formativas o de otra índole”, con detalles sobre el “temario”, “una breve descripción de la actividad” y la identidad de los ponentes.

La formación de Santiago Abascal ya ha actuado de forma similar en el Parlamento Andaluz, donde solicitó identificar a los funcionarios que evalúan los casos de violencia de género para depurar “casos ideológicos”, y también en la Generalitat Valenciana. Ahora, extiende este tipo de peticiones a la Comunidad de Madrid mientras intenta cerrar un acuerdo de investidura con el Partido Popular y Ciudadanos. Los tres partidos se reunieron este martes por primera vez y ahora tratan de encontrar una fórmula para hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso sin necesidad de firmar por escrito un pacto conjunto. Los votos de Vox son imprescindibles para que el gobierno de coalición acordado por Díaz Ayuso e Ignacio Aguado sea realidad.

La diputada socialista, Carla Antonelli, que ha compartido en su cuenta de Twitter el registro de Vox, señala que la extrema derecha está “obsesionada” con el colectivo LGTBI y que ha iniciado en Madrid “una caza de brujas” contra ellos. “¿Va a admitir a trámite Ciudadanos y PP esta petición que vulnera la ley de protección de datos?”, se pregunta Antonelli.

Gravísimo VOX en su particular cacería brujas e inquisición al colectivo LGTBI pide los datos, nombres y apellidos de quienes han impartido cursos o talleres de sensibilización en colegios de la CM ¿va admitir a trámite Cs y PP esta petición que vulnera Ley Protección de datos? pic.twitter.com/87eL6dRnfo

— Carla Antonelli /❤️ (@CarlaAntonelli) 11 de julio de 2019

Fuentes de la Consejería de Educación avanzan que no facilitarán esta información a Vox porque vulnera la ley de protección de datos y afirman que no tienen “un listado de acciones formativas” de cada colegio. “Está dentro de la autonomía de los centros. La Consejería no tiene por qué tener control sobre lo que se hace fuera del horario lectivo”, añaden las mismas fuentes. COGAM, sin embargo, señala que algunas de estas actividades sí se pueden hacer en horario de tutorías por iniciativa docente o del orientador u orientadora del centro.

Fuente El Diario

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, Carmen García de Merlo, Ciudadanos, COGAM, Comunidad de Madrid, Homofobia/Transfobia, Madrid, PP, PSOE, Rocío Monasterio, VOX

La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).

Escalada LGTBfoba en la política madrileña. Vox, la formación de extrema derecha que sostiene a PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, ha endurecido sus condiciones para que la alianza de las formaciones de derecha se repita en la Comunidad de Madrid. Entre otras medidas, exige que las tres formaciones se comprometan a reformar las leyes de contra la LGTBIfobia y la ley integral de transexualidad.

El documento hecho público por Vox exige (reproducimos literalmente) «Garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos. Aprobación del ‘Pin Parental’ para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones. Derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se derogarán artículos de la Ley 2/2016, del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio». Estas dos últimas leyes son precisamente la ley integral de transexualidad y la ley contra la LGTBIfobia, aprobadas en la pasada legislatura. La primera, por PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención del PP de Cristina Cifuentes. La segunda, por unanimidad de todos los grupos, aunque dos diputados del PP se ausentaron para no votarla. Uno de ellos fue David Pérez, el ya exalcalde de Alcorcón, que precisamente ha sido el número dos de los populares en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y que parece destinado a ocupar una posición destacada en un hipotético futuro gobierno de las derechas.

Según la lista enumerada en una comparecencia ante los medios de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, los artículos que la extrema derecha quiere derogar son numerosos y vaciarían de contenido ambas leyes por lo que se refiere a políticas de diversidad familiar, medios de comunicación y medidas educativas. Desaparecerían, además, los capítulos sancionadores, así como la inversión de la carga de la prueba en denuncias por discriminación (un principio por el que, cuando el interesado aporte hechos o indicios «razonables, fundamentados y probados» de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria demostrar que esta no ha existido).

Habrá que ver qué sucede en próximos días. Por lo pronto, la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado dispuesta a estudiar las peticiones de Vox. «Aspiro a tener un gobierno a mi manera, no tengo que tomar por bueno lo que venía de otras legislaturas», ha declarado. Más complicado parece tenerlo Ciudadanos, partido que en su momento se implicó en el proceso de discusión y aprobación de ambas leyes. Además, aceptar de forma explícita las exigencias de Vox echaría por tierra su machacona estrategia mediática, consistente en negar la existencia de pactos con la extrema derecha e insistir en que ellos solo pactan con el PP. Hacerlo además en este punto (que no es el único: Vox también exige, por ejemplo, retirar la asistencia sanitaria a los migrantes «sin papeles») sería además reconocer (sin posibilidad de coartada) que tienen razón los colectivos LGTB que no permiten la participación oficial ni del PP ni de Ciudadanos en la próxima Manifestación Estatal del Orgullo por no haber querido suscribir un documento de diez puntos que incluía el rechazo a formar alianzas con la extrema derecha homófoba.

Todo ello a pesar de que PP, Ciudadanos y la extrema derecha ya han establecido una alianza de facto en el Ayuntamiento, que por cierto no ha dudado en mutilar la campaña promocional del Orgullo heredada de Carmena y eliminar las banderolas con mensaje activista que debían haber sido colgadas de las farolas de la capital. Sin embargo, Vox no disimula la molestia que le ha producido que su acuerdo secreto con el PP, que incluía el que la formación de extrema derecha ocupase concejalías y «responsabilidad directivas en entes municipales», no haya sido, a su juicio, respetado. Para Vox, la presidencia de varias juntas de distrito y los cargos intermedios que el PP estaba dispuesto a cederles no satisfacían dicho acuerdo, motivo por el cual ahora endurecen sus condiciones de cara a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad.

Habrá que ver si Vox mantiene su pulso (lo que podría llevar a una situación de bloqueo e incluso a nuevas elecciones) o todo obedece a una nueva «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose con una reedición de la alianza municipal. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con PSOE y Más Madrid, dos formaciones que desde el principio se han mostrado abiertas a una alianza que haga innecesario el concurso de la extrema derecha en el proceso. Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses en la Comunidad de Madrid.

Estaremos muy atentos.

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos, Comunidad de Madrid, David Pérez, Discriminación, Homofobia, Isabel Díaz Ayuso, LGTBfobia, PP, Transfobia, VOX

El alcalde de Alcorcón y diputado en la Asamblea de Madrid David Pérez ha sido el elegido por Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, como su número dos en las próximas elecciones autonómicas madrileñas. Pérez, que se significó por no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia y que ha impedido que la bandera arcoíris ondee en el balcón del Ayuntamiento, llegó a amenazar al colectivo LGTB Arcópoli con una demanda.

David Pérez fue uno de los dos diputados «díscolos» que en julio de 2016 prefirieron ausentarse y no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia, que el PP de la entonces presidenta Cristina Cifuentes apoyó y que de hecho fue aprobada por unanimidad de la cámara regional (el otro diputado ausente fue Luis Peral).

Un par de semanas antes de aquella votación Pérez protagonizaba otro triste episodio al negarse a izar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento con motivo del Día del Orgullo LGTB, pese al requerimiento mayoritario de las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Alcorcón. Una actitud que desembocó finalmente en una reprobación del alcalde popular por parte del resto de grupos políticos. El equipo de Gobierno de David Pérez, de hecho, había rehusado ejecutar todas las resoluciones en materia LGTB presentadas por los partidos de la oposición y aprobadas por el pleno municipal (el PP cuenta con 10 concejales, mientras que el conjunto de la oposición alcanza los 17, si bien Pérez es alcalde gracias al apoyo que le brindó Ciudadanos). Una reprobación que en lugar de mover a Pérez a la reflexión fue despreciada por el propio alcalde en un tuit en que aseguraba de forma despectiva que «a mí no me reprueban cuatro politicastros socialistas y comunistas». Cabe destacar que esta reprobación no es la única de la que ha sido merecedor David Pérez a lo largo de esta convulsa legislatura municipal: la pasada semana, de hecho, era reprobado por sexta vez.

En aquella ocasión, sin embargo, la reprobación de Pérez tuvo una vergonzante derivada, y fue la amenaza del alcalde de demandar al colectivo LGTB madrileño Arcópoli por haber criticado su actitud LGTBfoba. Una amenaza que Arcópoli recibió con asombro. «Creemos que es un gran error intentar coaccionar a una ONG mediante una demanda para silenciarnos. La mejor forma de que Arcópoli crea que el grupo municipal popular tiene interés por el colectivo LGTB es que lo demuestre mediante iniciativas y no a través de demandas», expresaron entonces desde el colectivo activista. «Si el alcalde quiere demostrar que no es bífobo, transfobo y homofobo denunciar entidades LGTB no parece la mejor alternativa, sino todo lo contrario», añadían.

El tiempo ha pasado, y aunque no tenemos constancia de que la amenaza de Pérez se materializase, el alcalde ha continuado con su actitud de desprecio. En junio de 2017, por ejemplo, mientras los colores del arcoíris inundaban fachadas y calles de numerosas ciudades, villas y pueblos de la Comunidad de Madrid, David Pérez, decidía ocultar la bandera LGTB tras las puertas de entrada al consistorio, de manera que no fuese visible desde el exterior, a pesar de que el resto de grupos políticos habían aprobado que ondease en el balcón del edificio. Lo mismo sucedió, de hecho, en 2018.

Rubén López: «parece que el PP más rancio ha escalado posiciones»

Rubén López, destacado activista de Arcópoli y director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, ha lamentado en declaraciones a dosmanzanas la decisión de los populares madrileños. «La elección de David Pérez como número dos de la lista del PP de Madrid es una muy mala noticia para las políticas de igualdad y en especial las del colectivo LGTB. Pérez es famoso por ausentarse de la votación de la ley LGTB, por negarse a poner la bandera arcoíris en el Ayuntamiento o por organizar en Alcorcón unas jornadas de familias excluyentes. Desde Arcópoli además nos causa un gran recelo: este señor amagó con denunciarnos tras llamarle homófobo después de su comportando tras el Orgullo de 2017», ha recordado.

«Parece que el PP más rancio ha escalado posiciones en la Comunidad de Madrid. Políticos como Pérez que estaban ya defenestrados pasan así a la primera línea de nuevo, retrocediendo una década y volviendo al PP más conservador. Colocarlo como número dos en la lista es un contundente gesto a ese sector más conservador contrario a los avances LGTB que se estaba marchando a Vox. Realmente una noticia muy negativa para quienes luchamos contra la LGTBfobia en nuestra región», ha añadido.

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“Han presentado esta iniciativa con la clara intención de blanquearse de esos pactos que están haciendo con la extrema derecha”

Eduardo Fernández Rubiño (Madrid, 1991), diputado autonómico de Podemos, se subió el pasado jueves a la tribuna del pleno de la Asamblea de Madrid para realizar un encendido discurso en contra la iniciativa de Ciudadanos que pretendía declarar el Orgullo LGTBI de Madrid como fiesta de interés turístico regional. Desde que Ciudadanos pensó que era buena idea blanquear que se estaban manifestando con la extrema derecha usando las banderas del colectivo LGTBI+ en el mundo del activismo no se habla de otra cosa. Y es que el panorama para la formación de Albert Rivera (y para las personas LGTBI+ que la apoyan) no es nada halagüeño. Y es que ya llevamos tiempo avisando de que Ciudadanos no es lo que muchos pensaban que era.

Eduardo Rubiño, diputado abiertamente gay de Podemos en la Asamblea de Madrid, se subió a la tribuna para desmontar punto por punto la estrategia de pinkwashing que Ciudadanos está intentando llevar a cabo en las últimas semanas. Porque no hay mejor forma de disimular que gracias a sus pactos han metido en las instituciones junto con el Partido Popular a los que nos desprecian, nos calumnian y quieren quitarnos derechos, bloquean declaraciones contra la LGTBfobia o piden identificar a las trabajadoras sociales dedicadas a la violencia de género… que intentar que se declare al Orgullo LGTBI+ como Fiesta de Interés Turístico. Algo que, como bien explica Rubiño en el vídeo de ahí abajo, no sirve para nada.

Además de retratar a Ciudadanos como pocas veces se ha hecho Rubiño defendió la idea de un orgullo más reivindicativo que no tiene por qué ser incompatible con la fiesta y la vertiente turística. Y todo eso lo hizo llevando la camiseta “Maricón” de @jovendelopus que puede adquirirse aquí.

Rubiño atacó a la formación liberal al considerar incompatible su apoyo al colectivo LGTB mientras que se manifiesta con grupos neonazis y formaciones ultraderechistas en Colón, une sus votos a los del partido de extrema derecha Vox en Andalucía y no descarta pactos con ellos después de las elecciones. El diputado de Podemos cree que Ciudadanos ha presentado esta propuesta para mejorar su imagen publica. “Han presentado esta iniciativa con la clara intención de blanquearse de esos pactos que están haciendo con la extrema derecha”, ha lamentado Rubiño.

“¿Quieren demostrar su compromiso con las personas LGTB? Señor Aguado, diga que no va a pactar con Vox en la próxima legislatura, que no van a pactar con la ultraderecha, con los que quieren que seamos ciudadanos de segunda”, ha retado Rubiño.

La propuesta fue rechazada por la Asamblea, ya que solo sumó los 16 votos a favor de los liberales.

El diputado ha compartido su discurso en su cuenta en la red social Twitter que se ha convertido en viral:

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Un año más hemos vivido la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI, culminación reivindicativa de la fiesta popular más multitudinaria de Madrid. Tras la inmensidad y el desbordamiento que supuso en 2017 el World Pride, este año la celebración ha recuperado un cierto sosiego, aunque la asistencia de gente fue otra vez impresionante. Este 2018 también nos ha traído un acento más activista, que este año ha tenido como protagonista a la comunidad trans, cuyos derechos han ocupado el centro del discurso, tanto entre los colectivos participantes como en el manifiesto que fue leído en la Plaza de Colón. 

Esperábamos con curiosidad ver cómo se desarrollaba este Orgullo LGTBI, el primero que se celebraba después de que en 2017 la Manifestación Estatal culminase un ciclo histórico, durante el cual una pequeña movilización reivindicativa de unos pocos miles de activistas se ha transmutado en el eje central de la principal fiesta de Madrid, con una capacidad de atracción nacional e internacional similar a la de otras grandes fiestas de España. La celebración del World Pride coincidía, en este sentido, con la conmemoración del 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI en el Estado español, que tuvo lugar en Barcelona en 1977. Madrid superó con nota la papeleta, pero al mismo tiempo alcanzó una cota imposible de superar.

Visto lo visto ayer (es una valoración subjetiva, por supuesto) creemos que se está en el buen camino, despejados algunos de los excesos del World Pride. La fiesta está consolidada (es imposible saberlo con certeza, pero una vez más cientos de miles de personas ocuparon el centro de Madrid para participar de una forma u otra en alguna de las celebraciones), y es además una fiesta que podemos sentir 100 % nuestra. Pero también advertimos los esfuerzos por recuperar la centralidad de la reivindicación, algo por lo que se debería seguir trabajando en próximas ediciones.

La cabecera, con dos ministros del Gobierno socialista y sin el PP

La manifestación la abrían los presidentes de sus dos entidades convocantes (Uge Sangil, de  FELGTB, y Jesús Grande, de COGAM). Junto a ellos, el activista trans y vicepresidente de la FELGTB Mané Fernández. La cabecera estuvo repartida entre dos pancartas: la primera, con el lema «Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad», mientras que la segunda rezaba «Ley Igualdad LGTBI y Pacto de Estado frente al VIH ¡Ya!».

Purificación Causapié, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Montón y Adriana Lastra

Lo que no es subjetivo es el éxito de convocatoria del que la manifestación goza entre la clase política, que esperemos se materialice pronto en avances legislativos. Este año, tras el reciente cambio de Gobierno, dos ministros ocupaban los puestos de honor: el ministro del Interior, el abiertamente gay Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Carmen Montón (ambos, por cierto, posaron muy amablemente para dosmanzanas mientras esperaban ocupar su puesto tras la pancarta). El Ayuntamiento estaba representado por Celia Mayer, la delegada de Políticas de Género y Diversidad.

Los ministros de @interiorgob, Grande-Marlaska, y @sanidadgob, @CarmenMonton, participando también en la manifestación del #Orgullo2018 #PRIDE
“Conquistando la igualdad,
TRANSformando la sociedad” pic.twitter.com/RX6TCrO7sW

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 7 de julio de 2018

Junto a ellos, numerosos representantes de partidos políticos y organizaciones sociales. No los mencionaremos a todos, pero no podemos dejar de destacar, por parte del PSOE, a su vicesecretaria general, Adriana Lastra; Carla Antonelli (activista y diputada en la Asamblea de Madrid); Ángel Gabilondo (portavoz en la Asamblea) y Purificación Causapié (portavoz en el Ayuntamiento). Podemos estuvo representado por Lorena Ruíz-Huerta (portavoz en la Asamblea) y Sofía Castañón (diputada), aunque también se encontraba presente, en una segunda línea, el casi seguro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones, el también diputado Iñigo Errejón. Ciudadanos, por su parte, estuvo representado por su presidente, Albert Rivera, Begoña Villacís (portavoz en el Ayutamiento), Ignacio Aguado (portavoz en la Asamblea) y Bosco Labrado (concejal).

Dosmanzanas pudo charlar con dos de las representantes de las fuerzas políticas que han propiciado el cambio de Gobierno en España. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, nos transmitió su esperanza de que tanto la ley de igualdad LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género culminen pronto su tramitación parlamentaria y que coloquen de nuevo a nuestro país en vanguardia de los derechos LGTB. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, se mostró por su parte confiada en que la ley de igualdad LGTBI se apruebe sin cambios que desnaturalicen el trabajo que su formación llevó a cabo con los colectivos. Ruiz-Huerta también consideró «nefasta» la situación que se vive en la Comunidad de Madrid, donde la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea permanece de facto bloqueada por su falta de desarrollo. «Aquí están las consecuencias: este año el Partido Popular ha sido vetado para estar en la cabecera de la manifestación por sus actitudes tránsfobas y absolutamente intolerables, al negarse a desarrollar una ley que ha sido aprobada por la voluntad popular. Pero no solamente eso: el Partido Popular ha permitido que organización tránsfobas como HazteOír hagan apología de la transfobia», nos comentó la portavoz de Podemos en la Asamblea.

También estuvieron en la cabecera Juantxo López de Uralde (Equo), Vanesa Angustias (IU) y los secretarios generales de UGT (José María Álvarez) y Comisiones Obreras (Unai Sordo). Otra persona que estuvo en la cabecera es Beatriz Becerra, elegida en las listas de UPyD y hoy eurodiputada independiente adscrita al grupo liberal europeo, que realiza, por cierto, un gran trabajo en favor de los derechos LGTBI en el Parlamento Europeo.

Este año, sin embargo, no hubo representación de la Comunidad de Madrid, como sí había ocurrido en los dos años anteriores. Los colectivos convocantes no le cursaron invitación como protesta por la falta de desarrollo de las leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid en materia LGTB (muy especialmente la ya mencionada ley integral de transexualidad), que corren el riesgo de convertirse en papel mojado ante la falta de voluntad política de implementarlas. Tampoco se invitó a ningún representante del PP, un partido que por primera vez estuvo presente en 2017, después de comprometerse por escrito a apoyar el avance de las leyes que en materia LGTBI se encuentran pendientes de aprobación en las Cortes, un compromiso incumplido pocas semanas después.

En cualquier caso, hubo más nombres propios: todos los partidos mencionados (salvo el PP) llevaron sus propias delegaciones a la manifestación, que marcharon detras de los colectivos LGTBI. También lo hicieron partidos sin representación parlamentaria como UPyD o el PACMA.

El final en Colón, con la alcaldesa Manuela Carmena 

Tras la cabecera, entidades LGTBI de distintas comunidades autónomas marcharon con sus propias pancartas desde Atocha hasta la Plaza de Colón. Cabe destacar, en este sentido, las numerosas referencias a los derechos trans que podían observarse entre las diferentes delegaciones, fueran o no específicamente trans. En la Plaza de Colón, por fin, tuvo lugar la lectura del manifiesto (cuyo texto completo puedes ver aquí), y que exigió, entre otros puntos, el reconocimiento y la protección de la autodeterminación del género; la modificación de ley de identidad de género para que incluya a menores de edad, a personas migrantes y para que se elimine el requisito del «diagnóstico» médico o psicológico; la urgente aprobación de la ley de igualdad LGTBI «sin más demoras, sin más excusas y respetando el espíritu que le ha imprimido el movimiento LGTBI» y la aprobación en esta legislatura de un pacto de Estado frente al VIH.

Antes de la lectura del manifiesto, tuvieron lugar dos intervenciones destacadas: la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), y la de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez. Carmena, recibida con una estruendosa ovación, tuvo palabras de reconocimiento al colectivo LGTBI, del que reconoció que siempre está aprendiendo (su «queridísimos, queridísimas, queridísimes» quedará ya como una imagen clásica del Orgullo madrileño) y se comprometió a hacer todo lo que desde el Ayuntamiento esté en su mano para avanzar en sus derechos. También tuvo palabras de reconocimiento al sistema demócratico español, que en su opinión ha costado mucho conseguir y que animó a los asistentes a defender. Carmen Montón, por su parte, recordó al que fue su compañero de lucha en la consecución del matrimonio igualitario, Pedro Zerolo.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que en el año 2015 acudió a la cabecera de la manifestación como secretario general del PSOE y en 2016 a la de Valencia, no estuvo presente este año, pero sí quiso dejar constancia de su apoyo mediante un tuit publicado unas horas antes:

Seguiré trabajando para que la #igualdad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales sea una realidad en nuestra sociedad.
Hoy, y siempre, con vosotros y vosotras #Orgullo2018 #Pride pic.twitter.com/mkCJBnYCrq

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de julio de 2018

Finalmente, las carrozas y la fiesta

Tras manifestarse a pie colectivos y entidades, llegó el turno de las carrozas, un total de 47, empezando por las fletadas por colectivos y partidos políticos y siguiendo por las comerciales, de negocios locales y de grandes compañías. Como sucediera por primera vez el año pasado, un vallado de seguridad que se fue colocando a lo largo del recorrido permitió que circularan con relativa fluidez. La fiesta se diseminaba simultáneamente a la circulación de las carrozas no solo al escenario de  Colón: también a los de Plaza del Rey, de Pedro Zerolo, de la Puerta del Sol o de Plaza de España.

Como ya hicimos el año pasado, cabe felicitar a las instituciones públicas, y muy singularmente al Ayuntamiento, por su implicación en el evento. A nivel simbólico (un año más la iluminación arcoíris del Palacio de Cibeles, Puerta de Alcalá, de la propia fuente de Cibeles o del Congreso de los Diputados generó imágenes de gran belleza) pero sobre todo organizativo. Felicitación que hacemos extensiva a todos los trabajadores que con su esfuerzo lo hacen posible: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de limpieza municipales o trabajadores del Metro de Madrid, que prolongaron una hora su jornada de trabajo (en esta ocasión el metro permaneció abierto hasta las 02:30 de la madrugada) y que pocas horas antes habían desconvocado la huelga que legítimamente habían convocado para exigir una justa compensación.

Os dejamos con alguna de las imágenes que pudimos captar a lo largo de la manifestación. Una galería que venimos recopilando desde hace años (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) y que, como siempre en el caso de dosmanzanas, se centra en la parte más reivindicativa de la manifestación. En ella podréis ver, por ejemplo, las pancartas principales de los colectivos participantes:

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adriana Lastra, Ahora Madrid, Albert Rivera, Ángel Gabilondo, Asamblea de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Becerra, Begoña Villacís, Bosco Labrado, Carla Antonelli, Carmen Montón, CC OO, Celia Mayer, COGAM, Comunidad de Madrid, Equo, FELGTB, Fernando Grande-Marlaska, Ignacio Aguado, Iñigo Errejón, IU, Jesús Grande, José María Álvarez, Juan López de Uralde, Lorena Ruíz-Huerta, Manuela Carmena, Orgullo LGTB, PACMA, Pedro Sánchez, Personas transgénero, Podemos, PSOE, Purificación Causapié, Sofía Castañón, Transexualidad, Uge Sangil, UGT, Unai Sordo, UPyD, Vanesa Angustias

Los organizadores de la marcha del Orgullo no invitarán este año al PP

Cogam denuncia presiones para invitar al PP de Madrid al Orgullo

Cogam celebra la emisión de las tarjetas con el nombre que deseen, una medida cuyo aplazamiento ha causado, según el colectivo, un “dolor innecesario”.

El colectivo gay de Madrid, Cogam, ha reclamado hoy al Gobierno autonómico una mayor implicación con el colectivo, no solo cuando se aproximan las fechas de celebración del Orgullo, y le ha solicitado que desarrolle las leyes aprobadas en la Asamblea de Madrid.

En un comunicado, el colectivo LGTBi de la Comunidad de Madrid critica que el Gobierno regional debería haber puesto ya en marcha dos de las medidas incluidas en las leyes aprobadas hace dos años en la Asamblea de Madrid, una sobre la transexualidad y otra contra la LGTBifobia, que contemplaban el desarrollo del protocolo de atención educativa al alumnado LGTBI y la emisión de tarjetas sanitarias a las personas trans.

Cogam celebra la emisión de las tarjetas con el nombre que deseen, una medida cuyo aplazamiento ha causado, según el colectivo, un “dolor innecesario”.

Por ello, reprochan a la Comunidad de Madrid que se haya negado durante dos años a facilitar el documento “amparándose en unas imposibilidades jurídicas e informáticas que ahora se demuestran falsas”.

Sobre el protocolo de atención educativa al alumnado LGTBi, Cogam lamenta que el Gobierno regional no haya tenido en cuenta a los colectivos implicados en su elaboración, por lo que reclaman que “se ponga a debate entre las asociaciones”.

“Consideramos que ya es el momento en el que el gobierno de la Comunidad de Madrid se tome en serio la aplicación de las Leyes que la propia Asamblea ha aprobado y que como tal, tiene obligación de defender, desarrollar y apoyar a lo largo del año, no esperar a que lleguen diez días de Orgullo para anunciar su desarrollo de una forma tan torpe y atropellada”, ha apostillado Jesús Grande, presidente de Cogam.

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, COGAM, Comité Consultivo Trans, Comunidad de Madrid, Consejo LGTBi, Homofobia/Transfobia, Jesús Grande, LGTBIfobia

Este 9 de junio el colectivo LGBTIQ y sus aliados recuerdan a este hombre valiente y consecuente con sus ideas de igualdad y justicia que hicieron posible que en España se derrumbaran las barreras que dieron paso a una sociedad más justa. 

Con una ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre en Madrid la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha rendido un merecido homenaje al incansable luchador por los derechos del colectivo LGBTI, Pedro Zerolo, este sábado 9 de junio cuando se cumplen 3 años de su partida. El compromiso es mantener su legado.

Los dirigentes del PSOE han descrito a Zerolo como un hombre “valiente”, “comprometido” y “moderno” y señala que el mejor homenaje que se le puede hacer es continuar con todo aquello que constituye su legado político en esta nueva etapa que está viviendo España, con el propósito de dar luz verde a leyes que pongan fin a todas aquellas discriminaciones contra las que él luchó.

A través de un comunicado la Comisión indicó que sin Zerolo no habrían sido posible “grandes avances democráticos” en España actual como la Ley de Matrimonio Igualitario. que tan duramente fue combatida por la Iglesia Católica.

Comunicado de la Comisión Ejecutiva federal del PSOE

Madrid, 9 de junio de 2018.- La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista quiere reivindicar, en el tercer aniversario del fallecimiento de Pedro Zerolo, su figura como un hombre excepcional, un activista por los derechos civiles, un servidor público y, ante todo, un compañero ejemplar.

Sin su determinante apoyo no habrían sido posibles algunos de los grandes avances democráticos en España, especialmente en su lucha por los derechos LGTBI tal y como se materializó, por ejemplo, en la Ley de Matrimonio Igualitario. Los socialistas nos sentimos orgullosos de su activismo y de haber contado entre nuestras filas con Zerolo, pero somos conscientes de que su figura es patrimonio de todos aquellos, de todas aquellas que persiguen la igualdad y la lucha contra todo tipo de discriminación. Desde la secretaría de Movimientos Sociales, cuya responsabilidad ocupaba cuando falleció, se sigue trabajando para no ya mantener sino continuar su legado y seguir avanzando en los cambios sociales que este país necesita.

En el tercer aniversario de su pérdida, y con más fuerza desde el Gobierno, queremos seguir recordándole tal y como era: valiente, comprometido y moderno. Creemos que nuestro mejor homenaje es seguir con todo aquello que constituye su legado político en esta nueva etapa para sacar adelante las leyes que pongan fin a todas aquellas discriminaciones contra las que Pedro Zerolo luchó.

En el homenaje del pasado sábado en el que estuvo presente Jesús, su viudo y compañero de tantos años, diferentes dirigentes socialistas resaltaron su figura y legado:

“Hoy estamos aquí como siempre para recordarle y homenajearle, aunque la verdad es que le recordamos cada día”, ha señalado a los medios de comunicación la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié.

Estamos aquí con “gran tristeza”, pero “a la vez con una gran alegría”: “Le echamos de menos personalmente y políticamente. Sabía detectar la vulnerabilidad y su memoria siempre estará viva”, ha dicho el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

La diputada socialista de la Asamblea de Madrid y referente de la lucha de los derechos LGBTIQ, Carla Antonelli, ha destacado en su cuenta de Twitter: “Su figura, memoria y legado siempre presentes; #LaVidaSinTiPedro nunca será igual, aunque colores arcoíris con los que dibujaste este país ya jamás se borraran, #GraciasPEDRO amigo y compañero”.

Pedro falleció hace tres años a pocas horas de tomar posesión como diputado en la Asamblea de Madrid. Se describía en sus redes sociales como un “activista socialista, republicano, laico, feminista, ateo, migrante, federalista, LGBT, latino, abogado, concejal Madrid, secretario movimientos sociales PSOE”.

Homenaje a Pedro Zerolo, tuit @CarlaAntonelli | Foto: Uso Permitido

Tuits para recordar a Pedro

A continuación algunos de los cientos de mensajes que llenaron las redes sociales para recordar a este gigante del activismo y de la igualdad.

“Tres años ya sin Pedro Zerolo pero siempre en el corazón” @carmencalvo_

“Fue un pionero. España hoy es ejemplo en derechos LGTBI. Y lo es gracias a Pedro Zerolo. Su legado sigue intacto. Y es ejemplo para el mundo. Tres años sin ti, compañero. Tres años echándote de menos. Ojalá estuvieras aquí para verlo”, @Psoe.

“Hoy, tres años después, seguimos recordando a quien fuera nuestro presidente: Pedro Zerolo. Infinitas gracias por todo lo que nos diste, ¡Tu legado nos sigue marcando el camino! #SiempreZerolo”, @FELGTB

“#PedroZerolo nos señaló el camino. La igualdad y la dignidad de la #Diversidad no son negociables. #DDHH #LGTB #QuedadaLegaynés Sigues siendo la inspiración necesaria en los momentos más duros”, @LEGAYNES

“Buenos días! Hoy hace 3 años que nos abandonó Pedro Zerolo, activista LGTB, uno de los principales causantes de nuestros avances en las últimas décadas. Gracias a su acérrima defensa de la visibilidad también dentro del @PSOE, hoy hay 2 ministros gais en el Gobierno”, @rubenlodi

“Hoy hace 3 años nos dejó un gigante de la lucha por la #Igualdad Siempre militante, incansable, lúcido y valiente Que tu semilla germine en miles de activistas #LGBTI Siempre en mi corazón #PedroZerolo “En su modelo de sociedad no quepo yo; en el mío si cabe usted”, @epaulonlgbt

El Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Fuente Universogay

General, Historia LGTBI Ángel Gabilondo, Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, Ley de Matrimonio Igualitario, Madrid, Pedro Zerolo, PSOE, Purificación Causapié

Esther Ruiz, diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, aprovechó el Día de la Visibilidad Trans para recordar a Ekai y, de paso, hacer campaña a favor de los vientres de alquiler.

Ciudadanos es un partido que dicen que surgió para regenerar la política no haciendo nada para regenerar la política.  Dicen que Ciudadanos también es un partido muy LGTBfriendly. Es muy LGTBfriendly aunque a veces digan que no hay que respetarnos, sólo hay que tolerarnos …

El pasado 31 de marzo Esther Ruiz, diputada y portavoz adjunta de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión Cultura y Mujer, decidió celebrar el Día de la Visibilidad Trans con un Tweet en el que recordaba Ekai, el joven trans que se suicidó hace unos meses. Esther dedicaba su tweet “a los que se marcharon luchando por su libertad como Ekai“… y también “a los que luchan para que en España se apruebe la Gestación Subrogada“.

Algún día nos explicará qué tiene que ver el suicidio  de un adolescente trans con los vientres de alquiler.

Hoy en #DiaVisibilidadTrans quiero hacer un recuerdo a los que luchan para que en España se apruebe la #GestaciónSubrogada y a los que se marcharon luchando por su libertad como Ekai.#VuelaEkai pic.twitter.com/N1b4IJpm97

— Esther Ruiz (@EstherRuizCs) 31 de marzo de 2018

Meter en el mismo tweet hashtags como #DiaVisibilidadTrans y #VuelaEkai junto al de #GestaciónSubrogada es ofensivo y lamentable.

A las personas trans les preocupan cosas mucho más básicas para su bienestar y su igualdad que los vientres de alquiler. Como, por ejemplo, que Ciudadanos, que mantiene un pacto con el PP en Madrid  obligue de una vez a Cristina Cifuentes a aplicar la Ley Trans aprobada por la Asamblea y que, por el momento, no es más que papel mojado. Y Ekai, no se suicidó porque en España no esté regulada la Gestación Subrogada. Fue la transfobia lo que le presionó hasta que no pudo más y es de eso sobre lo que se tiene que hablar en el Día de la Visibilidad Trans.

Ante semejante Tweet  las críticas no tardaron en llegarle, aunque ella mantiene su Tweet mientras se dedica a bloquear a todo el que le lleva la contraria.

Hoy, el día de la gente trans, quiero recordar a la gente que parece problemas cardiovasculares porque, eh…. ellos también tienen un gran corazón, como el niño ese que se murió y que por lo demás no importa ¯\_(ツ)_/¯

— Carmen Lunnely (@Lunnely_Art) 31 de marzo de 2018

¿Que tiene que ver el #DiadelaVisibilidadTrans y Ekai con la gestación subrogada? Nada. Me parece que te has columpiado mucho al querer promover tu agenda política invisibilizando a la gente trans o poniendola en segundo plano. #ElDiadelaVisibilidadTransEsParaGenteTrans.

— Urraca La Pigaza (@UrracaLaPigaza) 31 de marzo de 2018

Fuente EstoyBailando

General Asamblea de Madrid, Ciudadanos, Día de la Visibilidad Trans, Ekai, Esther Ruiz, Gestación subrogada, Trasexualidad

CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.

Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.

La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.

Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.

HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), Congreso de los Diputados, Discriminación, HazteOir, Homofobia, InfoLibre, Jorge Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, Kenia, LGTBfobia, PP, Tribunal Superior de Justicia (Kenia)

Podemos denuncia frente a la Consejería de Política Social y Familiar de Madrid el sketch homófobo y fascista que Intereconomía emitió hace unos días.

En el sketch varios colaboradores usan, de forma despectiva, una app que detecta su orientación sexual hasta que al último lo define como (orgulloso) “falangista” para después saludar brazo en alto.

Según el portal de información televisiva, Vertele, se ha presentado un escrito a la Asamblea de Madrid que en virtud de la Ley contra la LGBTIfobia, se vete la publicidad institucional en dicho medio.

Según la información de vertele, el escrito presentado en la Asamblea de Madrid lo ha firmado por Eduardo Fernández Rubiño, diputado de Podemos. En dicho escrito se le pide que la cadena sea multada por una sanción grave. Y por otra parte piden que no disponga de ningún tipo de ayudas de la Comunidad de Madrid durante un año.

Esperemos que la sanción fructifique y que la próxima vez que los de Intereconomía se lo piense mejor.

Via | Vertele

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, Eduardo García Serrano, Esperanza aguirre, Falange, Fascismo, Homofobia/Transfobia, Ignacio González, Intereconomía, Podemos

La diputada Carla Antonelli denuncia que “no han ejecutado ni el 50 % de lo que establece la norma”, aprobada hace un año.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Carla Antonelli ha preguntado esta mañana al Gobierno, en la Comisión de Políticas Sociales y Familia, si va a realizar alguna campaña de sensibilización para combatir los prejuicios y la violencia contra las personas transexuales, como prevé el artículo 10.3, de medidas contra la transfobia, de la Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid, en vigor desde el 27 de abril del 2016.

“Ustedes no han ejecutado ni el 50% de Ley, ni en protocolos, ni en elaboración de estudios, ni en la creación del comité consultivo”, denunció la diputada socialista que añadió que, además, el Ejecutivo regional ni “se ha molestado en llamar a los colectivos para su creación”. Por eso pide su aplicación porque “la pedagogía y la visibilización son herramientas fundamentales contra la discriminación”.

Antonelli ha calificado de “vergüenza absoluta” que no se haya hecho “absolutamente nada” en cuanto a “campañas de sensibilización para obtener el respeto efectivo de la identidad de género de las personas transexuales”, ya que se cuenta con medios “como Telemadrid, o los espacios de Metro Madrid, donde no supondrían ningún coste”.

A la diputada socialista le preocupa igualmente que se diera “por cumplido en este punto” con una campaña contra la LGTBIfóbia el año pasado, “mostrando un desconocimiento profundo sobre la identidad sexual y/o expresión de género de las personas trans”.

Durante la intervención, la diputada socialista ha dejado patente su desconcierto al escuchar al director general de Servicios Sociales e Integración Social decir que esas campañas ya estaban cubiertas con la propia celebración del World Pride, evidenciando así una vez más su “falta de compromiso y su dejadez de funciones, en cuanto al cumplimiento de la ley”. Y recuerda que la Asamblea de Madrid ha aprobado “dos leyes diferentes: la integral de transexualidad y otra contra la LGTBIfóbia”.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado más de 50 preguntas por cada artículo de esta ley, y “continuaremos así hasta que se hagan efectivos”, según ha explicado Antonelli. “Ya me dirá usted a mí, de qué nos vale tener la Ley más avanzada de España si luego tenemos un Gobierno irresponsable e insensible que no aplica las leyes de obligado cumplimiento”.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, Comunidad de Madrid, Grupo Parlamentario Socialista, PSOE

Los Mossos aplican la ley contra la LGTBfobia catalana y obligan a HazteOir a retirar todos los vinilos del autobús del odio si quieren circular con él.

Arsuaga avisa que recurrirán la ley ante el Constitucional.

Tras días de burlas y provocaciones, por fin la Generalitat de Catalunya ha hecho cumplir la ley, dejando temporalmente fuera de juego el autobús cubierto de mensajes tránsfobos fletado por HazteOír: el vehículo no ha podido abandonar el territorio de esa comunidad autónoma sin proceder a su retirada. Y es que, después de fletar por primera vez el autobús en Madrid (donde ya se produjo una primera reacción institucional y judicial) y de continuar después su campaña con escaramuzas diversas para disimular su discurso de odio, este viernes la organizacion ultraconservadora llevaba su campaña a Barcelona. Pero se han encontrado con una respuesta contundente. El autobús de HazteOir había intentado llegar a Pallejà, donde tenían organizado un acto, pero no lo habían conseguido. En cuanto el bus entró en Cataluña la Generalitat ordenó a los Mossos que lo inmovilizaran, la consejera de Acció Social anunció que se abría un expediente sancionador a la organización e Ignacio Arsuaga, que estaba en Pallejà esperando el bus, tenía que ser escoltado por la policía autonómica porque no paraban de lloverle huevos.

A finales de febrero la organización ultraconservadora fletaba un autobús con mensajes de transfobia explícita, que recorría las calles de Madrid. “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”, lucía el vehículo, versión tránsfoba de la excelente campaña de concienciación ciudadana sobre la transexualidad infantil que semanas antes promovió en varias ciudades del País Vasco y Navarra Chrysallis Euskal Herria, organización vasca de familias de menores trans. Pero la puesta en marcha del autobús no era un hecho puntual: se enmarcaba en una campaña más global que el grupo ultraconservador ponía en marcha meses atrás, con la publicación y envío a colegios de toda España de un panfleto en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB, en particular en el ámbito educativo, del que el autobús hace promoción.

La campaña de negación de la realidad de los niños y niñas transexuales, y el consiguiente menosprecio a sus familias y a sus derechos, despertó una importante reacción social e institucional en contra. Las primeras en reaccionar fueron las instituciones madrileñas: tanto la Asamblea de Madrid como el Ayuntamiento. Este último, de hecho, dio orden a la Policía Municipal para que paralizase el autobús mientras mantuviese los mensajes tránsfobos (acción respaldada tanto por la Fiscalía como por el Juzgado de Instrucción). Pero también en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, los siguientes puntos que el autobús tenía previsto visitar, se produjeron reacciones. En Cataluña, en concreto, la Generalitat reaccionó con presteza, abriendo el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia.

De campaña de odio al falso debate sobre “la libertad de expresión”

A partir de ahí, y como era previsible, HazteOír inició su ronda de escaramuzas mediáticas, intentando derivar el foco de la atención desde su campaña de odio tránsfobo hacia un supuesto debate sobre “la libertad de expresión”. Algo en lo que, por cierto, encontró la complicidad de algunos analistas y opinadores “progresistas”, incapaces de diferenciar entre las medidas que un verdadero Estado de derecho está obligado a adoptar contra una campaña planificada de odio hacia una minoría y la represión injustificada de opiniones individuales políticamente incorrectas o provocadoras.

Opinadores que se olvidaban de que no estamos hablando de los tuits de HazteOír (que hasta ahora nadie había perseguido), ni de su página web (que hasta ahora nadie ha cerrado), ni siquiera de sus newsletter cargadas de mensajes de odio, pero que al fin y al cabo hay que hacer un esfuerzo activo por recibir. Hablamos de un autobús “publicitario” que circula por la vía pública, financiado por una organización que se beneficia de un estatus fiscal privilegiado, que pasa por delante de los colegios a los que también acuden los hijos de las familias LGTB y los niños y niñas LGTB, y que difunde un panfleto cargado de mensajes LGTfobos que ha llegado a enviar a cientos de colegios tanto públicos como privados.

Trucos y provocaciones

En cualquier caso, HazteOír ha tenido que ir modificando su campaña para encubrir y disimular sus mensajes: los ha cubierto con la palabra “censurado”, ha puesto en marcha una caravana en la que les añadió un signo de interrogación (y que fue multada por el Ayuntamiento de Madrid), e incluso les ha añadido una mención a la Biología y se han permitido el cinismo de pedir “respeto para todos” y añadir “no al bullying”. Hasta no han tenido empacho en utilizar el apoyo de Charlotte Goiar, primera mujer trans en reasignar su sexo con el respaldo del Supremo .

HazteOír también ha prodigado sus apariciones en televisión, incluyendo una entrevista en el programa La Sexta Noche a su presidente, Ignacio Arsuaga, en el que este aseguró que “los heterosexuales nos vemos discriminados por los derechos especiales de los LGTB” (nos cuesta imaginar, en ese mismo programa, una entrevista al presidente de una organización abiertamente racista o antisemita). Y ha reunido a varias decenas de sus simpatizantes en Madrid, en una supuesta concentración en favor de la libertad de expresión y contra las leyes que protegen contra la LGTBfobia. La organización ultraconservadora también anunciaba una querella contra la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, contra Rita Maestre (portavoz del Ayuntamiento) y contra Javier Barbero (su delegado de Salud, Seguridad y Emergencias), además de una denuncia contra varios de los políticos que con más claridad han expresado su rechazo a la campaña (entre ellos Cristina Cifuentes, Alberto Garzón, Iñigo Errejón, Javier Maroto, Eduardo Madina y Pedro Sánchez).

Cataluña dice “No” al autobús tránsfobo

En definitiva, un cúmulo de trucos mediáticos y provocaciones públicas que culminaban este viernes con la llegada del “autobús tránsfobo” en su versión más reciente a Cataluña, una comunidad que, como arriba indicamos, ya había abierto expediente a la campaña de HazteOír en aplicación de la ley autonómica contra la LGTBfobia, y cuyo Parlamento, con la única abstención del Partido Popular, la ha condenado.

El autobús, sin embargo, era inmovilizado por los Mossos d’Esquadra a la altura del peaje de Martorell, en la autopista A7, antes de llegar a Barcelona, y obligado a retirar los mensajes adhesivos tránsfobos para poder volver a la circulación. Los propios Mossos anunciaban en su perfil oficial de Twitter la salida del vehículo del territorio catalán, ya sin la rotulación:

Procedim a la immobilització i posterior retirada de la via pública del bus @hazteoir d’acord amb la mesura cautelar d’@aferssocialscat pic.twitter.com/1vf66lJMFu

— Mossos (@mossos) 17 de marzo de 2017

Pues esperamos que además de tener fondos suficientes para la tintorería Arsuaga tenga preparada una partida para comprar vinilos nuevos, porque algunos niños tienen pene, algunas niñas tienen vulva… Pero el autobús de HazteOir ya no tiene vinilos:

.@hazteoir retira el missatge del bus transfòbic, que segueix al dipòsit. Sortirà en breu, i diuen a @btvnoticies “no sabem cap a on” pic.twitter.com/DeVkRCCRaZ

— Lluís Cruz (@lluiscruz) 17 de marzo de 2017

En cumplimiento de la Ley 11/2014 contra la LGTBfobia, los Mossos d’Esquadra han hecho saber a Arsuaga que o retiraban absolutamente todos los mensajes y dibujos del autobús o no podrían circular.

.@mossos diuen a @hazteoir que el bus transfòbic no ha de tenir ni missatges ni dibuixos. A @btvnoticies:”pot ser que el bus passi nit aquí” pic.twitter.com/dXEQI6xCKN

— Lluís Cruz (@lluiscruz) 17 de marzo de 2017

Arsuaga aseguraba a la prensa que el autobús continuaría su recorrido, pero es bastante complicado teniendo en cuenta que estuvieron un buen rato arrancando vinilos y que el conductor del autobús sólo tenía permiso para conducir hasta las 23:00:

El bus @hazteoir marxarà del dipòsit quan estigui net. El xofer té permís per conduir fins les 23h. A @btvnoticies “sortirà en breu” pic.twitter.com/r7Okq5UsH6

— Lluís Cruz (@lluiscruz) 17 de marzo de 2017

Si alguno aún se pregunta para qué necesitamos leyes como la 11/2014 que protejan al colectivo LGTB, tal vez esta acción de la Generalitat deje claro el motivo.

“El autobús de HazteOír se vuelve para Madrid y sin mensajes”, anunciaba por su parte, también en Twitter, el Departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat:

Cap a Madrid i sense missatges discriminatòria. #stophomofòfia! pic.twitter.com/Wvv0Dew7Bq

— MireiaMata_DGI (@MireiaMata_DGI) 17 de marzo de 2017

En Cataluña se ha inmovilizado en cuanto ha llegado y los vinilos no le han durado ni media tarde.

Por supuesto Ignacio Arsuaga ha dicho ya que su organización está dispuesta a llevar la Ley 11/2014 frente al Tribunal Constitucional. Buena suerte con eso. HazteOir ha dicho que lo que ha hecho la Generalitat ha sido un “secuestro” y desde la organización han anunciado que también denunciarán las agresiones que ha “sufrido” Arsuaga.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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La sensibilidad del Partido Popular frente a la transfobia va por barrios, o mejor dicho por comunidades autónomas… Mientras en Madrid el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid se sumaba al resto de grupos para condenar la campaña contra los niños y niñas transexuales del colectivo HazteOír, sus compañeros catalanes han rechazado hacer lo mismo en el Parlament de Catalunya.

El pasado jueves, antes incluso de que cundiera la alarma social tras las últimas agresiones homófobas ocurridas en Cataluña estos últimos días, el Parlamento catalán votaba una moción del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) que exigía el despliegue efectivo de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ante la campaña del colectivo ultraconservador HazteOír negando la existencia de la realidad transexual infantil, que había sido noticia los días anteriores, la moción incluyó un último punto. “El Parlamento condena la campaña de la entidad ultracatólica HazteOír con mensajes transfóbicos y se compromete a condenar explícitamente los actos contra las personas LGTBI que puedan tener lugar en el futuro”, rezaba literalmente el punto 13º de la moción.

La condena fue aprobada por 122 votos a favor (de Junts Pel Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la Candidatura d’Unitat Popular) y 9 abstenciones (de 9 de los 11 diputados con los que cuenta el Partido Popular en el Parlamento catalán).

Una posición, la de los populares catalanes, que contrasta con la que ese mismo día mantenían sus compañeros madrileños, que sí se sumaban al resto de grupos de la Asamblea de Madrid para condenar la campaña de HazteOír y pedir que se le retire la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades. Parece que los populares catalanes, en este sentido, han preferido alinearse con las voces que desde ese partido han surgido a favor de “respetar todas las posiciones”, como la de la presidenta del partido en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig.

El PP catalán, poco amigo de las medidas contra la LGTBfobia

Lo cierto es que pese a lo decepcionante de la postura popular, esta no nos parece especialmente sorprendente. Los populares catalanes nunca han destacado precisamente por su entusiasmo en favor de las medidas contra la LGTBfobia. Hace solo unas semanas los populares catalanes eran también los únicos que no quisieron estampar su firma en un escrito de los portavoces de todos los grupos políticos en la Comisión de Igualdad de la cámara catalana que mostraba el rechazo a la organización de una charla homófoba por parte del arzobispado de Barcelona.

El PP catalán también rechazó en 2014 la ley contra la LGTBfobia, a cuyo proceso de aprobación se opuso con uñas y dientes (llegando a retrasarla más de dos meses al recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, que finalmente le dio su visto bueno).

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Ignacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…

Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:

“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”

El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”

Hazte Oír consigue justo lo contrario y da visibilidad a la transexualidad

(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.

En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.

“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.

Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio“, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.

Éste es el editorial de Alfa y Omega:

Dejemos a los niños en paz

La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.

Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.

Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias). 

La proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.

Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.

Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:

La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.

Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”. 

El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar

El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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