Así lo determinó hoy la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara, donde el Gobierno volvió a insistir que ya cumplió con el impulso del matrimonio igualitario y otras medidas comprometidas en el ASA, lo cual es desmentido por el Movilh.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Gutiérrez (PC),acordó hoy oficiar a la Contraloría General de la República por los sistemáticos incumplimientos del Gobierno con el compromiso internacional de impulsar el matrimonio igualitario y otras leyes y políticas públicas favorables a la población LGBTI.

La medida se adoptó a petición del diputado Marcelo Díaz (PS), tras escuchar las exposiciones del Movilh y de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabaren (Evópoli), quien en la ocasión sostuvo que el Gobierno sí cumplió con el impulso del matrimonio igualitario y también con otras medidas del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Valoramos profundamente que la Comisión lleve este tema hasta la Contraloría, para ver si aquí hay abandono de deberes y se demuestre, ya con una investigación, que hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido con ninguno de los compromisos del ASA, no solo el referente a matrimonio igualitario, pisoteando con ello el sistema interamericano de derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTI”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

En la sesión Recabarren también fue consultada por el diputado Gabriel Boric (RD) respecto a si el Gobierno apoyaba o no el impulso del matrimonio igualitario, contestando que no y entrando así en segundos en abierta contradicción con la postura previa de haber cumplido con el ASA.

Por su parte el diputado René Saffirio (FR) cuestionó a Recabarren porque el Gobierno había presentado ante la CIDH un informe donde ponía como resultado del ASA a la adopción homoparental aprobada por la Comisión de Familia de la Cámara el año pasado, en circunstancias que el Ejecutivo omitió reportar al órgano internacional que presentó indicaciones justamente para impedir u obstaculizar la crianza por parte de parejas del mismo sexo.

Mientras el diputado Matías Walker (DC) instó al Ejecutivo a cumplir con los compromisos de Estado, el parlamentario Tomás Hirsch (PH) insistió en la necesidad de que todos los componentes del ASA efectivamente vean la luz.

Fuente MOVILH

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El INDH aclaró además que no tuvo ninguna injerencia n la eliminación del Plan Nacional de DDHH del compromiso de “promover” el matrimonio igualitario.

 El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunieron hoy para abordar los cambios que el Ministerio de Justicia efectuó al Plan Nacional de DDHH, así como para tratar el estado de cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que Chile firmó ante la CIDH.

La cita tuvo lugar luego de que la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Recabarren, afirmara en un diario que los cambios al Plan fueron trabajados con el INDH y sostuviera en reiteradas ocasiones que el Gobierno no va a impulsar el matrimonio igualitario, pese a ser un compromiso del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En la reunión con la directora del INDH, Movilh, Rolando Jiménez y con la Coordinadora de la Sociedad Civil y Relaciones Internacionales, Mariela Infante, “fue aclarado que el INDH no trabajó los cambios que la Subsecretaría de DDHH efectuó al plan, para, entre otros fines, eliminar el compromiso de promover el matrimonio igualitario”.

“Visto así, es claro para nosotros que la Subsecretaria de DDHH trabajó de manera unilateral, arbitraria y inconsulta el Plan, impidiendo y obstruyendo así la participación ciudadana, lo cual es impresentable en un organismo que nació para defender la promoción de los derechos humanos. El contrasentido es evidente”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Añadió que el Plan “impulsado por el Ministerio del Justicia lejos de ser de derechos humanos, es una iniciativa ideológica y política que solo responde a intereses del Gobierno de turno, y no a las necesidades del país y a los tratados y acuerdos internacionales del Estado en materia de derechos humanos”.

En relación al boicot contra el ASA sobre el matrimonio igualitario que lidera e impulsa Recabarren, el Movilh señaló que “consideramos de la máxima relevancia sumar observadores a todo el futuro proceso del Acuerdo.”

Añadió que, en ese sentido, “solicitamos al INDH que asuma ese rol en las próximas citas que sostendremos sobre el ASA, habiendo una buena recepción al respecto”.

El Movilh valoró, por último, “la excelente disposición de la directora del INDH para dialogar con la sociedad civil y para contribuir a buscar soluciones que tengan por fin hacer real el principio de la universalidad de los derechos humanos, así como obligaciones que asume Chile en sus acuerdos internacionales”.

Fuente MOVILH

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El órgano rechazo un recurso  de los diputados J.A Kast, Arturo Squella y Juan Antonio Coloma Álamos que buscaba declarar ilegal el acuerdo firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD)

La Contraloría General de la República descartó que existiera alguna ilegalidad en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y calificó de vinculante los compromisos ahí asumidos, entre los que se cuentan impulsar y aprobar el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la filiacióny  adopción homoparental, entre otras leyes y políticas públicas contra la homofobia y la transfobia.

De esa manera, la Contraloría rechazó un recurso presentado por los diputados José Antonio Kast Rist, Arturo Squella Ovalle y Juan Antonio Coloma Álamos, quienes alegaron que el Acuerdo y, en especial sus contenidos, eran ilegales, al igual que la firma de los ministros/as que sellaron el ASA con el Movilh.

Al respecto la Contraloría dictaminó que “los tratados internacionales forman parte de la preceptiva que en el desempeño de sus funciones los entes públicos deben observar”.

Explicó que los acuerdos alcanzados en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), como ocurre con el ASA firmado por el Estado y el Movilh “constituyen la aplicación de un medio de solución de controversias implantado bajo la jurisdicción de un organismo internacional, cuyas normas son parte del ordenamiento jurídico nacional, al tratarse de un tratado internacional suscrito, ratificado y promulgado por la República de Chile.” “Bajo tal predicamento, los acuerdos adoptados al alero de esa preceptiva -y por tanto, las obligaciones y derechos que emanan de esa convención-, resultan vinculantes para el Estado que los suscribe”, añadió la Contraloría.

“En cuanto al contenido del Acuerdo, se advierte que, en virtud del mismo, Chile se compromete a realizar una serie de acciones, tales como promover políticas y programas de gobierno relativas a medidas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito educacional, de salud, entre otros, inclusión de la diversidad sexual e identidad de género, así como también, promover una serie de iniciativas legales que busquen incorporar a la legislación interna derechos para las minorías sexuales -lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales-, como el matrimonio igualitario, todas las cuales se enmarcan dentro del ámbito de los derechos que reconoce esa Convención, como también propenden al cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile al promulgar la CADH”,  dijo la Contraloría.

“Por consiguiente, cabe concluir que en el aspecto señalado no se advierte ilegalidad en la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa (…) firmado ante el comisionado de la CIDH por los ministros de Estado que en ese pacto se consignan”, apuntó el órgano contralor.

En relación a las atribuciones legales para que distintos ministros “concurrieran firmando a nombre del Estado de Chile el Acuerdo que se analiza”, aspecto cuestionado por los parlamentarios Kast, Squella y Coloma, la Contraloría también validó el procedimiento. “Esta Contraloría General no tiene reparos que formular en cuanto a la intervención de las autoridades que suscribieron el pacto en análisis”, apuntó el órgano.

Conviene recordar que el ASA fue firmado por la CIDH, el Movilh y los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz; de Justicia; Javiera Blanco; de Educación, Adriana DelPiano; de Salud, Carmen Castillo y de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual.

“Estamos muy satisfechos con este pronunciamiento de la Contraloría, pues corta de raíz las intenciones de cualquier autoridad por desconocer el carácter vinculante del acuerdo y su legalidad. Es claro que, sea cual sea el Gobierno de turno, a todos los poderes del Estado les corresponde contribuir al más fiel cumplimiento del acuerdo en el marco de un trabajo conjunto y coordinado con el movimiento LGBTI, les guste o no”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez. “El dictamen es particularmente relevante en momentos cuando el nuevo Gobierno aún no define cómo seguirá cumpliendo el ASA y está discutiendo leyes vinculada a la diversidad sexual, como la de identidad de género y reformas al Código Penal. Esperamos una definición y el trabajo conjunto en breve, tal cual se establece en el ASA”, dijo Jiménez.

Dictamen de la Contraloría aquí

Acuerdo de Solución Amistosa aquí

Fuente MOVILH

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